El gobierno del Reino Unido anunció un plan para aplicar medicamentos que supriman el deseo sexual en delincuentes sexuales, como parte de un paquete integral para disminuir la reincidencia y aliviar la saturación de las cárceles. La Secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, explicó ante el Parlamento que este método, conocido como castración química, se implementará en 20 prisiones distribuidas en dos regiones.

Mahmood enfatizó que este tratamiento se combinará con intervenciones psicológicas para abordar factores como el deseo de poder y control, que también motivan conductas delictivas. Estudios citados indican que la castración química podría reducir la reincidencia hasta en un 60%. Países como Alemania, Dinamarca y Polonia han adoptado esta práctica, ya sea voluntaria u obligatoria para ciertos casos.

Esta propuesta surge de una revisión exhaustiva del sistema penitenciario dirigida por el exsecretario de Justicia David Gauke, que también recomienda flexibilizar sanciones, eliminar condenas menores a 12 meses salvo en casos graves, y la deportación inmediata de extranjeros condenados a penas cortas.

Para fortalecer la rehabilitación, el gobierno destinará 700 millones de libras anuales al servicio de libertad condicional, con el objetivo de que los oficiales puedan supervisar mejor a los infractores en la comunidad, especialmente a quienes llevan dispositivos electrónicos.

La población carcelaria en Inglaterra y Gales ha aumentado a casi 90.000 reclusos en 30 años, pese a la baja en la delincuencia, debido a penas más largas y la falta de infraestructura. En respuesta, además de las reformas, se planifica una amplia construcción de nuevas prisiones que reemplazarán a instalaciones antiguas.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas desde el Partido Conservador, que advierte que eliminar las sentencias cortas podría despenalizar delitos menores, y cuestiona la efectividad de las medidas tecnológicas para prevenir la reincidencia.

El Vaticano confirmó que el cardenal Roger M. Mahony, ex arzobispo de Los Ángeles, tendrá un rol oficial durante las ceremonias del funeral del papa Francisco, pese a las duras críticas que pesan sobre su figura por su implicación en el encubrimiento de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.

Mahony, de 89 años, participará en el cierre del féretro del pontífice en la Basílica de San Pedro y en su entierro en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, la selección de los cardenales para estas ceremonias se basó exclusivamente en la antigüedad dentro del colegio cardenalicio.

La decisión causó un fuerte repudio por parte de organizaciones de víctimas. Peter Isely, fundador de la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP), declaró al New York Times que la participación de Mahony es “un último acto de encubrimiento” y una muestra de que “nada ha cambiado fundamentalmente bajo el papado de Francisco”.

Mahony lideró la Arquidiócesis de Los Ángeles, la más grande de Estados Unidos, entre 1985 y 2011. En 2013, documentos internos revelados en un caso civil confirmaron que ocultó pruebas de abusos cometidos por sacerdotes, trasladó a clérigos fuera del estado para evitar denuncias y permitió que muchos no enfrentaran consecuencias legales.

En 2007, la arquidiócesis pagó 660 millones de dólares para resolver las demandas de más de 500 víctimas, el mayor acuerdo económico por abusos en la historia de la Iglesia hasta ese momento. En 2022, se sumaron otros 880 millones de dólares para indemnizar a más de 1.300 personas.

A pesar de estos antecedentes, el portavoz de la arquidiócesis de Los Ángeles, Adrián Alarcón, defendió su participación en las ceremonias, señalando que Mahony está representando a la comunidad católica angelina “en este momento de duelo”.

Aunque Mahony no puede participar en el cónclave para elegir al próximo papa por exceder los 80 años, su inclusión en las ceremonias fúnebres reavivó el debate sobre la rendición de cuentas dentro de la Iglesia. Años atrás, su sucesor, el arzobispo José H. Gómez, lo había retirado de funciones públicas en respuesta al escándalo.

Si bien Mahony pidió disculpas en 2013 y alegó haber sido “ingenuo” frente a los tratamientos para abusadores, su imagen continúa profundamente dañada. Su presencia en un evento de tal magnitud e importancia global reabre heridas entre víctimas y vuelve a poner en cuestión la coherencia del Vaticano en su lucha contra el abuso sexual dentro del clero.

na demanda presentada en un tribunal federal de Nueva York acusa al rapero Jay-Z y a Sean "Diddy" Combs de violar a una niña de 13 años en el año 2000. La víctima, identificada como Jane Doe, afirma que el asalto ocurrió después de que la llevaran a una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards.

Según la demanda, la víctima llegó a la fiesta tras abordar a varios conductores de limusina para acceder al evento. Un conductor que trabajaba para Combs le facilitó la entrada, alegando que "encajaba" con lo que Diddy buscaba. La víctima tuvo que firmar un documento que creía que era un acuerdo de confidencialidad al llegar para ingresar a la fiesta.

La demanda afirma que la víctima fue ofrecida una bebida que le hizo sentirse "mareada, aturdida y sintió que necesitaba acostarse". Después de esto, Jay-Z y Combs supuestamente la violaron en una habitación mientras una celebridad femenina no identificada observaba.

Jay-Z ha negado las acusaciones y ha criticado al abogado que presentó la demanda, Tony Buzbee, por su "patrón de teatralidad". El rapero ha pedido que se presente una denuncia penal en lugar de una demanda civil.

La jueza Laura Casas ha decidido mantener en prisión domiciliaria a los futbolistas de Vélez Sarsfield acusados de abuso sexual, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín Bobadilla, quienes deberán encontrar un lugar en Tucumán donde alojarse bajo vigilancia policial. Por su parte, el arquero Sebastián Sosa permanece en prisión a la espera de pagar la fianza que le permitirá regresar a Buenos Aires.

Los cuatro futbolistas están actualmente alojados en la Dirección General de Investigaciones en Tucumán. La jueza ha determinado que permanezcan en arresto domiciliario por un plazo de 90 días, como una instancia previa a la apelación ante tribunales superiores, tal como fue solicitado por las defensas de los acusados.

La decisión de la jueza ha sido respaldada por la fiscal Eugenia María Posse, así como por los representantes de la presunta víctima y la propia denunciante, una joven periodista deportiva de 24 años. La denunciante ha considerado injusto que los futbolistas puedan gozar de prisión domiciliaria mientras ella, como víctima, se le niega.

Las defensas de los futbolistas argumentaron que la víctima temía cruzarse con ellos como justificación para trasladarlos a Buenos Aires, con la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado. Sin embargo, la jueza Casas consideró necesario que permanecieran en Tucumán bajo vigilancia policial.

La decisión ha generado polémica y debate, cuestionando si los futbolistas podrán estar juntos, incluso con sus familias, y si podrán alquilar una casa con piscina y campo de entrenamiento mientras esperan el juicio oral. Esto ha provocado críticas y malestar por parte de la joven periodista y de aquellos que consideran que los futbolistas están recibiendo un trato preferencial debido a su fama y situación económica.

El caso sigue en proceso y se espera que en los próximos meses se realice el juicio oral.

El gobernador de Florida y miembro del Partido Republicano, Ron DeSantis, firmó este lunes un proyecto de ley que permite la pena de muerte en condenas por agresión sexual contra niños.

El proyecto de ley firmado por el gobernador Ron DeSantis se contrapone a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. del 2008, que prohibió la pena capital en tales casos.

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La rúbrica del proyecto de ley, que fue aprobado por el legislativo estatal, tuvo lugar durante una ceremonia en un museo policial a las afueras de Orlando.

La nueva ley, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre, se contrapone a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del 2008, que prohibió la pena capital en tales casos. La legislación podría ser un instrumento para que el Tribunal Supremo del país, ahora controlado por conservadores, reconsidere su decisión.

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El nuevo estatuto legalizaría la aplicación de la pena capital en el estado cuando un adulto sea condenado por abusar sexualmente de un niño menor de 12 años.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, muestra tres proyectos de ley que promulgó en una conferencia de prensa en el Museo y Salón de la Fama de la Policía Estadounidense en Titusville.

El gobernador, que no oculta sus aspiraciones de postularse como candidato a la Presidencia de EE.UU. en el 2024, considera que la decisión de la Corte Suprema fue “incorrecta”.

“Este proyecto de ley establece un procedimiento para poder impugnar ese precedente y poder decir que en Florida creemos que el peor de los peores crímenes merece el peor de los peores castigos “, agregó.

Fue luego de que se conociera la prisión preventiva para Miguel M. de 56 años, acusado de abusar sexualmente durante 10 años de la hija de su pareja. A la lista de afiches, en fotos con nombres y apellidos, sumaron 7 personas.

Mauro Dalmazzo

En la mañana del martes la localidad de María Teresa amaneció empapelada con fotos y nombres de presuntos abusadores sexuales y pedófilos en base a hechos que habrían ocurrido en los últimos años. La sorpresa fue tal, que generó polémica en el pueblo, y denuncias oficiales por parte de personas que se sintieron afectadas teniendo en cuenta que en un caso ya había cumplido condena y en otro aún está abierta la investigación judicial y por el momento no existe una sentencia.

Todo se desató luego de conocerse la prisión preventiva para un hombre de 56 años de nombre Miguel M. quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal contra la hija de su pareja durante el plazo de 10 años.

Palabra oficial

“Nos encontramos en que diferentes espacios públicos y paredes había afiches pegados con caras de algunos varones, identificados, vinculados a las palabras de ‘violador’ u otro apelativo. Obviamente que la gestación de esto es anónima, y no tenemos idea de cómo o quienes lo pudieron haber hecho”, manifestó Claudia Giacchelo, vicepresidenta de la comuna de María Teresa.

En este marco, agregó que todo “puede estar vinculado al último caso de una denuncia que continuó con la detención de un hombre de la localidad por abuso sexual. Estos hechos impactan a nivel comunitario y social, y por ahí ayudan y movilizan para que algunas mujeres den a conocer situaciones que atraviesan o han atravesado en algún momento, vinculada a la violencia o al abuso”.

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Abuso agravado

Miguel M. quedó en prisión preventiva sin plazo. Según el fiscal a cargo de la investigación, Damián Casullo, “el imputado abusó sexualmente de la víctima desde que ella era una niña hasta tiempo después de que cumplió la mayoría de edad”. En tal sentido, afirmó que “cuando ella logró hablar con otras personas sobre sus padecimientos, radicó la denuncia que dio origen a la investigación”.

También sostuvo que “hay evidencias de que el imputado creaba ámbitos propicios para vulnerar la integridad sexual de la víctima, quien además era golpeada y amenazada por él”.

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Un día distinto

El último martes, además de afiches con la foto de Miguel, aparecieron carteles con el rostro, nombre y apellido de otras siete personas que fueron señaladas como autores de abuso sexual.

En cuanto a la potencial cantidad de hechos, la vicepresidente planteó que “da para pensar ¿qué pasa en María Teresa que hay tantos casos de abuso? Pero creo que la pregunta debería ser ¿Cuántos casos de abusos hay en todas las localidades y que no se dan a conocer o no se saben?”.

En esta misma línea, precisó que “si se le hubiera preguntado a cualquier persona de María Teresa hace algunos días sobre esas personas que se signaron en los afiches, seguramente no estaban al tanto. Eso también forma parte de la profesionalidad que uno trata de trabajar y resguardar lo más posible a la víctima, a su familia y a los procesos que se llevan adelante. Las cosas que están ocurriendo dan pie para que ciertos casos salgan a la luz”.

Por último, manifestó que “desde nuestra área en los últimos 5 o 7 años en la gran mayoría de los casos que acompañamos a las víctimas a la justicia, ha habido respuesta. Hasta hace 10 años no se nos hubiera ocurrido que en un tribunal nos hubiese escuchado por un caso de abuso sexual”.

En el cierre del Festival Paraná Ciudad Capital en el Botánico, con más de 25.000 personas que seguían atentamente la actuación de Los Palmeras, el acordeonista de la banda santafesina, Marcos Camino, se dirigió al público con una frase que causó incredulidad en los más atentos, el resto aplaudió y festejó.

Previo a entonar  “Soy Sabalero” Caminos dijo: “Les tengo que contar algo. La verdad a nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema porque Colón juega tan horrible, pero el tema le gusta a la gente … Colón es como los violadores siempre nos rompen el tujes en los penales. Los violadores- viste- que los llevan en cana y dicen que los hacen bosta … a nosotros también en los penales …Patronato el otro días, que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales. Un aplauso para Patronato ”, largó.

La desafortunada frase no fue la única. Luego el músico ninguneó a la entrerriana Emilia Mernes: “Tenemos previsto grabar con Emilia Mernes y no sé qué otro bolazo que nos propone la discográfica”.

Las pruebas de ADN realizadas a los seis detenidos por la violación grupal en Palermo contra una joven de 21 años dieron positivo en dos casos. La información fue dada a conocer por Hugo Figueroa, el abogado de la víctima, aunque por el momento no trascendió de quiénes se trata.

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El aberrante hecho sucedió el pasado 28 de febrero, cuando un grupo de hombres se fue turnando para abusar sexualmente en el interior de un auto de una joven a la que previamente habían drogado para que estuviera indefensa.

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Alrededor de las 14:45 de ese día, sobre la calle Serrano al 1300, en pleno corazón del barrio porteño de Palermo, distribuyeron los roles para consumar el ataque. Así, mientras dos jóvenes se quedaron afuera, sobre la vereda, cantando y tocando la guitarra, mientras observaban que no hubiera testigos, los otros cuatro violaron a la joven dentro del vehículo.

El ataque sexual culminó gracias a una pareja de panaderos que advirtió que había algo raro y fueron a detenerlos. Más tarde, en diálogo con la prensa, la mujer, Natalia Duarte, contó que vio a la joven “totalmente ida”: “Miro bien y la chica estaba claramente bajo efectos de algún tipo de drogas (…) Quería tirarles manotazos y no tenía fuerzas. Estaba tan en shock que cuando me acerqué a ayudarla me tiraba manotazos”.

En su declaración ante la Justicia, la víctima contó que había tomado previamente alcohol -se le detectaron 1,3 gramos de alcohol en sangre- y fumado marihuana. Sin embargo, en los estudios toxicológicos le encontraron también restos de éxtasis, que le habría sido suministrada por el grupo. Esto complicó más a los seis sospechosos, a quienes se les sumó el delito de “suministro de drogas” al de “abuso sexual agravado”.

La propuesta fue realizada por el presidente Castillo tras la violación de una nena de 3 años por parte de un sujeto de 48, que conmueve al país.

Hasta ahora, en Perú se condena con cadena perpetua a los violadores de menores de 14 años. Pero todo podría cambiar se prospera una iniciativa impulsada por el presidente de ese país, que contempla la castración química para esos delitos.

En efecto, el presidente Pedro Castillo anunció que su Gobierno evalúa medidas drásticas, como la aplicación de la castración química obligatoria, para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

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El anuncio fue realizado este sábado, después de que el país se viera conmocionado por la violación a una niña de 3 años por parte de un sujeto de 48. “Los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes”, dijo Castillo a la prensa.

El mandatario realizó esta propuesta luego del caso de secuestro y violación de una niña de tres años ocurrido esta semana en la ciudad norteña de Chiclayo, en la región Lambayeque, hecho sobre el cual dijo: “El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, indicó.

El mandatario manifestó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso para su legalidad. “Exhortamos al Congreso a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, agregó.

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La castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual. Se aplica como un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole.

Según el Ministerio de la Mujer de Perú, más de 21.000 menores de edad han sido víctimas de violación en los últimos cuatro años; solo en 2021 se registraron 6.929 casos de esa índole aberrante. Se aplica en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, y en algunos estados de los Estados Unidos.

Francisco Sánchez, legislador oriundo de Neuquén, afirmó que impulsará un proyecto tras la muerte de un nene de dos años que fue víctima de abuso sexual.

Tras la muerte de un nene de dos años que fue víctima de violación y golpes en La Plata, el diputado nacional por Neuquén, Francisco Sánchez, afirmó que impulsará un proyecto de ley de pena de muerte. “Hay que aplicar la pena de muerte para monstruos como estos”, señaló.

Sánchez compartió la muerte de Lucas Tahiel Quirós, quien atacado por su padrastro, que aún se encuentra prófugo de la Justicia, y lanzó su declaración. “Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como estos”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

“Seguro que ahora que ya no consideramos más el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina, voy a conseguir la adhesión de quienes lo rechazaron cuando votaron el aborto”, dijo el legislador en su perfil de la red social.

Más tarde, el diputado neuquino detalló que este probable proyecto podría abarcar también a los asesinos de menores de edad.

Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como estos. Seguro que ahora que ya no consideramos más el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina, voy a conseguir la adhesión de quienes lo rechazaron cuando votaron el aborto. pic.twitter.com/uoi82SAITc

— Francisco Sánchez ?? (@fsancheznqn) December 14, 2020

Esta no es la primera declaración de Sánchez que genera polémica. Meses atrás, había criticado al gobierno por izar la bandera del orgullo LGBTI+ en la Plaza de las Banderas. “Es un trapo de colores”, pronunció en ese entonces.

La violación y asesinato de una menor de siete años conmocionó e indignó al país en 2018. La Asamblea Nacional paquistaní (NA, Cámara Baja) aprobó este viernes un resolución que propone el ahorcamiento público de violadores y asesinos de niños, una polémica propuesta que ha dividido al hemiciclo.

La resolución fue presentada por el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Ali Mohamed Khan, y fue aprobada por una mayoría de los presentes, dijo a Efe el portavoz de la NA, Mohamed Bashir. La fuente indicó que la votación se hizo a voz alzada y no con papeletas, por lo que no existe un registro del número de parlamentarios que votaron a favor.

Divididos La resolución se aprobó por mayoría, pero con el rechazo de miembros del partido gobernante y de la oposición

A pesar de la aprobación, la resolución contó con el rechazo de parlamentarios del gobernante Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI) y del opositor Partido Popular en su totalidad. “La resolución (…) es de varios partidos y no del Gobierno. Muchos de nosotros nos oponemos”, tuiteó poco después de la aprobación la ministra de Derechos Humanos del país, Shireen Mazari.

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Fawad Hussain condenó la resolución, que calificó de “brutal” y “bárbara”, no apropiada como respuesta a los crímenes.

Los abusos a menores han sacudido al país desde que en 2018 la violación y asesinato de una niña de siete años provocó protestas violentas contra la supuesta inacción policial ante este tipo de delitos.

Brutales agresiones Pakistán ha sido el centro de escándalos por abusos desde hace años

De hecho, su ciudad, Kasur, ya había sido centro de un escándalo de abusos contra menores en 2015, cuando se descubrió que al menos 19 niños fueron grabados en vídeo y fotografiados por una red formada por 17 personas, sin mayores consecuencias. Su asesino y violador fue sentenciado a muerte y ejecutado en octubre de 2018.

Desde entonces, otros casos de brutales abusos a menores se han hecho públicos, algunos con nuevas protestas contra la Policía y las autoridades. Todo ello llevó a la NA a aprobar a principios de enero un proyecto de ley para proteger a los niños con un mecanismo de respuesta para la desaparición de menores, castigos para los policías que no reaccionen a tiempo y penas para los pederastas. La ley, sin embargo, se encuentra atascada en el Senado.

Según un informe de la ONG Sahil, se denunciaron 3.832 casos de abusos sexuales a menores en Pakistán en 2018, un 11 % más que el año anterior, aunque los activistas creen que los datos reales son muy superiores.