En un nuevo capítulo de la serie de videos que buscan retratar la "intimidad" de su arresto domiciliario, Máximo Kirchner filmó a su madre, Cristina Kirchner, mientras hacía ejercicio en una cinta andadora. La grabación, de apenas 20 segundos, se viralizó rápidamente no solo por el particular diálogo entre ambos, sino porque un paneo de la cámara dejó entrever por primera vez la tobillera electrónica que la expresidenta debe usar mientras cumple su condena firme por corrupción.

El video, publicado en la cuenta de Instagram del diputado, muestra a la exmandataria en calzas, caminando a paso firme en su departamento del barrio de Constitución.

La nueva peregrinación de CFK a Luján domiciliaria. PD: se le nota la tobillera. pic.twitter.com/j7aur9sXnY

La filmación comienza con un plano que recorre el cuerpo de la expresidenta de abajo hacia arriba. Es en ese paneo inicial donde, por un instante, se puede observar el dispositivo de monitoreo electrónico en uno de sus tobillos, un símbolo ineludible de su condición de condenada bajo arresto domiciliario.

El gesto de mostrar, aunque sea fugazmente, la tobillera, es interpretado como un nuevo elemento en la construcción del relato kirchnerista sobre la supuesta "persecución" y el "lawfare".

El video se completa con un diálogo que evoca el estilo directo y cortante de la expresidenta, recordando sus célebres conversaciones con su exsecretario Oscar Parrilli, aunque sin “malas palabras”.

Acto seguido, su hijo intenta construir una épica militante al comparar su caminata con la reciente peregrinación a Luján. "¿Como los que van a Luján?", pregunta. "Exactamente. Como los que van a Luján. Con la misma fe, sin dudas", responde ella, con los pulgares en alto.

El video, que busca mostrarla activa y con "fe" a pesar del encierro, no pudo evitar una metáfora involuntaria y contundente: por más que camine, Cristina Kirchner no puede moverse del lugar donde cumple una condena firme de seis años de prisión por corrupción.

La Justicia ordenó a Mercado Pago suspender el cobro de un préstamo de 6.700.000 pesos solicitado de manera fraudulenta desde la cuenta de una empresa gastronómica de Santa Fe. La medida surgió a raíz de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Octavio Silva, tras el requerimiento del fiscal Agustín Nigro.

Maniobra delictivaEl ilícito se cometió el sábado 19 de abril alrededor de las diez de la noche, explicó Nigro. Desde la cuenta de las víctimas se solicitó un crédito por 6.700.000 pesos. Luego, esos fondos y otros 300.000 pesos que había en la billetera virtual fueron transferidos a un tercero. “La destinataria final fue la imputada”, detalló el fiscal.

Identificación de la autoraPara individualizar a la presunta estafadora, Nigro siguió la ruta del dinero y revisó registros de videovigilancia. En las cámaras pudo identificarla por su fisonomía y la ropa que llevaba. También geolocalizaron conexiones a la plataforma de Mercado Pago que apuntaron a su domicilio.

Ingreso al localLa noche del hecho, la investigada entró sin autorización al local gastronómico de calle Suipacha al 2.300, donde trabajaba previamente. “Usó una llave para abrir la puerta principal sin forzar la abertura”, contó Nigro. Una vez dentro, apagó la energía eléctrica, lo que dejó sin grabación a las cámaras del interior.

Ejecución de la estafaCon la computadora del local ya iniciada en la plataforma de pagos y un teléfono ajeno a las víctimas, modificó contraseñas y concertó las transferencias hacia su cuenta. El fiscal agregó que la maniobra incluyó “estafa por simulación de identidad e ingreso ilegítimo a una base de datos privada de servicios financieros”.

Estado procesalLa mujer, de 30 años, ya fue identificada y se libró una orden de detención, aunque actualmente no está en el país. La causa continuó bajo la órbita de la Fiscalía y de la IPP hasta localizarla y avanzar en la reclasificación de los delitos. Por ahora, el juez Silva mantuvo la medida de cese del estado antijurídico para proteger los fondos de las víctimas.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu confirmó este martes la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya cumple su condena de seis años en el marco de la causa Vialidad. 

La medida se implementa en el departamento de su hija Florencia, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria deberá permanecer con una tobillera electrónica.

El dispositivo permite controlar en tiempo real los movimientos de la persona condenada, emitiendo alertas automáticas si se incumplen restricciones. 

Funciona a través de una unidad transmisora en el tobillo y una base instalada en el domicilio. Además, puede registrar horarios autorizados de ingreso y egreso para evitar falsos positivos en el sistema de monitoreo.

Tres delincuentes con antecedentes, uno de ellos con tobillera electrónica, fueron detenidos en el barrio porteño de La Boca por un robo a mano armada contra un grupo de turistas.

🚨 ROBO PIRAÑA EN LA BOCA: EL DELINCUENTE TENÍA TOBILLERA ELECTRÓNICA PUESTA- Tres delincuentes con antecedentes, uno de ellos con tobillera electrónica, fueron detenidos por un robo a mano armada contra un grupo de turistas➡️ https://t.co/eLOFeB9CzP pic.twitter.com/9yOfqObSFL

El asalto ocurrió en la calle Wenceslao Villafañe al 800 cuando dos parejas fueron abordadas por los ladrones, quienes se dieron a la fuga en un Chevrolet Sonic negro.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 C observaron que el vehículo cerca de la Plaza Solís, en Olavarría y Ministro Brin.

Los oficiales de la seccional interceptaron el auto en Aráoz de Lamadrid al 300, a poco más de diez cuadras de donde se produjo el robo y constataron que circulaban tres hombres, uno de ellos, de 44 años, con antecedentes por robos, hurtos y portación de arma de fuego de uso civil, por el cual llevaba puesta una tobillera electrónica.

En tanto, uno de 26 años, presentaba un prontuario delictivo por robo y ley de drogas y el restante, de 23 años, con antecedente por robo.

Los involucrados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo del Martín Yadarola, Secretaría 113 de Verónica Bresciani.

Luego de una exhaustiva investigación, la Policía Federal detuvo a dos mujeres traficantes que respondían al clan narco familiar Cantero. Una de ellas poseía un dispositivo de control electrónico (tobillera), ya que purgaba una condena anterior por infracción a la ley de drogas.

El operativo se dio luego de tres meses de discretas pesquisas efectuadas por los federales en la difícil geografía del barrio Las Flores. Allí, detectaron seis puntos de expendio de cocaína que los narcos iban alternando de lugar semanalmente. Esos sitios eran regenteados por una mujer que respondía a la banda mencionada. 

Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de Rosario Nº 3, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaría "A" a cargo de la Dra. María C. Sagues, libró seis órdenes de allanamiento para las fincas señaladas. Asimismo, debido a la conocida hostilidad de la zona intervenida, se solicitó el apoyo de un grupo de contención y seis móviles identificables de la Agencia Regional Federal Litoral Santa Fe, como así también de un Grupo de Irrupción de la División Unidad Táctica de Intervención Federal de la misma área.

Como consecuencia de los operativos, los agentes detuvieron a dos mujeres argentinas de 28 y 37 años de edad. Una de ellas con la citada tobillera electrónica. 

Asimismo, durante los procedimientos lo que llamó la atención de los detectives fue que encontraron un retrato a mano alzada del "Pájaro" Cantero y una lata de cerveza donde se leía: "Recuérdame y viviré para siempre – Pájaro", con ilustración del asesinado narcocriminal, otrora líder del clan los monos.

Por otra parte, se lograron secuestrar casi 700 gramos de cocaína y marihuana, siete teléfonos celulares, dinero en efectivo y una réplica de revólver calibre .44.

Las aprehendidas, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas. Intervino en la pesquisa la Fiscalía Federal de Rosario Nº 2, a cargo del Dr. Franco Benetti.

El músico Pity Álvarez, condenado por el homicidio de un vecino en julio de 2018, dará un nuevo paso hacia la libertad.

El Tribunal que tenía a su cargo el juicio contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio en julio del 2018 de un vecino del barrio Samoré, de Villa Lugano, ratificó hoy la suspensión del debate, ordenó el cese de su arresto domiciliario y que se le quite la tobillera electrónica que le habían colocado para monitorearlo, y dispuso que sea la Justicia Civil la que supervise su tratamiento de rehabilitación por el consumo de sustancias hasta que esté en condiciones psíquicas.

Suspendieron el inicio del juicio a Pity Álvarez, acusado de homicidio en 2018

En el fallo de 31 páginas, al que tuvo acceso Télam, los jueces Juan Martín Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, que conforman el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño, resolvieron como primer punto rechazar el pedido de sobreseimiento de Álvarez, requerido por el defensor oficial José Marino, quien consideró que “Pity” debe ser declarado inimputabilidad debido a su estado de salud y sus padecimientos psicológicos y psiquiátricos debido al consumo de sustancias.

“Teniendo en cuenta los informes médicos y demás constancias obrantes en autos, sin perjuicio de las afecciones que presenta Cristian Gabriel Álvarez Congiu -trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo-, ello no permite aseverar que, en la actualidad, el nombrado resulte inimputable”, indicó el juez Goerner en sus argumentos, al que adhirieron sus colegas.

No obstante, en la resolución, los magistrados sí hicieron lugar a la suspensión del debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz (36), al considerar que el exlíder de “Viejas Locas” e “Intoxicados” no se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar un debate oral.

“Pity” Álvarez podría quedar en libertad

Por tal motivo, se ordenaron informes trimestrales para conocer la evolución en la salud de Álvarez Congiu y establecer si puede en algún momento ser juzgado por el delito de “homicidio simple”, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Por otra parte, los jueces ordenaron el cese del arresto domiciliario de “Pity” y que se le retire la tobillera electrónica, la cual le fue provista para controlar su atención médica en el tratamiento por sus adicciones en una clínica, desde donde se informó que “no presenta adherencia y no participa en los tratamientos”.

Un informe del Cuerpo Médico Forense aportado por la defensa del músico concluyó que “las facultades mentales de Álvarez Congiu no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal, ya que presenta un cuadro de deterioro psicoorgánico, compatible de acuerdo a la evaluación psiquiátrica con Trastorno Cognitivo Mayor, que le impide la autonomía adecuada para desenvolverse en la vida diaria, y un Trastorno Depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía, por lo que en la actualidad no estaría en condiciones de estar en proceso debido a su deterioro psicoorgánico, que le dificultaría su adecuada defensa en el proceso”.

“Al respecto, debe recordarse que el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense expuso que si bien el daño psiconeurobiológico que presenta Álvarez Congiu resultaría mayormente irreversible, no puede descartarse una mejoría que podría producirse en caso de recibir un tratamiento adecuado, luego de lo cual podría volver a ser evaluado”, sostuvieron los jueces en el fallo.

Por ello, del tribunal dispuso la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil 4 “ante la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental”.

Tras conocer la decisión judicial, Jacqueline Guazzardi, hija del hombre cuyo crimen se le atribuye a “Pity”, se mostró molesta y se preguntó: “¿Cómo es posible que, si estando con sus adicciones mató a una persona, hoy, cinco años después, luego de estar en rehabilitación, esté peor?”.

“Con sus adicciones, mató a una persona, y no solo la mató, sino que la remató en el piso, escondió el arma, se fue a bailar, estuvo prófugo, le mandó un audio a la madre y también está la grabación de cuando fue a la comisaría y dijo que era él que disparó”, dijo la joven en declaraciones a esta agencia.

Guazzardi afirmó que Álvarez Congiu “en todo momento demostró que estaba consciente de lo que hizo”, por lo que no entiende “que luego de estar en rehabilitación no está en condiciones de entender lo que sucede”.

EL CRIMEN QUE COMETIÓ PITY ÁLVAREZ

El hecho por el que el cantante, guitarrista y compositor está acusado ocurrió el 12 de julio de 2018 frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano. De acuerdo con los investigadores, Pity Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Cristian Díaz, alias “Gringo”, un conocido del barrio con quien comenzó a discutir. Según la acusación, esa discusión fue porque la víctima le recriminó a “Pity” andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres. Poco después, Pity Álvarez abordó con su novia un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla, tras lo cual, ambos fueron al local bailable “Pinar de Rocha” de Ramos Mejía.

Pity Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

Los jueces del Tribunal Oral y Criminal (TOC) I de La Plata ordenaron que retirarle la tobillera electrónica y el monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada nacional Carolina Píparo, quien está acusado de la tentativa de homicidio de dos motociclistas la noche de Año Nuevo de 2021 en la capital bonaerense.

Fuentes judiciales informaron que no obstante el TOC negó el cese de la prisión preventiva de Buzali -que cumple bajo arresto domiciliario- pedido por la defensa mientras espera el inicio del juicio oral.

Por medio de la resolución judicial a la que tuvo acceso esta agencia, los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr consintieron el pedido de la defensa de Buzali, integrada por los abogados Marcelo Peña y Francisco Oneto, para atenuar la medida de coerción para llevar y traer a sus hijos en el marco de las actividades que realizan, entre ellas ir al colegio, a eventos deportivos y a controles de atención sanitaria, además de poder transitar los “espacios verdes” del lugar en el que vive.

Detuvieron al marido de Carolina Píparo por tentativa de homicidio

Los jueces consintieron el pedido de la defensa que permite llevar y traer a sus hijos en el marco de las actividades que realizan

En la decisión, el tribunal acepta “atenuar la modalidad de la medida de coerción bajo la forma de prisión domiciliaria sin control de monitoreo electrónico, debiendo librar el correspondiente oficio al Servicio Penitenciario Bonaerense a fin que proceda al retiro del dispositivo electrónico (tobillera) del nombrado Buzali, como así también, del equipo de monitoreo instalado en su domicilio”.

De este modo, Buzali, de quien dicen que “ha demostrado un comportamiento apegado a la modalidad que se le impuso”, queda facultado “para desplazarse por los espacios comunes del edificio y acercarse a la entrada del mismo a los fines requeridos”.

No obstante, los jueces denegaron el pedido de “cese de prisión preventiva” al considerar que la defensa lo requiere “sin haber aportado información novedosa ni argumentación nueva”.

“Con esa tesitura pretende crear una suerte de recurso contra la resolución dictada por la Cámara, órgano que ya confirmó la prisión preventiva”, sostuvieron los jueces.

El marido de Píparo quedó detenido el 9 de enero de 2021 acusado de intentar matar conduciendo su automóvil a dos motociclistas a los que embistió la noche de Año Nuevo en la ciudad de La Plata.

Exarcelaron a uno de los condenados que “marcó” a Carolina Píparo

En un principio, Píparo denunció haber sido asaltada por “motochorros” la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con el esposo a llevar a su suegro a su casa.

El marido de Píparo quedó detenido el 9 de enero de 2021 acusado de intentar matar conduciendo su automóvil a dos motociclistas

Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos “motochorros” que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos.

Por pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido acusado del “doble homicidio en grado de tentativa” y luego fue beneficiado con arresto domiciliario.

La Cámara Federal de Casación rechazó volver a colocarle una tobillera electrónica de monitoreo al ex ministro de Planificación Julio De Vido para controlar su sujeción a las causas penales en las que sigue imputado, aunque actualmente está en libertad.

El Tribunal Oral Federal número 7 –que tiene a su cargo, entre otras, la Causa Cuadernos- había dispuesto que el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica le colocara el dispositivo que De Vido ya tuvo mientras cumplió prisión domiciliaria en su casa de Puerto Panal, en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia ordenó la liberación de Julio De Vido

El Tribunal 7, por orden de la Cámara de Casación, había dispuesto la excarcelación de De Vido el 13 de diciembre de 2019, pero la libertad no se hizo efectiva pues estaba con prisión domiciliaria por otra causa relacionada con presuntas irregularidades en la explotación de la mina de carbón de Río Turbio.

En marzo de 2020, De Vido fue excarcelado también en ese expediente, por lo que recuperó la libertad.

Pero el Tribunal de la Causa Cuadernos intentó hacer valer las medidas de sujeción al proceso que había dispuesto con anterioridad, entre ellas “la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; presentarse ante el Tribunal en forma mensual; la prohibición de salir del país sin autorización previa; la entrega del pasaporte y la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS”.

La defensa de De Vido, a cargo de los penalistas Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apeló la medida y ahora la Casación, con las firmas de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, entendió que la decisión de volver a colocarle la tobillera no está fundamentada.

Causa Odebrecht: anularon el procesamiento de Julio De Vido

Por ello, anuló ese fallo y ordenó el dictado de uno nuevo, explicando por qué De Vido debe ser nuevamente controlado por un dispositivo satelital, sobre todo porque desde que recuperó la libertad su conducta no ha ameritado una medida de esa naturaleza.

“La resolución puesta en crisis presenta aspectos que resienten su motivación y que por ello la descalifican como acto jurisdiccional válido”, dijeron los jueces.

“La decisión cuestionada contiene una fundamentación insuficiente para cumplir con el estándar necesario de fundamentación exigido”, añadieron los jueces al devolver el expediente al tribunal oral.

Una mujer fue baleada en la noche de este jueves en el interior de una casa de comidas ubicada en Ayacucho al 3900, en la zona sur de Rosario. La víctima fue trasladada con custodia policial al hospital porque tenía tobillera electrónica.

De acuerdo a los datos que recolectó la Policía en el lugar, un hombre ingresó al local anoche y abrió fuego sin mediar palabra contra la mujer, que resultó herida de bala en el pie derecho.

El gatillero, según la víctima, luego huyó a pie, se subió a una moto que lo esperaba en la puerta y se dio a la fuga.

Los uniformados secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros que serán enviadas a peritar.

El hecho ocurrió este miércoles. Brayan Stiven Iguarán Varela, de 20 años, fue detenido por la Policía de la Ciudad tras seguir a su víctima a la salida de un banco. Al ver el aparato, descubrieron que había sido denunciado por violencia de género y tenía una orden de restricción perimetral

Un motochorro de nacionalidad colombiana fue arrestado este miércoles por la Policía de la Ciudad, tras robarle una mochila con 10 mil dólares al conductor de un vehículo en Recoleta. El detenido tenía colocada una tobillera electrónica por una restricción perimetral a raíz de una causa por violencia de género, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió sobre la calle Agüero al 1700, del mencionado barrio porteño. Según indicaron, personal de División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 2 observó durante un patrullaje de rutina un tumulto de personas, en lo que aparentaba ser una pelea.

Al llegar al lugar, los efectivos notaron que no había un enfrentamiento, sino que un grupo de vecinos tenía rodeado a un ladrón para que no se escapara. Allí, los individuos, entre los que se encontraba la víctima del robo, relataron a los agentes que ese hombre hacía pocos minutos atrás había viajado como acompañante en una moto de color blanco y había roto el vidrio de la puerta de un automóvil Ford Focus gris, del que robó una mochila negra con 10 mil dólares y documentación personal.

Inmediatamente lo detuvieron y el delincuente, identificado como Brayan Stiven Iguarán Varela, de 20 años, oriundo de Colombia, entregó la mochila que había robado, la cual fue devuelta a la víctima al instante.

Tras recuperar su dinero, el hombre, de 68 años, le indicó a los agentes que fueron dos motos las que lo habían seguido cuando salió de un banco, ubicado en avenida Corrientes y Reconquista, en pleno centro de la ciudad. Así, los investigadores creen que se trató de una salidera bancaria y que el hombre estaba “marcado”.

Sin embargo, al momento de identificar al imputado, los policías se sorprendieron al ver que el ladrón tenía colocada una tobillera electrónica. Allí, cruzaron los datos que figuraban en la pulsera con el sistema de antecedentes y se constató que el joven contaba con una denuncia por violencia de género. La causa fue radicada el pasado 11 de junio en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N 22, donde le habían dictado una restricción perimetral con la prohibición de acercarse a la víctima, pero con libertad ambulatoria.

Una vez detenido se le secuestró un teléfono celular, 20 dólares, 400 pesos, un guante de tela amarillo, un par de auriculares y un lápiz cortavidrio, según indicaron.

La causa la instruye el Juzgado Criminal y Correccional Número 56, a cargo de Alejandro Litvack, quien dispuso el traslado del delincuente a la Comisaría Vecinal 2B.

El hecho se produjo en medio de una ola creciente de delitos en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin ir más lejos, el martes pasado, efectivos de la Policía de la Ciudad rescataron a una familia que había sido víctima de una feroz entradera a manos de una banda integrada por nueve delincuentes: siete de nacionalidad argentina y dos dominicanos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió en la noche del martes, hacia las 21, en un edificio ubicado en la avenida Independencia al 1600, adonde se desplazó la Policía luego del aviso de un vecino. Al llegar al lugar, los oficiales lograron detener a cuatro ladrones que habían maniatado a los cuatro integrantes de la familia con precintos, mientras que tres más fueron capturados al querer escaparse por los techos de las viviendas linderas, armados y con chalecos antibalas. Cayeron en la esquina de Santiago del Estero y Estados Unidos.

Poco tiempo después, a la fuerza de seguridad porteña le llegó la alerta por la presencia de personas extrañas en una habitación de las áreas comunes del mismo edificio en el que dieron el golpe y allí, abajo de una pila de colchones, fueron encontrados dos delincuentes más. Los individuos tenían en su poder dos armas de fuego.

Luego de finalizado el operativo, los efectivos pudieron constatar que se trataba de una banda muy bien organizada y con todos los elementos para dar el golpe. Portaban elementos para simular que eran integrantes de las fuerzas de seguridad, particularmente de la PFA, equipos de comunicaciones, cuchillos y armas de fuego. En total -precisaron las fuentes- incautaron tres armas blancas, seis de fuego, precintos, municiones, chalecos y otros elementos con la insignia de Policía Federal, además de un handy.