La policía peruana desplegó el miércoles a miles de agentes en todo el país para controlar el orden público mientras en más de dos decenas de ciudades se iniciaban protestas que exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso, a escasos cuatro meses después de las manifestaciones que entre diciembre y febrero dejaron 67 muertos y 1.956 heridos.

La movilización principal en Lima, la capital, también añadió a sus demandas que los responsables de los fallecidos en las anteriores protestas sean castigados. En tanto, el gobierno anunció días atrás que hará uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que haya peligro para la vida de la policía.

Después del mediodía, en la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fuera consumida por el fuego, de acuerdo a videos mostrados por diversas televisoras locales.

En los videos de Huancavelica también se observaba a manifestantes, entre ellos, albañiles, universitarios y vecinos, que coreaban “esta democracia ya no es democracia; Dina, asesina, el pueblo te repudia”, una réplica que se hizo popular en Perú durante las pasadas manifestaciones.

El despliegue policial

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.

Por su parte, el jefe policial Jorge Angulo dijo el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24.000 policías entrenados para contener manifestaciones, luego de observaciones a las fuerzas de seguridad peruana enviadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza entre diciembre y febrero.

Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la conflictividad social en el Perú, han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de 1.327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.

El gobierno afirmó que la minería informal, el narcotráfico y el contrabando financiaban las marchas. También, que los manifestantes usaban armas de fuego, pero al momento no se ha mostrado evidencias.

Por el contrario, en tres meses de conflictividad se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 49 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones fallecieron por impacto de bala, según las autopsias revisadas por The Associated Press.

Bloqueos

Seis puntos de carreteras en las regiones Cusco, Arequipa y Loreto estaban bloqueados, pese a que hace una semana el gobierno extendió por un mes la suspensión de la libertad de tránsito y de reunión en varias carreteras clave del país para evitar los cortes viales.

El martes, la presidenta Boluarte declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra. Ese mismo día Castillo fue detenido y continúa en prisión provisional mientras es investigado por cargos de rebelión y corrupción. Al ser vicepresidenta de Castillo, Boluarte se convirtió en mandataria.

Cinco días después de asumir el cargo, Boluarte aseguró que había asumido “la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024”. Pero en junio la mandataria cambió de decisión y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien empezó su gestión en 2021.

Entre enero y marzo el Congreso archivó cinco iniciativas de adelanto de elecciones, una de ellas enviada por la mandataria y en medio de sucesivas manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur y en la capital. El Congreso junto a Boluarte poseen elevados índices de impopularidad, según todas las encuestas.

En Huancavelica se presentaron los primeros incidentes en el desarrollo de la Tercera Toma de Lima. Los manifestantes quemaron un “ataúd de Dina Boluarte” en la puerta de la Subprefectura y se enfrentaron a efectivos policiales. Las imágenes muestran a los agentes del Estado disparar bombas lacrimógenas en contra de los participantes.

Según informó el medio Infoandes, un grupo de manifestantes quemó la parte exterior de la Subprefectura de la región. Los participantes simularon el ataúd de la jefa de Estado y le prendieron fuego. Las autoridades actuaron de inmediato y retiraron a los sujetos del establecimiento. Canal N indicó que el subprefecto ya llegó hacia el local y verificó el estado de la zona luego de este incidente.

Después de haberse registrado este acontecimiento, los manifestantes llegaron hacia la Plaza de Armas de la región y tuvieron un enfrentamiento con los efectivos policiales, quienes acudieron a las bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes del lugar. Los ciudadanos exigen la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso de la República. Hasta el momento no se han registrado víctimas graves como producto de esta situación.

El desalojo lo realizó Carabineros; fue de manera pacífica y no hubo detenidos. ¿Cuáles eran los motivos de la toma?

La comunidad Aukin Wallmapu pedía el cumplimiento de acuerdos derivados del caso “Patio 53”, que fue la inundación de un cementerio mapuche que dio paso a la represa.

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“Nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, comenzará la lucha”, advirtió Maria Curriao, presidenta Aukin Wallmapu.

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Carabineros desalojó, tras dos meses de toma, los accesos a la central hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío.

La ocupación realizada por la comunidad Aukin Wallmapu pedía el cumplimiento de acuerdos con la empresa Enel firmados entre el 2016 y 2017 derivados del caso denominado “Patio 53“, que fue la inundación de un cementerio mapuche que dio paso a la represa.

“Nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, comenzará la lucha. Señora Dresdner le quedó grande el cargo al ir con la policía por delante, no puede ser que en nuestro territorio manden los italianos“, fustigó Maria Curriao, presidenta Aukin Wallmapu.

El desalojo se realizó de manera pacífica y no hubo detenidos.

AHORA| Carabineros desalojó la toma de los accesos a la central hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío, la que llevaba más de 2 meses por parte de integrantes de comunidad mapuche que exige cumplimiento de acuerdos por parte de Enel Generación @Cooperativa

— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) March 29, 2022

A través de un comunicado, Enel valoró la decisión de desalojo tomada por la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner.

“Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico. Después de más de dos meses de bloqueado el acceso a nuestra planta hidroeléctrica Central Pangue, nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío“, señaló Dresdner.

“Comprometemos nuestros esfuerzos técnicos y administrativos para reestablecer a la brevedad el estándar de operación y confiabilidad de esta unidad -aseguran- Sin perjuicio de perseguir las responsabilidades respectivas en su momento y ante quien corresponda, tutelamos los mecanismos de diálogo respetuoso y transparente instalados en el territorio y confiamos en el trabajo colaborativo para el desarrollo local construido con las comunidades en Alto Biobío“.

Los funcionarios de la gobernación intentan que el resto de las 200 familias abandonen la usurpación. Los líderes de la toma, en cambio, redoblan la apuesta.

Mientras los delegados y delegadas de los cuatro barrios de la toma de Guernica, 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha, solicitan audiencia con el presidente Alberto Fernández a través de una “carta abierta” y le piden que no haya “represión” durante el desalojo ordenado por la Justicia; mientras unas 600 familias ya acordaron con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, retirarse de manera pacífica y voluntaria del predio, a cambio de mejores condiciones para vivir y lotes con servicios dentro de seis meses; algunos grupos de izquierda y organizaciones sociales que lideran la usurpación fomentaron que anoche se sumaran a la toma más personas.

El hecho obedece a varias razones. Por un lado, demostrar que todavía hay gente pese a que casi el 80% de las familias se retiró del lugar de manera voluntaria. También para que algunas de las precarias viviendas que quedaron vacías sean ocupadas por otras personas –que ahora exigen ser censadas–. En tanto, buscan desafiar los preparativos del desalojo que con unos 4.000 policías prepara el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Pero además, apuntan a demostrarse fuertes ante la posible orden de desalojo que ya está firmada por el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas, a cargo de Martín Miguel Rizzo, y que tiene como fecha de inicio el día de hoy y de finalización el próximo 30 de octubre.

El ingreso de un número aún indeterminado de personas fue reconocido ante Infobae por uno de los delegados de la toma, por dirigentes del FOL y hasta por Eduardo Billiboni, dirigente del Polo Obrero, quien sostuvo que “alguno puede ser que haya ingresado para resistir el desalojo que podía ocurrir en el día de hoy”, sin embargo aclaró: “Nosotros rechazamos ese método. Aquí la lucha es política, en el sentido de una solución negociada y no militar; siempre puede haber un grupo locos que juegan a ser revolucionarios”.

“La gente que entró fue para resistir. Son compañeros de orgas”, confirman desde el grupo de abogados que representan a algunos de los imputados y que están acusados del delito de usurpación. Cuando habla de “orgas”, se refiere a las organizaciones que integran la usurpación del predio. Los letrados, que pertenecen a la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre los que se encuentra el ex montonero Roberto Perdía, les aconsejaron a los delegados de plano que abultar la toma con nuevas familias es romper lo acordado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Sucede que Larroque había comenzado un censo sobre los asentados en el Barrio Numancia, pero fue interrumpido por los partidos de izquierda, según él mismo denunció. Ahora, con el nuevo ingreso, solicitan que se continúe, pero el propio funcionario le confirmó a Infobae que eso no sucederá. “Ya tenemos registradas a las familias y vamos a seguir avanzando sobre eso e intentaremos que acuerden la mayor cantidad de personas. Vamos por buen camino”, se entusiasmó.

¿El motivo de ellos? Esta mañana, funcionarios del gobernador Axel Kicillof se reunieron alrededor de la denominada “mesa de diálogo” o consenso en la cual estaban representados todos los sectores en pugna. La charla, las negociaciones, se extendieron por unas dos horas. La conclusión del ministro Larroque es que “la reunión fue amena”, se avanzó en la posibilidad de reubicación de las familias que aún quedan en la toma, quedó implícito que no se agregarán al censo nuevas familias, y que los funcionarios y la Policía bonaerense “son solo auxiliares de la Justicia”, es decir que el único que puede imponer el día de “lanzamiento” de los usurpadores, y la manera de llevarlo a cabo, es el juez de la causa.

Larroque le explicó a este medio que se consensuó con los delegados y delegadas de la toma “un cuarto intermedio hasta el sábado 17 de octubre”; que el lunes el Estado provincial elevará al juez Rizzo un informe con los avances logrados con la mayoría de las familias y que se les presentó una nueva propuesta que, entiende el funcionario, “fue bien recibida”.

¿Cuáles son las nuevas alternativas propuestas por el gobierno de Kicillof? Larroque lo responde así: “Propusimos reubicar a las 150, 200 familias que quedan en tres refugios, que ya existen en Guernica: uno para las familias numerosas; otro para las familias monoparentales o las mujeres con chicos; otro para los varones adultos; y la otra posibilidad es un predio que se puede lotear en el futuro y que es chico, de dos hectáreas y media, pero que puede servir para contener a las familias durante la transición”.

Según el funcionario, los representantes de los cuatro barrios de la toma vieron aceptable la propuesta pero “pidieron si se podía conseguir algo más de espacio en función de contener mejor a las familias”.

¿La respuesta? “Seguir trabajando en la generación de los lotes que tienen su complejidad administrativa y ponernos de acuerdo en la cantidad de familias que quedan en la toma”.

Sobre este punto Larroque fue enfático ante Infobae: “No vamos a tolerar una adulteración del número de familias establecidas en el predio. La propia abogada de la toma que estuvo presente hoy –María del Rosario Fernández– se los hizo saber. Dejamos en claro que estamos trabajando dentro del período del desalojo y que nuestro rol es de auxiliar de la Justicia; por eso, esta instancia de diálogo hay que comunicarla al juez Rizzo para que él defina si ordena el desalojo ya o esperará según evolucione el número de familias que acuerden”.

Por los pronto el cuarto intermedio hasta el sábado 17 de octubre hace prever que Kicillof y sus más estrechos colaboradores podrán pasar la celebración de los 75 años del nacimiento del peronismo sin sobresaltos.

Algunos de los dirigentes que forman parte de la toma no son tan optimistas como Larroque, o al menos así lo trasmiten: “El Gobierno hizo una propuesta muy limitada que se considera muy insuficiente, se pasa a un cuarto intermedio hasta el sábado que hay nueva reunión. A pedido de los delegados y las organizaciones se realizará un censo entre hoy y mañana para terminar con las especulaciones acerca de la cantidad de gente que está en el predio”, le dijo a este medio Belliboni, el dirigente del Polo Obrero y una de las voces cantantes de la izquierda en la toma.

Para comprender la complejidad del problema hay que saber que la composición de la toma está muy lejos de ser homogénea. Al igual que los intereses de cada sector. Están los más duros, denominados por los funcionarios como “los troskos”. Este núcleo está compuesto por algunos partidos de izquierda y organizaciones sociales que por ahora ahora tienen “copadas” las asambleas de los cuatro barrios. Ellos no quieren irse, aseguran que resistirán el desalojo y afirman contar con apoyo externo para evitar la confrontación.

Si tienen que enfrentarse a las balas de goma, lo harán. Tanto Kicillof como Berni y el propio Larroque comprenden que este es el “negocio político” de esos dirigentes. Ni al juez de la causa ni a los funcionarios les conviene un hecho de violencia que puede tener derivaciones impredecibles. Ahí radica la mayor dificultad para destrabar el conflicto.

Están las familias que quieren terminar de negociar con el gobierno provincial pero se sienten “presionadas” por el primer grupo. Es muy probable que estos terminen dejando la toma de manera pacífica. Sobre ellos abrevan los funcionarios de Kicillof. Terminar de convencerlos, como ya hicieron con 601 familias, será un éxito político. También debilitará las posiciones extremas ya que quedarán aislados.

Están los que buscan resistir no por una cuestión de ideales políticos, sino porque fueron estafados al comprar una parcela de la toma creyendo que “había un acuerdo político” entre el municipio de Presidente Perón y alguno de los cabecillas de la usurpación. Son los que tienen una posición más débil y deberán buscar en la Justicia una solución al problema.

Por último, quedan los que fueron a realizar un supuesto negocio inmobiliario con la toma de los terrenos. Dos de ellos ya fueron detenidos, pero detrás hay un organización delictiva que ya es investigada por la Justicia penal. Las próximas horas serán claves para avizorar la resolución del conflicto que se inició el 20 de julio pasado.

“Sigue todo en pie para el desalojo”, confirmó a esta agencia el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló al respecto, en diálogo esta mañana con Radio Con Vos, que gracias “a un trabajo artesanal” que se hizo desde el Ejecutivo bonaerense, “las familias aceptaron desalojar pacíficamente el predio”.

Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo.

Tras dos pedidos de postergaciones, para conformar una mesa de diálogo que permita llegar a una solución, ahora la decisión de la justicia está firme y la orden se ejecutará mañana, a partir de las 10.

Respecto al desalojo de mañana, el gobernador dejó claro que “la policía de la provincia y las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, y el que resuelve las condiciones y el modo de desocupación es el juez” y añadió: “Es una resolución judicial y no podemos ir en contrario”.

Larroque agregó que el Gobierno “no puede pedir más prórroga” para el desalojo y recordó que “el 80% de las familias ya fueron reubicadas” y que “mañana empieza a intervenir el juez”.

“Ya no puedo pedir más prórroga. El predio tiene una orden de desalojo, pedimos dos prórrogas en función del plan de contingencia que presentamos el 15 de septiembre, hicimos un censo y hay más 610 familias que se han acoplado a la idea de reubicación”, aseveró.

En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio- se instalaron cinco carpas interministeriales en Guernica para atender la situación de los ocupantes- se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Télam, en el marco del Plan de Intervención Integral.

En ese marco, la Mesa de Articulación- compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata- trabaja contrareloj para lograr la desocupación del predio.

Acompañados por movimientos y organizaciones sociales, los ocupantes integran una Mesa de Diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.

Los abogados de “La Gremial”, organización que representa a los ocupantes del predio de Guernica, presentaron un escrito al juez en el que manifestaron que la superficie “reúne las condiciones para ser objeto de intervención estatal”.

El texto presentado al juez Rizzo, al que tuvo acceso Télam, se apoya en la Ley 14449 de “Acceso al Hábitat” y está firmado por los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares.

Las familias que abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros los ayudó en el pago de alquiler.

La resolución del juez Rizzo dice que “una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”.

Según la resolución judicial, “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

Además, establece que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.

La cámara estableció también que “deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19”.

Lo determinó la Cámara de Apelaciones de La Plata. Se trata de uno de los asentamientos más importantes en el país.

La Justicia dispuso este martes el desalojo de las tomas de tierras en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2500 familias.

La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó llevar adelante la medida, que “deberá ejecutarse en fecha a determinar y en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.

En este sentido, los jueces establecieron que “para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal a recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la que deberá ejecutar el presente con el mayor de los cuidados por la integridad de las personas que ocupan el predio”.

Las tomas se expanden por unas 100 hectáreas, divididas en dos terrenos. El lugar está prácticamente poblado y la situación es compleja: los propios vecinos aseguran que detrás de las tomas hay “grupos organizados”.

Por este motivo, en su resolución, la Cámara de Apelaciones destaca que durante el desalojo deberá ser necesaria la presencia del “servicio de asistencia médica, ambulancia e internación”. Se estima que en la provincia de Buenos Aires fueron tomadas unas 4300 hectáreas de tierras fiscales y privadas.

El escrito estableció que el procedimiento se ordenó “a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”. Allí viven por estos días unas 2500 familias. El grueso de las usurpaciones se produjeron en julio, en medio de la pandemia de coronavirus, que agravó la situación económica y social de la Argentina.

En los terrenos se pueden observar casillas construidas con chapa, otras con piedras y hasta carpas. Las viviendas se realizan con todo tipo de elementos y materiales: maderas, ladrillos, palos y piedras, entre otros.

Esta usurpación generó diferencias en el propio Gobierno. Pocos días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic dijo que la ocupación en Guernica “es responsabilidad de la Provincia”. La funcionaria aclaró que cuando las tomas se producen en terrenos que no son nacionales la Justicia le da intervención a las fuerzas de seguridad del distrito en cuestión.

El periodista de Telenoche Gustavio Tubio estuvo en el predio de Guernica, donde se registran 98 hectáreas usurpadas. Se trata de la ocupación de terrenos más grande de la Argentina, que crece día a día.

Dueños de campos linderos tienen miedo a que les tomen los terrenos y aseguran que hay organizaciones delictivas detrás. Mientras tanto los usurpadores afirman que la pandemia los dejó en la calle y que fue esa situación de vulnerabilidad lo que los obligó a ocupar tierras.

Son zonas muy demandadas turísticamente en Río Negro; y otra área de conflicto en Neuquén es de alto valor productivo como ocurre cerca de Vaca Muerta.

Ocupación de tierras por parte de los mapuches, huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad y desalojos de estas comunidades fueron los ingredientes del cóctel que generó una escalada de violencia en el sur del país (la cual también recrudeció en Chile), que tiene como protagonistas a los integrantes de pueblos originarios, los gobiernos de Río Negro y Neuquén y el Estado nacional.

El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel.

En tanto, el 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”, sostienen.

Referentes de esa comunidad indicaron que el conflicto se originó en agosto de 2014 tras la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra venta que ellos consideran ilegal.

En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.

Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.

Por su parte, los mapuches de Newen Mapu y Puel Pvjv exigen que se respete la concesión de tierra que les hizo en 2011 el ex intendente radical Martín Farizano pero que nunca llegó a ser votada en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Las históricas tensiones en la Patagonia están en el radar del Poder Ejecutivo, que puso en marcha efectiva en Río Negro el protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios y fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior ante las provincias.

A ese mecanismo suscribieron el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, de Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural: el reclamo de tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.

“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamos de los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo, agresiones y robos en la región. Este domingo, un nuevo hecho de violencia extrema contra la propiedad privada generó un enérgico repudio de la mandataria provincial. Ocurrió en el predio “La Cristalina”, donde grupos anónimos y encapuchados intentaron prender fuegos varios inmuebles.

En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches.

Mientras tanto, las denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. Solo en Bariloche, con la última denuncia que hizo el encargado de La Cristalina por los daños perpetrados en esa emblemática cabaña, son 17 las causas penales que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal.

Las ocupaciones mapuches se producen en zonas muy demandadas turísticamente, como ocurre en Río Negro, y en sectores de alto valor productivo, como ocurre en Vaca Muerta. El valor aproximado de estas hectáreas es de 100 mil dólares pero los pueblos originarios insisten en que no se pueden vender y que son intransferibles.

Con el cambio de Gobierno, también también se produjo un cambio en el abordaje de la situación. “No queremos que pase como en otras épocas, que la respuesta de los jueces sea la movilización de fuerzas federales con un resultado claramente negativo. Por eso estamos los funcionarios respondiendo ante este problema”, señaló Fuks.

En sus cuatro años de gestión, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich resistió las críticas de los organismos de derechos humanos y de la entonces oposición por priorizar el uso de la fuerza en los desalojos.

El conflicto mapuche recrudeció en Chile la última semana

En Chile, la situación recrudeció la semana pasada en la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, por la reivindicación indígena de ese territorio. Con el telón de fondo de las huelgas de hambre de más de 90 días de los presos mapuche, varias comunidades decidieron ocupar las municipalidades de Ercilla, Curacautín, Victoria, Angol, Collipulli y Galvarino para protestar contra las autoridades. Por los disturbios, hubo 48 detenidos.

Los mapuches exigen la liberación de sus presos, entre ellos el machi (chamán) Celestino Córdova, condenado por el asesinato de una pareja de adultos mayores en 2013.

El conflicto mapuche ya provocó la muerte violenta de varios comuneros -el último, el del joven Camilo Catrillanca-, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.