“La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas”, indica el proyecto, que propone modificar el artículo primero de la Ley 11.544.

⏰ REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA SINDICALEl proyecto que presenté en @DiputadosAR plantea reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada de trabajo sin bajar salarios.? Te cuento de qué se trata. pic.twitter.com/tonhd1GidK

“Argentina tiene una de las jornadas laborales más extensas, de 48 horas semanales, fijada hace 101 años por la OIT. Sí, hace 101 años”, señaló Yasky, quien citó los buenos resultados que se obtuvieron con experimentos de este tipo en otros países, como Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanada, Japón o Islandia.

A su vez, Yasky alertó por el nivel de desocupación en la Argentina -que es de 10,2%, según datos del INDEC- y sostuvo que “estamos ante la posibilidad de distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo”. “El sindicalismo y la política deben hacerse cargo de esta discusión”, afirmó.

Destacó, asimismo, el impacto positivo sobre el medio ambiente y aseguró que “la posibilidad de tener una vida menos alienada representaría beneficios incuestionables para lxs trabajadorxs y la sociedad en su conjunto”. “También beneficiaría a los grupos empresarios: el ensayo sobre la reducción de la jornada laboral en Islandia demostró una mejora en la productividad”, agregó.

“La pandemia nos golpeó fuerte, después del cimbronazo de la debacle macrista. Estamos ante la posibilidad de repensar las desigualdades y transformarlas en justicia social. Convertir este proyecto en ley sería el primer paso”, concluyó.

La semana pasada, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, rechazó la iniciativa y dijo que el tema “es prioritariamente materia de los convenios colectivos”. “El tema de la reducción de la jornada de trabajo viene hace tiempo siendo discutido como fórmula más ‘para repartir trabajo’ que porque se piense que puede haber resultados positivos en términos de productividad”, sostuvo, y aclaró: “En todo caso, reducir la jornada implicaría también proporcionalizar el salario, con su pertinente reducción”.

“Su posición es criminal, pone en juego la vida de muchas personas”, “Están tomando decisiones de manera muy irresponsable”, dijo Yasky 

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, rechazó la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que vuelvan las clases presenciales en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus.

“Larreta traspasó hace mucho todos los limites éticos. Están tomando decisiones de manera muy irresponsable”, sostuvo Yasky en comunicación con Las 40. El diputado sostuvo que Larreta “desprecia la vida” y que toma decisiones amparado en “la impunidad del poder”.  

“Está científicamente demostrado que la presencialidad favorece los contagios. En Europa, con la cuarta parte de los casos que hoy tenemos en argentina, han decidido suspender las clases presenciales para proteger a la sociedad. La presencialidad genera un alto nivel de circulación”, agregó Yasky.

En ese sentido, el diputado dijo que en la Ciudad tomaron a la presencialidad escolar como “bandera política” y no reconocen sus errores.  “Han avanzado tanto que ahora no pueden hacer otra cosa que seguir profundizando la aberración. Ni siquiera autorizaron las clases presenciales porque era reconocer que podía haber continuidad educativa sin presencialidad”, expresó.

“La posición de Larreta es criminal. Pone en juego la vida de muchos argentinos y argentinas”, completó Yasky. 

El diputado nacional del Frente de Todos elogió la decisión del gobierno de prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para cesantías durante este año.

El diputado nacional del Frente de Todos y sindicalista de la CTA Hugo Yasky elogió este viernes la decisión del gobierno de prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para cesantías durante este año, y cuestionó al sector empresario por tener una “mirada antisocial”.

“Es una excelente medida sobre los que están en actividades que todavía están sujetas a las peores condiciones que impuso la pandemia, como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento”, evaluó Yasky al hablar con radio AM 750.

“El sector empresario tiene una mirada absolutamente antisocial, solamente están pendientes de elevar sus rentas”

Al ser consultado sobre el rechazo que algunas cámaras empresarias manifestaron a la extensión, sostuvo que “el sector empresario tiene una mirada absolutamente antisocial, solamente están pendientes de elevar sus rentas”.

En este sentido, cuestionó las afirmaciones del referente empresarial Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, al sostener que “reconoce que en Argentina se cobran los salarios más bajos del mundo, pero yo digo que también se pagan los alimentos más caros del mundo”.

“Tienen un apetito, una voracidad que juega contra ellos mismos, porque si siguen tirando de la cuerda nos va a llevar a una situación social y una recesión que a la larga también perjudica al sector empresario”, continuó.

Yasky recordó que “cuando en 2016 (el entonces presidente Mauricio) Macri vetó la ley antidespidos que se había aprobado en el Congreso, llegamos a un nivel de desocupación y destrucción del empleo récord”.

Fuentes oficiales informaron el jueves último que el Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, y que el decreto está a la firma del Poder Ejecutivo.