El transporte público continúa en una espiral de crisis que parece no tener fin. Este martes y por el lapso de dos horas por lo menos, los choferes estuvieron en asamblea, lo cual generó la suspensión o merma en los servicios de varias líneas. El motivo fue que los trabajadores no habían recibido el pago de la primera cuota del acuerdo firmado en julio pasado por diferencias salariales retroactivas de abril y mayo.

Mientras en las paradas se observaban largas colas de vecinos a la espera de coches que no llegaban, se realizaba una reunión entre UTA, empresarios y autoridades locales. Como resultado, la Municipalidad resolvió desembolsar un subsidio de $64 millones para desactivar el conflicto. “Esperamos que en el día de hoy con estos importes las empresas puedan cancelar sus obligaciones y estas medidas intempestivas que se han adoptado y han perjudicado a los usuarios sean levantadas”, dijo la directora de Movilidad, Andrea Zorzón. Y en efecto, para las 15:30 los colectivos comenzaban a circular en la ciudad.

Zorzón comentó además que durante el encuentro, los empresarios presentaron una solicitud de redeterminación de la tarifa para llevar el boleto a 309 pesos.

La funcionaria local se refirió a las subas en la matriz de costos del transporte, lideradas por el combustible pero también acrecentados por la paritaria salarial.

“Estos incrementos no se han reflejado en un aumento de subsidios por parte del Gobierno. Nación aumentó solo un 28% y la Provincia un 45%, pero estos montos no alcanzan”, explicó.

“Ellos —por los empresarios— están planteando una tarifa a 309 pesos. Nosotros entendemos desde la Municipalidad que llevar la tarifa a ese valor va a repercutir de manera muy negativa en los gastos de las familias santafesinas. Por esto estamos tratando de evaluar una alternativa”, finalizó.

La Nación otorgó una compensación tarifaria destinada a las empresas de transporte de pasajeros.

La Nación, a través del Ministerio de Transporte otorgó una compensación tarifaria a las provincias destinadas a las empresas del transporte urbano de pasajeros, con el fin de evitar nuevos problemas con el servicio urbano.

Por medio de la resolución 82, el Ministerio de Transporte Alexis Guerrera aprobó, para los primeros tres meses del año, un desembolso total de $ 9.600 millones de subsidios destinados a las líneas urbanas del interior del país y dejó abierta la puerta para nuevos ajustes en las ayudas económicas previstas para las provincias y municipios a partir de abril.

Incertidumbre de empresarios del transporte por los subsidios para este año

La norma firmada por Guerrera, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, sostiene que la suba de subsidios para los colectivos del interior “obedece a la necesidad de maximizar el crédito presupuestario vigente en armonía con la evolución de los costos del sistema y el último acuerdo paritario que justifican para el primer trimestre del año un salto del 20% en relación con la distribución establecida durante el último trimestre de 2021”.

Tras precisar que las liquidaciones se calcularán en función de los parques móviles y cantidad de empleados que acredite cada línea, la resolución puntualiza que los fondos serán entregados a las provincias y municipios con el fin de que sean transferidos en menos de 48 horas a las concesionarias y operadoras de los servicios urbanos.

Desde este jueves a las cero horas rige el aumento de colectivos que determinó el Ejecutivo municipal en enero pasado.

La tarifa frecuente pasó de $ 28,90 a $ 42,35. En tanto, la tarifa centro cuesta $ 33; el boleto escolar, $ 18,80; la tarifa para jubilados $ 23,50; y el boleto terciario-universitario $ 28,20.

Si bien en un comienzo, se anunció que el incremento se aplicaría desde el 8 de febrero, hubo demoras para articular con el Sistema Sube, por lo que finalmente el nuevo cuadro tarifario para la ciudad de Santa Fe rige desde este jueves 18, informó el Municipio.

El incremento se da luego de 16 meses donde no hubo reajustes. El análisis de costos dio una cifra superior, pero se optó por valores que están por debajo de la inflación para que el servicio siga siendo sustentable.

Tras esa definición, se analizó cómo fue el efecto inflacionario de los últimos 16 meses sobre los costos del transporte y se redeterminó el precio del boleto en función de la fórmula dispuesta por ordenanza del Concejo Municipal. No se consideró la cantidad de usuarios de 2020, debido a que la pandemia fue un año atípico para el sector; decisión que hubiera impactado aún más en el ajuste tarifario.

Cabe recordar que localidades con similares escalas a Santa Fe ya establecieron nuevos cuadros tarifarios con incrementos que llevan los boletos a alrededor de $ 43 en Córdoba y de $ 45 en Rosario.

El incremento fue autorizado por la Municipalidad de Santa Fe y entra en vigencia este 8 de febrero. La tarifa centro costará $33 y el boleto escolar $18,80. Cómo quedó el precio de todos los boletos.

A partir de este lunes la tarifa del transporte urbano de colectivos pasará a costar $42,35, luego de 16 meses donde no hubo reajustes. “El análisis de costos dio una cifra superior, pero se optó por valores que están por debajo de la inflación para que el servicio siga siendo sustentable”, aseguraron desde el Municipio.

La tarifa centro costará $33; el boleto escolar, $18,80; la tarifa para jubilados $23,50; y el boleto terciario-universitario $28,20. Es importante recordar que el gobierno nacional habilitó a llevar adelante la actualización de tarifas, una facultad que no tenían los Municipios si querían seguir recibiendo los subsidios nacionales, que son fundamentales para sostener el servicio en el marco de la pandemia.

Tras esa definición, en el Municipio analizaron el efecto inflacionario de los últimos 16 meses sobre los costos del transporte y se redeterminó el precio del boleto en función de la fórmula dispuesta por ordenanza del Concejo Municipal. No se consideró la cantidad de usuarios de 2020, debido a que la pandemia fue un año atípico para el sector. “Localidades con similares escalas a Santa Fe ya establecieron nuevos cuadros tarifarios con incrementos que llevan los boletos a alrededor de $43 en Córdoba y de $45 en Rosario”, precisaron desde el Municipio.

El pasado 20 de enero, Aire Digital había anticipado que el Municipio santafesino ya tenía decidido un incremento de las tarifas. Sólo restaba definir desde cuándo regiría el aumento y el porcentaje. En diálogo exclusivo con Aire Digital, el subsecretario de Transporte municipal, Lucas Crivelli había confirmado que se estaba terminando de determinar el valor del boleto, que regirá desde próximo mes de febrero.

El boleto de transporte urbano aumenta en la ciudad de Santa Fe

Según el funcionario, el valor de la tarifa iba a rondar los 41 y los 45 pesos. “El monto va a estar entre los 41 y 45 pesos y esperamos llegar con los tiempos para el 1° de febrero”, precisó. Al hacer un repaso de las negociaciones que se desarrollaron entre el municipio y las empresas, Crivelli recordó que “en diciembre las empresas hicieron una solicitud de incremento de las tarifas. Pedían un boleto de $50,60”. Mientras advirtió que fue el gobierno nacional quien autorizó que se produzcan aumentos en las tarifas, el funcionario municipal sostuvo que “es muy difícil calcular una tarifa en este contexto”.

Malestar de los empresarios

Al respecto, en diálogo con Aire Digital, el empresario del sector, Lucas Fernández, expresó su profundo malestar por el aumento autorizado por el municipio. El malestar radica en que el incremento avalado es menor al que solicitaron las empresas y a la demora en la entrada en vigencia de esos aumentos.

“No cumplieron ninguna de las condiciones que esperábamos, ni en el monto del aumento ni en la fecha del aumento, y mucho menos después de tres aumentos de combustible en un mes”, sostuvo Fernández.

“El aumento que se va a autorizar va a quedar desfasado con los aumentos de combustible”, agregó. Según el empresario, la Municipalidad se había comprometido a autorizar el incremento apenas vencía la restricción nacional para aumentar tarifas.

“Creemos que fuimos bastante coherentes con el desarrollo económico que hicimos en el pedido de aumento, porque hemos contado pasajeros que no existen y tenemos que bancarnos este regateo”, lamentó el empresario y reconoció que “no entendemos el porqué del monto autorizado”.

Por último, Fernández sostuvo que el aumento será analizado por el sector “cuando veamos que estudios hicieron ellos. Un mes de tiempo de demoras sin sentido es un monto de plata perdida”.

El transporte urbano sufrirá cambios y un aumento en el costo del boleto

El pedido

En el mes diciembre y tras hacer el pedido formal ante el municipio, el gerente de Autobuses Santa Fe, en diálogo con Aire de Santa Fe Lucas Fernández explicó los motivos que fundamentaron el pedido de aumento del boleto. “Lo que hicimos fue presentar una actualización de estudio de costos. Actualizamos los valores que había en agosto y septiembre del año pasado a la fecha para determinar la diferencia entre ingresos y egresos y que normalmente se financian con subsidios o aumentos de tarifas”, explicó Fernández.

Al ser consultado sobre el incremento y cuál sería el valor de la tarifa, el empresario explicó que “es un ejercicio bastante complicado hablar de porcentajes. Nosotros presentamos la actualización de costos y dijimos que prestar el servicio hoy nos cuesta tanto” y agregó que “a modo de ejercicio, presentamos el cálculo de tarifa teniendo en cuenta los pasajeros que llevábamos el año pasado”.

Vale destacar que el aumento que la Municipalidad de Santa Fe autorizó desde el mes de febrero se concretará tras 14 meses de congelamiento de las tarifas, dispuesto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus. Hasta 2019, el sistema llegaba a vender 150.000 boletos diarios en la ciudad de Santa Fe.

Sin embargo, en estos momentos apenas se llega a los 40.000 boletos por día -durante la semana de Navidad le llegó a unos 50.000 boletos- y tanto desde las empresas, desde la Unión Tranviario Automotor, como desde fuentes oficiales, coinciden en que llevará mucho tiempo recuperar la normalidad. Los cálculos más optimistas hablan de un tope de 90.000 boletos diarios en 2021, siempre y cuando no se vuelva a complicar la situación de la pandemia.

Durante 16 meses, la tarifa de colectivos no se actualizó en la ciudad. La tarifa centro costará $ 33 y el boleto escolar $ 18,80. Cómo quedó el precio de todos los boletos.

La Municipalidad de Santa Fe informó que a partir del 8 de febrero la tarifa del transporte urbano de colectivos pasará a costar $ 42,35, luego de 16 meses donde no hubo reajustes. “El análisis de costos dio una cifra superior, pero se optó por valores que están por debajo de la inflación para que el servicio siga siendo sustentable”, aseguraron desde el Municipio.

El transporte urbano sufrirá cambios y un aumento en el costo del boleto

La tarifa centro costará $ 33; el boleto escolar, $ 18,80; la tarifa para jubilados $ 23,50; y el boleto terciario-universitario $ 28,20. Es importante recordar que el gobierno nacional habilitó a llevar adelante la actualización de tarifas, una facultad que no tenían los Municipios si querían seguir recibiendo los subsidios nacionales, que son fundamentales para sostener el servicio en el marco de la pandemia.

¿ Se viene un aumento del boleto para la ciudad de Santa Fe?

En la ciudad de Córdoba, el boleto se actualizó a $ 43 y en Rosario a $ 45. Tras esa definición, en el Municipio analizaron el efecto inflacionario de los últimos 16 meses sobre los costos del transporte y se redeterminó el precio del boleto en función de la fórmula dispuesta por ordenanza del Concejo Municipal. No se consideró la cantidad de usuarios de 2020, debido a que la pandemia fue un año atípico para el sector. “Localidades con similares escalas a Santa Fe ya establecieron nuevos cuadros tarifarios con incrementos que llevan los boletos a alrededor de $ 43 en Córdoba y de $ 45 en Rosario”, precisaron desde el Municipio.

La suba fue confirmada por el municipio. Regirá desde el mes de febrero. Cómo queda la tarifa.

El mes de febrero traerá para los santafesinos un nuevo gasto con la suba del boleto del transporte urbano por colectivos en la ciudad.

Lo confirmó el subsecretario de Transporte del municipio Lucas Crivelli quien manifestó que el aumento estaba pendiente desde diciembre cuando los empresarios elevaron el pedido ante la suba de los costos de funcionamientos de las flotas.

Si bien no precisó a cuánto se iría el precio, manifestó que rondaría los 45 pesos para la tarifa plana. Aún no se resolvieron tampoco las tarifas preferenciales, esquema que darán a conocer cuando lo definan en las próximas semanas.

Recordemos que el costo del boleto actual es de $ 28,90.

“El pedido de los empresarios estaba dentro de los $50,60. Si bien el municipio autorizó a realizar este ajuste tarifario emitió un informe para que la variación de precios sea más amplia para dar un margen de análisis de las tarifas que finalmente se aplicarán”, dijo el funcionario.

Además, Crivelli remarcó que el sistema de transporte viene perdiendo mucho pasaje por año, lo que se agravó en el marco de la pandemia por coronavirus, la escasa circulación de gente en algunos momentos, y los protocolos sanitarios.

“Definir una tarifa en este contexto es complicado, pero estamos realizando un estudio de costos y estimamos que en los próximos días se estará definiendo la tarifa que estará en torno de los 41 o 45 pesos”, señaló.

Dentro de ese margen, agregó, están los valores de las tarifas del interior del país “que con el esquema de subsidios del 2021 esperamos permita llevar un sistema que sea accesible para los usuarios y vecinos de la ciudad de Santa Fe”.

Empresarios, colectiveros, ediles y funcionarios se reunirán tras el feriado para avanzar en la implementación de nuevos recorrido

La comisión de emergencia en el transporte urbano de pasajeros dará el puntapié inicial este miércoles cuando reúna a empresarios, el sindicato de los colectiveros, concejales y el Ente de la Movilidad. La cita será a las 10, vía Zoom, y allí comenzará a armarse el nuevo diseño del recorrido de los ómnibus: un rearmado en base a jerarquizar líneas con mayor demanda sobre avenidas y grandes corredores. En un marco de incertidumbre con los equilibrios financieros, entre subsidios, viajes y costos, el intendente Pablo Javkin tendrá otros 12 meses de potestad para aumentar la tarifa con un valor equivalente hasta el 90 por ciento de lo que arrojen los estudios técnicos.

Este miércoles, a las 10, comenzará a aplicarse lo que el Concejo Municipal le votó al Ejecutivo: una herramienta administrativa que le permitirá negociar los contratos con las dos concesionarias del servicios (Rosario Bus y El Cacique) y retocar el sistema en cuanto a sus condiciones.

Como ya se informó, los pliegos en vigencia fueron pensados para 400 mil viajes diarios y hoy no superan los 100 mil. La recaudación cayó de 12 millones al día a unos 3 millones. Y por ello, durante 24 meses, Javkin tendrá la opción de encontrarle una salida al “nuevo sistema”: reajuste, eliminación de los tramos que superponen recorridos, optimización de líneas más requeridas y frecuencias, son parte de las variables.

El paso formal lo pondrán en marcha en forma virtual la comisión integrada por los ediles Fabrizio Fiatti (javkinista), Eduardo Toniolli (Frente de Todos), Pedro Salinas (Ciudad Futura), y la concejala Germana Figueroa Casas (Juntos por el Cambio).

También participará el Ente de la Movilidad, representantes de las concesionarias, la estatal Movi, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario.

Buena parte de los ediles ya adelantó lo que esperan avanzar en esa comisión.

“Estamos viviendo una nueva realidad y entendemos que el transporte público debe adecuarse. La disminución de los pasajeros debido a la pandemia ha sido un golpe muy fuerte para el sistema ya que era el principal sostén del mismo”, indicó Figueroa Casas para acotar: “Queremos escuchar, pero hay que ser muy cuidadosos ya que si el intendente decide reducir recorridos y frecuencias, no podemos dejar a los barrios desconectados en un contexto de inseguridad. Una visión integral pero sin perjudicar a quienes más lo necesitan. En 80 días de paro, la Intendencia tiene que reclamar de manera más clara y contundente ante provincia y nación por falta o demora de los fondos”.

Desde el oficialismo, Fiatti adelantó que se hará una primera presentación de las autoridades designadas y se formalizará la modalidad de trabajo que se llevará adelante. “Necesitamos poner en común un diagnóstico del estado actual del sistema y comenzar a analizar distintas alternativas y escenarios sobre los cambios que se vienen en el transporte. Es un primer encuentro y por nuestra parte ratificaremos el compromiso para lograr los acuerdos necesarios que permitan dar repuestas entre todos a los desafíos de la movilidad de los y las rosarinas”, subrayó.

Sólo un “seguimiento”

En la vereda de enfrente, el peronista Eduardo Toniolli consideró que “cuando se dio el debate en torno a la emergencia, señalamos que el Concejo Municipal debía ser garante de que la tensión entre calidad del servicio y rentabilidad empresarial, no se resuelva dejando a los rosarinos a pie. Lamentablemente primó el criterio de darle la posibilidad al Ejecutivo de renegociar contratos con los privados sin que ese acuerdo pase por el cuerpo legislativo local. En ese marco esta comisión es solo de seguimiento de decisiones que se toman en otro lado. Aún así vamos a ir a llevar todos y cada uno de los reclamos de los usuarios, a controlar que no se los perjudique, y a denunciar si eso sucede”, adelantó.

Mientras Javkin tiene la potestad conferida por otros 12 meses para aumentar el boleto sin tener que pasar por el Concejo, la ciudad de Córdoba prepara una suba para enero de 31,9 a 50 pesos.

Prohibirán sorbetes y bolsas tipo “camiseta”

Este viernes habrá una nueva sesión en el Concejo Municipal y se espera que finalmente dos ordenanzas vinculadas a la reducción de basura inorgánica tengan luz verde en el recinto.

Uno de ellos es el proyecto de ordenanza que prohíbe el expendio de sorbetes plásticos de un solo uso en los comercios, “con excepción de aquellos productos que están empacados con el sorbete adherido, tales como envases tetra brick de jugos o leche”, sostuvo la autora de la iniciativa, la socialista Lorena Carbajal, junto a sus pares del interbloque del Frente Progresista.

Por otro lado se espera que el cuerpo apruebe un proyecto del edil Lisandro Zeno por el que se prohíbe la entrega y comercialización de bolsas “tipo camiseta” de polietileno. La eliminación ya regía en hipermercados, megamercados, supermercados y autoservicios.

Ahora se agregan estaciones de servicio, almacenes, rotiserías, kioscos, panaderías, verdulerías, heladerías, farmacias, dietéticas, mercerías, sederías, despensas, carnicerías, librerías, ferreterías, forrajerías, veterinarias, celulares y accesorios, bazar, ferias, zapaterías, tiendas de ropa, venta fraccionada y a granel de artículos de limpieza.

Más del 75% de los consultados por el Observatorio del Transporte no hicieron uso del servicio, una tendencia que se mantuvo en los últimos meses. Para el Concejal Eduardo Toniolli, si bien el esquema actual es comprensible por la pandemia, la votación de la emergencia, va “en desmedro del usuario”

Solo uno de cada cuatro rosarinos consultados utilizó el sistema de transporte urbano durante octubre. El dato relevado por el Observatorio Social del Transporte que dirige el edil justicialista Eduardo Toniolli ratificó la tendencia de los últimos meses: en la ciudad se usa cada vez menos el colectivo.

La mayoría de quienes utilizaron el servicio público se mostraron disconformes con la demora en el arribo de las unidades a la parada correspondiente. En paralelo destacaron el buen trato de los choferes.

Apenas el 24,8% de los entrevistados por la consultora Inmediata para este informe, reconocieron haber tomado al menos un colectivo durante el mes pasado. Mientras que el 75,2% aseguró haber optado por otros medios de transporte.

Según el informe, la proporción “lejos de sorprender, viene a ratificar lo observado en julio y agosto”. En ese momento un 23,4% había utilizado al menos una vez el colectivo durante la pandemia.

Deterioro durante la pandemia

Al respecto, el concejal justicialista Eduardo Toniolli analizó: “Esta es una foto del transporte, es una foto mala, da cuenta del deterioro del sistema durante la pandemia, con un esquema reducido de servicios que es lo que el usuario percibe claramente”.

A su vez señaló que el actual esquema “es comprensible durante la pandemia, debido a la caída brutal de pasajeros, pero no para la pospandemia, y mucho menos hasta el 2029”, en referencia a lo votado durante la última sesión del Concejo Municipal donde se debatió la emergencia del transporte.

“Votamos en contra del proyecto de emergencia tal como quedó redactado, porque la Municipalidad va a poder flexibilizar lo que el pliego le exigía a las empresas privadas, en desmedro del usuario”, explicó.

Para Toniolli, con esta Ordenanza, el Ejecutivo “puede renegociar los contratos con los privados por lo que reste de la concesión, sin que esto vuelva a discutirse en el cuerpo legislativo local”. Aseguró que el resultado “va a ser un sistema con unidades más viejas, peores frecuencias y eliminación de líneas barriales”.

Quién fija el valor del boleto

Otro apartado de la encuesta, consulta a la ciudadanía sobre las facultades políticas para fijar el valor del boleto. En relación a este tema, preguntaron a los entrevistados si están al tanto de quién es la autoridad encargada de regular el precio.

El 48% declara abiertamente desconocer quién es el responsable de fijar la tarifa. Un 30% de los consultados optó por el Concejo, mientras que un 7% se volcó por otra opción.

Solo el 13% distinguió la potestad del intendente para fijar el valor del pasaje de colectivo. “Resulta claro que los rosarinos desconocen las responsabilidades en esta área”, aclaró el informe.

Por último, se le consultó a la población si estaba de acuerdo o no con la posibilidad de que se apruebe un proyecto que extienda el poder del intendente Pablo Javkin sobre el transporte.

Un 42,2% de los encuestados se manifestó en desacuerdo ante esta posibilidad (16,3% poco de acuerdo y 25,9% nada de acuerdo). En tanto un 40,1% se mostró a favor de aprobar el proyecto para extender los poderes del intendente (11% totalmente de acuerdo, 10,7% bastante de acuerdo y 18,4% de acuerdo).

El 17,6% restante reconoció no saber o no estar al tanto del tema. La paridad entre quienes están a favor y en contra, deja en evidencia que los poderes del Ejecutivo municipal sobre el transporte, es un tema que divide a la ciudadanía.

La UTA rosarina mantiene este lunes su séptima huelga desde mayo. Sólo los subsidios nacionales pueden destrabar, de nuevo, el conflicto, pero aún no hay fecha de transferencia. La semana pasada el intendente Pablo Javkin advirtió sobre los efectos negativos de tantos días de paro

La semana comenzó este lunes sin colectivos otra vez. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario mantiene el séptimo paro en lo que va del año, que en total ya acumula 82 días de medida de fuerza. Sólo los subsidios nacionales pueden destrabar, de nuevo, el conflicto, pero aún no hay fecha de transferencia. La semana pasada el intendente Pablo Javkin lanzó una fuerte advertencia sobre los efectos negativos de tantos días de paro.

Este lunes se cumple el sexto día de paro de la séptima medida de fuerza de la UTA en los últimos seis meses. El reclamo, de nuevo, es por el atraso del pago de salarios. Los gobiernos provincial y municipal adelantaron sus subsidios, pero falta la parte de Nación que, como las veces anteriores, viene con retraso.

El primer gran paro de la UTA rosarina fue en mayo, a sólo días de la muerte del histórico secretario general Manuel Cornejo. El nuevo, Sergio Copello encaró el lunes 11 de mayo una medida de fuerza que dejó a la ciudad sin colectivos durante 23 días corridos; fue uno de los paros más largos. Hubo huelgas de hasta 29 días corridos.

Este nuevo paro, lanzado en medio de la discusión en el Concejo por la emergencia del transporte, revela la dimensión de la crisis del transporte que en desde marzo perdió más de la mitad de sus pasajeros, y por ende, una importante fuente de financiamiento: los usuarios.

En tal sentido, la semana pasada el intendente Pablo Javkin, defendió la readecuación del sistema de transporte rosarino y señaló que la “acumulación de días paro atenta contra el mismo sistema”, justamente porque genera una suerte de círculo vicioso: impide que los pocos pasajeros que quedan se suban al colectivo y paguen el pasaje.

La Cámara baja sancionó una ley que establece el uso obligatorio del biodiesel en los vehículos de transporte de pasajeros. “Nos permitirá bajar las emisiones de carbono”, señaló Garibay (FPCyS-Socialistas), a la vez que destacó que “Santa Fe es una de las principales provincias productoras del país”.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación por ley del “Programa provincial de migración a biocombustibles” en la provincia de Santa Fe, iniciativa que contaba con media sanción del Senado y que establece el uso obligatorio del biodiesel en los vehículos de transporte de pasajeros, según un cronograma a establecer por la Secretaría de Transporte de la provincia.

Asimismo, el programa contempla acciones específicas para promover la utilización de biocombustibles en lugar de combustibles fósiles en sectores tales como el transporte de carga, la actividad agrícola y logística, la obra pública, la generación de energía, y la administración pública. A tal fin, la norma habilita al Ejecutivo a otorgar beneficios tributarios.

El diputado José Garibay (FPCyS-Socialistas) remarcó “la importancia de contar con una nueva herramienta para abordar la problemática medioambiental y el cambio climático, en este caso, promoviendo el uso de biocombustible en reemplazo de los combustibles fósiles, lo que nos permitirá bajar las emisiones de carbono”. A la vez, puso de relieve que “Santa Fe es una de las principales provincias productoras de biodiesel del país”.

El legislador destacó “la experiencia exitosa del programa BioBus en las ciudades de Rosario y Santa Fe” y detalló que, a partir de la sanción de la ley, “todas las empresas de transporte de pasajeros que reciben subsidios deberán utilizar el 100% de biocombustible, con excepciones en el caso de que haya coches en garantía o que no puedan abastecerse de biodiesel en determinadas zonas”.

Garibay también indicó que “las obras que licite la provincia deberán incluir en los pliegos el uso de biodiesel por parte de los contratistas en todos los equipos que puedan utilizarlo, así como también por los vehículos que utiliza la provincia para su actividad administrativa. A la vez, el Ejecutivo podrá promover al sector privado a través de subsidios y opciones para que acuerde con empresas de logística de modo que vayan reemplazando los combustibles fósiles por biodiesel”.

La autoridad de aplicación del programa será el Ministerio de la Producción teniendo la posibilidad de delegar funciones en áreas específicas para su implementación y supervisión.

Actualmente, en la provincia de Santa Fe hay 18 plantas elaboradoras de biodiesel, con una capacidad de producción de 3.473.600 toneladas anuales. También hay plantas de bioetanol en el norte de Santa Fe (Villa Ocampo y Avellaneda).

EL ANTECEDENTE DEL PROGRAMA BIOBUS

En 2018, el gobierno provincial puso en marcha el Programa Biobus Biodiesel, a través del cual se comenzó a utilizar biodiesel en el del 25% del transporte público con buenos resultados. Los mismos fueron avalados por un estudio realizado por la consultora ALG Ingeniería, donde se señaló que el uso del biodiesel es interesante tanto desde el punto de vista energético como del ambiental; así como por la ausencia de problemas mecánicos y de mantenimiento, y un óptimo funcionamiento en unidades que utilizan biodiesel al 100%.

El boleto educativo municipal fue creado a fines de 2018 y se financia con alícuotas recaudadas del Drei. El municipio lo debiera destinar a “cubrir” los viajes en colectivo de los alumnos secundarios de la ciudad, pero no hay clases presenciales. El monto del fondo podría llegar a $ 30 millones.

Son horas decisivas para el servicio de transporte de pasajeros por colectivos de la ciudad. Los empresarios de las firmas prestatarias (Ersa Urbano, Autobuses y Recreo) remitieron una nota al intendente Emilio Jatón que sonó a “amenaza”: si el municipio no ayuda en términos económicos, los coches se paran el 1° de octubre. El propio secretario General de la Municipalidad, Miguel González, le dijo a El Litoral la semana pasada que desde el gobierno local “se va a hacer el máximo esfuerzo” para garantizar la continuidad del sistema. La nueva reunión entre funcionarios municipales y empresarios sería el miércoles. Y el tema desembarcó en el Concejo local.

Los concejales del PJ Juan J. Saleme, Federico Fulini y Jorgelina Mudallel, ingresaron un proyecto de ordenanza donde plantean que el Ejecutivo municipal, con carácter excepcional y mientras continúe vigente la suspensión de actividades educativas presenciales en el marco de la pandemia por el Covid-19, afecte el Fondo para el Boleto Educativo Municipal al otorgamiento de subsidios para las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos, “con el objeto específico de solventar el pago de salarios de su planta de empleados”.

A su vez, desde el interbloque UCR-Juntos por el Cambio, Inés Larriera y Carlos Pereira presentaron otra iniciativa legislativa proponiendo que los recursos que forman parte del Fondo para el Boleto Educativo sean afectados al pago de subsidios a las empresas, con el objetivo de “aliviar la crisis que atraviesa el sector y garantizar la prestación del servicio en lo inmediato”.

Argumentaron en un comunicado de prensa que la medida “sería un paliativo y no la solución de fondo; pero entendemos que es un aporte dinerario importante para poder transitar la crisis mientras se buscan otras alternativas”. Mencionan que ese fondo “es de más de 35 millones de pesos, que podrían sumar cerca de 15 millones de pesos más a fines de año”. La afectación sería “como compensación ante la caída de la recaudación por venta de pasajes, por la menor cantidad de pasajeros circulantes”, advirtieron los ediles del ese bloque opositor.

Qué es y cómo se conforma

El Boleto Educativo Municipal Gratuito fue creado por ordenanza Nº 12.620 del 19 de diciembre de 2018. Los beneficiarios son los estudiantes del nivel secundario -incluidos los de bachilleratos populares- de la ciudad (se estima que son 33 mil) y podrá ser utilizado solamente durante los días hábiles del ciclo escolar entre los meses de marzo a noviembre, en un máximo de dos pasajes diarios gratis. Comprende a todas las líneas urbanas. Hoy no hay clases presenciales en todo el país, desde antes de la declaración de aislamiento obligatorio, aquel 19 de marzo.

¿Cómo se compone el fondo para financiar el boleto? Con varias alícuotas de lo que recauda el municipio que son “de afectación específica” para cubrir económicamente este beneficio a estudiantes. En la Ordenanza Tributaria Municipal (N° 12.226 y su última modificatoria de febrero de este año), se fija un porcentaje del Derecho de Registro e Inspección (Drei) sobre los rubros entidades financieras y casinos y bingos (ver Composición del Fondo). A la fecha hay registrados unos 18 millones de pesos que serían para financiar el fondo por parte del Ejecutivo local. Ese monto no está actualizado, y si esta cifra se actualizara el recurso sería de unos 30 millones de pesos, supo este diario.

Consultado sobre el proyecto ingresado por el PJ, Saleme insistió en la “excepcionalidad” de la medida planteada. “Es decir, que la afectación de ese fondo sea mientras dure la pandemia. Y lo otro, que (el fondo) vaya directamente a cubrir sueldos de los choferes de todas las líneas de la ciudad”, le dijo a El Litoral.

La duda que plantea el edil es la siguiente: si el municipio sigue recaudando las alícuotas por Drei de afectación específica para financiar el boleto educativo, aún sin alumnos secundarios utilizando el transporte público, ya que no hay clases presenciales, ¿qué se hace desde el Ejecutivo con esa recaudación que tiene una finalidad específica? “Estimo que se utilizará para financiar otras cosas, no lo sé. Lo que se propone con el proyecto es autorizar al municipio a que pueda afectarlo exclusivamente a subsidiar parte de la crisis del transporte (los haberes)”, agregó el justicialista.

Y critica la “falta de interlocución” con el Ejecutivo local. “Sólo vinieron (al Concejo) funcionarios para explicar los mensajes que envió el intendente”. Saleme recordó la citación a una reunión de trabajo -sancionada hace un mes por el Legislativo local- a los integrantes del Órgano de Control del transporte público y al subsecretario de Movilidad y Transporte, Lucas Crivelli. Aún no hubo respuesta.

Composición del Fondo

En varios puntos del artículo 11º de la Ordenanza Tributaria Municipal N° 12.226 (y su última modificatoria Nº 12.702, sancionada el 20 de febrero pasado), se establecen las alícuotas de afectación específica al Fondo del Boleto Educativo Municipal: primero, se afecta el porcentaje de recaudación que represente una alícuota equivalente al 5 por mil (5%o) de la base imponible sobre el Derecho de Registro e Inspección (Drei) que deben abonar bancos y empresas sometidas al régimen de entidades financieras no bancarias.

Segundo, y con respecto a la explotación del rubro casinos y bingos -hoy sin funcionar por la pandemia-, se afecta del Drei una alícuota que varía según si los sujetos gravados ingresan o no en el régimen especial de deducciones que tienen establecidos. El alícuota general para este rubro es del 90 por mil (o 90%o), y en ese caso se afecta al boleto el equivalente a una alícuota del 27 por mil (o 27%o). En caso de que el sujeto gravado esté dentro de un régimen de reducción y su alícuota sea del 78 por mil (o 78%o), lo afectado al boleto es el equivalente a una alícuota del 9 por mil (o 9%o), y si por las deducciones se encuentran gravados con una alícuota del 76 por mil (o 76%o), se afecta al boleto educativo el equivalente a una alícuota del 7 por mil (o 7%o).

El Ministerio de Transporte reglamentó el Fondo Covid-19 para asistir a las provincias y por su intermedio a las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano, por $ 10.500 millones, a través de la resolución 196/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma transfirió desde el Fondo al fideicomiso constituido por lo recaudado por la tasa del gasoil, $ 6.500 millones destinados a compensar al transporte público automotor urbano y suburbano que se desarrolla en las provincias y los municipios.

La normativa precisó que el remanente entre los $ 10.500 millones del Fondo Covid-19 y el monto consignado al fideicomiso, es decir, $ 4.000 millones, “será aplicado a futuras compensaciones al transporte público urbano y suburbano del interior del país, a devengarse durante el año en curso”.

De acuerdo con lo dispuesto por Transporte, los mayores montos de compensaciones se transferirán a las provincias de Córdoba, por 1.181,76 millones; Santa Fe, $ 904,95 millones; Mendoza, $ 726,91 millones; Tucumán, $ 610,38 millones; Buenos Aires, $ 454,34 millones; Salta, $ 393,25 millones; Misiones, $ 316,40 millones; y Jujuy, $ 251,36 millones.

aviso_234665 by El Litoral

Caída de pasajeros, tarifa retrasada y menos aportes estatales conforman el combo explosivo que atraviesa el sistema de colectivos.    

El transporte público de pasajeros por colectivos continúa en agonía, y otra vez peligra la continuidad del servicio. El gobierno nacional no entrega refuerzos de subsidios desde mayo (efectivizado en julio), luego del vencimiento del acuerdo celebrado en febrero con el servicio del interior del país. Y nunca lo prorrogó.

Además, durante los meses de aislamiento la cantidad de pasajeros transportados cayó abruptamente, con valores del 90% en los primeros 40 días. Y la tarifa sigue muy retrasada en relación a los costos que tiene el servicio.

La crisis quedó manifiesta en las dos extensas medidas de fuerza que se produjeron en los últimos meses, dejando sin servicio a los pasajeros durante semanas, como hacía décadas no ocurría. Esto no sucedió solo en Santa Fe; ciudades como Rosario, Córdoba y Tucumán, entre otras tantas del interior del país, tuvieron conflictos mucho más extensos.

La situación es distinta -y muy desigual- en Buenos Aires, donde las empresas nunca dejaron de recibir los subsidios y prestaron servicios con normalidad. Resulta llamativo este tratamiento diferencial que Nación ha adoptado con los ciudadanos del interior del país. Los empresarios locales aseguran desde hace varios meses que la situación es “insostenible”. A fines de mayo, la empresa Autobuses solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en diciembre pasado y pidió reducir un 20% su planta de trabajadores y suspender por seis meses a otro 40%.

Audiencia

Este jueves a las 13, las autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación recibirán a la Federación de Transportistas del Interior del País -Fatap-, de la Unión Tranviarios Automotor -UTA- y a funcionarios de los gobiernos provinciales. La expectativa de las partes está puesta desde hace meses en que Nación finalmente decida reforzar los subsidios que reparte en el interior. Pero algunos ya creen que esto no sucederá.

“No tengo ninguna expectativa”, dijo a El Litoral Lucas Fernández, de Autobuses Santa Fe. “Dejó de ser una discusión por mayores ingresos, Nación ni siquiera está dando los subsidios que depositaba habitualmente y la última novedad que tenemos es que no van a prorrogar el refuerzo de subsidios que dejaron de dar en abril. Hoy el escenario es mucho más grave y si el Estado no resuelve entre hoy y mañana la transferencia de recursos no vamos a tener transporte en el interior del país”, dijo.

“Tengo un compromiso con los trabajadores que me esperaron, habíamos armado un acuerdo de pagos escalonado, pero es incumplible. Me esperarán hasta el jueves a ver si el Estado va a la audiencia a aclarar esto, creo que ni se van a presentar y el día viernes va a arrancar un paro por tiempo indeterminado”.

El gobierno nacional viene insistiendo en las audiencias celebradas que la responsabilidad de asistir al transporte de pasajeros es de la provincia, y que ha transferido fortunas en conceptos de ATN para atender las distintas emergencias económicas producidas en el marco de la pandemia.

El bloque oficialista defendió las acciones del intendente Jatón en el marco del conflicto. Pero según parte de la oposición, el mandatario “actuó tarde” ante algo “que se venía venir”. Dudas sobre cómo continuará el conflicto de un servicio público clave.

El Concejo santafesino se constituyó el 6 de diciembre pasado. En febrero trató en extraordinaria el Presupuesto 2020. El 5 de marzo inició el período ordinario y, a las pocas semanas, saltó la pandemia. Bastante tiempo debió pasar hasta poder ver el primer chispazo político en sentido estricto, esa tracción de fuerzas midiéndose entre los distintos bloques que integran el Legislativo local en su esquema mixto de sesiones (presencial-virtual). Y el tema fue la crisis del transporte público de pasajeros por colectivos.

Tras 21 días de paro, los choferes nucleados en la UTA regional Santa Fe levantaron la medida de fuerza en la ciudad el pasado sábado 31 de mayo. Los empresarios pudieron abonar el 50% de los sueldos de abril adeudados, que era el motivo de la huelga. Si bien hoy los colectivos circulan, el conflicto de fondo está lejos de resolverse

En los sobre tablas del Concejo figuraban dos expedientes sobre el tema que se trataron y aprobaron. Pero en el medio de las sanciones, surgió la discusión cruzada desde las bancas. Desde el oficialismo frentista, se defendieron fervientemente las actuaciones del intendente Emilio Jatón ante el conflicto del transporte; se criticó a Nación y Provincia (ambas con administraciones justicialistas), e incluso a la anterior gestión municipal del ex intendente José Corral.

Y desde el sector opositor radical-Juntos por el Cambio, todo lo contrario: se cuestionó la “demora” de Jatón en intervenir ante un problema que “se venía venir”, y se desmintieron “números oficiales”. Sólo se coincidió —entre ambos bloques— en criticar la “falta de federalismo” de Nación en la distribución de subsidios. Desde el PJ hubo silencio en el recinto.

Subsidios

“El intendente Jatón se puso al frente de esta situación, junto con mandatarios de otras localidades”, arrancó defendiendo la oficialista Laura Mondino. Respecto de los subsidios nacionales —y citó dichos del intendente—, “de cada 10 pesos, 9 quedan en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires). Necesitamos que se genere un esquema de distribución de subsidios más equitativo y federal”. Y disparó también contra la administración de Omar Perotti: “No vemos que Provincia active algún resorte para destrabar este conflicto grave”, dijo Mondino.

Pereira no demoró en responder. Entendió que el sistema de subsidios nacionales “es lo único viable, y que hoy “son inequitativos” los repartos. “Sí voy a discrepar con la concejala Mondino en que éste era un tema que se veía venir desde hace más de un mes y medio. El panorama que vemos hoy ya se avizoraba en ese entonces; con la caída de cortes de boleto, el sistema de transporte no se iba a sostener. Y no se realizaron las gestiones necesarias y a tiempo: el intendente Jatón recién salió por este tema la semana pasada, con 10 días que iban de paro. Como no se previó y se actuó tarde, ahora estamos en esta coyuntura”, interpretó.

Pero además, “no es verdad que la relación sea 9 a 1 —espetó a LA edila—. Es una irresponsabilidad de parte del intendente decir eso. La proporción real es que un colectivo en el Amba recibe 196 mil pesos, y un colectivo en la ciudad de Santa Fe recibe unos 123 mil pesos. Esos números no dan la proporcionalidad que estima Jatón”. Mondino desmintió al edil radical: “El intendente Jatón no miente: lo que dice es información oficial”. Así se armaba la chicana.

Las gestiones y el calendario

Valeria López Delzar, también oficialista, quiso corregirlo a Pereira respecto del tiempo desde el cual el intendente lleva adelante gestiones por la crisis del transporte. “Le quiero recordar (al edil radical) que desde el 30 de enero el Ejecutivo local está manteniendo reuniones con el Ministerio de Transporte nacional, y la pandemia profundizó el problema”.

“O sea que según López Delzar —recogió el guante Pereira—, Jatón empezó las gestiones el 30 de enero… Bueno, miremos Rosario: el intendente Pablo Javkin comenzó a gestionar en diciembre ante el Ministerio de Transporte. Logró tres veces más de subsidios, mientras que esta capital obtuvo apenas un 20%. Las actuaciones municipales por los subsidios llegaron tarde, otra vez lo digo”, insistió.

El contraataque vino del oficialista Julio Garibaldi. “Veníamos acostumbrados con la anterior gestión municipal a un intendente (por José Corral) que hacía ‘obediencia acrítica’ al gobierno nacional de Mauricio Macri. Porque cuando se eliminó gran parte de los subsidios al transporte público, no escuché al ex intendente pronunciándose en este sentido. Hoy tenemos un Ejecutivo con un rol activo, donde acompaña por lo justo y necesario para la ciudad”.

La “herencia”, el “legado”, lo actual y lo anterior, aparecieron por primera vez en el Legislativo santafesino: ni los barbijos ni las máscaras sanitarias en los rostros de los ediles pudieron disimular las primeras tensiones entre oficialismo y el bloque opositor con segunda mayoría.

Los dos votados

A instancias del presidente del Cuerpo Leandro González (UCR-FPCyS), se votó una comunicación donde se le pidió al Ejecutivo que gestione ante el Estado Nacional “medidas urgentes para diseñar una estrategia conjunta que aborde la problemática del transporte (…) y, particularmente, genere un nuevo esquema de subsidios nacionales más federal y equitativo (…)”.

El otro proyecto sancionado —de Carlos Pereira— fue un pedido al Ejecutivo para que informe cuántos coches cumplieron el servicio en forma diaria en abril; qué cantidad de pasajeros fueron transportados durante ese mes; cuáles fueron los ingresos totales del sistema por cobro de boletos; cuál fue el monto de subsidios recibidos (de Nación y de Provincia), y las estimaciones del Gobierno local sobre cuál es el monto total de recursos faltantes al sistema para afrontar los costos de funcionamiento, entre otros puntos.

La Provincia se comprometió a pagar parte de lo que adeuda a las empresas para que abonen lo que resta del salario de los choferes del mes de abril. La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el martes.  

Este jueves tuvo lugar una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial para intentar destrabar el conflicto que existe, desde hace 17 días, con el transporte urbano e interurbano. Pero no se logró y se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes. El panorama santafesino es similar en otras ciudades del interior del país, como Córdoba, Rosario y Paraná, que siguen esperando una respuesta del gobierno nacional.

El secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, explicó la propuesta que llevaron a la reunión: “Hicimos una propuesta a las empresas y trabajadores, que es darle destino específico al pago de los sueldos del mes de abril a lo que (el gobierno provincial) debe liquidar en concepto de Ley Rubeo, que establece para el sistema de transporte un porcentaje de lo que se recauda por el impuesto de sellos. Se liquida febrero, marzo y abril y se acordó darles un destino a esos fondos de manera tal que vaya al pago de los salarios del mes de abril. Ahora pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene”.

Por su parte, el subsecretario de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe Lucas Crivelli, que esta vez sí fue convocado, dijo que “este acuerdo que se logró no significa que el problema con el transporte está solucionado. Estamos trabajando para poder salir de esta crisis. La reunión de hoy fue muy específica para ver cuándo los trabajadores podían percibir el salario de abril y esta es una posibilidad, no sé si para saldar el total, pero sí será un aporte más. Apuntamos a que haya desde Nación un proyecto o propuesta que federalice los recursos. No puede ser que el 80% quede en Amba”, reclamó.

En este sentido, Pusineri reconoció que “estamos abordando un problema complejo que tiene que ver con la crisis general y la situación de pandemia en el marco de una actividad que lógicamente está afectada. El transporte público viene siendo desalentado como medio de traslado de trabajadores y ciudadanos en general porque las autoridades sanitarias evalúan que es un factor de riesgo”.

Además de Pusineri y Crivelli, estuvieron presentes el secretario de Transporte, Osvaldo Miatello; Osvaldo Agrafogo, secretario general de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) seccional Santa Fe; además de los representantes de autobuses Santa Fe, ERSA y empresarios de servicios interurbanos.

Solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en diciembre pasado. Incluye también la suspensión por 6 meses de otro 40% de su personal. Hoy, a las 11, hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.

El sistema de transporte de pasajeros por colectivos está en crisis, situación que reconocen todos los actores: empresarios, autoridades, dirigentes gremiales y trabajadores. Las soluciones no han llegado y el colapso se avecina. Este martes, a las 11, habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial porque el Grupo Autobuses (Autobuses Santa Fe y Recreo), la firma que tiene a cargo la operación de 10 líneas que circulan por la ciudad, solicitó el jueves pasado la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que ya había planteado en diciembre.

En términos generales, la empresa propone dar de baja a un 20% de sus trabajadores actuales; suspender a otro 40%; y continuar operando con normalidad con el 40% restante de sus empleados, explicaron fuentes de Autobuses.

Punto por punto

Los puntos sobresalientes de la presentación son los siguientes:

10 SERVICIOS

Grupo Autobuses opera en la capital provincial las siguientes líneas de colectivos: 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18 y Ronda B.

Síntesis

El sistema atraviesa un combo explosivo: 

– Caída de pasajeros transportados: es una tendencia que se venía notando en años anteriores, y que se profundizó marcadamente durante el aislamiento obligatorio con un 90% menos de corte de boleto.

– Tarifa retrasada: ya en septiembre del año pasado, cuando se determinó el último aumento de boleto, se fijó un precio casi tres pesos menor al de la mayoría de las localidades cercanas. A cambio, el entonces Ejecutivo municipal, gestionó un refuerzo de fondos del gobierno nacional, y el impacto no se sintió tan fuerte en el bolsillo de los usuarios, pero sí en la recaudación de las empresas.

-Subsidios: Desde diciembre de 2019, los empresarios del interior del país han visto reducido los aportes que hace el Estado nacional para garantizar el funcionamiento del servicio. Santa Fe ha sido una de las ciudades más perjudicadas.

Cabe recordar que la tarifa que se cobra a los usuarios cubre el 50% de los costos totales del servicio.

La situación dramática se repite en casi todo el interior del país. Fuerte reclamo por la concentración de subsidios en Buenos Aires. Nación no acercó ninguna propuesta de auxilio y desde el 30 de abril -cuando cayó el convenio- no envía el refuerzo de $ 30,5 millones acordado a principio de año. “La tarifa está muy retrasada”, reconoció el funcionario.

El sistema de transporte por colectivos va camino al abismo. Aún sin encender motores por el paro de choferes que lleva ya 12 días en la ciudad, ese parece ser su destino final.

El subsecretario de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, Lucas Crivelli, planteó su preocupación por la situación en una entrevista con El Litoral, y en especial porque entiende que las herramientas de solución no están en sus manos, sino en las del gobierno nacional que hasta ahora ha hecho oídos sordos al reclamo de todas las ciudades del interior del país.

Justamente este miércoles, el intendente Emilio Jatón hizo llegar el pedido de auxilio a Nación, uniendo su voz a la de sus pares de Córdoba capital, Rosario y Paraná. Pero este jueves, en la reunión que se desarrolló vía la plataforma zoom en el Ministerio de Trabajo, no recibieron ninguna respuesta.

“Se esperaba que la reunión sea propositiva y terminó sin ninguna propuesta del gobierno nacional”, reclamó Crivelli. “Estamos desde el 30 de abril sin ningún tipo de convenio de subsidios. En ese escenario, claramente es muy difícil planificar hacia dónde va la situación”.

El funcionario valoró el gesto conjunto de esta “especie de liga de intendentes que se está conformando y que dio el puntapié inicial”, pero pidió que se sumen “los gobernadores, que deberían estar haciendo lo mismo, ni hablar los legisladores: hay diputados y senadores nacionales que tienen mucha fuerza y no han dicho nada hasta ahora”.

—¿Por qué cree que Nación sigue sin acercar una propuesta? —Desde lo personal entiendo que para ellos, que no haya movilidad en el interior, les da tranquilidad con el Covid. El problema es que está poniendo en jaque todo un sistema de transporte del interior del país, que está al borde del colapso en este instante, y obviamente se sigue profundizando la discriminación al interior. Ellos aseguraron que sus políticas de transporte apuntaban a que en los primeros cuatro meses hacían un refuerzo de subsidios y después empezaban a plantear un sistema más federal de distribución de recursos, pero la realidad es que no sólo los colectivos reciben mucho más en el Gran Buenos Aires, sino que subsidian otro tipo de sistemas de transporte, como trenes y subtes. Además, cuando se habla del transporte de Buenos Aires, se refiere como “jurisdicción nacional”, y eso ejemplifica bastante cómo está todo concentrado ahí.

—¿Es decir, que desde este mes las empresas ya no están recibiendo el refuerzo de subsidios acordado a principio de año para el primer cuatrimestre? —Para mayo no hay previsto refuerzo de subsidios. (Santa Fe recibía 30,5 millones de pesos). No hay ningún convenio vigente. Nadie sabe cuál va a ser el esquema de subsidios, así la planificación es sumamente difícil y la prestación del servicio también porque se quieren reactivar las actividades, pero todavía no se terminó de pagar los salarios de abril y ya en 10 días hay que pagar los de mayo. La recaudación que tenían las empresas alcanzaba de casualidad, y a veces ni eso, para pagar el combustible. El los últimas semanas se cortó el 10% de boleto que en el mismo mes del año anterior, y hay una estructura de costos fijos de las empresas que son los empleados, entre otros. Son 730 trabajadores en el sistema local, y con otros puestos indirectos que aportan el sistema, son en total 1.000 trabajadores en la ciudad. Esto pone en jaque al sistema, y lo venimos advirtiendo.

—Y para los municipios es casi imposible hacer aportes extras… —La realidad es que los aportes que pueden dar los Municipios están muy, muy lejos de lo que podría llegar a ser un atisbo de solución. Ni Córdoba ni Rosario, que tienen otra escala, lo están previendo porque lo que pueden llegar a dar está lejos de ser una solución. La solución está en los aportes que pueda hacer Nación. Hoy por hoy escapa mucho a los municipios, independientemente de que también están cortados los servicios interurbanos, que afectan a las áreas metropolitanas en general.

—El compromiso que debieron asumir para recibir los subsidios extras de Nación era no aumentar el boleto hasta el 30 de abril ¿Considera que la tarifa en Santa Fe está atrasada? —Es una de las más bajas del país. Cuando en septiembre/octubre del año pasado se fijó en $ 28.9, varió un 30% respecto a la anterior y el Órgano de Control ya había dicho que tenía que variar el 46%. Y cuando uno mira el estudio de costos que se utilizó, el dólar estaba en $ 45 y en el medio de una pauta salarial del 27%. Todos los costos aumentaron cerca de un 35-40% y algunos más. Está sumamente atrasada, y son las condiciones que hoy tenemos para la prestación del servicio. De todos modos, variar hoy la tarifa no cambia la ecuación económica. Se necesitan los aportes de Nación.

La UTA tomó esa decisión debido a la falta de pago de los sueldos. El transporte es uno de los sectores que siente la cuarentena con mayor fuerza.

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor convocó a un paro para todo el interior del país a partir del próximo martes 12 a las 0 horas, debido a la falta de pago de salarios. Por su parte, las empresas insisten en que a partir de la cuarentena la caída abrupta de la recaudación les impide reunir el dinero necesario para los sueldos.

“Desde el primer momento venimos acompañando a los trabajadores en su reclamo y solicitando tanto a los empresarios como al gobierno que encuentren mecanismos para dar soluciones a esta cuestión, con el agravante de que nuestros compañeros vienen dando muestras de su compromiso trabajando en la primera línea de los servicios esenciales que se brindan durante la pandemia”, dice el comunicado de la UTA.

“Advertimos que las medidas podrían profundizarse si no se abonan inmediatamente los haberes adeudados a todos los trabajadores de nuestro sector”.

“Llamamos a los responsables de esta situación a dar respuesta urgente, y advertimos que las medidas podrían profundizarse si no se abonan inmediatamente los haberes adeudados a todos los trabajadores de nuestro sector”, agrega.

Fuerte caída de la actividad

La situación del transporte de pasajeros ante la cuarentena por coronavirus se tornó dramática, con una caída del 90% en la cantidad de pasajeros transportados.

Desde principios de este año, en la ciudad de Santa Fe se reiteran los inconvenientes cada mes a la hora de abonar los salarios. No sólo por la crisis económica que arrastra el país, sino porque los subsidios enviados por el gobierno nacional resultan insuficientes para que las empresas hagan frente a sus obligaciones. De hecho, se produjeron medidas de fuerza por atrasos en el pago de sueldos y en varias oportunidades los empleados estuvieron en estado de alerta.

En este caso, la situación atraviesa transversalmente a todo el interior del país. En los últimos días, con la progresiva flexibilización de la cuarentena, a la cantidad de pasajeros transportados fue creciendo. Sin embargo, incluso en estas condiciones se fijan límites estrictos al número de personas que viajan en cada colectivo. De esta manera, la ecuación económica no cierra para mantener el servicio.

El sector empresarial expresó con crudeza su realidad. Los choferes de colectivos urbanos en estado de alerta pueden paralizar el servicio en todo el país. La venta de boletos cayó de manera estrepitosa y el sistema se hizo “insostenible”, advierten.

Los choferes de colectivos urbanos se declararon en estado de alerta ante la negativa empresaria a hacer frente al pago de los salarios. Esta medida declarada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) rige en todo el país y pone en riesgo el funcionamiento del servicio en la ciudad, al igual que en el resto de Argentina.

El sector sufrió un fuerte impacto económico en la recaudación durante los últimos meses. Eso es debido a la reducción del denominado corte de boletos (venta de pasajes), como consecuencia de las restricciones de circulación impuestas a la población por el gobierno nacional, en medio de la pandemia.

A ello se le suma la reducción de la cantidad de pasajeros que pueden viajar a bordo de los colectivos para garantizar el distanciamiento social. También se desaconseja a la población la utilización del transporte público por el mismo motivo.

Cabe recordar que los principales ingresos de las empresas de transporte urbano son el corte de boletos y los subsidios que reciben de parte del gobierno, que sustituyen el valor que debería tener el boleto producto de los costos fijos que tiene el sistema.

Santa Fe

Consultadas las autoridades municipales respecto de este conflicto, desde el área de Movilidad y Transporte, el subsecretario, Lucas Crivelli, dijo que siguen de cerca las negociaciones a nivel nacional para evaluar luego el impacto que puedan llegar a tener en la ciudad.

Y desde el sector empresario, el gerente de Autobuses Santa Fe, Lucas Fernández, le dijo a El Litoral que en la ciudad “se atraviesa la misma situación que a nivel nacional. Somos parte de la Federación Argentina de Transporte Automotor (FATAP), y lo que se acuerde en la audiencia en Trabajo es lo que se debe acatar en Santa Fe. Pero la verdad es que no hay un peso para pagar nada a nadie”.

—¿Las empresas no pueden pagar los sueldos?

—La propuesta fue pagar sólo el 50 por ciento de los salarios cuando el Estado nacional nos gire los fondos de los subsidios que nos enviaba siempre a principio de mes y hoy, a día 7, todavía no lo giró —dijo Fernández.

—¿Cuantificaron las pérdidas con la reducción del corte de boletos?

—Hoy en la ciudad de Santa Fe se está transportando, en promedio, al 12 por ciento de la gente que se transportaba habitualmente. Ese porcentaje cae al 7, según la línea. La mitad de los ingresos de la empresa (Autobuses) es de recaudación por corte de boletos y la otra mitad es por los subsidios. Para ser más claro, si fuesen 10 pesos, 5 serían de recaudación. Hoy ese monto cayó a 50 centavos. Nuestra empresa tenía una recaudación diaria de aproximadamente 1 millón 300 mil pesos y ayer deben haber entrado 200 mil pesos.

—¿También se redujo la frecuencia?

—Sí, estamos trabajando con una frecuencia de domingo. Hay que sumarle que no viaja ningún pasajero parado. Entonces la capacidad máxima es de 30 pasajeros. Pero sólo se ocupan a las 7 de la mañana en las líneas 5 y 18, ni siquiera al mediodía. No sé qué va a pasar, pero la verdad es que el sistema de transporte en toda Sudamérica no está pensado para transportar sólo pasajeros sentados. ¿Cómo sostenés la tarifa?

—¿Cómo se sostiene el sistema?

—A este súmale otro problema. Nosotros veníamos “tiroteados” desde el año pasado, que fue desastroso para nosotros, y después, específicamente en la ciudad, nos “mataron” cuando recalcularon los subsidios para este año. Y en ese contexto pasa esto. No tengo despidos ni suspensiones, estoy en el 90 por ciento de los costos de funcionamiento, pero tengo sólo el 50 por ciento de mis ingresos.

—¿La situación es terminal?

—Sí, absolutamente. Si el Estado nacional no sale a asistirnos pagando por lo menos la mitad de los sueldos es imposible continuar. Y si se hacen las cuentas, ni así alcanza. Si somos un servicio esencial, queremos que nos subsidien como le dan a un tornero, que le pagan el 50 por ciento del sueldo de su empleado. A nosotros nos rechazaron ese beneficio.

—Si se reactiva la actividad en algunos sectores la próxima semana, ¿qué va a ocurrir?

—Van a tener que ir a trabajar en bicicleta, porque no va a haber transporte público. Es lamentable, pero es así —finalizó Fernández, en relación a la posibilidad de que los choferes realicen un paro.

Choferes en estado de alerta, ¿paro en puerta?

Los choferes de colectivos urbanos aguardaban al cierre de esta edición una definición sobre el pago de sus salarios, tras una audiencia mantenida entre las partes en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Anoche se declararon en estado de alerta. Y corre riesgo el normal funcionamiento del servicio en todo el país.

En este contexto, desde la UTA informaron en las últimas horas que “después de más de veinte días de negociaciones y tres audiencias en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, y pese a las reiteradas advertencias de la inminente problemática salarial, se nos ha informado la negativa empresaria a hacer frente a los salarios del pasado mes de abril”, según dijeron Roberto Fernández, secretario General; y Jorge Kiener, secretario del Interior del Consejo Directivo Nacional y las Juntas Ejecutivas Seccionales del sindicato, mediante un comunicado.

“Tal posicionamiento de nuestros empleadores, además de ser ilegítimo, ofende, atenta y agrava la situación existente, de trabajadores que han prestado tareas durante todo el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio”, dicen los choferes. “Por ello, repudiamos y rechazamos fervientemente la postura de las empresas y de las autoridades de transporte nacional y provinciales, quienes por su inacción permiten que se vulneren seriamente los derechos alimentarios básicos de nuestros compañeros”.

“Se ha ignorado el compromiso puesto al servicio del transporte, de quienes han asumido sus tareas, con la responsabilidad que ameritan las actuales circunstancias, atendiendo a la problemática social con sensibilidad, razonabilidad, y responsabilidad —sostienen los choferes—. Duele que a otras actividades se las reconozca social y económicamente, y muy por el contrario a nosotros se nos informe que no se nos pagarán los salarios por los que trabajamos”.

“Por todo ello, en razón de existir una inmensa preocupación ante la falta de pago de salarios, que es nada menos que el sustento de 35.000 familias del transporte de pasajeros del interior del país”, la UTA resolvió “declarar el Estado de Alerta”.

Al cierre de esta edición se llevaba a cabo una audiencia entre las partes en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. “Dejamos en claro que ante cualquier ilegítimo proceder que signifique conculcar los derechos de nuestros compañeros, ello merecerá la respuesta inmediata por esta organización gremial que representamos”, advirtió la UTA al respecto.

Por el aislamiento obligatorio, la cantidad de personas transportadas cayó un 90%. Los choferes no cobraron; las empresas dicen que en estas condiciones ya no pueden operar y reclaman gestiones más firmes de las autoridades provinciales y municipales. No habrá servicio hasta el mediodía del viernes.

El medio del aislamiento social obligatorio, desde el mediodía de este jueves y por 24 horas, no circularán los colectivos en Santa Fe, y en gran parte del interior del país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que ante el inclumplimiento del pago de salarios a los choferes, harán retención de tareas sin asistencia a los lugares de trabajo. La entidad gremial calificó como “crítica” la situación, y va en plena coincidencia con la postura de los empresarios: “En estas condiciones, no se puede operar más”, sentenció un empresario del rubro en diálogo con El Litoral.

Es que los colectivos son considerados un servicio esencial y por eso estuvieron operativos todos estos días, aunque con frecuencias reducidas. Sin embargo, la cantidad de pasajeros transportados se redujo un 90%, lo que incide directamente en la recaudación.

El ministro de Trabajo de Nación, Mario Meoni, aseguró que el Gobierno ya giró al interior del país todos los subsidios del mes para este sector considerado esencial en medio de la pandemia y cuestionó a los empresarios que presionan por más recursos estatales. Su par provincial, Osvaldo Miatello, confirmó que recibió esos fondos y se giraron el sábado pasado a las empresas.

1 Tanto el municipio santafesino como los empresarios apuntaron que los subsidios están lejos de cubrir los costos fijos del sistema de transporte en general, y con una caída del 90% es insostenible cumplir con el servicio. Los subsidios representan en la actualidad un 40% de los costos, y el costo laboral trepa al 60%. Allí radica la dificultad para cumplir con el pago del salario.

Cabe recordar que la capital provincial resultó perjudicada con el cambio de políticas de distribución de subsidios al sector que adoptó la gestión del presidente Alberto Fernández. Hasta el año pasado, las ciudades que habían adoptado el sistema Sube recibían un refuerzo extra para atender desequilibrios económicos (resolución 1086), que este año se eliminó. A cambio se prometió enviar $ 9 millones por mes (que no eran suficientes para compensar lo perdido), pero los empresarios aseguran que hasta ahora nunca llegaron. Tampoco recibieron de Provincia el Fondo Compensador: advierten que les adeudan tres meses del año pasado y todo lo de este año.

Rosario, en cambio, resultó beneficiada con más ingresos por subsidios. En ese municipio hoy no hay paro de transporte, y los choferes han percibido sus salarios.

Preocupación de empresarios y empleados

En un comunicado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que “es un dato objetivo de la realidad, que los trabajadores conocen y verifican diariamente la drástica caída de pasajeros transportados, que en ninguna jurisdicción del país se encuentra por debajo del 90%, resultando inevitable reconocer que, en la práctica, se ha afectado de modo terminal la posibilidad de afrontar las obligaciones necesarias para mantener en funcionamiento el sistema, situación a la que se suma el otorgamiento -seguramente justificado- de gratuidades establecidas en la emergencia por el Estado”.

Por su parte, la UTA ha expresado que “somos completamente conscientes de la necesidad de auxilio al sistema de transporte del interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado, pese a la esencial tarea que se viene prestando desde la declaración de la emergencia referida. Resaltando que asumimos la medida adoptada y el reclamo por nuestros derechos, con la menor incidencia posible para la sociedad, entendiendo que si no se asume la deuda salarial habida con los trabajadores tutelados, se nos hace imposible seguir prestando el servicio como se viene realizando hasta la fecha”.

Escaso control

Un empresario del rubro transmitió su preocupación por los comentarios que le hacen llegar los choferes: “Me dicen que los colectivos salen llenos de los barrios periféricos y que tienen que pelearse con los pasajeros para no llevarlos parados. La Municipalidad no está haciendo controles, y en las avenidas Blas Parera, Aristóbulo del Valle al fondo y General Paz, el movimiento es el de un día sábado”.