El país había logrado salir de esa observación en marzo de 2019, luego que le llevara tres años obtener el voto del confianza de la UE, que revisa los casos semestralmente.

Uruguay volvió este martes a la “lista gris” de países que la Unión Europea (UE) elabora con aquellas naciones que incumplen los estándares europeos en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, pero que prometieron cambiar su legislación, una nómina que incluye además a Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia y Qatar.

Uruguay estuvo en esa lista hasta marzo de 2019, cuando logró salir durante el último año del Gobierno de Tabaré Vázquez tras aprobar la evaluación hecha en el marco del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la organización encargada de hacer el análisis técnico y hacer recomendaciones a la UE.

Uruguay había logrado salir de esa observación tras iniciar la evaluación en 2016, o sea que le llevó tres años obtener el voto del confianza de la UE, que revisa los casos semestralmente.

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La peor categoría para el bloque europeo es la “lista negra”, en la que están Panamá, Samoa Americana, las islas Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu, tras la salida de Anguila, Dominica y Seychelles.

Uruguay formó parte de la primera versión del listado “gris”, publicada en diciembre de 2017, cuando los titulares económicos de los 28 países europeos dieron luz verde a la primera nómina sobre jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal, que contenía en un primer momento 17 territorios, reseñó el sitio del diario montevideano El País.

En ese momento, los ministros del bloque aprobaron un segundo listado “gris” con países o territorios que se habían comprometido con la Unión Europea a modificar sus sistemas fiscales para 2018 y que evitaron entrar en la primera lista cuestionada a condición de que adoptasen reformas sobre la materia.

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Este nuevo anuncio de la UE se conoció este martes, justo en la semana en la que alcanzó repercusión internacional la investigación conocida como Pandora Papers, que reveló maniobras de evasión a través de cuentas off shore de políticos, empresarios, deportistas y artistas, con la consecuente pérdida de miles de millones de dólares para las arcas estatales.

La enorme filtración revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) mostró maniobras con fideicomisos y sociedades pantalla en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Andorra, Belice, las Islas Cook y Dakota del Sur, en Estados Unidos.

La Voz Argentina está llegando a su fin. A diferencia de las rondas anteriores, ya no son los coaches quienes eligen qué participantes pasan a la semifinal, sino el público mediante el voto telefónico. La polémica que se inició el viernes continúa hasta hoy: en redes sociales los televidentes exigen explicaciones de cómo funciona el sistema teniendo en cuenta que el programa está grabado. A raíz del debate, en Intrusos (América) analizaron un fragmento del ciclo para demostrar que el reality no contempla la votación en vivo.

Todo comenzó la semana pasada cuando el team Lali -el primero en presentarse en los cuartos de final- se enfrentó en el ring. Tras los shows de Santiago Borda, Margarita López, Paula Chouhy y Nicolás Olmedo, la gente eliminó a la competidora que interpretó “Superstition”, el clásico de Stevie Wonder.

“Están decidiendo quién pasa por el voto del público, pero el programa es grabado y Marley en el sobre no muestra cifras ni porcentajes”, escribió un usuario junto a la imagen de Darío Barassi diciendo “raro”. Otra cuestionó: “¿Para qué nos hacen votar si el programa está regrabado?”. A pura ironía alguien más añadió: “Quiero felicitar a La Voz Argentina por saber de antemano a quién iba a votar la gente en un programa grabado”.

Aunque Olmedo se encargó de aclarar que las votaciones fueron en vivo y que los participantes se enteraron del resultado junto con el público, los cuestionamientos a la veracidad y transparencia continuaron.

El domingo fue el turno del team Montaner. Jacinta Sandoval, Ignacio Sagalá, los hermanos Denis y Axel Ortiz, Steffania Úttaro y Ezequiel Pedraza emocionaron a los coaches, pero cumpliendo con la etapa del reality, el público decidió. La participante que vive en la localidad bonaerense de Zárate y a quien señalaron por ser supuestamente amiga de Stefi Roitman quedó fuera de competencia.

Apenas Marley anunció la partida de Jacinta, comenzó La Voz del Embajador (Telefe), el ciclo conducido por Marcelo Polino, en donde estaban invitados los participantes del equipo de Ricardo Montaner. ¿El detalle? Estaban lookeados completamente diferentes.

En Intrusos debatieron sobre la mecánica del ciclo e hicieron hincapié en el momento en el que el embajador destacó el mensaje que el coach le dedicó a Sandoval. “Esas hermosas palabras que dijo Montaner para Jacinta cuando le anuncian que se va del programa se las dijo a cinco personas distintas. Se paró al lado de cada uno y les dijo las mismas palabras, se grabaron así los cinco finales, pero la eliminada por el público es Jacinta y es el tape que se pone”, explicó Adrián Pallares que lo comparó con la final de MasterChef Celebrity donde Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau debieron actuar las emociones.

Si bien las llamadas y los cómputos fueron reales y Jacinta se enteró en vivo junto con los televidentes, esto no quedó en claro para muchos fanáticos que se siguen preguntando por qué se vota si va grabado.

Carla Vizzotti convocó para este martes la reunión para “validar una definición específica de lo que es personal estratégico y qué personas de las que integran ese personal deberían vacunarse y coordinar un circuito específico”.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones se reunirá para “validar una definición específica de lo que es personal estratégico”, en el marco de las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

Según adelantó el lunes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se convocó para este martes a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para “validar una definición específica de lo que es personal estratégico y qué personas de las que integran ese personal deberían vacunarse y coordinar un circuito específico”.

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La funcionaria destacó que esa entidad “es un ámbito que tiene muchísimo prestigio, son expertos independientes, representan sociedades científicas y áreas técnicas de las regiones del país”, y señaló que también se sumará la Defensoría del Pueblo para “consensuar esta recomendación”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud acordaron un esquema de trabajo para garantizar la eficiencia y la transparencia del sistema de vacunación contra el coronavirus

Según detalló, en declaraciones a C5N, el objetivo de la reunión es presentar ante el Consejo Federal de Salud, integrado por todas las carteras sanitarias del país, una “propuesta” para “invitar fuertemente a las provincias, en este rol rector que tiene el Estado, a adherir a esta propuesta y protocolo de monitoreo y trazabilidad de las vacunas”.

En la jornada del lunes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud acordaron un esquema de trabajo para garantizar la eficiencia y la transparencia del sistema de vacunación contra el coronavirus, además de otras acciones propias de esa cartera de Estado.

Vizzotti reiteró el lunes que “no hay un vacunatorio VIP”, sostuvo que las anomalías denunciadas son una “situación puntual, incorrecta y reprochable” y reafirmó que el Gobierno procura “conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles”.

Vizzotti reiteró el lunes que “no hay un vacunatorio VIP”, sostuvo que las anomalías denunciadas son una “situación puntual, incorrecta y reprochable”

Por otro lado, el Ministerio de Salud difundió oficialmente la lista completa de personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V a requerimiento de la cartera sanitaria.

“Fue una situación puntual y reprochable pero no hay un vacunatorio VIP”, dijo Vizzotti

La difusión de la nómina, compuesta por 70 personas, había sido decidida por la mañana durante la primera reunión de trabajo entre Cafiero, y Vizzotti.

El Gobierno resolvió elaborar un “procedimiento” para difundir datos, a medida que el plan de vacunación vaya avanzando, para dar transparencia a las prácticas de inmunización en los hospitales.

La iniciativa sintetiza proyectos presentados por Clara García, Gabriel Real y Rubén Giustiniani. “En momentos de emergencia como el que estamos atravesando, es cuando más debemos prestar atención a la transparencia en la gestión pública”, afirman.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado. La iniciativa sintetizó tres proyectos en el mismo sentido presentados por la legisladora Clara García (Socialistas-FPCYS) y los legisladores Gabriel Real (PDP-FPCYS) y Rubén Giustiniani (Igualdad).

La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible. A su vez, exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa, esto es, publicar una serie de informaciones mínimas sobre temas trascendentes: normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites, sentencias, entre otros. Asimismo, prevé dar mayor apertura a los procesos administrativos y brindar capacitación a quienes deben garantizar la información pública, incluyendo sanciones para quienes, teniendo la obligación, incumplan lo estipulado por la norma.

“La transparencia es siempre indispensable en la gestión pública, y más aún cuando en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, muchas compras y contrataciones se hacen de manera directa, o con procedimientos abreviados, sin licitaciones ni publicaciones en el boletín oficial. Hoy la tecnología permite acceder a información virtual, completa y detallada, dando aún más herramientas para hacer efectiva la transparencia”, destacó la diputada Clara García.

Además de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, están incluidos los organismos o entes de la Administración Pública; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado, entre otras.

Gabriel Real (PDP), también integrante del Frente Progresista, Cívico y Social, se esperanzó en que el paso dado en la Cámara de Diputados y Diputadas al aprobar el proyecto signifique “avanzar definitivamente hacia la sanción en el Senado de esta ley que con la de hoy alcanza 8 medias sanciones de manera consecutiva”. Y agregó: “El mundo hoy ya no discute el acceso a la información pública, sino que lo lleva adelante porque ofrece transparencia y claridad sobre los asuntos que involucran a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Clara García, en tanto, recordó que el libre acceso a la información pública es “un derecho que debe consagrarse por ley, porque junto a la transparencia activa son garantías ciudadanas que se dan por sentado en las democracias modernas, que están fuera de discusión desde hace ya mucho tiempo. A mayor acceso a la información, mayor y más vibrante es la participación democrática”.

“Cuando asumió el ex gobernador Hermes Binner –recordó la diputada–, dictó un decreto de acceso libre a la información pública que sólo obligaba al Ejecutivo, pero representó un primer paso y, sin dudas, marcó la dirección hacia la que se quería avanzar. Esperamos que esta vez podamos ir más allá y sancionar una ley para toda la administración y los poderes del Estado”. En 2018, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley en este sentido a partir de una iniciativa del ex gobernador Miguel Lifschitz, pero que no prosperó en el Senado y perdió estado parlamentario.

“Cuanto mayor y más detallada es la información, cuando la ciudadanía puede acceder de manera más ágil a los datos y hay mayor control, menores son las posibilidades de actos discrecionales, arbitrarios o de corrupción. Sabemos que hay una fuerte demanda social sobre la necesidad de transparentar la actividad pública. Entonces, además de dar esa respuesta, esta ley ayudará a promover la cercanía y la confianza entre ciudadanos y ciudadanas y quienes ejercemos cada uno de los cargos públicos”, finalizó Clara García.