Un grupo de civiles armados irrumpió en las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, a cuatro días de la jornada electoral, disparando contra los presentes y causando la muerte de una persona y heridas a cuatro más, según un reporte preliminar.

El incidente ocurrió mientras el personal del IEPC trasladaba material electoral a diferentes puntos de votación. Los agresores, quienes cubrían su rostro y se desplazaban en varias camionetas, entraron en el lugar y abrieron fuego contra las instalaciones y los presentes, entre ellos militantes de varios partidos políticos.

El candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Guillermo Uturiel Coutiño, denunció que la persona fallecida era uno de sus compañeros. Además, afirmó que los agresores establecieron un bloqueo que impidió el acceso al hospital para socorrer a los heridos.

Por otro lado, Agenor Domínguez, candidato de Morena a la alcaldía de Simojovel, declaró que los militantes del PVEM suelen iniciar los ataques y aseguró que buscan elecciones limpias, solicitando la presencia de elementos de seguridad para garantizar el orden.

Es importante destacar que el pasado sábado 25 de mayo, sujetos armados también asesinaron a Manuel Pérez Sánchez, representante de Morena en Simojovel, e hirieron a cuatro de sus familiares. Hasta ahora, se han registrado 26 agresiones a candidatos y aspirantes a cargos de elección popular en los días previos a las elecciones del 2 de junio.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reveló que el año pasado 436 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Argentina.

Desde que el país recuperó la democracia, en 1983, ha habido por lo menos 8.701 víctimas, según detallan en su informe.

‘Archivo 2022: a 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión’, es el título del informe que esta organización de derechos humanos comenzó a realizar en 1996.

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De acuerdo con el documento, desde que la última dictadura militar terminó, en 1983, por lo menos ha habido 8.701 víctimas fatales de la violencia institucional, que va desde casos de ‘gatillo fácil’, es decir, policías que disparan sin justificación; hasta muertes de presos en comisarías y cárceles; o de manifestantes que protestaban en las calles.

#Ahora#PlazaDeMayo

Ya comienza la Presentación de la actualización de datos del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado de 1983 a 2022. pic.twitter.com/uqg3SYTovg

— CORREPI (@CORREPI) March 17, 2023

La cifra de 2022 representa un descenso respecto a 2021, año en el que se registraron 508 muertes, pero para la Correpi lo fundamental no es el conteo sino la necesidad de presionar para que cambien las políticas que permiten los abusos y delitos de las fuerzas de seguridad.

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También explicó que, en los primeros tres años de Gobierno del presidente Alberto Fernández, hubo un descenso de los casos de “gatillo fácil”. Sin embargo, crecieron las muertes de personas que estaban bajo la custodia de algún cuerpo de seguridad.

De esta forma, en 2022 murieron 319 personas que estaban detenidas en una cárcel o comisaría, en tanto que 80 fueron víctimas de “gatillo fácil”.

¿No pudiste venir a Plaza de Mayo el viernes para ver la presentación del informe de la situación represiva y la actualización del #ArchivoDeCasos de @CORREPI?Te dejo el link al video de datos (informe completo en https://t.co/kheFYZ3Bva)https://t.co/iu5zvbocB4Sigue/

— M. del Carmen Verdú (@LaNegraVerdu) March 20, 2023

“Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento”, advirtió el informe.

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CIFRAS

Entre 2001 y 2021, precisó, el número de personas privadas de libertad en Argentina creció de 34.000 a más de 100.000, pero todavía hay que sumar otras 20.000 que están en comisarías, alcaidías e institutos.

Estamos acompañando a @CORREPI en la presentación del archivo de personas asesinadas por el Estado 2022.Reforcemos el reclamo de libertad para Martín y Lorena presos políticos del gobernador radical macrista de Mendoza, Suárez pic.twitter.com/xL5P2XnmhO

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) March 17, 2023

“Las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron”, explicó Correpi para mostrar la contradicción de las políticas de seguridad y justicia.

Por ejemplo, dijo, entre 2001 y 2021 descendieron la tasa de robos o tentativas de robo y los homicidios.

“Este brutal desfasaje entre la disminución sensible de delitos y el aumento al triple de la población carcelaria solo se explica a partir de las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales, que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garantías durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerables”, denunció.

Con respecto a las responsabilidades, señaló que las policías provinciales encabezan la lista de muertes por violencia institucional con el 44 % de los casos. Le siguen los servicios penitenciarios federal y provinciales, con el 41 %, y la Policía Federal, con el 7,5 %. Con menos del 1 % se encuentran la Gendarmería y la Prefectura.

El informe también detalla el perfil de las víctimas. En el 39 % de los casos se trataba de menores de 25 años, lo que implica una alta tasa de muertes de jóvenes en manos de alguna fuerza policial.

En 2010, con 15 años, había sido uno de los testigos relevantes en la causa que incluyó a altos oficiales y exjefes policiales, todos ellos condenados en un juicio oral pero que permanecen en libertad porque el fallo aún no está firme. En noviembre de 2011, había sido amenazado.

Un hombre que en 2010 había sido un testigo clave en el juicio en el que fueron condenados efectivos de la Policía de Río Negro por casos de violencia institucional, en los que fueron asesinados tres jóvenes en Bariloche, fue encontrado muerto el miércoles en una comisaría de esa ciudad luego de haber sido detenido supuestamente por poseer documentación falsa, según informaron fuentes policiales.

Se trata de Fabián Eduardo Gallardo (27), quien fue hallado muerto el pasado lunes, supuestamente ahorcado con una frazada, en una celda de la comisaría 2a.de San Carlos de Bariloche, cercana al Centro Cívico.

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Según los investigadores, Gallardo había sido detenido cerca de las 7.30 de la mañana del lunes en la intersección de las calles Palacios y Albarracín, de Bariloche, por policías que llegaron hasta allí por una denuncia por el robo de un teléfono celular.

De acuerdo a la versión policial, si bien en la requisa efectuada de las pertenecías de Gallardo no se encontró el aparato telefónico, los agentes intervinientes constatan la posesión de documentos de identidad que no le pertenecían y, por ello, decidieron aprehenderlo.

Los policías lo llevaron a la seccional y lo alojaron en una celda junto a otro detenido, pero luego quedó solo y horas más tarde fue encontrado muerto, cerca del mediodía del mismo lunes.

Los policías aseguraron que Gallardo se había ahorcado utilizando una frazada que se les suministra a los detenidos.

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El fiscal de la causa Guillermo Lista ordenó la realización de la autopsia y le encomendó todos los peritajes a expertos de la Policía Federal, dado que el hecho ocurrió en dependencias de la Policía de Rio Negro.

El fiscal Lista también secuestró las imágenes de video surgidas de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en el hall y los pasillos de las celdas de la comisaria.

Por su parte, el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Osvaldo Tellería, aseguró que la existencia de la frazada en la celda es algo “habitual y obligatorio” y explicó que “hay cámaras en el hall y en el ingreso a las celdas y esos registros fílmicos fueron aportados a la Fiscalía”.

“También se entregó el parte diario del cuartelero a cargo de la celda de detención, donde queda registro del ingreso de personas que sean detenidas por procesos judiciales o contravenciones”, explicó el comisario.

En tanto, el jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Elio Tapia, explicó que “la Policía de Río Negro se brindó todo lo que pidió el fiscal” para lograr el esclarecimiento del hecho.

En junio de 2010 cuando tenía apenas 15 años, Gallardo había sido uno de los adolescentes heridos por la represión policial durante una manifestación realizada por vecinos por la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, tras el caso de gatillo fácil contra Diego Bonefoi.

En aquel caso, Gallardo fue un testigo relevante en la causa que incluyó a altos oficiales y exjefes policiales, todos ellos condenados en un juicio oral pero que permanecen en libertad porque el fallo aún no está firme.

Desde esa época en adelante, tanto Gallardo como el resto de su familia denunciaron haber recibido amenazas y actos intimidatorios constantes, que motivaron distintas denuncias por apremio ilegales y amenazas.

En noviembre de 2011, la Pastoral Social de Bariloche se solidarizó con él luego de haber realizado nuevas denuncias: “Tres encapuchados me amenazaron colocándome un arma en la cabeza y sugiriéndome que retire las denuncias porque sino soy boleta”.

El ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, suscribió con la defensora provincial, Jacquelina Balangione, un convenio por el cual se capacitará al personal policial para prevenir hechos de violencia institucional.

En ese marco, Lagna señaló que “nos enorgullece dar este paso junto a la Defensoría Penal de la provincia porque no existía una propuesta formativa en relación con la violencia institucional para nuestros agentes”.

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“Hemos fortalecido la formación de nuestra fuerza policial y trabajamos para que cada vez haya más policías profesionalizados en la calle. Y este convenio viene a sumar capacitación para nuestros agentes, lo que nos pone muy contentos. Tenemos mucho trabajo conjunto por delante”, concluyó el ministro.

EL CONVENIO

Prevé el intercambio de información entre las partes y establecer de forma conjunta los contenidos mínimos y las bases para elaborar los programas de capacitación contra la violencia institucional, con enfoque de derechos humanos, destinados al personal de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad.

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Asimismo, tiene como objetivos erradicar malas prácticas en el ámbito policial; disminuir los índices de impunidad; tender a la concientización social sobre el uso desmedido de la violencia; producir información confiable; y desarrollar una agenda integral e intersectorial para abordar la violencia institucional.