Personal de la Policía Federal Argentina llevó a cabo un rescate significativo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se liberó a un menor de 17 años que denunció haber sido víctima de torturas, maltratos y explotación laboral por parte de su cuñado y su hermana.

El operativo se desencadenó después de una investigación liderada por Agentes federales del Departamento Trata de Personas, quienes iniciaron la pesquisa tras recibir una denuncia a través de la línea 145. Esta alerta informaba sobre un adolescente que había solicitado ayuda a la Asociación Civil Federativa Boliviana (ACIFEBOL).

El menor relató haber sido explotado laboralmente en un taller textil propiedad de su cuñado y su hermana en la Villa 1-11-14. Además, reveló que había sido traído a Argentina desde Bolivia seis meses atrás. Tras el rescate, el joven fue trasladado al Hospital Cecilia Grierson, donde se confirmaron lesiones graves, tanto antiguas como recientes, junto con signos de desnutrición.

En respuesta a estos hallazgos, una brigada operativa del Departamento Trata de Personas se presentó en el hospital para brindar asistencia al adolescente, bajo supervisión judicial. Paralelamente, tras varios días de intensa labor de campo, los efectivos ubicaron la finca y el taller donde la víctima había sido retenida y sometida a tortura.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría N° 20, a cargo de la Dra. Ana Juárez, ordenó el allanamiento del inmueble. Durante la operación, fueron detenidos un hombre de 32 años y una mujer de 28, ambos de nacionalidad boliviana. 

Se incautaron siete máquinas de coser, tres teléfonos celulares, 40 mil pesos, una mochila con prendas pertenecientes a la víctima, documentos que confirmaban el traslado del menor a Argentina, su cédula de identidad y otros elementos probatorios.

Los detenidos enfrentan cargos por infracción a la ley 26.842, sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La rápida acción de las autoridades y el trabajo conjunto con organizaciones civiles demuestran el compromiso continuo en la lucha contra la trata de personas en Argentina.

En un tambo lechero en San Vicente, un dueño trataba los empleados como si fuera el siglo XIX. Según la acusación en su contra, José Luis S. los sometía a jornadas de más de 15 horas y les incumplía los pagos convenidos. Hartos de las vejaciones, muchos se fueron. Un matrimonio de Entre Ríos, con tres hijos menores de edad -entre ellos un bebé-, siguieron bajo sus órdenes.

Esta semana, el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- los rescató en un allanamiento. Lo que encontraron: vivían en una casilla de madera, sin baño ni agua corriente, ni estufas para el invierno, porque José Luis, supuestamente, no se los permitía. Solo podían salir los domingos, entre las 9 y las 15, para abastecerse de alimentos.

La investigación comenzó en mayo a partir de una denuncia anónima. Durante ese tiempo, los detectives inspeccionaron en distintos días y horarios al establecimiento. Corroboraron con tomas fotográficas y videos que en el tambo trabajaban entre 13 y 15 empleados sin elementos de seguridad. José Luis, el dueño, dejaba que los niños ayudaran a los mayores en su tareas por fuera de todo límite legal.

Cuando la Policía avanzó en el allanamiento, con drones y camionetas, los efectivos descubrieron a dos empleados. Era una pareja nacida en Entre Ríos. La mujer estaba en el sector de ordeñe, trabajando. Tenía a uno de sus hijos de ocho meses de vida a upa, mientras desarrollaba sus labores. Los otros dos chicos, de 3 y 5 años, dormían en una vivienda precaria. El peón recorría el campo donde se encontraba el ganado vacuno distribuido.

El procedimiento ordenado este lunes por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, subrogado por Ernesto Kreplak, confirmó las sospechas. El personal del Programa Nacional de Rescate entrevistó al matrimonio y reveló que hasta hace una semana trabajaban no menos de trece empleados. Ya no había nadie, porque decidieron irse por el nivel de explotación laboral. Entre las distintas vejaciones, sin contar servicios públicos, el matrimonio dijo que tampoco podían escolarizar al menor de 5 años porque lo impedía el dueño.

El propietario no estaba en el momento del ingreso al establecimiento. Mientras se realizaba el allanamiento, el personal interventor observó una camioneta modelo Renault Máster, de color blanca que circulaba lentamente frente al perímetro del campo. Lo hizo varias veces. 

En las tareas de investigación se incautaron un teléfono celular y documentación del establecimiento para su análisis.

Pese al allanamiento y la situación de vulnerabilidad, el matrimonio rescatado no se acogió a los beneficios del Programa de Rescate, que implica una asistencia de alojamiento temporal, apoyo material, psicosocial, médica o jurídica.

La mujer trabajaba como empleada doméstica en una casa de Teresina (Piauí, nordeste) y dormía en un cuarto precario hasta que fue liberada el jueves.

Lo peor que le pasó a la brasileña Lúcia (nombre ficticio) no fue que su madre muriera cuando ella era una niña, ni que su padre la diera a una familia porque no podía ocuparse de ella.

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Lo peor es que esa familia la mantuvo casi tres décadas como ‘esclava moderna’, sin salario, con jornadas extenuantes, condiciones precarias y prácticamente aislada.

Hasta este jueves, cuando las autoridades brasileñas la liberaron de la casa en la que vivió sometida durante 27 años, desde que llegó siendo una adolescente.

Lúcia, que ahora tiene 44 años, es una más de los miles de trabajadores que cada año son rescatados “en condiciones análogas a la esclavitud”, una lacra que es consecuencia del racismo estructural que arrastra Brasil desde hace siglos.

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El drama sucedió en Teresina, capital del empobrecido estado de Piauí (nordeste). El Ministerio Público del Trabajo (MPT) recibió una denuncia que alertaba de la “sumisión de una mujer” en una casa y desplegó una operación con la Policía Federal (PF).

“ES LA COSIFICACIÓN DEL TRABAJADOR”

La identidad de la víctima fue mantenida en secreto, pero los fiscales encargados del caso le contaron al sitio de noticias G1 detalles de su calvario.

La mujer es originaria del también nordestino estado de Maranhao, adonde llegó con 14 años. Tras la muerte de su madre, el padre la donó a una familia, donde trabajó tres o cuatro años como empleada doméstica.

La matrona de esa casa la envió a casa de su nuera, donde fue sometida. “Es la cosificación del trabajador. Fue ‘donada’ de suegra a nuera, de madre a hijo”, explicó el fiscal Guilherme Madeira.

JORNADAS EXTENUANTES

La mujer no tenía salario, no gozaba de festivos ni días de descanso y trabaja jornadas extenuantes. No tenía amigos, había perdido el contacto con su familia y vivía prácticamente aislada: solo salía para ir a comprar cosas para la matrona o a la iglesia. No terminó la enseñanza básica.

“Trabajaba todos los días de la semana, primero cuidando a los hijos de la matrona, limpiando la casa y cocinando. Los niños crecieron, ella siguió limpiando la casa, los llevaba a la escuela, cuidaba a los dos perros”, explicó Moura.

Dormía en un cuarto precario, sin muebles donde dejar sus cosas. “Sus pertenencias estaban en una caja, y una maleta en la que tenía algo de ropa, que no usaba muy a menudo, la metió en la casita del perro”, relató Moura.

“SENTIMIENTO DE AGRADECIMIENTO”

Pero, ¿cómo alguien puede pasar tantos años así? El fiscal explicó que ni ella misma, que llegó siendo adolescente desfavorecida, era consciente de que vivía en condiciones análogas a la esclavitud.

“Crees que estás recibiendo un favor, que estás siendo favorecido porque la persona te dio cobijo y te da de comer. Muchas veces, sobre todo cuando pasa desde muy pequeño, crees que es necesario trabajar para retribuir de alguna manera esa benevolencia que estás recibiendo”, dijo.

“Ese es el sentimiento que siempre se da en estas situaciones, de agradecimiento y de que no estás siendo explotado”, agregó.

Un grupo de cuatro argentinos fue rescatado por policías brasileños este sábado por la noche, tras comprobarse que trabajaban en condiciones de esclavitud. ¿Qué hacían? Talaban árboles.

Habían viajado al país vecino para trabajar como leñadores. La Policía local descubrió que eran obligados a realizar trabajo esclavo en los bosques.

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Cuatro argentinos, que habían viajado a Brasil para trabajar como leñadores en la localidad de Linha Imperial, fueron rescatados por la Policía de ese país, luego de haber descubierto que eran obligados a realizar trabajo esclavo: vivían en el bosque, en condiciones insalubres, sin agua potable, baños ni electricidad.

Según informó la prensa local, la Brigada Militar, a través del 1º Batallón de Policía en Áreas Turísticas, con sede en Gramado, la Policía Federal y la Fiscalía del Trabajo de Caxias do Sul, detuvo a un sospechoso, quien sería el responsable de haber sometido al trabajo esclavo a cuatro personas, una de ellas menor de edad, en Nova Petrópolis.

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El caso salió a la luz el sábado por la mañana, cuando dos hombres de nacionalidad argentina acudieron a la Brigada Militar de Bom Princípio para denunciar las condiciones de trabajo que soportaban desde agosto de 2022, fecha en la que fueron contratados para trabajar como leñadores.

Según el relato de las víctimas, vivían en el municipio de Nova Petrópolis, en el Estado de Río Grande do Sul, en chozas improvisadas, y eran obligados a trabajar sin recibir ningún pago a cambio.

Si bien hace varios meses que padecían esta situación, se atrevieron hacer la denuncia luego de que el viernes su “patrón” los abandonara en una zona céntrica del municipio. Según relataron los trabajadores, esa noche, luego de trabajar durante el día con normalidad, quien los había contratado los invitó a ir a cenar a un restaurante de ubicación desconocida. Tras la comida, ese mismo hombre los subió a un vehículo y comenzó a dar vueltas hasta que se detuvo frente a un hotel, donde los abandonó.

Sin dinero ni lugar a donde ir, las víctimas fueron en busca de ayuda a la sede de la Brigada Militar, y allí informaron de la existencia de otros dos argentinos en la misma situación: se trata de un padre y su hijo de 14 años, quienes no habían podido escapar. También denunciaron que habían recibido amenazas de muerte si le avisaban a la Policía de la situación que estaba atravesando.

Tras la denuncia, durante la tarde del sábado, la Brigada Militar y la Policía Federal se dirigieron al local de Linha Imperial, en Nova Petrópolis, junto con la Fiscalía del Trabajo, donde encontraron a las otras dos víctimas y confirmaron la precariedad del lugar donde se encontraban.

Casi en simultaneo, otro grupo de la Policía se dirigió a Pinhal Alto, en busca del sospechoso empleador que los engañó, pero no había nadie en casa. Sin embargo, alrededor de las 19, un vehículo Ford Escort con matrícula de Nova Petrópolis fue visto aproximándose al lugar, y al ver a la Policía intentó huir, pero no pudo.

Al acercarse al coche, los efectivos de la Policía descubrieron que en su interior había tres hombres. Uno de ellos fue detenido luego de que se comprobara que se trataba del mismo sujeto que abandonó a los dos trabajadores en Bom Princípio.

El sospechoso, de 30 años, tiene antecedentes por lesiones, amenazas, violación, desobediencia y delitos contra la flora. Había sido contratado por el propietario del terreno. Fue detenido y trasladado a la estación de la Policía Federal en Caxias do Sul, acusado de ser el responsable de haber sometido al trabajo esclavo a los argentinos.

En tanto, las autoridades no tomaron ninguna medida contra los otros dos acompañantes.

Este viernes, un grupo de 16 personas de nacionalidad boliviana que eran sometidas a condiciones de trabajo esclavo fueron rescatadas en una quinta ubicada en La Plata, según informaron hoy fuentes policiales. 

El procedimiento de rescate fue llevado adelante en la zona de las calles 232, entre 38 y 44, en la localidad platense de Etcheverry, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. 

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De acuerdo a fuentes del caso, se confirmó que cinco hombres, cuatro mujeres y siete niños eran “forzados a trabajar en el cultivo de vegetales, además de ser sometidos a maltratos físicos y psicológicos” y sin contar con la posibilidad de una “escolarización adecuada”, explicaron las fuentes del caso.

La denuncia fue realizada por María Soledad Elichabe, directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución Ante el Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, quien advirtió sobre “una presunta situación de explotación laboral infantil”, en manos del propietario de la quinta.

Durante el operativo, se detuvo a Cimar Muñoz Tarija, de 33 años, también de nacionalidad boliviana, quien explotaba laboralmente a las víctimas. Según se informó, se comprobó que el imputado forzaba a las personas a realizar tareas agrícolas en malas condiciones de higiene y salubridad, exponiéndolas a trabajar en situaciones riesgosas, sin elementos de seguridad ni ropa adecuada, o agua potable.

Respecto a los menores de edad, se constató que eran obligados a llevar a cabo tareas de cultivos y se los privaba de una escolarización adecuada.

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Las víctimas habitaban en viviendas de madera y nylon, con pisos de tierra que “se hallaban en pésimas condiciones de higiene y salubridad” en el lugar, identificado como “Quinta Muñoz”, y “emplazado en un predio de aproximadamente cuatro hectáreas y media de superficie”.

“Las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) de la provincia de Buenos Aires, asistió a los niños y adolescentes en conjunto con el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, en tanto el Organismo de Niñez y Adolescencia denunció penalmente esta situación”, indicó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, a través de sus redes sociales.

El caso fue calificado como “explotación laboral y reducción a la servidumbre”, y cuenta con la intervención de la Dra María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, y Pablo Reale, del Juzgado de Garantías N° 3.

Desde la cartera laboral bonaerense informaron que todas las víctimas fueron incluidas en el Programa de Rescate a Víctimas de Trata.

Las victimas habrían sido captadas para trabajo esclavo: hay tres detenidos.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a cuatro personas que serían victimas del delito de trata de personas, en un allanamiento realizado en una finca cercana a la localidad entrerriana de Humaitá.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Andrés Sero, Secretaría Penal Nº 1 del Dr. José María Barraza, en el marco de una causa, que investigaba la fuerza, por trata de personas.

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Durante el allanamiento, se encontró a cuatro personas, tres adultos y un menor, que serían explotados para trabajo de desmonte de campos de eucaliptos, además se pudo detener al dueño de la estancia, un ciudadano alemán, al contratista y al encargado de la misma.

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Por otra parte, se logró secuestrar más de 28.000 dólares en efectivo, más de 120.000 pesos, una escopeta, un rifle, municiones de diferentes calibres y tres celulares.

Cabe destacar que las víctimas fueron trasladadas a un hospedaje.

Trabajaban todo el día en un monte de eucalipto, sin descanso. Y vivían en el mismo lugar en el que trabajaban, bajo chozas de nylon y palos, sin baño, aguan potable ni energía eléctrica.

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Así fue hasta que la Gendarmería, con órdenes del juzgado federal de Concepción del Uruguay, allanó el campo La Negrita, de Concordia, y rescató a 12 trabajadores rurales que padecían aquellas condiciones infrahumanas.

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El capataz de la finca fue detenido. Lo acusaron de haberle retenido los documentos a al menos dos jornaleros, de realizar disparos intimidatorios al aire y de amenazar con despedirlos si pedían descanso. La causa está caratulada como trata de personas con fines de explotación laboral.

Según informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, “las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse. Tampoco contaba con energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios. Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”: allí había troncos y maderas para hacer fuego”.

Cerca del precario campamento, los gendarmes encontraron nueve machetes, tres motosierras, seis hachas y dos palas. En un lugar más alejado, dos camiones Mercedes Benz, dos acoplados, una máquina marca Fiat utilizada para levantar postes de grandes dimensiones y peso, y un tanque cisterna, todo ellos sin medidas de seguridad.

Informó el Ministerio Público que “al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz, individualizado como J.M.M., tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad sin motivo alguno”.

Hubo, además, otro allanamiento, realizado en el aserradero “Capitán Rojas”, donde se constató la situación de otros 17 trabajadores. De los operativos participaron agentes del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.

La investigación se inició el 31 de agosto, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional en Concordia. El hombre detalló que “junto a otras nueve personas se encontraban trabajando ‘de sol a sol’ en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable”.

Señaló que el pago acordado con el capataz era de 200 pesos por hora o 65 pesos por poste, por la realización de tareas tales como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Explicó que, sin embargo, nunca percibieron suma alguna y que les informaron que, cuando cobraran, les descontarían la mercadería consumida en el lugar.

El mismo denunciante afirmó que el capataz contaba con armas de fuego, que utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de tener algún descanso.

Un peón rural de 43 años fue rescatado de un campo ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe en situación de “reducción a la servidumbre y trata de personas”, informó hoy la delegación Rosario del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

El trabajador, oriundo de la provincia de Entre Ríos, fue rescatado durante un allanamiento realizado ayer al establecimiento agrícola cercano a la localidad santafesina de Villa Mugueta, que llevaron adelante fuerzas federales de seguridad.

El hombre “fue llevado engañado a ese lugar con la falsa promesa” de conseguirle una vivienda para él y su mujer y un empleo, dijo el Renatre.

El peón habitaba en un garaje abandonado sin acceso a sanitarios y con una canilla fuera de la construcción, ligada a un molino, de la que se extrajeron muestras de agua para analizar su potabilidad, detalló el organismo.

El delegado del Renatre en Rosario, Andrés Alasia, señaló sobre el lugar donde residía el peón que “las paredes presentaban grietas de piso a techo, instalación eléctrica completamente precaria a punto de cortocircuito, sin agua potable, el baño era una derruida letrina en el exterior, en medio de un yuyal y rodeado de agua estancada con techo lleno de filtraciones, realmente lamentable”.

El funcionario agregó que “toda la situación evidencia un claro aprovechamiento de este trabajador que se encontraba completamente vulnerabilizado”.

El campo en el que prestaba servicios, por una paga de 20 mil pesos mensuales de la que se descontaban alimentos, se dedica a la siembra de soja.

El caso fue advertido el 8 de abril pasado durante un operativo de fiscalización del Renatre en el que “se pudo detectar indicios de explotación laboral”, dijo Alasia.

El trabajador rural fue puesto a resguardo en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y Rescate, y fue trasladado a un hotel en la ciudad de Rosario que ofreció gratuitamente la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), antes de regresar a Entre Ríos.