El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de enero y afectará a los mayores de 18 años. A partir del 15 de marzo se vigilará el cumplimiento de la norma que prevé multa de hasta 600 euros.

La Ley de vacunación obligatoria contra el coronavirus entró en vigencia este martes en Austria para todas las personas mayores de 18 años que estén registradas en el país.

Desde principios de febrero, las personas que no se han vacunado deberán hacerlo, y a partir del 15 de marzo se vigilará el cumplimiento de la ley que prevé una multa de hasta 600 euros por incumplimiento.

La ley no abarca a las personas menores de 18 años, las mujeres embarazadas ni a quienes la vacunación pueda acarrear algún riesgo para la salud, informó la agencia de noticias Sputnik.

Austria: la vacunación contra el coronavirus será obligatoria a partir de febrero

En el caso de los pacientes recuperados de la Covid-19, la excepción es válida por 180 días después de la prueba positiva de coronavirus.

En el paquete de este proyecto de ley también se consideró la lotería por la inmunización, con la cual, a partir del 15 de marzo, uno de cada 10 de sus participantes podrá ganar un cupón de 500 euros por cada vacuna aplicada.

Una ciudad de Austria contratará a residentes para multar a los que no se vacunen

El proyecto de ley fue aprobado en el Consejo Nacional de Austria (Cámara baja del Parlamento) el 20 de enero, con una abrumadora mayoría de diputados que votaron a favor, adoptándolo en tercera lectura.

Cientos de protestas tuvieron lugar en el país cada fin de semana contra la ley y las restricciones anticovid, principalmente en la capital Viena.

Se trata de un documento que podrá tenerse tanto impreso como en digital, constatará que cada pasajero haya sido completamente inmunizado contra el coronavirus y permitirá viajar a los 27 países del bloque y a Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, que se unieron a la iniciativa.

De acuerdo a lo informado, cada uno de estos países estará obligado a aceptar turistas vacunados con ambas dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, la cual es monodosis. Por otro lado, también podrán aceptar a personas vacunadas con otras dosis aplicadas en el bloque, como la Sputnik V en Hungría, y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la de Sinopharm.

A su vez, el certificado dispone que en el mismo figuren datos personales “estrictamente necesarios” sobre el COVID-19 y que los pasajeros no deban realizar aislamiento, aunque ello queda a decisión de cada uno de los países.

A pesar de esto, la Unión Europea todavía deberá evaluar las cifras de contagios, muertes y hospitalizaciones por la variante Delta, la cual podría, dependiendo justamente de dichos datos, hacer que las autoridades den marcha atrás con la laxación de las restricciones de las fronteras.

El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluirá este miércoles, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Este martes por la mañana, el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz dijo -en declaraciones radiales- que “la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto”.

“Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada”, detalló.

Este martes, la Federación de Inquilinos Nacional realizó un “ruidazo inquilino” en distintos puntos del país “para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler”.

Asimismo, la manifestación apuntó a “pedirle al Gobierno que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola”.

Por otra parte, sostienen que es necesario implementar un “plan de desendeudamiento de las familias inquilinas” y el “control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses”.

A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó a Télam la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril “no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.

Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

Un protocolo para casos de desalojo

Por otra parte, esta semana se creó el “protocolo de riesgo temprano de desalojo” con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó a Télam que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.

“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.

Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.

Un fallo judicial hizo lugar a una medida cautelar contra la aplicación de la ley. Según la jueza Marta Aucar de Trotti, la norma nacional va en contra de la Constitución de la provincia, que defiende “a la vida y a la libertad desde la concepción”.

Un fallo judicial ordenó suspender este jueves, la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) en la provincia de Chaco. Una medida cautelar presentada contra su aplicación en la provincia, fue aceptada por la jueza Marta Aucar de Trotti.

La magistrada fundamentó su decisión del fallo basado en que la ley aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2020, contradice a la Constitución de la provincia, que defiende “a la vida y a la libertad desde la concepción”.

La jueza, quien interrumpió la feria judicial para dar lugar a la medida cautelar, ordena “la suspensión de la aplicación de la Ley N 27.610, en el territorio de la Provincia del Chaco, hasta tanto se resuelva la acción principal, conforme a los considerandos de la presente”, según describe el fallo.

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La medida fue dictada por la jueza , Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, Chaco.

El escrito señala que desde la perspectiva de las competencias entre la Naciòn y las provincias donde regulan un mismo tema, debe de ser aplicable la “ley mas favorable”, donde se expresa que se mantenga el criterio de “darle mayor valor a los derechos de la persona humana”.

Es en este “compromiso de la defensa de la vida desde la concepcion” que la medida cautelar argumenta la competencia del Gobierno de la Provincia del Chaco junto con el Ministerio de Salud Pública provincial, para “asumir y garantizar a los habitantes en todo el territorio provincial, el pleno ejercicio del derecho a la vida desde la concepciòn”.

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La medida cautelar fue una petición de cinco ciudadanas chaqueñas. En el escrito de siete páginas la jueza resolvió, ”hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina”.

La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, lo que abarcará a 12 mil contribuyentes.

El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.605 que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes Fortunas “con carácter de emergencia y por única vez”, a fin de “morigerar los efectos de la pandemia” de coronavirus.

La norma fue sancionada el 4 de diciembre pasado; y su entrada en vigencia se oficializó mediante la publicación del Decreto 1024/2020 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, lo que abarcará a 12 mil contribuyentes.

Estarán alcanzadas las personas físicas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en la Argentina y en el exterior.

También alcanza a “aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”, según indica la ley.

En tanto, los que vivan en el exterior, pagarán por la totalidad de sus bienes en la Argentina.

El monto del aporte a ingresar se basará en una escala publicada hoy en el Boletín Oficial donde los porcentajes van del 2 al 3,5 por ciento, según la magnitud de las riquezas declaradas.

Por otra parte, por el total de los bienes situados en el exterior, los contribuyentes pagarán porcentajes que van desde el 3 al 5,25 por ciento, también en base a otra escala.

Por otra parte, la ley prevé el destino de los fondos: un 20% será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, otro 20% irá como subsidios a pymes, un 20% será destinado al programa Progresar; y un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El 25% restante irá a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación vinculados a la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Esta actividad resulta “de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A”, detallaron las autoridades.

La versión que se presentó esta semana incluye el mapa bicontinental de la Argentina. El subdirector de Registros de la provincia, Francisco Dallo, aseguró que “sigue siendo válido el DNI que ya tienen en sus manos”.

Este martes se oficializó el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), impulsado por el Ministerio de Interior de la Nación para resaltar la importancia de la soberanía del país y poner en valor la extensión territorial.

Francisco Dallo, subsecretario de Registros sobre Personas Humanas y Jurídicas de la provincia, explicó las diferencias de diseño y las modificaciones respecto al actual. “El gobierno nacional comenzó a confeccionar los DNI con nuevas medidas de seguridad, con un diseño diferente que en definitiva no afecta en nada a los que ya tenemos el DNI otorgado. Todos los que tiene DNI, con sus respectivos vencimientos, pueden utilizarlos, conservarlos mientras que no lo extravíen o no se venza”. Por este motivo, “ les pedimos que lo conserven, lo usen, que no concurran a modificar o hacer un nuevo DNI salvo que tengan que hacer cambio de domicilio o lo extravíen”, puntualizó.

De este modo, aseguró: “Es válido el DNI que ya tienen en sus manos. Lo que ha hecho el gobierno es incorporar un sector del territorio nacional al diseño de la parte posterior del documento, donde se podrá visualizar la Antártida y las Islas Malvinas, siendo de algún modo el reconocimiento y un reclamo a la soberanía en nuestro país. También se incorporaron nuevas medidas de seguridad, se modifican los colores y dibujos, pero sigue siendo igual de válido el que los ciudadanos tienen actualmente”, recalcó.

Cuándo entra en vigencia

“Al haber sido anunciados por Nación, todos los DNI que tramitemos durante estos días ya van a empezar a llegar con ese formato, aproximadamente en dos semanas”, estimó el funcionario, quien manifestó que se están atendiendo a razón de 60 turnos de DNI por día. Además, aclaró que la confección de los mismos es tarea de RENAPER en la Nación.

La Atención en el Registro Civil tras los casos de coronavirus

“El Registro sufrió casos positivos de Covid, casos de aislamiento por contacto estrecho, concretamente repercutieron en el área de defunciones, que es un área sensible. Pero siguió funcionando normalmente, y respetando los turnos que estaban dados”.

“Lo que hicimos fue trasladar ese sector de trabajo a la sede de Santo Tomé, y de esa manera suplimos la ausencia temporaria del personal. Desde que comenzó esto hemos tratado de hacer lo mejor posible, y lo vamos logrando. La atención es normal, seguimos permanentemente reinventándonos en la modalidad de trabajo, en el esquema de tareas, tratando de brindar el mejor servicio posible”, expresó.

En este sentido, Francisco Dallo, anticipó que la semana que viene el Registro Civil estará lanzando nuevas modalidades de trabajo para brindar una mejor atención al ciudadano de Santa Fe. Las mismas, estarán basadas puntualmente en lo relacionado a archivos, emisión de partidas y demás. “Queremos agilizar ese servicio, que es de alguna manera el que más nos preocupa por el volumen de trabajo que implica para el Registro Civil”, aseguró.