El juez federal Julián Ercolini aceptó hoy como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la demanda que el organismo presentó por presuntas operaciones de lavado de activos por parte de la cerealera Vicentin.

El 12 de junio, la UIF había planteado a Ercolini que “no cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito” y solicitó la inhibición general de bienes del ex presidente Mauricio Macri y los ex titulares del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y del Banco Central, Guido Sandleris, además de los directivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

Asimismo, destacó que la cerelera, a través de sus diferentes firmas, “fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio”.

Otro de los hechos destacados que se conoció a través de un informe contable presentado en el marco de la convocatoria de acreedores de la empresa en sólo 12 días hábiles luego de las elecciones presidenciales y antes de la asunción de Alberto Fernández, el BNA le otorgó 26 préstamos a Vicentin por un total de $6.020 millones, equivalentes al 33% de la deuda de la empresa con la entidad financiera.

La denuncia de la UIF se base principalmente en los informes elaborados por el director del BNA, Claudio Lozano, de los que “surge la posible existencia de una maniobra pergeñada con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través de otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina, durante la presidencia de GONZALEZ FRAGA, a la firma VICENTIN S.A.”

En su presentación, la UIF describió las posibles maniobras de lavado de activos en las que habría incurrido la compañía canalizando sus exportaciones a través de Renova y Vicentibn Paraguay.

Esta última firma “manejaría el 15% de la exportación sojera de Paraguay beneficiándose de las exenciones impositivas que allí existen, pero no tendría allí ni activos, ni fábricas, y casi no tendría oficinas”, aseguró la UIF.

“A su vez, siendo Argentina el principal comprador de soja paraguaya, esa producción ingresaría (o reingresaría) al país para ser procesada en molinos argentinos”, agregó.

En ese punto, la UIF destaca que “es donde toma intervención la firma RENOVA S.A. – que resulta ser la principal productora de biodiesel del país pero también una gran productora de harinas y aceites de soja – en la cual el grupo VICENTIN se encuentra asociado con la firma Glencore”.

En base a “investigaciones periodísticas”, el organismo indicó que Renova “habría remitido al exterior parte de sus dividendos, dejando a VICENTIN SAIC con las pérdidas y fugando las ganancias”.

“El hecho de que la totalidad de la soja concluya en el mismo lugar, nos lleva a sospechar sobre la veracidad de las operaciones de exportación de las distintas firmas del grupo. Es posible en este sentido, que se haya hecho pasar soja argentina por soja paraguaya para – justamente– ahorrar impuestos y fugar ganancias, en detrimento de VICENTIN SAIC”, puntualizó.

La UIF completó la descripción del proceso de “estas maniobras fraudulentas” asegurando que las gerencias operativas del BNA “habrían sido instruidas personalmente por GONZALEZ FRAGA para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, en un contexto en el que “el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido SANDLERIS”.

En ese sentido, el 33% de la deuda de Vicentin con el BNA se originó en un lapso de 19 días (de los cuales 12 fueron hábiles) entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, es decir en un lapso posterior a las elecciones del 27 de octubre que consagraron presidente a Alberto Fernández, pero previo a su asunción al cargo del 10 de diciembre.

En esos 12 días, la anterior conducción del BNA otorgó a Vicentin 26 préstamos (a razón de más de 2 por día) por un total de US$ 97 millones, presentados en el informe contable con su equivalente de $6.020.603.036,53, al tipo de cambio oficial.

La presentación fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga los créditos que consiguió la cerealera, aportante de la campaña de Cambiemos en 2019. La imputación involucra también a Guido Sandleris y a Javier González Fraga.

La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin -la compañía recientemente intervenida por Alberto Fernández- de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados.

El petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.

“Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, sostuvo el organismo que tiene entre sus misiones prevenir e impedir el lavado de dinero y los delitos económicos complejos y cuyo titular, Carlos Cruz, es un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la hipótesis de la UIF, tanto las presuntas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, partícipes y encubridores surgen también claramente de las pruebas analizadas. “Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, señaló.

Se trata de la primera presentación que hace la UIF en Comodoro Py en causas de relevancia política contra el gobierno anterior. Durante la gestión de Macri, esa repartición tuvo un protagonismo activo en expedientes que tenían como imputados a ex funcionarios del kircherismo. El escrito llegó a tribunales en la misma semana en que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, lo cual generó críticas de la oposición. Ayer se analizaron otras alternativas para la compañía en un encuentro realizado en la Quinta de Olivos.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había imputado a González Fraga -el último presidente del Banco Nación durante el macrismo y a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentin. Pero para la UIF, las irregularidades solo podrían haberse llevado adelante “en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”. Y por eso quiere avanzar sobre Sandleris y, específicamente, sobre Macri. Y sobre las personas jurídicas Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay y Glencore.

“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de GLENCORE para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior”, señala el texto al que accedió Infobae.

En ese contexto, el organismo reclamó la inhibición general de bienes de todos los involucrados y un estudio del patrimonio de todas las personas y empresas que intervinieron en las operatorias investigadas con el fin de evitar que los imputados puedan desapoderarse de sus tenencias o bien realicen maniobras para complicar el análisis de la trazabilidad del dinero que es objeto del proceso.

La causa se inició por la denuncia del ex diputado y economista Claudio Lozano, elegido luego por el gobierno de Alberto Fernández para integrar el directorio del Banco Nación. Vicentin es la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país. Fue uno de las principales aportantes a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio.

En diciembre de 2019, entró en un proceso de reestructuración de pagos por estrés financiero y en febrero inició un concurso preventino. Pero la UIF denunció que la empresa comenzó a inclumplir con sus pagos pagos cuando Cambiemos perdió en las elecciones primarias de 2019. En febrero tenía una deuda de $18.500 millones por créditos otorgados por el Banco Nación. Esa cifra superaba los límites de líneas otorgadas a grandes empresas y -según las acusaciones- se había refinanciado sin fundamentos.

En su presentación ante el fiscal Pollicita -a quien el juez Julián Ercolini delegó la causa-, la UIF resaltó la “gravedad institucional” del caso: “No solo por implicar una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina sino también por comprender millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos”.

El organismo aseguró que “existió y/o existe una estrategia tendiente a concentrar las pérdidas en una firma del conjunto, a la que endeudaron irrazonablemente, para beneficiarse entonces con las ganancias de las otras firmas del grupo”.

La presentación remarcó que “Vicentin SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”, y apuntó al rol de RENOVA, “firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que VICENTIN tiene con el Grupo GLENCORE, uno de los mayores traders de granos del mundo”.