Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en el microcentro de la ciudad de Santa Fe. Dos vehículos, una camioneta tipo SUV y un taxi, colisionaron en la esquina de las calles San Jerónimo y Corrientes. El impacto fue tan fuerte que el taxi terminó incrustado en una oficina del Tribunal de Cuentas de la provincia.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana. Por la potencia del impacto, el vehículo que funcionaba como taxi se encajó en una de las vidrieras de la oficina pública, causando daños significativos. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves en el lugar del accidente, aunque el conductor del taxi recibió atención médica por precaución.

La policía y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Se solicitó la asistencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 y se implementaron desvíos en la zona para gestionar el tráfico. Las autoridades piden a los conductores que circulen con precaución mientras se realizan las labores de limpieza y reparación.

Fue funcionaria municipal en la ciudad de Santa Fe y provincial, diputada e integrante del Tribunal de Cuentas. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y presidía el Centro de Jubilados y Pensionados del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas.

Nora Rita Vallejos falleció este lunes a los 78 años dejando atrás una extensa trayectoria docente y en la función pública.

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Fue secretaria de Hacienda en la Municipalidad de Santa Fe durante la gestión de Jorge Obeid y también diputada provincial por el Partido Justicialista en la década del 90. Luego fue vocal del Tribunal de Cuentas.

En lo universitario, fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL donde fue jefe del departamento de Contabilidad e Impuestos.

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También se destacó en la vida gremial del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas donde al momento de su deceso ocupaba la presidencia de la Comisión de Jubilados y Pensionados del organismo.

Casada con Edgar Lucca, quien también ocupó cargos en la gestión pública.

Autores ignorados rompieron la puerta blindex de la entidad ubicada en San Martín 1700. No hay detenidos.

Durante la madrugada del viernes autores ignorados concretaron un hecho vandálico en el inmueble donde funciona el Tribunal de Cuentas, en San Martín 1700, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

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Del hecho se supo poco antes de las 2 cuando el director general de administración a cargo recibió un llamado de parte de un policía que presta servicio adicional en el lugar, dando cuenta que habían roto una de las hojas de la puerta blindex que da acceso al lugar.

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Con la premura del caso el director se hizo presente y constató el daño. Luego, en compañía del personal policial, ingresó a la sede y en principio no se habría observado faltante de elemento alguno.

La diputada socialista consideró inédita la destitularización de docentes realizada por la actual administración. Afirmó que se vulneraron derechos paritarios y que hubo macartismo.

“¿La pandemia es la justificación para que desde marzo no se hayan respondido las tres observaciones del Tribunal de Cuentas, observaciones totalmente contestables?. ¿Por qué no se respondieron esas observaciones?. ¿Existía una voluntad expresa de destitularizar docentes?”. Los interrogantes fueron planteados por la diputada socialista Claudia Balagué -ex ministra de Educación- en la propia Cámara en respuesta a la decisión de su sucesora, Adriana Cantero, de dar marcha atrás con tres decretos de titularización de docentes que tuvieron observaciones del Tribunal de Cuentas.

Balagué había respondido mediante un comunicado a comienzos de semana cuestionando la decisión de Cantero, pero usó la banca -desde la virtualidad- para exponer sobre el tema, invitando a sus pares a recorrer las tareas que en talleres realizan docentes cuestionados y destitularizados. Pero también habló de macartismo señalando que se les pregunta a los docentes la filiación política y no dejó de cuestionar la política educativa de la gestión Perotti ante la pandemia.

Durante la última sesión no solo Balagué habló de Educación. Antes se habían votado dos proyectos, uno de ley, para crear un programa de financiamiento para garantizar el traslado a núcleos rurales secundarios de la provincia y una declaración exhortando a la vuelva a clases presenciales el año próximo.

Balagué calificó de “pésima noticia” la decisión del gobierno de dar marcha atrás con los concursos. “La destitularización es un proceso inédito, nunca ocurrió en la provincia donde en 12 años hubo más de 55.000 titularización en un proceso sistemático, paritario y transparente” definió. Acotó que los decretos del Poder Ejecutivo “quieren echar un manto de sospecha sobre ese proceso. Espero que no sea el inicio de un proceso de quitar beneficios, de ajuste, de persecución a los docentes”.

Comparó el hecho con la desjerarquización del ministerio de Ciencia y Tecnología, con el abandono del Acuario de Rosario donde denunció la muerte de más de cien especies autóctonas, con el cierre de la Casa de la Cultura y de otros espacios como la Redonda.

Sobre el sistema educativo actual y la pandemia advirtió que Flacso menciona que en Santa Fe 120.000 alumnos están fuera del sistema pero que los docentes duplican esa cifra por la desvinculación de chicos, y que Cippec informa que apenas el 0,1% de los alumnos santafesinos volvieron a la presencialidad.

“No hay ni hubo acompañamiento a los docentes en la pandemia en la virtualidad y hoy son agraviados. Son agraviados algunos grupos en particular: Los docentes de formación profesional, Nueva Oportunidad. Los que pusieron el cuerpo todos los días para que miles de jóvenes que estaban en la calle, en situación de violencia, en conflicto con la ley pudieran adquirir un oficio y tener otra perspectiva de vida”, aseguró. “Los docentes atacados son los innovadores, los preparados en la universidad, premiados en América y atacados en Santa Fe”, subrayó.

“Cuanto más necesitamos a estos docentes comprometidos, más se vulneran sus derechos a ser titulares. No entraron por la ventana, hace años que están trabajando con esta modalidad en el sistema educativa” y pasó luego a responder las objeciones del Tribunal de Cuentas, esas que -destacó- estaban desde marzo en cajones de Educación y la cartera resolvió no contestar.

Traslados

A instancias del radical Marcelo González, la Cámara de Diputados votó la creación de un programa de financiamiento para garantizar el traslado de docentes a núcleos rurales secundarios de la provincia. El programa asigna una partida de 90 millones de pesos del Presupuesto provincial para cumplir el objetivo. El propio autor del proyecto habló de la importancia de disponer de recursos para que la educación pueda llegar a todos los rincones de la provincia.

Garantizar el 2021

Diputados aprobó un proyecto impulsado por el demoprogresista Gabriel Real pidiendo al Poder Ejecutivo arbitre los medios pertinentes “para que se establezcan, con debida anticipación, todas las medidas tendientes para garantizar mediante los protocolos correspondientes, el retorno a la modalidad presencial en todos los niveles para el ciclo lectivo 2021, con el claro objetivo de otorgar continuidad pedagógica y revinculación aúlica a toda la población educativa”.

El legislador afirmó que “sin excusas y con la debida previsibilidad debemos garantizar que no se produzca un episodio de catástrofe educativa en el territorio de la provincia. Las clases deben ser presenciales, todo este proceso vivido ha evidenciado una situación de enorme desigualdad, que los chicos no vayan a la escuela por un tiempo tan prolongado, en particular los más vulnerables, es una catástrofe”.

La comisión de Asuntos Constitucionales unificó varios proyectos sobre la materia donde se pide que Educación defina las pautas a considerar para una convivencia de la presencialidad aúlica con el Covid-19: un sistema de escolaridad que combine clases presenciales y virtuales sólo en aquellos casos que tengan acceso permanente; atender prioritariamente a la población estudiantil que no ha podido acceder a las propuestas de educación a distancia durante el aislamiento por no contar con conectividad a Internet, dispositivos tecnológicos y demás condiciones necesarias y considerar especialmente a los estudiantes con mayores dificultades para sostener sus trayectorias educativas. También incorpora la necesidad de evaluar acciones aplicables a los grupos de estudiantes que asisten a los últimos niveles educativos, a fin de articular el paso al nivel siguiente superior en mejores condiciones; la realización de actos de fin de ciclo de forma presencial en espacios abiertos y con grupos reducidos; organizar el modo de socialización en los espacios de recreos y comedores escolares y generar espacios de diálogo y reflexión intraescolar para ofrecer a los estudiantes contención, apoyo emocional y la posibilidad de compartir la experiencia vivida, producto del impacto que tendrá esta pandemia en sus vidas.

El contralor formuló una dura observación legal sobre el decreto que permite a los casinos instalados en Santa Fe ofrecer juegos de azahar por internet. Todos los vocales interpretaron que la ley que permite la actividad desde 2001 es restrictiva y que el Poder Ejecutivo “se ha excedido” respecto del marco legal vigente, aún bajo la pandemia.

A la Legislatura santafesina ingresó una observación legal del Tribunal de Cuentas de Santa Fe sobre el decreto del gobernador Omar Perotti, que le permite a los casinos de la provincia desarrollar (ante la pandemia) juegos de apuestas virtuales, es decir, por internet. Además, la objeción del TC “no es subsanable” con una comunicación posterior u otro acto.

El escrito del contralor no impugna la actividad de ese sector del entretenimiento, ni algún aspecto lúdico o adictivo de este tipo de apuestas, sino el instrumento legal utilizado por la Casa Gris: apunta al medio legal impropio que encontró el Ejecutivo, no tanto al objetivo, que fue permitir que en lugar de usar las salas y las instalaciones de los casinos de cada región, se suban juegos a un sistema de apuestas on line. El Tribunal de Cuentas dejó en claro que sin un cambio en la ley, ese tipo de autorización no corresponde.

Grave

Siempre es en los considerandos de las resoluciones del Tribunal donde se encuentran los argumentos centrales de una amonestación a un acto de gobierno de la provincia, en este caso, el decreto Nº 998/20 que –sin más – aprobó las resoluciones 163, 164 y 165, de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, sin pasar por la Legislatura.

Obviamente, el decreto alega que corresponde autorizar las apuestas remotas ante el estado de emergencia que, por razones de salud pública, les impide a las salas de juego recibir apostadores como lo hacen habitualmente. Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas la excepción de estos tiempos no es una razón suficiente. Y también advierte que se ha querido ir aún más allá de la pandemia.

Los vocales destacan -sin disidencias- que debe hacerse una interpretación restrictiva del texto de la ley provincial vigente para el sector, la Nº 11.998, del 30 de noviembre de 2001.

Sin virtualidad

El Tribunal explica que esa norma “establece una excepción a la regla general de prohibición, por resultar el juego una actividad en principio ilícita”. Por ello la instalación de los casinos en la Provincia, que ocurrió con el cambio de siglo, requirió de un profundo debate legislativo.

Más aún, la argumentación de la observación legal se ocupa de hacer notar el carácter físico de la actividad autorizada –siempre como excepción- por el Poder Legislativo al Ejecutivo, para permitir la explotación legal del juego sólo en la ciudad de Santa Fe (Casino Puerto Santa Fe SA), en la ciudad de Rosario (Casino de Rosario SA) y en la Comuna de Melincué (Casino Melincué SA).

Los vocales explican, palabras más, palabras menos, que no hay ninguna referencia en la ley a la posibilidad de que las salas puedan llevar a cabo su actividad mediante internet (algo que ya estaba desarrollado en el mundo hacía años).

Sin facultades

La referida modalidad complementaria de juego “on-line o virtual” no se encuentra regulada en las premisas de la citada Ley Provincial Nº 11998, ya que ésta solo autoriza los Casinos y Bingos físicos o presenciales”.

Por lo tanto, tanto el decreto del gobernador “excede las autorizaciones previstas en dicha norma legal, en virtud de que el Poder Ejecutivo no se halla facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de inferior rango”.

¿Con o sin pandemia?

Los fundamentos de la resolución del TC incluyen la advertencia de que la autorización hecha por el Ejecutivo va, incluso, más allá de la situación extraordinaria y global presente.

El decreto permite que cada casino mencionadas “instrumente, implemente, opere y explote los juegos de azar a través de la modalidad complementaria denominada on-line o virtual por el plazo coincidente con el de la concesión”, señala el contralor.

Y señala el órgano de control que la pandemia “aparece como insuficiente para fundar una habilitación de semejante extensión temporal, y por lo tanto el acto se encuentra viciado por no contar con la motivación suficiente”.

“El juego ‘on-line o virtual’ no se encuentra regulada en las premisas de la citada Ley Provincial Nº 11.998, ya que ésta solo autoriza los Casinos y Bingos físicos o presenciales, y por lo tanto la habilitación que se efectúa” en fecha 11 de septiembre para las apuestas en la web de los casinos “excede las autorizaciones previstas en dicha norma legal, en virtud de que el Poder Ejecutivo no se halla facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de inferior rango”. Una vez más: no se puede legislar con un decreto.

Luego se abunda en el concepto de lo físico para la autorización que, hace casi dos décadas, formuló la ley. Y cita el Tribunal varios artículos de la norma que define “a los casinos como ‘lugares cerrados donde se desarrollan en forma exclusiva y simultánea juegos de ruleta, carteados, de dados y con máquinas de azar automáticas, donde los participantes juegan contra la banca que ejerce el explotador del juego’, sin contemplar siquiera tangencialmente su desarrollo mediante plataformas on line”, indica la observación legal.

Recuerda que la ley le ordenó al Ejecutivo que, en los pliegos licitatorios, establezca ” ‘La prohibición de trasladar el asiento de las salas de juego de un distrito a otro durante la vigencia de la concesión’, consolidando la idea de que el legislador solo previó -y por tanto solo autorizó- el desarrollo del juego en salas físicas”,

También que la norma puso límites a los juegos, con referencias físicas tan claras como que una sala de bingo y otra de máquinas tragamonedas debían estar “en el mismo edificio”.