Un corrimiento de tierras en el oeste de Suecia provocó un enorme socavón en una de las principales autopistas hacia Noruega a primera hora del sábado, y tres personas resultaron heridas al salirse de la carretera sus vehículos y un autobús, según informó la policía.

Fotos y vídeos mostraban un socavón de un centenar de metros que se había abierto en la autopista E6, que va del sur de Suecia a Noruega, no lejos de Goteborg, la segunda ciudad más grande del país.

“El deslizamiento de tierra se produjo en una zona de alrededor de 100 metros por 150 metros, afectando a una decena de vehículos, una zona forestal y una zona comercial con una gasolinera y un restaurante de comida rápida”, indicó Daniel Lyckelid, un responsable de los servicios de emergencia de la región de Gotemburgo.

Según la policía, al menos cuatro coches y un autobús se salieron de la carretera y chocaron, y tres personas fueron hospitalizadas. Varios edificios e instalaciones resultaron dañados, entre ellos un restaurante Burger King.

Los servicios de emergencia suecos recibieron la alarma a la 1:45 de la madrugada de que una parte sustancial de la E6 se había derrumbado en Stenungsund, según declaró el portavoz de la policía August Brandt a la cadena pública sueca SVT.

Los funcionarios de emergencias estaban buscando con perros especialmente adiestrados y personal para asegurarse de que no hubiera personas atrapadas entre los escombros.

Bomberos y helicópteros tuvieron que ayudar a varias personas a salir de sus vehículos, según los servicios de emergencia.

En imágenes de la prensa local se podía ver una gran brecha a lo largo de un centenar de metros en la autopista, con varios camiones inclinados y un autobús que prácticamente había desaparecido en un agujero.

El conductor de un camión estacionado en la zona, Uladzislau Miklash, contó en la radio P4 Väst que se despertó de repente cuando su vehículo empezó a deslizarse. “Mi camión empezó a moverse, y no entendía lo que estaba pasando”, contó.

Se desconocía por el momento la causa del desprendimiento.

De momento se abrió una investigación preliminar por “destrucción pública agravada”.

Imágenes tomadas por un avión no tripulado mostraron que una grieta en la E6 había aparecido después del inicio de la construcción de un parque empresarial, dijo el periódico sueco Dagens Nyheter.

Los investigadores interrogarán al personal de la obra de la construcción cercana, donde se produjeron explosiones, anunció la policía en un comunicado.

“No es seguro que haya una relación entre el dinamitado, las obras en el lugar y el derrumbe”, matizó la policía.

También ha llovido mucho en los últimos días.

La autoridad sueca de transportes prevé mantener cerrado durante varias semanas este tramo de la autopista E6.

“En realidad, no son mapuches, son falsos mapuches, son terroristas”, afirmó el economista de derecha.

Esta no es la primera vez que José Luis Espert dice estas barbaridades. Pocos días antes de las elecciones intermedias del 2021, comentó: “A los terroristas que están asustando a la gente en el sur, tomando campos, incendiando casas, clubes, habría que decretar en un perímetro un estado de sitio e ir con balas directamente contra los terroristas, los falsos mapuches”.

La Cámara de Apelaciones de General Roca dejó firme la sentencia que obliga a ceder 180 hectáreas ubicadas a pocos kilómetros de Bariloche. Las fuerzas argentinas presentaron una apelación fuera de término.

El Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló fuera de término un fallo judicial que disponía la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas del Estado Nacional a una comunidad mapuche de Bariloche. La Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado.

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El organismo nacional intentó revertir el fallo de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, que establecía la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad Millalonco Ranquehue. Ahora recurrirá a la Corte.

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Este espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.

La Cámara que desestimó el planteo estatal, integrada por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, menciona que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo, detalla Infobae.

Sin embargo, Domínguez hizo lugar al planteo y elevó el expediente a la entidad que se ocupó de desestimarlo por “extemporáneo”.

El abogado de la comunidad originaria, Matías Schraer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término.

Las familias Millalonco Ranquehue afirman que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.

La comunidad mapuche Millalonco Ranquehue acudió a la Justicia Federal para lograr el título de propiedad, tras el relevamiento territorial.

El fallo de Domínguez generó críticas “por el antecedente”, que podría dar lugar a otros reclamos similares. El abogado local Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.

El Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló fuera de término un fallo judicial que disponía la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas del Estado Nacional a una comunidad mapuche de Bariloche. La Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado.

Este espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.

La Cámara que desestimó el planteo estatal, integrada por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, menciona que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo, detalla Infobae.

Sin embargo, Domínguez hizo lugar al planteo y elevó el expediente a la entidad que se ocupó de desestimarlo por “extemporáneo”.

El abogado de la comunidad originaria, Matías Schraer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término.

Las familias Millalonco Ranquehue afirman que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.

El fallo de Domínguez generó críticas “por el antecedente”, que podría dar lugar a otros reclamos similares. El abogado local Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.

En ese entonces, Breide admitió que “la jueza ya demostró cuáles son sus simpatías”. Además, mencionó otra polémica resolución de la magistrada de absolver a María Nahuel, una referente mapuche que en pleno juicio agredió a la fiscal federal Sylvia Little.

Tras esa polémica, la funcionaria judicial presentó su dimisión al cargo aunque luego fue ratificada en el mismo, cuando recibió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. “Está claro cuál es su ideología”, sentenció el abogado.

Además de ese y otros cuestionamientos  de empresarios locales, instituciones y organismos, diputados de la oposición fueron críticos con el fallo y pidieron que se dicte su nulidad.

A través de un proyecto de resolución que presentó el parlamentario Alberto Asseff, y que fue acompañado por Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein y José Núñez, entre otros, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial.

En sus fundamentos plantearon que era ilegítimo el otorgamiento de las tierras debido a que “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria”. En sus argumentos mencionaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial.

En la aletargada presentación oficial, el Ministerio de Defensa esgrimió que las hectáreas en litigio son esenciales para el desarrollo de las actividades de instrucción que lleva adelante la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó este martes la militarización por “grave alteración del orden público” y el Estado de Execepción en una zona del sur donde existe desde hace décadas un conflicto territorial con indígenas mapuches, que se ha agravado en los últimos tiempos.

“Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, indicó el mandatario conservador en una declaración pública en La Moneda (sede de Gobierno).

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El decreto abarca a las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otras dos semanas, que para una tercera extensión deberá contar con la autorización del Congreso.

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Estas y otras zonas del sur han experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.

Según cifras oficiales, los acontecimientos policiales se incrementaron un 94 % en los primeros 6 meses de 2021.

Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.

La madrugada de este mismo martes dos templos, uno católico y otro evangélico, fueron incendiados en la localidad de Tirúa, 700 kilómetros al sur de la capital.

La medida anunciada este martes “contempla la designación de Jefes de la Defensa Nacional” por parte del Ejecutivo, aunque “las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”, aclaró Piñera.

Entre las nuevas competencias que tendrán las Fuerzas Armadas se encuentran el apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje “a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia”, señaló el gobernante.

“Los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos”, añadió.

La medida, solicitada por los sectores más conservadores y decretada tras el rechazo de la Contraloría al decreto que buscaba sumar a los militares al trabajo en la zona, fue criticada por la oposición y los movimientos indígenas, que acusan al Gobierno de querer enturbiar aún más el conflicto.

Este lunes, una multitud estimada en 500 personas volvió a usurpar tierras en la ciudad de Reconquista, en la zona oeste de la ciudad, en barrio Virgen de Guadalupe, un sector periférico de la urbe ubicado en calles 105 y 102. Frente al hecho, diferentes grupos tácticos de la Policía de Santa Fe se presentaron en el lugar y protagonizaron un fuerte enfrentamiento con quienes pretendían asentarse en la locación, negándose a abandonar el terreno.

Según refieren portales de noticias de la región, con ayuda de maquinaria provista por el municipio, agentes de policía avanzaron sobre la tierra tomada en horas del mediodía, al tiempo que los usurpadores comenzaron a increpar al personal de la fuerza de seguridad, que derivó en un ataque con piedras y otros objetos contundentes.

En ese marco, las brigadas tácticas repelieron la agresión con disparos de cartuchos antitumulto. Como consecuencia del hecho, tres efectivos resultaron heridos con lesiones leves, ocasionadas por perdigones de plomo disparados con armas de fabricación casera.

El enfrentamiento duró hasta caer la noche, cuando la policía se retiró del lugar dada la alta peligrosidad y la poca visibilidad del enclave.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que podría tratarse del mismo grupo que el pasado 10 de junio llevó adelante una acción similar en el denominado Loteo Belén, hecho que fue interrumpido por agentes de policía y personal municipal, y dejó un saldo de tres personas imputadas.

El terreno que adquirió está compuesto por tres parcelas ubicadas al norte de Kauai, donde viven unas 67.000 personas. Algunos lo acusan de ejercer “neocolonialismo”Es el quinto hombre más rico del mundo según la revista Forbes, con USD 97.000 millones. Tiene propiedades en Estados Unidos, en Palo Alto (Silicon Valley), San Francisco, el lago Tahoe, entre otros. Ahora, Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, ha adquirido 242 hectáreas de una isla en Hawái por USD 53 millones, hecho que ya despertado fuertes críticas de los lugareños, quienes lo han acusado de querer colonizar la zona.

El terreno que adquirió está compuesto por tres parcelas ubicadas al norte de Kauai, donde viven unas 67.000 personas. El director ejecutivo de Facebook y su esposa, Priscilla Chan, pagaron así USD 53 millones por las hectáreas en la costa norte de Kauai, según informó el Pacific Business Journal (de Honolulu). Así, la propiedad total de tierras de la pareja en la isla (que ya había adquirido anteriormente) llega a casi 526 hectáreas.

La compra se cerró el 19 de marzo de 2021, y abarca tres parcelas de tierra, incluida una parte cerca de una playa pública llamada Lepeuli, también conocida como Larsen’s Beach. Sin embargo, ésta seguirá siendo accesible al público. Asimismo, Zuckerberg y Chan cederán una parte de la tierra a Paradise Ranch, un rancho de ganado en funcionamiento, según un comunicado de la pareja visto.

Esta última adquisición de las 242 hectáreas fue comprada a Waioli Corporation, una ONG local que conserva lugares históricos en la isla. El presidente de la organización sin fines de lucro, Sam Pratt, le dijo al medio SFGate mediante un comunicado el viernes pasado que el trabajo y dedicación de la pareja para con la isla ha llevado a concretar la venta.

Zuckerberg y Chan dijeron a Business Insider que estaban agradecidos de que se les confiara la preservación de la tierra.”Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con varios socios comunitarios para promover la conservación, producir agricultura sostenible y proteger la vida silvestre nativa en nuestro rancho y en las áreas circundantes, y esperamos extender ese esfuerzo a Lepeuli (en Kauai) en los próximos meses”, dijeron.

Sin embargo, la presencia de la pareja en la isla ha traído consigo polémica. En 2016, Zuckerberg enfureció a los vecinos al construir un muro de 1.80 metros alrededor de su propiedad con la intención de reducir el “ruido de la carretera”.

Un año más tarde, Zuckerberg presentó una demanda contra familias hawaianas que habían realizado reclamos de propiedad legal sobre parcelas de tierra dentro de su propiedad. Dijo en ese momento que había presentado la demanda para “asegurarse de que a los propietarios parciales más pequeños también se les pague por su parte justa”. Pero los residentes describieron la medida como “neocolonialismo”.

Zuckerberg finalmente abandonó esta demanda. Señaló que él y Chan querían “hacer esto bien, hablar con la comunidad y encontrar un enfoque mejor”. Si bien la pareja y sus dos hijas suelen vivir en Palo Alto, California, cerca de la sede de Facebook, visitaron su hogar en Hawái durante la pandemia.

Fueron vistos en la isla en junio de 2020, y Zuckerberg, en julio del año pasado en su tabla de surf eléctrica cubierto con protector solar (algo que ha sido destacado en las redes sociales). En abril de este año, Zuckerberg y Chan han donado USD 1 millón a Kauai para ayudar a la región durante la pandemia, y también, a principios de 2021, invirtieron USD 4,2 millones en un programa de empleo para los residentes.

La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del FdT por Corrientes Carlos “Camau” Espínola.

La oposición rechazó la norma por considerar que “es inconstitucional” y “perjudica a los productores agropecuarios” que no podrán “disponer de sus tierras” en caso de incendio, sean o no intencionales.

Como miembro informante, la senadora del FdT, Ana Almirón, informó que “Argentina ardió en llamas literalmente” y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que “más del 90 por ciento” de los incendios “se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido”.

“Es sumamente urgente” una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, y rechazó las críticas de opositores que sostienen que se trata de medidas contrarias a los productores agropecuarios.

“No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente”, proclamó.

En nombre de la oposición, la senadora de PRO Gladys González consideró que “no se puede ser hipócrita y ser ambientalista”, afirmó que la ley “mezcla todo” (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.

Para González, cuando una “ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada” y consideró que hubo diputados que “no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente”, en alusión a Máximo Kirchner.

“Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad”, precisó.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado, a su vez, opinó que el proyecto “es cero federal” e “inconstitucional”, ya que afecta “el derecho de propiedad privada”.

El senador Alfredo De Angeli, ex productor agropecuario, pidió que la propuesta vuelva a comisión, pero su iniciativa fue rechazada tras una votación.

“Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores”, aseveró.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Al tratarlo en comisión, los senadores aprobaron modificar la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies así como cualquier emprendimiento inmobiliario.

El artículo 22 bis establece que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.

También se prohibirá durante ese lapso “la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

La propuesta prevé no permitir, además, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

En la iniciativa se establecen las mismas restricciones pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.

Los funcionarios de la gobernación intentan que el resto de las 200 familias abandonen la usurpación. Los líderes de la toma, en cambio, redoblan la apuesta.

Mientras los delegados y delegadas de los cuatro barrios de la toma de Guernica, 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha, solicitan audiencia con el presidente Alberto Fernández a través de una “carta abierta” y le piden que no haya “represión” durante el desalojo ordenado por la Justicia; mientras unas 600 familias ya acordaron con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, retirarse de manera pacífica y voluntaria del predio, a cambio de mejores condiciones para vivir y lotes con servicios dentro de seis meses; algunos grupos de izquierda y organizaciones sociales que lideran la usurpación fomentaron que anoche se sumaran a la toma más personas.

El hecho obedece a varias razones. Por un lado, demostrar que todavía hay gente pese a que casi el 80% de las familias se retiró del lugar de manera voluntaria. También para que algunas de las precarias viviendas que quedaron vacías sean ocupadas por otras personas –que ahora exigen ser censadas–. En tanto, buscan desafiar los preparativos del desalojo que con unos 4.000 policías prepara el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Pero además, apuntan a demostrarse fuertes ante la posible orden de desalojo que ya está firmada por el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas, a cargo de Martín Miguel Rizzo, y que tiene como fecha de inicio el día de hoy y de finalización el próximo 30 de octubre.

El ingreso de un número aún indeterminado de personas fue reconocido ante Infobae por uno de los delegados de la toma, por dirigentes del FOL y hasta por Eduardo Billiboni, dirigente del Polo Obrero, quien sostuvo que “alguno puede ser que haya ingresado para resistir el desalojo que podía ocurrir en el día de hoy”, sin embargo aclaró: “Nosotros rechazamos ese método. Aquí la lucha es política, en el sentido de una solución negociada y no militar; siempre puede haber un grupo locos que juegan a ser revolucionarios”.

“La gente que entró fue para resistir. Son compañeros de orgas”, confirman desde el grupo de abogados que representan a algunos de los imputados y que están acusados del delito de usurpación. Cuando habla de “orgas”, se refiere a las organizaciones que integran la usurpación del predio. Los letrados, que pertenecen a la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre los que se encuentra el ex montonero Roberto Perdía, les aconsejaron a los delegados de plano que abultar la toma con nuevas familias es romper lo acordado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Sucede que Larroque había comenzado un censo sobre los asentados en el Barrio Numancia, pero fue interrumpido por los partidos de izquierda, según él mismo denunció. Ahora, con el nuevo ingreso, solicitan que se continúe, pero el propio funcionario le confirmó a Infobae que eso no sucederá. “Ya tenemos registradas a las familias y vamos a seguir avanzando sobre eso e intentaremos que acuerden la mayor cantidad de personas. Vamos por buen camino”, se entusiasmó.

¿El motivo de ellos? Esta mañana, funcionarios del gobernador Axel Kicillof se reunieron alrededor de la denominada “mesa de diálogo” o consenso en la cual estaban representados todos los sectores en pugna. La charla, las negociaciones, se extendieron por unas dos horas. La conclusión del ministro Larroque es que “la reunión fue amena”, se avanzó en la posibilidad de reubicación de las familias que aún quedan en la toma, quedó implícito que no se agregarán al censo nuevas familias, y que los funcionarios y la Policía bonaerense “son solo auxiliares de la Justicia”, es decir que el único que puede imponer el día de “lanzamiento” de los usurpadores, y la manera de llevarlo a cabo, es el juez de la causa.

Larroque le explicó a este medio que se consensuó con los delegados y delegadas de la toma “un cuarto intermedio hasta el sábado 17 de octubre”; que el lunes el Estado provincial elevará al juez Rizzo un informe con los avances logrados con la mayoría de las familias y que se les presentó una nueva propuesta que, entiende el funcionario, “fue bien recibida”.

¿Cuáles son las nuevas alternativas propuestas por el gobierno de Kicillof? Larroque lo responde así: “Propusimos reubicar a las 150, 200 familias que quedan en tres refugios, que ya existen en Guernica: uno para las familias numerosas; otro para las familias monoparentales o las mujeres con chicos; otro para los varones adultos; y la otra posibilidad es un predio que se puede lotear en el futuro y que es chico, de dos hectáreas y media, pero que puede servir para contener a las familias durante la transición”.

Según el funcionario, los representantes de los cuatro barrios de la toma vieron aceptable la propuesta pero “pidieron si se podía conseguir algo más de espacio en función de contener mejor a las familias”.

¿La respuesta? “Seguir trabajando en la generación de los lotes que tienen su complejidad administrativa y ponernos de acuerdo en la cantidad de familias que quedan en la toma”.

Sobre este punto Larroque fue enfático ante Infobae: “No vamos a tolerar una adulteración del número de familias establecidas en el predio. La propia abogada de la toma que estuvo presente hoy –María del Rosario Fernández– se los hizo saber. Dejamos en claro que estamos trabajando dentro del período del desalojo y que nuestro rol es de auxiliar de la Justicia; por eso, esta instancia de diálogo hay que comunicarla al juez Rizzo para que él defina si ordena el desalojo ya o esperará según evolucione el número de familias que acuerden”.

Por los pronto el cuarto intermedio hasta el sábado 17 de octubre hace prever que Kicillof y sus más estrechos colaboradores podrán pasar la celebración de los 75 años del nacimiento del peronismo sin sobresaltos.

Algunos de los dirigentes que forman parte de la toma no son tan optimistas como Larroque, o al menos así lo trasmiten: “El Gobierno hizo una propuesta muy limitada que se considera muy insuficiente, se pasa a un cuarto intermedio hasta el sábado que hay nueva reunión. A pedido de los delegados y las organizaciones se realizará un censo entre hoy y mañana para terminar con las especulaciones acerca de la cantidad de gente que está en el predio”, le dijo a este medio Belliboni, el dirigente del Polo Obrero y una de las voces cantantes de la izquierda en la toma.

Para comprender la complejidad del problema hay que saber que la composición de la toma está muy lejos de ser homogénea. Al igual que los intereses de cada sector. Están los más duros, denominados por los funcionarios como “los troskos”. Este núcleo está compuesto por algunos partidos de izquierda y organizaciones sociales que por ahora ahora tienen “copadas” las asambleas de los cuatro barrios. Ellos no quieren irse, aseguran que resistirán el desalojo y afirman contar con apoyo externo para evitar la confrontación.

Si tienen que enfrentarse a las balas de goma, lo harán. Tanto Kicillof como Berni y el propio Larroque comprenden que este es el “negocio político” de esos dirigentes. Ni al juez de la causa ni a los funcionarios les conviene un hecho de violencia que puede tener derivaciones impredecibles. Ahí radica la mayor dificultad para destrabar el conflicto.

Están las familias que quieren terminar de negociar con el gobierno provincial pero se sienten “presionadas” por el primer grupo. Es muy probable que estos terminen dejando la toma de manera pacífica. Sobre ellos abrevan los funcionarios de Kicillof. Terminar de convencerlos, como ya hicieron con 601 familias, será un éxito político. También debilitará las posiciones extremas ya que quedarán aislados.

Están los que buscan resistir no por una cuestión de ideales políticos, sino porque fueron estafados al comprar una parcela de la toma creyendo que “había un acuerdo político” entre el municipio de Presidente Perón y alguno de los cabecillas de la usurpación. Son los que tienen una posición más débil y deberán buscar en la Justicia una solución al problema.

Por último, quedan los que fueron a realizar un supuesto negocio inmobiliario con la toma de los terrenos. Dos de ellos ya fueron detenidos, pero detrás hay un organización delictiva que ya es investigada por la Justicia penal. Las próximas horas serán claves para avizorar la resolución del conflicto que se inició el 20 de julio pasado.

“Sigue todo en pie para el desalojo”, confirmó a esta agencia el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló al respecto, en diálogo esta mañana con Radio Con Vos, que gracias “a un trabajo artesanal” que se hizo desde el Ejecutivo bonaerense, “las familias aceptaron desalojar pacíficamente el predio”.

Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo.

Tras dos pedidos de postergaciones, para conformar una mesa de diálogo que permita llegar a una solución, ahora la decisión de la justicia está firme y la orden se ejecutará mañana, a partir de las 10.

Respecto al desalojo de mañana, el gobernador dejó claro que “la policía de la provincia y las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, y el que resuelve las condiciones y el modo de desocupación es el juez” y añadió: “Es una resolución judicial y no podemos ir en contrario”.

Larroque agregó que el Gobierno “no puede pedir más prórroga” para el desalojo y recordó que “el 80% de las familias ya fueron reubicadas” y que “mañana empieza a intervenir el juez”.

“Ya no puedo pedir más prórroga. El predio tiene una orden de desalojo, pedimos dos prórrogas en función del plan de contingencia que presentamos el 15 de septiembre, hicimos un censo y hay más 610 familias que se han acoplado a la idea de reubicación”, aseveró.

En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio- se instalaron cinco carpas interministeriales en Guernica para atender la situación de los ocupantes- se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Télam, en el marco del Plan de Intervención Integral.

En ese marco, la Mesa de Articulación- compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata- trabaja contrareloj para lograr la desocupación del predio.

Acompañados por movimientos y organizaciones sociales, los ocupantes integran una Mesa de Diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.

Los abogados de “La Gremial”, organización que representa a los ocupantes del predio de Guernica, presentaron un escrito al juez en el que manifestaron que la superficie “reúne las condiciones para ser objeto de intervención estatal”.

El texto presentado al juez Rizzo, al que tuvo acceso Télam, se apoya en la Ley 14449 de “Acceso al Hábitat” y está firmado por los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares.

Las familias que abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros los ayudó en el pago de alquiler.

La resolución del juez Rizzo dice que “una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”.

Según la resolución judicial, “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

Además, establece que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.

La cámara estableció también que “deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19”.

Lo determinó la Cámara de Apelaciones de La Plata. Se trata de uno de los asentamientos más importantes en el país.

La Justicia dispuso este martes el desalojo de las tomas de tierras en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2500 familias.

La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó llevar adelante la medida, que “deberá ejecutarse en fecha a determinar y en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.

En este sentido, los jueces establecieron que “para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal a recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la que deberá ejecutar el presente con el mayor de los cuidados por la integridad de las personas que ocupan el predio”.

Las tomas se expanden por unas 100 hectáreas, divididas en dos terrenos. El lugar está prácticamente poblado y la situación es compleja: los propios vecinos aseguran que detrás de las tomas hay “grupos organizados”.

Por este motivo, en su resolución, la Cámara de Apelaciones destaca que durante el desalojo deberá ser necesaria la presencia del “servicio de asistencia médica, ambulancia e internación”. Se estima que en la provincia de Buenos Aires fueron tomadas unas 4300 hectáreas de tierras fiscales y privadas.

El escrito estableció que el procedimiento se ordenó “a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”. Allí viven por estos días unas 2500 familias. El grueso de las usurpaciones se produjeron en julio, en medio de la pandemia de coronavirus, que agravó la situación económica y social de la Argentina.

En los terrenos se pueden observar casillas construidas con chapa, otras con piedras y hasta carpas. Las viviendas se realizan con todo tipo de elementos y materiales: maderas, ladrillos, palos y piedras, entre otros.

Esta usurpación generó diferencias en el propio Gobierno. Pocos días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic dijo que la ocupación en Guernica “es responsabilidad de la Provincia”. La funcionaria aclaró que cuando las tomas se producen en terrenos que no son nacionales la Justicia le da intervención a las fuerzas de seguridad del distrito en cuestión.

El periodista de Telenoche Gustavio Tubio estuvo en el predio de Guernica, donde se registran 98 hectáreas usurpadas. Se trata de la ocupación de terrenos más grande de la Argentina, que crece día a día.

Dueños de campos linderos tienen miedo a que les tomen los terrenos y aseguran que hay organizaciones delictivas detrás. Mientras tanto los usurpadores afirman que la pandemia los dejó en la calle y que fue esa situación de vulnerabilidad lo que los obligó a ocupar tierras.

Pertenece a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y llevó al grupo violento a instalarse en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es prima de Rafael Nahuel, asesinado en 2017 en un enfrentamiento con efectivos de Prefectura.

TOMADO. Un sector de los mapuches mantiene una toma en un predio en Río Negro. Con apenas 19 años, Betiana Colhuan es la líder del grupo de encapuchados que atacan vecinos, incendian cabañas y usurpan terrenos en las inmediaciones del Lago Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche. Es la “machi” de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. En la cultura mapuche, esa figura es representa a una consejera espiritual y principal referencia médica y religiosa.

Desde sus 16 años, Betiana es la guía del grupo que se instaló en el Parque Nacional Nahuel Huapi. A mediados de 2017 la joven recibió una especie de epifanía que los llevó a instalarse en los terrenos que, según plantean, les corresponden por cuestiones ancestrales. Así empezó el problema que se extiende hasta estos días. Los mapuches usurparon entonces un predio de tierras fiscales y ahora, tres años después, usan ese lugar de base para salir a atacar las cabañas de los vecinos.

En noviembre de 2017 se hizo efectiva la usurpación de las tierras fiscales y la comunidad empezó también a cortar con frecuencia la Ruta Nacional 40 para visibilizar sus reclamos. El 25 de noviembre se dio un enfrentamiento dispar entre manifestantes y la Prefectura Naval Argentina en el que murió así Rafael Nahuel, de 22 años. Betiana es la prima del joven asesinado. Fue a partir de la influencia de María Nahuel, su tía, que Rafael decidió acercarse a Lof Lafken Winkul Mapu. María es la madre de la actual machi, que a su vez tiene un hijo con Matías Santana, el testigo que aseguró que los agentes de Gendarmería trasladaron el cuerpo de Santiago Maldonado.

Ahora, esta comunidad mapuche encabeza una serie de robos, agresiones y amenazas a los vecinos de Mascardi. En el programa de tv “Con Voz y Voto”, de la ciudad de Bariloche, la machi dio una entrevista y anunció que seguirían con sus prácticas violentas. “Los dueños, que viven en Buenos Aires, que están en sus casitas cómodos y con gas, van a tener que ir sacando sus valijas”, dijo. Muchas de las residencias ubicadas en el Parque Nahuel Huapi son de gente que no vive allí y que lo utiliza como segunda vivienda. Muchos residen en Bariloche y otros tantos en Buenos Aires.ven de 22 años fue asesinado por el prefecto Javier Pintos, según confirmaron las pericias.

Para los vecinos, víctmas de constantes ataques, la legitimidad de la comunidad Lof Lafken Winkul es nula. “No son mapuches, son delincuentes”, dice Diego Frutos, dueño de una cabaña que fue incendiada el 2 de agosto y atacada de nuevo veinte días más tarde. El modus operandi de los liderados por Betiana Colhuen se basa en apedrear las casas para comprobar si hay alguien y, en caso de estar vacías, avanzar con la usurpación, el robo o incluso el incendio de la misma.

No tienen inscripción en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y no cuenta siquiera con el reconocimiento de otras comunidades reconocidas de la zona. Desde la agrupación mapuche Lof Wiritray – Relmü Lafken, que se ubica a pocos kilómetros y tiene una convivencia sana y respetuosa con los vecinos, publicaron un documento en el que aseguran que no acompañan las tomas.

“Nunca existió en el citado lugar, hasta noviembre de 2017 ninguna otra comunidad mapuche, ni asentamiento, ni reinvidicaciones territoriales ajenas a nuestro propio reclamo histórico, legítimo y documentado”, explican. Además, indican que Betiana Colhuen se toma atribuciones que no le corresponden y van en contra de las tradiciones ancestrales mapuches. “Una machi es una persona que dedica su vida a nuestra medicina pero no cumple un rol ni tiene bajo ningún concepto la autoridad política para decidir dónde debe o no, radicarse una comunidad”, argumentan.

Agregan también que si una machi se dedica a “llamar a la violencia, a dividir ni generar discordia, va en contra de su propósito en ésta tierra” y afirman que en la comunidad que lidera la prima de Rafael Nahuel “usa la etnia como excusa para escudarse y robar, amenazar, cuatrerear y mentir, y esconden su rostro para delinquir impunemente en la zona”

Para finalizar, ponen en dudas sus orígenes “Claramente no son de origen mapuche. Los vecinos de la zona aledaña a la ocupación los reconocen como del área metropolitana de Buenos Aires y como punteros de agrupaciones sociales y partidos políticos”, dice el comunicado.

Son zonas muy demandadas turísticamente en Río Negro; y otra área de conflicto en Neuquén es de alto valor productivo como ocurre cerca de Vaca Muerta.

Ocupación de tierras por parte de los mapuches, huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad y desalojos de estas comunidades fueron los ingredientes del cóctel que generó una escalada de violencia en el sur del país (la cual también recrudeció en Chile), que tiene como protagonistas a los integrantes de pueblos originarios, los gobiernos de Río Negro y Neuquén y el Estado nacional.

El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel.

En tanto, el 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”, sostienen.

Referentes de esa comunidad indicaron que el conflicto se originó en agosto de 2014 tras la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra venta que ellos consideran ilegal.

En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.

Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.

Por su parte, los mapuches de Newen Mapu y Puel Pvjv exigen que se respete la concesión de tierra que les hizo en 2011 el ex intendente radical Martín Farizano pero que nunca llegó a ser votada en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Las históricas tensiones en la Patagonia están en el radar del Poder Ejecutivo, que puso en marcha efectiva en Río Negro el protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios y fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior ante las provincias.

A ese mecanismo suscribieron el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, de Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural: el reclamo de tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.

“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamos de los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo, agresiones y robos en la región. Este domingo, un nuevo hecho de violencia extrema contra la propiedad privada generó un enérgico repudio de la mandataria provincial. Ocurrió en el predio “La Cristalina”, donde grupos anónimos y encapuchados intentaron prender fuegos varios inmuebles.

En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches.

Mientras tanto, las denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. Solo en Bariloche, con la última denuncia que hizo el encargado de La Cristalina por los daños perpetrados en esa emblemática cabaña, son 17 las causas penales que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal.

Las ocupaciones mapuches se producen en zonas muy demandadas turísticamente, como ocurre en Río Negro, y en sectores de alto valor productivo, como ocurre en Vaca Muerta. El valor aproximado de estas hectáreas es de 100 mil dólares pero los pueblos originarios insisten en que no se pueden vender y que son intransferibles.

Con el cambio de Gobierno, también también se produjo un cambio en el abordaje de la situación. “No queremos que pase como en otras épocas, que la respuesta de los jueces sea la movilización de fuerzas federales con un resultado claramente negativo. Por eso estamos los funcionarios respondiendo ante este problema”, señaló Fuks.

En sus cuatro años de gestión, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich resistió las críticas de los organismos de derechos humanos y de la entonces oposición por priorizar el uso de la fuerza en los desalojos.

El conflicto mapuche recrudeció en Chile la última semana

En Chile, la situación recrudeció la semana pasada en la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, por la reivindicación indígena de ese territorio. Con el telón de fondo de las huelgas de hambre de más de 90 días de los presos mapuche, varias comunidades decidieron ocupar las municipalidades de Ercilla, Curacautín, Victoria, Angol, Collipulli y Galvarino para protestar contra las autoridades. Por los disturbios, hubo 48 detenidos.

Los mapuches exigen la liberación de sus presos, entre ellos el machi (chamán) Celestino Córdova, condenado por el asesinato de una pareja de adultos mayores en 2013.

El conflicto mapuche ya provocó la muerte violenta de varios comuneros -el último, el del joven Camilo Catrillanca-, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.

A 14 días del comienzo de las usurpaciones de terrenos fiscales en distintos barrios del norte de la ciudad, aún continúan asentadas unas 15 familias de las 116 familias que había en un inicio. A pesar de que la Justicia ordenó el desalojo en barrio Transporte hasta el momento no se concretó debido a la falta de una orden política hacia las fuerzas de seguridad, que deben ejecutar el operativo.

El acampe y asentamiento ilegal comenzó el 6 de febrero en lotes de un terreno fiscal delimitado por las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo, en el norte de la ciudad. Para convencer a los vecinos de desalojar el lugar y conocer las realidades de cada familia, el municipio realizó un relevamiento social y las censó.

El pasado fin de semana el juez federal Francisco Miño emitió al respecto una orden judicial de allanamiento y desalojo, para que la Gendarmería Nacional proceda. Así lo confirmó Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social de la Municipalidad santafesina, quien sostuvo que esta fuerza pública se puso en contacto con las distintas áreas del Estado tanto municipal como provincial. “Mantuvimos una reunión operativa para comenzar con una intervención que intente mediar desde las áreas sociales para no llegar a una situación violenta de desalojo”, explicó el funcionario y agregó: “Abandonar el lugar es la condición innegable que dictó el juzgado federal”. Resta, ahora, la decisión política para instrumentar el desalojo.