Fue ordenado por la justicia. Intervinieron efectivos de seis grupos tácticos y un escuadrón de mujeres. Hay dos detenidos.

Por Gustavo Capeletti

Un fuerte y coordinado operativo policial puso en marcha este lunes por mañana la jefatura de la Unidad Regional IX de Policía para cumplimentar un oficio judicial que ordenó el desalojo de terrenos usurpados en la zona este de Reconquista.

Al solar situado entre los barrios Las Ranas, Ombusal y La Cortada arribaron numerarios de los grupos operativos tácticos dependientes de Vera, San Javier, Santa Fe, Los Pumas, personal de comisarías, jefes y personal de la Agrupación de Unidades de Orden Público de General Obligado, apoyados por numerosos móviles policiales, una ambulancia de emergencias 107 y bomberos voluntarios de Reconquista.

Usurpaciones en Reconquista: Nueva audiencia

Estratégicamente, el procedimiento fue divido en tres partes: un círculo externo de contingencia a cargo de las comisarías, un círculo medio compuesto por los grupos de acciones tácticas, y la parte operativa interna a cargo de personal femenino de la fuerza que estuvo acompañado por funcionarios municipales y provinciales que intervinieron.

Fuentes policiales destacaron que “los pocos ocupantes que se encontraban en el lugar se retiraron de forma voluntaria, sin ser necesario el uso de la fuerza”, como así también el personal de la Agencia de Investigación Criminal se ocupó de realizar la documentación fílmica del acto, en tanto que numerarios de la División Judicial confeccionaron las actuaciones legales.

En total, solo quedaban siete grupos familiares asentados en el terreno de las cerca de 300 personas que junio pasado se establecieron irregularmente. “El predio ya se encuentra en poder de su propietario”, confirmó la policía antes del mediodía del lunes.

500 personas tomaron tierras y se tirotearon con la policía en Reconquista

En el lugar trabajaron delegados de la Municipalidad de Reconquista con un equipo constituido por personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Dirección del Instituto de Tierra y Vivienda, más empleados de maestranza municipal con camiones y motoniveladoras, que barrieron todo los plantado y clavado en el inmueble privado debido a que se agotaron todas las instancias de mediación.

Solo dos personas debieron ser reducidas y aprehendidas, un hombre y una mujer, por el delito de proferir amenazas al personal policial y municipal.

Los ministerios de Cultura y de Seguridad iniciaron acciones tendientes a la recuperación edilicia del espacio ubicado en la capital santafesina.

Esta semana, por medio del trabajo en conjunto de las carteras de Cultura y Seguridad, comenzaron las tareas de retiro de malezas y escombros, limpieza integral y desinfección de la Casa de Sor Josefa Díaz y Clucellas, en la ciudad de Santa Fe.

También, en materia de seguridad, se estableció un servicio de seguridad privada permanente que trabajará de manera articulada con personal policial de la Unidad Regional I; se restableció el tendido eléctrico para la colocación de artefactos de iluminación y se reforzaron puertas y ventanas.

Además, se efectuaron tareas primarias de plomería para evitar posibles pérdidas de agua que puedan afectar la estructura.

SOBRE LA CASADeclarada Monumento Histórico Provincial en 1998 y sujeta a expropiación por ley en 2006, la casona que fuera residencia de la protopintora Josefa Raimunda Hermenegilda Díaz y Clucellas, luego Sor Josefa, fue adquirida en 2009 por el gobierno provincial para su refacción y puesta en valor con destino a ser sede del Museo de la Inmigración.

En los últimos años hubo intentos para tratar de restaurarla, pero todo quedó en la nada. Ahora, el histórico inmueble – ubicado en la intersección de La Rioja y San Luis, en la ciudad de Santa Fe-, está indebidamente ocupado y preocupa a vecinos y comerciantes de la zona.

Desde hace más de 20 años, la antigua casona que perteneciera a Sor Josefa Díaz y Clucellas (ubicada en la intersección de las calles La Rioja y San Luis, pleno macrocentro capitalino), pasa de “mano en mano”: de la Provincia a la Municipalidad, y viceversa.

Ese “ida y vuelta” es lo menos conveniente para una estructura que necesita una restauración profunda, y que fue declarada por ley Monumento Histórico Provincial y de interés cultural de la ciudad por un decreto municipal.

Pero más allá de las cuestiones edilicias, ahora (y desde hace un buen tiempo), la preocupación pasa por otro lado: los vecinos y comerciantes de la zona se sienten inseguros, porque el histórico inmueble está “ocupado por familias enteras, es decir, vive gente de todas las edades. Entran, salen, cargan agua, se observan colchones…”, comentó una de las vecinas a El Litoral.

En 2018, El Litoral publicó un artículo que hizo visible el estado de abandono de la casa y, de esa manera, el tema volvió a la agenda pública. Así fue como la Provincia rescindió el comodato con la Municipalidad para volver a tomar posesión del inmueble y restaurarlo. Algo que nunca ocurrió, a excepción de algunos trabajos de apuntalamiento que se hicieron en 2019 para evitar desmoronamientos. Luego cambió el gobierno provincial, crisis, pandemia y como resultado, la obra nunca se inició.

Desde ese entonces, aseguran los vecinos, empezó a haber más problemas en la zona, como por ejemplo, el robo íntegro al depósito de un comercio.

“Nos movilizamos todo lo que pudimos. Defensoría del Pueblo, Centro Territorial de Denuncia, policía, con medios de comunicación. Esta gente es muy peligrosa para todo el barrio. En septiembre del año pasado también hicimos una movida, pero no pasó nada”, expresaron.

La gente continuó alzando la voz para hacerse escuchar: “Hará unos dos meses atrás, se colocaron unas vallas pero mientras tanto tienen agua, tal vez gas. También se sienten olores muy feos de ahí”.

Sobre calle San Luis, claramente se observa el lugar que debería ser el paso para que entre y salga gente para mantener la casona, lo que sería la “puerta” de ingreso para los “ocupas” que cuando colocan candados, se encargan de romperlos.

Sobre el final, un pedido claro: “Ya no sabemos dónde más acudir. Es una zona de comercios pero también mucha gente que vive, y todos están muy preocupados”.

Este lunes, una multitud estimada en 500 personas volvió a usurpar tierras en la ciudad de Reconquista, en la zona oeste de la ciudad, en barrio Virgen de Guadalupe, un sector periférico de la urbe ubicado en calles 105 y 102. Frente al hecho, diferentes grupos tácticos de la Policía de Santa Fe se presentaron en el lugar y protagonizaron un fuerte enfrentamiento con quienes pretendían asentarse en la locación, negándose a abandonar el terreno.

Según refieren portales de noticias de la región, con ayuda de maquinaria provista por el municipio, agentes de policía avanzaron sobre la tierra tomada en horas del mediodía, al tiempo que los usurpadores comenzaron a increpar al personal de la fuerza de seguridad, que derivó en un ataque con piedras y otros objetos contundentes.

En ese marco, las brigadas tácticas repelieron la agresión con disparos de cartuchos antitumulto. Como consecuencia del hecho, tres efectivos resultaron heridos con lesiones leves, ocasionadas por perdigones de plomo disparados con armas de fabricación casera.

El enfrentamiento duró hasta caer la noche, cuando la policía se retiró del lugar dada la alta peligrosidad y la poca visibilidad del enclave.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que podría tratarse del mismo grupo que el pasado 10 de junio llevó adelante una acción similar en el denominado Loteo Belén, hecho que fue interrumpido por agentes de policía y personal municipal, y dejó un saldo de tres personas imputadas.

El vehículo con oficiales capacitados estará en el lugar las 24 horas para evitar mayores instalaciones en el lugar y controlar conflictos.

Luego de varios reclamos de los vecinos de barrio El Pozo, la provincia de Santa Fe aseguró la presencia de un móvil de acción táctica en el lugar.

El problema gira en torno al aumento de los asentamientos que rodena al barrio, pero sobre todo al que está instalado en la playa de “Los Alisos” y los constantes episodios de inseguridad y peleas que se generan.

“Las novedades son muy positivas. El coordinador de seguridad local, Facundo Bustos nos avisó que a partir del día de hoy se disponía de un móvil de acción táctica en el asentamiento con el objetivo de evitar que más personas construyan viviendas y controlar los disturbios” contó Nancy Jorge, vecina del barrio.

“Queríamos un destacamento, pero se da esta otra opción que es más viable, por los problemas que hay” agregó la representante de los vecinos.

Se trata de un móvil con personal permanente las 24 horas, capacitados para actuar ante disturbios o problemas, “cosa que los oficiales que están en el destacamento no lo hacen, no pueden salir del destacamento”.

Van a estar apostados durante todo el día en la playa y van a trabajar en conjunto con la Comisaría tanto en disturbios en el asentamiento como en el barrio.

Con respecto a la situación del asentamiento, Nancy asegura que en los últimos meses, se dio un aumento del 50% de construcciones en el lugar. “Hay más de 200 personas que viven en los distintos asentamientos, uno en la playa y otro al costado, son varios los asentamientos que nos rodean” concluyó.

Se trata de unas 14 personas que instalaron un asentamiento en la costa del río y calle Juan de Garay.

La Municipalidad de Santo Tomé realizó una denuncia ante fiscalía por presunto delito de usurpación en la costa del río y calle Juan de Garay.

El director de Medio Ambiente de la Municipalidad, Norberto Lavatiatta, le dijo a Veo Noticias que “venimos trabajando desde mayo, lo que hicimos fueron los pasos legales que deben seguirse ante una supuesta usurpación. Se trata de un área natural protegida, que si bien había un asentamiento anteriormente se fue incrementando y lo que hicimos con el equipo de Acción Social fue relevar y seguir los pasos procesales legales que se tienen que hacer en estos casos. En junio se procedió a hacer una inspección con asistentes sociales, se labraron informes, pasó al departamento de Legales Topográfico y de la Municipalidad, que también emitieron informes, y con eso se hizo una denuncia a fiscalía con copia al Ministerio de Medio Ambiente por supuesto delito de usurpación”.

“En el momento en que se hizo el relevamiento había 14 personas que aducían que eran pescadores, algo que no se pudo determinar, por eso el equipo de fiscalía tendrá que averiguar. El domicilio que tenían era de Alto Verde”, agregó.

“Hablamos con los vecinos, esto les crea preocupación y malestar porque no conocen a la gente ni en carácter de qué están y rompen la tranquilidad del lugar, también generan inseguridad”, indicó.

Los procedimientos fueron realizados por las Tropas de Operaciones Especiales en la zona noroeste de la ciudad. Además de las aprehensiones, se secuestraron autos de alta gama, armas y plantas de marihuana.

Las Tropas de Operaciones Especiales realizaron este martes un operativo en la zona noroeste de Rosario en el que se procedió a la detención de cinco personas. En total, se realizaron doce allanamientos, todos vinculados a las usurpaciones de casas en la ciudad de Rosario y el lavado de activos.

La mayoría de los allanamientos se dieron en inmediaciones de la escuela de fútbol Olympia.

Del total de los allanamientos, diez se realizaron en el predio ubicado en calle Baigorria y J.J. Pérez, los dos restantes fueron en un domicilio en Washington al 1500. Los detenidos están sospechados de haber organizado o participado de usurpaciones de viviendas, amenazas calificadas y también de lavado de activos.

#Ahora Allanamientos de la Tropa de Operaciones Especiales en inmediaciones de la escuela de fútbol Olympia. Son por usurpaciones y amenazas. Se realizan por solicitud del fiscal Mariano Ríos Artacho

— Agustín Lago (@AgustinMLago) November 24, 2020

En los procedimientos, que fueron ordenados por el fiscal Mariano Ríos Artacho, se secuestraron autos de alta gama, motos de alta cilindrada, armas, plantas de marihuana, chalecos antibala, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además de documentación de interés para la causa.

El Senado de Mendoza convirtió en ley un proyecto que establece que quienes usurpen tierras no podrán acceder a beneficios sociales.

La propuesta ya media sanción y había sido presentada por el diputado Jorge Difonso. Ahora, fue remitida al Ejecutivo provincial para su promulgación. De esta manera, las personas que participen de las tomas de tierras no podrán ser beneficiarios de planes sociales, programas de vivienda, ni subsidios otorgados por el gobierno mendocino.

El texto, aprobado con 19 votos positivos, 14 negativos y tres abstenciones, dispone, entre otros puntos, como requisito “para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos (…) del Código Penal (Usurpación), mientras dure su condena”.

A su vez, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, antes de hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores de condenas por esos delitos.

El diputado Difonso indicó a la prensa local que “el proyecto concretamente establece que aquellas personas que están en el delito de usurpación no pueden acceder a los beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por sobre otras personas que están haciendo los trámites normales; el Estado no puede estar financiando este tipo de actividades ilícitas”.

Por su parte, el senador radical Juan Carlos Jaliff defendió el proyecto al indicar que se busca que “aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del Estado”.

Críticas a la ley

En cambio, la senadora Cecilia Juri (Frente de Todos -PJ) expresó su oposición a la iniciativa porque “en vez de ampliar derechos y buscar soluciones a problemas estructurales de los mendocinos se elige avanzar con una iniciativa que tiene una visión sesgada, alejada de la realidad y netamente punitiva”.

“Ni en los fundamentos ni el objeto se mencionan los problemas estructurales que tiene nuestra provincia en relación a la posibilidad de acceso a una vivienda digna”, añadió.

Respecto al resto de las votaciones, Lautaro Jiménez del Frente de Izquierda, se manifestó en contra, mientras Andrea Blandini y Ernesto Mancinelli expusieron también su rechazo a la propuesta. Desde el bloque Socialista, Fernando Alin expresó su desacuerdo y el senador Héctor Bonarrico se abstuvo de votar.

A solo dos días de finalizar el plazo que la justicia le dio para llevar a cabo el desalojo en Guernica, el gobierno bonaerense decidió que otorgará un subsidio de hasta $ 50 mil para desalentar las tomas de tierras sin recurrir a las fuerzas de seguridad.

La medida fue plasmada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires a través del decreto 938/2020, cuyo objetivo es crear un “Programa de Asistencia Crítica y Habitacional” por el cual se asistirán y otorgarán fondos a las personas y familias en “extrema vulnerabilidad social” con el fin de atender los problemas habitacionales.

El programa en cuestión será llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, funcionario que desde un primer momento quedó al frente de resolver el conflicto de las tomas de tierras que se multiplican por todo el territorio provincial.

De acuerdo al decreto, el objetivo del programa será “atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional, mejorando las condiciones de habitabilidad para grupos en situación de riesgo social, y la calidad de vida de los mismos”.

En tanto, mediante subsidios que pueden llegar hasta los $ 50 mil, los beneficiarios podrán pagar “gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente”, aunque también podrán utilizarlos para “alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad”.

El subsidio que reciba cada beneficiario dependerá de “la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca, en base a lo que surja del informe social correspondiente” y los beneficiarios deberán rendir cuentas con los gastos que realicen.

Por ahora, el monto total de subsidios será de $ 54 millones en tres meses, pero la iniciativa podrá ser prorrogada si el problema continúa.

El plazo para el desalojo en la toma de Guernica vencerá este viernes y todavía quedan un 15% de familias que no aceptaron las negociaciones previas del gobierno bonaerense.

Reclaman la urgente intervención del Estado (municipal, provincia y Nación) y la realización de un Protocolo de Actuación.

El drama de las usurpaciones y de las ocupaciones ilegales en terrenos golpea con fuerza en Santa Fe y las distintas entidades vecinales de la ciudad han manifestado su estado de máxima preocupación. Si bien el problema no es nuevo, en este último tiempo -en sintonía con los sucesos similares que han tenido repercusión nacional- hubo un notable incremento de casos tanto sea en terrenos que son propiedad del Estado como así también en los que pertenecen a privados.

Y de la mano con esta nueva realidad una escalada de hechos delictivos que van desde tiroteos entre los usurpadores, tenencia y comercialización de estupefacientes como así compra y venta de esos mismos terrenos.

Como en la Edad Media

Días atrás El Litoral dio cuenta de un recurso extremo implementado en Sauce Viejo por el propietario de un importante terreno que decidió construir un profundo zanjón como modo para intentar detener las intrusiones. “Sauce Viejo como en la Edad Media”, pensaron muchos.

Cabe agregar que el tema de las ocupaciones ilegales no refiere exclusivamente a terrenos, sino que también se han detectado intrusiones en casas de fin de semana. En este sentido, se sabe que la policía debió intervenir ante situaciones que se dieron en la zona de Colastiné, Villa California y San José del Rincón.

Todo este panorama impacta de manera directa entre quienes viven en cercanías de esos lugares en conflicto, lo que significó que las vecinales hayan tomado cartas en el asunto.

Antes ranchitos, ahora “de material”

“El problema es serio y cada vez se agudiza más. En principio los terrenos más comprometidos eran los linderos a las vías del ferrocarril que circunvalan en distintos tramos toda la ciudad de Santa Fe. Pero ahora estamos notando que avanzan sobre paseos públicos e incluso sobre terrenos privados”, comentó Susana Spizzamiglio, presidenta de la vecinal Fomento 9 de Julio e integrante de la Red de Vecinales por Seguridad.

“Ya no se trata de ranchitos de chapa, hoy en día levantan construcciones de material, o intentan ganarse en viviendas particulares”, reveló en diálogo con El Litoral. “Un caso así se dio hace poco en un inmueble de Urquiza al 4400 donde varios sujetos intentaron meterse dentro de una casa cuyos propietarios habían dejado por un problema de salud”. Un grupo de vecinos intervino y frustró esa ocupación. Luego los mismos vecinos decidieron ´tapialar´ las puertas y ventanas de esa casa para evitar nuevas intrusiones”, agregó la referente de la Red.

“El caso más reciente ocurrió en el llamado Paseo Escalante, en Saavedra y Luciano Torrent. Ahí apareció un hombre y comenzó a construir una vivienda de material. La vecinal lo denunció y los inspectores municipales debieron intervenir y frenaron la obra”, añadió Spizzamiglio. “Situaciones similares se dieron en Barranquitas Oeste, en Villa Oculta y, en barrio Las Delicias, hay un club privado que está siendo intrusionado”, reveló la vecinalista.

Los barrios intrusados

Lo que sigue es un breve listado de sectores de la ciudad donde se han registrado intrusiones y/u ocupaciones ilegales.

Playa Norte. Bajos Judiciales.

Vecinal Scarafía (Alberti al fondo)

Zona del ex Frigorífico Municipal.

La Carbonilla (Vélez Sarsfield y Huergo).

Vecinal Schneider (zona de vías) y en Villa Hipódromo.

Reservorios en Padre Atilio Rosso.

Barranquitas Sur y Barranquitas Oeste.

Alto Verde (diversos lugares: al ingreso, sobre las defensas, en reservorios).

El Bañado en La Guardia.

En Colastiné (varios lugares: sobre las defensas, vía muerta, algunos terrenos privados)

Barrio Loyola.

Santa Rosa de Lima, cerca de la circunvalación.

Zonas aledañas al barrio El Pozo.

Involucrar a todas las partes

Por su parte José Maciel, presidente de la vecinal Siete Jefes, opinó que la cuestión de las usurpaciones “es un tema muy sensible para todas las partes interesadas: ocupantes, vecinos, Estado, etcétera”.

Agregó que, debido a ello, “junto a la Vecinal Candioti Norte, nunca hablamos de las ocupaciones en forma aislada, ya que pensamos que la solución venía por el lado de entender las causas y hacer un abordaje más amplio para promover el involucramiento de toda la sociedad. No solamente trabajar sobre los efectos, que es lo visible. Para esto siempre hablamos de ‘urbanización’ o intervenir ‘urbanisticamente’ “.

Señaló luego que “como primer paso, decidimos solicitar a la Intendencia de Santa Fe el liderazgo de estos cambios, ya que pensamos que es la única forma de armonizar todas las partes, para tener objetivos compartidos y que elaborar un plan para lograrlos”.

“Siempre a todos nos confundió el término delito en las ocupaciones, y cumplimiento de la ley, ya que desde siempre todo continúa como si no existiera el Código”, continuó Maciel. Para esto, “requerimos la elaboración y comunicación de un Protocolo de Actuación entre Municipalidad, Provincia, y Nación para legitimar las acciones y evitar que los más de 75 barrios populares de la ciudad, que equivalen a más de 15.000 familias y más de 50.000 personas sigan creciendo”.

El dirigente vecinal agregó que “también llegar a acuerdos entre Municipalidad y Belgrano Cargas para evitar ocupaciones en el sector de galpones y vías vivas en operación para casos de emergencias en Laguna Paiva. Como vecinos confiamos en volver a creer en nuestros servidores públicos. Tienen la capacidad para cambiar”, remarcó.

Finalmente, expresó que “hoy es inconcebible la convivencia civilizada con tiroteos permanentes en los terrenos del predio del Ferrocarril, a 50 metros de las calles Vélez Sarsfield y Avellaneda, que ponen en riesgo a los vecinos. Ya pasó con la niña del Club Regatas. La seguridad es innegociable”.

Entre los usurpadores hay tiroteos constantes. Negocios por drogas y hasta compra y venta de terrenos. Los vecinos, desesperados.

Así comenzó la historia de las usurpaciones en Sauce Viejo, en un amplio terreno donde años atrás funcionó la fábrica Fiat, y que hoy linda con barrio Los Conquistadores y la central termoeléctrica Brigadier López.

Al principio tímidamente un ranchito de chapas, luego otro y al cabo de varios meses una ola de intrusiones que no se detiene.

Y de la mano con esta situación una seguidilla de otros delitos (tiroteos constantes entre los usurpadores, venta de drogas, peleas y corridas) que impacta de manera directa entre los vecinos de Los Conquistadores.

Lugar no habitable

“Todo esto data de varios años. Al principio vinieron unos pescadores locales pero después poco a poco se fue sumando más gente que venía de otros lugares. Empezaron con ranchitos y ahora directamente ya hacen casas de material”, dijeron varios vecinos que se comunicaron con El Litoral.

“El lugar no es propicio para vivir, no se habitable por la cercanía con la termoeléctrica. Por allí pasa un conducto que toma fuel oil de los barcos, y que es altamente combustible”, agregaron.

Esta bala apareció en el patio de la casa de un vecino de barrio Los Conquistadores.Foto: Gentileza

Disputa de tierras

“Si bien durante mucho tiempo sufrimos con los robos en la viviendas, ahora tenemos una nueva problemática: los tiroteos constantes que se dan en el asentamiento”, precisaron los vecinos.

“Estos enfrentamientos se dan porque hay disputas de tierras para la venta. Allí funciona una especie de subloteo donde van vendiendo terrenos.

Además de las peleas por el territorio hay otra clase de delitos que vienen de la mano, como venta de drogas y reducción de cosas robadas”.

Vecinos cuerpo a tierra

La última situación de violencia ocurrió ayer. Varios vecinos se tuvieron que tirar cuerpo a tierra por las balaceras que comenzaron a la tarde y siguieron hasta la noche.

Un vecino nos alertó también que en su casa cayó un proyectil calibre 9 mm., que suponemos es una bala perdida. Tenemos miedo que uno de esos balazos dañe a uno de nuestros hijos”, se lamentaron.

Como en la edad media

“Siempre reclamamos que se ponga freno a la cantidad de gente que viene a asentarse, pero nadie nos escuchó”.

“Hace poco el dueño del terreno, a través de sus apoderados, comenzó la construcción de un zanjón transversal, en un intento para que no siga el crecimiento demográfico en el lugar”.

“Entendemos que es un recurso desesperado, más propio de la edad media. Falta que se pongan alambres de púas y todo lo demás. Pero alguien tiene que poner freno a esta situación”, cerraron.

Denuncia e investigación

Todos estos hechos fueron denunciados en sede policial y están siendo investigados en la fiscalía del Dr. Ignacio Orio.

A pesar de la presentación judicial de los dueños del terreno de Magaldi y Lencina, advierten que no hubo controles ni custodia en los últimos días.

La toma de Magaldi y Lencina, atrás del predio del Cristo Rey, continúa acumulando capítulos de angustia y tensión en la zona oeste de la ciudad. Durante todo el fin de semana y en la jornada de ayer, siguieron llegando familias con estructuras provisorias, materiales de construcción y comenzaron a realizar loteos precarios con la asistencia de vehículos, algunos importados, que llamaron la atención de los vecinos, quienes denuncian el presunto carácter organizado de esta acción delictiva.

“Estuvieron aprovechando el fin de semana para seguir trayendo gente”, confió Julio Rodrigo, abogado de la familia propietaria del terreno de más de cuatro hectáreas, quien se mostró extrañado por la falta de controles en el lugar.

“Los vecinos nos cuentan que notan la presencia de autos, algunos importados, demarcando el terreno o metiéndose en los lotes con materiales de construcción, de manera descarada. Queda evidenciado que es algo organizado y que no existe la espontaneidad en este tipo de acciones”, resaltó Rodrigo.

En ese marco, profundizó: “No puede ser algo espontáneo que 200 familias se pongan de acuerdo para ir a usurpar un terreno. Sin lugar a dudas, esto es algo organizado. Hay que gente que los aglutina y gente que los mueve”.

El abogado recordó que “el viernes pasado, con mi cliente fuimos a ampliar la denuncia y solicitamos una medida cautelar para que hasta tanto se ordene formalmente el desalojo, deje de entrar gente con materiales de construcción al predio. Por lo visto en estos últimos días, eso no se cumplió. Y esto está cada vez peor”, admitió.

De acuerdo al testimonio de vecinos de la zona, las personas que se metieron en el predio lo hicieron asistidas por autos, algunos de alta gama, que se transformaron en señal de alerta para quienes sufren este tipo de intromisión.

Según ese relato, esos vehículos acercan materiales de construcción y raciones de comida para aquellos que llevan adelante estos loteos precarios, con estacas, cintas y demarcaciones informales.

Ese nivel de exposición de quienes se están metiendo en el predio de Magaldi y Lencina sigue generando impotencia, sobre todo para los vecinos, quienes denuncian que no hubo ningún tipo de control ni custodia policial durante los últimos días, a pesar del pedido realizado en Fiscalía.

Los habitantes de esa zona subrayan que las imágenes de gente caminando con chapas y tirantes se repiten de manera cotidiana. “Con total impunidad”, denuncian. Se ven bajando de vehículos que trasladan materiales de construcción y muebles hasta ese terreno.

En este agitado escenario, los dueños del predio solicitaron custodia que nunca fue efectivizada por parte de la policía, ni por Fiscalía. Ante esa inacción, sospechan que desde algún nivel político se están fogoneando estas tomas.

“Si no paran esto ahora, después será mucho peor”, remarcó una vecina del lugar.

En tanto, en el marco judicial, el Colegio Cristo Rey también ingresó a la denuncia, junto a los dueños y la Municipalidad de Rosario.

Si bien no hubo adelantos formales, ni confirmaciones, hoy podría ingresar un nuevo fiscal a cargo de la causa. Algo muy esperado por los denunciantes, que no se sintieron atendidos por la gestión anterior. En ese escenario, aguardan que active las actuaciones.

Durante este lapso, no se tomaron las medidas cautelares reclamadas y la toma se sigue consolidando en este predio de zona oeste.

Se trata de una de las ocho tomas de terrenos que se llevaron adelante en Rosario desde el comienzo de la pandemia.

Según un relevamiento del municipio, en la zona oeste hay usurpaciones en Gallegos y Calasanz; Estudiante Aguilar y Misiones; y Jauretche y Larralde. En zona noroeste hay otra toma en Juan José Paso y Chaco. Y en el sudoeste en Seguí y Solís. En zona sur hay otros dos asentamientos masivos de este tipo en colectora de la autopista Rosario – Buenos Aires y Pasaje 513; y en Ovidio Lagos y 5 de Agosto.

“Defienden a los delincuentes”

Según el concejal Carlos Cardozo, la toma de Magaldi y Lencina, atrás del predio del Cristo Rey, “tiene toda la configuración de una especulación inmobiliaria o una acción de carácter político. Pero el Estado en Santa Fe defiende a los delincuentes en lugar de defender a los legítimos propietarios”. El edil remarcó que “a pesar de la solicitud de medida cautelar, la respuesta de los fiscales que recibieron las denuncias y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe para custodiar los predios que se usurpan, ha sido nula. Y ya pasaron cinco días del pedido. La propiedad privada no tiene valor en Santa Fe”.

Vale recordar que el Ministerio Público de la Acusación le hizo presentar una nueva solicitud de desalojo a los propietarios del predio, siendo que la familia ya lo había hecho en diciembre de 2019. Ni la Justicia, ni el Ministerio de Seguridad defiende la propiedad privada. Esto es una anomia absoluta”, dijo el edil.

En la zona de Magaldi y Benteveo, varias familias levantan casillas con cartón, lona y chapa. Ante esta situación, desde distintos sectores piden la intervención de la Policía y la Justicia.

Mientras crece la pobreza en toda la Argentina, el Gran Rosario supera la media nacional y alcanza la alarmante cifra de 41,8%, según informó ayer el Indec. Un reflejo de esta preocupante situación es la toma de terrenos: en el noroeste rosarino, en la zona de Magaldi y Benevento, un importante número de casillas se va construyendo de manera precaria para albergar a familias con necesidades extremas.

Desde diversos sectores, entre ellos el político, reclaman la intervención de la Policía y de la Justicia. Consideran que se trata de una violación de propiedad.

El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo presentó un proyecto de comunicación donde solicita que “desde la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Segunda Circunscripción, se ordene el desalojo de los terrenos tomados en el predio delimitado por las calles Benteveo, Magaldi, Lencina y el límite norte del campo de deportes del Colegio Cristo Rey y se restituya la plena propiedad del predio a sus propietarios, quienes lo están reclamando como corresponde en sede judicial, registral, policial y municipal”.

El edil, del mismo modo, pide que “con extrema urgencia, la URII de la Policía de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe, disponga una custodia permanente a los efectos de que no avance el “loteo” del predio tomado y se cumpla con la protección de la propiedad privada como lo ordenan la Constitución Nacional y las leyes vigentes en la República Argentina”.

Por su parte, uno de los habitantes de estas viviendas, manifestó: “Que nos den una chance, somos laburantes, queremos pagar la tierra, tenemos voluntad, queremos dialogar y estar bien. Hay gente que tiene 5 piezas al pedo y mirá cómo vivimos nosotros”.

Se trata de ocupaciones en viviendas y terrenos. En algunos hechos hubo violencia y amenazas. Debió intervenir la policía y autoridades municipales. 

Momentos de suma tensión se vivieron en las últimas horas a raíz de dos intentos de usurpación que se dieron en viviendas de San José de Rincón y en Sauce Viejo.

El caso más reciente ocurrió en un inmueble ubicado en Maciel 1500, esto es, en lo que se denomina el “centro” de Rincón pueblo, a tres cuadras de la plaza principal.

Durante la madrugada del martes dos mujeres (casa una de ellas con un bebé en brazos), ingresaron a la propiedad, previo haber violentado unas cadenas que aseguraban puertas en el frente y en la parte posterior.

Las intrusas también habían provocado daños en otras aberturas del interior de la finca.

La anormal situación no tardó en llegar a conocimiento de la policía que minutos después se hizo presente en el lugar.

Entrevistas por los oficiales las involucradas (de 20 y 29 años) dijeron que no tenían lugar donde vivir, y que un allegado a la propiedad las había autorizado a quedarse.

Así las cosas, los policías ubicaron a un hombre que se desempeña como encargado del lugar, quien manifestó no conocer a las mujeres, como así también que jamás habría dado permiso para semejante acción.

Poco después se hizo presente el secretario general de la municipalidad de Rincón, quien luego de hablar con las mujeres (el funcionario dijo que iba a tomar nota de la situación social de las involucradas) las instó a retirarse del lugar.

Tras algunas deliberaciones las mujeres retiraron sus pertenencias en una carretilla y un colchón, mientras en el lugar quedó de consigna un móvil policial.

Al momento de retirarse las intrusas amenazaron que, de no haber una solución a su problema de vivienda, durante la noche iban a regresar al lugar.

En Sauce Viejo

Otra situación similar se dio en jurisdicción de Sauce Viejo.

En este caso pasado el mediodía del martes un llamado telefónico alertó a la policía que se estaba produciendo una usurpación en una vivienda de Lisandro de la Torre 1900.

Al concurrir los agentes hallaron a una mujer, de 33 años, que al ser interrogada sobre su presencia en el lugar dijo que la dueña de la propiedad se la había alquilado.

Sospechando lo peor los oficiales le solicitaron que se retire hasta tanto pueda acreditar sus dichos.

Ya en sede policial se recibió una comunicación telefónica de una mujer que se identificó como la dueña de la propiedad, y que actualmente reside en la ciudad de Villa Constitución, la que manifestó que no alquiló ni autorizó el ingreso al lugar de persona alguna.

Lo ocurrido fue comunicado al fiscal en turno quien ordenó las medidas pertinentes.

Otros casos

Sauce Viejo fue uno de los lugares más castigados con acciones de usurpaciones.

También durante la mañana del martes se supo de otro grave caso ocurrido en un terreno ubicado en calle Fresno 1600, en el barrio Jorge Newbery.

La víctima es un hombre de 64 años quien reveló que el viernes fue a inspeccionar su terreno y se encontró con que autores ignorados habían levantado 5 pilares, y en uno de ellos habían instalado un medidor de luz.

Por si fuese poco el frente del lugar estaba cercado con un alambre.

Toda esta situación fue denunciada en sede policial por el hombre que, documentación en mano, acreditó ser el damnificado.

Otro caso similar se dio en un terreno ubicado en Pte. Uriburu, de Sauce Viejo.

El propietario fue a observar el lugar el sábado y para su sorpresa encontró que había un baño químico y una casilla rodante, con un hombre viviendo en su interior.

Interrogado sobre los motivos de su presencia, el intruso advirtió que no pensaba retirarse del lugar.

En la zona de la playa Los Alisos viven cerca de 50 familias en condiciones precarias y los problemas con los vecinos son moneda corriente. El municipio proyecta resolver las fragmentaciones sociales y encontrar una solución definitiva junto a organizaciones sociales, el gobierno Provincial y otros organismos del Estado.

Resolver las precarias condiciones de hábitat de cientos de familias en la ciudad es una materia pendiente que los gobiernos municipales y provinciales aún no pueden “aprobar”, ya sea porque las políticas aplicadas son erradas o por el simple hecho de que el porcentaje de pobreza e indigencia en el país crece a grandes pasos y la necesidad de tener un lugar para vivir es urgente.

Ante esta falta de “vivienda digna”, las familias santafesinas que no tienen un techo para vivir se movilizan en grupos y se asientan en diferentes terrenos libres que encuentran en las periferias de Santa Fe. Estos asentamientos generan situaciones conflictivas entre los vecinos, y se vuelve una fricción diaria. Ejemplo claro es lo que sucede en El Pozo. Allí unas 49 familias (según relevamiento del 2019) están asentadas a orillas de la laguna Setúbal, sobre la playa Los Alisos, un espacio ocupado hace más de una década.

“La ciudad de Santa Fe presenta fragmentaciones socio urbanas que evidencian la vulnerabilidad social y la discontinuidad del tejido urbano. Estos sectores de la ciudad representan los mayores índices de hacinamiento y de inseguridad. Si a esto le sumamos la desigualdad en el acceso al suelo, genera ocupaciones irregulares, como es el caso de Los Alisos, una zona con riesgo hídrico”, analizó Paola Pallero, directora ejecutiva del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, en una entrevista con El Litoral, y agregó: “Como primera instancia queremos afrontar un relevamiento nuevo de las familias y actualizarlo a hoy. Esto se hace mediante un trabajo coordinado con la Provincia y el MPA (Ministerio Público de la Acusación)”.

Los sectores que evidencian estas situaciones irregulares, para Pallero se ubican, en su mayoría, “en el borde oeste de la ciudad, en el norte y en el distrito de La Costa”. Al ser consultada sobre el análisis comparativo con años anteriores y el crecimiento demográfico de los terrenos usurpados, la funcionaria destacó: “Sí, tienen un crecimiento sostenido. En el caso de El Pozo desde el 2009 hasta el día de hoy”.

Plan de integración

-¿De qué manera se puede abordar la problemática?

-Desde el municipio vamos a apostar a un proyecto de reubicación que sea sostenido en el tiempo y que sea integral, es decir, que no solo aborde las mejoras de viviendas en un lugar seguro, sino también que contemple el espacio público, la integración socio urbana y la infraestructura necesaria, para no replicar esta situación en otro lugar de la ciudad.

Recordemos que los Alisos es uno de los barrios populares censados por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) para la integración socio urbana. Para nosotros es una prioridad intervenir en el proyecto de integración socio urbana, pero cuando constituyen un riesgo para sus habitantes como es el caso de Los Alisos, al ser una zona de riesgo hídrico, los proyectos se deben abordar de manera integral desde todos los niveles del Estado, conjuntamente con las organizaciones sociales. Es por eso que lo estamos haciendo con los vecinos de barrio El Pozo, organizaciones sociales y autoconvocados, para transmitirles la prioridad del municipio de trabajar en esta integración socio urbana.

-¿Los vecinos comparten esta idea?

-Sí, cuando estuvimos reunidos les compartimos nuestra visión y por eso vamos a seguir trabajando en conjunto.

-¿Cuánto tiempo va a demandar esta integración?

-Va a depender del financiamiento y los recursos que podamos ir consiguiendo, pero el proyecto ya está bastante avanzado.

-Es una problemática que tiene mucho tiempo, han pasado diferentes gobiernos provinciales como locales. ¿Hoy la realidad cuál es?

Para nosotros es una prioridad por la vulnerabilidad social que se fue generando, no solamente a nivel inseguridad sino también en relación al hábitat y la calidad de vida de estos habitantes. Más la problemática que puede trasladarse con los vecinos de El Pozo.

-Cuando asumieron como gobierno municipal ¿Esperaban encontrarse con esta situación de hábitat o los sorprendieron los números?

-Nos sorprendieron los números, sobre todo la fragmentación de la ciudad, hay una brecha muy grande entre el ejido urbano formal y el informal. Por eso estamos priorizando todas las obras de integración socio urbanas en el noroeste y en el borde oeste, para no solo apuntar a la construcción de nuevas viviendas sino también dar alternativas de mejoras que puedan generar un lugar digno.

Del otro lado de la defensa

El Litoral recorrió el lugar y dialogó con los vecinos para conocer sus posturas de la situación de controversia que genera el tema de los asentamientos.

María del Rosario Alarcón, vecina de El Pozo, dio su punto de vista a la problemática del asentamiento en la playa los Alisos, pero antes repasó los años que dieron origen al barrio popular. “Antes que se comience a construir el centro comercial (ex Paseo del Sol, ubicado frente a El Pozo) había una villa asentada sobre la entrada del shopping, al costado de la ruta 168 y que la llamaban Villa Corpiño. De golpe sacan la villa porque estaba en un terreno privado y ahí construyen la estación de servicio, cuando los corren vinieron a asentarse a orillas de la laguna, detrás del barrio El Pozo”, rememoró la vecina.

-¿Cuál es la mayor problemática que les genera a ustedes?

-Acá la problemática es la ausencia del Estado, que ha estado ausente en los últimos 13 años. El mayor problema es la inseguridad, no porque la gente del asentamiento sea mala, sino que en el último tiempo ha venido gente que ocupa terrenos y vende casas, acá la delincuencia se volvió algo común.

-¿Quién debería regular estas ventas ilegales de terrenos?

-La regulación tiene que venir por parte del Estado. Hay tanto leyes provinciales como nacionales que prohíben la edificación en los márgenes de los ríos y nosotros no tenemos una edificación, tenemos un barrio completo.

-¿Tuvieron respuestas recientes por parte del Estado?

-Sí, la última convocatoria la hizo el intendente Jatón en la Municipalidad con todas las instituciones barriales, que fueron bien recibidas y presentaron sus problemáticas.

-¿Qué es lo que quieren ustedes: que los saquen o que les den un lugar donde vivir?

-Una cosa lleva a la otra. Las personas que viven en ese lugar son ciudadanos que tienen sus derechos. Acá no se trata de una lucha de pobres contra pobres, una pelea que sucede cuando el Estado está ausente. Esa gente merece vivir de otra manera. No tienen agua potable y estamos en pleno de una pandemia, una parte tiene luz porque la EPE colocó una conexión comunitaria, pero en la otra parte los cables bajan del alumbrado público y es un peligro. Viven en una miseria absoluta y no puede ser que vivan así.

Tierra adentro

La vecina Jimena Romero comentó, en referencia al asentamiento en los Alisos, que “hay muchas necesidades en este pequeño barrio. A mí me gustaría que haya un plan de trabajo para que los viven en el asentamiento hagan trabajos en el barrio El Pozo y también esperamos un plan de vivienda para que puedan vivir con agua y luz, porque eso es un derecho”.

-¿Cómo llega la gente a este lugar? ¿En qué situación?

-Hay gente de la periferia de la ciudad, pero también hay gente que vino de Chaco, de Santiago del Estero. Acá tienen muchas necesidades básicas (de servicios esenciales), hay diferencias entre los vecinos.

-¿Cómo fue tu llegada al barrio? ¿Pediste permiso para instalarte?

-Mediante una carta que mandé al Concejo Municipal y me dijeron que podía estar a dos metros del defensa pero que no se podía edificar casa y por eso armé mi ranchito.

-¿Es difícil convivir con el vecino que está del otro lado de la defensa?

-No se hace difícil, hay que aprender a convivir. En 15 años nunca vi lo que pasó hace poco (en referencia a los tiroteos ocurridos en julio).

“Compré un ranchito”

Facundo vivía en Alto Verde, pero decidió mudarse al asentamiento de Los Alisos luego de comprar, de forma irregular claramente, un espacio para vivir. “Llegué porque compré un ranchito. Mi mamá me lo consiguió”, aseguró. Al ser consultado sobre quién fue su vendedor, Facundo se limitó a decir: “Ni idea quiénes eran. Acá había gente que vendía los terrenos, ni eran los dueños, pero los vendían igual”.

“Acá se vive tranquilo, mejor que en otros barrios”, destacó el joven que se las rebusca como albañil, y agregó: “Me gustaría vivir acá y capaz que algún día podamos tener una casa de material”.

-¿Qué sentís cuando hay gente que piensa en sacarlos de acá?

-Mal. Nosotros no tenemos otro lugar para estar y para dónde ir. Acá hay mucha gente que tiene hijos chicos, algo les tienen que dar.

Otro de los vecinos del asentamiento comentó cómo fue su llegada a Los Alisos y dijo: “La verdad que esto es un espacio verde y sabemos que es una usurpación. En otra vida hubiésemos querido una casa digna de material como todos se merecen. Pero nos tocó esta situación de vivir en un rancho de chapa y cartón, y pasamos frío, calor y muchas necesidades”.

Acerca de lo que desea para su futuro en el lugar, el vecino sostuvo: “Intentamos buscarle el lado bueno y pensamos que se puede salir adelante. Llegar a un acuerdo con los vecinos y entender que somos todos iguales y con el tiempo uno se conoce más, buscar tranquilidad y socializar con todos”.

Las usurpaciones ilegales en la ciudad, así como en muchos lugares de la provincia, no son una novedad. Pero lo cierto es que en los últimos meses estos asentamientos han sido recurrentes. Muchos de ellos, generando problemas con los vecinos de toda la vida de un barrio o zona determinada.

Ante este avance, el gobierno de la provincia convocó a diferentes actores sociales para conformaron una mesa de trabajo. El objetivo es construir herramientas para regular el uso y ocupación del suelo vacante fiscal de acuerdo una planificación urbana.

En la actualidad, la saturación habitacional, en el contexto de la informalidad, produce el derrame poblacional hacia áreas vacantes independientemente del dominio (fiscal o privado), en condiciones habitacionales deficientes y a menudo hacia zonas que suponen un riesgo para sus habitantes.

Abordar el acceso a la vivienda y al suelo urbanizado en condiciones de integración, es una deuda social que, desde los diferentes niveles, el Estado debe trabajar para la toma correcta de decisiones con el objetivo de formular e implementar políticas públicas, en materia de hábitat, que traten estas problemáticas en toda su complejidad. En virtud de esta realidad, diferentes actores, poderes y jurisdicciones del Estado municipal, provincial y nacional, conformaron una mesa de trabajo a los fines de construir herramientas ajustadas, en términos de estrategia y acorde a derecho, para regular el uso y ocupación del suelo vacante fiscal de acuerdo al reordenamiento territorial y a la planificación urbana.

INTEGRANTES

Conforman esta Mesa de Trabajo: el Ministerio Público de la Acusación; el Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat; el Ministerio de Seguridad; el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; el Ministerio de Desarrollo Social; la Municipalidad de Santa Fe, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC).

Es parte fundamental de las intervenciones, indagar en las reales motivaciones de quienes realizan estas prácticas, con el convencimiento de que el acceso a la vivienda es un derecho humano innegociable. Por otra parte, se trabajará intentando dar un sentido a la utilización del suelo que se recupere, para destinarlo a los fines proyectados, apostando a construcciones colectivas.

El protocolo resultante pretende definir los modos de actuación en las diferentes instancias en las que las ocupaciones suceden, teniendo como eje de acción el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. La primera actuación es municipal y posteriormente se suman instancias donde se inician otros procesos en los cuales van interviniendo diferentes organismos de acuerdo a la complejidad de las situaciones y articulándose con otros protocolos ya existentes, incluyendo un abordaje multiagencial de las diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional.

Así lo relatan tres familias que viven en las cercanías de los terrenos ocupados ilegalmente desde el verano. A fines de mayo hubo un nuevo intento de copamiento pero fue desactivado por Gendarmería. También se registró un ataque a la casa de una mujer. Pese a las órdenes dictadas por un juez, no se desaloja el predio. Al contrario, alertan que avanzaron en la construcción de precarias viviendas. 

Mientras los ojos de la opinión pública están focalizados en la pandemia del coronavirus, la situación de las usurpaciones en el norte de la ciudad de Santa Fe empeoró. Así lo marcan vecinos que dialogaron con El Litoral y contaron que lejos de mejorar, el panorama en los terrenos fiscales se agravó.

El primer dato que refleja lo que viven a diario quienes habitan las adyacencias del espacio ubicado entre calles Azcuénaga, Matheu, 1 de Mayo hasta Facundo Zuviría, es un nuevo intento de “copar” este sector por parte de tres o cuatro familias. Esto ocurrió el miércoles 27 de mayo al mediodía en la esquina de Matheu y 9 de Julio. “Los vecinos llamamos a Gendarmería cuando empezamos a ver movimientos raros”, arrancó su relato un vecino, a quien por cuestiones de seguridad se resguarda su identidad. “Vinieron tres camionetas de la fuerza federal y tras momentos de tensión, los agentes lograron sacar a estas personas. También nos dijeron que tienen la orden de no permitir nuevos asentamientos; esto nos trajo un mínimo de tranquilidad”, agregó.

Sin embargo, y aquí el segundo punto: la cuarentena no impidió que los ocupantes ilegales continúen con la construcción de viviendas precarias. “Es como que aprovecharon la situación de la pandemia para seguir avanzando”, opina el vecino. En ese sentido, el entrevistado comentó que estas personas deambulaban por el barrio sin respetar las medidas de prevención de contagio de Covid-19 dispuestas por las autoridades. “Es más, hay veces que usan las veredas como baño”, apuntó.

Exposición, amenazas y ataque

El tercer punto y no por eso de menor importancia, fue el ataque a una vecina que vive cerca del predio usurpado. El Litoral dialogó con la mujer que relató lo sucedido. “Esto comenzó el viernes 12 cuando personal de Gendarmería tocó mi puerta para que firme un procedimiento en los terrenos como testigo. Además, me hicieron acompañarlos al predio y yo accedí. Mientras caminábamos por el lugar, se escucharon insultos y amenazas verbales por parte de un grupo de personas que estaban allí asentadas. Luego, tuve que volver a mi casa porque tenía otro compromiso, entonces los agentes me dicen que posteriormente me volverían a convocar”, describió.

“Esa misma noche, ya siendo la madrugada del sábado, escucho piedrazos en el techo de mi casa y de las viviendas contiguas. En n la mañana, alrededor de las 9, cuando salgo a buscar mi auto noté un objeto debajo de una de las ruedas que tenía signos de haberse prendido fuego, pero no afectó al vehículo. Salí del barrio y al poco tiempo me llama mi hijo para decirme que había signos de quemaduras en dos de las paredes de la casa, en una de las cuales está la instalación del gas. Podría haber ocurrido una tragedia”, continuó la vecina.

La secuencia prosiguió con la denuncia en la Comisaría 26, según explicó la mujer. “Quedamos expuestos los vecinos y por las noches no hay patrullaje. Me contacté con el municipio para ver si podían mandar la Guardia Urbana pero tampoco me dieron respuesta. Estoy analizando si pedir un botón de pánico”, finalizó.

Siguen los tiros y ruidos molestos

Una de las cuestiones que mencionan los vecinos desde el inicio de este problema (El Litoral viene acompañando desde entonces el reclamo) son los incesantes ruidos molestos y olores nauseabundos que provienen desde los asentamientos ilegales. “Se siguen escuchando tiros casi todas las noches, la música nunca para”, comentó uno de los entrevistados. Además, remarcó que los hechos de inseguridad aumentaron desde que se instaló este grupo de personas. “Robaron cestos de basura, hay amenazas, intentaron abrir varios autos, entre otras cuestiones. Ni hablar de que algunos están ‘colgados’ de la luz e incluso nos enteramos que estaban vendiendo terrenos por Facebook”, añadió.

Fantasmas 

Un dato que ya se había mencionado durante las primeras semanas del asentamiento, es que el lugar queda vacío durante el día. “La gente va y viene. Esto lo seguimos viendo, alrededor del 20 por ciento de las precarias viviendas están ocupadas todo el tiempo”, asegura uno de los vecinos consultados y considera que el lugar parece “fantasma”. “La gente del barrio Esmeralda la está pasando muy mal. Se han perdido espacios públicos que antes los usaban los niños para jugar, sobre todo el playón deportivo que hizo la Municipalidad que quedó todo usurpado”, consideró. Y concluyó: “Sorprende la organización que tuvieron. Llegaron con motoguadañas, cortaron los yuyos y empezaron a hacer demarcaciones”.

Derrotero sin fin, ni soluciones

En diálogo con El Litoral, otro vecino comentó el derrotero ante las autoridades de varios estamentos del Estado. “Nos reunimos con todo el mundo; el intendente, funcionarios municipales, el fiscal, el juez Miño, jefes policiales. Incluso hicimos reiterados llamados al 0800 de la provincia para denunciar que rompen habitualmente la cuarentena”, dijo el entrevistado y aclara que las respuestas nunca aparecieron.

“Ya no sabemos cómo actuar, se nos cierra el manual de procedimiento. Somos trabajadores, dejamos nuestras familias en la casa”, remarca el damnificado. Y anticipa: “Queremos ir más allá, estamos viendo de poner un representante legal”.

Por último, el vecino reclamó: “Le hemos llevado nosotros información al juez. Le pasamos carpetas con nombres, datos, patentes de vehículos; y no sé qué esperan. La orden de allanamiento nunca se llevó a cabo y en el medio quedamos nosotros, expuestos a represalias”.

Vecinos de barrios aledaños advierten que muy poca gente está viviendo en el predio. Y que “hay personas que entran y salen cuando quieren: dejan una escena armada”, aseguran. Pese a la orden judicial de desalojo, nada cambió.

Sábado 8 de febrero. El teléfono celular donde funciona el WhatsApp de El Litoral (342-6305344) no paraba de sonar. Con suma preocupación, un vecino de barrio La Esmeralda alertaba lo que horas y días más tarde se concretó: un grupo importante de personas tomó ilegalmente terrenos en el norte de la ciudad de Santa Fe y levantó asentamientos.

“Los vecinos estamos muy preocupados por el asentamiento ilegal que se está por llevar a cabo”, advertía este vecino cuya identidad se resguarda por cuestiones de seguridad.

En realidad, ese grupo de individuos comenzaron a usurpar ese predio unas horas antes. Este sábado se cumple un mes de ese acontecimiento y todavía no ha sido desalojado. Desde entonces, se produjeron una seguidilla de situaciones, muchas de ellas violentas, que elevaron al máximo la preocupación de quienes viven en las cercanías.

Como informó El Litoral desde el primer momento, las “tomas” se producen en terrenos fiscales que pertenecen a Vialidad Nacional, comprendidos por calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo.

“Aprovechadores”

Ahora, la última novedad es que los propios vecinos denuncian que en los terrenos hay poca gente viviendo. Para corroborar esta situación, compartieron imágenes a través de WhatsApp y en las mismas se pueden ver las casillas y carpas vacías.

“En las fotos se ve que la gente va y viene. Dejan la escenografía armada. Muchos son vivos y aprovechadores, otros se quedan”, le dijo a este diario quien compartió las imágenes.

Cronología

Mientras se incrementaba la cantidad de asentamientos ilegales, funcionarios municipales realizaron las denuncias correspondientes. Luego, fueron a dialogar y a censar a quienes participaban de este accionar ilegal. La cuestión llegó a la justicia federal, que por jurisdicción debe actuar en la materia. Entonces entró en escena el fiscal federal Walter Rodríguez que solicitó una intervención coordinada, entre fuerzas de seguridad y organismos afines a la problemática, para desactivar el conflicto.

Ese pedido se cumplió por la mitad. Si bien en el lugar se presentaron efectivos policiales provinciales y de Gendarmería Nacional no se pudieron desalojar la totalidad de los asentamientos. Es más, el lunes posterior al inicio de la toma se registró una protesta de otro grupo de personas que reclamaban por la liberación de esos terrenos aduciendo que allí se realiza un club de trueque. Hubo corte de calles (sobre la Av. Facundo Zuviría, a la altura del CIC que funciona en ese sector) y momentos de tensión pero afortunadamente no pasó a mayores.

Oídos sordos

Transcurrió la primera semana y las precarias viviendas siguieron ahí. Según pudo averiguar El Litoral por aquel entonces, de las más de 100 familias que protagonizaron esa “movida” pasados 10 días quedaron menos de la mitad, alrededor de unas 40.

Fue entonces que “apareció” la orden judicial dictada por el juez federal Francisco Miño para que personal de Gendarmería allane y desaloje el lugar. 15 días después, esa disposición no se cumplió y todavía siguen en pie los asentamientos.

Preocupación creciente

Desde el minuto cero, los vecinos pusieron el grito en el cielo: no querían esos asentamientos ilegales cerca de sus viviendas. Así lo hicieron saber primero a través de El Litoral y luego a toda la prensa santafesina. Como si fuese una bola de nieve, la situación lejos de mejorar, empeoró.

Quienes viven en barrios lindantes (Transporte y La Esmeralda), advirtieron que durante las noches los ruidos son constantes (golpes a chapas, música y gritos), el olor insoportable (quemas de todo tipo) e incluso tuvieron que vivir episodios de inseguridad (robo de cestos, intentos de ataques a automóviles, etc).

En la última nota publicada por este medio, uno de los vecinos expuso que advirtieron conexiones ilegales al sistema de luz eléctrica; todo ante la atenta mirada de quienes deberían desalojar el predio.

La preocupación es tal que los propios vecinos se sumaron este jueves por la noche al inédito cacerolazo en reclamo de mayor seguridad en Santa Fe. La concentración, en este caso se llevó a cabo en la intersección de la Av. Aristóbulo del Valle y Larrea.

Esperan y desesperan

Los vecinos ya no saben a qué oficina pública acudir. Por los hechos ya participaron funcionarios municipales, de la justicia federal y de las fuerzas de seguridad. Pero los asentamientos siguen ahí. “Día 29 y todo sigue igual, pese a todas nuestras presentaciones. Enviamos notas al juez, al fiscal y nada…”, dijo otro lector de El Litoral que a diario se comunica e informa el estado de situación de la toma.

Como dice un viejo refrán, “el que espera, desespera”; una reflexión que bien grafica lo que sufren a diario quienes viven en domicilios lindantes al predio “tomado”.

A 14 días del comienzo de las usurpaciones de terrenos fiscales en distintos barrios del norte de la ciudad, aún continúan asentadas unas 15 familias de las 116 familias que había en un inicio. A pesar de que la Justicia ordenó el desalojo en barrio Transporte hasta el momento no se concretó debido a la falta de una orden política hacia las fuerzas de seguridad, que deben ejecutar el operativo.

El acampe y asentamiento ilegal comenzó el 6 de febrero en lotes de un terreno fiscal delimitado por las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo, en el norte de la ciudad. Para convencer a los vecinos de desalojar el lugar y conocer las realidades de cada familia, el municipio realizó un relevamiento social y las censó.

El pasado fin de semana el juez federal Francisco Miño emitió al respecto una orden judicial de allanamiento y desalojo, para que la Gendarmería Nacional proceda. Así lo confirmó Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social de la Municipalidad santafesina, quien sostuvo que esta fuerza pública se puso en contacto con las distintas áreas del Estado tanto municipal como provincial. “Mantuvimos una reunión operativa para comenzar con una intervención que intente mediar desde las áreas sociales para no llegar a una situación violenta de desalojo”, explicó el funcionario y agregó: “Abandonar el lugar es la condición innegable que dictó el juzgado federal”. Resta, ahora, la decisión política para instrumentar el desalojo.

El fiscal federal Walter Rodríguez expresó su preocupación por la falta de celeridad en el tratamiento de las denuncias públicas por las presuntas usurpaciones de terrenos en el norte de la ciudad, y solicitó una intervención coordinada entre fuerzas de seguridad y organismos afines a la problemática.

El fiscal Walter Rodríguez formalizó un pedido para que la delegación local de la Policía Federal se inmiscuya en el asunto, aunque de manera coordinada con organismos municipales, provinciales y nacionales. “El tiempo transcurrido perjudica la estrategia de actuación del organismo que represento”, se quejó el funcionario.

En un breve escrito presentado a última hora de este lunes ante el Juzgado Federal N° 2 del Dr. Francisco Miño, el fiscal federal Walter Rodríguez expresó su preocupación por la falta de celeridad en el tratamiento de las denuncias públicas por las presuntas usurpaciones de terrenos en el norte de la ciudad. Además, solicitó una intervención coordinada, entre fuerzas de seguridad y organismos afines a la problemática, para desactivar el conflicto.

En ese sentido el Dr. Rodríguez pidió la remisión de las actuaciones al juzgado federal N° 2 y sugirió la “urgente intervención” de la delegación local de la Policía Federal (PFA) con competencia en el terreno, en coordinación con organismos que favorezcan “un abordaje integral de la problemática” dijo. Entre ello, destacó la convocatoria a funcionarios de la Dirección de Acción Social y la Agencia de Hábitat de la municipalidad; el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Obras Públicas de la provincia; y la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Dirección Nacionalidad de Vialidad.

Ello como paso previo a la acción penal, dado que a su vez, distinguió la responsabilidad que les cabe a los poderes Ejecutivo y Judicial. Para Rodríguez es responsabilidad del primero, a través de las fuerzas de seguridad, disponer lo necesario para hacer cesar el delito, lo cual no implica directamente el “uso de la fuerza pública”. En tanto la Justicia debe investigar la comisión de delitos e individualizar a sus responsables. Y aclaró que “en ningún caso las fuerzas de seguridad requieren la orden de un fiscal o un juez para hacer cumplir la ley”.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal narró que el juzgado federal encomendó el sábado, en horas de la siesta, a la Policía Federal, realizar trabajos de campo consistentes en constataciones y tomas fotográficas para ser elevadas este lunes al magistrado. De lo constatado, el personal policial narró lo ya conocido: los terrenos de Azcuénaga al 2900 se encontraban en proceso de usurpación con elementos plantados y carpas levantadas, así como la presencia de numerosas personas.

El fiscal -de turno durante el fin de semana-, fue informado de los acontecimientos pasado el mediodía del lunes por lo cual expresó su preocupación ante la falta de celeridad en el proceso. “Considero que el tiempo transcurrido perjudica la estrategia de actuación del organismo que represento, dado que en virtud de las características del suceso, resultaba neurálgico adoptar distintas medidas inmediatas y urgentes dirigidas a conocer especialmente las circunstancias iniciales del hecho” dijo en referencia a supuestos hechos de violencia amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad.