La Justicia impuso penas de 23 años de prisión para Mariano Alberto Caridad (23) y Agustín Nicolás Coria (24), considerados coautores de la ejecución a mano armada de Gastón Nazareno Copes (25), ocurrida la mañana del domingo 23 de octubre de 2022, en la ciudad de Santo Tomé.

“En nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, por unanimidad, resuelve: condenar a Caridad Alberto Mariano y Coria Agustín Nicolás, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a cumplir la pena de 23 años de prisión”.

El veredicto fue leído este lunes por la presidenta del tribunal de juicio oral, la jueza Susana Luna, en voto unánime con sus pares, los Dres. Pablo Busaniche y Pablo Ruiz Staiger, este último por videoconferencia.

Los imputados Coria y Caridad, que presenciaron el juicio en la sala durante toda la semana pasada, estuvieron presentes en forma remota desde su lugar de detención, para la lectura del veredicto.

La imposición de la dura condena contra los agresores motivaron un sentido abrazo entre los familiares de Copes, con su madre a la cabeza, como querellante durante el proceso. Representada por el abogado particular, Martín Peón, habían solicitado 25 años de prisión para la dupla de agresores, no obstante se mostraron conformes con el fallo final.

“Es una condena ejemplar, se ha hecho justicia”, destacó el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, junto con su colega de la Unidad de Delitos Complejos, Laura Urquiza.

Los representantes del MPA habían solicitado 23 años para Caridad y Coria por considerar que fue “una situación muy grave, ante una víctima que no tuvo posibilidad de defenderse, a la que apartaron del grupo de gente en la que estaba, e hicieron correr peligro a un montón de personas”.

El Dr. Giavedoni remarcó que “al momento de mensurar el monto de la pena” debe tenerse en cuenta que “el tipo penal seleccionado tiene una pena que va desde los 10 años y 8 meses a los 33 años de prisión y el monto de pena que nosotros pedimos está ubicado dentro del segundo tercio de esa escala penal en la parte máxima”. Por eso “creemos que es una buena interpretación de parte del tribunal”.

En cuanto a las defensas de los condenados, a cargo de los abogados Raúl Sartori -por Caridad-, y Elsa Tracy Dunigan y Raúl Sánchez Lecumberri -por Coria-, habían propuesto penas de 15 años para sus pupilos.

A propósito de ello, la Fiscalía recordó que en la primera jornada del juicio -audiencia de cesura- las partes acordaron “tener por probados los hechos”, con lo cuál el debate giró en torno al monto de la pena únicamente.

“Esto en base a que había muy buena calidad de prueba obtenida. Además de las cámaras (públicas y privadas), teníamos testigos presenciales que logran reconocer a los acusados”, explicó el Dr. Giavedoni. “Es decir, una seguidilla de información que daba muy buena calidad de prueba para tener por acreditado el hecho y la participación de los acusados en el hecho”.

El juicio oral y público por el crimen de Copes comenzó el lunes 20 de octubre pasado y se extendió durante la jornada del miércoles, cuando se exhibieron los videos de las cámaras de seguridad del 911 y privadas y se tomaron declaraciones testimoniales. El viernes fueron los alegatos de clausura, que fueron la antesala de este veredicto.

A diferencia de otros homicidios ocurridos en la jurisdicción, el de Copes tuvo la particularidad de que varias cámaras registraron la cruenta ejecución, lo que permitió ver con claridad la crudeza del ataque por parte del tribunal.

Copes había ido a bailar con amigos a la ciudad de Esperanza, donde mantuvo una pelea con otros jóvenes de Santo Tomé. Al regresar a su ciudad, estacionó el auto VW Passat que conducía delante de la heladería Veneto que está en Las Cinco Esquinas y los ocupantes descendieron del vehículo.

Instantes después, una cámara detecta un Chevrolet Cruze que pasa por la Avenida 27 de Marzo en dirección oeste-este y al ver el auto de Copes gira en “U” y se estaciona detrás. Luego, descienden los dos ocupantes, con un arma cada uno y tras separarlo del grupo comienzan a gatillarle a corta distancia.

sperados. Tras la estampida, los agresores sacaron las patentes del auto en el que circulaban y escaparon del lugar. Gastón Copes fue trasladado al hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado hasta su fallecimiento, el 5 de noviembre de 2022.

Caridad fue detenido el mismo domingo de la ejecución y Coria se entregó en fiscalía días más tarde. Desde entonces, ambos permanecían en prisión preventiva aguardando el juicio por el que ahora deberán cumplir condena.

La pena fue impuesta por el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy, que encontró al hombre, cuyas iniciales son P.J.L.P., autor material y penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual simple agravado por el vínculo” y “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.Los hechos juzgados, según difundieron las fuentes, ocurrieron en enero de 2020, en inmueble ubicado en el barrio Alto Comedero, de la capital provincial.Durante los alegatos del proceso, el Fiscal ante el Tribunal, Rodrigo Fernández Ríos, solicitó la pena de 25 años de prisión para el acusado, a la que adhirió la querella del Centro de Asistencia a la Víctima de la provincia, mientras la defensa técnica requirió la absolución lisa y llana, y en subsidio por el beneficio de la duda.

El Tribunal, integrado por las juezas María Nallar -presidente de trámite- y Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Puig, resolvió finalmente condenar a 16 años de prisión de ejecución efectiva a P.J.L.P.Los magistrados además ordenaron la obtención de los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Una mujer de 37 años que ejercía ilegalmente la medicina en la localidad bonaerense de Francisco Solano fue detenida tras detectarse irregularidades en documentos presentados en un hospital, informaron hoy fuentes policiales.La detención fue ordenada por el titular del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, y la detención estuvo a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).La investigación comenzó cuando el directivo de un centro asistencial municipal ubicado en Capilla del Señor, cabecera del partido de Exaltación de la Cruz, detectó irregularidades en distintos documentos presentados por una médica que ya se encontraba trabajando en el hospital.

La inconsistencia se produjo al analizar los datos de la cuenta aportada por la mujer donde mensualmente se depositaba su sueldo ya que "pertenecía a otra mujer de nombre similar, lo que despertó las sospechas de las autoridades médicas", informó PFA.Tras observar que otros documentos también eran de "dudosa autenticidad", el director médico del hospital radicó una denuncia en la sede del Juzgado Federal de Campana y el tribunal delegó la investigación en la División Antifraude de la PFA.Los agentes comprobaron que la mujer "no solo no era médica, sino que además se hacía pasar por otra persona y que la mayoría de la documentación presentada era efectivamente falsa", según las fuentes.

Al ingresar al domicilio, los funcionarios de la Superintendencia de Investigaciones secuestraron matrículas presuntamente falsas, sellos de distintas especialidades (clínica, infectología y cirugía), barbijos, fotocopias de títulos universitarios, recetas con sellos de distintos médicos, la vestimenta habitualmente utilizadas por médicos, jeringas y demás insumos, al tiempo que se incautó su teléfono celular.

Por otra parte, se identificó correctamente a la imputada, quien fue detenida y trasladada a Instalaciones del Departamento Central de Policía, a disposición del Tribunal que entienda en la causa hasta tanto se disponga su declaración indagatoria.

La investigación continúa porque se presume que la mujer "habría ejercido distintas actividades vinculadas con la medicina en otros centros asistenciales", indicó PFA.

El texto fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión

El Tribunal Superior Electoral de Brasil le dio un plazo de tres días, desde este lunes, al ex presidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus ex ministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.

El plazo fue establecido en una sentencia del magistrado Benedito Gonçalves, de la corte electoral, que ordenó incluir el denominado “documento golpista” en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.

El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

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El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión, pues era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

Bolsonaro también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados por los sucesos violentos del 8 de enero, por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.

El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.

Gonçalves también solicitó a la Corte Suprema que remita al tribunal electoral el documento que demostraría la supuesta intención del líder ultraderechista de dar un golpe y cualquier otra posible prueba encontrada en la casa de Torres que pueda servir en la investigación sobre el abuso político durante la campaña.

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En caso de que Bolsonaro sea considerado responsable de abuso político y de uso de los medios de comunicación oficiales a favor de su campaña, el tribunal electoral puede condenarlo a un período de inhabilitación política de al menos ocho años.

Bolsonaro aseguró este lunes que el asalto por parte de sus simpatizantes a las instituciones democráticas fue “increíble”.

El ex mandatario, que habló este lunes con varios simpatizantes que se encontraban frente a su alojamiento en Florida (Estados Unidos), indicó a su vez que lamentaba el episodio de vandalismo ocurrido en Brasilia.

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“Lamento lo que pasó el día 8 (de enero), una cosa increíble”, declaró el ex mandatario según recogió el portal Metrópoles.

“En mi gobierno, la gente aprendió qué es la política, conoció los poderes fácticos, empezó a valorar la libertad”, agregó el ex presidente del país.

De esta forma, el ex dirigente brasileño se distanció de los ataques golpistas, contrastando con los discursos de sus seguidores, según informa el periódico ‘Folha de Sao Paulo’.

Estas declaraciones se produjeron días después de que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes autorizó una investigación a Bolsonaro por presunta incitación al crimen, tras una petición de la Fiscalía.

El Poder Judicial de Perú ratificó de forma definitiva este miércoles el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia de Ana Estrada, una mujer de 43 años que se convirtió en la primera persona en el país en recibir la autorización para poner fin a su vida.

El fallo tuvo lugar después de que un juez del Tribunal Supremo dirimiente hasta ahora haya cambiado de postura, permitiendo así resolver de manera definitiva el caso al alcanzar los cuatro votos necesarios.

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“Juez supremo dirimente Carlos Calderón Puertas se suma a la posición mayoritaria de los magistrados respecto al protocolo de actuación médica, en el recurso de consulta del proceso de amparo seguido por Ana Estrada, y resuelve de manera definitiva el caso”, expresó el organismo judicial en su cuenta de Twitter.

De esta forma, se ha definido el protocolo de eutanasia que quedaba pendiente del fallo emitido por el Tribunal Supremo el pasado 15 de julio. Este se llevará a cabo en conjunto entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Seguridad Social.

“La resolución será notificada en los próximos días debido a que aún está en proceso la redacción final de la sentencia y la firma de los jueces intervinientes”, informó el Poder Judicial, según difundió ‘La República’.

La solicitante de la primera eutanasia que se llevará a cabo en Perú es una activista que padece una polimiositis incurable y progresiva con la que convive desde los 12 años. A través de su blog personal, la activista ha defendido en público su lucha y se ha convertido en la cara visible de los intentos de legalizar la eutanasia en el país sudamericano.

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“Desde que estuve en UCI pedí ver al psiquiatra para que me recete lo indicado porque me quería morir. Pedía morir. (…) Hasta que en el 2017, poco a poco comenzó mi búsqueda. Y claro que en cada negativa me volvía a derrumbar”, cuenta en una de las últimas entradas escritas en su blog tras su comparecencia ante la audiencia que ahora ha fallado en su favor y en la que le preguntaron si estaba deprimida.

“He empezado a escribir en este blog porque así empezó todo hace dos años. Vuelvo a la raíz y soy mi alimento. Y ya nunca nadie más me dirá que es imposible. Mi voz es orquesta”, zanja este artículo.

Estrada depende de un respirador artificial y de la asistencia de enfermeras de manera permanente. Por lo que pidió “una muerte digna”. La activista explicó que ella no está pidiendo morir, sino que ella tenga la autonomía de decidir el control de su vida.

El juicio a los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en enero de 2020, estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores, que ahora deberá poner fecha de inicio, según informaron hoy fuentes judiciales.

El tribunal estará integrado por los jueces María Claudia Castro y Christian Rabaia, mientras que el tercer miembro se definirá por sorteo entre magistrados del Departamento Judicial de Dolores, porque el puesto se encuentra vacante.

Por parte del Ministerio Público intervendrá el fiscal Juan Manuel Dávila, a cargo de la Fiscalía de Juicio 8 de Dolores, aunque es probable que se designe además a un segundo fiscal para colaborar en el debate.

Si bien la instrucción del caso estuvo a cargo de Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell, por tratarse de una fiscalía descentralizada ubicada a más de 150 kilómetros de la sede del tribunal, en el juicio intervendrán fiscales de la cabecera del departamento judicial.

“Solo quiero Justicia para Fernando”, se limitó a asegurar en declaraciones a Télam Graciela Sosa, la madre del joven asesinado, apenas se enteró del sorteo del tribunal que llevará adelante las audiencias del juicio por el crimen de su hijo.

Fuentes de la causa indicaron que el debate oral todavía no tiene una fecha, y que antes de que se defina deberá convocarse a las partes a una audiencia preliminar.

En esta instancia, tanto la defensa de los acusados, a cargo de Hugo Tomei, como la querella que representa a los padres del joven de 18 años asesinado, encabezada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, ofrecerán las pruebas a utilizar ante el TOC 1, tal como establece el artículo 338 del Código de Código Procesal Penal bonaerense.

De acuerdo a la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).

Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero.

En el juicio se debatirán además las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En el marco de la investigación del homicidio, fueron sobreseídos otros dos jóvenes, acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).

De acuerdo a la instrucción del caso, el crimen de Fernando se produjo “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de Gesell.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.

Precisó además que “luego de su cometido”, los rugbiers “se dieron a la fuga del lugar, pretendiendo lograr su impunidad, habiendo sido aprehendidos por personal policial en las inmediaciones del lugar de los hechos”.

Tras la elevación a juicio, los imputados renunciaron a la posibilidad de ser sometidos a un juicio por jurados, porque consideraron que no era posible conformar un tribunal ciudadano que no estuviera condicionado, debido a “la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios.

El papa Francisco dispuso que los obispos y cardenales sean juzgados por el tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde ofician magistrados laicos italianos y no sacerdotes.

La decisión, que busca dejar de lado “privilegios”, fue anunciada por el Papa en un texto firmado este viernes, que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo y supone un cambio radical, ya que hasta ahora cardenales y obispos comparecían ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal.

A partir de esta medida, en cambio, se someterán en primera instancia al Tribunal, como todos, aunque para juzgarlos seguirá siendo necesaria la autorización previa del papa, consignó la agencia de noticias AFP.

Con esta iniciativa, denominada “motu proprio” el Pontífice desea afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia, “sin privilegios que datan del pasado”.

Este tribunal de primera instancia era muy criticado por no poder convocar a los más altos prelados de la Iglesia.

En los próximos meses tendrán lugar varios procesos penales importantes, en los que están involucrados cardenales y obispos que trabajaron en la Secretaria de Estado (Gobierno del Vaticano), y por primera vez podrán ser interrogados por jueces laicos del tribunal penal.

Entre ellos, existe una compleja investigación sobre financiación opaca, a través de empresarios italianos, de un edificio de lujo en Londres, con el aval de la Secretaría de Estado.

La investigación debe determinar si los altos prelados cometieron errores de juicio o eventualmente incurrieron en corrupción.

Un tribunal peruano afirmó en una resolución basada en teorías conspirativas que el COIVD-19 fue una invención de las “élites criminales a nivel mundial” conformadas, según los magistrados de esta corte, por multimillonarios como George Soros, la familia Rockefeller y el empresario Bill Gates.

Como justificación a la demora para emitir un fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco aseguró que la pandemia tuvo un carácter “imprevisible” salvo para sus creadores, “que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales”.

Así, este tribunal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ica, que conforman los jueces Tito Gallegos, Luis Leguía y Tony Changaray, trató de excusarse por la demora en atender el recurso de un imputado que pedía que se le anulara su prisión preventiva (provisional), pero cuya solicitud no se había resuelto por la pandemia.

“Ningún Gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado puede sostener que esta pandemia tiene la calidad de ‘previsible’, salvo los creadores del nuevo orden mundial como Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc”, aseveró la resolución, difundida en el portal LP Derecho.

UNA ANTIGUA TEORÍA CONSPIRATIVA

Al asegurar que el coronavirus fue “creado por las élites criminales que dominan el mundo”, la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco se hizo eco de una de las tantas teorías conspirativas que brotaron el año pasado a raíz de la pandemia.

En concreto, el documento cita al inversor financiero George Soros, al cofundador de Microsoft Bill Gates y a la multimillonaria familia Rockefeller, a quienes acusa de “manejar” y “seguir direccionando” el virus en el “nuevo orden mundial”.

Con la aparición del COVID-19 se disparó la cantidad de desinformación y, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó ya en mayo que el virus tenía un origen animal y refutó su creación en un laboratorio, siguieron circulando supuestos orígenes alternativos.

Desde bien temprano, estas teorías alimentadas por ‘fake news’ (noticias falsas) incluyeron discursos sobre su creación por farmacéuticas ansiosas por incrementar sus beneficios económicos y hasta complots de Bill Gates o Soros como impulsores de un supuesto plan de control de la población a través de las vacunas y el 5G.

INVESTIGACIÓN A JUECES

Después de trascender a la opinión pública el contenido del auto del tribunal, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de Ica, situada unos 400 kilómetros al sur de Lima, abrió una investigación preliminar a los magistrados que suscribieron esa resolución.

El objetivo de la investigación es recabar los elementos que ayuden a determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los jueces.