Este jueves por la tarde, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera debió intervenir en un conflicto que se desató en un supermercado chino de Comodoro Rivadavia. 

Según pudo reconstruir un medio local, el hecho ocurrió pasadas las 19 horas sobre un comercio ubicado en Avenida Kennedy al 2300 del barrio Pueyrredón, donde una empleada presentaba una lesión en el pómulo. 

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, la trabajadora denunció haber sido agredida físicamente por el propietario del lugar. Esta angustiosa escena fue presenciada y confirmada por otra empleada, así como por un cliente que logró separarlos y frenar al agresor.

Tras la llegada de la División Policial de Investigaciones, estos constataron que el registro fílmico de las cámaras de seguridad fue borrado tras el hecho, por lo cual no quedaron evidencias de la pelea. A pesar de esto, el comerciante fue detenido.

El intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, le pidió al nuevo Concejo Deliberante, la renuncia de un concejal -que formaba parte de su gestión- debido a distintos hechos que lo involucran, como denuncias por violencia de género y laboral. El concejal tuvo un vuelco con alcoholemia positiva en la que culpó a una amiga.

El jefe comunal mandó una carta a la presidenta electa del nuevo cuerpo deliberativo, Verónica González, explicando los hechos por los cuales quiere impugnar la asunción del concejal electo del Frente Integrador Neuquino (FRIN), Jonathan Lagos, quien había sido parte de la gestión del actual intendente y fue a la nueva gestión con una colectora.

El jefe comunal envió la nota para que la impugnación se trate en la sesión especial del lunes 4 de diciembre, pero el tema se pateó para otra sesión de este jueves 7, donde los concejales podrían tomar una decisión.

De acuerdo a la nota presentada por el jefe comunal, Lagos antes de ser concejal electo falsificó un sello y la firma de un cargo de secretario, para realizar distintas autorizaciones de compras y de golosinas y mercaderías a escuelas y jardines de infantes, como finales del ciclo escolar.

En este caso, según la documentación presentada, Lagos firmó como secretario de Educación e Infancias, los últimos cinco meses de 2022, cuando en realidad ya había sido desvinculado de ese cargo, por distintas denuncias judiciales.

Según consta, le habría entregado golosinas y mercadería, como cierre de ciclo escolar, a los jardines de infantes 41 y 47, la Escuela 364 y del merendero «sonrisas» del barrio Costa Verde.

«Se adjunta información respaldatoria donde podrán comprobar que el Sr. Lagos firma con sello de Secretario de Educación y las Infancias, siendo este cargo el más alto de la planta política al cual no fue nombrado. Es preciso tomar dimensión de la gravedad del hecho, lo que lo halla en curso en un delito penal», sintetizó Bertoya en la nota enviada a la presidenta electa del cuerpo deliberativo.

En segundo lugar, la nota señala que Lagos fue denunciado por su propio entorno laboral en 2022 por violencia laboral y de género, por supuestos malos tratos contra sus compañeros de trabajo, por lo cual tuvo una restricción de ocupar el mismo lugar de trabajo con algunos de los agentes.

«Ante este tipo de situaciones que no pueden ser admitidas, se dispone inmediatamente la prohibición de acercamiento del agente Lagos en su lugar de trabajo el plazo de 90 días, disposición que fue avalada por la Justicia, Juzgado Laboral N° 3. Este hecho, no menor, pone de manifiesto el accionar violento de un funcionario público y docente que hoy continúa con tareas frente a un grado, con la gravedad que eso conlleva frente a los niños, niñas, adolescentes y adultos que esta persona tiene a su cargo», indicó el intendente en la nota.

Como parte de las pruebas que ofreció al nuevo Concejo Deliberante, señaló y dio copias de la denuncia realizada por una agente municipal afectada, (Decreto Municipal 2029/22 de fecha 01/11/2022 y Oficio Judicial de fecha 21/10/2022 Origen 2163/2022) para que los concejales electos después del 10 de diciembre analicen la impugnación.

Otro hecho que señaló el intendente para impugnar en el cargo fue un autovuelco que tuvo Lagos, cuando ya era concejal electo, el pasado 5 de mayo de este año cuando volvía de un restorán local. El incidente se produjo en el ingreso a San Patricio del Chañar y como un ardid, Lagos le habría echado la culpa a su amiga. A él le detectaron alcoholemia positiva.

«Pese a su accionar negligente e irresponsabilidad manifiesta, Lagos, según podrán comprobar por documentación que se adjunta, inventa una concatenación de situaciones falsas», sostuvo el jefe comunal en la nota.

«Sin dudas, los hechos hablan por sí solos, donde claramente estamos ante comportamientos y una personalidad que roza la ilegalidad de sus actos tantos en el ámbito público como privado producto de su actuar negligente, del incumplimiento de funcionario público manifiesto, donde el Lagos no demuestra idoneidad ética para ocupar el cargo», concluyó.

Una joven que se desempeñaba como maitre en un local de comidas rápidas ubicado en el barrio porteño de Palermo, fue despedida “por fea”. Demandó al establecimiento y ahora tendrán que indemnizarla.

La mujer trabajó desde 2016 en Williamsburg, una reconocida cadena de venta de hamburguesas, hasta junio de 2017, cuando la echaron.

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De acuerdo al expediente, durante ese tiempo recibió malos tratos y un bajo salario. El trabajo era informal y la jornada laboral se extendía de jueves a domingos, de 10:00 a 18:00, con una remuneración de menos de 25 mil pesos.

Fue el encargado del local quien en determinado momento le dijo, frente a los comensales, que estaba despedida y debía irse del lugar porque “una persona fea no puede ser la cara de Williamsburg”.

Cuando la joven le preguntó por los motivos, el hombre fue tajante: “Te echo por fea”. Según consta en la denuncia, al día siguiente no le permitieron entrar y cuando intentó hablar con la empresa, no obtuvo respuesta.

De esta manera, inició la demanda. Por su parte, la firma Ahumar S. A., contra la que fue dirigida, desconoció el vínculo.

En primera instancia, el juez concluyó que la situación de despido indirecto en que se colocó la empleada, fue “ajustada a derecho ante la negativa de la demandada a registrar la relación laboral”.

La empresa criticó la sentencia dictada en la instancia anterior porque sostuvo que la empleada era quien cargaba con la obligación de probar la existencia del contrato de trabajo.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo sostuvo que “contrariamente a lo afirmado por AHUMAR S.A., una vez acreditada la prestación no es exigible a la persona trabajadora la acreditación del carácter de dependiente de la relación, extremo que se encuentra alcanzado por la presunción legal”.

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Así, con las pruebas y la declaración de testigos, confirmó la sentencia al local de comidas rápidas y lo condenó a abonar las indemnizaciones correspondientes por despido indirecto y violencia laboral.

Las camaristas ponderaron, además, el informe psicológico adjuntado a la causa, el cual detalló que el estado de la mujer “al momento de la evaluación es de angustia y vergüenza, a causa de haber sido sometida durante meses a constantes humillaciones, denostaciones y violencia psíquica en su lugar de trabajo, hasta llevar al violento despido; con el consecuente impacto de todo ello en su psiquismo”.

Además, agregó que “la situación sufrida ha llevado a que la capacidad de humor-goce-sublimación de la accionante sea escaso, que presenta un disturbio que afecta su esfera afectiva, limitando su capacidad de goce individual, social y recreativo. Finalmente es contundente respecto a que la actora fue víctima de acoso laboral -mobbing- y requiere tratamiento psicológico por no menos de dos años”.

En cuanto al caso, las juezas Gabriela Vázquez y María Cecilia Hocki sostuvieron: “Debemos remitirnos a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales que encuentra sustento en pactos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belem do Pará’”.

En ese marco legal, añadieron que “el maltrato psicológico en el lugar de trabajo constituye violencia contra la mujer y los daños que tal ilicitud produce deben ser reparados plenamente, ya sean patrimoniales o no patrimoniales”.

La Dirección de Empleo y Trabajo Decente lleva adelante diversos talleres con el objetivo de identificar y combatir conductas violentas en los ámbitos laborales.

La violencia en el lugar de trabajo, sea física o psicológica, se ha convertido en un problema mundial que atraviesa fronteras, contextos de trabajo y grupos profesionales. Si bien siempre se ha reconocido la existencia de violencia física personal en lugares de trabajo, la violencia psicológica se ha subestimado durante largo tiempo y sólo ahora recibe la debida atención.

La Municipalidad elaboró un protocolo contra la violencia laboral

En este marco, desde la Dirección de Empleo y Trabajo Decente del municipio, se llevan adelante diversas actividades con el objetivo de identificar y combatir estas conductas, con el objetivo de erradicar la violencia en los ámbitos laborales.

De este modo, durante la semana se concretaron talleres en áreas de la Secretaría de Hacienda, sumando cerca de 10 actividades de este tipo, organizadas durante el segundo semestre del año, para un total de 100 agentes.

Santa Fe, el primer municipio del país

Con un decreto de diciembre de 2020, el intendente Emilio Jatón creó un Protocolo contra la violencia laboral en el municipio. Para la confección del mismo, se contó con el asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo y la participación del Sindicato de Trabajadores Municipales. Así, Santa Fe se constituyó en el primer municipio del país en establecer un plan de acción en línea con las disposiciones del Convenio Nº 190 de la OIT, al que el país adhirió recientemente.

Proyectos contra la violencia laboral y de género

El instrumento establece un procedimiento de actuación temprana y eficaz para prevenir, sancionar y erradicar conductas de violencia y acoso en el ámbito del trabajo o con conexión con el mismo y que tengan lugar en el seno de la Administración Pública Municipal. Del mismo modo, regula la actuación de las diferentes áreas municipales involucradas en su atención.

Entre sus puntos destacados, la iniciativa propone llevar a cabo políticas preventivas y campañas de formación, sensibilización y difusión destinadas tanto a empleados y empleadas como a funcionarios y funcionarias de la administración pública municipal. La intención es visibilizar, desnaturalizar y erradicar la violencia y el acoso en el trabajo.

Cabe destacar, que desde que se puso en marcha el Protocolo para denuncias de trabajadores municipales, 60 personas recibieron atención y asesoramiento en la Dirección de Empleo y Trabajo Decente. De los datos recabados se desprende que de los denunciantes, 83,3% son mujeres y 16,6% son varones.

Por otra parte, se establece que 91,6% de los casos corresponde a violencia de tipo psicológica o mobbing y 8,6% configuró también violencia laboral de género. En cuánto al perfil los/as acosadores/as, 66,6% pertenece al género masculino y 91,66% de los/as acosadores/as ocupan una posición jerárquica superior.

Finalmente, y desde el punto de vista de la salud, 66,6% de los/as denunciantes está bajo algún tipo de tratamiento (médico, psicológico, psiquiátrico, etc.) y vinculó esa situación al malestar generado por la situación denunciada.

Legislación vigente

En la administración pública de la provincia de Santa Fe existe una primera Ley de Violencia Laboral en el ámbito público que fue sancionada en el año 2005 (Ley 12.434). En tanto, en la ciudad capital, la Ordenanza N° 12.675 del año 2019 incorpora al Estatuto del Personal Municipal y prevé sanciones para funcionarias y funcionarios y/o empleadas y empleados de la administración municipal que ejerzan sobre otras u otros, conductas que encuadren en la definición de violencia laboral.

En la norma, se entiende a la violencia laboral como “toda forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a una trabajadora o un trabajador de su lugar de trabajo. La violencia laboral configura una violación a los derechos laborales y humanos. Puede presentarse como agresión física, acoso sexual y/o violencia o maltrato psicológico”, se asegura.

En 2019, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio Nº 190, que se configura como un nuevo mandato global sobre las relaciones en el trabajo, reconociendo por primera vez el derecho al trabajo libre de violencia y acoso, asociándolo al trabajo decente planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Argentina, el Convenio 190 de la OIT fue ratificado mediante la Ley N° 27.580, el 15 de diciembre de 2020, convirtiéndose en el cuarto país a nivel mundial, en adherir a la norma.

Con el asesoramiento de la OIT, Santa Fe es el primer municipio del país en aprobar un procedimiento de actuación temprana y eficaz para prevenir, sancionar y erradicar conductas de violencia y acoso en el ámbito municipal.

La Municipalidad elaboró un protocolo para erradicar la violencia en el ámbito laboral, constituyéndose en el primer municipio del país en establecer un plan de acción en línea con las disposiciones del Convenio Nº 190 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que el país adhirió recientemente.

Este instrumento establece un procedimiento de actuación temprana y eficaz para prevenir, sancionar y erradicar conductas de violencia y acoso en el ámbito del trabajo o con conexión con el mismo y que tengan lugar en el seno de la Administración Pública Municipal; y regula la actuación de las diferentes áreas municipales involucradas en su atención.

La iniciativa se concretó en un trabajo conjunto con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe (Asoem), contando con la colaboración de la Oficina Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Es una herramienta para mejorar la calidad del trabajo y del empleo público”, sostuvo Federico de los Reyes, director ejecutivo de Función Pública municipal. “A pedido del intendente Emilio Jatón, estamos impulsando un cambio de paradigma respecto a la violencia laboral, que en muchos ámbitos está naturalizada o se invisibiliza. Buscamos poner de relieve que el maltrato, los insultos o cualquier tipo de sometimiento o daño que se genere debe ser corregido y sancionado”, añadió.

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“Al igual que con la violencia de género, que en este caso es uno de los tipos de violencia que se puede dar en los ámbitos de trabajo, la violencia laboral obedece a prácticas que se encuentran muy arraigadas en la conducta de trabajadores y trabajadoras. Con el Protocolo se clarifican los circuitos desde que se toma conocimiento de los hechos, pasando por una medida alternativa que ponga fin al conflicto hasta llegar, eventualmente, a la aplicación de una sanción administrativa”, señaló el funcionario.

Ejes del protocolo

Entre los puntos más destacados de la iniciativa se prevé llevar a cabo políticas preventivas y campañas de formación, sensibilización y difusión destinadas tanto a empleados y empleadas como a funcionarios y funcionarias de la administración pública municipal a fin de visibilizar, desnaturalizar y erradicar la violencia y el acoso en el trabajo.

Se suman asimismo métodos de solución alternativos para los conflictos y la creación de un Observatorio Municipal sobre Violencia Laboral, de composición paritaria, que tiene por finalidad elaborar políticas o acciones, programas de prevención con objetivos medibles, campañas de sensibilización, programas destinados a abordar factores que aumentan la probabilidad de violencia y acoso en el mundo del trabajo y el contralor sobre legislación municipal que vaya en contra de los principios allí expuestos.

Finalmente establece la incorporación de la temática como contenido obligatorio de los planes de estudio de la Escuela de Administración Municipal.

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Diferentes violencias

El instrumento detalla los diferentes tipos de violencias o acosos a las que pueden ser sometidos los trabajadores, describiéndolos como comportamientos o prácticas que puedan causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

Destaca que los hechos de violencia o acoso pueden generarse por palabras, gestos o acciones u omisiones o cualquier otra forma que tiendan a molestar, sobresaltar o maltratar, degradar, intimidar, denigrar o provocar vergüenza a otra persona, pudiendo, de persistir y avanzar en alguna de las situaciones descriptas, agravarse hasta derivar incluso en la comisión de un delito.

En ese sentido, Soledad Artigas, de la Dirección de Mujeres y Disidencias, destacó: “Este protocolo es un marco jurídico esencial para el abordaje de la violencia de género. Es central que las trabajadoras sepan que cuentan con estas herramientas y, sobre todo, con la decisión política de esta gestión de ser intolerantes a cualquier situación de violencia en el ámbito laboral”.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La Diputada Nacional por el Frente de Todos y dirigente gremial del SADOP, Patricia Mounier, celebró la iniciativa. “Esta es una conquista del movimiento de mujeres, pero por sobre todo, de la militancia de las mujeres sindicalistas. Tendremos que continuar con esa lucha para que se incluya en los convenios colectivos de trabajo y en las discusiones paritarias”, indicó Mounier.

La violencia en los ámbitos laborales impacta en mayor medida en las mujeres y diversidades. Según la Agencia Contra la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, casi el 65% de las denuncias por violencia y acoso laboral están realizadas por mujeres. “Este convenio considera que acceder a un trabajo libre de violencias y de acoso es un derecho humano y aplica a todos los sectores, público o privado y también al sector informal”, destacó la legisladora santafesina.

La iniciativa fue un compromiso del presidente Alberto Fernández asumido el 1 de Marzo en la Asamblea Legislativa. Con la adhesión a este tratado, Argentina será el tercer país en contar con este instrumento.