La escena dura exactamente 35 segundos, es el momento definitorio en el que el jurado popular decide el destino del hombre que se encuentra sentado en el banquillo de los acusados. El juez da la orden de lectura del veredicto y una voz masculina da a conocer la deliberación secreta.

Antes, el juez Lisandro Aguirre hace una introducción: “El Pueblo ha arribado a un veredicto. Es una decisión soberana que le pido a todos la acepten con respeto, porque es una manifestación popular que ordena nuestra constitución”.

El Dr. Aguirre remarca: “Este es el segundo juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe, el tercero en la provincia, que es Cuna de la Constitución Nacional 1853, por lo tanto se trata de un momento trascendental para la vida democrática”.

Entonces habló el ciudadano: “Nosotros el jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Mario Humberto Romero culpable del delito de homicidio criminis causa, conforme a requerimiento de la acusación”, leyó de pie y en voz alta el presidente del jurado, mientras “Baracus” Romero asentía con los ojos entornados, el puño cerrado, y se podía leer en sus labios la afirmación: “Bien, bien…”

El acto, reproducido en vivo y en directo por el canal de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe, aparece como un rasgo de desprecio e ironía del reo, que se mantuvo con una media sonrisa socarrona a lo largo de los dos días de debate.

Romero sólo atinó a decir “yo no cometí el hecho”, tras los alegatos de clausura. Sin embargo, no asomó en su rostro la sombra del arrepentimiento, ni la disculpa.

Una vez cumplido con el ritual de la lectura, el juez desobligó a los integrantes del jurado popular para que abandonaran la sala en absoluto anonimato, y así dar lugar a la audiencia de cesura, en la que se definió la pena máxima.

Romero, un changarín de San Javier que realizaba tareas de jardinería para la señora Dominga Erminda Favot, fue encontrado culpable por los delitos de “hurto” y “homicidio criminis causae”. Así lo determinó la voluntad popular en la tarde noche del martes 18 de noviembre, en el subsuelo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Durante el juicio iniciado el lunes 17, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Francisco Cecchini y Guillermo Persello, lograron vencer el principio de inocencia que pesaba contra Romero y comprobar que fue él quien la mató para robarle.

A pesar de la asistencia técnica de los abogados del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Virginia Segado y Nicolás Mosconi, los testigos y la evidencia introducida durante el debate confirmaron la autoría material de Romero del brutal crimen.

La jubilada, murió asfixiada y con un puñado de vellos del pecho de su agresor, cuyo análisis de ADN eliminó cualquier duda sobre su inocencia.

Además, Romero fue condenado por el delito de “hurto” de una tarjeta de débito de la víctima -el 6 de diciembre de 2022-, la cual intentó usar sin éxito en un cajero automático de San Javier, donde quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Erminda Dominga Favot tenía 79 años, cobraba una jubilación y vivía sola en una casa de la calle Libertad 2170 de San Javier. Fue asesinada dentro de la vivienda, la madrugada del lunes 26 de diciembre de 2022. Para ingresar, Romero forzó una ventana y dejó su huella marcada sobre el mantel de la mesa de la cocina.

El cuerpo de Favot fue hallado al día siguiente por familiares y todas las sospechas recayeron sobre Romero, de quien la víctima desconfiaba, quien fue inmediatamente detenido.

De Romero, se supo luego que cuenta con frondosos antecedentes penales, entre ellos, otro homicidio cometido en Santo Tomé en 2008 por el que cumplió 9 años de prisión y fue declarado reincidente en 2010, por otros delitos como hurtos y robos.

Dispusieron la prisión preventiva para Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física condenado por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.

El tribunal conformado por los Dres. Lisandro Aguirre, Sergio Carraro y Pablo Spekuljak resolvió por unanimidad, ordenando que Trigatti quedara preso. Los jueces consideraron necesario cautelar el proceso penal, debido a la existencia del peligro de fuga. También impusieron un embargo de 50 millones de pesos.

La audiencia de medidas cautelares se realizó a puertas cerradas, con presencia de representantes de amicus curiae y familiares de las víctimas.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores. Recientemente, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena.

El tribunal dio sus fundamentos de forma oral. El primero fue Aguirre, quien señaló que “si bien la regla es la libertad y la prisión preventiva es excepcional e instrumental, la situación procesal cambió radicalmente tras el segundo pronunciamiento condenatorio”.

Este hecho constituye un "elemento nuevo" que, según el criterio de la Corte Suprema, permite valorar la prisión preventiva como medida cautelar indispensable y proporcional.

La existencia de una condena no supone la evaluación de una "pena abstracta" o posible, sino de una pena concreta. En este caso, a 12 años de prisión. El magistrado sostuvo que el doble conforme supone que las vías de revisión ordinarias se agotaron, y esto proyecta un mayor riesgo de fuga debido a la inminencia de la ejecución efectiva de la condena.

Además del riesgo procesal, Aguirre hizo hincapié en la especial gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las cinco víctimas, de escasa edad. En esa línea, invocó la Convención de Belém do Pará, que exige un deber de diligencia debida y reforzada por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Dr. Spekuljak adhirió a los argumentos de su colega y destacó que ya son seis los jueces que han confirmado la existencia de los abusos y la autoría por parte de Trigatti.

Una de las controversias durante la audiencia giró en torno a la existencia del riesgo de fuga, y para responder el juez citó doctrina y jurisprudencia. Esta le permitió sostener que el doble conforme es un elemento de riesgo procesal suficiente, ya que la superación de etapas procesales proyecta una mayor probabilidad de evasión.

Además, en sus fundamentos el magistrado recordó que en el devenir del proceso judicial intervinieron 3 tribunales de juicio, 19 jueces penales, “el imputado ha gozado del ejercicio de sus derechos y ha tenido una defensa”.

El tercer interviniente fue el juez Carraro, quien confirmó que el segundo pronunciamiento de un tribunal de Alzada que confirma la condena de 12 años justifica las solicitud y aplicación de la prisión preventiva.

Los magistrados coincidieron en que el proceso avanzó, y que durante los últimos cuatro años Trigatti contó con amplias garantías. Carraro explicó que la garantía del principio de inocencia "va cediendo" frente a los pronunciamientos adversos, que fueron confirmados en doble instancia.

Por lo tanto, concluyeron que, al encontrarse agotadas las vías ordinarias y existir un incentivo claro para que Trigatti pueda darse a la fuga ante la inminente ejecución de una pena severa, la única opción es la prisión preventiva.

Un hombre de 55 años identificado como Domingo Dario González fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Reconquista.

Así lo dispuso la jueza Claudia Bressan, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.

Abusos

Díaz indicó que “González llevó adelante su accionar delictivo entre 2021 y 2023, cuando la víctima transitaba los últimos años de su escolaridad primaria y los primeros de la secundaria”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en la convivencia que mantuvieron a raíz de la relación de pareja que él tenía con la madre de ella”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en diferentes oportunidades en las que se quedaron a solas en las viviendas en las que convivieron”, afirmó la funcionaria.

La representante del MPA sostuvo que “para concretar los abusos, González amenazaba a la víctima” y puntualizó que “le decía que si ella oponía resistencia, él iba a echar al grupo familiar de las casas en las que vivían”.

“Por la modalidad, la frecuencia y la duración de los hechos delictivos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado y el vínculo que los unía, lo sucedido tuvo entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la joven”, argumentó la fiscal.

En cuanto al inicio de la investigación penal, Díaz señaló que “la víctima logró contarle sus padecimientos a la mamá de su novio”, y agregó que “esa mujer es la que hizo la denuncia correspondiente”.

Abreviado

González reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente y mediando abuso coactivo de una relación de autoridad y por ser el encargado de la guarda).

Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

A su vez, la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad con lo resuelto.

El juicio contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzó en los tribunales de Comodoro Py. 

El debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rivolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro.

El acusado ya se encontraba en los Tribunales de Comodoro Py y en su ingreso había declarado ser “inocente”. El juicio oral contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores había comenzado este miércoles a partir de las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex Gran Hermano llegó a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Dichas prácticas se llevaron a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. “Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llegaba al debate: “Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.

El reconocido muralista santafesino "Cobre" fue condenado a 7 años y medio de prisión, por haber violado a su expareja. La sentencia se dio a conocer este viernes, pasado el mediodía, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El juez Lisandro Aguirre halló culpable a Andrés Iglesias, alias "Cobre" o " Niño de Cobre", por el abuso sexual con acceso carnal ocurrido el 17 de diciembre de 2022 en su casa de Villa California, en San José del Rincón.

El condenado arribó a la sala 6 junto a su abogado, Ignacio Alfonso Garrone, y allí se reunió con el otro miembro de su defensa, Sebastián Oroño. Tras conocer la sentencia, se retiró del recinto sin realizar declaraciones.

Los fiscales Luciana Escobar Cello y Matías Broggi se mostraron conformes con el resultado del juicio, aunque esperarán a conocer los fundamentos detrás de la decisión del magistrado, ya que pretendían que la pena fuera de 10 años de prisión. Además, habían solicitado la prisión preventiva de Iglesias, lo que fue rechazado por Aguirre.

“Tenemos que ver, de las cosas que nosotros planeamos, cómo las vio el juez, qué es lo que entendió, y en función de eso vamos a evaluar si recurrimos” la sentencia, indicó Broggi.

Por el momento,y hasta tanto la condena adquiera firmeza, “Cobre” continuará en libertad bajo las mismas restricciones que le fueron impuestas al inicio del proceso judicial, a mediados de 2023. Entre estas, la prohibición de salir del país y de contactar a la víctima.

Consultado sobre las características del caso, el fiscal sostuvo que “no diría que es la palabra de la víctima contra la palabra del acusado, por distintas cuestiones. Por este juicio desfilaron un montón de testigos”, como “la psicóloga de la víctima, que le aplicó tests, además de amigas; y también estaban los chats intercambiados”.

Contaron con “mucha más información que solamente la palabra de la víctima”, explicó Broggi. En cuanto al vínculo entre el muralista y la víctima, la fiscalía indicó que se desarrolló en un contexto de “violencia de género, sobre todo violencia psicológica y simbólica”.

La víctima contó con la representación legal de las Dras. Jaquelina Bussi y Paula Condrac, del Estudio Lazos, que señalaron: “Nos vamos con un veredicto favorable, en cuanto a que logramos una condena. Desde la parte querellante estamos cuerpo a cuerpo con la víctima, la hemos acompañado en este proceso porque nuestro estudio jurídico es interdisciplinario”.

Tras el veredicto, sostuvieron que se reunirían con la mujer para evaluar los pasos a seguir en el proceso judicial, que si bien obtuvo una condena, aún no ha concluido.

Si bien desde la defensa no hubo manifestaciones, todo indica que apelarán el fallo del juez Aguirre en pos de lograr la absolución.

"Cobre" llegó a juicio acusado de haber sometido sexualmente a su expareja mientras aún mantenían un vínculo, el sábado 17 de diciembre de 2022. La relación, que duró nueve meses, fue catalogada por los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como "sumamente abusiva, desigual y violenta".

En el marco de la acusación, la fiscalía sostuvo que "él celaba y manipulaba a su pareja, le controlaba el uso del teléfono celular y la comunicación con las personas de su entorno, tanto sus amistades como su familia". También "controlaba el modo en que la víctima se vestía, sus publicaciones en las redes sociales y la forma en que se desenvolvía en reuniones sociales".

Para los acusadores, Iglesias "ejercía violencia física, psicológica y sexual sobre la mujer", y el punto cúlmine de esto fue la violación denunciada. La mujer denunció que la madrugada del 17 se despertó con él encima, y que a pesar de sus intentos por evitarlo, él la violó. En su declaración, el muralista dijo que eso "no pasó".

Iglesias sostuvo su inocencia desde el comienzo de la investigación, por lo que su defensa insistirán con la absolución.

En 2020 “Cobre” fue denunciado por otra mujer con quien también mantuvo una relación de pareja. Le imputaron el delito de "tentativa de extorsión" enmarcado en un contexto de violencia de género.

La denuncia en su contra fue radicada luego de que posteara en sus redes sociales una imagen de la mujer con mensajes agraviantes, y de que la amenazara con publicar sus fotos íntimas.

El proceso penal se cerró mediante la firma de una suspensión de juicio a prueba, medida conocida como "probation". La misma implicó que "Cobre" se retractara públicamente y pidiera perdón, el pago de una reparación económica y la realización de un curso sobre "violencias del patriarcado".

La mediática Wanda Nara llegó a los Tribunales para realizarse nuevas pericias ordenadas por la Justicia tras las diversas denuncias, el desalojo de Mauro Icardi la casa en San Isidro y los dichos de violencia de género.

Nara deberá llevar a cabo las citadas pericias este lunes, mientras que el futbolista deberá hacérselas el próximo martes 17 de diciembre.

En medio de su ingreso a los Tribunales, la abogada Ana Rosenfeld se detuvo frente a los medios y allí aclaró que previo a las pericias fueron hasta el juzgado “con la intención de que Wanda plantee la problemática, pero el letrado no estaba”.

“Queremos saber dónde está viviendo Icardi para establecer el régimen. No hay diálogo, no sabemos donde está”, exclamó Rosenfeld.

🗣️ Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara: "El divorcio está planteado en Italia". y dijo: "Mauro Icardi no está viendo a las nenas"Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/JjnwXGfHwJ

Acerca de las pericias que se realizan en esta oportunidad, la abogada explicó que se va a “evaluar la interacción familiar para ver cómo funciona la pareja en función de los menores”.

Rosenfeld confirmó también que la conductora vivirá en la Argentina, mientras que todavía desconocen qué decisión tomará el futbolista.

Sobre el divorcio, explicó que se está tramitando en Italia, algo que lamenta porque “en Argentina hubiera salido en una semana”: “No tenemos ningún obstáculo con que el divorcio se haga allá, de hecho tenemos fecha para marzo. Ahí está toda la documentación".

La semana pasada se conoció que Nara contrató para la causa de violencia de género a los mismos abogados que trabajaron con L-Gante.

En tanto, Icardi se había presentado el viernes 29 de noviembre en Tribunales para llevar adelante una entrevista disciplinaria en medio de su escandaloso divorcio de Wanda.

Por otro lado, había trascendido que Icardi no quería que sea conveniente que las hijas de la pareja vivan con Nara en  Argentina con la pareja actual, L-Gante, quien estuvo condenado por tenencia de armas y drogas.

Además, la mediática habría dicho que no estaba de acuerdo con que las menores estén con su papá alegando que: "Es un tipo que no me deja separarme, que no acepta que no quiero estar más con él, que me dice que me va a arruinar la vida si lo dejo".

El urólogo Pablo Francisco Colaci fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de 14 pacientes en su consultorio. Las víctimas detallaron cómo Colaci las obligaba a desnudarse, aprovechándose de su vulnerabilidad para cometer los abusos. Este viernes, la jueza Silvia Hoerr, del Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata, determinó la duración de la pena.

Colaci fue encontrado culpable en julio después de un juicio que duró dos semanas, en el cual se presentaron pruebas y testimonios clave. La investigación comenzó en 2015, y aunque se recibieron denuncias de 18 pacientes, 14 de ellas fueron comprobadas en el juicio, el cual tomó casi una década en concretarse.

El debate estuvo marcado por testimonios desgarradores y peritajes que revelaron un patrón de abuso por parte de Colaci. A pesar de que el médico negó las acusaciones y afirmó que sus técnicas habían sido malinterpretadas, el jurado lo declaró culpable. La fiscal Helena De La Cruz subrayó la gravedad de los delitos y pidió la máxima pena permitida por el Código Penal, 50 años de prisión, aunque finalmente se impuso una condena de 20 años.

Por su parte, los abogados defensores argumentaron que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos y solicitaron una pena de 10 años, tratando de presentar los delitos como un ilícito continuado.

El caso se originó cuando Colaci, que trabajaba en un consultorio privado en la Clínica De La Ribera en Ensenada, fue denunciado por un paciente de 51 años, quien relató cómo el médico lo abusó durante un examen. Este caso desencadenó otras 17 denuncias entre 2015 y 2018, y una adicional en 2022, que describían un patrón similar de abuso. Colaci realizaba maniobras sexuales bajo el pretexto de exámenes médicos, manipulando a los pacientes y aprovechándose de su confianza en los procedimientos.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 29 años al que se investiga por intentar matar a dos personas en Santo Tomé. Una de las víctimas es su exnovia, y la otra es un hombre que actualmente está en pareja con ella.

La causa está en manos el fiscal Roberto Olcese, quien atribuyó a Alan Darío Ferreyra

la autoría de los delitos de "tentativa de femicidio agravado" en perjuicio de la mujer y "tentativa de femicidio vinculado" respecto al novio de ella.

La fiscalía sostiene que Ferreyra chocó con su camioneta 4x4 la motocicleta en la que se conducían las víctimas de forma intencional. El defensor particular Ramiro Carrasco planteó que lo ocurrido fue un accidente vial, y propuso la imposición de medidas cautelares no privativas de la libertad.

La prisión preventiva fue impuesta por el juez Nicolás Falkenberg, a pedido de Olcese. El magistrado"entendió que, para la instancia procesal en la que estamos, presentamos elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría o participación punible del hombre investigado en el ilícito", valoró el fiscal.

Durante su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que, en caso de condena, al imputado le correspondería una elevada pena de ejecución efectiva. En cuanto a los riesgos procesales, consideró que existe la posibilidad de entorpecimiento probatorio a raíz del vínculo que tuvo el imputado con la víctima y de la relación con sus familiares, muchos de los cuales deberán prestar declaración.

El hecho ilícito que investiga el fiscal Olcese fue cometido minutos antes de las 23 del lunes de la semana pasada, en inmediaciones de 3 de Febrero y Zavalla de Santo Tomé.

"Las víctimas circulaban en una moto de 110 centímetros cúbicos, y el imputado los embistió desde atrás con una camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok 4x4", relató el fiscal del MPA en la audiencia.

En tal sentido, hizo hincapié en que "el hombre investigado venía persiguiendo a las dos personas, y cuando las chocó, lo hizo con la intención de matarlas".

Una tensa situación se vivió este lunes en los Tribunales Provinciales de Rosario cuando una mujer intentó hacerse con el arma reglamentaria de una policía que custodiaba el lugar.

El video muestra cómo la persona estaba esperando ser atendida cuando decidió pararse y quitarle el arma a una mujer policía.

La señora que intentó hacerse con el artefacto forcejeó con la policía y su compañera hasta que llegaron más refuerzos para frenar la situación.

Una vez reducida, se conoció que la mujer de 30 años se había escapado del Centro Regional de Salud Mental y por orden judicial fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Agudo Avila.

Un video que capturó a un hombre caminando desnudo en pleno centro de la capital de Santiago del Estero se volvió viral y sorprendió a los usuarios de las redes. Se trataría de una persona con problemas psicológicos.

Las imágenes muestran al hombre caminando sin ropa en la zona de Tribunales, muy concurrida de la ciudad, mientras las personas a su alrededor reaccionan con sorpresa y desconcierto. 

Se dieron todo tipo de reacciones en las redes sociales. El episodio abrió inclusive debates profundos sobre la salud mental.

Según el medio Nuevo Diario, el hombre se encuentra en tratamiento psicológico. Fue demorada por el personal policial y su familia se puso en contacto con las autoridades para explicar su padecimiento.

Un hombre de 42 años comienza este martes a ser juzgado por haber intentado matar a otra persona con un arma de fuego en Frontera (departamento Castellanos). Será en el marco de un juicio oral y público que, según lo programado, se realizará en la ciudad de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representará al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. En tal sentido, adelantó que solicitará ocho años de prisión para el acusado, cuyas iniciales son CDR.

Por su parte, el juez que estará a cargo de la conducción del juicio oral es Gustavo Bumaguín.

Castellano indicó que "pasadas las 22:00 el viernes 22 de julio de 2022, el acusado agredió desde un automóvil a un hombre que conducía una motocicleta por la calle 7, entre 52 y 54 de Frontera", y remarcó que "le disparó con un arma de fuego calibre 38".

El fiscal puntualizó que "el disparo fue realizado a una distancia de entre uno y dos metros y estuvo dirigido a una zona vital del cuerpo de la víctima, por lo que el investigado tenía pleno conocimiento del riesgo que implicaba su conducta". En cuanto a la persona atacada, precisó que "logró sobrevivir por razones ajenas a la voluntad del acusado".

Por otro lado, el representante del MPA señaló que "el hombre de 42 años no tenía autorización legal para portar el arma de fuego que utilizó en contra de la víctima".

Al acusado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio agravado (por el empleo de arma de fuego) y la portación ilegítima de un arma de fuego de uso civil.

De acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela, las declaraciones testimoniales comenzarán este martes y seguirán hasta el jueves.

Por su parte, los alegatos de clausura están programados para el miércoles de la próxima semana. Finalmente, el viernes 16 está previsto que se realice la audiencia en la que el tribunal dará a conocer la sentencia.

Un muralista santafesino de 37 años, cuyas iniciales son A.I., más conocido como "Niño de Cobre", fue imputado este lunes como autor de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la mujer que era su pareja en la ciudad de Santa Fe.

La atribución delictiva fue realizada en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los tribunales de la capital provincial por la fiscal a cargo de la investigación, Luciana Escobar Cello, ante el juez Pablo Busaniche.

De acuerdo con lo informado por la fiscal, "el imputado cometió el ilícito el sábado 17 de diciembre del año pasado y la víctima pudo hacer la denuncia este año". En tal sentido, señaló que "avanzamos firmemente con la investigación, relevamos las evidencias necesarias para llegar a la imputación y pedir la prisión preventiva".

En la audiencia de esta mañana, Escobar Cello estuvo acompañada por su colega, Alejandra Del Río Ayala. Ambas integran la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1.

Relación abusiva, desigual y violenta

"El imputado y la víctima tenían una relación de pareja de aproximadamente nueve meses, que era sumamente abusiva, desigual y violenta", señaló Escobar Cello en la audiencia. "Él celaba y manipulaba a su pareja, le controlaba el uso del teléfono celular y la comunicación con las personas de su entorno, tanto sus amistades como su familia", agregó la fiscal.

Escobar Cello también informó que "controlaba el modo en que la víctima se vestía, sus publicaciones en las redes sociales y la forma en que se desenvolvía en reuniones sociales". La funcionaria del MPA concluyó que "ejercía violencia física, psicológica y sexual sobre la mujer".

La fiscal también hizo hincapié en que "el imputado obligaba a la víctima a tener determinadas conductas sexuales que ella no quería". En tal sentido, explicó que "en el hecho ilícito que investigamos, la víctima se negó a tener relaciones sexuales y él la obligó con violencia". 

Prisión preventiva

De acuerdo con lo resuelto esta mañana, la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo mañana a las 13:30. Escobar Cello adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado. 

Un tribunal italiano ha ordenado a dos hombres de 42 y 40 años a abandonar la casa de su madre, que había recurrido a la Justicia para desalojar a sus propios hijos alegando no sólo que no contribuían a la economía familiar sino que tampoco aportaban ningún tipo de ayuda en las tareas domésticas.

La madre, Simona Caterbi, de 75 años y residente en Pavía, en el norte de Italia, había intentando convencer en vano a sus hijos para que se fueran y un juez ha terminado dándole la razón. Los dos hombres deberán abandonar el domicilio antes del 18 de diciembre.

En la sentencia, se establece que la convivencia podía estar "inicialmente fundada", en la medida que los progenitores tienen una "obligación alimentaria" hacia sus hijos, pero hoy en día "ya no parece justificable" que los dos hombres tengan que permanecer en el domicilio junto a su madre. Se tienen en cuenta, por ejemplo, "que los dos acusado son sujetos mayores de cuarenta años", informa la cadena RAI.

Un reciente estudio de Eurostat concluyó que los jóvenes se independizan de media en Italia a los 30 años, un dato similar al de España y el séptimo más alto dentro de los Veintisiete. La media dentro de la UE es de 26,4 años, con Finlandia, Suecia y Dinamarca con datos por debajo de los 22 años.

La Justicia de San Juan investiga la muerte de un hombre que recibió un disparo este martes mientras estaba parado en un pasillo del edificio de Tribunales de la capital provincial.

Hasta el momento se sabe que el hombre murió por un disparo con un arma calibre 22. Personal de la UFI Delitos Especiales determinó que se quitó la vida, informó el sitio El Tiempo de San Juan.

Con el correr de las horas, se supo que el hombre estaba imputado en una causa por un delito grave pero no había sido citado a una audiencia de este martes al mediodía.

Fuentes judiciales informaron al medio sanjuanino que el sujeto había sido condenado a cinco años de prisión, pero seguía en libertad porque el fallo no estaba firme.

Mientras tanto había sido denunciado en otra causa por la que efectivos policiales intentaron detenerlo este martes en su domicilio.

Las cámaras del Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Rivadavia al 400 de la Ciudad de San Juan, registraron que el hombre ingresó al edificio a las 12.30 del martes, que estuvo sólo cinco minutos adentro y que luego salió a la calle.

A las 12.47 del martes el hombre volvió a ingresar al Palacio de Tribunales y se quedó parado en el pasillo del primer subsuelo, en la Sala de Audiencias Penales, por lo que los investigadores creen que puede haber ido a entregarse.

Sin embargo, después de casi una hora, a las 13.33, el hombre se quitó la vida.

La falta de testigos presenciales del hecho se debe a que a esa hora se produjo el cambio de turno del personal de seguridad.

El caso quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena, titular de la UFI N°4 de Delitos Especiales.

El tribunal conformado por los jueces Cristina Fortunato, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez condenó a los 10 hombres acusados de haber cometido un abuso sexual grupal contra una adolescente de 16 años en mayos e 2018, en Pilar.

La presidenta del tribunal dio lectura al veredicto este miércoles, pasadas las 11.30, en los tribunales de Rafaela. 

Michael Nicolás Bracamonte, Gaspar Amilcar Gilli, Patricio Suárez, Ayrton Sergio Suviani, Lucas Sebastián Lencina, Santiago Miguel Adrian, Adrián Marcelo Arietti, Maximiliano Javier Zoller y Joaquín Ezequiel Vera fueron condenados como coautores de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la participación de 2 o más personas”. Les impusieron 14 años de prisión, excepto a Vera, cuya pena fue de 8 años.

En cuanto a Jair Damian Goró, a quien le habían endilgado tanto la violación en grupo y otro hecho de “abuso sexual simple”,  fue condenado a 16 años de prisión por ambos delitos.

Además, el tribunal dispuso la remisión de los registros de audio y video de las distintas audiencias del debate al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Santa Fe, tal cual fuera solicitado por la fiscal Shirli Tomasso en sus alegatos. Esto, “en relación al presunto incumplimiento por parte del abogado Marcos Barceló de lo ordenado por este tribunal respecto a la divulgación de datos que permitan identificar a la víctima de los hechos”.

Los fundamentos detrás de la resolución del tribunal serán dados a conocer en el plazo de ley.

Conferencia

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ángela Capitanio, y llegó a juicio en manos de la fiscal Tomasso, quien había pedido penas considerablemente mayores (20 años para Goró y 18 para el resto).

Al “abuso sexual con acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas” le había sumado una agravante más: por la participación de un menor de edad.

Se prevé que Tomasso de una conferencia de prensa a las 12.30.

Apelaciones

Los hoy condenados contaron con la representación de los abogados particulares Natalia Giordano y Claudio Torres Del Sel (por Suviani, Lencina y Suárez), Juan Manuel Lovaiza (por Bracamonte y Arietti), Marcos Barceló (por Vera), Federico Scarinci (por Goró y Zoller), Valentina Alesso y Jorge Questa (por Adrian) y Alejandro Otte (por Guilli).

Todos solicitaron la absolución de sus defendidos. Algunos letrados adelantaron que esperarán a conocer los fundamentos del tribunal, tras lo cual apelarán las condenas.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha llegado al tribunal federal en Washington D.C., donde este jueves comparecerá en el marco de la investigación de sus supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que derivaron en los disturbios y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Fuertes medidas de seguridad se han adoptado en torno al juzgado de Washington DC donde está citado a las 16.00 (20.00 hora GMT) el expresidente Donald Trump para la lectura de los cargos que se le imputan por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Se ha instalado un perímetro de seguridad alrededor del juzgado E Barrett Prettyman, sede del tribunal federal del Distrito de Columbia, que lleva el caso del exmandatario. Desde el edificio puede verse el Capitolio, que se encuentra a unos 500 metros.

Las fuerzas del orden han colocado barreras metálicas para impedir que la gente se aproxime al edificio, donde solo pueden acceder los empleados y aquellas personas autorizadas tras pasar dos arcos de seguridad.

Una multitud de periodistas, algunos con unidades móviles para transmitir por satélite, se encuentran en las inmediaciones del juzgado fuera del perímetro de protección. Hay una fuerte presencia de patrullas policiales, agentes con perros y se han colocado camiones para impedir el paso del tráfico en general al área.

Donald Trump has arrived for his arraignment. He will soon be placed under arrest in advance of his 4 PM arraignment. pic.twitter.com/tWa0BX7JZk

🚨 | Donald Trump acaba de llegar a la corte federal de Washington DC, para comparecer ante los cargos que le imputó el fiscal especial Jack Smith. pic.twitter.com/qUIb9j029r

Trump está acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Es previsible que Trump se declare no culpable, al igual que hizo en las dos imputaciones penales previas que ha recibido.

En los últimos meses, Trump ha sido acusado en Nueva York por un supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que mantuvo un "affaire" en el pasado, durante la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio y en Florida por llevarse y mantener ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados de la Casa Blanca.

Poco antes de su llegada a la corte, Trump escribió en su página de Truth Social que estaba de camino a Washington "para ser detenido por desafiar unas elecciones corruptas, amañadas y robadas" y agregó que estaba "orgulloso de ser arrestado".

La ronda de visitas preliminares será hasta el viernes y podría definir si existe jurisdicción para juzgar los actos por los que se acusa al rey emérito en el Reino Unido

La batalla judicial entre Juan Carlos de Borbón y su examante, la danesa Corinna zu Sayn- Wittgenstein-Sayn, que le reclama unos 165 millones de dólares por haberla acosado durante años, volvió el martes a un tribunal británico, encargo de dirimir cuestiones preliminares.

La ronda de visitas preliminares de la demanda por acoso de la empresaria de 58 años - divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen- se extenderá hasta el viernes y podrían definir si existe jurisdicción en Gran Bretaña para juzgar los actos por los que se apunta al emérito, aunque es posible que la jueza no falle hasta pasadas las vacaciones estivales.

Denunciando amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, Larsen- presentó en 2020 una demanda civil en Londres, donde residía, y aseguró que el exmonarca, ahora de 85 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (73 millones de dólares).

En la apertura de las visitas preliminares - en las que Larsen estuvo presente- ante la jueza londinense Rowena Collins Rice, el nuevo abogado del rey emérito Adam Wolanski, experto en casos de difamación, adelantó que impugnará el caso por considerar que “no tiene ninguna oportunidad de progresar”, que los tribunales ingleses no son competentes para juzgar actos denunciados en lugares como Mónaco y Suiza y que Larsen modificó su demanda cometiendo errores de forma.

La defensa del rey remarcó que como jefe de Estado y miembro de la Casa Real está protegido por la inmunidad parcial concedida por los tribunales británicos sobre los hechos ocurridos hasta su abdicación, el 18 de junio de 2014.

Los abogados de Larsen aseguran, sin embargo, que el presunto acoso fue más importante a partir de esa fecha cuando, privado de su cargo, intentó por todos los medios recuperar el dinero.

Juan Carlos niega “enfáticamente” las acusaciones, según reiteró Wolanski, pero sus sucesivos abogados llevan dos años intentado impedir que se juzgue el fondo de la causa.

Corinna Larsen y el entonces rey de España Juan Carlos, fotografiados en un evento

Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, que lo designó como su sucesor, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España. 

Pero una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Larsen, conocida a raíz de un viaje a Botsuana para cazar elefantes, derrumbaron su imagen. En junio de 2014 acabó abdicando a favor de su hijo, Felipe VI. 

Posteriores revelaciones de Larsen sobre presuntas malversaciones llevaron al rey emérito a exiliarse, en agosto de 2020, a los Emiratos Árabes Unidos para “facilitar” el trabajo de su sucesor. 

Juan Carlos I en abril pasado

La fiscalía española acabó archivando en marzo de 2022 las investigaciones sobre el opaco origen de su fortuna. También la justicia suiza cerró en diciembre de 2021 una investigación sobre sus bienes, después de tres años indagando sobre su patrimonio, incluidos unos 100 millones de dólares transferidos por Arabia Saudita a la Fundación Lucum vinculada al exrey. 

Felipe VI ha mantenido distancia de su padre: en 2020 renunció a su herencia y le retiró su asignación anual de casi 200.000 euros. 

Larsen asegura que Juan Carlos intentó reanudar su relación y, cuando ella lo rechazó, el exsoberano emprendió un “patrón de conducta equivalente al acoso”.

”Exigió la devolución de los regalos”, fue “amenazante” y “llevó a cabo u organizó una serie de actos de vigilancia encubierta y abierta”, según la demanda, que denuncia la participación de miembros de los servicios secretos españoles, incluido su entonces director, el general Félix Sanz Roldán. 

Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año 2014

Wolanski se apoyó el martes en este hecho para asegurar que desde 2012 Larsen atribuyó “la campaña de hostigamiento” a Sanz Roldán y a “facciones de la Casa Real”, no a Juan Carlos. 

El abogado indicó asimismo que Larsen envió cartas al propio Felipe VI, y su esposa Letizia, amenazando con difundir informaciones dañinas para la institución. Pero nunca escribió para notificar su querella, presentada en octubre de 2020 y aceptada en diciembre, subrayó.

Entre otros ataques, la empresaria denuncia “entradas ilegales y daños criminales, como la perforación de un agujero en la ventana de su dormitorio mientras dormía”, el 21 de junio de 2017, y disparos a las cámaras de seguridad de su entrada, el 14 de abril de 2020.

En un fallo que no fue unánime, el tribunal federal N° 2, integrado por los jueces Otmar Paolucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte de Franco Casco, joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª en octubre de 2014, desaparecido por 24 días, hasta que finalmente fue encontrado ahogado en aguas del río Paraná. Además, ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

El veredicto causó conmoción afuera de la vieja y señorial casona donde funcionan los tribunales federales, sobre bulevar Oroño al 900, en el centro de Rosario. Familiares de la víctima mostraron su disconformidad tras la resolución judicial que fue leída por el presidente del Tribunal, que votó en disidencia. Los fundamentos se conocerán el 25 de septiembre.

El debate oral tuvo 70 audiencias y comenzó en diciembre de 2021, poco más de siete años después del hallazgo del cuerpo del joven.

A comienzos de mayo pasado, el fiscal federal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez, y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez, Fernando Blanco, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Ramón Juárez, Romina Díaz y Franco Zórzoli. Todos fueron acusados como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”.

Además, a cuatro de ellos (Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco) también se los acusó del delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.

Otros dos agentes, Belkis González y Rodolfo Murúa, el fiscal solicitó 14 años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación por el mismo lapso de tiempo, como partícipes secundarios de los delitos. Mientras que los efectivos de Asuntos Internos Pablo Síscaro y Daniel Escobar, fueron acusados como coautores de encubrimiento agravado, por lo que el fiscal pidió una condena de 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación. También solicitó la absolución de Walter Ortiz.

Además, el vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Crespo, quien había sido imputado por el delito de falso testimonio, también fue absuelto.

La lectura del fallo estaba prevista para el jueves de la semana pasada. Pero por pedido del Ministerio de Seguridad, se postergó para este martes ya que el personal policial iba a estar afectado a la cobertura de las elecciones primarias.

Este martes, desde muy temprano, la zona aledaña a los tribunales federales, ubicados sobre el coqueto bulevar Oroño, entre Rioja y San Luis, se llenó de uniformados. Un total de 300 agentes de distintas fuerzas, tanto provinciales como federales, formaron parte de un amplio operativo que incluyó el corte de calles, que seguirá hasta entrada la noche.

Luego de la lectura del fallo, que pudo seguirse a través de pantallas que fueron montadas sobre el cantero central del bulevar, Ramón Casco, padre del joven muerto hace casi 9 años, dijo que la decisión judicial es una prueba más de que "no hay justicia en este país".

Visiblemente dolido, remarcó: “Esto es una injusticia. Yo creía que iba a haber alguna condena. ¿A cuántos pibes han matado y quedaron impunes?”, se preguntó, para luego aclarar que seguirá luchando para que “Franco pueda descansar en paz".

Por su parte, Salvador Vera, abogado de la familia Casco, dijo estar muy impactado ya que la resolución del tribunal no era la que esperaban, entre otras cosas por “las audiencias, el análisis de la evidencia, y el propio parecer de los colegas de la defensa”.

“Quedaron todos absueltos por voto de mayoría y un voto en disidencia por el presidente del tribunal que consideró que existió la privación ilegal de la libertad seguida de muerte en relación a tres agentes”. Si bien dijo que esperarán los fundamentos del fallo para su análisis, adelantó que apelarán.

Según se reconstruyó durante el juicio, el 6 de octubre de 2014, Franco Casco, de 20 años, tenía previsto regresar desde Rosario hacia la localidad bonaerense de Florencio Varela cuando fue interceptado por policías de la comisaría 7ª de Rosario en terminal de ómnibus, ubicada en barrio Agote.

Tras su detención, fue llevado a un calabozo de la seccional ubicada en calle Cafferata al 300 (entre Catamarca y Tucumán) y testigos afirman que allí fue sometido a torturas.

La versión oficial indica que Casco fue liberado. Sin embargo, nunca volvió a tomar contacto con sus familiares (ni quienes vivían en Empalme Graneros, al noroeste de Rosario, ni en Florencio Varela).

Sus padres, Ramón Casco y Elsa Godoy, viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. En la terminal de ómnibus averiguaron que su hijo había sido detenido por efectivos de la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y luego reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad, sin darle más datos.

Días después, el fiscal que investigaba el paradero del joven les mostró fotos de Franco visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado.

Casi un mes después (el 30 de octubre, 24 días), y luego de varias movilizaciones exigiendo su aparición con vida, el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná.

La autopsia determinó que fue arrojado sin vida al río y que se inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. A mediados de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco.

Tres años después (octubre de 2017), el juez Vera Barros procesó a 30 policías (pertenecientes a la seccional 7ª y a Asuntos Internos), ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad en la muerte de Franco Casco y en la “intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Finalmente, este martes 18 de julio, a casi 9 años de la desaparición y muerte del joven, todos los policías involucrados fueron liberados.

Este mediodía el personal judicial fue desalojado de los Tribunales provinciales de Concepción del Uruguay por una amenaza de bomba. Todo lo que tenés que saber, en esta nota

Según se pudo averiguar, hubo un llamado telefónico al Comando Radioeléctrico que alertaba de una amenaza de bomba en los Tribunales provinciales, lo que motivó el desalojo de todo el personal que había adentro. Esto incluyó a jueces, vocales, fiscales y todo el personal judicial presente, además del público que estaba realizando sus respectivos trámites.

Prisión domiciliaria y embargo de bienes para la azafata que realizó una amenaza de bomba

Vale señalar que el Centro Cívico de la ciudad tiene dos edificios de importancia: uno el de la Justicia provincial y el otro el de la Municipalidad. A la Municipalidad también le dieron aviso de la situación, pero allí se siguió trabajando con normalidad, mientras estaba todo el operativo policial en marcha en la zona.

Pasado el mediodía, personal de la Policía seguía trabajando en el lugar para corroborar si había o no un artefacto explosivo. Al frente del operativo estaban las máximas autoridades de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos.

Fuentes consultadas afirmaron que no hubo ninguna amenaza similar recientemente.

Revuelo en los juzgados de Barcelona por la presencia de Gerard Piqué y Clara Chía. La pareja acudió con motivo de la demanda que han interpuesto contra el paparazzi Jordi Martín, quien también ha comparecido en los tribunales. Hay video!!!

Gerard Piqué y Clara Chía llegaron juntos a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, mostrando tranquilidad y sonrisas. La pareja ha alegado sentirse acosada por Jordi Martín y ha solicitado inicialmente una orden de alejamiento.

Según la denuncia a la que se tuvo acceso, el paparazzi habría seguido a Piqué y Clara hasta una zona privada en un estacionamiento para tomarles fotografías.

Shakira posteó una foto con Duki y Bizarrap, y Piqúe ¿le respondió junto a una foto con Clara Chía?

Sin embargo, durante la vista legal, Gerard Piqué retiró la petición de alejamiento y Clara Chía redujo la distancia requerida de 3.000 metros a 1.000 metros, según informaron fuentes policiales.

Aunque no se dieron detalles sobre los motivos de este cambio en las solicitudes, se presume que las partes pudieron llegar a algún tipo de acuerdo durante la vista.

Mientras tanto, Shakira ha abandonado Barcelona después de pasar algunos días en la Ciudad Condal. Durante su estancia, la cantante fue fotografiada en compañía de Lewis Hamilton, lo que ha reavivado aún más los rumores en torno a su relación.