El comunicado denuncia que los paros realizados por el sindicato son “intempestivos, intermitentes y reiterados”, acusándolos de “boicotear salvajemente las transmisiones”. Esta acción es descrita no solo como una exacerbación de “la grave crisis económica y financiera” que enfrenta la industria televisiva, sino también como un sabotaje directo hacia la empresa que “presta un servicio de interés público”.

Con miras a “normalizar las transmisiones” a partir del lunes 11 de marzo, Grupo América ha decidido liberar a 249 empleados del sindicato de la obligación de prestar servicios, una medida amparada por el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. El comunicado subraya que este conflicto no es nuevo, sino que se inserta dentro de una prolongada disputa con el Satsaid, exacerbada por la actual discusión de paritarias.

La disputa también ha revelado un descontento profundo con el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, que según las declaraciones de Grupo América, “inexorablemente deberá ser revisado desde su matriz y adecuado a los avances tecnológicos”. Además, el comunicado anuncia que iniciarán “acciones legales contra la entidad sindical”, responsabilizándola por los perjuicios causados al “propiciar una modalidad ilegal y de sabotaje del derecho constitucional del trabajador a la huelga”.

Este conflicto señala una creciente tensión entre los medios de comunicación y los sindicatos, con implicaciones significativas para la industria televisiva y la legislación laboral en Argentina.

Referentes sindicales respaldaron la medida anunciada por el Gobierno que deja exento del pago del Impuesto a las Ganancias a una serie de adicionales de convenio.

“La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina apoya y acompaña la iniciativa llevada adelante por el Gobierno y los ministerios de Economía y de Trabajo”, señaló su secretario general, Ricardo Pignanelli en un comunicado.

Por su parte, el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, también subrayó ” la rápida respuesta del Gobierno para resolver nuestro pedido al ministro de Economía para exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores”.

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En Twitter, Daer destacó que “más de 600.000 trabajadores serán beneficiados a partir de esta decisión, que representa un aumento del salario real y un avance en favor de los asalariados”.

Asimismo, el secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, manifestó su apoyo al proyecto “para que los trabajadores no paguen ganancias en los diferentes rubros”.

“Esta iniciativa del Gobierno tiene como objetivo el cuidado salario”, afirmó Moyano en un tuit.

En la misma línea, el secretario general de Unión Informática, Ignacio Lonzieme, expresó “total apoyo” a la medida, y consideró que “cumplir con este reclamo histórico trae un alivio muy importante al deteriorado poder adquisitivo de los salarios”.

“Estas voluntades son las necesarias aún en un contexto tan difícil. Es cuestión de tener decisión política para que un eje tan importante para la Argentina como lo es el salario se recupere y esté en el lugar prioritario que le corresponde”, concluyó Lonzieme.

Por su parte, al expresar su apoyo a la medida, Pignanelli remarcó que “más de 600.000 trabajadores se verán beneficiados positivamente en sus salarios”.

También resaltó que “este beneficio representa un aumento del salario real”, y puntualizó que la medida se tomó “exceptuando diferentes puntos convencionales para el cálculo de este impuesto, como también entendiendo que el salario no es ganancia”.

“Una vez más resaltamos el compromiso del ministro de Economía (Sergio Massa) a los reclamos y a dar rápida solución a un problema histórico del movimiento obrero”, agregó PIgnanelli.

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El Gobierno Nacional acordó exceptuar del Impuesto a las Ganancias a remuneraciones adicionales

El ministro de Economía, Sergio Massa y la Confederación General del Trabajo (CGT), acordaron dejar exento del pago del Impuesto a las Ganancias, a una serie de adicionales de convenio, con lo que se busca beneficiar a más de 600.000 trabajadores en relación de dependencia, según informó hoy el Palacio de Hacienda.

La cartera económica indicó que “la mejora salarial de bolsillo, según los rubros en los que se desempeñe cada trabajador, será de hasta un 16 por ciento” y entre los conceptos que ya no pagarán el impuesto, generando un impacto positivo en los salarios de los trabajadores alcanzados, se encuentran, los bonos por productividad, fallo de caja y conceptos de similar naturaleza, la retribución por movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, las horas extras, adicionales por turno rotatorio y similares”.

El Ministerio de Economía puntualizó que “del total de 600 mil empleadas y empleados beneficiados por adicionales salariales en el Impuesto a las Ganancias, 270.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75.000 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4.400 a la provincia de Catamarca, 4.890 a la provincia de Chaco, 11.800 a la provincia de Chubut, 48.800 a la provincia de Córdoba, 7.200 a la provincia de Corrientes, 15.300 a la provincia de Entre Ríos, 5.000 a la provincia de Formosa, 5.500 a la provincia de Jujuy, 7.400 a la provincia de La Pampa, 3.600 a la provincia de La Rioja, 21.600 a la provincia de Mendoza, 8.200 a la provincia de Misiones, 12.707 a la provincia de Neuquén, 10.600 a la provincia de Río Negro, 7.400 a la provincia de Salta, 7.200 a la provincia de San Juan, 6.300 a la provincia de San Luis, 3.800 a la provincia de Santa Cruz, 46.400 a la provincia de Santa Fe, 4.400 a la provincia de Santiago del Estero, 14.300 a la provincia de Tucumán”.

El líder del principal sindicato francés condicionó hoy la aceptación de la propuesta de diálogo de la primera ministra, Élisabeth Borne, a que deje de lado su impopular reforma de las pensiones, en pleno conflicto social.

“Si la mano tendida es rediscutir el trabajo y las pensiones, y dejar de lado de momento la reforma (…) Si estos dos temas están sobre la mesa, discutiremos”, aseguró Laurent Berger, del sindicato reformista Confederación Democrática Francesa del Trabajo (CFDT por sus siglas en francés), en la cadena France 2.

Francia se encuentra sumida desde enero en un fuerte conflicto social que se agravó el 16 de marzo, cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió adoptar por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030.

Desde su adopción definitiva cuatro días después, el gobierno intenta avanzar en otros asuntos, cerrando el capítulo de esta reforma, si bien las manifestaciones, cada vez más duras, continúan con más de un millón de personas en las calles.

Otra jornada de furia en Francia por la reforma jubilatoria: centenares de detenidos

“La ley de las pensiones quedó atrás”, reiteró este lunes el portavoz del gobierno, Olivier Véran, en un momento en que el gobierno busca maneras para apaciguar la situación y delinear a su vez una hoja de ruta centrada en los próximos proyectos.

Ayer, la primera ministra aseguró estar “a disposición” de los partidos políticos, sindicatos y colectivos para “calmar las cosas” pero subrayó durante una entrevista con la agencia de noticias AFP que la reforma “seguirá su curso”.

El viernes, un día después de que las protestas masivas se tornaran en disturbios con casi medio millar de detenidos, Berger pidió a Macron “poner en pausa” la reforma, si bien el presidente respondió que esta debía continuar su “camino democrático”.

Esta reforma, clave para su segundo mandato hasta 2027, enfrenta los recursos presentados por la oposición ante el Consejo Constitucional, que debe fallar ahora sobre su validez antes que el presidente francés pueda promulgarla.

Mientras tanto, los sindicatos, que acusan al gobierno de ignorar el rechazo popular a su proyecto, prevén continuar las protestas y convocaron a un paro nacional y manifestación para mañana.

Sin embargo, ya desde hoy se registraron nuevas protestas, las cuales se trasladaron a las inmediaciones del Museo del Louvre, en París, que tuvo que cerrar sus puertas ante el bloqueo de su principal acceso.

Francia: nueva jornada de protestas en rechazo a la reforma de pensiones

El propio museo informó en redes sociales que no admite visitantes debido a las movilizaciones.

“Agradecemos su comprensión”, añadió la institución, que no aclara cuándo prevé volver a abrir sus puertas, informó la agencia de noticias Europa Press.

La medida había sido anunciada previamente por la Confederación General del Trabajo (CGT), que había confirmado la participación de personal del propio museo que también se sumó al paro.

Pese a las masivas protestas que se registran en el país, el Senado francés aprobó la ley que aumenta de 62 a 64 años la edad legal de jubilación. Los sindicatos no se rinden y continuarán con huelgas y manifestaciones

El Senado francés ha votado a favor de retrasar dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años. Los senadores aprobaron por 201 votos contra 115 en una sesión nocturna, pese a la oposición de los sindicatos apoyada por la mayoría de los franceses.

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La reforma penaliza sobre todo a las mujeres que tendrán que trabajar más años para cobrar la pensión completa.

Los sindicatos han prometido presionar al Gobierno de Emmanuel Macron con más protestas y huelgas.

Más allá de ser aprobada en el Senado, el gran obstáculo del presidente Macron son las movilizaciones organizadas por la mayoría de los sindicatos franceses.

Nueva huelga en Francia en rechazo a la reforma jubilatoria de Macron

A pesar de las masivas movilizaciones contra la reforma jubilatoria en Francia, el Senado del país europeo aprobó en la noche del miércoles aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, el principal punto de los cambios al sistema de pensiones promovido por el presidente Emmanuel Macron.

Tras una intensa jornada de debates, 201 senadores se pronunciaron a favor del proyecto de ley que aumenta en dos años la edad a la que los franceses se podrán jubilar, mientras que 115 se pronunciaron en contra y 29 se abstuvieron.

Francia elevará la edad de jubilación y los sindicatos se preparan para las protestas

Para entrar en vigor, la reforma jubilatoria aún debe ser consensuada por las dos cámaras del Parlamento, para lo cual tienen un plazo hasta el 26 de marzo.

3,5 millions manifestants hierLe COR ne voit pas l'utilité de ce texte #Retraites 2 Français sur 3 sont contre cette réformeNeuf actifs sur dix disent #64ansCestNon

Mais La Droite au #Sénat vote Pour et insulte les syndicats, les salariés, les femmes, les jeunes.. #honte ? pic.twitter.com/tv2U9ieI6I

— Karima Delli (@KarimaDelli) March 8, 2023

Más allá de ser aprobada en el Senado, el gran obstáculo del presidente Macron son las movilizaciones y protestas masivas organizadas por la mayoría de los sindicatos franceses.

El pasado martes, se registró la mayor jornada de movilizaciones en el país galo desde el comienzo del movimiento en enero por el número de manifestantes: 1.28 millones, según el Ministerio del Interior, 3.5 millones, según la Central General del Trabajo (CGT).

L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle le 11 mars puis la semaine prochaine, à une journée de manifestations et de grève … Elle appelle la population à continuer la mobilisation et les actions, encore plus massivement ! pic.twitter.com/sfGENsKCpY

— CGT SPECTACLE (@cgt_spectacle) March 7, 2023

Las principales centrales obreras y gremios franceses convocaron a dos nuevas movilizaciones para el 11 y 15 de marzo y solicitaron que el mandatario los reciba con urgencia Macron, al que reclaman la retirada de su proyecto de reforma de pensiones.

Mientras tanto, los paros continúan en ciertos sectores, en particular en el transporte público y en la energía.

Anunciaron la radical medida ante la firme postura del gobierno de Emmanuel Macron de atrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, entre otras modificaciones a la ley actual

Empleados del sector eléctrico dejaron sin corriente este jueves las obras de la ciudad olímpica y el Estadio de Francia en Saint-Denis, al norte de París, para protestar contra la reforma de las pensiones en Francia, informó el sindicato CGT.

“La acción privó de energía la villa olímpica, el barrio a nivel de la zona comercial, los centros de datos y también el Estadio de Francia”, declaró a la prensa Sébastien Menesplier, responsable de la rama energía de la CGT.

La acción, que también afectó al suministro de gas, se inscribe en las protestas contra el proyecto del presidente Emmanuel Macron de atrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de aumentar la cotización necesaria para una pensión completa.

Nueva huelga en Francia en rechazo a la reforma jubilatoria de Macron

“Frente a un gobierno firme, nosotros también estamos firmes (…) Llamo a la responsabilidad del gobierno y del presidente: Retiren su reforma y los electricistas y gasistas volverán a trabajar por el servicio público y el interés general”, agregó.

Unos 300 trabajadores estaban presentes para esta acción. Algunos de ellos, encapuchados, levantaron los brazos y encendieron bengalas de humo para esconder a aquellos que cortaron la corriente y protegerlos de las miradas y las cámaras.

Los sindicatos recrudecieron su pulso el martes con huelgas prorrogables y acciones más mediáticas, después de que cinco jornadas de pacíficas protestas masivas en enero y febrero no lograran que el gobierno diera marcha atrás a su impopular reforma.

Pero el tiempo apremia para los opositores. El gobierno usó un polémico procedimiento que limitó el tiempo de debate parlamentario y le permite aplicar la reforma a partir del 26 de marzo, si las dos cámaras del Parlamento no han conseguido votarla.

París debe acoger los Juegos Olímpicos en julio y agosto de 2024. El Estado de Francia de Saint-Denis será sede de deportes como el atletismo y el rugby.

Asimismo, un centenar de personas con distintivos de los sindicatos franceses han bloqueado desde primera hora de la mañana en los dos sentidos el peaje de Le Perthus, junto a la frontera española, lo que empezó a generar colas de coches y otros vehículos, dentro de las protestas contra la reforma de las pensiones.

Un fotógrafo de EPA pudo comprobar que el bloqueo comenzó hacia las 8.00 hora local (7.00 GMT) y que con el paso del tiempo fueron aumentando las filas de espera a uno y otro lado del peaje.

Las fuerzas del orden estaban presentes, pero no intervenían, al menos en un primer momento.

Diferentes acciones de ese tipo se han organizado en Francia desde comienzos de semana, sobre todo en centros logísticos y en nudos de comunicación de las vías de acceso a las grandes ciudades, para hacer presión al Gobierno y obligarlo a retirar su proyecto de ley de reforma de las pensiones, que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 años actualmente a 64.

El martes fue la sexta jornada de movilización desde enero organizada por todos los sindicatos del país contra ese proyecto, que ahora continúa su tramitación parlamentaria en el Senado, y fue la más masiva en términos de manifestantes.

Aunque las centrales no lograron paralizar el país ese día, como habían anunciado, los paros continúan en varios sectores, en particular en el transporte público y en la energía.

Desde comienzos de la semana, los huelguistas impiden la salida de carburante de las refinerías y este miércoles en un 7 % de las gasolineras del país faltaba algún tipo de carburante, aunque la patronal del sector trata de quitar importancia a esa cifra.

El presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, explicó hoy en declaraciones a la emisora France Info que al margen de los paros, “de forma permanente” hay gasolineras que no son abastecidas con algún combustible.

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Gantois insistió, sobre todo, en que “no hay ningún problema de abastecimiento en carburante en Francia” y, en un mensaje a los consumidores, les pidió que no vayan a llenar sus depósitos si no es necesario.

Como en las jornadas anteriores, los paros se hacen sentir hoy en particular con decenas de vuelos cancelados en los principales aeropuertos del país y con muy pocos trenes: se han cancelado dos tercios de los trenes de alta velocidad (TGV), el 60 % de los regionales y hasta el 80 %, según las líneas, en los cercanías de París.

No circula ningún tren este jueves, como ya ocurrió el martes y el miércoles, en el corredor París-Barcelona.

Esta pasada medianoche, el Senado francés adoptó el artículo más importante del proyecto de ley de reforma de las pensiones, el que retrasa de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación, gracias a la mayoría de derechas en la cámara alta.

Sindicatos y partidos de la oposición comenzaron esta mañana en Francia una nueva jornada de huelgas y movilizaciones contra la reforma de las jubilaciones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron, sin grandes incidentes pero sí con complicaciones en el transporte y bloqueos en cientos de escuelas.

Los grandes sindicatos han unido sus voces para tratar de repetir el éxito de la gigantesca protesta del 19 de enero, cuando un millón de ciudadanos -según cifras oficiales, el doble para los organizadores- se volcaron a las calles en las principales ciudades del país para manifestar su oposición a la iniciativa, que pretende un piso de 64 años de edad (el actual es de 62) para que un trabajador acceda a la jubilación, reseñó la agencia de noticias Europa Press.

La huelga contaba esta mañana con fuerte acatamiento en los transportes, particularmente en el subte de París, los trenes de cercanías de la región parisina y los ferrocarriles de provincia, donde la circulación era cercana a cero, apuntó AFP.

La misma fuente añadió que, producto de la medida de fuerza, hoy se podía encontrar “escuelas cerradas, trenes anulados y una caída de la producción eléctrica”.

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El diario Le Monde indicó que para hoy se prevén 250 concentraciones en todo el país “de Arras a Marsella pasando por Toulouse y Reunión”. En París, la marcha partirá de la Place d’Italie a las 14 (las 10 en la Argentina).

La huelga en el sector energético provocó una caída de producción en las centrales nucleares de “casi 3.000 MWh”, según la empresa EDF. Entre un 75% y un 100% del personal de las refinerías y de los depósitos de TotalEnergies se unieron al paro, según la central sindical CGT.

La nueva jornada de protesta podría aumentar la tensión en la Asamblea Nacional (Cámara baja), que comenzó ayer el examen en comisión de la reforma y que tiene menos de una semana para debatir las 7.000 enmiendas presentadas antes de que llegue al pleno el lunes próximo.

Con el rechazo ya anunciado del frente de izquierdas Nupes y de la extrema derecha, el gobierno espera el apoyo del partido de derecha Los Republicanos (LR), favorable a una reforma pero dividido sobre sus características.

Desde su llegada al gobierno en 2017, Macron, de 45 años, defendió su voluntad de “sacudir” el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones han impulsado su imagen de “presidente de los ricos”, como durante la protesta social de los chalecos amarillos, iniciada en octubre de 2018.

La reforma de las pensiones es clave en su estrategia. Después de que la pandemia lo obligara a retirar un primer intento, el gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el recurso de sacar la reforma por decreto si para fines de marzo no hubo sanción del Congreso.

El rechazo a la reforma se sitúa actualmente en torno del 70%, según los sondeos. Además, una encuesta de Odoxa estableció que dos de cada tres franceses consideran a Macron un mal presidente y a Élisabeth Borne una mala primera ministra.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió ayer al rescate del gobierno al expresar su apoyo a la reforma, que junto a la aprobada sobre el seguro por desempleo, permitiría que Francia reduzca su deuda pública, situada por encima del 110% del PIB.

El proyecto establece un retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto ocho años a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.

Sin embargo, la edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea (UE) es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 65 años de España o a los 67 de Dinamarca.

Los explosivos fueron arrojados contra un edificio de la obra social Osecac de Empleados de Comercio, en Corrientes al 400, y contra un inmueble del Sindicato de Recibidores de Granos, en San Lorenzo al 2000.

Fue con la misma modalidad a pocas cuadras de distancia, sin que se produjeran heridos

Dos ataques incendiarios con artefactos de fabricación casera, con bombas tipo molotov, afectaron sedes sindicales del centro de la ciudad este lunes al atardecer, con menos de 10 cuadras de diferencia.

El primero de los hechos se registró contra el frente de un edificio del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario en calle Corrientes al 400. En esta oportunidad se trató aparentemente de un explosivo arrojado contra la fachada de la obra social Osecac. En la misma vereda, el edificio del gremio en pleno centro rosarino había sido atacado a balazos en septiembre de 2021.

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Por otra parte, minutos después se conoció que en San Lorenzo al 2000 la sede de la obra social del Sindicato de Recibidores de Granos sufrió un ataque similar. Aquí, los testigos señalaron que una persona bajó de un auto color rojo, tiró nafta y luego arrojó la molotov iniciando un incendio que pudo ser controlado con extintores sin que se produjeran heridos. Se investiga si hubo vinculación de ambos hechos.

Un equipo periodístico del programa Telenoche Rosario pudo hablar brevemente con un integrante de bomberos quien informó que en la puerta de ingreso a la sede de la obra social Osecac en Corrientes al 400, se inició “un incendio en la puerta que fue extinguido con extintores por personal policial”.

Consultado sobre el origen de las llamas, si se trató de una molotov, el bombero contestó que aun “se está trabajando para determinar las causas” y dijo que el accionar policial evitó que el incendio pasara a mayores.

Detrás de las rejas del frente de Osecac, se observaba una botella plástica que podría haber formado parte del artefacto arrojado y además había un fuerte olor a nafta, según relataron testigos.

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Trabajaban en la zona agentes de la Policía Motorizada y una dotación de Bomberos sin interrupción de tránsito en la cuadra. Por otra parte, el supermercado de la Asociación Empleados de Comercio funcionaba con normalidad y había una alta circulación de personas, sorprendidas y preocupadas por lo ocurrido. No se registraron heridos por el hecho.

En septiembre de 2021 la fachada de Empleados de Comercio había sido atacada a balazos por un sujeto que se movilizaba en moto. En aquella oportunidad contaron al menos 12 disparos contra el edificio minutos antes de la medianoche.

La protesta es para pedir la renuncia de los jueces del máximo tribunal. Será a las 18:00. “Es una movilización ciudadana, convocada, y es una expresión”, dijo Alberto Fernández.

Movimientos sociales, referentes de derechos humanos, sindicatos y otros sectores vinculados al kirchnerismo se movilizan este martes hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia del centro porteño. Bajo la consigna “basta de impunidad”, quienes participan de la protesta exigen “el fin del lawfare”, además de la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Entre los que apoyan la movilización que tendrá lugar a las 18:00, se encuentran los ministros: Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) Aníbal Fernández (Seguridad), Juan Martín Mena (viceministro de Justicia). En la lista también figuran la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el diputado nacional y titular del gremio de la Bancaria, Sergio Palazzo; el también legislador nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y el dirigente social Luis D’Elia, entre otros.

Mientras que de las tres organizaciones sociales cercanas al oficialismo, en la Corriente Clasista y Combativa, del diputado nacional Juan Carlos Alderete, y Somos Barrios de Pie, del también diputado Daniel Menéndez, aseguraron a TN que harán “presencia simbólica”. Es decir, movilizarán a una delegación, pero de ninguna manera llevarán a toda su gente a la calle. En tanto, el Movimiento Evita, que comanda Emilio Pérsico (funcionario de Desarrollo Social), anticiparon que no acompañarán.

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Además, las organizaciones de derechos humanos que informaron que se sumarán a la movilización se encuentran: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros.

Cómo será el acto contra la Corte Suprema

Durante una conferencia de prensa, D’Elía adelantó que la concentración se realizará en la plaza del Teatro Colón y que a las 18:00 se movilizarán hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, donde se instalará un remolque para escenario. El único orador que fue anunciado, hasta el momento, fue el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, Juan María Ramos Padilla.

Sin embargo, otro sector, que habría delineado su propia organización y que integran Yasky, Moyano, Roberto Baradel (SUTEBA) y José Schulman (presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) había impulsado la lectura de un documento con las tres consignas principales de la protesta: repudio al desempeño de la Corte Suprema y sus miembros, reclamar contra la impunidad y ponerle fin al “lawfare”.

Qué dijo el Gobierno sobre la movilización contra la Corte Suprema

Desde Honduras, hacia donde se trasladó para participar de la asunción de la flamante presidenta Xiomara Castro, Cristina Kirchner se refirió a la movilización del 1F, aunque sin nombrarla directamente. En palabras de la exmandataria nacional, antes en América Latina había golpes militares y “ahora hay golpes judiciales”.

En tanto, Alberto Fernández se expresó por primera vez a horas de que se concretel la movilización y afirmó: “La Corte no ha funcionado bien todo este tiempo”. “Hubo decenas de quejas planteando abusos en las detenciones, los procesamientos. Fue viendo pasivamente cómo todo esto pasaba porque el sistema jurídico argentino le permite a la Corte hacer eso”, aseguró. Y completó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana, convocada, y es una expresión”.

Antes de que el presidente y la vicepresidenta se expresaran, la portavoz Gabriela Cerrutti aseguró que “el Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social”. “Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno”, agregó.

“Cristina Kirchner no está de acuerdo con la renuncia de Máximo”, lo aseguró Alberto Fernández

Quiénes son los impulsores de la marcha contra la Corte Suprema que tuvieron causas judiciales

Luis D´Elía: en 2017 fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, en junio de 2004, por los delitos de “atentado contra la autoridad”, “usurpación del espacio público, “instigación a cometer delitos”, “lesiones” y “privación de la libertad”.

Tras pasar algo más de un año detenido, en 2020 le otorgaron el arresto domiciliario y un año más tarde obtuvo la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de su condena.

Juan María Ramos Padilla: su hijo, el también magistrado Alejo Ramos Padilla, está denunciado por haber impulsado el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Hebe de Bonafini: la titular de Madres de Plaza de Mayo fue procesada por la causa Sueños Compartidos y en 2020 se confirmó su elevación a juicio oral. Será juzgada como presunta partícipe de defraudación a la administración pública por un supuesto desvío de fondos.

Aníbal Fernández: en octubre de 2021, la Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó su sobreseimiento por supuestos sobreprecios en la compra de derechos de TV del Programa Fútbol Para Todos.

Pablo Moyano: fue procesado en una causa por asociación ilícita entre barrabravas y dirigentes de Independiente (2020), aunque fue sobreseído en diciembre de ese mismo año.

Milagro Sala: el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de cárcel para la líder de la Tupac Amaru en el marco de la causa “pibes villeros”. Está en prisión domiciliaria desde hace dos años. Además, cuenta con otra condena a tres años y dos meses por amenazar policías.

Cristina Caamaño: es la interventora de la AFI. Fue investigada en una causa por la filtración de un informe secreto con los nombres de más de 2000 espías, aunque la jueza María Servini le dictó la falta de mérito. Ademas, es la titular de Justicia Legítima y adelantó que su organización estará presente.

La causa sobre la Gestapo antisindical y la mesa judicial bonaerense avanza sobre el papel de la exgoberandora María Eugenia Vidal. La fiscala Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la actual diputada de Juntos por el Cambio y los de todos los exfuncionarios presentes en la reunión en el Banco Provincia del 15 de junio de 2017 donde su exministro de trabajo, Marcelo Villegas y otros hombres del gabinete provincial, planificaban el armado de causas contra dirigentes sindicales y daban instrucciones a empresarios.

“Mesa judicial bonaerense”: “Pata” Medina pidió que se impute a María Eugenia Vidal

En el dictamen presentado ante el juez Ernesto Kreplak, junto con el pedido de análisis de llamados la fiscalía aclara que “la acción penal” no sólo se dirige a quienes estaban en el encuentro en cuestión, sino contra “toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos…”. Como es evidente, esto habla de Vidal y de otros nombres que puedan surgir.

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La semana pasada, en su postergada aparación pública tras la difusión del video que dio origen a la investigación, Vidal intentó darle una pátina de legalidad al encuentro en el Bapro, con el argumento de que se trató de una simple “una reunión de trabajo”. Un elemento que pone en duda ese concepto de plano es que, como informó Raúl Kollmann en este diario, ninguno de los asistentes registró su entrada al edificio del Banco Provincia, como es habitual.

De lo que no se vio del evento, plantea la fiscala Russo ahora, también importa el papel de personas que no estaban presentes. El pedido de entrecruzamiento de llamadas había sido pedido por la querella del dirigente de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina. Russo pidió que el análisis abarque el período del 1 de mayo de 2017 hasta diciembre del mismo año.

Se eliminarán los productos pirotécnicos debido al daño que provocan a personas con hipersensibilidad auditiva.

“Se van a empezar a eliminar los productos pirotécnicos debido al daño que provocan a personas con hipersensibilidad auditiva”, informó a Télam Guillermo Cantatore, secretario general del Sindicato Único de Empleados la Industria de la Pirotecnia y Afines.

Sindicalistas y empresarios de la industria de fuegos artificiales acordaron eliminar de su producción la fabricación de “bombas y petardos de suelo”, debido al daño que provocan en personas con hipersensibilidad auditiva, pero familiares de niños autistas y asociaciones de defensa de los animales piden que se impida el uso de todo tipo de pirotecnia para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

VIDEOS. Explotó una vivienda en donde fabricaban pirotecnia clandestina

El secretario general del Sindicato Único de Empleados la Industria de la Pirotecnia y Afines (Sueipa), Guillermo Cantatore, informó a Télam que “se van a empezar a eliminar los productos pirotécnicos debido al daño que provocan a personas con hipersensibilidad auditiva”, aunque reconoció que “es verdad que este cambio se tendría que haber hecho hace 10 años”.

Detonaron la pirotecnia y explosivos secuestrados en la URI

A su vez, la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) lanzó por segundo año consecutivo la campaña nacional “Celebremos siempre con fuegos artificiales amigables”, buscando el uso responsable y de menor impacto, precisó su director de Relaciones Institucionales, Ezequiel Asquinasi.

Bajo esta consigna, durante todo el mes de diciembre los comercios, empresas y las 60.000 personas que trabajan en esta industria darán consejos sobre el uso responsable de los productos y alentarán la elección de aquellos con bajo impacto sonoro o lumínicos, según especificó en declaraciones a Télam.

No obstante, Marcos Goldschmidt -quien desde hace siete años lleva adelante una campaña por el “no uso de pirotecnia” con más de 158 mil firmas reunidas hasta el momento a través de una petición creada en la plataforma de Change.org ( Change.org/Bastadepirotecnia)- alertó nuevamente sobre el efecto daniño que estos productos tienen para niños del espectro autista, como es caso de su hijo Ezequiel, mientras que la ONG Sin Zoo advirtió a través de sus redes sociales sobre por el estrés y angustia que le provoca a perros, gatos y aves el uso de fuegos artificiales.

Según se informó esta mañana, la cámara de empresarios de la industria de la pirotecnia y el Sueipa acordaron eliminar la fabricación de las bombas de estruendo y los petardos de suelo y buscan “apuntar a la producción de productos de bajo impacto” para la sociedad.

“Se empezarán a eliminar esos productos que le hacían daño a aquellas personas que sufren hipersensibilidad auditiva y creemos que estas medidas forman parte de la evolución de la actividad”, remarcó Cantatore.

Además, indicó que “son los propios chicos los que cambiaron los gustos (para el disfrute de los cohetes), rechazan los que hacen mucho ruido y prefieren los de bajo impacto”.

En otro orden, el sindicalista alertó que la producción de “los globos (luminosos, que se usan para las fiestas de fin de año), que son muchas veces causante de los incendios, nunca estuvieron regulados; por el contrario nosotros lo estamos por la Anmat”.

El titular del Sueipa también advirtió que “controlar la venta ilegal de fuegos artificiales es muy fácil porque no son muchos los que pueden vender. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sabe dónde están los depósitos y los comercios habilitados. Todo lo que es ilegal o venta en negro es otro tema. Ahí faltan los controles”.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales remarcó la campaña nacional sobre pirotecnia “amigable” que lanzó la asociación por segundo año consecutivo.

“El nivel de sonoridad no genera molestias porque tienen un ruido similar a los ruidos habituales de la ciudad, diferente a los de gran impacto sonoro que son las bombas de estruendo y morteros”, señaló Asquinasi en declaraciones a Télam.

Agregó que “tanto en la Argentina como en todo el mundo se está dando una tendencia donde el propio público elige lo lumínico y de bajo impacto sonoro”, en tanto detalló que estos productos no son más caros que los demás y están autorizados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Sin embargo, Goldschmidt advirtió que su hijo –del espectro autista- “se asusta mucho con las explosiones de los fuegos artificiales. No hay lugar de la casa en donde se pueda proteger, porque se escuchan desde todos lados”.

“Yo apunto a la toma de conciencia y al no uso de la misma para festejos. Hablan de bajo impacto sonoro pero en el festejo de River los fuegos artificiales se escucharon en mi casa y vivo a 8 kilómetros del estadio”, advirtió en declaraciones a Télam.

“Si tenés un ser querido al que le podrías evitar un sufrimiento, ¿lo harías o lo expondrías a que se acostumbre a sufrir y si ese sufrimiento representa una tortura cuál sería el límite de tiempo a esa exposición? Yo no lo haría y si puedo evitarle a mi hijo un segundo de tortura lo hago o por lo menos lo intento”, sentenció.

A su vez, varias asociaciones de defensa de los animales manifestaron por las redes sociales su preocupación por el efecto que el uso de la pirotecnia provoca en las mascotas.

“Los animales tienen una capacidad auditiva superior a la de los humanos, pudiendo escuchar sonidos que para nosotros serían imperceptibles. Cada estruendo de pirotecnia para ellos es mucho peor de lo que nos imaginamos. Les genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y muerte”, advirtió la ONG Sin Zoo.

Es la tercera huelga desde que asumió el presidente, en marzo de 2020.

Miles de trabajadores de Uruguay realizan este miércoles un paro general para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno de Luis Lacalle Pou, a quien acusan de aplicar programas de ajuste que afectan a toda la población.

Uruguay aplicará una tercera dosis a mayores de 60 años

La medida de fuerza fue organizada por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que es la central obrera más importante del país, y tuvo su epicentro en Montevideo.

Dos jóvenes argentinos murieron tras estrellar con su avioneta en Uruguay

Los manifestantes acusan al presidente de recortar el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización (INC), un organismo estatal que distribuye tierras a pequeños productores y les ofrece asistencia financiera.

En su convocatoria, también denunciaron que Lacalle Pou acelera “la aplicación de un programa antiobrero y antipopular” que se refleja en las rebajas salariales de trabajadores públicos y privados, y en la entrega “al gran capital trasnacional” de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), el puerto y la Administración Nacional de Combustibles y Alcohol (Ancap).

“Por las grandes mayorías nacionales. Que los mas infelices sean los más privilegiados”, es el lema elegido para una jornada que representa la tercera huelga general que enfrenta el presidente desde que asumió en marzo del año pasado.

Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, aseguró que será una de las protestas más importantes de los últimos 10 años, ya que también incluye demandas para defender la tierra, la salud, la vivienda digna, así como la aplicación de programas sociales para acelerar la reactivación del empleo y reducir la pobreza.

“La política de ajuste radical contra los derechos y los ingresos de la gran mayoría de la población que viene aplicando este gobierno va a implicar más iniciativa y más movilización de los trabajadores”, advirtió.

? PARO GENERAL · 15/09⁣⁣Con Artigas, ¡por las grandes mayorías nacionales!⁣⁣«Que los más infelices sean los más privilegiados»⁣⁣⁣⁣MOVILIZACIÓN, CAMPO & CIUDAD, POR SOLUCIONES ⁣⁣SUMATE⁣ ?⁣11 hs ·? PALACIO LEGISLATIVO ⁣⁣⁣#YoParo #ParoGralUY pic.twitter.com/2nIlrjXOaZ

— PIT CNT (@PITCNT1) September 14, 2021

En las afueras del Palacio Legislativo, comenzó la movilización organizada en el marco del paro general parcial. pic.twitter.com/yMRCcpE8OF

— Radio Uruguay (@RadioUruguayUy) September 15, 2021

Presentes en la salida en este momento de la marcha a caballo en defensa del Instituto Nacional de Colonización, de zona de Toledo Chico rumbo al Palacio Legislativo, en el marco del paro general. Junto a UNATRA, @AFINCO4 @PITCNT1, Red de Semillas y otros. #YoParo #ParoGralUY pic.twitter.com/bgf4KvAFmI

— REDES – AT Uruguay (@redes_at) September 15, 2021

También explicó que la diferencia ética y política de las políticas públicas en el contexto de la crisis “debería ser tender una mano hacia los sectores más desposeídos, más vulnerables de la sociedad”.

El paro general, agregó, es estratégico porque reflejará un nivel de unidad superior de los trabajadores de la ciudad y el campo, en medio del reclamo del movimiento obrero y popular para que se generen puestos de trabajo de calidad.

Los manifestantes se concentraron por la mañana frente al Palacio Legislativo y después marcharon en el centro de la capital, pero en el resto del país también hubo otros actos.

HOYPARO GENERAL

✔️Que los más infelices sean los más privilegiados.#SinDocentesNoHayEducación#SinEducaciónNoHayFuturo#VivaLaEducaciónPública pic.twitter.com/5r3DN4oMr0

— ⭕️Fenapes (@FenapesUruguay) September 15, 2021

Además, cada sindicato enarboló su propia lista de demandas, como la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPES), que exigen la aplicación de un presupuesto educativo del 6 % del Producto Interno Bruto; asegurar el servicio de los comedores escolares para los estudiantes de educación básica y la continuidad del Programa de Maestros Comunitarios.

La jornada de protesta se llevó a cabo mientras el presidente prepara una gira internacional. Mañana viajará a México para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y después partirá a Nueva York, en donde asistirá a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Cuestionado por el paro, Lacalle reconoció que los manifestantes “están en todo su derecho” de protestar, aunque advirtió que Uruguay necesita trabajar más porque recién está saliendo de la pandemia.

El Ministerio de Educación convocó para este jueves a los cinco gremios docentes con representación nacional (Ctera, Sadop, AMET, CEA y UDA) a reanudar la paritaria federal del sector para discutir un aumento salarial y otras condiciones laborales y de ingresos.

El encuentro se realizará a partir de las 12.30 en el Palacio Pizzurno, y participarán además de los dirigentes sindicales los integrantes del Consejo Federal de Educación.

Sindicalistas y funcionarios habían pasado a un cuarto intermedio en la inauguración de las negociaciones para analizar la propuesta oficial y la contraoferta gremial.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, había señalado la importancia de la apertura del diálogo para monitorear el acuerdo firmado este año y analizar las condiciones de trabajo de los docentes de forma previa al encuentro de noviembre próximo, como lo había determinado el decreto que reinstitucionalizó la negociación convencional.

Trotta indicó de forma previa a ese cuarto intermedio que este mes se percibió el aumento de julio sobre el salario mínimo docente garantizado y, en septiembre, se incrementará otra vez, al igual que las sumas por Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y material didáctico, más allá de lo cual “es necesario una reapertura paritaria y el diálogo sobre los términos del acuerdo alcanzado en febrero” último, puntualizó.

Las partes también analizarán este jueves, además del incremento de los haberes, la posibilidad de sellar un convenio colectivo de trabajo sectorial y las cuatro iniciativas legislativas que impulsa el Gobierno -Justicia educativa, Formación Docente, Tecnología para la educación y Educación superior-, para lo cual Trotta propuso una mesa de trabajo.

Qué demandas llevan los gremiosLa Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que lidera Sonia Alesso, ratificó esta mañana la necesidad de incrementar los salarios entre un 45 y 50 por ciento, y sostuvo que hasta ahora “no hubo una propuesta de mejora concreta”.

Este martes, en su visita a Santiago del Estero, Trotta señaló su expectativa para acordar con los gremios docentes “una nueva paritaria” y remarcó que de prosperar esa instancia será “la séptima” negociación firmada entre el Estado nacional y los cinco sindicatos.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) que lidera el también secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, ratificará el reclamo sobre un convenio colectivo sectorial, la necesidad de incrementar el ingreso inicial y el de los jubilados.

Los sindicatos reclaman un inmediato aumento del salario inicial y demandan “un esfuerzo para que miles de docentes emerjan de la línea de pobreza”, dijo Romero, quien ratificó que existe “un marcado atraso respecto de los salarios ante el avance de los precios y la pérdida de poder adquisitivo”, y que “la gran preocupación es que en todas las provincias los haberes iniciales se ubican por debajo de la línea de pobreza”.

El ingreso inicial de un docente es el que se determina en la paritaria nacional y, luego, cada provincia puede mejorarlo si está en condiciones de reabrir la discusión.

En la última paritaria federal, los cinco gremios docentes con representación nacional y el Gobierno habían acordado un aumento del 34,6 por ciento en tres tramos.

El salario inicial docente era de 27.500 pesos y, luego de ese acuerdo paritario, pasó a 31 mil pesos en marzo, a 34.500 en julio y a 37 mil en septiembre, en tanto el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) se incrementó un 45 por ciento desde marzo último.

Sindicatos y representantes gastronómicos italianos criticaron hoy la entrada en vigencia del denominado “pase verde” sanitario para los comedores de empresas y fábricas, que solo permitirá el acceso a trabajadores vacunados, recuperados del coronavirus o con un test negativo de la Covid-19.

“Se han asegurado fábricas y oficinas, es inaceptable castigar a quienes no tienen el certificado”, criticó el secretario general de la central sindical nacional Cgil, Maurizio Landini, en declaraciones que reproduce hoy el diario Repubblica.

La crítica de Landini se da en el día en que los comedores de empresas y fábricas deberán poner en marcha el certificado que desde el viernes 6 es obligatorio en toda Italia para consumir en mesas internas de bares y restaurantes y para participar de eventos bajo techo o en los que exista riesgo de aglomeración.

“Los comedores de empresas no se pueden equiparar a los restaurantes”, agregó Landini, que pidió un régimen diferenciado para el sector.

En ese marco, el responsable de gastronomía de la cámara empresarial Legacoop, Andrea Laguardia, aseguró que “no se entiende la razón de la obligación” de usar el “pase verde” en los comedores.

“Puedo estar con los colegas en la oficina o en la fábrica, pero luego para al comedor no podemos ir si no tenemos el pase verde. Es incomprensible”(A)(A)

“Puedo estar con los colegas en la oficina o en la fábrica, pero luego para al comedor no podemos ir si no tenemos el pase verde. Es incomprensible”, criticó Landini.

Cómo funciona el pase verde

El certificado, que se descarga al teléfono y ofrece un código Qr, es gratuito y estará al alcance de las personas que tengan al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, a quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses y a quienes se hagan un test con resultado negativo con un máximo de 48 horas de antigüedad.

Para los vacunados tiene una duración de nueve meses desde que se completa la inmunización y para los que demuestren anticuerpos frente a la Covid-19 la vigencia será de seis meses.

De todos modos, el anuncio de la implementación del certificado ya había provocado la semana pasada tensiones por la extensión, a partir del 1 de septiembre, de la obligatoriedad para docentes y personal de escuela de todos los niveles educativos del país.

En ese marco, el presidente de la Asociación Nacional de directores de escuelas, Antonello Giannelli, planteó en declaraciones televisivas que hacen falta “ocho mil personas” para poder controlar que docentes y personal auxiliar tenga el “pase verde”

“Hay que hacerlo rápido,o no será posible garantizar los controles”, agregó Giannelli.

Para facilitar el acceso al “pase verde”, el Gobierno anunció este domingo que el test rápido necesario para obtener el certificado costará ocho euros para las personas de 12 a 18 años y 15 euros para los mayores de edad, al menos hasta fines de septiembre.

“No tenemos nada contra el principio de extender el pase verde, pero no puede volverse un instrumento que se use para despedir y discriminar”, advirtió el líder de la central sindical Cgil (Conferderación General de los Trabajadores de Italia), Maurizio Landini, en declaraciones que reproduce el diario Il Messaggero.

Las declaraciones de Landini llegaron luego de una reunión que representantes sindicales de todo el país tuvieron el lunes con el premier Mario Draghi para buscar consensos frente a la posible introducción del “pase verde” en los lugares de trabajo.

“No tenemos nada contra el principio de extender el pase verde, pero no puede volverse un instrumento que se use para despedir y discriminar”MAURIZIO LANDINI

“El Gobierno se ha reservado el derecho de realizar evaluaciones y tendrá en cuenta nuestras observaciones”, agregó Landini.

Green pass obbligatorio a lavoro, sindacati a Draghi: «Vaccino non sia arma per licenziare» https://t.co/iDalGkCK5P

El “pase verde”, que se otorgará a personas con al menos una dosis de vacuna, a las recuperadas de coronavirus en los últimos seis meses o a quienes presenten un test negativo con 48 horas de antigüedad, servirá para acceder a distintos tipos de eventos en lugares cerrados de toda Italia.

El certificado permitirá solo a personas vacunadas o que presenten un test negativo de coronavirus la asistencia a espacios cerrados dentro de los restaurantes, además de “espectáculos, eventos y competiciones deportivas“, informa el sitio del Gobierno dedicado a la medida.

Con más del 60% de la población italiana mayor de 12 años ya inmunizada contra el coronavirus, el “pase verde” habilitará también de forma exclusiva el ingreso a museos, lugares de cultura y congresos.

Además, según adelantó el ministro de Salud, Roberto Speranza, analizan también extender el certificado al transporte aéreo y ferroviario de media y larga distancia.

Pese a que Duque retiró la controvertida reforma y prometió redactar otra y a la renuncia del ministro de Hacienda, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta con el llamado a una nueva movilización en Bogotá,

Cali, Medellín, Bucaramanga y muchas otras ciudades.

En medio de fuerte expectativa, accesos y avenidas de Bogotá amanecieron hoy con los primeros bloqueos, informó la agencia de noticias DPA.

Tras una convulsa semana de protestas y feroz represión, los manifestantes exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.

Colombia entró hace una semana en una espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública, cuando miles de personas salieron a las calles el 28 de abril en al menos 23 ciudades del país contra el proyecto de reforma impositiva.

Esa primera jornada desbordó las previsiones iniciales y acabó derivando en represión y enfrentamientos con la Policía.

Esta semana, la Defensoría del Pueblo de Colombia contabilizó más de 19 muertos, 89 desaparecidos y miles de heridos.

La prensa colombiana se hizo eco de la brutalidad policial cuando una mujer perdió la visión de un ojo después de que un agente policial le disparara directamente a la cara.

La respuesta represiva desató reacciones internacionales y fue condenada por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, que se declaró “profundamente alarmada” por los acontecimientos.

También Estados Unidos instó a las fuerzas del orden en Colombia a la “máxima moderación” para evitar más muertes durante las protestas e hizo un llamado al “diálogo político”.

El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó ayer que las actuaciones de los agentes se desarrollaron “con base en el respeto de los derechos humanos”.

A las denuncias se sumó Amnistía Internacional (AI), que exigió que las autoridades colombianas investiguen “de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes”.

La represión “ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas”, dijo AI.

Chile amaneció este viernes bajo una Huelga General Sanitaria, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en rechazo al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Miles de trabajadores privados y estatales, así como organizaciones universitarias, campesinas y derechos humanos, llevaron a cabo este viernes una huelga general en Chile para repudiar al Gobierno y exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera, quien, a menos de un año de terminar su gestión registra una popularidad de apenas el 9,0 %.

Los reclamos en su contra son múltiples, desde el manejo de la crisis sanitaria que hoy, a pesar de la exitosa de campaña de vacunación del país sudamericano, vive su momento más crítico con toque de queda, restricciones y récord de contagios y muertes, hasta su resistencia al tercer retiro de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso, con el fin de que la ciudadanía cuente con recursos para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia.

“Chile vive hoy una profunda crisis política, institucional, económica y social. Crisis expresada también desde los partidos que apoyan al gobierno, por un nefasto e indolente presidente”, señaló el manifiesto publicado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que fue firmado por ciento de agrupaciones.

? Llamamos a las y los trabajadores y al pueblo en su conjunto a la gran #HuelgaGeneralSanitaria para este 30 de abril, vamos a frenar el abuso empresarial del Gobierno y su agenda anti-derechos ✊ ¡Pan, trabajo, salud y dignidad! ? pic.twitter.com/wI0Q7kYpU1

#HuelgaGeneralSanitaria I "Movilización de fuerza y unidad de la clase trabajadora que demostrará el descontento y malestar de la población con la indolencia y avaricia de un Gobierno que no ha dudado en salvaguardar intereses de la clase empresarial" ? https://t.co/nJIqRSnT3D pic.twitter.com/83QMJqvEPH

El texto sostiene que Piñera “gobierna para unos pocos privilegiados que se hacen cada vez más ricos y que se niegan a pagar impuestos a sus riquezas y a una verdadera reforma tributaria progresiva”, mientras que la gran mayoría de los chilenos permanecen “endeudados y sin soluciones integrales en el ámbito económico y social”.

?️ ? @anefchile presente en la #HuelgaGeneralSanitaria "Pan, Trabajo, Salud y Dignidad".#DiaInternacionalDelTrabajador #ANEFPresente pic.twitter.com/I1phFY5l9Y

De igual manera, lamenta que las y los trabajadores paguen la crisis de la pandemia al tener que recurrir a ahorros que estaban destinados a su jubilación, por lo que consideran urgente una renta básica de emergencia. En ese sentido, destacan: “No somos sujetos de caridad, somos sujetos de derechos… este gobierno ilegítimo está desconectado de las necesidades y de los problemas de la ciudadanía“.

TROTE POR LA HUELGA GENERAL: ¡RENUNCIA PIÑERA! https://t.co/zg5T3KEdHz

En su manifiesto, la CUT también solicitó la aplicación de políticas con enfoque de género, respuestas efectivas al aumento de la violencia intrafamiliar, protección económica a cuidadoras y reposición de las atenciones de salud reproductiva y sexual.

“Exigimos el término de la recarga laboral y maltrato a las y los trabajadores de la educación y recursos para la salud pública con que enfrentar la pandemia y atender las necesidades de las y los funcionarios, la primera línea en la atención de la pandemia”, agregan.

Todo mi apoyo a las y los trabajadores en esta #HuelgaGeneralSanitaria ?Se necesita avanzar en medidas que vayan en ayuda de trabajadores y sus familias, como la #RentaUniversaldeEmergencia, un #SalarioMínimoDigno y que la Comisión de Trabajo del Senado avance en las #40Horas pic.twitter.com/6TbMXWbcmL

⭕ #AHORA | Trabajadores y trabajadores del centro de salud Alejandro del Rio de Puente Alto en conjunto con organizaciones politicas y sociales marchan por la comuna en el contexto del llamado a Huelga Sanitaria. pic.twitter.com/yFLhaP6QPH

La Central sindical denunció que el Gobierno estaría intentando activar leyes para restarle soberanía a la Convención Constituyente, que será elegida en las elecciones del 15 y 16 de mayo. “Solo el poder constituyente tiene la legitimidad para pronunciarse sobre las materias y leyes que regirán nuestro destino”, advierten en el texto. Además, recalcan que las y los trabajadores no aceptarán que durante estos meses el Congreso legisle sobre salud, pensiones o educación.

Del mismo modo, alertan sobre la “permanente y sistemática violación de los derechos humanos expresada en la militarización de la Araucanía, la persecución y criminalización a las protestas debe terminar”, por lo que también exigen la libertad de las y los presos políticos del estallido social de 2019, así como el fin de la represión y el toque de queda.

“Exigimos una vida digna. Producimos la riqueza de este país y queremos que nos devuelvan lo que es nuestro; la soberanía sobre nuestros bienes y sobre nuestras vidas. Exigimos la renuncia de Piñera”, reza el escrito.

Si el gobierno no produce un sistema de apoyo masivo universal a la población, habrán sustitutos que tendrán sin duda consecuencias y serán responsabilidad del gobierno de turno.

La huelga profundiza la crisis del Gobierno en una semana en el que las encuestas ratificaron que la popularidad de Piñera apenas llega al 9,0 %, uno de los registros más bajos desde que asumió el poder, en marzo del 2018. “El presidente de un dígito”, ya lo han llamado en redes sociales.

Además, esta semana fue denunciado en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión que hubo en octubre de 2019, cuando miles de chilenos salieron a protestar a las calles contra la inequidad que padece el país. Organismos nacionales e internacionales ya certificaron que las fuerzas de Seguridad cometieron tortura, muertes ilícitas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.

La acusación está firmada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), con el apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar).

Hay cuatro gremios que solicitaron ese pedido, pero también se sumaron la Cámara Nacional Electoral y las organizaciones sociales.

La lista de sindicatos de trabajadores esenciales que reclaman que sus afiliados sean vacunados contra el Covid-19 se engrosó en los últimos días, en momentos en que aún ninguna provincia terminó de inmunizar al personal de la salud y recién se comenzó con la población de adultos mayores.

Entre los sindicatos que reclamaron formalmente que vacunen a sus representados, se encuentran UPSAFIP (empleados jerárquicos de la AFIP), UEJN (judiciales), STVyARA (viales) y UPSRA (personal de seguridad).

En tanto, solicitaron lo propio la Cámara Nacional Electoral (2.700 aplicaciones para empleados vinculados a la organización de las elecciones legislativas de este año) y las organizaciones sociales (para los trabajadores informales de la economía popular).

Hasta el momento, el único sector laboral que logró que el Gobierno habilite su vacunación fue el de los docentes, tras la extensa negociación para el regreso a las clases presenciales luego de un año de enseñanza remota.

Aprovechando el cargamento de un millón de dosis de la vacuna china de Sinopharm que llegó al país y que aún no cuenta con aprobación para los mayores de 60 años, el Ejecutivo decidió que entonces sean utilizadas para comenzar a inmunizar a los maestros y personal no docente de las escuelas de todo el país.

En ese contexto, son varios los sindicatos que desean seguir el camino de los docentes y que sus trabajadores sean incluidos lo antes posible en el esquema de vacunación nacional, ya que alegan que son de sectores esenciales y, a diferencia de los maestros, desde el minuto uno de la pandemia continuaron desarrollando sus actividades en sus puestos laborales.

Entre los primeros en reclamar esto estuvieron los sindicatos del transporte público y del sector portuario que están agrupados en la CATT, que mantuvieron el mes pasado una reunión con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, para plantearle el pedido.

En aquel encuentro, el funcionario se mantuvo abierto a esa solicitud (“están contemplados en el plan de vacunación”, les dijo) y hasta propuso la chance de que se impulse otorgar directamente las vacunas a las obras sociales de los gremios para que éstos se ocupen de la inmunización de sus representados, pero tras la salida de González García por el escándalo de la “vacunación VIP” esta iniciativa quedó en suspenso.

Luego de los transportistas se fueron multiplicando los pedidos al Gobierno de parte de distintos gremios, pese a que actualmente la mitad de los trabajadores de la salud fueron inmunizados en todo el país con la doble dosis, mientras que la campaña destinada a la población de riesgo -mayores de 60 años- apenas está en ciernes.

El ministerio de Trabajo prorrogó hasta el 28 de febrero próximo la suspensión de los procesos electorales, asambleas y congresos en los sindicatos, así como “todo acto institucional que implique la movilización y la aglomeración de personas” en virtud de la pandemia del coronavirus.

Por este motivo, extiende además los mandatos hasta esa fecha, según indica la Resolución 1199/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Trabajo, Marcelo Claudio Bellotti.

El artículo 1° de la norma prorroga hasta el 28 de febrero de 2021 la suspensión de los procesos electorales, en tanto el artículo 2° “amplía la prórroga de los mandatos dispuesta por la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 489/20 de los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones registradas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dependiente del ministerio”.

La norma rige también para “los mandatos de los delegados de personal, comisiones internas y órganos similares que hubieran vencido a posteriori del 16 de marzo de 2020, por el plazo de 180 días, a partir del 28 de febrero de 2021”.

En tanto, quedaron exceptuadas de la prórroga de mandatos “aquellas asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones que hubieran culminado su proceso eleccionario de renovación de autoridades con anterioridad al 16 de marzo de 2020”.

En este sentido, el texto aclara que “los actos institucionales emanados de los órganos directivos de las asociaciones sindicales, necesarios para el normal cumplimiento de la organización sindical, podrán materializarse de manera virtual”

En tanto, especifica que “la realización de otros actos, así como la modalidad de su celebración, será analizada en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a petición de los interesados, en forma particular, de modo tal de compatibilizar las razones de salud pública”.

No hay estadísticas concretas pero la violencia laboral ocurre en todos los ámbitos. Sin embargo, en algunos ámbitos privados es mucho más difícil denunciar por temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador. La Cámara de Diputados de la Nación espera que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT para confirmarla y comenzar a exigir ambientes laborales libres de violencia de género.

“Denunciar al empleador privado da más miedo, es más difícil, por ejemplo en las mismas escuelas privadas es mucho más difícil denunciar al empleador que denunciar al Estado, sea nacional o provincial: hay mucho temor, muchas situaciones de violencia se naturalizan, se invisibilizan y en esto tiene que ver el temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador, por eso es que muchas de esas cosas se callan”, manifestó la diputada nacional Patricia Mounier.

En tal sentido, la legisladora admitió que aunque no hay estadísticas generales, “hay estadísticas de que los que más denuncian situaciones de violencia y acoso laboral son las mujeres”. “Por suerte, a pesar de que reciben, son las que más denuncian, se animan y por ahí también tiene que ir la capacitación: no solamente con motivo de la violencia laboral en general sino también tener una clara perspectiva de género porque las mujeres somos las que más sufrimos este tipo de situaciones”, manifestó. Por eso, consideró que “tenemos que poner en práctica la prevención en esos ámbitos y para eso fundamentalmente debe haber capacitación”.

Dentro del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla del compromiso de cada uno de los países de luchar contra la violencia y el acoso laboral, se menciona justamente la importancia de la capacitación a la que deben comprometerse los Estados nacionales, provinciales, los trabajadores y obviamente los empleadores, “porque por ese lado, de la prevención, de la formación previa, es donde se comienza con el compromiso previo de generar y auspiciar ambientes laborales libres de violencia y acoso”, opinó Mounier.

“Todos los días -añadió-, vemos situaciones de violencia laboral que no tienen que ver solamente con agresiones físicas, hay muchos tipos de violencia en los ámbitos laborales que tienen que ver con las funciones en general, el maltrato, y en especial las mujeres vemos situaciones que tienen que ver con nuestra condición de género, como la imposibilidad de acceder a mejores cargos, a mejores salarios, además del maltrato que se puede recibir de superiores o los mismos pares”.

El trabajo en los sindicatos

La diputada -con amplia trayectoria sindical en el sector de los docentes particular- informó que “en líneas generales se trabaja en la intersindical laboral contra la violencia laboral y en todos los ámbitos hay distintas situaciones, incluso en ámbitos más feminizados como puede ser la docencia”. “Por eso, me parece que es importante que los gremios y las centrales sindicales empiecen a trabajar también esta cuestión de la formación y la capacitación de sus propios trabajadores, independientemente de que es una obligación también del Estado y de los empleadores, pero me parece que en algún momento tenemos que empezar a charlar y capacitar con esto”, argumentó.

Al respecto, reconoció que “muchos gremios han constituido espacios de contención, pero se necesitan cada vez más”. “Incluso, cuando comenzó la pandemia, la gran preocupación era las situaciones de violencia que vivieran las mujeres no solo en su ámbito familiar -toda vez que implica estar todo el tiempo en la casa- sino también las situaciones de violencia intrafamiliar que viven niños, niñas y adolescentes, porque la escuela es un ámbito en el que se pueden detectar situaciones y se denuncian y ahora estando cada uno en su casa es mucho más difícil”, lamentó la diputada.

“Obviamente – prosiguió- , toda la capacitación que se haga en los ámbitos gremiales de aquí en más tienen que tener perspectiva de género, todos nos tenemos que deconstruir, no solamente varones ni mujeres, en los gremios construimos a la par varones y mujeres y me parece que es el ámbito ideal para la capacitación”. “Los sindicatos tienen ya todas las estrategias de capacitación conformadas hace muchísimos años y por eso yo planteé en la propuesta de ley en el Congreso utilizar los dispositivos de capacitación que tiene cada uno de los sindicatos para capacitar según lo indica la ley”, dijo.

Adhesión al Convenio 190 de la OIT

La legisladora explicó que “en el caso del Congreso, estamos esperando que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT que presentó el Poder Ejecutivo Nacional para definitivamente ponerlo en práctica, así en los distintos ámbitos paritarios y de discusión vamos a poder exigir como una condición sine que non dentro de las condiciones de trabajo, un ambiente libre de violencia y acoso laboral”. “Esperemos que sea pronto; además se puede tratar en forma remota, de hecho el Senado lo hizo en forma remoto y solo es ratificar”, agregó.

“Una vez que se ratifique, Argentina tiene que comunicar la notificación a la OIT y empezamos a exigir la implementación del Convenio; todavía no tenemos fecha, pero en realidad todos los gremios lo están esperando”, concluyó.

En el encuentro realizado vía streaming se analizó la situación laboral en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El intendente Pablo Javkin encabezó este viernes una reunión virtual con representantes de los diferentes sindicatos de la ciudad para analizar la coyuntura social y laboral en el marco de la pandemia de coronavirus covid-19.

Durante la videoconferencia se trataron temas que tienen que ver con los gremios presentes, desde las medidas de seguridad de la gente que está trabajando en los hospitales y sanatorios hasta la situación de los jardines maternales, de los comedores escolares en el caso de la escuela pública y de la gente que está trabajando en la Empresa Provincial de la Energía.

Reunión de Sindicatos Rosarinos con autoridades de @MuniRosario @pablojavkin @nicogianelloni @gustavozignago para analizar la coyuntura social – laboral en el aislamiento y coordinar acciones conjuntas. pic.twitter.com/OBj7Zp7oBk

— Tincho Lucero (@tincholucero) April 24, 2020

Se abordaron distintas preocupaciones referentes al avance de la pandemia, la labor de los sindicatos y la posibilidades de mancomunar algunas acciones sociales.

Según pudo saber CLG, el intendente planteó la posibilidad de volver armar un Gabinete Social para que los sindicatos puedan aportar desde ese lugar. «Fue un encuentro muy bueno. Me parece que está bien que el Estado Municipal se ponga al frente de la coordinación de la atención de la pandemia y que todo los esfuerzos que podamos hacer de manera colectiva lo sumemos a un ámbito orgánico del Estado», indicó a este medio Martín Lucero, titular de Sadop Rosario.

Además de Pablo Javkin, en el encuentro virtual estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Humano y Hábitat Nicolas Gianelloni, el secretario de Gobierno Gustavo Zginano, Sonia Alesso de Amsafé, Martín Lucero de Sadop, Paulo Juncos de CTA, Edgardo Carmona del Sindicato de Prensa, Jorge Perlo de Judiciales, Walter Palombi del Sindicato de Correos, Marcelo Liparelli de Atsa, Gustavo Yedro del Sindicato de Cadetes, Analía Ratner de La Bancaria y Alberto Botto del Sindicato de Luz y Fuerza.