Un caso generó consternación en los últimos días. Una mujer estadounidense de 33 años fue detenida después de intentar vender a su hija de un año y medio por 500 dólares y luego abandonarla en la calle.

El hecho sucedió el pasado 5 de marzo por la noche, en un local ubicado en Putman, en el estado de Florida, donde una mujer, identificada como Jessica Woods, pidió utilizar el baño del lugar porque tenía limpiar a su bebé, la cual presuntamente "tenía el pañal sucio", según indicaron las autoridades locales.

La acusada logró su objetivo de que los empleados la dejaran usar el baño. No obstante, uno de los trabajadores percibió que la mujer comenzó a golpear a la menor y, ante esto, decidió enfrentarla, por lo cual ambos terminaron abandonando el lugar.

Al día siguiente, el mismo trabajador la encontró nuevamente afuera de la oficina y aseguró que ella le ofreció “venderle” a su hija por 500 dólares. Ante la negativa, Woods reaccionó de forma violenta, se alejó y abandonó a su hija en la calle después de que nadie aceptara comprarla.

Tras lo sucedido, el hombre se dirigió con la nena de 18 meses al Departamento de Policía de Palatka y denunció el accionar de la madre. En tanto, los oficiales y agentes del área de Defensa de Víctimas tomaron su custodia. Desde entonces, la menor de edad se encuentra en un hogar de tránsito.

Por su parte, Woods fue localizada dos días después del impactante hecho y fue arrestada. La mujer ahora enfrenta cargos por abuso infantil, negligencia infantil, abandono y venta de un menor por dinero. Además, la Justicia le impuso una fianza de 255.000 dólares y tiene prohibido tener cualquier contacto con la víctima.

Dos individuos, Nahuel Lisandro Aballay y Franco Ezequiel Castro, fueron condenados este viernes por el robo ocurrido en el local "Canela, comida saludable" en Rivadavia, pero no recibirán pena de prisión. 

El hecho tuvo lugar en la madrugada del martes y afectó a dos jóvenes emprendedoras propietarias del establecimiento ubicado en calle Hipólito Yrigoyen.

Según la investigación de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, Aballay fue el responsable de romper la ventana con rejas del local y sustraer varios objetos, incluyendo una amasadora, una pastalinda, una balanza, una batidora y diversos productos. Posteriormente, Castro ofreció estos artículos a través de Facebook Marketplace.

En un juicio abreviado celebrado este viernes, Aballay fue condenado por robo simple a un año y tres meses de prisión condicional, mientras que Castro fue condenado por encubrimiento a seis meses de prisión de ejecución condicional. Ambos deberán cumplir con ciertas condiciones impuestas por la justicia, pero no irán a prisión.

Una mujer enfrentará un juicio por vender y distribuir medicamentos para la interrupción de embarazos en un centro comercial, sin la debida autorización. 

La Cámara Federal de La Plata ha dictaminado su procesamiento, acusándola de ser coautora de la conducta tipificada en el "artículo 204 quinquies del Código Penal". Este artículo establece penas de 6 meses a 3 años de prisión para aquellos que, sin autorización, comercialicen sustancias medicinales que requieran receta médica.

Después de llevar a cabo diversas medidas de prueba, que incluyeron intervenciones telefónicas, seguimientos, solicitudes de informes y allanamientos, la Justicia concluyó que la mujer colaboraba con otros dos acusados en la distribución y venta de medicamentos sin la autorización legal correspondiente. Estas actividades ilícitas se realizaban en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Según lo revelado en la investigación, los eventos se desarrollaron desde abril de 2018 y, al menos, hasta finales de noviembre de 2019, cuando se llevó a cabo el allanamiento en la residencia de uno de los implicados. Inicialmente, se había decidido la falta de mérito, pero posteriormente se emitió el procesamiento de la mujer como coautora.

Tras ello, la defensa de la mujer apeló el fallo y alegó que no se pudo acreditar que existieron actos de comercio ya que “no se dio con ningún comprador”.

El caso llegó a la Cámara Federal de La Plata y allí los abogados explicaron que “el hecho de que su defendida haya intentado crear una página web para comercializar dichos fármacos, no constituiría más que un acto preparatorio no punible”.

En este sentido, la Cámara Federal no estuvo de acuerdo con el criterio previo y ratificó el procesamiento. Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias subrayaron que la acusación contra AGP se centra en la venta y distribución de medicamentos con receta médica sin la debida autorización. Según consta en el expediente, la mujer, junto a los otros dos acusados, intentaba comercializar pastillas como "Oxaprost" y/o "Cytotec", para las cuales se requiere, de manera imperativa, la debida autorización.

La Cámara Federal de La Plata sobreseyó a un vendedor callejero acusado de comercializar juegos de Play Station, películas y discos de música truchos ya que, resolvió, nadie podía creer que fueran auténticos por la “baja calidad” del producto.

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“No existe afectación o amenaza hacia el bien jurídico tutelado por la ley en los casos en que la baja calidad y ciertas circunstancias en que son incautados los productos (comúnmente en la vía pública y a un precio claramente inferior al del mercado), tornan inidónea a la comercialización cuestionada para causar confusión en el público consumidor”, resumió el fallo.

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El hombre tenía un puesto de venta en un centro comercial del partido bonaerense de Quilmes y fue denunciado por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), ante la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal.

El organismo advirtió que “en el paseo de compras Quilmes Outlet Factory se comercializaba CD´s, DVD´s y juegos de Play Station, los cuales serían copias apócrifas de películas, música y otros fonogramas”.

En primera instancia, el juez federal Luis Armella procesó al imputado por “venta o comercialización de productos con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada”, delito que contempla penas de hasta seis años de cárcel y multa de hasta 150 millones de pesos.

La Cámara de La Plata, en un fallo firmado por los jueces César Álvarez y Roberto Lemos Arias, decidió “dejar sin efecto la resolución apelada y disponer el sobreseimiento, por no constituir delito los hechos investigados“.

La abogada del vendedor, Sandra Pesclevi, sostuvo que “la mercadería embargada carece a todas luces de capacidad para afectar el bien jurídico protegido por la norma, ya que las características de los productos no reúnen las condiciones de idoneidad necesarias para provocar engaño en el consumidor respecto de los elementos originales“.

El tribunal tomó los argumentos de Pesclevi y coincidió en que “para la configuración del delito de puesta a la venta o comercialización de productos con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas, se requiere la potencial confusión en el público consumidor acerca de la originalidad del producto”.

Y en el caso de los productos del vendedor, agrega el fallo, “no resultan idóneos para producir la posibilidad de engaño al público consumidor, conforme lo requiere la norma en análisis”.

Fue resultado de una intensa tarea de investigación realizada por la fuerza. Las requisas se hicieron en Entre Ríos y provincia de Buenos Aires.

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Como resultado de una minuciosa pesquisa, personal de la Prefectura Naval Argentina realizó 11 allanamientos en Entre Ríos y Buenos Aires, en el marco de una causa vinculada a la venta ilegal de carne de caballo y evasión tributaria, y secuestró más de 130 animales, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

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El megaoperativo se originó con una investigación llevada adelante por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Villa Paranacito, que siguió la pista de un entramado delictivo relacionado con la producción y comercio ilegal de carne equina.

Gracias a las mencionadas tareas de investigación, el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Seró, Secretaría en lo Criminal y Correccional Nº 2 del Dr. Lucas Claret, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, de la Dra. Josefina Minatta, ordenó 11 allanamientos a domicilios y establecimientos agropecuarios ubicados en las localidades entrerrianas de Gualeguaychú e Ibicuy y en Mercedes (Buenos Aires).

Tras las requisas, se secuestraron más de 130 caballos y burros, más de 1.800.000 de pesos en efectivo (en distintas divisas), cuatro camiones, dos camionetas y un auto, armas de fuego y documentación vinculada a la causa.

El valor de todo lo secuestrado supera los 111 millones de pesos.

Cabe destacar que participó de los allanamientos personal de SENASA y de la AFIP.

El ex subjefe de la Policía de la provincia de Santa Fe Ariel Zancocchia fue imputado junto a otros seis policías por integrar una asociación ilícita, acusados de lucrar con autopartes de móviles de la fuerza.

Sin embargo, ninguno quedó detenido, sino que se les dictó libertad con reglas de conducta.

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Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que llevaron adelante la investigación, indicaron que la asociación ilícita liderada por el ex segundo de la Policía provincial había comenzado a funcionar en febrero de 2019. No obstante, en julio de 2021, en el marco de esta misma causa fue imputado el suboficial Germán Trujillo. Se trata del policía que estaba a cargo del depósito y taller del Comando Radioeléctrico, quien fue acusado de lucrar con los vehículos que eran enviados al taller para ser reparados.

Para los fiscales de la causa, Trujillo utilizaba los vehículos “encomendados para su reparación o para depósito por encontrarse fuera de servicio o sin resolución, para extraer de ellos sus repuestos y utilizarlos en otros vehículos pertenecientes al Estado provincial o de personas particulares, recibiendo a cambio una retribución en dinero o especies”.

Con el tiempo, lo que motivó las nuevas imputaciones, se supo que Trujillo actuaba “con el conocimiento y la aquiescencia de los funcionarios de jerarquía policial”, entre ellos Zancocchia como subjefe de la fuerza a nivel provincial.

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Además de Zancocchia el miércoles fueron imputados los policías Sergio Cantero, quien era jefe de la Agrupación Cuerpo; Cristian Molina y Débora Savani, que ocupaban el cargo de jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico; Francisco Fernández, Martín Ronsisvalle y Daniel Vega, que se ocupaban de tareas de logística y contabilidad en las unidades regionales de Rosario y San Lorenzo.

Los fiscales los acusaron de formar “una asociación ilícita dedicada a realizar maniobras defraudatorias que tuvo en miras obtener beneficios económicos indebidos en perjuicio del erario público de la provincia”. A Zancocchia también lo acusaron de realizar negociaciones incompatibles con la función pública.

La juez Paula Álvarez aceptó el pedido y dictó para los imputados la libertad con restricciones que incluyen el depósito de una caución de 200 mil pesos.

Una de las primeras pistas que desembocó en la investigación y posterior imputación de los funcionarios policiales fue una denuncia de otro policía, Cristian Fernando Güemes, quien estaba a cargo de la sección Administración y Finanzas de la policía de Rosario y dio cuenta de hechos de corrupción. Como respuesta el hombre recibió una serie de amenazas y atentados en su domicilio cuando ya cursaba la investigación que decantó en las recientes imputaciones.

Para entonces la ahora considerada asociación ilícita ya estaba siendo investigada. Sin embargo fue con el paso del tiempo que aparecieron más evidencias, es decir, algunas conversaciones por WhatsApp a las cuales se accedió por intervención judicial, que expusieron el funcionamiento del grupo en el marco de la administración de los vehículos que llegaban al depósito.

Según la acusación de Edery y Schiappa Pietra, el entonces subjefe de la policía Ariel Zancocchia “se interesó de forma particular en la realización de negocios dinerarios que beneficien a la empresa Genarino y Arfe Srl.“, de la cual él mismo había sido su creador. “Procuró que estas empresas sean contratadas por la policía de Santa Fe para que presten servicios de mecánica integral a los móviles de la policía con el fin de beneficiar económicamente a los titulares de las empresas”, consideraron los fiscales. Rápidamente ambas firmas se convirtieron en las que más facturaron en el período 2016-2020. Puntualmente, por ejemplo, Genarino facturó en esa etapa 14.560.660 pesos, de los cuales 14.252.730 fueron por servicios a la provincia.

Una de las irregularidades por las cuales están acusados los policías es la arbitraria administración de repuestos para usos particulares o para móviles policiales pero por fuera de los procedimientos legales establecidos. En ese sentido, en la investigación surgieron muchas conversaciones telefónicas que dan cuenta de distintas transacciones entre funcionarios policiales que comercializaban repuestos.

En la jornada de hoy, doce personas resultaron detenidas en la ciudad de Santa Fe por venta y comercialización de celulares adulterados. El operativo constó de 3 allanamientos y 20 inspecciones a locales de electrónica.

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La investigación se da en el marco de una causa que se investiga bajo la figura de  “encubrimiento agravado”, debido a que se trata de celulares adulterados, no reconocidos o de dudosa procedencia.

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Los dispositivos secuestrados, en su mayoría, están inhabilitados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). También se incautaron 23 aparatos denominados “BOX”, que se utilizan para el cambio de IMEI de los aparatos telefónicos.

La causa es llevada adelante por la fiscal  María Gabriela Arri.

Se trata del segundo decomiso del elemento en menos de un mes en la India, luego de que se encontraran más de 7 kilos a principios de mayo. No se sabe si ambos episodios están ligados.

La Policía de la India incautó seis kilogramos de uranio radioactivo y arrestó a siete personas que al parecer intentaban venderlo. El hecho ocurrió este jueves tras una serie de redadas en diferentes sitios del distrito de Bokaro (Jharkhand), en el noreste del país, informaron medios locales.

El elemento fue recuperado en pequeños paquetes de distintos pesos que habían sido confiados a un traficante de la región, cuya pista estaba siendo seguida por las autoridades. El hombre había distribuido el uranio entre varios cómplices que debían encargarse de buscar clientes. Los arrestados forman parte de una banda interestatal conectada a un red nacional que lo comercia ilegalmente.

Este peligroso material, que bajo condiciones de alta pureza puede ser utilizado para la fabricación de armas nucleares, será enviado a expertos para que lo analicen. La Policía trata de determinar quiénes compran el producto y con qué propósito. The Times of India calcula que un kilogramo de uranio se vende por cerca de 250.000 dólares en el mercado global. “Aún no está claro cómo consiguieron el metal radiactivo”, señalan desde la Policía. En la India su posesión sin licencia se considera ilegal y puede acarrear un severo castigo.

Este es el segundo decomiso de uranio que se produce en menos de un mes en el país asiático, luego de que a principios de mayo se encontraran más de 7 kilos en el estado de Maharashtra. Los investigadores intentan esclarecer si ambos episodios están ligados entre sí. 

Partes protegidas de la selva amazónica de Brasil se están vendiendo ilegalmente a través de Facebook.

Es lo que descubrió una investigación de la BBC, que revela que algunas de las parcelas en oferta a través del servicio de anuncios clasificados de Facebook son tan grandes como 1.000 campos de fútbol.

A raíz de este hallazgo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha ordenado una investigación sobre la venta de zonas protegidas del bosque tropical del Amazonas a través de Facebook.

El Supremo, tras la investigación, pide ahora al Gobierno brasileño que “tome las medidas civiles y criminales apropiadas”.

Las áreas protegidas en venta incluyen bosques nacionales y tierras reservadas para los pueblos indígenas.

Facebook dijo que estaba “listo para trabajar con las autoridades locales”, pero indicó que no tomaría ninguna acción independiente para detener el comercio.

“Nuestras políticas comerciales requieren que los compradores y vendedores cumplan con las leyes y regulaciones”, agregó la firma de tecnología californiana.

El líder de una de las comunidades indígenas afectadas instó a la empresa de tecnología a hacer más.

Y, según afirman activistas, el gobierno del país no está dispuesto a detener las ventas.

“Los invasores de tierras se sienten muy empoderados hasta el punto de que no se avergüenzan de entrar en Facebook para hacer negocios ilegales de tierras”, señaló Ivaneide Bandeira, directora de la ONG medioambiental Kanindé.

Sin certificados

Cualquiera puede encontrar las parcelas invadidas ilegalmente escribiendo palabras como “bosque”, “selva nativa” y “madera” (en portugués) en la herramienta de búsqueda de Facebook Marketplace, y eligiendo uno de los estados amazónicos como ubicación.

Algunos de los listados incluyen imágenes satelitales y coordenadas GPS.

Muchos de los vendedores admiten abiertamente que no tienen un título de propiedad, el único documento que prueba la propiedad de la tierra según la ley brasileña.

Esta actividad ilegal está siendo impulsada por la industria ganadera de Brasil.

La deforestación en la Amazonía brasileña está en su punto más alto en 10 años, y el Marketplace de Facebook se ha convertido en un sitio de referencia para vendedores como Fabricio Guimarães, quien fue filmado con una cámara oculta.

“No hay riesgo de una inspección por parte de agentes estatales aquí”, dijo mientras caminaba por un trozo de selva tropical que había quemado hasta sus cimientos.

Con la tierra despejada ilegalmente y lista para la agricultura, Guimarães había triplicado su precio inicial de venta a US$35.000.

Guimarães no es agricultor. Él tiene un trabajo estable de clase media en una ciudad y ve la selva tropical como una oportunidad de inversión.

La BBC se puso más tarde en contacto con él para que respondiera a la investigación, pero se negó a hacer comentarios.

Muchos de los anuncios eran de Rondonia, el estado más deforestado de la selva tropical brasileña.

La BBC organizó encuentros entre cuatro vendedores del estado y un agente encubierto que se hacía pasar por un abogado que representaba a inversores adinerados.

Un hombre, llamado Alvim Souza Alves, estaba tratando de vender una parcela dentro de la reserva indígena Uru Eu Wau Wau por alrededor cerca de US$23.000 en moneda local.

Esta reserva es el hogar de una comunidad de más de 200 personas llamada Uru Eu Wau Wau. Y al menos cinco grupos más que no han tenido contacto con el mundo exterior también viven allí, según el gobierno brasileño.

Pero en la reunión, Alves afirmó: “No hay indios [sic] allí. De donde está mi tierra, están a 50 km de distancia. No les voy a decir que en un momento u otro no estarán caminando por ahí”.

La BBC le mostró el anuncio de Facebook al líder comunitario Bitaté Uru Eu Wau Wau.

Él dijo que el lote estaba en un área empleada por su comunidad para cazar, pescar y recolectar frutas.

“Esto es una falta de respeto”, dijo.

“No conozco a esta gente. Creo que su objetivo es deforestar la tierra indígena, deforestar lo que está en pie. Deforestar nuestras vidas, se podría decir”.

Dijo también que las autoridades deberían intervenir y además urgió a Facebook -“la plataforma de redes sociales más visitada”- que tome medidas por su cuenta.

Otro factor que impulsa el mercado ilegal de tierras es la expectativa de una amnistía.

Alves reveló que estaba trabajando con otros para presionar a los políticos para que los ayudasen a ser dueños legalmente de tierras robadas.

“Te diré la verdad: si esto no se resuelve con [el presidente] Bolsonaro allí, ya no se resolverá”, dijo sobre el actual gobierno.

Una estrategia común es deforestar la tierra y luego suplicar a los políticos que deroguen su estado de protección, sobre la base de que ya no cumple su propósito original.

Los acaparadores de tierras pueden entonces comprar oficialmente las parcelas al gobierno, legalizando así sus reclamos.

Alves llevó al reportero encubierto de la BBC a conocer a un hombre al que describió como el líder de la Asociación Curupira. La policía federal de Brasil describió al grupo como una operación ilegal de apropiación de tierras centrada en invadir territorio indígena.

Los dos hombres le dijeron al reportero que políticos de alto perfil los estaban ayudando a organizar reuniones con agencias gubernamentales en la capital, Brasilia.

Dijeron que su principal aliado era el congresista coronel Chrisóstomo, miembro del Partido Social Liberal, del que Bolsonaro solía ser miembro hasta que fundó su propio partido en 2019.

Cuando fue contactado por la BBC, el coronel Chrisóstomo reconoció haber ayudado a organizar reuniones, pero dijo que no sabía que el grupo estaba involucrado en invasiones de tierras.

“No me lo dijeron”, aseguró. “Si invadieron [la tierra], ya no tienen mi apoyo”.

Cuando se le preguntó si lamentaba haber organizado las reuniones, dijo: “No”.

La BBC se puso en contacto con Alves para obtener su respuesta, pero se negó a hacer comentarios.

La BBC también contactó al ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles.

“El gobierno del presidente Jair Bolsonaro siempre ha dejado en claro que el suyo es un gobierno de tolerancia cero para cualquier delito, incluidos los ambientales”, dijo.

El gobierno recortó en un 40% el presupuesto de inspecciones de la Ibama, la agencia federal que se encarga de regular la deforestación.

Pero Salles dijo que la pandemia de coronavirus había obstaculizado la aplicación de la ley en la Amazonía y que los gobiernos estatales también eran responsables de la deforestación.

“Este año el gobierno ha creado la operación Verde Brasil 2, que busca controlar la deforestación ilegal, los incendios ilegales y unir esfuerzos entre el gobierno federal y los estados”, agregó.

Sin embargo, Raphael Bevilaquia, un fiscal federal basado en Rondonia, señaló que la situación había empeorado bajo el gobierno actual.

“La situación es realmente desesperada”, dijo. “El poder ejecutivo juega contra nosotros. Es desalentador”.

Por su parte, Facebook afirma que tratar de esclarecer qué ventas son ilegales sería una tarea demasiado compleja para llevarla a cabo ellos mismos, y que debería dejarse en manos del poder judicial local y otras autoridades. Y no parece ver que el problema sea lo suficientemente grave como para justificar poner un alto a todas las ventas en Marketplace de terrenos en la Amazonía.

Ivaneide Bandeira, quien ha estado tratando de combatir la deforestación en el estado de Rondonia durante 30 años, dijo que estaba perdiendo las esperanzas.

“Creo que esta es una batalla muy dura. Es realmente doloroso ver que el bosque se destruye y se encoge cada vez más”, afirmó.

“Nunca, en ningún otro momento de la historia, ha sido tan difícil mantener el bosque en pie”.