La tasa de pobreza es del 43,1%, mientras que la de indigentes se ubicó en 8,1%, de modo que afecta a 8,5 millones de personas.

Cerca de 17 millones de argentinos son pobres, mientras que 8,5 millones son indigentes, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El trabajo indicó que la tasa de pobreza trepó al 43,1% durante 2022, mientras que la de indigencia llegó al 8,1%.

El trabajo subrayó que, en los últimos 10 años, la pobreza creció 15 puntos porcentuales.

En esa línea, describió que los nuevos pobres son “clases trabajadoras de sectores medios y populares, vulnerables a las crisis, a la falta de trabajo y a la inflación. Mientras tanto, los pobres estructurales logran protegerse reproduciendo una economía informal de subsistencia, que nos los saca de la pobreza, pero al menos la alivia”.

Creció casi 15% interanual en noviembre la producción nacional de vehículos

El trabajo de la UCA indicó además que, en caso de no existir las asistencias sociales que dispone el Estado, la pobreza afectaría al 50% de la población y la indigencia llegaría al 20%. En esa línea precisó que el 40% de los hogares donde vive el 50% de la población fue asistido por algún programa oficial o complementario.

El relevamiento oficial del INDEC de la pobreza recién tendrá lugar en marzo del año próximo.

El análisis de la UCA sobre la pobreza en Argentina

“Ni las políticas de liberalización económica, ni las políticas de asistencia social son suficiente por sí solas para promover un modelo de desarrollo equilibrado en lo productivo y en social, con capacidad de incluir en un mismo proyecto político-económico a los agentes productivos, a los sectores del trabajo y al Estado, integrando social y laboralmente a la sociedad de los excluidos al modelo social”, sostuvo el trabajo.

La UCA indicó que la tasa de pobreza se amplía con “sectores de la clase media baja los han pasado a conformar una nueva capa de nuevos pobres”.

Con el eje puesto en Precios Justos, Massa se reunió con empresarios metalúrgicos y del calzado

Además, explicó que, si para medir la pobreza se mensura el acceso a la salud y la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y a un hábitat saludable, entre 2010 y 2022, casi sin cambios relevantes, el 70% de la población estuvo afectado en al menos uno de estos derechos fundamentales”. En tanto, el 48% en al menos dos ellos y el 30% en tres o más.

“En términos poblacionales, esta última cifra implica que al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social”, afirmó el trabajo de ODSA.

A su vez, consideró que, si la Argentina logra dominar la inflación y ubicarla en menos de un dígito, la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales.

La UCA sostuvo que “no es el aumento de los precios sino la no de creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, lo que genera desequilibrios”.

Asimismo, señaló que “la composición de la población económicamente activa durante el período 2010-2022, es evidente que no sólo el sistema productivo es altamente heterogéneo, sino la también la estructura social del trabajo”.

“La participación de la suma del desempleo y las subocupaciones inestables vienen subiendo casi ininterrumpidamente, alcanzado este año al 32% de la población económicamente activa”, añadió.

Frente a este contexto remarcó que, si “se suman los trabajos regulares pero precarizados (28%), la suma de los problemas de empleo alcanza al 60% de la fuerza de trabajo, equivalente a 12 millones de trabajadores”.

A partir de este escenario se concluye que “sólo el 40% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo decente o digno, sea a través de un empleo asalariado o no asalariado”.

Para la UCA “esta fuerte segmentación laboral se vincula estrechamente con la pobreza crónica y su aumento a lo largo de más de una década”.

El informe señaló que “en los hogares pobres, menos de 2 de cada 10 trabajadores logran acceder a un empleo pleno, mientras que, en los hogares no pobres, aunque en descenso, más de 5 de cada 10 trabajadores lo logra”.

Si bien debido a la inflación crece el fenómeno de los trabajadores pobres de manera generaliza a partir de 2018, en los sectores micro informales y de la economía social, su empobrecimiento es previo y se inicia en 2012.

El trabajo recalcó que, a partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID-19 (más del 31% si se considera a los cesanteados), la pobreza de trabajadores se instaló en un nuevo nivel estructural: 29,8%.

“Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales”, concluyó.

Así se desprende del informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas urbanas de la Argentina atravesaban, antes del inicio de la pandemia, situaciones de inseguridad alimentaria, lo que representaba un crecimiento del 48,3 por ciento de las infancias en esa condición en un período de tan solo cuatro años, según un informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Así, la cuarentena obligatoria sorprendió a las infancias y adolescencias en niveles récord de inseguridad alimentaria para los últimos 10 años -30.5%-, y, también con la mayor cobertura alimentaria gratuita, de la cual una buena parte era canalizada por comedores escolares.

“Estos datos representan la línea de base con la que vamos a comparar los efectos de la cuarentena a nivel nacional en breve”, dijo a Télam la responsable del estudio “Condiciones de vida de las Infancias Pre-pandemia COVID-19”, Ianina Tuñón.

“Además, ésta es una encuesta que nos permite hablar de ‘la generación del bicentenario’, es decir, hacer un seguimiento de los niños que nacieron en el 2010, buena parte de los cuales han crecido en condiciones de mucha vulnerabilidad”, aseguró Tuñón sobre el informe elaborado con datos de la Encuesta de la Deuda Social entre 2010 y 2019.

El estudio dado a conocer hoy revela que en 2019 volvió a subir la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNyA) urbanos que vieron reducida su dieta por problemas económicos, aunque en una mínima expresión, después del salto de casi 8 puntos porcentuales experimentado entre 2017 y 2018, con casi 900 mil niños y adolescentes adicionales afectados.

Así, al final del año pasado, casi 4 millones de chicos urbanos de entre 0 y 17 años (30,5%) tuvieron problemas para alimentarse, contra los 2.639.000 millones que estaban en esa situación en 2015, lo que implica un aumento del 48,3% en cuatro años.

Pero mientras en 2019 la inseguridad alimentaria total trepó sólo un punto porcentual y la severa (pasar hambre) subió en medio punto –de 13,5 a 14%-, la alimentación gratuita en escuelas y comedores comunitarios (almuerzos, desayunos, copas de leche y viandas) tuvo un “crecimiento muy significativo”, pues pasó del 34,6 al 39,2% de cobertura en el mismo período, lo que implica que a fines del último año casi cuatro de cada 10 chicos completaban su dieta de esta forma.

De la relación entre estos dos indicadores surge que “el incremento de esta cobertura alimentaria no fue suficiente para contener la crisis socioeconómica”.

“La inseguridad alimentaria es un indicador que había sido muy estable a lo largo de toda la década, pero que se incrementó significativamente en los últimos dos años con el aumento de la pobreza monetaria”, dijo.

Tomando nota de esta situación, la nueva gestión asumida el 10 de diciembre “instala muy fuertemente” este tema en su agenda y, de hecho, “la Tarjeta Alimentar es la principal política pública con la que se inaugura el nuevo gobierno”, cuyo objetivo “no es sólo erradicar la inseguridad alimentaria, sino mejorar la calidad de la alimentación, particularmente de los chicos entre 0 y 6 años”, dado que “después entran a la escuela” y ahí son beneficiarios de “políticas alimentarias directas”, de acuerdo al estudio.

De hecho, el reporte estima que casi el 55% de los chicos en edad de asistir a la primaria (5 a 12 años) estaba accediendo a algún tipo de alimento gratuito, contra el 24,3 de los niños de entre 0 y 4 años.

Y si bien “la tarjeta Alimentar estaba bien orientada de acuerdo a la evidencia (estadística) que manejábamos”, no fue pensada para estos tiempos de pandemia, cuya irrupción hace que “el contexto socioeconómico actual sea mucho peor” de lo previsto, “dificultando la implementación” del programa, y haciendo que “se quede corto en términos de transferencia de ingresos”.

“Por supuesto que se han puesto en marcha otras políticas, como el Ingreso Familiar de Emergencia, pero difícilmente en el actual contexto hayamos podido disminuir la inseguridad alimentaria sino que seguramente es una problemática mucho más vigente aún que en 2019, porque además hay nuevos sectores que están cayendo en la pobreza”, dijo Tuñón.

Por otro lado, antes de la pandemia, la estadística muestra que el 21,8% de los NNYA vivía hacinado y un porcentaje levemente superior lo hacía en viviendas precarias (23,9%), mientras que el 4,1% habita hogares con déficit de saneamiento, es decir, que no tienen agua corriente, inodoro con descarga o cloaca.

Y si bien se vienen reduciendo sostenidamente este último grupo -con una disminución entre puntas de 12,5 puntos porcentuales- esta problemática aún afecta al 55,2% de los chicos del gran Buenos Aires y el 33% de los que residen en las grandes ciudades del interior.

“Lo que esta cuarentena ha revelado es cómo las condiciones de habitabilidad son de mucha precariedad en términos de aspectos básicos que se constituyen como claves para la prevención del coronavirus, como el acceso a agua corriente y el hacinamiento”, señaló.

Pero la convivencia de tres o más personas por cuarto habitable “cobra otro significado” para los NNyA en la cuarentena, porque “las personas adultas que antes salían a trabajar ahora están siempre dentro de la casa”, viéndose los chicos expuestos a problemas adicionales para continuar su escolarización –como la falta de “conectividad”, de equipos informáticos suficientes o del silencio necesario-.

En materia del derecho a la salud, el estudio muestra un incremento de la población de NNyA que dependen del servicio de salud estatal, que para fines de 2019 representaba casi el 56% de las población entre 0 y 17.

“Muchos chicos han dejado de ser vacunados y han abandonado sus controles preventivos de la salud, con lo cual el nivel de demanda que va a tener los hospitales cuando la cuarentena se flexibilice va a ser altísimo”, concluyó.

El informe también contrasta la cantidad de planes con la cantidad de hogares que tiene acceso a una empleo en blanco, jubilación o pensión.

Según los datos del informe “La pobreza más allá de los ingresos. Informe sobre la pobreza multidimensional 2010-2019” presentado este miércoles por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 19,7% de los hogares del país recibieron algún tipo de asistencia social en 2019. Es decir, uno de cada cinco.

Se trata del número más alto del gobierno de Mauricio Macri pero además de la última década. Cambiemos, particularmente a través del Ministerio de Desarrollo Social conducido por Carolina Stanley, entabló una relación histórica con los movimientos sociales y sus demandas. No solo expandió los beneficiarios de la AUH, programa emblema del kirchnerismo, sino que creó el salario social complementario que representa la mitad de un salario mínimo, vital y móvil.

Además, en el último año, debido al azote de la crisis económica y al crecimiento del desempleo, el Gobierno se vio obligado a reforzar las asignaciones para evitar que aún más personas se hundieran en la pobreza.

El informe además contrasta la cantidad de planes con la cantidad de hogares que no tiene acceso a un empleo en blanco ni a una jubilación o pensión. Esta cifra en 2019 alcanzó al 30% y también representa la más elevada desde al menos el 2010.

¿Qué significan estos números? Que hay alrededor de un 10% de hogares que están en condiciones de recibir asistencia (porque no tienen empleo, jubilación ni pensión) pero no lo hacen ya sea por decisión propia o por falta de cobertura estatal.

Esta diferencia sin embargo no fue la más elevada en los últimos 10 años. Por caso, en 2011 si bien había menos desempleo, la capilaridad de la seguridad social era menor y había una brecha de casi 16%.