La jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, María Eugenia Capuchetti, ha decidido procesar hoy a Ginés González García, ex ministro de Salud durante la presidencia de Alberto Fernández, sin dictar prisión preventiva, en el marco del caso relacionado con el vacunatorio VIP establecido durante la pandemia de COVID-19.

En la resolución emitida en el día de hoy, la magistrada ha determinado que el ex funcionario es "coautor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y peculado". En consecuencia, Capuchetti ha impuesto un embargo sobre los bienes de González García por un monto de 130 millones de pesos.

Además de González García, la resolución también incluye el procesamiento de otros individuos involucrados en el escándalo. Los procesados son Alejandro Salvador Costa, Marcelo Ariel Guille, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo, y Graciela Beatriz Torales.

El origen de esta causa se remonta a 2021, cuando, en el contexto de la pandemia de COVID-19, surgió una controversia en torno a un vacunatorio paralelo que operaba en el Ministerio de Salud bajo la gestión de González García. La investigación se centró en el funcionamiento de esta estructura clandestina de vacunación.

El fallo de la jueza Capuchetti establece que González García está acusado de "haber de manera ilegítima ordenado, ejecutado o consentido una infracción a los deberes inherentes a su cargo" al trasladar, el 18 de febrero de 2021, un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas al Ministerio de Salud con diez dosis de la vacuna contra el COVID-19 destinadas a dicho hospital, para vacunar indebidamente a las siguientes personas: Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian, y Félix Eulogio Guille.

La jueza también argumentó que, en esa fecha, ninguno de los individuos que recibieron la vacuna cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, promulgada por González García el 30 de diciembre de 2020, que complementa la Ley 27.491 sobre "Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación". Según esta normativa, los vacunados no formaban parte de las categorías de "Personal de Salud" o "Personal Estratégico" que eran elegibles para recibir la vacuna en ese momento.

El escándalo por la vacunación anticovid privilegiada en Argentina se desató en febrero de 2021 tras declaraciones de Horacio Verbitsky.

Alberto Fernández quiso dar por terminada la polémica al pedir la renuncia inmediata de González García al frente del Ministerio de Salud.

Dos fiscales federales de Argentina pidieron la declaración indagatoria del exministro de Salud Ginés González García, y de otros involucrados, por un proceso de aplicación privilegiado de vacunas contra el COVID-19 en 2021, conocido como ‘Vacunatorio VIP’, según trascendió este jueves.

Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez requirieron a la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva adelante la causa, citar a González García junto a su exsecretario privado Marcelo Guille, quien está señalado como el presunto encargado para convocar a las personas beneficiarias al Ministerio de Salud.

También, extendieron la solicitud judicial al exdirector del Hospital Posadas Alberto Maceira y a la exjefa de servicio de medicina preventiva María Elena Borda por, supuestamente, haber ordenado el retiro de las dosis necesarias que estaban reservadas para el personal de Salud y estratégico.

Vacunatorio vip: realizarán medidas de prueba

En este contexto, los fiscales imputaron a los acusados por abuso de autoridad y peculado de bienes, entre otros, dispuesto en los artículos 248 y 261 del Código Penal argentino.

La polémica por el ‘Vacunatorio VIP’ se desató en febrero de 2021, cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, había revelado que se vacunó gracias a su amistad con González García.

“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje de su secretario, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera al Ministerio a darme la vacuna”, había revelado Verbitsky en aquella oportunidad a la radio El Destape.

En medio del escándalo, otros medios locales dieron cuenta que políticos, sindicalistas y empresarios también accedieron de forma privilegiada a la vacunación contra el coronavirus, cuando únicamente estaba habilitada para personal sanitario y personas adulto-mayores, en el caso de Buenos Aires mayores de 80 años, con turno tramitado por Internet y asignado en función de la disponibilidad de dosis.

El presidente argentino, Alberto Fernández, quiso dar por terminada la polémica al pedir la renuncia inmediata de González García al frente de la cartera sanitaria, algo que hizo a través de una carta de manera pública.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, fue escrachado a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas cuando se dirigía a la ciudad santacruceña de El Calafate. 

Carlos Zannini pidió anular el juicio por el Memorándum con Irán

En el servicio AR1868 con destino a la ciudad patagónica, que partió a las 15:52 del pasado miércoles desde el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, un abogado santacruceño llamado Bernardino Zafrani advirtió la presencia del funcionario nacional y decidió cuestionarlo en voz alta, especialmente por haber estado involucrado en el denominado “vacunatorio VIP”.

La Cámara Federal reabrirá la causa del Vacunatorio VIP

Simulando ser la voz del piloto del vuelo, el letrado manifestó desde su asiento: “Pasajeros del vuelo, tal vez lo habrán visto, viaja con nosotros el procurador de la Nación, Carlos Zannini; procurador con minúscula porque es el mismo del vacunatorio VIP, que se vacunó antes de miles de enfermeros y médicos esenciales para cuidarnos durante la pandemia. En vez de ser un servidor público, se sirvió del Estado y se vacunó antes de los miles de argentinos que no tuvieron esa oportunidad; se sirvió del Estado; vive del Estado desde el año 87″.

“En nombre de los familiares, de los amigos que perdimos, lo repudio públicamente”, concluyó Zafrani, quien filmó la situación y difundió el video.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti realizará en las próximas horas las medidas de prueba pendientes en el marco de la investigación por el vacunatorio vip contra el coronavirus en el hospital Posadas y el Ministerio de Salud de la Nación, bajo la gestión de Ginés González García.

Es luego que la Cámara Federal resolvió la reapertura del caso que había sido archivada por ella. Ahora, el Tribunal ordenó que se investigue todos los casos y sobre todo a quienes recibieron la vacuna para entender el por qué se salteó el orden de vacunación a fines del 2020 y principios de éste, cuando en primer orden estaba previsto el personal médico.

La Cámara Federal reabrirá la causa del Vacunatorio VIP

Ahora la jueza tiene que analizar cómo se impulsa la investigación porque por un lado el fiscal del caso, Eduardo Taiano, no había apelado su archivo sumado a que semanas atrás dijo que no hubo delito en un precedente sobre el caso de los papás de la actual ministra de Salud, Carla Vizzoti.

Pero paralelamente, el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sí afirmó que hay un posible delito y fue quien sugirió las medidas de prueba. Las mismas son el análisis de mails de funcionarios, entrecruzamientos telefónicos e informes al Ministerio de Salud de la Nación.

Vacunatorio VIP: archivan la causa contra Ginés González García

Ahora, la jueza investigará los 385 casos de dosis que recibió el posadas de las cuales hay unas 60 que se sospecha fueron derivadas de manera irregular al Hospital de El Calafate.

En el caso, todavía nadie llamado a declaración indagatoria y sí en cambio muchos de los vacunados, que ahora serán investigados, se presentaron en calidad de testigos. Eso también será materia de análisis del juzgado tras la orden de la cámara Federal.

Este lunes, la Cámara Federal decidió dar lugar a la reapertura de la causa del caso popularmente conocido como Vacunatorio VIP, que se dio en febrero de este año y provocó la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud de la Nación.

Ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti, que, a principios de julio, resolvió que las personas beneficiadas con la vacuna contra el COVID-19 no pertenecientes a grupos priorizados no cometieron delito, deberá indagar en la responsabilidad de los funcionarios que permitieron que dichas personas pudieran inocularse e investigar de manera penal a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y el Hospital Posadas.

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Argumentando que las vacunas eran “un bien escaso” en la Argentina, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y, según la resolución que reveló Infobae, señalaron que “será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”.

Entre la lista de “vacunados VIP” se encuentran, además del exministro de Salud, Ginés González García y empresarios cercanos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus colaboradores más cercanos; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa; el periodista Horacio Verbitsky, quien destapó el vacunatorio VIP; el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijas; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el canciller Felipe Solá; el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; y el diputado Eduardo Valdés.

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Dando a conocer que “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”, Capuchetti archivó la causa. Sin embargo, el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la unidad de la Procuración General de la Nación apeló la resolución de la jueza y presentó un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas sobre los cuales se debía profundizar la investigación. Ahí fue cuando los camaristas revocaron la resolución de Capuchetti y declaron admisible la apelación de Rodríguez.

Es un tramo de unas de las causas que se iniciaron luego del escándalo que le costó el puesto a Ginés González García. La jueza María Eugenia Capuchetti consideró que no hubo delito.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este jueves el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud Ginés González Garcíay que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un trato especial al recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

El grupo de los prioritarios está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud tras comunicarse con su “viejo amigo” González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py donde la mayoría se acumularon en el juzgado a cargo de Capuchetti con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban entre otros el presidente Alberto Fernández y el expresidente Eduardo Duhalde junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el Covid-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

Nueve personas fueron detenidas en San Rafael, Mendoza, por participar de la organización de un vacunatorio VIP en un domicilio particular. Se trata de un médico, el dueño de tres geriátricos, su esposa y su hija que convocaban a los vecinos a aplicarse dosis de AstraZeneca a través de un grupo de WhatsApp. También fueron apresados personas que asistieron a vacunarse.

El caso salió a la luz por la denuncia de un médico. “Lo que sabemos es que en el lugar existieron lotes de vacunas AstraZeneca sin utilizar, por lo que se está tratando de buscar su trazabilidad. Lo más preocupante es que son lotes de vacunas que ha adquirido el propietario de esa casa, que es el dueño de tres geriátricos de los cuales el administrador es el doctor López (quien se comprobó tiene vencida la matrícula y sería acusado por ejercicio ilegal de la medicina). Eran vacunas aportadas por el sistema de vacunación para inocular a los ancianos y por algún motivo no estaban siendo vacunados quienes correspondían”, indicó el fiscal Javier Giaroli, a cargo del caso.

“Queridos vecinos, buen día. Les habla Rubén López, el médico. El mensaje tiene un objetivo, ante todo quería saber si alguno de los vecinos del callejón que aún no se ha vacunado porque, en el tema del Ministerio, estamos teniendo acceso nosotros a la vacunación y ha quedado un stock que inclusive tiene un vencimiento eso y cada ampolla tiene para vacunar a diez personas”. Así arranca su presentación en el grupo vecinal el profesional apuntado por el fiscal.

“El tema es que tenemos a pocas personas para vacunar, serán dos o tres y necesitamos completar de cinco a siete. Ya Claudia mi esposa estaría dentro del grupo pero no le puedo aplicar a ella porque eso va a quedar abierto y no puede pasar más de dos horas”, explica a modo de argumento por la inédita convocatoria. A los pocos minutos, insiste: “Bueno gente, me está faltando cuatro voluntarios porque ya por privado me han estado confirmado. Es la AstraZenica”, aclara.

“La investigación comienza el día sábado a última hora con una denuncia que hizo el doctor (Abel) Freidemberg. Me informó que en un grupo de WhatsApp, de vecinos del callejón San Isidro, estaba un médico organizando un listado de personas para ir a vacunarse contra el coronavirus a un domicilio particular. El doctor Freidemberg explicó que era imposible que pudiese haber vacunas en poder de privados”, explicó al Diario San Rafael Giaroli.

El funcionario judicial consiguió información sobre la hora y el lugar que los detenidos habían citado a las personas que aceptaron aplicarse la vacuna contra el coronavirus de manera irregular.

En ese sentido, Giaroli contó: “El juez de turno dictó un allanamiento y se practicó tipo redada, con personal policial apostado en inmediaciones del domicilio, en calle Coronel Campos, a la espera del arribo de personas, que llegarían a las 11 de la mañana. Allí se abordaba a las personas que iban a colocarse las vacunas. Se aprehendió a nueve personas y a tres se les resolvió la situación, ya que eran las acusaciones menos graves. Como había dos personas muy grandes, incluso una de ellas con una prótesis en la cadera, se las acusó de tentativa de infracción al artículo 205 del Código Penal”.

El fiscal no puedo comprobar que los organizadores de la maniobra cobren por la vacunación, pero lo sospecha. “En los audios no se menciona que cobraran por esta vacunación, pero es raro porque habían contratado a un enfermero que también está siendo acusado de ‘ejercicio ilegal de la medicina’, porque tenía la matrícula vencida desde el 2014. También estaba el costo de los descartables. Por lo tanto, y más allá de la trazabilidad de la vacuna, estamos con el análisis de los más de 20 teléfonos que están secuestrados para saber si se estaban pagando un canon. El sentido común indica que sí, pero no hay prueba de ello”, precisó y afirmó que, de probarse, agravará la situación de los involucrados.

Y tiene una hipótesis más grave aún: “También se quiere determinar cuántas dosis de vacunas tenían para inocular a los ancianos de tres geriátricos y cuál sería la remanencia que les podía quedar. Una de las hipótesis sería que hayan fingido la inoculación para quedarse con las dosis que estaban colocando a terceras personas. Probablemente se tenga que pedir el testeo de anticuerpos a los ancianos para saber si tienen la vacuna puesta o no”.

Al mismo tiempo Giaroli reveló que en los audios y en el grupo de Whatsapp se había pactado la asistencia de unas 40 personas a vacunarse, pero fueron solamente tres.

“Lo que me preocupa es que una persona con tres geriátricos haya tenido remanente de cuarenta vacunas. Ahí estaría involucrado el propietario del geriátrico, el médico asistencial que controla a esos geriátricos y el enfermero que está encargado de la atención de esos ancianos en el lugar”, agregó el fiscal.

Por el momento, el fiscal le atribuyó los delitos de “peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real”, a Hugo Oscar Ochoa Silva en calidad de autor material; participación necesaria en los delitos de “peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real”, a Rubén Ángel López Reinoso, Teresa Mabel Chaine Salinas y María de los Ángeles Ochoa Chaine; y “tentativa de ejercicio ilegal de la medicina”, Silvio Damián Reynals en calidad de autor material.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad concurrió a la Legislatura para informar acerca del plan de vacunación que lleva adelante la provincia. “Los sistemas de control están actuando, y si hubo algún error los responsables pagarán las consecuencias. No existe aval político”, enfatizó.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, se presentó este lunes ante la Legislatura para informar sobre el plan de vacunación contra el Covid19 que lleva adelante la provincia en todo el territorio.Respecto de las denuncias por la implementación del sistema, Sukerman aseguró que “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política. Está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP”, al tiempo que enfatizó que “es absolutamente falso que haya una estructura política avalada por el gobernador y sus ministras y ministros que facilite esto”.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad agregó que la provincia tiene entre sus sistemas de control la Sindicatura de la provincia, que comparte información con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), más allá de los controles que realiza cada funcionario, aunque esto no significa que no pueda haber errores. “No hay en la provincia lugares para vacunar con privilegios a determinadas personas y todos los funcionarios y las funcionarias que dependan de la provincia van a sufrir las consecuencias si se comprueba alguna irregularidad”, afirmó.

En este sentido, aseguró que ya hay investigaciones en marcha: “Queremos dejar absolutamente claro que ante cada situación que no correspondía, el gobierno actuó, y se iniciaron sumarios, Fiscalía está investigando”.

“Desde el primer momento el gobernador Omar Perotti fue absolutamente claro y contundente en cuanto a predicar con el ejemplo. El gobernador decidió que ni él ni ninguno de sus ministros y ministras se iban a vacunar con alguna prioridad ni privilegio y en ese sentido cada uno se vacunó cuando le tocó el turno, con la única excepción de la ministra de Salud, por ser estratégica y estar al mando de todo esto”, indicó Sukerman.

Asimismo, el ministro explicó que “el propio gobernador Omar Perotti y cada una de sus ministras y ministros se vacunó cuando les tocó y quiero recordar algo que no se dijo mucho: el gobernador Perotti y la mitad su gabinete sufrieron el Covid antes de ser vacunados y en muchos casos la pasaron mal y debieron ser hospitalizados y sus familiares también”.

“Quiero recordar que fue el propio gobernador Omar Perotti el que sufrió la difamación de él y de su familia, y él mismo tuvo que realizar una denuncia penal para aclarar la situación de que ni él ni su familia se habían vacunado, hasta tuvo que someterse a exámenes bioquímicos para probar que esto no había sucedido”, subrayó Sukerman.

ORGULLOSOS POR EL PLAN DE VACUNACIÓN

Más adelante, en su alocución, Sukerman se refirió al plan de vacunación que el gobierno de la provincia continúa fortaleciendo en todo el territorio. “Me parece que esa tirantez, esa tensión, quizás esa estrategia de querer difamar ensuciar algo de lo que nosotros estamos orgullosos y sumamente agradecidos a todo el personal de salud a lo largo y a la ancho de la provincia”, indicó.

“Quiero dejar absolutamente claro que nosotros estamos orgullosos de nuestra campaña de vacunación, y no solamente la campaña sino también los testeos, la infraestructura sanatorial y hospitalaria que se pudo generar en todos estos meses, lo que tiene que ver con las ayudas económicas a los sectores perjudicados por la pandemia. Es decir son los cuatro hitos que nosotros marcamos de esta situación de pandemia”, aseguró.

Por otra parte, Sukerman destacó: “Ya aplicamos un millón de vacunas y estamos avanzando en negociaciones para que la provincia pueda colaborar con nación para adquirirlas. La rapidez con que ahora están llegando y se están aprovechando, vacuna que llega vacuna que se aplica y en ese sentido para el fin de semana vamos casi a 50 años. Y esto implica que en muy poco tiempo vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño que durante tanto tiempo hablamos y queremos conseguir, además de la baja que se registra en los casos y la baja en la ocupación de camas que se va dando paulatinamente, para que podamos volver a la vida que queremos”.

DIÁLOGO PERMANENTE CON LA LEGISLATURA

En otra parte de sus palabras ante los diputados y diputadas de la provincia, el ministro aseveró: “Es un placer poder estar en la Legislatura, forma parte de mis objetivos centrales; desde febrero hemos tenido diálogo con los partidos políticos de los distintos bloques y he venido también otras veces para reuniones públicas a la Legislatura. Para nosotros no es solamente un derecho sino también una obligación para informar a las diputadas y diputados y a la población”.

“No tenemos nada que esconder – continuó. La ministra de Salud, Sonia Martorano, habla permanentemente con los medios de comunicación, y además en cada reunión del Comité de Emergencia y en cada situación que ha sido requerida se ha aportado toda la documentación, toda la información y todas las respuestas”, agregó el ministro.

“Más allá de las formas, que ahí lamentablemente tenemos diferencias con la Legislatura que aprobó una interpelación porque entendemos que no hacía falta porque nosotros estamos a disposición, venimos caminando hasta acá”, señaló Sukerman.

“Lamentamos que nos hayan arrimado más de 30 preguntas, las 5 iniciales más 26 preguntas más, más las subpreguntas, más el pedido de informes, y nos lo hayan entregado el viernes a las 14.05, ni siquiera tuvimos un día hábil, por lo tanto todavía estamos recibiendo información y desde ya aclaramos que la información que todavía no podemos disponer la vamos a acercar apenas podamos porque queremos responder todas las preguntas”, puntualizó el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

“Hubiese sido una maravillosa oportunidad para que me acompañe la ministra de Salud, como estaba diciendo, porque ella quería venir, y está absolutamente predispuesta y de hecho si la llegan a citar está absolutamente a su disposición y desde ya agradezco a todo el equipo de Salud que me ha posibilitado la información para poder dar cada una de las respuestas”, concluyó Sukerman.

“Enterarnos que se puede haber realizado un desvío de alguna vacuna, de ser así, va a opacar el gran trabajo que venimos realizando”, dijo

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, se refirió al llamado “vacunatorio vip” en algunos puntos de Santa Fe. “Es un dolor enorme con tanto esfuerzo que ha hecho la gente en cuidarse, en no abrazarse ni besarse, entonces llega la vacuna y la esperanza”, sostuvo y recordó el trabajoso proceso de poner en marcha el proceso de inoculación.

“Hoy ya podemos vacunar 35 mil vacunas por día y enterarnos de esto. Estamos investigando si ocurrió un desvió y nos duele mucho, se opaca el trabajo que estamos realizando, es la única esperanza que tenemos hoy”, observó en diálogo con Roberto Caferra en Radiópolis Weekend (Radio 2) y confirmó que se abrieron sumarios en el Hospital Eva Perón y en Reconquista.

“Alguna vez alguien me llamó y me pidió (vacunas) y me los mandé sabés donde, te imaginás. Me perdí muchos cumpleaños”, dijo con tono irónico y agregó con un dejo risueño: “¿Periodistas? No me acuerdo”. En esos casos, en los que aseguró negó toda chance, tuvo que explicar a esa persona que intentaba sortear la espera, cómo funciona la campaña y la necesidad de ajustarse al criterio sanitario.

La funcionaria destacó que actualmente se llegó a una “meseta que es alta pero sostenida” en relación a los contagios de coronavirus y consideró que “en 15 días más o menos podemos tener un poco mejor disponibilidad de camas” críticas.

Por último, consultada por el tema de la supuesta llegada de ventiladores  que quedaron varados en el aeropuerto de Rosario –y que no fueron donados por Messi–, manifestó: “No son respiradores, es un aparato para reemplazar el bolseo manual, la donación la tomó la Municipalidad a nosotros no nos servía” y agregó: “No es donación a Provincia, es una aparatología que no se utiliza acá y por eso el Anmat no lo había autorizado”.

Martorano consideró que “no es un tema de respiradores que tenemos sino de recursos humanos”. De acuerdo a lo que explicó, “el recurso humano es capacitado y finito en todo el mundo a pesar de que hemos capacitado a muchos profesionales. No puede manejar una Ferrari el que no sabe”, culminó.

Un documento difundido este miércoles en el programa Telenoche Rosario (El Tres) contiene los nombres de las personas que presuntamente habrían sido privilegiadas en el “vacunatorio VIP” del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Entre los supuestos beneficiados –que ahora formarán parte de la investigación administrativa y judicial– figuran la cónyuge y otros familiares del director, Rubén Balestrini –sería el dueño de una estación de servicio– y el histórico dirigente del peronismo, Alberto Joaquín, quien tiene un cargo en el directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La vacunación de Joaquín –de 78 años– fue en Granadero Baigorria en febrero cuando se estaba todavía aplicando la primera dosis al personal de salud. 

En la ficha Alberto Joaquín, que es ingeniero y vicepresidente de la EPE,  aparece vacunado el 2 de febrero en el Eva Perón cuando no se aplicaban dosis a adultos mayores en hospitales.

Según información que difundió el programa Telenoche Rosario, esa inoculación generó malestar entre empleados y gremios de la EPE ya que vienen reclamando la vacuna para el personal que trabaja en la calle en distintos operativos de la empresa de energía.

Alberto Joaquín comentó los motivos por los que fue vacunado a principios de febrero, cuando se estaba en la campaña de inoculación al personal de salud. https://e8de84a51d8ab1c40584d1e735d44ea1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

“A los 78 años asumí la vicepresidencia de la EPE, ad-honorem. Pese a todas las dificultades que la pandemia generaba fui cumpliendo con las múltiples obligaciones que el cargo exigía. A mediados de enero de este año tuve una recaída en mi condición de hipertenso. Como esto potenciaba los riesgos que ya estaba corriendo, y perteneciendo la empresa a un sector esencial, solicité que se me vacunara para poder continuar cumpliendo con las exigencias que el cargo demanda”, expresó.

Luego indicó que la vacunación “se realizó en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria los días 2 de febrero y 11 de marzo”.

“Facilité mi documento y pedí que mi acto fuera agendado como corresponde y se me entregara el carnet correspondiente. Muy lejos está de mí persona la supuesta participación en un vacunatorio VIP que muy livianamente me han adjudicado”, concluyó el ingeniero.

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, aseguró que el gobierno provincial abrió una investigación para determinar si hubo irregularidades al aplicar vacunas en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y comparó la situación con lo ocurrido en Reconquista, donde el centro de salud cuestionado fue intervenido.

“Ni bien ingresó la denuncia, se inció la investigación administrativa y penal, como ocurrió en un efector del norte provincial que terminó con la intervención y la denuncia penal que sigue en curso”, dijo Prieto.

El funcionario se refirió así al escándalo en el hospital de Reconquista por la vacunación irregular de familiares de consejeros de esa institución, que también se conoció por una denuncia interna.

En este caso, fue el jefe interino de Enfermería del Eva Perón, Ariel Pérez, quien hizo públicas las acusaciones por una suerte de “vacunatorio VIP” contra el coronavirus durante la primera etapa de vacunación, cuando las dosis estaban reservadas únicamente al personal de salud de primera línea. Dijo que políticos, funcionarios y sindicalistas recibieron no una, sino dos dosis.

El caso llegó a la Legislatura santafesina, donde el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un pedido de informe. Y el propio gobierno provincial inició una investigación administrativa interna y presentó la denuncia penal.

Si bien Pérez, el denunciante, dijo que las vacunas se aplicaron entre enero y febrero, cuando sólo debían ser alcanzados trabajadores de salud de la primera línea, el secretario de Salud provincial dijo que faltaba precisar el momento en el que las dosis fueron aplicadas.

Familiares de trabajadores del hospital de Reconquista recibieron la dosis. En las últimas horas se conoció una lista con vacunados VIP en el hospital de la ciudad de Reconquista. Entre los nombres que figuran están los miembros del Consejo de Administración del nosocomio y sus familiares.

El primer caso que resonó fue el de Gerardo Rogers, representante de los profesionales en el Consejo, el cual confesó a un medio local que hizo vacunar a su esposa -pese a que no le correspondía-. Al parecer, argumentó que la mujer es farmacéutica y pensó que debía recibir la vacuna por ser trabajadora de la salud.

Allanaron el hospital de San Nicolás tras la polémica por la vacunación VIP

Matías Massat, es otro de los nombre que aparecen en el listado. Se trata del secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista, quien trabajó en el Hospital hasta mediados del año pasado.

En diálogo con la prensa local, el funcionario dijo que lo habían llamado desde el Consejo de Administración para vacunarlo, pero que se negó porque no le correspondía.

El mismo listado muestra además que la consejera Mabel Godoy y dos familiares directos también recibieron la Spunik V en el mismo nosocomio, según detalló el diario Reconquista.

En la mañana de este viernes se llevó adelante una reunión en el SUM del Hospital. Previamente, Katia Passarinno, representante de la comunidad dentro del mismo Consejo de Administración, afirmó que buscaba obtener explicaciones.

Para Cappiello, el vacunatorio Vip es una falta de respeto a la gente