Cerca de las 16 de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito en el ingreso a Carreras entre dos camiones y que terminó con el triste saldo de un fallecido. Según indicaron desde quienes acudieron al rescate, uno de estos vehículos (transporte de carga), salía del pueblo cuando fue embestido por otro de menor tamaño que circulaba por la ruta 90 e intentaba ingresar.

La colisión se dio en la parte trasera del acoplado del camión de mayor porte y como consecuencia del mismo, el chofer del otro vehículo fue quien resultó con heridas de gravedad y trasladado al Samco local en estado crítico. 

Ahí se pidió la intervención del helicóptero sanitario que arribó de Alcorta, pero a pesar del esfuerzo del personal de Bomberos Voluntarios de esa localidad, no pudieron sacarlo del paro cardiorrespiratorio que finalmente provocó su deceso.

Según el informe publicado por los bomberos de Alcorta, “al llegar al lugar se pudo observar que se trataba de una colisión por alcance, entre un Camión chasis y acoplado, marca Scania, cargado con Girasol y un camión Iveco Daily de cargas generales. Ambos vehículos conducidos por masculinos mayores de edad”.

Luego agregaron que “el conductor del Iveco quedó atrapado dentro del habitáculo y presentaba lesiones de gravedad, por lo cuál se procedió a realizar tareas de extricación sobre el vehículo, para poder liberar a la víctima. Luego de las tareas de extricación, se logró retirar a la víctima atrapada y se procedió a asistirla y trasladarla al Samco local”.

Por otra parte, se procedió a activar el Helicóptero Sanitario de la empresa UTV ya que la víctima necesitaba ser derivada de urgencia a la ciudad de Rosario. “Al arribo al Samco, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio. Se realizaron maniobras de RCP con personal médico del Samco local y empresa UTV, no pudiendo reanimar a la víctima, por lo cual la misma falleció. El conductor del camión Scania no sufrió lesiones”, agregaron.

Trabajaron conjuntamente con personal de Bomberos Voluntarios de Carreras; personal médico de empresa UTV; Policial de Alcorta y Carreras; y los Samco de Alcorta y Carreras. Se encontraba a cargo el Oficial Principal Candusso Mauricio.

Foto e información gentileza: ECOS Urbano de Alcorta

Una serie de acontecimientos registrados a lo largo de los últimos días, motivó este miércoles un extenso comunicado por parte del gobierno de la localidad de Carmen, en el departamento General López. Particularmente, el destrozo, robo e intromisión en ciertos lugares hizo que el malestar de muchos vecinos se haga visible con el correr de las horas y el propio presidente comunal deba expresarse al respecto.

El jefe político, Walter Czelada, dijo que está dispuesto a solicitar a las autoridades que correspondan la “expulsión del territorio local a las personas mayores o menores que representan una amenaza para la seguridad pública”, resaltando que según la Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, el presidente comunal tiene facultad de Policía para mantener el orden público y la seguridad en su distrito.

“Éstas facultades las pienso adoptar para prevenir o reprimir el vandalismo”, resaltó, insistiendo en la “colaboración y la construcción” del pueblo, ya que no es “momento de la crítica destructiva ni la politización de la seguridad”, valorando que “necesitamos trabajar todos juntos para que nuestra comunidad siga siendo segura”.

En esta línea y ante la sospecha de que pueden llegar a ser adolescentes quienes están detrás de estos episodios, manifestó que la legislación de nuestro país “establece que los menores de 16 años no son penalmente responsables de los delitos que cometan” y que “hay leyes que los protegen; por lo tanto ni el presidente comunal ni la Policía pueden cambiar dichas leyes”, enfatizó.

Insistiendo en su “compromiso con la seguridad de los vecinos”, indicó también que “estoy más preocupado que cualquiera por la seguridad de la comunidad” y que por eso “estamos trabajando, comunicándonos con autoridades locales, departamentales y provinciales en busca de soluciones”.

Asimismo, apuntó que “si bien todo lo ocurrido, se podría decir, son acciones muy comunes –se lamentó - en la mayoría de las comunidades, no nos vamos a resignar”, porque “queremos que Carmen siga siendo un pueblo de orden, seguro para nuestros habitantes”.

Reconoció que “hay cosas que no podemos hacer solas” en las que “necesitamos la colaboración de todos los vecinos y vecinas”. “En muchas oportunidades vemos publicaciones en las redes sociales; pueden acercarse a la Comuna y transmitir sus ideas y así colaborar de manera útil para encontrar la solución”, agregó.

Por tal motivo, Czelada manifestó que la “solución es entre todos” e instó a la comunidad a “denunciar si se observa un ilícito y dar aviso a la policía”.

“Cabe aclarar que la convivencia en comunidad urbana es fundamental para el bienestar de todos los vecinos. Es importante respetar los derechos y necesidades de los demás, especialmente en horarios nocturnos, cuando la mayoría de la gente está descansando”, añadió.

También aprovechó para recordar algunos “consejos de convivencia urbana”, especialmente en horarios nocturnos, como moderar los ruidos innecesarios, respetar los horarios de descanso, no hacer ruidos muy fuertes en zonas comunes y ser conscientes en el entorno de reducir el volumen para no perturbar al vecino.

Un motociclista falleció este lunes en un trágico accidente que se suscitó en ruta 8 y Brown. El hecho se produjo alrededor de las 16 y participaron una moto y un camión que transportaba maderas.

“A nuestra llegada, junto con personal del SIES 107, constatamos que el conductor del birrodado se encontraba sin signos vitales”, comentó en diálogo con medios del sur santafesino Federico Miranda, subjefe de Bomberos Voluntarios, añadiendo que rápidamente se hizo presente personal médico policial para verificar el fallecimiento.

En el lugar trabajó personal policial junto con Gendarmería Nacional, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Peaje y de Control Urbano Municipal, quedando por varios minutos cortada la ruta en el sentido hacia la rotonda de las rutas 8 y 33.

En una audiencia que se llevó adelante en la mañana de este jueves en los Tribunales de calle Chacabuco de Venado Tuerto, la jueza Paula Borrello autorizó a viajar a España, entre el 18 de diciembre y el 7 de febrero próximos, al “religioso” Pedro, exdirector del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, a quien se acusa de cuatro casos de abuso sexual en perjuicio de niñas que cursaban 6° y 7° grado.

Ante el estupor de los familiares y la crisis nerviosa de una de las víctimas, la funcionaria judicial alegó que el imputado siempre se ajustó a derecho, cumplió con todas las medidas de comportamiento impuestas y, además, regresó al país en las anteriores ocasiones en que se había ausentado.

Sin embargo, víctimas y familiares temen una fuga que lo ponga a resguardo del futuro juicio oral y público, y una probable condena a varios años de prisión (ayer mismo la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de cárcel).

Visiblemente disgustada con el tenor de la resolución, la fiscal Florencia Schiappa Pietra, ya en el exterior de la sede judicial, sostuvo ante los medios de prensa que esta nueva audiencia no tenía razón de ser y adelantó que evaluará una eventual apelación de la medida.  

En tal sentido, Schiappa Pietra reprochó que “se está tratando esta causa como si fuera el hurto de un teléfono celular, sin perspectiva de género” y se mostró sorprendida del cambio de criterio de la jueza actuante, que aplicaba dicha perspectiva en casos semejantes cuando ejercía como fiscal, solicitando incluso la prisión preventiva, y ahora no estaría haciendo lo propio.

“La perspectiva de género significa garantizar a la víctima un juicio y una condena, y que esa condena se cumpla, eso es la tutela judicial efectiva y el acceso real a la justicia para los casos de género y es lo que deben procurar los jueces”, enfatizó.

Sobre la permanencia del imputado en libertad, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) admitió que no es lo común cuando se cuenta con cuatro denuncias en su haber y, además, cuestionó a Borrello de “utilizando a la Fiscalía” para justificar sus decisiones, y al respecto, historió: “Cuando la Fiscalía inició esta investigación, lo hizo con una víctima que no estaba en condiciones psíquicas de declarar y cuya propia familia pidió no avanzar con dicha declaración, aunque sí había otros testimonios y evidencias que permitieron llevar adelante esa audiencia imputativa… fue en esas condiciones en que se sacó al señor Ortiz de la escuela, no fue porque a mí me parecía que no era peligroso en ese momento. Y ahora la jueza utiliza esa situación para justificar que la Fiscalía inició la causa con el acusado en libertad”. Y agregó: “Hoy cambiaron muchísimo las circunstancias, en aquel momento había una víctima que teníamos que proteger porque no estaba en condiciones de declarar y no podíamos avanzar sin su testimonio. Pero después de esa audiencia imputativa se realizaron otras tres, es decir que son cuatro víctimas", dando a entender que el imputado debiera estar bajo prisión preventiva. 

Más adelante, la fiscal recordó que “el señor Ortiz tiene 65 años y en caso de que la resolución firme sea favorable a la posición de la Fiscalía, no sabemos todavía qué tiempo le quedará para cumplir en prisión, que es lo que las víctimas reclaman”.

En igual sentido, cuestionó a la jueza una vez más: “Parece ser que está ajena a que se trata de una investigación de abuso sexual, donde las víctimas no estaban en condiciones de declarar, donde había padres de víctimas que no instaron la acción penal de inmediato, y donde es necesario realizar una serie de entrevistas con psicólogos y se analiza la subjetividad de la víctima para poder declarar, y todo eso no lleva el mismo tiempo que la investigación del hurto de un teléfono celular”, sostuvo la fiscal para dimensionar que desde el juzgado no se está aplicando la perspectiva de género.

Cabe recordar que la primera denuncia contra el religioso fue radicada en septiembre de 2021 por Débora, la mamá de una niña que sufrió el accionar del acusado cuando cursaba 6° y 7° grado en 2018 y 2019. Con el correr de los meses se fueron sumando testimonios que desembocaron en tres nuevos casos, uno de ellos caratulado “abuso sexual simple gravemente ultrajante”.

El “Hermano” Pedro actualmente reside en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde debe presentarse periódicamente en sede policial y no puede estar a cargo de alumnos en ningún establecimiento educativo.

Este viernes se registró un incendio de grandes dimensiones en un campo ubicado en ruta nacional 8 a la altura del de Venado Tuerto. En el lugar intervinieron bomberos de Venado Tuerto, Sancti Spíritu y Maggiolo.

La presencia de fuertes vientos, sumado a la sequía que sigue azotando a esa región del departamento General López hizo que las llamas se expandan rápidamente, cubriendo un sector importante del campo.

Desde el mediodía, los bomberos de las tres localidades se hicieron presentes en el lugar para combatir con el fuego y asegurarse de que no haya riesgos de reinicio. A su vez, brindaron colaboración tractores y fumigadores.

En horas de la tarde de este miércoles, se inició un nuevo allanamiento en la central del SIES 107 de Venado Tuerto. La policía junto a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación llevaron adelante el procedimiento ordenado por la Justicia.

Si bien aún se desconocen los motivos o detalles de la investigación, fuentes consultadas por El Litoral adelantaron que la medida podría demorar varias horas y el objetivo es relevar documentación que pueda servir a la causa.

Mientras tanto, las puertas de la central del servicio de emergencia fueron cerradas y se restringió el ingreso y egreso al inmueble ubicado sobre avenida Santa Fe. Incluso, se solicitó a los empleados que permanezcan en salas con las que cuenta el edificio, sin posibilidad de salir.

En el lugar acompañó el procedimiento, el coordinador del SIES 107, Ramiro Aguilar.

Cabe señalar que este no es el primer allanamiento que se realiza en dicha dependencia, ya que en el mes de diciembre del año pasado se había desarrollado un proceso similar, solicitado por la fiscal Mariana Vidal y a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En aquel momento, se secuestraron diferentes documentos que podían tener vinculación con el caso investigado.