El pintor Omar Gabriel Albornoz fue condenado a prisión perpetua por las muertes de Rafael Espino, Mónica Rampazzo y su hijo Rodrigo Espino, ocurridas en octubre de 2018. El veredicto de los jueces Sebastián Szeifert, Pablo Ruiz Staiger y Pablo Spekuljak fue unánime.

El hombre de 44 años llegó a juicio acusado por el “doble homicidio calificado criminis causa (para lograr su impunidad)” del matrimonio, “robo” y el “abandono de persona seguido de muerte” de Rodrigo, quien tenía parálisis cerebral y permaneció cuatro días postrado en su habitación. Por esas mismas calificaciones, fue condenado por el tribunal, que dará  a conocer los fundamentos detrás de su decisión en los próximos días.

Los fiscales Ana Laura Gioria y Andrés Marchi se mostraron conformes con la resolución, mientras que el defensor particular Dionisio Ayala adelantó que apelará el fallo y señaló que “vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque me parece que es totalmente arbitrario lo que están haciendo”.

El crimen

El matrimonio fue asesinado en su vivienda de Francia al 1180, de Barrio Sur, entre el sábado 20 y el domingo 21 de octubre de 2018. Según señaló el forense en el juicio, se pudo determinar como causa de muerte la asfixia. Albornoz, quien llevaba semanas trabajando como pintor para ellos, se llevó del lugar la camioneta Renault Duster bordo de la familia,  dejando desamparado en su habitación a Rodrigo Espino, quien no podía valerse por sí mismo.

La denuncia de la empleada doméstica, que no lograba contactarlos, llevó a que la policía se presentara en el domicilio el miércoles 24 por la noche. Fue entonces que encontraron al matrimonio muerto y rescataron a  su hijo, que estaba en muy malas condiciones. Rodrigo falleció cuatro días después en el Hospital Cullen, producto de una infección generada por una broncoaspiración, que ocurrió durante el período en el que permaneció sin atención.

Investigación exhaustiva

“El tribunal resolvió condenar con las calificaciones legales por las cuales la fiscalía había acusado, con lo cual entendemos que se pudo comprobar nuestra teoría del caso y todas las proposiciones que nosotros demostramos a lo largo del debate”, señaló la fiscal Gioria tras conocer el veredicto.

“Desde el momento de la imputativa, fue algo que se mantuvo sin ningún tipo de modificación, y siendo coherentes con eso toda la prueba que ofrecimos vino a corroborar que Albornoz fue el autor de este hecho”. “Los testimonios fueron muy contundentes y, a su vez, todo eso se vio corroborado con otro tipo de elementos que presentamos ante el tribunal y que tuvieron que ver con una investigación muy exhaustiva”.

En concreto, la funcionaria se refirió a “un estudio realizado en relación a las líneas telefónicas, que permitió ubicar a Albornoz en la ventana temporal en que ocurrió el hecho” y en el lugar del crimen, “por una cuestión de impactos de antena”. Además, “una intervención telefónica permitió reproducir en el debate un fragmento de una escucha que compromete seriamente a Albornoz” y  “se pudo relevar el lugar exacto donde estuvo guardado el vehículo robado antes de ser abandonado en la vía pública”.

La causa tardó casi cinco años en llegar a juicio. “El tema aquí fue el avanzado estado de descomposición que presentaban los cuerpos, que no permitió en un primer momento determinar la causa de muerte. Fueron necesarios muchísimos estudios complementarios que fueron solicitados desde la oficina forense, muchos de los cuales se llevaron a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Fue recién dos años después del hecho que nosotros tuvimos una causa de muerte y la posibilidad así de atribuir el hecho a quien nosotros ya considerábamos que era el posible autor”. Si bien “la fiscalía abordó distintas hipótesis de investigación”, todas se fueron descartando excepto una, la que “se centró en Albornoz, que se profundizó” con el tiempo. “Esta situación de la detención tardía (en 2020), si se quiere, se debe a que sin causa de muerte, sin la posibilidad de relatar cómo ocurrió el hecho, era imposible imputarle técnicamente un hecho”, explicó la fiscal.

Apelación

El defensor Dionisio Ayala también habló tras la sentencia. Sostuvo que “Albornoz no cometió ese delito” y que “nos llama poderosamente la atención que se hayan manejado con total y absoluto libertinaje en un proceso tan serio”.

A su entender, “no ha llegado la investigación a fondo en relación a todos los testigos que estuvieron alrededor del Sr. Espino y la Sra. Rampazzo”. Además, anunció: “Presentaré una apelación y vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque me parece que es totalmente arbitrario lo que están haciendo”.

Resta esperar que el tribunal de a conocer los fundamentos detrás de la decisión, unánime, de condenar al pintor a la pena máxima.

Lo confirmó la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, luego de que la defensa del tecladista santafesino recurriera la resolución que a finales de abril dispuso su prisión preventiva.

Ornella Pazzi

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la prisión preventiva dispuesta al músico imputado por haber contagiado de VIH a dos mujeres con las que estuvo en pareja entre 2011 y 2020.

El camarista Fernando Gentile Bersano dispuso que F.A.R., de 42 años, continúe bajo la medida cautelar dictada a finales de abril por la jueza Rosana Carrara. Para la alzada, la privación de la libertad es la única manera de garantizar que el imputado no entorpecerá la investigación ni se dará a la fuga.

La causa está en manos del fiscal Omar De Pedro, quien atribuyó a F.A.R. los delitos de “lesiones graves por debilitación permanente de la salud y poner en peligro la vida de la víctima, agravada por la relación de pareja” en concurso ideal con “contagio de enfermedades venéreas o de transmisión sexual”, reiterados en dos oportunidades.

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Salud debilitada

La fiscalía señaló que el imputado estaba “en conocimiento de que poseía el virus” cuando mantuvo relaciones de pareja con ambas denunciantes, ya que según las evidencias “sabía de su enfermedad al menos desde 2010”. Estuvo en pareja entre 2011 y 2013 con la primera víctima, y con la segunda desde 2014 hasta 2020.

En ambos casos, durante las relaciones de pareja el músico mantuvo relaciones sexuales con las mujeres sin utilizar preservativo y sin haberles dicho que era portador del virus. Una de las mujeres denunció que durante el tiempo que duró su relación con F.A.R., “en reiteradas ocasiones él se quitaba el profiláctico cuando ella no podía advertirlo, a pesar de saber que ella pretendía hacerlo con esa protección”, y fue imputado en consecuencia.

La salud de las víctimas se vio debilitada, y con su accionar F.A.R. “puso en peligro sus vidas por falta de tratamiento médico”, señaló el fiscal. Entre las evidencias con las que cuenta De Pedro se encuentra la copia de un certificado de análisis de laboratorio que data de 2010, y un expediente con “testimonios y certificados que evidencian que sabía de su enfermedad al menos desde 2010”.

La investigación comenzó a principios de 2023, con la denuncia de las víctimas. El 29 de abril F.A.R. fue imputado y al día siguiente quedó en prisión preventiva. La defensa apeló dicha resolución, la cual fue confirmada por el camarista Gentile Bersano.

El magistrado hizo hincapié en la necesidad de resguardar a las víctimas y testigos, y consideró que “es claro que existe riesgo de fuga toda vez que el imputado cuenta con recursos económicos para realizar acciones tendientes a dicho objetivo. Lo cual se ve magnificado por el conocimiento de la eventual sanción a la que se enfrenta, la existencia de evidencias en su contra y la imposibilidad, ya destacada, de contraponer una tesis a la acusatoria, todo lo cual hace prever como altamente probable la imposición de una condena privativa de libertad de cumplimiento efectivo”.

Fue uno de los últimos testimonios en el juicio oral que se lleva adelante a un profesional santafesino, acusado de haber ocasionado un grave daño físico y psíquico a una paciente.

El martes 13 de junio concluyó la etapa de declaración de testigos por el juicio oral y público a un médico oftalmólogo de la ciudad de Santa Fe, acusado de haber ocasionado un grave daño a la salud física y psíquica de una paciente, a la que recomendó operarse a fines de 2013.

Sin dudas el testimonio central de la jornada fue el de la denunciante y víctima del proceso penal que se sigue contra JAJL, la cual ingresó a la sala guiada por otra mujer y llevando en su mano derecha un bastón verde, propio de las personas con “discapacidad visual baja”.

Su declaración duró una hora completa y remitió al antes, durante y después de la operación que el médico enjuiciado le realizó el 17 de diciembre de 2013 en una clínica privada de la Recoleta santafesina.

Pero fueron sus últimas palabras las que generaron gran conmoción: “Yo fui abuela y no pude ver el rostro de mis nietos”, dijo implorando justicia.

Alicia DVG definió sus últimos años como “un calvario” y no ocultó la rabia y el dolor que le produce la situación que atraviesa, con un diagnóstico de ceguera del 80%. Sin embargo, “hoy estoy contenta porque he llegado a lo que quería”, que era tener un juicio justo.

“Tuve una mala cirugía que me hicieron, pensando y depositando toda mi fe de que iba a salir bien, y no fue así”, introdujo frente al tribunal que preside la jueza Celeste Minniti, junto con sus pares Leandro Lazzarini y Pablo Ruiz Staiger. “Fui a que me recete anteojos, pero me dijo que con una lente intraocular no iba a necesitar más anteojos. Confié y ya me ve”.

La Fiscalía, a cargo del Dr. Roberto Apullán, le preguntó cuáles eran sus problemas de visión previos a la consulta, a lo que la mujer contestó que “notaba que me costaba leer y ver de lejos también. Era insignificante, por eso fui a que me recetaran anteojos”, insistió.

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-¿Efectuó otras consultas previas?

-No, fui al Dr. L. por primera vez.

-¿Cuántas veces fue?

-Fui un jueves y el martes (siguiente) ya me dio para hacer la cirugía.

Luego habló del día después de la intervención. “Cuando salí veía borroso y él me dice ‘salió bien la operación de cataratas’” a lo que ella le reprochó que le había diagnosticado “astigmatismo”. Y el médico le volvió a decir que “iba a estar todo bien y no fue así”.

La fiscalía quiso saber si para operarla, el médico había prescripto estudios previos. “Me preguntó si me había hecho algún estudio de corazón, pero lo único que hizo fue medirme la presión ocular”. “Yo no le pedí mayores detalles porque fui con una confianza tan grande. Confié, me dijo que nunca más iba a usar anteojos”, volvió a repetir.

-¿Le planteó la posibilidad de que hubiera consecuencias?

-Nunca, al contrario.

“Yo después de la cirugía me sentía muy mal, me dolía la vista” y cuando lo llamaba para que la viera le respondía que era “algo simple, que todo va a nadar bien, que no necesitaba estudios”.

El día de la operación fui acompañada de mi hija Antonela. Entré muy felizmente en ese momento”. También le consultaron si en el momento previo a la intervención recibió algún tipo de información, de parte del médico o de personal de la clínica, a lo que Alicia DVG contestó con un “no” rotundo.

A la pregunta de cuántas veces lo vio al médico que la operó, la señora contestó que “la primera vez lo vi. Pero la segunda vez, después de la operación, no podía distinguir más la cara”. “Me pusieron unas gotitas en los ojos porque empecé a sentir como pinchazos”, recordó.

-¿Qué pasó cuando salió de la sala?

-Me dijo que me ponga unos anteojos de sol que no llevaba, ni yo ni mi hija. Me dijo que no agarre sol y así nos fuimos.

“Los días subsiguientes yo solamente se el sufrimiento y el calvario que pasé”. “Mi hija me decía que tenía los ojos bañados en sangre. Yo lo llamaba por teléfono y él me decía: ‘quédese en reposo que ya va a andar bien’”. “Estuve casi un año (así), por eso le digo que fue un calvario. Durante un año los ojos me dolieron. ‘Eso es normal en una cirugía’, me decía y me daba gotitas por teléfono”, declaró.

-¿Cuántas veces fue revisada después de la operación por el doctor L.?

-Fui atendida por él cerca del año. Fui a decirle que no tuve ninguna mejora, que veo bultos y siluetas. Me dijo ‘sabe qué, me tiene cansado, no venga más acá, búsquese otro oftalmólogo’”. “Le dije que lo iba a denunciar” y es entonces cuando “me agarra del brazo y me empuja contra la pared y me dice: ‘Ni se le ocurra denunciarme, usted no sabe con quien se mete’”.

Después, “tuve comentarios de que a muchos calló así”. Pero “que venga un Don Nadie y que me tire contra la pared… por eso quise que se quede presente (en la sala de audiencia), porque no le tengo miedo. Ni mis padres, ni mi marido ni nadie nunca me levantó una mano… Esa fue la última vez que lo vi y lo denuncié en la obra social”, sostuvo la testigo.

-¿Fue atendida por otros profesionales?

-Cuando hice la denuncia en Iapos me mandaron al doctor F., que hizo los estudios y dijo que estaban bien. Pero no sé que tan bien estaban esos estudios. Después me mandaron a Rosario y acá en el hospital (Cullen) vieron la discapacidad que tengo en la vista. La doctora R. me dijo que veía el 20 % y que tenía que usar bastón.

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El juicio contra el médico oftalmólogo JAJL comenzó el viernes 9 de junio con los alegatos de apertura y declaración de testigos. Unas decena de personas, en su mayoría médicos, declararon entre ese lunes y el martes de esta semana.

JAJL está acusado como presunto autor de los delitos de “lesiones dolosas graves y gravísimas” en perjuicio de Alicia DVG por el cual la fiscalía (Dr. Apullán) y la querella (a cargo del abogado Mauricio Frois) pidieron condenas que van de los 2 años y 6 meses hasta los 6 años de prisión.

La defensa de JAJL se encuentra a cargo de los abogados particulares Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez, quienes postularon la inocencia de su pupilo y solicitaron la absolución de culpa y cargo.

La Justicia comenzó a enviar las notificaciones este viernes pasado el mediodía. En total serán cinco los imputados por administración infiel durante el período 2006-2013.

Juliano Salierno

El juicio oral y público contra cuatro miembros de la comisión directiva y el síndico del Club Colón de Santa Fe durante el período 2006-2013 tiene fecha de inicio. Será luego de la feria judicial de invierno, a partir del próximo 8 de agosto.

Durante dos semanas y hasta el 23 de agosto, más de un centenar de testigos serán oídos por el tribunal que conforman los jueces Celeste Minniti -presidenta-, Martín Torres y Lisandro Aguirre.

Las notificaciones oficiales emitidas por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Santa Fe comenzaron a llegar este viernes, después del mediodía, a los distintos estudios jurídicos y domicilios de los actores.

Según se estipula en la agenda judicial, las jornadas de audiencias están previstas en el horario de 8.30 a 14 en la Sala Nº 6 del primer piso de los tribunales de Santa Fe.

Los imputados

En el banquillo de los acusados estarán el ex presidente de la institución de barrio Centenario, Germán Eduardo Lerche (57); junto a tres miembros de su comisión directiva: el secretario general, Marcelo Eduardo Maglianessi (59); el tesorero, Carlos Alberto Marín (78); el vicepresidente, Rubén Osvaldo Moncagatta (65); y también el síndico, Osvaldo Oscar Pradolini (71).

Los cinco enfrentan cargos en carácter de coautores de administración fraudulenta, durante el período 2006-2013 al frente del club Colón; en tanto el síndico también se encuentra imputado por estafa.

Los encargados de llevar adelante la causa serán los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Bárbara Ilera y Federico Grimberg; junto con el abogado Ricardo Calvo Arrázola, quien es querellante en representación de la Asociación Civil Club Atlético Colón.

Por el lado de la defensa, la OGJ notificó a los abogados Ignacio Alfonso Garrone, Gabriel Hernando, Néstor Oroño, Ángelo Rossini, Matías Spadaro y Clara Vázquez Rossi.

Germán Lerche, a un paso del juicio oral

Pedidos de condena

La denominada “Causa Lerche” comenzó el 18 de noviembre de 2013 cuando se radicó la primera denuncia ante la fiscal Mariela Jiménez -actualmente jubilada-, la cual llevó adelante una minuciosa investigación, cuya acusación se formalizó en octubre de 2019.

Desde entonces, se conoce que el pedido de condenas por parte de la fiscalía y la querella será de 6 años de prisión para Lerche; 4 años para Maglianessi, Marín y Moncagatta; y 5 años de cárcel para Pradolini.

Al año siguiente, entre el 21 y 22 de julio de 2020, se llevó a cabo la audiencia preliminar, que estuvo a cargo del juez Nicolás Falkenberg, que fue el encargado de admitir la prueba y más de un centenar de testigos que depondrán en el juicio. Luego se sucedieron instancias de apelación que fueron sorteadas. Hubo dos intentos fallidos para citar a juicio, el cual podría finalmente llevarse a cabo a partir del próximo 8 de agosto de 2023.

El corazón del hincha

Uno de los primeros en ser consultados por la noticia fue el abogado querellante Ricardo Calvo Arrázola, quien tras confirmar la fecha, dijo que “ya fue comunicado el presidente del club” José Vignatti.

Para Calvo Arrázola se trata de un debate “único” porque “no hay antecedentes en la historia que dirigentes sean sometidos a juicio oral y público”. A su vez, expresó su “alegría y felicidad porque de una vez por todas, después de tantos años de luchas y peleas, podamos obtener -además de lo que se conoce como condena social-, la verdad, la memoria y la justicia que nos va a dar una condena jurídica para aquellos que destrozaron el patrimonio de Colón y el corazón de los hinchas”.

Patrimonio negativo

Para llevar adelante la investigación, la fiscalía ordenó una pericial contable sobre los números de la administración del club Colón, la cual arrojó que “en el último ejercicio económico del período investigado (año 2012/2013) el pasivo del club era de 96.587.582,93 pesos y el déficit era de 24.236.848,88 pesos. Por su parte, el patrimonio neto resulta negativo en la suma de 16.399.605,15 pesos, el que comparado con el patrimonio neto del ejercicio 2005/2006 (primer año del período investigado) era de 3.102.766,43 pesos. En síntesis, el patrimonio neto negativo aumentó 13.296.838,72 pesos en siete años”.

La fiscal de la causa dijo entonces que “estos números dan cuenta de un desequilibrio financiero en cuanto a mayores gastos que ingresos obtenidos y una infiel administración patrimonial, económica y financiera de la institución por parte de quienes ejercieron el poder” durante la administración de Lerche.

En horas de la mañana de este miércoles el abogado defensor del remisero dialogó con la prensa, mientras el acusado era puesto en libertad.

Este lunes por la noche, un remisero fue atacado por un pasajero que intentó asaltarlo con un arma blanca. El conductor, que también era trabajador del servicio penitenciario, y contaba con un arma reglamentaria, con la que se defendió y mató al ladrón.

“La mecánica del hecho es que el delincuente comienza a exigirle el dinero al remisero, y se lo exige directamente con puntazos a la altura del cuello, esto claramente no es algo muy pacífico. Lo que hace el remisero es colocar su brazo derecho para defenderse de los puntazos. En ese sentido van a encontrar cortes en el brazo derecho compatibles con esta mecánica” comentó por LT10 el abogado del trabajador, Ignacio Garronne.

“Mientras el hombre le seguía tirando puntazos, el remisero tomó el arma reglamentaria que tenía en el cubículo izquierdo del auto. La saca con la izquierda, efectúa dos disparos, y ahí es cuando se produce el deceso de esta persona que lo había atacado. Luego llama al 911 y llama a la ambulancia, inclusive”, agregó el letrado.

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Garrone, aseguró que van a pedir el archivo de la causa penal por existir una causal de justificación (legítima defensa) y también el sobreseimiento en el colegio de jueces. “Después quedará la cuestión administrativa que será otra cosa a parte”, dijo.

La resolución de la libertad ya está dispuesta y será cuestión de horas y trámites administrativos.

Para Garrone el sumario administrativo es poco contradictoria: “esta persona tiene que buscar otro trabajo, porque el servicio penitenciario no le paga lo suficiente. Y encima el arma que tiene de su trabajo es la que le termina salvando la vida”.

Respecto del arma, el abogado aseguró que “el remisero no estaba portando el arma. En términos jurídicos la portación exige tener el arma en condiciones de inmediato uso, y él la tenía guardada en el auto, entonces es una situación de tenencia. Esto se debe a la situación laboral de agente, que está haciendo guardias permanentes y a la vez está trabajando arriba del remis. Si en cualquier momento es llamado, se entiende razonable que tenga el arma para asistir a la guardia. El mismo servicio penitenciario que debería contenerlo es el que hoy le inicia un sumario”.

Así lo dispuso el tribunal este viernes contra el acusado (ahora condenado) por el crimen ocurrido en 2020.

Este viernes se conoció la sentencia en el juicio por el femicidio de Daniela Cejas, quien fue asesinada en enero de 2020.

El tribunal -conformado por los jueces Nicolás Falkenberg, Pablo Ruiz Staiger y Leandro Lazzarini- encontró culpable a Javier Sen y lo condenó a prisión perpetua por el femicidio de quien fuera vicepresidente de la ONG Generar.

Cabe recordar que la fiscal Ana Laura Gioria acusó a Sen como autor de “homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.

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En la misma línea, los querellantes Carolina Walker Torres y Matías Pautasso -representantes del marido de la víctima.

Cabe recordar que el crimen se produjo el sábado 18 de enero de 2020, entre las 21 y las 23, cuando se reunieron en la sede de Generar, ubicada en 4 de Enero al 6681.

Según denunció la defensa Sen la atacó con golpes de puño, y luego la asfixió, ocasionándole la muerte en el acto. Al día siguiente, fue el esposo de ella quien la encontró.

Noticia en desarrollo

Las audiencias se reanudarán el 6 de marzo a las 8.30. Uno de los acusados perdió su abogado particular y la defensa pública pidió un plazo para interiorizarse sobre la causa.

200 testigos y 10 jornadas previstas son algunos números que caracterizarán el juicio por el crimen de Hugo Oldani, asesinado en febrero de 2020 en la oficina que poseía en la galería Rivadavia de la ciudad de Santa Fe.

Las audiencias comenzaron este lunes a las 8.30, para el 24 se realizarían los alegatos de clausura y el martes 28 de febrero el tribunal daría lectura a su veredicto.

Cabe señalar que el tribunal de juicio, estará conformado por la jueza María Celeste Minniti -presidenta- y los jueces Sebastián Szeifert y Pablo Spekuljak y se juzgará a Juan Manuel Ruffino y a Andrés Kaipl. El primero sindicado como “chofer” y el segundo como “inteligencia”.

El tribunal se retiró de la sala para deliberar cómo continuará el juicio tras el pedido de la defensa pública para interiorizarse sobre el caso. Cabe recordar que el “chofer” se quedó sin su abogado particular en las últimas horas.

Además, el defensor público (Sebastián Amadeo) pidió que al darle el plazo, se otorgue la libertad a Rufino porque los tiempos de la prisión preventiva vencen el jueves al tiempo que la querella y la fiscalía hicieron hincapié en qué el juicio ya comenzó (por lo que ese plazo ya no corre y no puede pedir la libertad).

Para las 11, el tribunal suspendió el juicio por 12 días hábiles al dar lugar al pedido de la nueva defensa de uno de los acusados. Las audiencias se reanudarán el 6 de marzo a las 8.30.

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Acusados

Ruffino (28) está acusado como coautor de “homicidio doblemente calificado, por el empleo de arma de fuego y criminis causae (por ser cometido para procurar su impunidad)” y como partícipe principal de “tentativa de robo doblemente agravado, por el empleo de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda”.

El “chofer” permanece tras las rejas desde el 16 de febrero de 2020, siendo 3 años el plazo máximo permitido por el Código Procesal Penal.

Mientras que sobre Kaipl pesa una acusación es la de haber realizado “trabajos de inteligencia” previo al crimen, y luego haber asistido a los miembros de la banda.

Cómo fue el crimen

El 11 de febrero de 2020, tres personas llegaron hasta la galería Rivadavia y dos de los cuales ingresaron a la oficina de Oldani. Se trataba de una mujer y un hombre, posteriormente identificados como Agustina González y Cristian Figueroa, respectivamente. Allí forcejearon con el dueño, a quién Figueroa disparó con una pistola 9 mm, hiriéndolo de muerte. Luego escaparon del lugar.

Abreviado

Por el asesinato de Oldani, ya fueron condenadas tres personas bajo la modalidad de juicio abreviado.

El primero fue Brian Nahuel Damiani, quien aceptó pena de 12 años de prisión como “partícipe secundario” del homicidio. El muchacho hacía de campana en la puerta de la galería Rivadavia -por calle La Rioja-, cuando sus cómplices entraron a cometer lo que se creyó sería un robo.

Por su parte, la Justicia de Menores impuso 10 años de prisión para Agustina Catherina González, la menor de edad que ingresó al local de Oldani junto con Cristian Bruno Figueroa, que fue quien ejecutó al comerciante de un disparo. Éste murió sin condena, ahorcado en la cárcel de Las Flores.

Por último, Florencia Priscila Pérez (23) aceptó una sanción de 5 años de cárcel. La sentencia fue dictada el 28 de julio por el juez Jorge Patrizi por los delitos de “encubrimiento calificado -dos hechos-; encubrimiento, uso de documento falso; usurpación y asociación ilícita”.

Este jueves en horas del mediodía, un trabajador cayó de un tercer piso de la obra de ampliación del Palacio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El accidente laboral ocurrió en el mediodía de este jueves. El hombre fue asistido por una ambulancia del SIES 107 y fue trasladado al Hospital José María Cullen de la capital provincial.

Un obrero murió tras caer en altura mientras realizaba trabajos en el Club Unión

El hombre de 30 años fue asistido en el lugar por una ambulancia del SIES 107 y luego trasladado al Hospital José María Cullen de la capital provincial. El hecho sucedió cerca de la intersección de Av. General López y 9 de julio.

Recoleta: una joven cayó al vacío desde un cuarto piso

Por el momento se desconoce la identidad del trabajador que, tras ingresar al efector de salud, fue trasladado inmediatamente a la sala de quirófano. Se confirmó que “el trabajador sufrió un traumatismo de cráneo moderado (encéfalo craneano) y una fractura expuesta de uno de sus dedos de la mano izquierda. Es atendido por profesionales de la salud”.

Por su parte, el director del Hospital Cullen, Dr. Juan Pablo Poletti, indicó que el hombre presenta también un “trauma facial leve” y lo están evaluando”.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, el obrero cayó al vacío por el hueco por donde bajan los caños de desagüe.