En octubre de 2018, Fabián Gianola quedó en el ojo de la tormenta luego de las tremendas declaraciones de Fernanda Meneses, la actriz que trabajó con él en el 2017 en Canal 9, en el ciclo "Hoy ganás vos". A esto, se le sumaron las denuncias de Mercedes Funes, Celina Rucci y muchísimas mujeres más entre quienes se encontraba Fabiola Yañez, la ex primera dama. A 6 años de la escandalosa situación que revolucionó el mundo de la farándula, el actor fue sobreseído y contó cómo fue el proceso judicial y por qué cree que fue señalado por tal cantidad de denunciantes.

En entrevista exclusiva con " El Run rún del Espectáculo", Gianola comenzó diciendo: " Tengo 42 años de profesión, nunca tuve un problema con nadie". Acto seguido, aclaró: " Lo primero que hay que decir es que yo siempre estuve a disposición de la Justicia, ajustado al Derecho. Siempre estuve en mi casa, me pueden encontrar. A mí se me violaron mis derechos constitucionales, el derecho a la presunción de inocencia que indica que todo individuo es inocente hasta que se demuestra lo contrario y, por ende, el derecho al trabajo porque cuando me suspendió la Asociación Argentina de Actores ya no pude trabajar más".

Siguiendo con su relato, manifestó: "Yo fui abusado mediáticamente, fui violado, humillado, linchado mediáticamente y fui declarado culpable desde el minuto cero, con zócalos que decían 'Habla la víctima de Fabián Gianola' y después no era víctima. Y después la justicia no solo me sobreseyó sino que comprobó la grave extorsión que arranca en el año 2017 con una denunciante que entiende que le tengo que dar dinero porque se terminó un programa de televisión y me empieza a amenazar con fotos de mis hijos, con audios y con un abogado pidiéndome dinero. No accedo, mando carta documento, termina eso en marzo del 2018 y un año y medio después me denuncia por abuso, la misma persona. Y ahí se arma esta bola de nieve...", en referencia a las acusaciones de Fernanda Meneses.

En ese sentido, Lío Pecoraro observó que "fue una tras otra, un efecto dominó", debido a la popular frase de que "hay que creerle a la víctima". "Pero la víctima es víctima cuando lo determina la justicia", sentenció Gianola, y amplió:  "¿Sabés cuando aparecen las denuncias? Cuando la jueza dice 'no hay pruebas'. Ahí se arma una furia mediática con personas que no conozco que empiezan a denunciar y llegaron 3 denuncias penales más de gente que no conozco, con denuncias sin pruebas y sin testigos. Gente que no tiene cómo comprobar que trabajó conmigo ni con un recibo de sueldo, ni con un video de Youtube, ni con un contrato ni con una foto conmigo".

De esa manera, explicó que la polémica "se da en el contexto en que la jueza dicta la falta de mérito en las dos denuncias que yo tenía que se habían juntado en la misma causa, no había argumentos, entonces juntan y el argumento se da por cantidad. Y ahí una de las denunciantes, que se supone que es actriz, pide al colectivo de actrices que le pida a la Sociedad Argentina de Actores que me suspenda y dicen 'más allá de lo que diga la justicia... pedimos que lo suspendan'. "Entonces la Sociedad me suspende con falta de mérito y después fui sobreseído en esa causa, entonces... ¿cómo quedó todo? ¿Quién resarce todo esto?", reclamó, visiblemente angustiado. 

"Fue muy duro, fueron momentos muy difíciles, mi familia sabía todo porque como la primera denunciante me extorcionó un año y medio antes, yo tuve que hacerlos bloquear a mis hijos", señaló, y agradeció que sus allegados siempre lo acompañaron.

Fue entonces que el actor habló explícitamente de su conflicto con Fernanda Silvia Meneses. "A mí me pide ayuda la familia de esta persona, porque tiene antecedentes de violencia familiar graves, antecedentes psiquiátricos, problemas de adicciones... Yo me enteré de eso a partir de las denuncias de esta persona. Está todo presentado en la causa, por eso también se comprueba la extorsión y es parte del argumento del sobreseimiento porque la jueza, una jueza mujer que no es poca cosa, me sobresee utilizando el artículo 336 que en su inciso II dice que el hecho no ocurrió, no que no se pudo comprobar, que no ocurrió y la deja al borde de la estafa procesal porque seguía insistiendo y tenía doble falta de mérito, en primera y segunda instancia", argumentó, contundente. 

Para finalizar, los presentadores le preguntaron qué cree que pasaba en la cabeza de ella, que al principio era una especie de fan suya y hacían un sketch que se llamaba "El kiosquito". Mirando hacia el pasado, recordó: "Ella me contó que tenía un problema con su hija, que la tenía que operar del corazón y no tenía plata para la prepaga, entonces le dí trabajo en canal Nueve. Yo la propuse a la producción, estaba muy agradecida y todo. Luego, termina el programa y ella entiende que yo la tengo que indemnizar, que la había hecho echar y habían levantado el programa y yo estaba contratado como todos, nos habían levantado a todos". 

La modelo Sofía Clerici se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en Instagram, fueron regalos hechos por amigos en Argentina.

Mediante un descargo que lleva la firma de su abogado, Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, luego de la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde también se investiga a Insaurralde y a Jésica Cirio.

En el descargo por escrito, la modelo dijo que viajó a Marbella en septiembre (se conoció fue el 7 de ese mes) para visitar a su hermana que vive allí, tal cual ya había adelantado en sus redes sociales.

También, indicó que el yate “Bandido” se lo prestó a ella “ocasionalmente” un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde.

Además, se refirió a los relojes y carteras que en sus redes ella agradeció con un corazón el haber recibido como regalos y que no fueron hechos por Insaurralde, pues dijo que los obsequios fueron de parte de personas que no guardan relación con el viaje ni la causa actual.

En ese sentido, señaló que fueron “regalos” hechos por su cumpleaños por parte de amigos y que los mismos se compraron en Argentina, no en Marbella.

Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno. El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak es quien define la continuidad de la causa.

El juez federal Guillermo Lleral consideró que el gendarme Emmanuel Echazú no cometió el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado aquel 1 de agosto de 2017 en Chubut. “Nadie fue penalmente responsable de su muerte”, remarcó el magistrado en un fallo de 344 páginas.

El juez federal de Rawson sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

El juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta, tras el pedido del fiscal Marijuan y el retiro de AFIP y UIF como querellantes en la causa iniciada en el año 2013.

Finalmente, este lunes, el juez federal Sebastián Casanello decretó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero k” porque ya no quedan acusadores que sostengan que debe ser investigada en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron, el viernes pasado, los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Casanello explicó que él no podía “ir más allá” de lo pedido por quienes ejercen el rol de acusadores ni “suplir la misión punitiva del Estado” porque, tal como lo advirtió la Corte, hacer lo contrario atentaría contra la garantía constitucional del debido proceso. Con una cita al máximo tribunal, el juez recordó que esa garantía exige que quien acuse sea “un tercero diferente de quien ha de juzgar”.

Habló Cristina Kirchner tras su condena: “Esto es un Estado paralelo y una mafia judicial”

POR QUÉ CASANELLO DICTÓ EL SOBRESEIMIENTO DE CRISTINA K

La única opción para no disponer el sobreseimiento hubiera sido que el juez decretara que el dictamen del fiscal no cumplía los requisitos de “razonabilidad y legalidad” y lo anulará -algo muy inusual-, pero Casanello dijo que esos requisitos “se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.

Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner en un fallo, de tres páginas, en el que recordó que Marijuan, después de recibir un informe sobre los contactos entre Báez y la vicepresidenta, y “tras considerar agotadas las medidas de prueba”, dio un cierre a la investigación que había sido “abierta hace siete años” y que buscaba “dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

“No voy a ser mascota del poder”: Cristina Fernández publicó una carta en sus redes sociales

El juez relató que “frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP-” y que “ambas agencias compartieron la solución postulada”.

“El juicio previo es una garantía de naturaleza constitucional (art. 18 de la CN). Entre otras cosas, ella supone que a una condena solo puede llegarse a través de un debido proceso que respete sus formas sustanciales, es decir, la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo Casanello, que destacó: “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”.

La investigación contra Cristina Kirchner era un tramo residual de esta causa, que había sido elevada a juicio por Casanello, casi en su totalidad, en 2017. Conocida como “la ruta del dinero k”, fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. Hace dos años, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada, en lo troncal, por la Cámara de Casación, que redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario patagónico.

Familiares de los tripulantes que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que anule el reciente fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la investigación por supuesto espionaje contra los deudos de las víctimas.

La presentación, en la que se reclama la ratificación de los procesamientos, fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que “si esta inmundicia de fallo” emitido por la Cámara Federal porteña “queda firme, estaremos todos bajo sospecha, y nuestra intimidad y derechos fundamentales conculcados”, informaron este lunes fuentes del caso.

Familiares de las víctimas del ARA San Juan apelarán el sobreseimiento a Macri

“Respecto de mis representadas, si este fallo vergonzoso se confirma, quedarán estigmatizadas como las peligrosas, las terroristas, las enemigas públicas número 1”, enfatizó la letrada en su escrito.

Carreras aseveró que “el fallo que recurre esta querella no resiste el planteo fáctico a falta de prueba y fundamento de la sentencia recurrida, respecto de constituir ese grupo de mujeres, dolientes, destrozadas, sin mayor preocupación que saber que había pasado con sus seres amados, y que busquen su tumba de acero, el submarino”.

“Pero este fallo las coloca en el lugar que se reserva para una ‘célula terrorista’, una facción golpista, un grupo de personas que representen juntas o separadas una amenaza para la seguridad interior o seguridad del presidente de entonces, Macri”, apuntó.

La Cámara Federal porteña emitió la resolución a mediados del mes pasado, beneficiando a Macri, Arribas y Majdalani, quienes habían sido procesados el año pasado en primera instancia por el juez federal de Dolores Martín Bava.

En otro tramo del escrito Carreras se preguntó: “¿Les quitaran a los que vengan detrás con el precedente de este fallo, del mínimo derecho a juntarse en una esquina? Al parecer sí, porque si se considera un ´peligro´ marchar con una bandera pidiendo saber la verdad sobre sus hijos, solo les queda a ellas y a nosotros, el destierro a un lugar sin derechos sin garantías”.

Y advirtió que “si este fallo se convalida, no solo quedaremos expuestos todos a tareas de inteligencia superficiales o violaciones de la intimidad suavecitas, sino que retrocederemos jurídicamente décadas, y sin poder judicial confiable ante la sociedad, sino también perdernos la confianza en el sistema legal… no auguro un buen panorama en lo inmediato ni para generaciones futuras. Por lo cual insisto, en el pedido de declarar la nulidad del fallo del 15-7-2022 y se confirmen los procesamientos”.

ARA San Juan: sobreseyeron a Macri en la causa por el espionaje ilegal a familiares

“Mis representadas no solo son víctimas de las tareas de inteligencia ilegal tal como lo ha entendido el Juez Federal Subrogante en Dolores, Dr. Martin Bava, sino también el Fiscal Dr. Juan Pablo Curi , y también así lo ha concluido la Comisión Bicameral de Fiscalización de Servicios de Inteligencia del Congreso de la Nación”, aseveró.

Carreras dijo a Télam que “con este recurso de casación queremos que quede claro ante la sociedad que en modo alguno ninguna de las familias ha sido violenta en ningún momento con ninguna autoridad. No son las familias de los tripulantes una amenaza para la seguridad interior, algo que este fallo sostiene vilmente re victimizándolas”

La Cámara Federal porteña revocó hoy el procesamiento y sobreseyó a un hombre de 75 años que cultivó marihuana en macetas para fabricar aceite de cannabis y consumirlo ante un cuadro depresivo, sin contar en ese momento con el permiso de autocultivo con fin medicinal.

El comportamiento “no ha excedido su ámbito de autonomía personal”, concluyó la sala I del Tribunal de Apelaciones al revocar el procesamiento, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

La conducta del hombre se enmarca como “una acción privada, sin riesgo de afectación a terceros, hallándose en consecuencia protegida por el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitucional Nacional”, agregaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

En su declaración indagatoria, el hombre explicó que primero comenzó a cultivar porque su esposa fue diagnosticada con Alzheimer, pero la mujer falleció en 2021 y no llegó a suministrarle el aceite.

Santa Fe: comienza el cultivo experimental de cannabis medicinal en la provincia

Tras la muerte de su mujer, dijo que sufrió un “estado de depresión” con “dolores físicos” y entonces decidió continuar con el cultivo “intentando lograr una fórmula con la composición que le permitiera mejorar su calidad de vida”.

El acusado declaró que notó “una mejora significativa en su salud desde que comenzó a utilizar el aceite de cannabis”.

El cultivo se realizaba en macetas en una zona de la terraza del edificio donde vive, que es de su uso exclusivo por decisión del consorcio.

En total se secuestraron 17 plantines “sin la debida autorización”, según el procesamiento ahora revocado.

Los plantines, sostuvo la defensa, se hallaron “en un sitio de acceso exclusivo” del hombre “por lo que no puede considerarse que la conducta haya trascendido a terceras personas” “Los plantines se hallaron en un lugar privado, eran de pequeños tamaños, impidiendo conocer si florecerían o no y además, eran cultivadas por un individuo de más de setenta años, ya jubilado, que carece de antecedentes penales, dado que no tenía otra intención que paliar sus dolencias físicas”, argumentó el fallo.

El acusado había sido procesado por infracción al artículo 5 inciso A de la ley 23.737, que reprime con 4 a 15 años de prisión a quien “sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines”. Los camaristas declararon inconstitucional ese articulo para este caso particular y sobreseyeron al acusado.

Los jueces evaluaron además que no hay evidencia de comercialización de la droga y que el imputado “al momento de realizar el descargo, demostró conocimiento sobre la manera en que se realizaba el aceite, haciendo referencia además a los insumos necesarios, tales como: aceite de coco, tubos de bencina, entre otros”.

También remarcaron como “relevante” que en la actualidad se inscribió ante el registro pertinente para realizar autocultivo y “cuenta con la autorización del Ministerio de Salud” “Es importante destacar aquí la jurisprudencia que regula la materia, donde se destaca que, en situaciones como la presente -donde no se cuenta, al momento de los hechos, con el permiso estatal para el autocultivo- debe estarse al análisis particular, específico y concreto de las características de cada caso”, concluyeron.

La Cámara Federal de Casación ratificó el sobreseimiento del ex ministro de Justicia del gobierno de Cambiemos Germán Garavano, en una causa en la que fue denunciado por haber sido representante de la fuerza política mexicana Partido de la Revolución Democrática (PRD) mientras era funcionario público, para eludir el cobro de un pagaré a un empresario por una cifra equivalente a 20 millones de dólares.

El empresario argento-mexicano Carlos Ahumada Kurtz intentó hacer valer un pagaré por 400 millones de pesos mexicanos que le había prestado al partido político mexicano en el marco de la actividad proselitista en el país norteamericano.

Germán Garavano: “La Corte Suprema parece opositora”

Las partes coordinaron que cualquier reclamo por ese documento tramitaría en la Justicia argentina y ante la falta de cumplimiento por parte del PRD, Ahumada Kurtz inició el reclamo por el cobro ante los tribunales de La Rioja.

Según la denuncia, se topó como contraparte con Garavano, quien representaba en la Argentina al PRD mientras era consejero suplente del Consejo de la Magistratura, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y también mientras había sido designado como ministro del gobierno de Mauricio Macri.

Ahumada Kurtz explicó que cuando intentó hacer valer el pagaré “se desencadenó una persecución en su contra, que incluyó, entre otras cosas, una detención y un proceso judicial por falsificación del documento mencionado en los Estados Unidos de México”.

“En septiembre de año 2015 los representantes del PRD solicitaron a las autoridades mexicanas tener como coadyuvante al doctor Germán Garavano para las diligencias que debían desarrollarse en Argentina y que en ese momento Garavano cumplía la función de consejero suplente en el Consejo de la Magistratura de la Nación”, precisó Ahumada Kurtz, representado por el abogado José Ubeira.

Germán Garavano presentó el nuevo Código Penal

Garavano fue sobreseído por el juez Daniel Rafecas a instancias del fiscal Franco Picardi, pero la medida fue apelada hasta llegar al máximo tribunal penal, la Casación.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, consideró que Garavano “no ha tenido intervención formal en la causa de la provincia de La Rioja, ni como apoderado ni como abogado patrocinante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mientras ejerció los cargos de Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina”.

Ahumada Kurtz jamás pudo cobrar el pagaré (que además fue objetado como falso) y la Justicia argentina sobreseyó también la causa en la que dijo haber sido objeto de una persecución y amenazas.

El fallo reconoce el vínculo de Garavano con el PRD mexicano pero advierte que ello no fue simultáneo ni incompatible con el ejercicio de las funciones públicas que desarrolló.

El policía de la Bonaerense Facundo Amendolara pedirá su sobreseimiento en la causa por la cual está imputado por haberle disparado al cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, cuando éste supuestamente quiso agredirlo con un cuchillo en Exaltación de la Cruz.

El pedido lo hará ante el fiscal de Campana Martín Zocca a cargo de la causa, y luego de un peritaje de parte hecho por la defensa a cargo de Fernando Soto.

El duro relato de Chano luego de estar internado

Según ese peritaje, que lleva la firma del criminalista y perito balístico Héctor Fernández, la distancia de disparo entre el policía y el músico fue en “un rango perfectamente definible entre los 50 y 90 centímetros de recorrido entre la boca de fuego del arma secuestrada y el plano de impacto en las prendas analizadas”.

Se trata de las prendas que tenía puestas Chano aquella madrugada del 26 de julio cuando el músico estaba en un brote producto de su adicción a las drogas de las cuales actualmente está bajo recuperación.

El policía, que llegó junto a una comitiva convocada por la mamá del cantante, dijo que disparó cuando Chano se le fue encima con un cuchillo de cocina en mano. Por eso, justifica que fue en defensa propia y cuando estaba cercano a él.

Chano dejó dos importantes anuncios para sus fanáticos

Con esta pericia, trata de apoyar su versión de que actuó en defensa propia. La familia de Chano dio una versión completamente distinta, asegurando que el músico no tuvo intención de agredir a nadie. La causa está en trámite y en los próximos días la defensa de Amendolara, imputado por lesiones graves, pedirá su sobreseimiento en base al peritaje de parte.

Los Sauces y Hotesur: el fiscal pidió que se rechace el sobreseimiento de Cristina Kirchner

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; sus hijos Máximo y Florencia; los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López y todos los demás imputados en la causa por presunto lavado de activos, dádivas y asociación ilícita en la explotación de las empresas hoteleras Los Sauces y Hotesur fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal número cinco, en un fallo dividido.

Ratifican la doble jubilación para Cristina Fernández

El tribunal, por dos votos contra uno, consideró que la prueba reunida tras la elevación de la causa a juicio, especialmente un peritaje contable, demostró la inexistencia de perjuicio y, en consecuencia, también de delito.

“Aun cuando no pueda desconocerse la trascendencia que pesa sobre las investigaciones en los delitos contra la administración pública, no es posible soslayar que su persecución debe hacerse siempre con la ley en la mano y en plena observancia”, sostiene la resolución, de 375 páginas.

La Causa Los Sauces y Hotesur era la más complicada que aparecía en el horizonte judicial de la vicepresidenta y, de hecho, involucraba directamente  a sus hijos, quienes estaban en camino al juicio oral junto con ella.

El sobreseimiento fue dictado por los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti, quien consideró que el planteo de los abogados de la familia Kirchner, Ary Lernovoy y Carlos Alberto Beraldi, debía ser rechazado.

Ello hubiera implicado la realización del juicio oral que, por ahora, no se realizará.

La decisión del tribunal oral es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal, la misma instancia judicial que atraviesa –por ejemplo- la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán.

El voto de mayoría sostiene que ·”la extensión argumental de esta decisión, el detenido tratamiento del caso en él contenido, el relevamiento jurisprudencial y doctrinario formulado y las pormenorizadas respuestas otorgadas a cada uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía testimonian el grado de escrutinio a que han sido sometidos los planteos defensistas”.

Los jueces resaltaron que el proceso al que estuvieron sometidos los hasta hoy imputados “no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

El fallo dispuso el sobreseimiento de la vicepresidenta; los empresarios a Osvaldo José Sanfelice, Alberto Oscar Leiva, Cristóbal Manuel López y Fabián De Sousa  y a Máximo Carlos Kirchner, Florencia

Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Emilio Carlos Martín, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza, Martín Samuel Jacobs, Alejandro Fermín Ruiz, Carlos Alberto Sancho, Norma Beatriz Abuin, Leandro Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez y

Claudio Fernando Bustos.

Los jueces declararon también “la imposibilidad de proseguir el trámite de estas actuaciones respecto de Lázaro Antonio Báez y Cristina Fernández de Kirchner en orden al delito de asociación ilícita, por haberse conculcado la garantía de ne bis in ídem”, un principio jurídico que sostiene que nadie puede ser perseguido dos veces por un mismo delito.

El tribunal consideró que ambos ya fueron investigados por esa figura.

Diego Velasco sostuvo que hay prueba pendiente y que todo se debe analizar en un juicio para el que pidió que se fije la fecha de inicio. Ahora debe resolver el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py

El fiscal federal Diego Velasco pidió hoy que se rechace el planteo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, de sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y de otros acusados en las causas Los Sauces y Hotesur y que se haga el juicio oral. El fiscal planteó que toda la prueba se debe analizar en el proceso oral para el que pidió que se fije su fecha de inicio para juzgar una presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Velasco presentó esta mañana su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que ahora debe resolver si sobresee a Cristina Kirchner y al resto de los acusados o si rechaza los planteos y confirma la realización del juicio oral.

A fines de octubre la defensa de la vicepresidenta y de sus hijos, a cargo del abogado Alberto Beraldi, pidió la desvinculación del caso. Luego se sumaron otros imputados, empresarios y el contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos.

La DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces – de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios acusados. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La defensa de los Kirchner planteó varios argumentos para pedir el sobreseimiento. Sostuvo que no hubo lavado de dinero porque el dinero para pagar los alquileres estaba bancarizado y que se puede seguir su trazabilidad. También que si no hubo lavado tampoco existió la asociación ilícita. “La ausencia de afectación del bien jurídico tutelado en la norma que prohíbe la conducta de lavado de activos fulmina cualquier posibilidad de progreso a la imputación que en esta dirección se efectúa respecto a nuestros defendidos, por su atipicidad, lo cual entendemos evidente y no precisa de la realización de un debate oral para su comprobación”, analizó la defensa para pedir el sobreseimiento.

Con la opinión de las defensas luego fue el turno de los acusadores. La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante en la causa, no dijo si se debe aceptar o rechazar el sobreseimiento. Los abogados de la UIF sostuvieron el lunes que el Tribunal Oral debe resolver el planteo y que se debe tener en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

Esta mañana dictaminó la Fiscalía en un escrito de 72 páginas al que accedió Infobae. Velasco sostuvo que los pedidos de sobreseimiento se deben rechazar. Explicó que todavía hay prueba pendiente que se está realizando -dos peritajes que están en el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un pedido de informes a la municipalidad de Río Gallegos que hace dos años no contesta- y que todo eso se debe analizar en un juicio oral. Agregó que los planteos de sobreseimiento violan el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a analizar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción.

También señaló que un planteo similar ya fue resuelto por el TOF 5 y que actualmente se encuentra apelado en la Corte Suprema. La Fiscalía citó en sus argumentos el fallo “Blaquier” del máximo tribunal en el que sostuvo que la Cámara Federal de Casación no puede analizar prueba si el juicio no se realizó. Velasco agregó que si Casación no puede hacerlo, tampoco un Tribunal Oral que es una instancia inferior.

“Existe un peligro de resolver cuestiones inherentes a otros procesos en trámite que provocarían un conflicto jurisdiccional sin precedentes”, señaló Velasco. La referencia es porque las defensas sostienen que si el delito precedente del lavado son las obras públicas que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Lázaro Báez, uno de los acusados del caso, esa situación ya fue desestimada por la justicia de Santa Cruz. Pero el fiscal señaló que otro tribunal oral está haciendo el juicio por las obras públicas.

Así, el fiscal planteó que los pedidos de sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los acusados se deben rechazar y avanzar al juicio oral. Sobre eso, Velasco le solicitó al TOF 5 que le ponga un plazo a los peritos de la Corte Suprema para finalizar los peritajes y que cuando estén terminados fije fecha para iniciar el juicio oral.

Con todos los planteos ahora deben resolver los jueces del TOF 5, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Esa integración tiene un límite. A fin de mes Grünberg deja el tribunal porque se le termina su subrogancia, por lo que la expectativa está puesta en si los magistrados tratarán los pedidos antes de que termine noviembre o si la resolución llegará a partir de diciembre con el nuevo juez que se integre a Palliotti y Obligado.

Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa dólar futuro

La decisión que tome el tribunal puede ser apelada a la Cámara Federal de Casación Penal y luego a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el caso llegue a Casación intervendrá la Sala I. Es la misma que en abril pasado sobreseyó a Cristina Kichner en la causa de dólar futuro.

Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral en cinco causas después que dejó en 2015 la Presidencia de la Nación. En dólar futuro y en la firma del memorándum de entendimiento con Irán fue sobreseída. En el expediente por las presuntas irregularidades en las obras públicas que Báez recibió para la provincia de Santa Cruz está siendo juzgada desde mayo de 2019. En Los Sauces-Hotesur busca ahora su sobreseimiento. Y el quinto expediente, el llamado de “los cuadernos de la corrupción”, está a la espera de a definición de qué prueba se analizará que se fije de la fecha de inicio del juicio.

Esta es la segunda vez que el fiscal Velasco dictamina sobre un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner. Lo había hecho en la causa de dólar futuro en la que también pidió que el pedido sea rechazado. Y los jueces Grünberg y Obligado también resolvieron causas de la vicepresidenta. Grünberg votó por el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro -sus dos colegas del TOF 1 opinaron en contrario y el sobreseimiento en ese expediente lo dictó Casación- y Obligado hizo lo propio en la firma del memorándum con Irán.

Cristina Kirchner tildó de “republicanos de morondanga” a dirigentes opositores

Esta decisión se da después de que la defensa de la vicepresidenta pidió en mayo pasado que se declare la nulidad de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y se dicte su sobreseimiento en la investigación iniciada en su momento por el fiscal Alberto Nisman.

Cristina sobre el blanqueo de los Macri: “Era tu papá, eras vos y tu mamá también”

Lo hizo, justamente, al argumentar que “si un juez mantiene reuniones con el presidente de la Nación y al mismo tiempo interviene y decide en una causa sobre la que el mismo presidente de la Nación está interesado, según surge de sus manifestaciones públicas, ¿puede realmente ese juez ser independiente e imparcial? Claramente no“, planteó Cristina.

Lo mismo hizo el 16 de julio, cuando dio sus argumentos en la audiencia pública convocada para defender su planteo de nulidad sobre la causa del Memorándum con Irán.

La vicepresidenta, como el resto de los imputados, estaba acusada del presunto delito de “encubrimiento agravado” sobre la base del argumento que el acuerdo con Irán, supuestamente buscaba dejar sin efecto los pedidos de captura internacional de un grupo de ciudadanos iraníes que participó del ataque terrorista cometido a la AMIA el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.

Por unanimidad, los jueces aceptaron los argumentos de la fiscal Gabriela Baigún, quien desistió de impulsar la acusación en la etapa de juicio.

El tribunal oral federal número uno resolvió por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún, sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como “Plan Qunita”.

“Al no existir en el caso parte privada acusadora que coloque al tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde sobreseer” a todos los imputados, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su segundo, Nicolás Kreplak.

La fiscal desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas omitidas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.

Los funcionarios y empresarios estuvieron acusados por presuntos sobreprecios pagados para la integración de los kits que componían el Plan Qunita, destinado a los hijos de madres de bajos recursos.

“En ausencia de contradictorio entre las partes, la única facultad con la que el tribunal cuenta ante la postura desincriminante de la Fiscal de juicio es la de verificar que actuación; es decir, que el dictamen se halle debidamente motivado”, explicaron los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.

“No caben reparos sobre la construcción argumentativa de la fiscal Baigún, quien, además de exponer sus fundamentos en forma coherente, ha sabido respaldarlos en derecho y en los datos y elementos probatorios incorporados a la presente causa”, añadieron.

El fallo recuerda que ante la falta de querella, el dictamen desincriminante de la fiscal es vinculante y obliga al tribunal a seguir su criterio.

“No existiendo tampoco en el presente caso parte acusadora particular (querella) que coloque al Tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde dictar el sobreseimiento de los encausados, en cuanto al hecho por el cual fueron intimados en el respectivo requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio”, sostiene el fallo, de 38 páginas.

La lista de los sobreseídos está integrada por Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete;  Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud de la Nación; Nicolás Kreplak,  ex viceministro;  Juan Carlos Piccolini, ex director general de Recursos Humanos;  Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de Contrataciones;  Fanny Herrera Clemente Lamas, ex directora de Compras; y Elisa Marta Gulberti, ex directora de Asuntos Legales.

También les cupo el sobreseimiento a Alicia Raquel Escobar Atensio y Claudia Ángela Esteban,  de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; Carlos Tejada, ex jefe de la Análisis Legal; y los ex  funcionarios Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, y Alelí Claudia Pilar García.

Finalmente, también fueron sobreseídos los empresarios María Victoria Flores,  Diego Luis Romero,  Martín Miranda,  Leandro Nicolás Flores,  Sergio Alejandro Lupi,  Jorge Omar Artazcos,  Gustavo Oscar Cilia,  Oscar Alejandro Micheli y Dora María Ruocco.