A media mañana de este miércoles 30 de abril, personal de Prefectura Naval Argentina encontró un millonario cargamento de cocaína oculto en cámaras frigoríficas de un buque que estaba amarrado y cargando pellets de cereal en el puerto que la empresa Vicentin posee en la costa de San Lorenzo, unos 20 kilómetros al norte de Rosario.

Según las primeras informaciones, la carga estaba oculta en un cargamento de girasol y se estima que supera los 250 kilogramos de cocaína.

Voceros señalaron que el buque tiene bandera de las Islas Marshall, ubicado en el océano Pacífico, en la región de Micronesia (Oceanía) y según su itinerario, llegó de Dubai e iba a tener escalas en Montevideo para luego dirigirse a Europa (no se especificó por el momento el puerto de destino final).

La investigación está a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto.

Noticia en desarrollo.

El ducto agujereado conectaba la aceitera de Ricardone con el puerto en San Lorenzo que tiene la empresa. Según las primeras investigaciones, la maniobra delictiva hace años que se viene concretando generando ingresos por entre 30 y 40 millones de pesos al mes.

Para entender la magnitud de la organización del robo que las autoridades policiales desarticularon ayer, hay que explicar que para embarcar por el puerto el aceite que fabrica Vicentin en su planta de Ricardone se construyó un ducto subterráneo que conecta la planta con el muelle que la firma tiene en San Lorenzo.

Según el operativo realizado anoche por la Agencia de Investigación Criminal con al menos 6 allanamientos en esa zona, ese caño fue pinchado a la altura de un campo de la zona para robar parte del aceite que por allí pasaba. 

La maniobra delictiva consistió en colocar en ese predio alquilado un contendor que desde afuera parecía en desuso, pero que desde adentro se cavó un pozo hasta el caño que lo pincharon para sacarle aceite que se vertía en grandes toneles que estaban adentro del container y que luego retirados para llevarse a distintos depósitos que la organización tiene en la zona.

Y según las investigaciones, al parecer la maniobra lleva años realizándose hasta que por un incendio en la zona, la presencia del contenedor llamó la atención a bomberos y policías.

Con el dinero obtenido, los sospechosos habrían montado instalaciones y galpones, por ejemplo uno muy grande en Ricardone, en la que también se encontraron motores de autos desarmados y muchos vehículos. 

En los allanamientos, dos en San Lorenzo y cuatro en Ricardone, las autoridades se quedaron con dispositivos, como celulares y computadores, muy útiles para la causa. Sobre todo, para detectar a quién y de qué forma comercializaban el aceite robado.

El gobernador destacó el impacto económico que tuvo ese proceso en los últimos 30 años y el gran impacto en productores de la región. Sobre Vicentin reclamó la resolución más amigable posible para tener a pleno funcionando a la firma.

Mario Cáffaro

El 11 de diciembre de 2019, día en que asumió la gobernación Omar Perotti, el entonces flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, vino a Santa Fe, lo acompañó en el acto de jura ante la Legislatura y anunció que la hidrovía Paraná-Paraguay iba a dejar de estar en la órbita de Nación y pasaría a ser administrada por los distritos involucrados. “La hidrovía debe ser gobernada por las provincias que en verdad tienen y usan la hidrovía”, afirmó entonces. Hoy se la llama Vía Navegable Troncal (VNT) y está bajo jurisdicción de la Administración General de Puertos (AGP) que depende del gobierno central. Perotti expresó si está conforme con la marcha de esa vía que es clave para la salida de la producción.

“La Argentina empezó a saber algo más sobre la hidrovía, para mí la obra de mayor impacto federal en la Argentina de los últimos treinta años. Es la que nos trajo el océano a la provincia, la que nos permitió acortar distancias y expandir la frontera agrícola, la que nos generó un proceso muy rico de inversiones en toda la ribera del Paraná” señaló. Enseguida destacó que “vencida la concesión, el tiempo ha permitido mostrar otras posibilidades, empezar a ver números, analizar cómo el Estado recupera más información. Hoy las provincias somos parte de un órgano de control, con un Consejo Federal de la Hidrovía para empezar a discutir con la Nación -cosa que antes no ocurría-. Antes un funcionario de Vías Navegables que era el que decidía, el que tenía la información y no daba bolilla absolutamente a nadie”.

Valoró que las provincias estén metidas en la discusión, “con la posibilidad de tener en el órgano de control que ordene las acciones que la AGP pueda llevar adelante tareas. El deseo es salir del corto plazo y que podamos dar una extensión en el mediano y largo plazo para despejar dudas, para que claramente quede establecida la vía troncal y hacia dónde se expande, particularmente en Santa Fe la decisión de los actores económicos es desde el puerto de Santa Fe hacia el norte”. Valoró que ya haya un cuadro tarifario para el uso de la vía entre Santa Fe y Confluencia que diferencia el comercio nacional del internacional.

El Río Paraná vuelve a bajar

“La idea es establecer un esquema de prioridades de las obras a hacer en cada uno de los puertos para darle un mayor aprovechamiento al tráfico fluvial. Ojalá podamos tener ese balizamiento de Santa Fe hacia el norte con esas condiciones e incorporar provincias que siempre lo han planteado: Misiones y Formosa podrían beneficiarse del tráfico; Corrientes que si recibiera el combustible vía fluvial tendrían costos menores. Una de las actividades fuertes del puerto de Santa Fe es el combustible,” marcó como ejemplo.

Para Perotti es central “garantizar la vía troncal. Provincia de Buenos Aires con un ente adicional analizará y llevará adelante junto a Nación el tema canal Magdalena pero no son cosas incompatibles, como se generaron algunas instancias de confusión de muchos opinadores que conocían poco del tema. También dijeron que el que dragaba era el que tenía que encargarse del control del narcotráfico, de la evasión. Los organismos que se encargan de eso son AFIP,. Aduana, Senasa, no el que draga.”

Para el gobernador “se debe dejar la institucionalidad en el órgano de control, poder establecer los vínculos a través del cual se lleva adelante la administración de la vía navegable en un esquema de concesión que contrate obras, que contrate a los mejores para hacerlo, lo que nos tiene que garantizar algo que ha sido excepcional: en la mayor bajante del río de su historia, se pudo operar porque el canal de la navegación permitió salir con el 70, 75% de la carga. Esto es impagable. No haber tenido esa vía nunca hubiera tenido la expansión y el desarrollo de la frontera agrícola como se ha dado. No serían viables muchas de las actividades que se desarrollaron. Pensemos el costo de llevar las cosechas en camión hasta Bahía Blanca o a Quequén. Existe la posibilidad de expandir la frontera cuando el flete se reduce”.

Sobre el final, Perotti hizo votos para “despejar la coyuntura, establecer un esquema de control sobre los costos de dragar cuidando ambientalmente cada paso, garantizar tener flete competitivo para el sector industrial que exporta y para el productor. Allí está el objetivo central y la preocupación de encaminar este proceso”, apuntó.

El gobernador Omar Perotti presentó la obra de ampliación del Hospital de Sunchales

Vicentin

Consultado por El Litoral sobre cómo observa el proceso de Vicentin, Perotti hizo votos “de una normalización de esa situación, el deseo de que no perdamos una empresa”. Advirtió que “la maraña judicial con las miradas que cada uno tenga pasan a ser muchas veces el negocio de los abogados, no el negocio de los trabajadores y de la actividad productiva. Tener a pleno funcionando una empresa, despejándola del conflicto, ojalá con la resolución más amigable posible a todos los actores y a todos los que fueron perjudicados en esa maniobra, sería lo deseable para la economía provincial y para la economía argentina”.

SanCor

Omar Perotti admitió que SanCor hoy ya no está en el podio de las lácteas argentina pero valoró que “el activo tan fuerte en esa marca que nos identifica con la producción láctea y que le hizo a la Argentina una enorme contribución. Fue SanCor la que abrió los mercados del mundo para la exportación láctea. El paso del tiempo, errores en conducciones, en la administración, diferencias entre las distintas cooperativas con su cooperativa madre fueron generando resquebrajamientos de esa gran estructura y le fue haciendo perder competitividad”, reseñó.

Subrayó que hoy en lechería hay jugadores internacionales de peso que intervienen en la Argentina y en nuestra provincia “y allí es donde ojalá pueda encontrarse un rumbo. El rumbo no es inmediatamente ser lo que fuiste. La reconversión pasa por saber desde donde se arranca, qué activos se resguardan, cómo se empieza a crecer tomando lo mejor, es lo deseable”. Pidió “no perder un actor que fue de alta significancia para el sector lácteo, a todos nos gustaría que tenga la dimensión que tuvo. Muchas crecieron con las dificultades de SanCor porque la producción láctea de muchas cooperativas se volcó a otras industrias. Hoy tenemos emprendimientos lácteos menores en cuantía pero con desarrollo de calidad importante. Son los cambios que se van dando en el sector”.

La diputada provincial por Encuentro Republicano Federal (ERF), Betina Florito aseguró que al caso de la empresa Vicentin, uno de los mayores conglomerados industriales de productos primarios de exportación argentino con sede en la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado, “debemos resolverlo conforme a derecho y respetando las instituciones democráticas”.

La precandidata a gobernadora por ERF dentro de Juntos por el Cambio, reseñó que días atrás la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe remitió el expediente del concurso de la empresa al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, y le recomendó “tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores y los acreedores, entre ellos productores, cooperativas y el Banco de la Nación Argentina”.

“Desde nuestro espacio queremos expresarnos por una postura dentro del marco legal, defendiendo la división de poderes y la propiedad privada como un derecho consagrado por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales a los que la República Argentina adhiere”, señaló. Tras la decisión del Alto Tribunal, ahora el juez Lorenzini deberá resolver en relación a la propuesta de acuerdo (pago) que Vicentin había presentado en el concurso por la deuda de más de 1.500 millones dólares, cuyo avocamiento y suspensión de los plazos procesales había pedido el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, el 16 de junio de este año.

Florito reconoció a los enfermeros y reclamó por sus derechos

“Con el doctor Lorenzini la causa Vicentin se venía desarrollando en el marco de la ley, por lo tanto no encuentro razón para que tome otro rumbo, como el salvataje que proponen algunos, procedimiento éste que tiene lugar cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores. No es éste el caso ya que se habían logrado las conformidades necesarias de acreedores alcanzando las mayorías establecidas en la ley, consiguiéndose la aprobación de más de 800 acreedores a la propuesta de pago hecha por la empresa Vicentín, logrando con ello satisfacer las expectativas de la mayoría de los acreedores” explicó la representante de Miguel Pichetto en Santa Fe.

Cabe recordar que el propio procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, había recomendado en septiembre pasado que no se haga lugar al pedido de avocamiento formulado por la empresa Commodities, uno de los acreedores de la agroexportadora. Barraguirre pidió que el expediente retorne a su juzgado original, el del juez Lorenzini, y asimismo sugirió una serie de controles institucionales sobre el magistrado. “Como integrante de la Comisión de Información y Seguimiento de Vicentin, siempre defendí, en primer lugar , el sostenimiento de las 7000 fuentes laborales de la cual dependen miles de familias, y todo lo que ello implica. Se ha venido cumpliendo con ese propósito, a tal punto que, pese a los inconvenientes, no hubo despidos.

Estoy convencida que una eventual quiebra de la empresa sería un golpe muy duro para el norte provincial. Por lo que sin homologación del acuerdo no hay continuidad de los fasones (trabajo a cuenta de terceros) que vence el próximo 31 de diciembre y nadie garantiza de esa manera el pago del sueldo de los trabajadores”, reseño Florito. Por otra parte, la legisladora consideró “inconveniente” la intervención del Estado (“mucho menos la controvertida expropiación de los comienzos de la causa por todos conocida”). “Creo que esa situación de la intervención del Estado con la idea de conformarse una empresa mixta está lejos de ser la mejor opción.

Más allá de los interrogantes que hay respecto a los modos en cómo se llevaría a cabo, creo que puede resolverse sin ella, pese a los distintos intereses que puede haber en el medio. Debemos dejar atrás los discursos sobre que la propiedad privada es un derecho secundario. , dice Miguel A. Pichetto y por eso es indiscutible e inviolable. Debemos ser razonables. Si el plan para que la empresa salga adelante se puede solucionar dentro de lo que establece la ley de Concursos y Quiebras, a ella se debe direccionar la búsqueda de las soluciones, como ocurre normalmente en estos casos, pese a la importancia de la empresa en cuestión”.

Florito: “Basta de decisiones unilaterales en educación”

Florito recordó la causa penal en paralelo que impulsa el fiscal Miguel Moreno y que tiene imputados a catorce exdirectores ejecutivos de Vicentin, por asociación ilícita y estafa. Al respecto, expresó: “estamos convencidos que los fiscales están realizando una investigación objetiva y rigurosa, recolectando los elementos probatorios que permitirán juzgar la responsabilidad penal, de esos ex directivos, si así lo fuera. Todos somos iguales ante la ley. Así lo manifiesta nuestra Constitución Nacional en su articulo 16 ( y la normativa provincial en el artículo 8 de la Constitución de Santa Fe).

Creemos en el respeto a las instituciones. En este caso debemos dejar que los fiscales hagan su trabajo y que los jueces juzguen conforme a derecho. Esa es la auténtica independencia de la que debe gozar la Justicia. Pero necesitamos que la empresa siga activa, ya no solo por los 7000 puestos de trabajo y las miles de familias que dependen de ellos, sino de gran parte del norte provincial que se beneficia con la presencia de la empresa en la región”, concluyó.

La agroexportadora Vicentin emitió un comunicado este lunes después del arresto del presidente del director Omar Adolfo Scarel. Consideró que la detención solicitada por los fiscales de Rosario Miguel Moreno y Sebastián Narvaja fue “injustificada, arbitraria y desmedida”.

Scarel, detenido en la localidad de Avellaneda, será trasladado a Rosario para ser imputado, en principio, el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal. Se presume que es por haber intentado realizar una supuesta venta de acciones de la firma Renova.

“Este hecho acontecido en el marco de un allanamiento ordenado por el Fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad» es absolutamente falso, ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”, indica el comunicado.

Detuvieron al presidente del directorio de la concursada Vicentin SAIC en Avellaneda

En el texto que publicó la firma se agrega que “tanto Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin imputados en la causa han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia y han prestado su colaboración cada vez que les ha sido requerida”.

“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”, añadieron.

Vicentin: imputaron por estafa a los principales integrantes de la empresa

Desde la empresa insistieron que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”. “Confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”, concluyó el documento.

Omar Scarel fue aprehendido en su vivienda de Avellaneda. El operativo fue realizado por la AIC ordenado por la fiscalía de Rosario. La empresa calificó la medida como “injustificada, arbitraria y desmedida”.

GUSTAVO CAPELETTI

El contador Omar Scarel, titular del directorio de la concursada Vicentin SAIC, fue detenido esta mañana en su domicilio de Calle 7 de Avellaneda en el marco de una serie de allanamientos por la causa penal contra directivos de la firma.

Omar Adolfo Scarel, el actual presidente de la compañía había sido imputado en octubre del año pasado por supuestas estafas.

Los operativos fueron solicitados por la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía de Rosario que entiende en la causa y diligenciados la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Según trascendió, la detención de Scarel guarda relación con la causa por disposición de activos de la empresa Renova al momento en que estaban autelados por orden judicial. Los detalles de la investigación se reservan para la audiencia imputativa, que está prevista para los próximos días, confiaron los investigadores, y revelaron que se secuestró dispositivos electrónicos de almacenamiento para peritar.

Los fiscales que intervienen son los doctores Narvaja y Moreno, que imputarían al contador el próximo jueves.

Vicentin: imputaron por estafa a los principales integrantes de la empresa

“Arbitraria” Ante la consecución de esta medida judicial, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo en el día de la fecha, en horas de la mañana, se “ha producido de manera absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida”, la detención en su domicilio de la localidad de Avellaneda de Omar Scarel, presidente del Directorio de Vicentín S.A.I.C. Este hecho acontecido en el marco de un allanamiento ordenado por el fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, “no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un ‘incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad’ es absolutamente falso”, ya que la compañía “de ninguna manera ha incumplido estas restricciones” y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas, agregó.

Por otra parte, tanto Scarel como todos los miembros del Directorio de Vicentin S.A.I.C imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida, hizo constar la firma. En tal sentido, indicó que “llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras”, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido.

“No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”, concluyó.

Según confirmaron a este medio fuentes cercanas a la familia Vicentin, anoche fue hallado sin vida Nicolás Nardelli, de 37 años, hijo de Gustavo Nardelli, uno de los referentes de la empresa Vicentin, la agroexportadora instalada en la ciudad santafesina de Avellaneda.

El cuerpo fue hallado en una vivienda de Campo Timbó, un club de campo cercano a Timbués, y de acuerdo a diferentes fuentes oficiales que estuvieron en contacto con los medios locales, el joven se habría quitado la vida.

Embargo millonario a los directores de Vicentin

“Los primeros exámenes médicos manifiestan que no hay signos de violencia externa, todo indicaría o suicidio o fallecimiento por causas naturales. Se solicitó autopsia para corroborar causa de fallecimiento. Lo lleva Fiscal Lucente de sede san lorenzo. Cdo este el resultado de autopsia actualizamos”, dijeron fuentes de la Fiscalía de Rosario.

Vicentin tiene tres compradores

La empresa Vicentin atraviesa un momento económico muy complejo y se encuentra en Concurso de Acreedores. En febrero del año pasado, la deuda reconocida por Vicentin alcanzaba los 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento.

Entre los acreedores de la empresa había 1.895 proveedores de granos, otras 586 empresas que le vendían bienes y servicios, y 37 bancos y financieras. Pero además Vicentin quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales, a 98 de sus accionistas (la mayoría de ellos distintos integrantes de la familia fundadora) y a tres de sus empresas controladas por el propio grupo, que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron.

A mediados del año pasado, el Gobierno de Alberto Fernández propuso intervenir y expropiar la empresa, algo que fue rechazado por una gran parte del sector agroindustrial y de la sociedad, especialmente por los habitantes de la ciudad santafesina de Avellaneda, que se movilizaron de manera inmediata en solidaridad con la empresa. Luego la administración nacional decidió dar marcha atrás con la iniciativa.

La Cámara Federal de Resistencia confirmó embargos solicitados por AFIP en una causa penal tributaria, por reintegros de IVA con comprobantes apócrifos.Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso embargos por $100 millones a directores de la agroexportadora Vicentin, en una causa penal tributaria, por reintegros de IVA con comprobantes apócrifos. los jueces decidieron “hacer lugar al embargo de bienes libres de la firma y las personas físicas denunciadas en autos, bajo responsabilidad de la denunciante, en cantidad suficiente para cubrir la suma de $111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal”.

De esta forma, el tribunal confirmó los embargos que habían sido ordenados por el Juzgado Federal de Reconquista sobre los bienes de Vicentin SAIC y sus responsables, a partir de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La resolución tiene origen en la apelación realizada por los representantes de los contribuyentes denunciados. La AFIP denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agosto de 2020. Las maniobras detectadas por el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont consisten en el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. La denuncia fue ampliada en abril de 2021.

La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros.

El organismo determinó entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.

Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos. Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entendieron por mayoría que correspondía confirmar los embargos sobre los bienes de Vicentin SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, Martin Colombo, entre otros responsables, que se beneficiaron de las maniobras denunciadas.

Los dueños de la empresa en cesación de pagos aceptaron el interés conjunto de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro y Vinterra. Ahora se abrirá un proceso de auditoría que podría derivar en una oferta de compra o en contratos para utilizar las plantas productivas.Vicentin podría vender hasta el 90% de sus acciones si prospera una negociación que la agroexprotadora en cesación de pagos desde diciembre de 2019 aceptó iniciar con tres empresas del mismo rubro: la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro S.A. (del grupo Pérez Companc) y Viterra Argentina S.A. (antes denominada Oleaginosa Moreno Hnos. S.A., que es socia de Vicentin en Renova).

Las firmas interesadas presentaron una propuesta conjunta, ya aceptada por los accionistas de la empresa que desde junio a agosto de 2020 el Gobierno nacional intentó intervenir y eventualmente expropiar. En rigor, aunque el presidente Alberto Fernández emitió un decreto que después dejado sin efecto por otro documento oficial del mismo tenor, desde el oficialismo siguieron analizando la posibilidad de tomar el control de Vicentin.

Por ahora, las tres agroexportadoras que negocian tomar el control de Vicentin expusieron en grupo su “interés de manera no vinculante para participar en este proceso de análisis de una potencial transacción”, de la empresa con base en Avellaneda, Santa Fe, y plantas productivas en el Gran Rosario.

Los accionistas de la empresa con base en Avellaneda, Santa Fe, que desde junio a agosto de 2020 el Gobierno nacional intentó intervenir y eventualmente expropiar, han aceptado la volunta de las tres compañías referidas, a las cuales consideran de extensa trayectoria en la industria.

Las tres empresas interesadas poseen una reconocida trayectoria en el mercado en el que se desempeña Vicentin y, aun teniendo distintos orígenes, detentan un compromiso de larguísima data con el desarrollo argentino: ACA es un referente del cooperativismo argentino desde 1922, Molinos Agro es, con 115 años de historia, una de las empresas nacionales más relevantes del sector agroexportador, y Viterra Argentina, que forma parte del grupo internacional Viterra, es referente en ese mismo mercado realizando actividades en Argentina desde hace 40 años.

Ahora se contempla la posibilidad de que la eventual transacción implique una participación mayoritaria del capital de la sociedad a través de la modalidad de capitalización. Alternativamente, los interesados podrían evaluar la utilización de los activos de la sociedad bajo la modalidad de fazon, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen el derecho a ingresar al capital social de Vicentin.

A partir de la aceptación de la manifestación de interés, los Interesados llevarán a cabo un proceso de auditoría (due diligence) de la sociedad, finalizado el cual, podrán presentar una oferta vinculante que seguirá los pasos previstos en el marco del concurso de acreedores que tramita el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini.

Tres posibilidadesPor un lado, de prosperar la transacción los interesados adquirirán una participación que en forma conjunta les otorgue todos los derechos políticos necesarios para adoptar las decisiones que hagan al giro ordinario y extraordinario de Vicentin, procurando que la sumatoria de sus participaciones no sea superior al 90% (noventa por ciento) del total del capital y votos de la sociedad.

Como alternativa a la Capitalización de la Sociedad, los interesados analizarán también la posibilidad de efectuar una contratación, de mediano o largo plazo, de la capacidad de industrialización a fazón de las diferentes plantas de Vicentin, a través de un esquema que posibilite el mantenimiento del giro de la sociedad y el cumplimiento de la propuesta concursal aprobada, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen la posibilidad de ingresar a su capital social.

A su vez, Vicentin y sus accionistas analizarán las condiciones de una propuesta de reestructuración sustentable para ser presentada en el marco de su concurso preventivo. En cualquier caso, los accionistas de Vicentin asumirán el compromiso de no realizar retiros de fondos de la sociedad, hasta tanto se hubieran saldado las deudas en el marco de dicho concurso preventivo.

Desde ambas partes se aclaró que aún o se ha llegado a un compromiso efectivo de acuerdo. “Sin perjuicio de la presentación por los Interesados de la referida manifestación de interés, que no requiere exclusividad alguna, ni de su aceptación por parte de los accionistas de Vicentin, no puede asegurarse que, finalmente, los Interesados presentarán efectivamente una oferta vinculante, ni que, en dicho supuesto, los accionistas de Vicentin vayan a aceptarla”

Indicaron que las negociaciones en marcha tampoco implica “que la propuesta a ser presentada por la sociedad a sus acreedores, en el marco de su proceso concursal, vaya a reunir las aprobaciones legalmente requeridas, ni que vaya a ser homologada judicialmente en forma firme y definitiva”.

La empresa agropecuaria no podrá realizar transacciones en el mercado cambiario sin la previa autorización de la autoridad monetariaA través de una comunicación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó a las entidades financieras que dispuso la prohibición a la agroexportadora Vicentin de operar en el mercado de cambios y realizar pagos al exterior. Además, sólo podrá acceder para liquidar las exportaciones pendientes para regularizar su situación. La Comunicación, a la que tuvo acceso este medio, es la 89.731 y lleva la firma del Gerente Principal de Control, José Luis Dubini, y del Subgerente General de Cumplimiento y Control, Néstor Robledo.

“Se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentin S.A.I.C.”, señaló la comunicación del BCRA. Agregó que la empresa, además, deberá “abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”.

Por otro lado, el BCRA instruyó a la AFIP-DGA (Aduana) a no cursar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa de cumplimiento con las obligaciones pendientes. Además, la entidad que preside Miguel Pesce notificará al Juez del Concurso de Acreedores de Vicentin, sobre las operaciones de exportación sin liquidar a fin de que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.

Hay que recordar que la empresa, radicada en el norte de la provincia de Santa Fe, ingresó en cesación de pagos en diciembre de 2019 a partir de no poder hacer frente a una deuda con 2.600 acreedores granarios y financieros por más 100.000 millones de pesos, cuestión que catapultó a la compañía hacia un concurso preventivo a cargo del juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista, Fabián Lorenzini.

Al momento del inicio de la crisis de la compañía, según pudo saber este medio, la misma tenía una deuda de liquidación de exportaciones por 450 millones de dólares. Si bien estuvo liquidando parte de la misma durante el año pasado, en un momento ese proceso se detuvo y quedó pendiente una deuda de 140 millones de dólares, que fue ratificada por una auditoria que se realizó. Es por eso que ahora el Central aplica la sanción y reclama una investigación a la Justicia por dicha situación

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió este jueves la denuncia penal contra la empresa Vicentin por el uso indebido de beneficios fiscales..

La presentación realizada ante la Justicia Federal de Reconquista consiste en la ampliación de la primera denuncia realizada en agosto del año pasado contra la firma cerealera por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones, informaron a Télam fuentes judiciales.

De esta forma, entre ambas presentaciones, la AFIP denunció a Vicentin por maniobras fraudulentas por $140 millones.

La ampliación de la denuncia está motivada en tareas de control llevadas a cabo por el organismo donde se detectaron nuevas operaciones de exportación en los períodos 2016 y 2017 por las que la firma solicitó reintegros de IVA que se encontraban respaldadas con documentación apócrifa.

A partir de las tareas de fiscalización se comprobó que los emisores de los documentos apócrifos que dieron base a las solicitudes de reintegros carecían de capacidad económica y/u operativa para realizar las operaciones, no poseían plantas de acopio, ni podían justificar el origen de los granos.

Durante el proceso de fiscalización desarrollado por la AFIP la firma no aportó elementos que permitieran acreditar la legitimidad del derecho a obtener los reintegros percibidos.

El Directorio cargó contra la medida judicial. Indicó que va “contra los trabajadores” y denunció “intencionalidad política”. Peligra el bienestar de 5 mil trabajadores, advirtió.

En un comunicado fechado este viernes en Avellaneda, el Directorio del Grupo Vicentin rechazó de plano la medida judicial que dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de la compañía y aseveró que perjudica de los trabajadores de la empresa.

La conducción del grupo señaló que el juez penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario Dr. Hernán Postma ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno, ha ordenado una “medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores. Le han ordenado al Banco Central el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía”.

Sobre ese punto, advirtió que la “consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente, es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa” y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin SAIC, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición.

Más adelante, el Directorio sostuvo que los argumentos esgrimidos por el fiscal son “absolutamente falsos”, y aseguró que “no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el trámite concursal que atraviesa la empresa”, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, juez del concurso que tramita la compañía en la ciudad de Reconquista.

“No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas busca impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, fustigó.

Con igual énfasis, la directiva de la agroexportadora centró su diatriba en el juez y el fiscal interviniente al apuntar que “poco les han importado la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios”.

Luego, sentenció que “esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía, sino que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal”.

Por último, el Directorio llamó a la reflexión a los funcionarios judiciales: “Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque”.

Así lo sostuvo el juez Hernán Postma al rechazar el pedido de Vicentin de mudar las investigaciones penales en su contra a la Justicia de Reconquista. El magistrado tomó la decisión luego de una audiencia de tres horas con duros cruces entre las partes.

La Justicia rosarina ratificó el martes su competencia en las investigaciones por estafa y fraude que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante contra la malograda Vicentin.

Así lo definió el juez Hernan Postma tras una audiencia de casi tres horas en que la defensa de la malograda aceitera presentó sus argumentos para intentar mudar las investigaciones a los tribunales de Reconquista, adonde tiene sede social la agroexportadora, al tiempo que los fiscales expusieron sus razones por las que deberían permanecer bajo la actual competencia ya que, entiende, los presuntos delitos que investigan se habrían cometido en el Gran Rosario, postura respaldada por los acreedores que asistieron (Grassi SA, Banco Macro y bancos extranjeros) y que piden ser querellantes en la causa.

“El escenario en el que se habrían concretado los presuntos delitos que se investigan fue Rosario, tanto en la Bolsa de Comercio de Rosario como en los puertos del Gran Rosario”, dijo para el magistrado haciendo suyo un concepto expuesto previamente por el fiscal Miguel Moreno. Rosario3 asistió a la audiencia en la que abogados de reconocida trayectoria en todas las partes protagonizaron un debate de muy alto nivel jurídico.

HABLA LA DEFENSA

Ihlarrescondo y Cuenca en centro de los abogados defensores de Vicentin Antes de dar inicio a la audiencia, que se realizó en el Centro de Justicia Penal, el juez informó que rechazó un pedido presentado por la mañana por la empresa para que no se realice la reunión y para que los abogados de los acreedores que la denunciaron penalmente no participen de la misma.

La defensa penal de Vicentin estuvo liderada por el abogado Jorge Iharrescondo acompañado por el penalista Daniel Cuenca. Ambos asistieron junto con otros dos abogados. En su alocución, Iharrescondo planteó los siguientes argumentos para mudar al norte la competencia de la Justicia.

1) En el estatuto de Vicentin se sostiene que la sede social y de gestión de Vicentin está en Avellaneda.

2) El juzgado civil y comercial número dos de Reconquista sigue firme llevando el concurso de acreedores, “pese al fracasado intento de los acreedores de traerlo a Rosario”.

3) Cuando pidió la intervención de Vicentin, la Inspección General de Justicia de Personas Jurídicas de Santa Fe radicó en Reconquista su planteo sin objetar la competencia del norte.

4) Cuando se concretaron las primeras denuncias en la Justicia Federal contra la empresa impulsada por el Banco Nación, el MPA aceptó que se tratan en Comodoro Py, adonde se habían presentado, y no en la Justicia federal de Rosario.

5) Muchos de las granos entregados no pagados se hicieron en el puerto de San Lorenzo, por lo que siguiendo el criterio de los fiscales el caso podría también plantearse en la Justicia provincial con asiento en esa localidad.

6) Grassi, uno de los denunciantes, entregó granos a Vicentin en Quequén, Bahía Blana y Santa Fe y hasta cerró negocios a término con la aceitera en Buenos Aires, pero en todos los contratos se mencionaba que la sede de Vicentin estaba en Avellaneda. “Vicentin tiene negocios en todo el país, pero la sede está en el norte de Santa Fe”, resaltó.

7) “¿En donde se presenta el balance de la firma? En la sede de la compañía”. “¿En donde depositaban los bancos extranjeros los fondos prestados? En cuentas en el exterior de la empresa. Nunca en Rosario”. Y mostró que los contratos con los bancos extranjeros fueron firmados por los directores asentados en domicilios de Avellaneda.

A su turno, Cuenca se quejó de que se sospeche que el traslado al norte de las investigaciones es para buscar impunidad. Y hasta señaló que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, viene tomando medidas no favorables para sus clientes. “No desconfiamos de este tribunal. No estamos eligiendo un juzgado. Estamos diciendo que esta no es su jurisdicción”, resaltó el penalista.

FISCALES MUESTRAN SUS CARTAS

Los fiscales Narvaja y Moreno en acción

EL fiscal Moreno sostuvo que los negocios investigados se concretaron en Rosario y que el centro de operaciones de la empresa está en torno a la ciudad. Por ejemplo, sostuvo que los contratos se registraron en la Bolsa de Comercio de Rosario, se hicieron con corredores de Rosario y se entregaron casi en su totalidad en puertos del Gran Rosario. “El ardid se hizo en Rosario”, aseguró.

El fiscal también citó palabras de Alberto Padoán, accionista referente de la firma, cuando se candidateó a la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Vicentin es más rosarina que muchas empresas rosarinas. Nuestras principales inversiones y nuestros principales intereses están en Rosario”, dijo Padoán, quien –según resaltó el fiscal- “fue el único presidente no rosarino de la Bolsa de Rosario”. Para Moreno, el centro de los negocios de Vicentin está en el Gran Rosario y las estafas que se investigan se perpetraron en Rosario. “Los domicilios no son definitorios en este caso. En la misma dirección del frigorífico Friar estaba asentada otra empresa, Nacadie Argentina, y nadie de los que allí trabajan lo sabía”, argumentó

Finalmente, Moreno dijo que llevar las investigaciones a Reconquista debilitaría el ejercicio de defensa de las víctimas y además resaltó la falta de estructura de los tribunales del norte para tomar una causa tan compleja.

ACREEDORES TOMAN LA PALABRA

Luego de las exposiciones fue el turno de los acreedores, que pidieron presentarse como querellantes. Arrancó, Viviana Consetino, letrada de la empresa Grassi SA, quien mostró que las operaciones realizadas por su cliente con Vicentin fuera de Rosario fueron por volúmenes insignificantes. “De operaciones anuales por 300 mil tonelada de soja, resaltan que se entregaron 6.000 toneladas en Quequén”, informó y aseguró que “la totalidad de los contratos se firmaron en las oficinas de Rosario. Y luego mostró otros “datos duros” para argumentar que Rosario era el centro de los negocios.

1) De una capacidad de almacenamiento de 1.3 millones de toneladas, en Rosario almacenan 1.1 millón de toneladas.

2) En Rosario tienen 812 empleados, mientras que en Avellaneda tienen 367.

3) El 90% de sus exportaciones se hacen por el Gran Rosario

4) En el gran Rosario tienen 10 veces más de capacidad de molienda y 5 veces más capacidad de acopio que en el norte

Luego fue turno del abogado Gustavo Feldman, quien también patrocina a Grassi SA, quien se quejó de que “el juez Lorenzini es un abogado defensor de la empresa y no un tercero imparcial”. Fue ahí que resaltó que “Vicentin busca garantizar su impunidad radicando el concurso y las investigaciones en Reconquista. No hay justicia independiente en Reconquista si se trata de Vicentin. Si se quiere esclarecer lo que ocurrió, esta causa no debe tratarse en Reconquista. Pero si se quiere que no pase nada, y se quiere evitar la cárcel, esta causa se debe llevar a Reconquista”.

El juez Hernan Postma, en plena audiencia

Luego de que expongan los abogados de los Grassi, fue el turno de los bancos extranjeros acreedores de la firma, y que también la denunciaron por estafa. Los abogados vinieron desde Buenos Aires y la voz cantante la tuvo el reconocido abogado Alejandro Carrió.

Según expuso para argumentar porqué radicaron la denuncia en Rosario, la sede social de Vicentin en Avellaneda no era relevante para los negocios de Vicentin. La lectura de los bancos extranjeros es que ellos le prestaron dinero a la empresa para prefinanciar exportaciones, esto es para “originar” granos para luego exportar o industrializar y exportar, pero –por el contrario- la empresa financiaba sus compras de granos de otra forma: con operaciones a fijar precio que luego no pagó. “La plata que le prestamos, suponemos, tuvo otro destino. Y eso queremos que se investigue”. Carrió contó que “le pedimos a la Bolsa de Rosario que nos cuantifique cuantas operaciones de Vicentin se hacían con precio lleno y cuántas a fijar, y nos contabilizaron que en 2019 fueron el 70% y que en el 2018 fueron el 75% y lo hacían a un plazo de más de 180 días, cuando en el mercado lo usual es a 90 días. Claramente se financiaron con los productores y no con el dinero que le prestaron los bancos. Acá hubo un abuso de la modalidad de compras a fijar”.

El abogado aprovechó para resaltar que el ardid de la presunta estafa contra ellos fue presentar el stock de granos como activo, cuando en realidad era un pasivo porque no estaba pagado. De esa forma, calificaban para seguir teniendo líneas abiertas de financiamiento con la banca extranjera.

Sobre el argumento de Vicentin de que los bancos depositaban el dinero afuera, sostuvo que en este tipo de transacciones se hacen los desembolsos en las cuentas que definen los clientes, pero resaltó que para ellos no es fundamental adonde se depositó el dinero sino el lugar en el que se cometieron los presuntos delitos, que fue en Rosario.

Finalmente, expuso Juan Pedro Rodenas, abogado del banco Macro, quien arrancó destacando que “Vicentin rompió las reglas de lealtad comercial” y se preguntó “a nosotros nos controla el Banco Central, ¿pero a Vicentin quién la controlaba?” poniendo énfasis en la falta de regulaciones sobre el manejo de dinero que hacen las agroexportadoras.

“La sede de Avellaneda es una ficción. Al banco le solicitaron $280 millones el 25 de septiembre y una cifra similar el 30 de septiembre par operaciones de caja. Y ese dinero se lo pedía el gerente de finanzas de Vicentin que trabaja y vive en Buenos Aires a la mesa del Banco que está en Buenos Aires para negocios que se hacían en Rosario”, explicó el abogado.

El abogado abonó la hipótesis de que no hubo negocios que salieron mal sino una deliberada intención en cometer un fraude. Para Rodenas, no es un hecho menor que a los 5 meses de que le pidieron el financiamiento al Macro la empresa se concursó. “Nadie prepara un concurso de esta magnitud en tan poco tiempo”, señaló. “Acá se aplicó mucha inteligencia artificial, pero no por lo informático sino por el ardid que concretaron directivos que estaban en Rosario y no en Reconquista, ocultando y tergiversand. información al mercado sobre su real situación financiera”, se quejó.

Y finalmente contó que cuando analizó el caso con el fallecido presidente del banco, Jorge Brito, el mismo banquero lo encomendó a presentar la denuncia en Rosario porque en la Bolsa de Rosario y en los puertos de Rosario estaban la sede de los negocios de Vicentin. “Pedimos que no se sigan dilatando las investigaciones con estos planteos de competencia que hace la defensa”, reclamó el abogado Rodenas.

Tras un receso de veinte minutos para definir el fallo, el juez tomó la decisión de rechazar el planteo de Vicentin resaltando que el “escenario de los presuntos delitos que se investigan es Rosario, tanto la Bolsa de Rosario como los puertos de la zona” y por eso ratificó la competencia de los jueces locales en tomar el caso que impulsan los fiscales.

Por iniciativa del interbloque Cambiemos, el cuerpo legislativo local exige al máximo tribunal provincial una pronta resolución al conflicto de competencia en la causa.

El Concejo Municipal aprobó una iniciativa para solicitar a la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe una pronta resolución al conflicto de competencia relativo al juez que debiera entender sobre el concurso preventivo de Vicentin y señaló que debe tramitarse en Rosario para garantizar un proceso justo a la mayoría de los acreedores, que son del sur provincial.

Fue a partir de un proyecto del interbloque Cambiemos que integran los ediles Roy López Molina (presidente), Agapito Blanco y Marcelo Megna, y mientras el máximo tribunal debe definir si mantiene el concurso a cargo del juez Fabián Lorenzini en Reconquista o atiende el planteo de otras partes involucradas y antecedentes de fallos dictados por la Corte de la Nación.

“Es justo y coherente con la seguridad jurídica, la defensa en juicio y la igualdad de trato que debe existir para las partes involucradas que se resuelva a favor de la competencia de los Tribunales de Rosario, por ser nuestra ciudad y zona aledaña el lugar donde lleva a cabo la actividad principal del grupo empresario, nuclear la mayor cantidad de acreedores concursales y reclamos radicados y encontrarse los principales activos y operaciones jurídicas–comerciales”, señalaron.

Los ediles recordaron que “de manera directa e indirecta el grupo empresarial emplea aproximadamente 6.000 personas, concentrando principalmente su actividad en el sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo en el cordón agro industrial del Gran Rosario y zona de influencia, más allá de su sede en la localidad de Avellaneda”.

Asimismo, remarcaron que “tiene sus oficinas más importantes en el Edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario y en Puerto Norte”.

“Casi la totalidad de acreedores comerciales por actividades principales del grupo empresario se encuentra al sur de la provincia (Rosario, Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y zonas aledañas a estas localidades), y ello se desprende sencillamente al analizar la procedencia y radicación de las empresas corredoras de granos que le suministraban materias primas a la hoy concursada, casi todas radicadas en Rosario”, refirieron los concejales.

López Molina, Blanco y Megna sostuvieron además que “debe tenerse en cuenta la precedencia de reclamos por cobro de créditos interpuestos desde el estado de cesación de pagos hasta la resolución de apertura del concurso preventivo, donde la mayoría han sido expedientes radicados ante la justicia provincial de la ciudad de Rosario”.

“La radicación actual del expediente en Reconquista implica un esfuerzo extraordinario para los acreedores de poder seguir el avance del proceso judicial, formular a tiempo las postulaciones o peticiones, y controlar de forma directa toda la producción de pruebas, informes, vistas e incidentes”, indicaron, y plantearon que no se puede desconocer el poder que ejerce la empresa concursada en el norte provincial.

“Difícilmente pueda darse seguridad jurídica, defensa en juicio e igualdad de trato a los acreedores que concurren al proceso concursal, obligándolos a trasladarse a 492 kilómetros de la ciudad de Rosario para cualquier tipo de control o audiencia y/o convocatoria que se haga en el marco del proceso judicial, más allá de las razones marco anteriormente expuestas, resultando hasta complejo consultar las constancias materiales de los expedientes”, concluyeron.

En su primer contacto con la prensa, Andrés Shocron prefiere darle crédito a la empresa. Recaló recomendado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor comercial en la causa judicial.

Andrés Shocron, designado interventor judicial en Vicentin, apuesta a no correr la misma suerte que Luciano Zarich, el funcionario nacional que durante algunas jornadas de junio fungió como responsable de la agroexportadora. Por ello, en su primer contacto con la prensa prefiere no tirar dardos contra la empresa y decir que si hubo falta de colaboración con la Justicia no fue por mala intención sino por el esfuerzo que supone enfrentar una convocatoria de acreedores. “Estás en un proceso donde estás verificando créditos. Tenés que armar todos los legajos y eso lleva demasiado tiempo”, afirma Shocron en diálogo con este medio.

Las palabras del interventor -un ex ejecutivo de Terminal 6, que desde 2018 se desempeñaba como consultor independiente- cobran importancia en función de cuál fue el principal argumento del juez Fabián Lorenzini para definir su sorpresiva medida: la omisión “recurrente y sistemática” de facilitar información por parte de la empresa. “No creo que sea mala intención”, dice Shocron, que también tira una línea para el resto de los actores implicados en el proceso: “Es necesaria la elaboración de un plan de negocios en el que participen el conjunto de los acreedores”.

Contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, el profesional había llegado a Vicentin en agosto, luego de ser propuesto por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -principal acreedor del concurso- como veedor, en el marco de un proceso de control creciente por parte de Lorenzini sobre la marcha de la firma, que incluyó también la autorización de una auditoría forense.

Se tiene fe, pero…

Medido en sus palabras y con un currículum que le reporta buenos antecedentes para su nueva función, remarca que existe “buena voluntad de todas las partes” para encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, las últimas novedades conocidas en torno al caso parecen indicar que justamente allí estará su primer gran escollo. Por un lado, no parece haber “voluntad” del Estado provincial en participar de esta nueva etapa. Por otro, tampoco parecería ser “buena” la actitud del resto de las partes.

“Mañana tendremos una reunión en Santa Fe para definir las argumentaciones del escrito que eventualmente presentaremos, pero la decisión será la de no consentir. No vamos a aprobar la decisión de participar en la intervención”, ratificó este martes el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, ratificando aquello que había adelantado este medio el pasado viernes, cuando dijo que la resolución judicial “no causó buena impresión” en la Casa Gris.

En su fallo, Lorenzini le había asignado un papel preponderante al gobierno provincial: había dicho que su aporte para la solución del conflicto era “absolutamente irremplazable”. También había hablado del rol del Estado como “articulador virtuoso de medidas para evitar el agravamiento de situaciones complejas”.

Daría la sensación que, a menos de una semana, la salomónica propuesta del magistrado encuentra más trabas que facilidades para avanzar. Es que en paralelo con la desavenencia del gobierno santafesino la concursada se acerca a una crisis terminal, por los severos problemas que enfrenta Díaz & Forti, la firma que se venía desempeñando como su respirador artificial (a través de contratos de fasón, le opera sus principales plantas y le asegura el capital para pagar sueldos y demás costos fijos).

La empresa fue quitada nuevamente del Registro Único de Operadores de Granos (Ruca), por lo que quedó imposibilitada de comprar, vender, recibir y despachar cereales. La medida no fue “por un problema con una coma” (como denunció hace dos semanas el CEO de Grupo Olio -el holding dueño de Díaz & Forti-, cuando se produjo una primera suspensión en el Ruca), sino porque el Banco Central informó que la empresa tenía 450 millones de dólares sin liquidar.

Consultado sobre la situación de Díaz & Forti, Shocron se limita a decir que “por ahora, el contrato se sigue cumpliendo”. De todas formas, reconoce que la debilidad de Vicentin es extrema: “Hoy la empresa no tiene capital de trabajo para hacer crushing. Lo único que puede hacer es vender servicios”, indica, para luego completar diciendo que “todo lo que sume estará bien para poder sacar a flote a la empresa”.

El Tribunal de Apelaciones encomendó al juez Julián Ercolini que también evalúe disponer un “embargo preventivo”, en el marco de la causa penal que investiga supuesta defraudación con préstamos multimillonarios del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri.

La Cámara Federal porteña confirmó la inhibición general de bienes y la prohibición de modificar el capital accionario de la empresa Algodonera Avellaneda, del grupo VicentIn, en la causa penal que investiga supuesta defraudación con préstamos multimillonarios del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri.

El Tribunal de Apelaciones encomendó al juez del caso, Julián Ercolini, que evalúe disponer un “embargo preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado” en base al “actual conocimiento que pudiere haber adquirido en este tiempo respecto de los bienes que efectivamente detenta la empresa”, según el fallo al que hoy tuvo acceso Télam.

Esto se resolvió ante planteos de los abogados de Algodonera Avellaneda vinculados a “la necesidad imperiosa de mantener los puestos de trabajo”, explicaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La Cámara ratificó, por otro lado, el rechazo del juez Ercolini a un pedido fiscal para inhibir los bienes de las personas físicas investigadas en la causa.

Entre ellos están el expresidente Macri, el extitular del Banco Nación Javier González Fraga y Guido Sandleris, además de directivos de las empresas Vicentín y Algodonera Avellaneda, entre otros investigados

“Resulta atinada de momento la solución propuesta por el juez al decidir no inhibir a las personas físicas. En ese sentido, se advierte que más allá de que aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria, no se encuentran determinadas sus eventuales intervenciones en los hechos; cuestiones que nos disuaden de considerar en el caso que se hallen configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”, concluyeron los camaristas.

Sin embargo, advirtieron que “lo que aquí se resuelve no impide que, a partir del avance de la investigación o ante cualquier situación que modifique el panorama expuesto, se vuelva necesaria la urgente adopción de las medidas mencionadas”.

Al apelar la decisión del juez, tanto el fiscal del caso Gerardo Pollicita como las querellas coincidieron en que “se verificaban en el caso los requisitos de verosimilitud en el derecho –por estar determinados la intervención y los roles de los funcionarios del banco y los empresarios en los hechos- y el peligro en la demora- frente a los conocimientos técnicos que poseen, que les permitirían desprenderse de sus bienes y los medios económicos y financieros para esconder el patrimonio”.

En el caso de Vicentin, el Tribunal confirmó el rechazo a ordenar la inhibición de bienes, porque la firma está en convocatoria de acreedores y bajo el control de un síndico.

En la causa se investiga el perjuicio al Estado Nacional con el otorgamiento irregular de financiación a las empresas por el Banco Nación, calculada en 18.500 millones de pesos y la falta de ejecución de garantías previstas para ese endeudamiento.

Al frente de esta medida quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores.

Este jueves pasado el mediodía, se conoció que el juez Lorenzini dictaminó la intervención de Vicentin por 90 días. Según se desprende del fallo, al frente de esta medida quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores. Mientras que la sub intervención quedará para quien proponga el gobierno de Santa Fe.

Urgente: el juez Lorenzini acaba de dictaminar la intervención de #Vicentin por 90 días. Al frente de la invervención quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores. La subintervención quedará para quien proponga el gobierno de Santa Fe pic.twitter.com/g8bwlZ0wqA

— Juan Chiummiento (@juanchiummiento) December 3, 2020

El siniestro fatal ocurrió en la planta sanlorencina situada a orillas del Paraná. Desde el Sindicato de Aceiteros señalaron que “la pala mecánica había desenganchado el balde en la celda, aceleró en una rampa ascendente para salir del lugar y aplastó al trabajador”Un supervisor de 52 años murió este jueves en la planta que Vicentin posee en la localidad de San Lorenzo. Según informaciones preliminares, una pala mecánica arrolló al trabajador aceitero cuando salía de una celda de almacenamiento de cereal.

El siniestro fatal ocurrió esta tarde en la terminal portuaria de Vicentin situada a orillas del Paraná. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros señalaron que “la pala mecánica había desenganchado el balde en la celda, aceleró en una rampa ascendente para salir del lugar y aplastó al supervisor que se cruzaba”.

Desde el Soea decretaron una jornada de duelo y los trabajadores de las plantas de San Lorenzo y Ricardone adhirieron a un cese de actividades hasta las 19 del sábado.

El fiscal Maximiliano Nicosia ordenó medidas iniciales en el accidente laboral: pericias accidentológicas, toma de testimonios y relevamiento de cámaras.

Fuentes sindicales confirmaron que la identidad de la víctima: Guillermo Cardoni, de 52 años, con lugar de residencia en Capitán Bermúdez.

Vicentin presentó este lunes su renuncia indeclinable como empresa “asociada activa” a la Bolsa de Comercio de Rosario, luego de que esa entidad le iniciara un sumario disciplinario.

El apoderado de Vicentin Santiago Ramos le envió una carta al presidente de la Bolsa de Comercio rosarina, Daniel Nasini, para manifestarle la decisión de la compañía, al tiempo que solicitó el archivo del sumario disciplinario.

De acuerdo con la resolución de mesa ejecutiva N°9/2020 de la entidad rosarina, se dispuso la “instrucción de sumario a la firma Vicentin S.A.I.C. asociada activa N° 4.499 a fin de investigar su comportamiento comercial, profesional y ético, y la posible comisión de conductas reprochables estatutaria o legalmente”, de acuerdo con la misiva de la firma cerealera.

“Según información publicada en diversos medios, en fecha reciente se habrían iniciado diferentes causas penales por ante la Fiscalía Regional de Rosario en las que la parte querellante habría solicitado que se investigue a los integrantes del Directorio de Vicentin S.A.I.C. presumiendo que pueden haberse cometido diversos delitos tales como presunta estafa en perjuicio de sus acreedores y presentación de balances falsos”, indicó la resolución de la Bolsa.

El apoderado de Vicentin esgrimió que “si bien es cierta la existencia de denuncias de terceros ampliamente difundidas por medios de prensa locales, ni la sociedad ni los miembros del directorio han sido imputados, ni procesados, ni mucho menos condenados por sentencia firme, rigiendo a tal respecto la ´presunción de inocencia´ consagrada por las normas constitucionales y legales respectivas”.

“La iniciación del sumario disciplinario por parte de esa institución, claramente contradice el mentado principio constitucional, causando a la sociedad que represento y a los miembros del directorio, gravamen irreparable que afecta su buen nombre y honor, pues no media en el caso comisión de ilícito penal de ninguna especie, y mucho menos inconducta comercial y/o profesional y/o ética, y/o afectación de disposiciones estatutarias y/o reglamentarias de esa entidad”, dijo Ramos.

Con estos argumentos, Vicentin presentó su renuncia a la Bolsa de Comercio de Rosario y solicitó al mismo tiempo que se archive el sumario disciplinario presentado contra la compañía.

Aunque le otorgan pocas chances de éxito, la iniciativa cobró especial fuerza en las últimas semanas, por la adhesión de importantes actores de la política y el sector privado.

La crisis de la agroexportadora Vicentin sumó en las últimas semanas un nuevo capítulo. Se trata de un fuerte lobby, motorizado por importantes actores de la política y el sector privado, para trasladar la convocatoria de acreedores a los tribunales de Rosario. Aunque parece un objetivo difícil de lograr, la movida sumó el apoyo de sectores que hasta ahora se habían mantenido en silencio, al tiempo que despertó fuertes discusiones internas en la Bolsa de Comercio de Rosario, que este lunes se pronunció respecto al avance de la causa judicial.

El catalizador que generó estos movimientos fue la presentación del balance 2019, en el que la tradicional empresa del norte acusó una pérdida por más de 52.000 millones de pesos. Este movimiento había sido pensado como una “señal al mercado”, pero provocó un efecto contrario: además de activar nuevas causas penales, terminó siendo la prenda de unión entre sectores que hasta ahora venían moviéndose por carriles separados.

Un nutrido grupo de acreedores, influyentes grupos de abogados y hasta el propio Senado santafesino le hicieron saber a la Corte su interés para que el concurso preventivo viaje desde Reconquista a Rosario. El momento no es casual: el Máximo Tribunal tiene para resolver un expediente que podría generar dicho traslado, luego de fallos adversos en primera y segunda instancias.

Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguraron que las chances de lograr el objetivo son prácticamente nulas. Sin embargo, los impulsores del lobby vienen apostando a un operativo clamor multisectorial que le otorgue volumen al planteo. En esa línea debe entenderse el pronunciamiento unánime de los senadores ante un proyecto motorizado por Armando Traferri, que tuvo lugar dos sesiones atrás. En el texto se recomienda a la Corte “que opte por la solución que otorgue competencia a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario”, sustentando esa postura en cuestiones como la actividad principal de los negocios, lugar donde se hallan la mayor cantidad de acreedores, lugar donde radican la mayor cantidad de litigios contra la concursada y sitio donde se encuentren los principales activos de la concursada.

En tren de darle mayor respaldo a un eventual pronunciamiento del Máximo Tribunal se sumaron también otros actores de singular relevancia en el mercado granario, como el Centro de Corredores y la Sociedad Gremial de Acopiadores. Ambas entidades son parte importante de la vida institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), desde donde se emitió un comunicado que si bien hace un guiño a la causa no termina haciendo un pronunciamiento explícito al respecto.

A través de un comunicado, la BCR pidió este lunes que se aceleren los trámites judiciales relativos a la crisis de Vicentin, con el doble objetivo de disminuir el impacto entre los acreedores y favorecer el restablecimiento de las operaciones de la agroexportadora. “Creemos que el desarrollo del trámite concursal, en resguardo de la masa de acreedores, debe procurar disminuir en todo lo posible el durísimo impacto que la situación cambiaria e inflacionaria causa en las acreencias en trámite de verificación, y favorecer a su vez las medidas que impulsen el rápido restablecimiento de las operaciones de la empresa, las que será imprescindible que estén en manos responsables y con las habilidades y conocimientos necesarios”, precisó la entidad.

Quienes están detrás del lobby son conscientes de la dificultad de su empresa. Sin embargo, por detrás de la movida aparece un segundo objetivo: pedirle a la Justicia que no haya una pesificación masiva de créditos que licue el pasivo de Vicentin. Es que más allá de todos los condimentos que tiene el expediente, lo cierto es que lo que se está dirimiendo en el juzgado de Fabián Lorenzini es cuánto y cómo se honrarán las deudas. La próxima fecha clave es el viernes 13 de noviembre, cuando la sindicatura presente los informes individuales de cada una de las acreencias.

Al momento de solicitar su concurso, la agroexportadora denunció la mayoría de sus deudas en pesos, mientras que gran parte de los productores granarios, a la hora de presentar sus reclamos, lo hizo en dólares. Según pudo averiguar este medio, los tres síndicos se inclinarán por una postura más cercana a los deseos de Vicentin, amparados incluso por escritos presentados en el expediente por importantes acreedores (como los bancos extranjeros y la Afip). Parafraseando la famosa frase del ex presidente Eduardo Duhalde, el que prestó dólares, recibirá dólares y los que prestaron pesos (o granos), recibirán pesos.

A disposición de la Justicia

En su comunicado, la Bolsa de Comercio no esquivó el tema de las diversas investigaciones penales que se tramitan en diversos juzgados. Todo lo contrario. Para la entidad es “de suma importancia que se arbitren los medios necesarios para el pronto esclarecimiento de las denuncias efectuadas, la consistencia y veracidad de la información de los estados contables presentados, la determinación de la antigüedad y el volumen de los pasivos por compras de mercadería en condiciones a fijar precios y su exposición en los balances”.

En ese marco, la BCR dijo ponerse a disposición de la Justicia, a los fines de brindar” todo el conocimiento e información relativa al funcionamiento del mercado de granos que pudieran servir para dilucidar los hechos que eventualmente se investiguen, persiguiendo el fin último de defender los valores que desde siempre han primado en el mercado de granos”