Bianca Jagger figura entre los treinta y cinco galardonados del Premio Right Livelihood –distinción también conocida como Nobel Alternativo– que firmaron un petitorio pidiendo la libertad de las mujeres mapuches que fueron detenidas durante el desalojo en Villa Mascardi, además de solicitar que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pida disculpas públicas por el operativo.

Bianca, de origen nicaragüense, más allá de ser la exesposa de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, es una reconocida activista por los derechos humanos, y, como tal, fue premiada en 2004 (aquella vez, también fue distinguido el biólogo argentino Raúl Montenegro).

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El galardón fue establecido en 1980 por Jakob von Uexkull, filántropo, político y escritor sueco, quien un año antes había propuesto a la Fundación Nobel que sumara dos premios a los que habitualmente daba, uno relacionado con la actividad ambiental y el otro para promover el conocimiento y las perspectivas de la población mundial.

Ante el rechazo, surgieron los Right Livelihood, que se entregan anualmente y cuentan con una importante dotación monetaria.

Tras el desalojo en Villa Mascardi, Elizabeth Gómez Alcorta presentó su renuncia “indeclinable”

En el caso de Bianca Jagger, el premio le fue concedido “por su dedicado compromiso y campaña por los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente”.

La mujer, de setenta y siete años, más allá de su perfil humanitario, siempre estuvo relacionada con el mundo de la moda (fue modelo y actriz).

Se casó con Mick Jagger el 12 de mayo de 1971 en Saint Tropez. La boda simbolizó lo que fueron los setenta para la música, cuando el rock se comenzó a codear con la alta burguesía.

El listado de los que estuvieron en la iglesia Santa Ana, o aparecieron directamente en la fiesta en el hotel Byblos, incluyó a Julie Christie, Brigitte Bardot, Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Ronnie Wood y Keith Richards.

Otro punto recordado de la pareja se dio en el festejo de cumpleaños de Bianca en 1977, en el mítico club neoyorkino Studio 54, donde hasta apareció un caballo blanco sobre el que la nicaragüense se tomó una recordada foto.

Al año siguiente, ella pidió el divorcio, que se concretaría en 1979. Fruto de la relación, nació Jade Sheena Jezabel. Más allá de la separación, Bianca continuó usando el apellido del Stone.

En la actualidad, se presenta como una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega, a quien considera un dictador.

En cuanto al petitorio que lleva su firma, que apunta de manera crítica a las autoridades argentinas, fue dado a conocer por la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, cuyo presidente, justamente, es quien compartió año de premiación del Nobel Alternativo con Bianca Jagger, Raúl Montenegro.

“Nosotros, galardonados con el Right Livelihood Award, también conocido como Premio Nobel Alternativo, procedentes de distintos países y culturas, nos sentimos consternados por la violencia con que las fuerzas federales del gobierno de Argentina, por orden del ministro Aníbal Fernández, y de la jueza federal María Silvina Domínguez, aterrorizaron a miembros de la comunidad indígena mapuche Lafken Winkul Mapu”, comienza el comunicado, para luego continuar: “Hombres, mujeres y niños mapuches estaban reclamando la devolución de tierras ancestrales en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. Sin respeto alguno por las mujeres embarazadas, por las mujeres que estaban amamantando a sus bebés, por las líderes religiosas, y por los niños que lloraban de espanto, las encarcelaron sin importarles lo que pudiera pasar con los embarazos, con los bebés, o con los niños que quedaban sin su madre en la comunidad”.

Asimismo, el texto indica que “el accionar fue tan violento e ilegal que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, condenó con dureza el accionar de las fuerzas federales y renunció en forma indeclinable a su cargo”.

“Siguiendo prácticas que recordaron a la dictadura militar, hubo violentas detenciones de mujeres, mujeres embarazadas, niños y niñas”, se manifiesta.

De esa manera, los ganadores del Nobel Alternativo que apoyaron el reclamo, más allá de pedir que liberen a las mujeres y que el presidente pida disculpas públicas, reclaman la renuncia de Aníbal Fernández y que la jueza sea sometida a Jury de Enjuiciamiento.

A la vez, se solicita que se investigue el accionar de las fuerzas federales de seguridad y que se cumplimente la Ley 26.160, “sobre demarcación de territorios indígenas”.

Añaden, también, “que se proceda a devolver tierras ancestrales a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu”.

Con una carta dirigida a Alberto Fernández, dejó su cargo porque considera que se violaron derechos humanos de las mujeres detenidas durante el operativo de las fuerzas federales. “Con este hecho se ha transpuesto un límite”, dijo

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia “indeclinable” a su cargo que asumió en diciembre de 2019, tras denunciar violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi.

A través de una carta presentada al presidente Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora ex funcionaria dijo que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En el texto, Gómez Alcorta se expresó de manera crítica por “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”, ya que “constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”. Y si bien asegura que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo “responsabilidad directa” en las instrucciones del desalojo, “la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional”.

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“En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, sostuvo en la misiva.

La decisión de Elizabeth Gómez Alcorta se produjo apenas horas después de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había desmentido rumores sobre cambios en el Gabinete de ministros y también había resaltado la intervención de la ministra sobre el desalojo. Ayer, criticó las medidas dispuestas por la jueza contra las siete mujeres de la lof Lafken Winkul Mapu, por disponer la detención y el traslado de cuatro de ellas hacia el penal de Ezeiza, en medio de los hechos violencia en la zona con ataques vandálicos a propiedades del Estado nacional y a estancias privadas.

En ese marco, la ministra se desmarcó del Poder Ejecutivo y presentó escritos judiciales desde el MMGyD, tras calificar la situación de “sumamente preocupante” al identificar que dos de las detenidas tenían hijos recién nacidos y son madres lactantes, mientras que otra cursaba un embarazo avanzado. Apuntó contra la decisión judicial de que las personas implicadas hayan “estado incomunicadas durante 48 horas”, sin derecho a contar con un abogado particular, y cuestionó la jueza por incumplir la normativa de “parto humanizado” y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) sobre el traslado de personas privadas de su libertad.

Abogada de derechos humanos (UBA), y con un mágister en Ciencia Política y Sociología (FLACSO), la activista y militante de izquierda de 49 años de la agrupación “Soberana” fue la primera funcionaria de la historia en encabezar un “Ministerio de Mujeres”, una estructura que también se constituyó en otros países y, desde 2019, en algunos gobiernos provinciales después de años de alza del movimiento feminista. Antes había sido funcionaria del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y docente en la Facultad de Derecho de la UBA.

En la carta de renuncia, que consta de cuatro páginas, Gómez Alcorta reconoció el “trabajo transformador” que llevó adelante el Gobierno en materia de género y diversidad, con el apoyo del presidente Alberto Fernández. “Sin lugar a dudas, este gobierno es, por medio de su voluntad política y la de la Vicepresidenta, la gestión nacional que más recursos destinó y más políticas llevó adelante para prevenir las violencias por motivos de género, como así también para asistir y proteger a quienes atraviesan esta situación”, indicó.

La misiva de Gómez Alcorta deja traslucir que durante la gestión hubo puntos de tensión y desacuerdo político. “Con la misma franqueza que ha caracterizado siempre nuestro vínculo, me siento con el deber de expresarle los motivos que llevan a mi alejamiento”, dice el texto. “A nuestro gobierno le tocó atravesar situaciones excepcionales, enfrentar tiempos adversos y en ese camino se suscitaron debates, que por momentos se procesaron en duros términos y públicamente. En cada una de esas ocasiones consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero”, continúa.

Sin embargo, el desencadenante de su salida fue el conflicto entre el Gobierno y los grupos que se identifican con los pueblos originarios. La cuestión toca de cerca a la ex ministra. Antes de su desembarco a la gestión pública, había ejercido la defensa letrada de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala y el lonko Facundo Jones Huala, entre otros litigios vinculados a las grupos indígenas y causas vinculadas a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar de 1976.

“Nada de lo expuesto, elimina todo lo realizado por este gobierno en políticas de género y diversidad hasta la actualidad”, aclara Gómez Alcorta en la carta, tras señalar sus diferencias políticas. “A pesar del contexto de pandemia que atravesamos, hemos construido y puesto en marcha desde cero – junto a un equipo único de funcionarixs y al compromiso de cada unx de lxs trabajadorxs- el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Un Ministerio que es hoy reconocido internacionalmente por los logros y las políticas innovadoras impulsadas en tan poco tiempo”.

En una enumeración sobre las medidas y acciones realizada durante su gestión, remarcó “la sanción de la ley de Aborto legal, seguro y gratuito, la Ley de 1000 días, la Ley de inclusión Laboral travesti trans; así como el decreto de DNI no binario, el de creación del Programa Acompañar -que al día de la fecha ha asistido a más de 200.000 personas que atraviesan situaciones de violencia de género- y enviado al Congreso Nacional el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, de creación del Sistema Integral de Cuidados y de licencias igualitarias.

Además, indicó la puesta en marcha del “Plan Nacional de Acción contra las violencias 2020/2022, que finalizó con un 93% de las acciones cumplidas”, el “Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021/2023 y, recientemente, presentamos el nuevo Plan de Acción contra las violencias 2022/2024, que marca la hoja de ruta de las políticas en la materia del Gobierno Nacional”, la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género, “la asistencia a más de 550 familiares de víctimas de femicidios y travesticidios por medio del programa de Apoyo Urgente; y la atención de 272.516 llamadas a la línea 144 -en la cual invertimos recursos y capacidades para modernizarla y renovarla-”; entre otras acciones.

“Aunque pueda resultar prematuro asignar causales, no hay dudas de que estas -y otras- políticas incidieron en que por primera vez en nuestra historia hayamos logrado bajar la tasa de femicidios y travesticidios en nuestro país en un 13%”, destacó.

“Desde el primer día nos propusimos llevar adelante una gestión federal, de puertas abiertas y con los pies en el territorio, sabiendo que este Ministerio fue una conquista histórica de la calle, del movimiento de mujeres y la diversidad”, recordó la ex funcionaria. Y equiparó este conjunto de acciones con perspectiva de género realizadas como una “nueva institucionalidad” similar a “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, ya que permiten establecer un “punto de consenso social y político mínimo que asegure un lugar de jerarquía a la agenda de ampliación de los derechos de las mujeres y LGBTIQ+ y del cual esperamos que no se pueda retroceder”.

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Sobre el final de la carta, la ex funcionaria reconoció que la existencia de una cartera ministerial especializada en perspectiva de género es objeto de controversia en sectores de la sociedad y de la oposición: “Cuando la derecha grita, patalea y argumenta en contra de nuestra agenda, cuando afirman que hay que cerrar el Ministerio, reducir su presupuesto o cuando expresan que se trata de una agenda de minorías, tenemos la certeza de que son los mismos que siempre han querido construir una sociedad para unos pocos, y que representan proyectos profundamente elitistas, autoritarios y antidemocráticos. Por el contrario, nosotrxs, tenemos la convicción que solamente con más Estado presente, empático y cercano podremos revertir la enorme desigualdad en la que vivimos las mujeres y LGBTIQ”.

“Lo que hemos logrado nos genera un enorme orgullo, pero sin dudas es insuficiente mientras sigan existiendo los niveles de violencia y desigualdad con los que convivimos a diario”, admitió la abogada de derechos humanos. “Como militante política, sé que ocupamos estos lugares en el Estado con el único objetivo de transformar la vida de las personas. Por eso siempre estaremos en la calle, junto al pueblo y nuestras convicciones, para asegurarnos de no retroceder nunca y siempre ir por más”, cerró, tras despedirse de Alberto Fernández con un “cálido abrazo”.

El Presidente se enteró ayer de la decisión de la funcinaria mientras viajaba a una recorrida por la 59° Exposición Nacional de la Flor, en la localidad bonaerense de Escobar. La portavoz Gabriela Cerruti confirmó la aceptación de la renuncia y transmitió el agradecimiento del jefe de Estado por la labor desempeñada.

Unos 250 efectivos de reparticiones federales, que integran el comando operativo unificado conformado para frenar la escalada de violencia de Villa Mascardi, se trasladaron durante la madrugada de hoy al paraje rionegrino – situado a 35 kilómetros de Bariloche – y minutos después de las 07.30 se desplegaron en la zona para iniciar operativo que se propone desalojar todos los predios ocupados. Las autoridades calculan que los mapuches controlan una zona de alrededor de 40 hectáreas.

Tres horas después del inicio del operativo se conoció que hubo al menos 12 personas detenidas, siete mujeres y cinco menores, que estaban cuidando las casas tomadas, precisaron fuentes oficiales. En paralelo, mientras las fuerzas de seguridad avanzaban sobre el territorio, habló María Nahuel, representante del Loft Winkul Mapu. “El Estado nos robó nuestra Mapu y por más que nos saquen siempre vamos a volver a nuestro territorio. Les pido a los mapuches que se manifiesten”, señaló en diálogo con Radio Con Vos.

El movimiento de los equipos tácticos, unidades antitumulto y reparticiones especiales de distintas fuerzas no pasó desapercibido en la ciudad rionegrina. También llamó la atención el ir y venir de un helicóptero perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) cuya presencia en la zona es inédita. Los integrantes de los cuerpos de seguridad se desplegaron en el cerro y alrededor de las 7 de la mañana la tensión fue en ascenso: los mapuches arrojaron piedras a insultaron a los periodistas que estaban en la zona y dieron señales de que están dispuestos a resistir.

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El despliegue comenzó durante la madrugada, con la reunión de los integrantes de las distintas fuerzas en el predio de la Escuela Militar de Montaña, perteneciente al Ejército Argentino, quienes se trasladaron luego en caravana hasta el paraje turístico ocupado por la agrupación autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche y 25 de la base operativa del comando. Y a primera hora del día llegó a la zona la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez., quien está con la fiscal Cándida Etchepare.

La magistrada no quiso hacer declaraciones porque todo esta bajo secreto de sumario. Ahora los cuerpos de seguridad avanzan en una zona a la que en estos momentos es imposible acceder.

“El comando cuenta, principalmente, con efectivos de la Policía Federal Argentina aunque también está conformado por fuerzas especiales de Gendarmería Nacional y Prefectura” indicaron fuentes con acceso a la planificación logística del operativo.

Silencio y cautela

En las primeras horas del día, las fuentes judiciales consultadas optaron por sostener un apretado hermetismo en relación a la tarea que ejecutarán los uniformados. “La conformación del comando tiene, como objetivo principal, frenar la escalada de violencia y evitar el avance de los autoproclamados mapuches a viviendas y sitios que no resultaron afectados” dijo a este medio una fuente vinculada a la causa.

En Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también optó por manejarse con suma cautela. “Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar, vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, resumió en declaraciones a TN., antes de que las fuerzas aparecieran en el lugar.

La magnitud del operativo denota que la misión no es meramente preventiva, sino que la finalidad es desalojar todos los lotes que fueron ocupados y que actualmente cuentan con presencia de integrantes de la violenta agrupación.

La logística del operativo fue definida este lunes, en el marco de dos reuniones que se realizaron en el Escuadrón 34° de Gendarmería Nacional y en el epicentro de la base operacional, en el Ejército Argentino, respectivamente.

En el segundo de los cónclaves – del que habría participado la jueza federal subrogante Silvina Domínguez – se definieron los pormenores del operativo, que arrancó a las 5 de la mañana con el encuentro de todos los uniformados en el predio del Ejército Argentino.

Más de 200 agentes pertenecientes a distintas fuerzas arribaron entre sábado y domingo al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina: un Fokker y un Hércules.

Además vehículos antitumulto – tanquetas e hidroaviones – de la Policía Federal Argentina (PFA) y una unidad especial de comunicaciones, hicieron lo propio por tierra.

Antecedentes

El conflicto de Villa Mascardi comenzó en 2017 con la usurpación de dos predios de Parques Nacionales. En el marco de una diligencia de desalojo en noviembre de ese año, dispuesta por la Justicia Federal, fue asesinado Rafael Nahuel, un joven integrante de esa agrupación, en el marco de un presunto enfrentamiento con integrantes de la fuerza especial Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del allanamiento.

Los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu regresaron al territorio y no sólo nunca más se retiraron sino que, además, avanzaron sobre propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico.

“Este es nuestra lucha territorial, venimos a reivindicar la presencia de nuestros antepasados” aseguran los encapuchados, cuya presencia histórica no está documentada y su funcionamiento como presunta comunidad mapuche tampoco es avalada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Luego de la ocupación de los primeros lotes, los encapuchados vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS – donde estaba prevista la instalación de la Escuela de Guardaparques- y la propiedad La Escondida, perteneciente al vecino Juan Greham y su esposa.

Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado.

La semana pasada, luego de incendiar un puesto móvil que tenía Gendarmería Nacional en la propiedad Los Radales – que había sido incendiada el 1 de agosto pasado- colocaron barricada en el acceso e ingresaron a la vivienda, continuando con su plan de expansión en todo el territorio.

El último miércoles también usurparon La Cristalina, una cabaña que pertenece al presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.

Ante noticia que asegura que la justicia chilena liberará al máximo referente conocido de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, los vecinos de Villa Mascardi expresaron su temor. El presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi Diego Frutos denunció “ataques terroristas” por parte de la RAM aseguró que ante la situación siente “desesperación” y “un angustia total”.

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“Sabíamos que podía a suceder, pero no tan pronto”, afirmó tras la liberación del líder mapuche. “Estamos solos, no tenemos la asistencia del Estado. Es obvio que se va a venir a instalar acá, y todas esas amenazas que venía emanando desde la cárcel las va a hacer efectiva”, anticipó Frutos, quien describió haber recibido reiteradas golpizas por parte de la familia Hualas, y hasta el incendio de su propiedad.

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En la misma línea, el presidente vecinal pidió al Gobierno que envíe gendarmes y efectivos para el cuidado del barrio. “No estamos preparados para más ataques, no quiero más palizas. Señor Aníbal Fernández, no existe la mesa de diálogo que quiere, son mesas inconducentes”, sostuvo Frutos en diálogo con Radio Rivadavia. Y reclamó: “Por favor envíenos efectivos y gendarmes, necesitamos estar cuidados por favor”.

Ante esta situación, los vecinos del lugar afirman recibir amenazas y sentir temor a la hora de denunciar. Además, confirmaron que no reciben ninguna asistencia ni respuesta por parte del Estado Nacional. “Estamos solos sin la asistencia de nadie. El Gobierno nos quiere imponer esas famosas mesas de diálogo que son inconducentes. Qué diálogo se puede tener con alguien que te quemó la casa”, declaró Frutos.

Por último, describió el escaso diálogo que mantenía con la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, y señaló que su sucesor, Aníbal Fernández, pidió que arreglen los acuerdos por “la vía del diálogo”. “Al Gobierno Nacional le pido que por favor actúen de una buena vez. Necesitamos una solución, por favor”, imploró Frutos.

Acusaron a la ministra de Seguridad Frederic de “apoyar a los usurpadores”.

Vecinos y propietarios de Villa Mascardi reunieron más de 35 mil firmas para exigirle al presidente Alberto Fernández que intervenga con fuerzas federales en la toma de tierras por parte de grupos mapuches.

La acción se lleva adelante luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación que dirige Sabina Frederic denunciara por “instigación a la violencia” a un grupo de vecinos que el sábado por la tarde cortó la ruta 40 de Bariloche en apoyo a los dueños de las tierras tomadas en la reserva de El Bolsón.

El petitorio, que se titula “Sr Presidente: Reconoce la soberanía de la República Argentina en Parque Nacional N.Huapi?”, reclama acciones por parte de la Casa Rosada para resolver el conflicto en Río Negro.

“Los vecinos de Villa Mascardi, todo el pueblo argentino, necesitamos el reconocimiento expreso de la soberanía Argentina en el Parque Nacional Nahuel Huapi mediante su intervención a través de las fuerzas federales de seguridad para el desalojo de los intrusos y la posterior custodia efectiva del territorio de dominio público y privado de este ambiente natural en zona de frontera especialmente protegido por nuestra legislación para el goce de las presentes y futuras generaciones”, reza el escrito que reunió, hasta el momento 35.933 firmas.

Diego Frutos, vecino de Villa Mascardi, aseguró en diálogo con TN que “están desamparados” y que no tienen protección por parte del gobierno provincial de Arabela Carreras ni el Ejecutivo Nacional.

El texto que puede leerse en el sitio change.org también apunta a Sabina Frederic, a la que acusan de “apoyar a los usurpadores” de los terrenos.

“Miente cuando afirma que existen conflictos territoriales con pueblos originarios en Mascardi cuando lo que existe es un accionar terrorista probado en sede judicial”, continúa el escrito en el que los vecinos cuestionan el accionar de la agrupación Lof Lafken Winkul Mapu.

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció a los vecinos que protestaban en la Ruta 40 por “instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita”. Según entienden desde la cartera nacional, los autoconvocados incitaban a la utilización de “armas caseras y/u objetos de diversa índole que puedan ser utilizadas como tal, con intenciones de generar y producir hechos de violencia”.

La convocatoria había circulado a través de las redes sociales, acompañada de un comunicado que expresaba “solidaridad con los vecinos de Villa Mascardi y funcionarios de Parques Nacionales, de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal Federal, de la Comisión de Fomento y de la Policía de Río Negro que recibieron ataques y amenazas de un grupo vinculado al RAM, en situación de la posesión clandestina de la zona turística de Villa Mascardi, perteneciente al Parque Nacional Nahuel Huapi”.

Sobre el final del texto, los vecinos piden “cesar la comisión del delito de usurpación que se lleva adelante desde noviembre de 2017″. Aseguran que la agrupación mapuche resiste con violencia y no respeta la Constitución Nacional al no reconocer como propio al Estado argentino. “Se debe recuperar pacíficamente la Soberanía Argentina en el Parque Nacional Nahuel Huapi y evitar males mayores”, cierran en el escrito.

Pertenece a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y llevó al grupo violento a instalarse en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es prima de Rafael Nahuel, asesinado en 2017 en un enfrentamiento con efectivos de Prefectura.

TOMADO. Un sector de los mapuches mantiene una toma en un predio en Río Negro. Con apenas 19 años, Betiana Colhuan es la líder del grupo de encapuchados que atacan vecinos, incendian cabañas y usurpan terrenos en las inmediaciones del Lago Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche. Es la “machi” de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. En la cultura mapuche, esa figura es representa a una consejera espiritual y principal referencia médica y religiosa.

Desde sus 16 años, Betiana es la guía del grupo que se instaló en el Parque Nacional Nahuel Huapi. A mediados de 2017 la joven recibió una especie de epifanía que los llevó a instalarse en los terrenos que, según plantean, les corresponden por cuestiones ancestrales. Así empezó el problema que se extiende hasta estos días. Los mapuches usurparon entonces un predio de tierras fiscales y ahora, tres años después, usan ese lugar de base para salir a atacar las cabañas de los vecinos.

En noviembre de 2017 se hizo efectiva la usurpación de las tierras fiscales y la comunidad empezó también a cortar con frecuencia la Ruta Nacional 40 para visibilizar sus reclamos. El 25 de noviembre se dio un enfrentamiento dispar entre manifestantes y la Prefectura Naval Argentina en el que murió así Rafael Nahuel, de 22 años. Betiana es la prima del joven asesinado. Fue a partir de la influencia de María Nahuel, su tía, que Rafael decidió acercarse a Lof Lafken Winkul Mapu. María es la madre de la actual machi, que a su vez tiene un hijo con Matías Santana, el testigo que aseguró que los agentes de Gendarmería trasladaron el cuerpo de Santiago Maldonado.

Ahora, esta comunidad mapuche encabeza una serie de robos, agresiones y amenazas a los vecinos de Mascardi. En el programa de tv “Con Voz y Voto”, de la ciudad de Bariloche, la machi dio una entrevista y anunció que seguirían con sus prácticas violentas. “Los dueños, que viven en Buenos Aires, que están en sus casitas cómodos y con gas, van a tener que ir sacando sus valijas”, dijo. Muchas de las residencias ubicadas en el Parque Nahuel Huapi son de gente que no vive allí y que lo utiliza como segunda vivienda. Muchos residen en Bariloche y otros tantos en Buenos Aires.ven de 22 años fue asesinado por el prefecto Javier Pintos, según confirmaron las pericias.

Para los vecinos, víctmas de constantes ataques, la legitimidad de la comunidad Lof Lafken Winkul es nula. “No son mapuches, son delincuentes”, dice Diego Frutos, dueño de una cabaña que fue incendiada el 2 de agosto y atacada de nuevo veinte días más tarde. El modus operandi de los liderados por Betiana Colhuen se basa en apedrear las casas para comprobar si hay alguien y, en caso de estar vacías, avanzar con la usurpación, el robo o incluso el incendio de la misma.

No tienen inscripción en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y no cuenta siquiera con el reconocimiento de otras comunidades reconocidas de la zona. Desde la agrupación mapuche Lof Wiritray – Relmü Lafken, que se ubica a pocos kilómetros y tiene una convivencia sana y respetuosa con los vecinos, publicaron un documento en el que aseguran que no acompañan las tomas.

“Nunca existió en el citado lugar, hasta noviembre de 2017 ninguna otra comunidad mapuche, ni asentamiento, ni reinvidicaciones territoriales ajenas a nuestro propio reclamo histórico, legítimo y documentado”, explican. Además, indican que Betiana Colhuen se toma atribuciones que no le corresponden y van en contra de las tradiciones ancestrales mapuches. “Una machi es una persona que dedica su vida a nuestra medicina pero no cumple un rol ni tiene bajo ningún concepto la autoridad política para decidir dónde debe o no, radicarse una comunidad”, argumentan.

Agregan también que si una machi se dedica a “llamar a la violencia, a dividir ni generar discordia, va en contra de su propósito en ésta tierra” y afirman que en la comunidad que lidera la prima de Rafael Nahuel “usa la etnia como excusa para escudarse y robar, amenazar, cuatrerear y mentir, y esconden su rostro para delinquir impunemente en la zona”

Para finalizar, ponen en dudas sus orígenes “Claramente no son de origen mapuche. Los vecinos de la zona aledaña a la ocupación los reconocen como del área metropolitana de Buenos Aires y como punteros de agrupaciones sociales y partidos políticos”, dice el comunicado.

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, aseguró hoy que el Gobierno nacional mantiene una negociación con los grupos mapuches que toman tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y destacó que se está “yendo por el camino del diálogo, porque en 2017 esta misma toma terminó en allanamiento, desalojo y una persona muerta”.

En declaraciones a Radio con Vos, la funcionaria nacional se refirió así al operativo de la Prefectura desplegado en el año 2017 que terminó con la vida de Rafael Nahuel durante un intento de desalojo de estas tierras en Villa Mascardi.

“La ocupación ocurrió en el año 2017, la justicia ordenó un allanamiento primero de la Policía Federal y luego del Grupo Albatros, que entra al predio y allí ocurre la muerte de Rafael Nahuel”, relató Frederic.

“El camino del desalojo -amplió la funcionaria- que ejecutaron fuerzas que dependían de Patricia Bullrich fue un fracaso, porque el desalojo no prosperó y murió una persona”.

La titular de Seguridad explicó que cuando asumieron el Gobierno tuvieron “la visita de la gobernadora (de Río Negro), que manifestó el interés de avanzar en el diálogo, en la negociación” y, en ese sentido, rescató que “es un camino que se está transitando”.

Frederic explicó que en esta negociación con los grupos que realizan tomas de tierras -referenciados en la comunidad Huincul- esperan que “ellos se avengan a ciertas condiciones, y en caso de que esto no ocurra, si la justicia decide que hay que desalojar, habrá que desalojar”.

Asimismo, Frederic aclaró que las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad en relación a la marcha del sábado pasado, en la que vecinos se opusieron a las tomas, apuntaron a “denunciar la posible comisión de un delito, ante la información de que había personas que se estaban armando”.

“Nosotros pedimos que la justicia investigue si existían personas que se estaban armando de manera ilegal en el marco de esta protesta”, aseguró la funcionaria.

“El jueves comenzamos a tener información que mencionaba la compra de armamentos y que la protesta del sábado estaba orientada, según estos mensajes, a disparar a los mapuches que estaban ocupando Mascardi”, precisó.

La ministra aclaró que se tomó la medida de “denunciar”, pero “también la de desplegar efectivos de Gendarmería para evitar que los manifestantes llegaran al lago Mascardi y se desatara un hecho de violencia”.

“Estamos conversando, terminando de establecer nuestras condiciones a lo que pide la comunidad”, dijo Frederic sobre el acuerdo al que se tratar de llegar con quienes toman estas tierras.

Al mismo tiempo, aclaró que están “en un contexto en el que el Gobierno nacional suspendió los desalojos, y también hay una controversia sobre si hay que incluir o no a esta comunidad en esa norma”.

“Estamos en un momento de cierre importante de estas conversaciones y es legítimo que haya gente que proteste en contra, pero lo que no puede ocurrir es que esto desate violencia”, concluyó Frederic.