La Cámara alta reclamó el pronto esclarecimiento del asesinato del ex concejal de Rosario, repasó los números de la “epidemia de homicidios” y subrayó que no han parado de producirse ataques a silobolsas e instalaciones agropecuarias.

La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas una declaración -votada por unanimidad- en la que se expresa su preocupación por los hechos de violencia que han sufrido los santafesinos, en los últimos días, tanto contra la vida como la propiedad privada.

Los jefes de los tres bloques acordaron antes de la sesión un texto en el que -sin medias tintas- se habla de la “ola de violencia” y se repasan las estadísticas sobre asesinatos en la provincia (con especial foco en Rosario y La Capital), así como los reiterados ataques a productores agropecuarios, en particular, silobolsas.

En la declaración merece un párrafo aparte el crimen del ex concejal de rosarino, Eduardo Trasante. En nombre del interbloque de la oposición, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) habló de la ausencia de resultados en la gestión del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y pidió dejar de lado el seguimiento de sus declaraciones altisonantes para insistir sobre un número temible: los homicidios ya son más de 200 en la provincia.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud habla de “una epidemia” en la criminalidad cuando se supera la tasa de 10 asesinatos cada 10 mil habitantes y advirtió que en Rosario esa proporción se ha superado, con el 13,1 y que La Capital se acerque tanto con el 7,6 cada 10 mil.

El legislador subrayó que el crimen del ex edil de Ciudad Futura conmociona a toda la provincia y volvió sobre los aspectos más salientes de su trágica historia: al pastor le mataron dos hijos, en 2012 y 2014 y fue ultimado “por dos sicarios que ingresaron a su propiedad a las 3 de la tarde y se fueron caminando sin mayores sobresaltos hasta abordar un vehículo”. Michlig reclamó que haya justicia, al tiempo que destacó: “pretendemos que se esclarezca cuanto antes ese trágico hecho y que el ministro de Seguridad tome conciencia de lo que está ocurriendo”.

Sain, sin defensa

El radical hizo una autocrítica al decir que en la Cámara “todos los senadores hemos estado siempre preocupados por la inseguridad, desde hace años” pero “hoy lo estamos más aún”.

Por otra parte, destacó que sorprenden por su violencia y por las pérdidas que provocan los delitos en zonas rurales. “Veíamos hasta hace poco que este problema era lejano, de la Provincia de Buenos Aires y ahora vemos que ocurre en todo el territorio santafesino”, lamentó.

El discurso de Michlig -en videoconferencia- sirvió tanto para argumentar en favor del proyecto de declaración que toda la Cámara hizo suyo (ningún senador del oficialismo defendió al ministro), como para explicar las razones de un pedido de informes, que presentó junto a su correligionario Lisandro Enrico (UCR-General López) que reclama precisiones sobre el fenómeno de las vandalización y/o robo de granos en silobolsas. Expuso el caso de dos productores de San Cristóbal que explotan un campo que en términos rurales no es grande, tiene 150 hectáreas y está dedicado al ganado. Les destrozaron sus silobolsas y el sorgo que contenían era suficiente para los próximos siete meses: estaba valuado en unos 600 mil pesos. “No les robaron nada, es muy extraño”, subrayó respecto de los móviles al tiempo que mencionó posibles razones “ideológicas”.

“Se ataca a los que producen, a los que dan trabajo, a los que generan divisas que necesita el país”, destacó.

El senador subrayó que el pedido de informes pregunta al ministro si existe un registro respecto de cuántos han sido los ataques de esta naturaleza, si hay un mapa de ellos, si se han reforzado zonas, si se ha dado más elementos a la Guardia Rural Los Pumas y si existe alguna política provincial para enfrentar “esto que parece ser una moda”.

“Lamentablemente, solo advertimos del ministro declaraciones altisonantes y se niega a trabajar con los senadores, con los intendentes y con los presidentes comunales. Le decimos que estamos dispuestos a ayudar a colaborar con su ministerio para que haya una respuesta desde el Estado. No nos gusta tener que decirles a los productores atacados que en el ministerio de Seguridad tenemos las puertas cerradas”, expresó.

El opositor subrayó que el Senado santafesino toma al problema de la inseguridad como un asunto que está por sobre las diferencias partidarias, recordó que cuando al Frente Progresista le tocó gobernar la provincia nunca su bloque intentó ocultar los reclamos y ponderó la decisión política de sus pares del justicialismo de aprobar por unanimidad la declaración.

REDES Y SERVICIOS La Cámara de Senadores acordó votar una preferencia para tratar, dentro de dos sesiones, el mensaje del Poder Ejecutivo que pretende convertir a la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM en Santa Fe Redes y Servicios SAPEM, mediante una profunda modificación de la Ley 13.527. El mensaje del gobernador Omar Perotti añade a la Sociedad Anónima con Participación del Estado Mayoritaria que había sido diseñada para obras de gas y de energías verdes otros desarrollos, vinculados con la conectividad y las comunicaciones. La iniciativa del Ejecutivo se discutirá en tres comisiones: de Economía, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Cambia los artículos 1, 3, 20, 21 y 26 de aquella norma, que nació en marzo de 2016. MARCÓN Y UN OPERATIVO ANTIBANDERAZO El senador por General Obligado, Orfilio Marcón, lamentó en una extensa oposición durante la telesesión de la Cámara alta, que el gobierno provincial haya organizado un operativo de control que buscó perjudicar a la manifestación contra la intervención de Vicentin, en la ciudad de Avellaneda. El radical subrayó que no hubo el mismo celo en los controles por la pandemia para llegar a Reconquista (donde hubo otra manifestación a favor de las autoridades nacionales y la expropiación de esa firma). Marcón dijo que el jefe de la policía, comisario Sarnaglia, le dijo que los controles serían con el mismo procedimiento en ambas manos del puente que une a esas ciudades. Pero el senador subrayó que “no fue así” y que “los controles se hicieron solo en dirección norte-sur”, para perjudicar al banderazo opositor. Expresó que por primera vez desde que comenzó la pandemia “se pidió a los automovilistas los permisos de circulación que se emiten a nivel nacional” y que la policía se ubicó allí solo una hora y media antes de que comenzara la protesta.

Autoridades comunales y la Justicia investigan el robo y piden por seguridad. Rompieron silobolsas con soja y maíz.

Dos productores agropecuarios de la localidad de Murphy sufrieron la vandalización de varios silobolsas, situación que encendió la alarma en la comunidad de la localidad de 4000 mil habitantes ubicada a 150 kilómetros de Rosario y a 15 de Venado Tuerto en el departamento General López. El daño fue provocado en la rotura de cinco silobolsas, dos con soja y tres con maíz. Descreen de cualquier motivación política pero pide que se investiguen los casos.

Uno de los hechos tuvo como víctima a Oscar Virgili, un productor agropecuario domiciliado en otra localidad y que trabaja campo en el distrito Murphy. Sufrió la rotura de dos silobolsas de soja en un campo en la zona del Paraje Raviola, ubicado a cinco kilómetros de Murphy pero perteneciente al distrito de Carmen.

El otro episodio fue en un campo que trabaja Ricardo Morero, productor agropecuario venadense, quién sufrió la rotura de tres silobolsas de maíz en un campo en las proximidades de Murphy. Ambos hechos sucedieron la noche del 27 de junio.

Vecinos y autoridades locales se solidarizaron rápidamente con los productores. El presidente comunal justicialista Marcelo Camussoni, junto a otros actores sociales de la localidad, realizaron las gestiones ante las autoridades para que se esclarezcan los hechos.

“Hacemos un llamado al diálogo, una convocatoria a la tolerancia y a poner lo mejor de cada uno para resolver las situaciones”, enfatizaron desde la comuna. En esa misma línea uno de los afectados, Ricardo Morero, planteó que “no puedo responsabilizar a nadie, confío en que la justicia va a investigar y a esclarecer el hecho. Es un traspié más de los tantos que hemos atravesado en la vida. Pero soy optimista”.

Ricardo Morero, de 65 años de edad comentó que el ataque sucedió en un campo que alquila “a 3 o 4 kilómetros del pueblo (Murphy)”. Él desarrolla su emprendimiento junto a sus hijas, y con enorme esfuerzo sostiene su faceta de productor primario, y también de pequeño industrial.

Morero explicó que “todo el cereal que cosechamos nosotros es para uso del Feed Lot. Trabajamos campos en distintas zonas, así que a la hora de la cosecha, si se puede se trae para acá y si no se guarda en silobolsa ahí en el lugar, y después se levanta. Mientras se está trabajando se deja ahí en el lugar”.

Agregó que el día anterior al incidente “estábamos trabajando y cuando nos fuimos estaba todo normal, como siempre. A la mañana, cuando van los muchachos a trabajar, uno de ellos vive en el campo, frente al sitio donde sucedió esto, y hay otro vecino que también vive cerca, a unos 500 metros; pero con el frío y a la noche nadie vio nada”.

Sobre el hecho, el productor señala que “ahí había tres silobolsas y medio con maíz y rompieron los tres llenos. Se notaban las huellas de una camioneta que entró, y aparentemente los abrieron con una navaja y los cortaron enteros”.

Morero es propietario de una fábrica de procesamiento de soja, y emplea a 10 trabajadores de Murphy y los pueblos de alrededor. Sobre si tenía alguna hipótesis de las causas posibles, Morero no evaluó como verosímil que el incidente respondiese a algún “móvil ideológico”. “Confío en la Justica”, concluyó. La causa es investigada por el fiscal Eduardo Lago.

Otra víctima

El otro ataque, el que sufrió Oscar Virgili, sucedió en Paraje Raviola a 9 kilómetros de la ruta 33. Allí rompieron dos silobolsas que contenían soja, con la particularidad que los dos silos atacados fueron los de los extremos. En ese sitio, además había otros diez silobolsas que no fueron tocados, lo que llama la atención de los productores.

En cuanto a las pérdidas, el productor manifestó que “pudimos juntar todo lo que había quedado arriba de la bolsa y lo que cayó se había desparramado tuvimos que palearlo para poder levantar la mayor cantidad posible”. Agregó “estoy muy agradecido con los camioneros que se pusieron a disposición y en un rato recogimos todos los granos y los trasladamos”.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, aprobó un Proyecto de Comunicación del Bloque de Senadores de la UCR por el cual solicitan que “el Ministerio de Seguridad de la Provincia amplíe y profundice las tareas de prevención y control del delito en el área rural, ante los crecientes hechos de inseguridad que están padeciendo los productores y familias rurales, con roturas de silobolsas, robos de maquinaria, ataques a la propiedad privada, hurto y faenamientos clandestinos de hacienda en varios puntos del territorio Provincial”.

Al momento de la fundamentación el Pte. del Bloque de la UCR, Felipe Michlig se refirió al titular del área de Seguridad, Marcelo Saín, sosteniendo “que termine con declaraciones desafortunadas y erróneas, ya que esto no es un verso, es una cuestión muy seria y preocupante, como son los más de 170 homicidios registrados en la provincia en lo que va del año”.

También en la sesión de hoy los integrantes del Bloque de la UCR (Felipe Michlig, Lisandro Enrico, Germán Giacomino, Orfilio Marcón y Rodrigo Borla) acompañaron el Proyecto de Ley del senador justicialista Rubén Pirola -que obtuvo media sanción-para la creación de una “Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales”, en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, que “constituirá una herramienta adecuada y útil para enfrentar la problemática del delito rural”, indicó su autor.

Profunda preocupación por los hechos de vandalismo

La iniciativa recibió el acompañamiento de todos los senadores de las distintas bancadas en base “a la profunda preocupación de los productores agropecuarios ante los deliberados hechos de inseguridad que se están presentando en los distintos predios rurales de nuestra Provincia. Se advierten daños premeditados e intencionales en los distintos medios que disponen los productores para guardar su producción, ensañándose particularmente con roturas de los silos bolsa que contienen los cereales”, manifestó el Senador Michlig en el recinto.

“Ello también se extienden a cualquier otro bien de propiedad privada que puedan tener los productores afectados en sus campos, como la maquinaria rural, molinos, robo, hurto y faenamiento clandestino de hacienda”, sostuvo.

Reiteración y violencia de los ataques

El legislador graficó que “a raíz de la reiteración y violencia de los ataques, la semana pasada aproximadamente 40 Entidades e Instituciones vinculadas a la agroindustria, alertaron sobre la preocupación del sector ante los hechos de inseguridad que están viviendo los productores, y pidieron acciones concretas a las autoridades nacionales y provinciales.

Estos episodios han aumentado en los últimos meses tanto en frecuencia como en peligrosidad, por lo cual creemos necesario que la situación debe tener una respuesta rápida de las autoridades para brindar seguridad y proteger la propiedad privada”.

El Ministro de Seguridad se “debe ocupar y no buscar chivos expiatorios”

El Bloque de Senadores también solicitan en el proyecto “reforzar la labor de los cuerpos especiales, como en el caso, la Guardia Rural Los Pumas, asignando mayores recursos humanos y medios de movilidad a tales fines. Todo lo expuesto desmiente declaraciones del Ministro de Seguridad, Marcelo Sainz, quien atribuyó los hechos a una campaña del diario Clarín, cuando en realidad el reclamo se basa en denuncias formuladas por productores rurales damnificados (Tal cual lo refleja el Diario Página 12, el 01-07-20). Hay que ocuparse y no buscar chivos expiatorios, esto afecta a la sociedad en su conjunto”.

“El Ministerio de Seguridad debe afianzar y aumentar las tareas preventivas y los controles en el área rural para evitar la proliferación de los casos, por lo que solicitamos se dispongan las medidas tendientes a tal efecto”, insistió “Le solicitamos al Señor Gobernador que su Ministro del área se preocupe y ocupe de una realidad compleja, que no ha tenido al presente resultados positivos, advirtiéndose un incremento notorio en los hechos de inseguridad” culminó el representante del departamento San Cristóbal.

La diputada provincial Georgina Orciani se sumó al reclamo de sus pares radicales Marcelo González y Fabián Bastía, que a través de un proyecto de comunicación que fue aprobado, solicitaron al gobierno de Santa Fe mayores controles policiales y acciones efectivas en las áreas rurales con el objetivo de evitar los destrozos de silo bolsas en los campos.

En la misma sintonía, el legislador Juan Cruz Cándido presentó un pedido de informes que busca despejar dudas sobre los ataques denunciados. Incluso, todos los diputados del bloque de la UCR repudiaron las declaraciones del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, quien dijo que la rotura de silo bolsas en todo el país es “invento, un verso montado por Clarín, en el marco de una campaña realmente grande”.

Ante estas declaraciones Orciani señaló: “Es una falta de respeto que el ministro Saín vincule los hechos vandálicos en los campos a una campaña de un medio de comunicación, cuando en realidad se trata de un problema que vienen denunciando desde meses atrás. Recuerdo un hecho en María Teresa que no tuvo gran repercusión y si le agregamos los ocurridos recientemente, no son maneras de responderle a los damnificados que necesitan un apoyo del Estado y no una excusa sin sentido”.

Marcelo González titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y Fabián Bastía, fundamentaron la solicitud en el aumento de ataques a productores rurales santafesinos como así también del territorio nacional, ocasionando destrozos con cortes y roturas en silo bolsas con pérdidas mayores a 60 millones de dólares. El mapa de los ataques indica que, de los 62 hechos, 26 corresponden a Santa Fe en al menos 10 localidades.

Tras las palabras de Saín, quien había agregado que “los silobolsas están todos asegurados con lo cual acá no hay un pobre productor víctima de grupos políticos que no existen”, desde la Sociedad Rural de Rosario (SRR) indicaron que “el ministro desconoce las características de las pólizas, ya que los seguros pueden llegar a cubrir muy poco porque el daño intencional no tiene cobertura”. En este sentido, Orciani expresó su disconformidad a la actitud adoptada por el ministro de Seguridad: “De esta manera no hace más que sumar incertidumbre, enojo, angustia y decepción entre todos los productores”.

Luego de que los productores agropecuarios manifestaran la situación en la que se encuentran, creció la preocupación en el bloque radical de la Cámara de Diputados ante la falta de respuestas del gobierno provincial. Por eso, Cándido solicitó que “se informe la cantidad de denuncias realizadas sobre ataques a silo bolsas desde que comenzó el año y cuáles son las acciones que dispuso el Ministerio de Seguridad provincial”.

Los legisladores González y Bastía mencionaron la multiplicación de hechos violentos, vandálicos, robos y entraderas durante la actual trilla de cereales y oleaginosas en el contexto de las dificultades generadas por la pandemia del Covid-19. Los silobolsas almacenan los granos que los productores pueden utilizar en forma diferida en sus sistemas productivos, o venderlos cuando la economía y el mercado indiquen que es apropiado. “Tal como indica el proyecto de los legisladores, si este tipo de delitos no se controlan, se afectarán notablemente los insumos, la materia prima y la producción de alimentos de los pequeños y medianos productores, deteriorando las economías regionales y provinciales”, cerró Orciani.

El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, solicitó a través de un pedido de informe, que el Ministerio de Seguridad de la provincia comunique las medidas que se están llevando a partir de reiterados hechos de vandalismo rural, que afectan al sector productivo primario agrícola y ganadero.

Se detectaron roturas en más de 50 silobolsas en el distrito Santa Fe, matanza de animales, destrozos en alambrados e instalaciones, como así también en cultivos sembrados.

“Estuvimos en contacto con diferentes instituciones vinculadas a la ruralidad y la situación es preocupante. Repudiamos los hechos de vandalismo en zonas rurales de nuestra provincia y tenemos interrogantes que nos gustaría sean respondidos para brindar claridad en materia de seguridad. Nos preguntamos si se están llevando adelante acciones vinculadas con esclarecer estos hechos e identificar el motivo de estas maneras de proceder”, dijo el legislador del PDP.

Días atrás y, ante la sucesión de hechos de este tipo, la Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, propuso un diálogo para establecer un esquema de seguridad, fundamentalmente para quien produce en el sector primario. “Indudablemente nuestro pedido de informe requiere respuestas rápidas, pareciera ser que al problema de la falta de seguridad y la peligrosidad que esto manifiesta, sobre todo por robos, rotura de silos y avances sobre la propiedad privada, también debemos agregar que resulta sospechoso el accionar de este vandalismo tan sectorizado.

Es un tema que amerita la pronta respuesta y el accionar de los organismos de seguridad en términos de esclarecer primero los hechos, prevenir nuevos actos de vandalismo y dar con los responsables. La seguridad debe accionar en ese sentido, prevenir y esclarecer en primera instancia, y también brindar respuestas valederas en términos del debido proceso de investigación sobre este proceder delictivo”, finalizó Real.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó hoy un proyecto de ley que incorpora la figura de “vandalismo rural” en el Código Penal a raíz de los ataques a los silobolsas que se vienen registrando en campos del interior del país, y en el que se establecen penas de prisión que se pueden extender hasta los cinco años.

La iniciativa de Massa, que también suscribe el diputado Ramiro Gutiérrez, tiene como objeto frenar los ataques a los silobolsas que almacenan la producción de soja que vienen sufriendo productores agropecuarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

El proyecto propone equiparar los ataques a esos elementos de almacenaje como delito contra la propiedad e incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal con penas de prisión que oscilan entre los dos y cinco años.

La intención de la iniciativa es que este nuevo delito opere “como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural” para poder proteger ese ciclo de la producción de la economía nacional.

Los ataques penados incluyen cosechas, silobolsas, tolvas o cualquier unidad de almacenamiento.

De acuerdo al actual Código Penal se considera “estrago” a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero son de “aplicación imposible como defensa de la propiedad”, ya que se enmarcan dentro de los llamados “delitos contra la Seguridad Pública”, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada, explicó.

En la misma línea, el proyecto propone además penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que puede causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.

En los fundamentos del proyecto Massa señaló que el Código Penal vigente “presenta una doble falencia que es necesario salvar. Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y, por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago, con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública”.

“Para salvar estas deficiencias legislativas y poder dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas de estos atentados a la propiedad, decidimos crear la figura del ‘Vandalismo Rural'”. agregó.

Destacó además que “la naturaleza delictiva de las acciones tendientes a menoscabar el esfuerzo de la producción rural, hacen necesario dotar de instrumentos jurídicos eficaces para la protección de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria en sus diferentes estadios, y a los cuales es necesario resguardar con la contundencia de la ley penal.”

Subrayó que el avance de la tecnología y las formas de producción y explotación de bienes y servicios “requieren de una nueva fórmula legal que, sin caer en una tipicidad casuística, resulte abarcativa frente a posibles acciones u omisiones de gran impacto, lesividad social y afectación de la seguridad pública”.

Si bien en la última semana vienen creciente las denuncias de casos de sabotajes a silobolsas en la zona central del país, la inseguridad rural es mucho más amplia y afecta a cada rincón de la Argentina.

Apoyada en la información de las 16 Confederaciones de productores que la integran, con cobertura sobre 22 provincias, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizó un mapa del delito rural donde se localizan los casos ocurridos en el primer semestre del año.

El tipo de delito es variado: asesinatos (en Misiones y Tucumán), incendios intencionales, abigeato, roturas de silobolsas, robo de maquinaria, de cosecha, de agroquímicos y usurpación de campos. Es decir, conviven hechos vandálicos con fin de daño (a veces individuales y espontáneos) con organizaciones criminales.

En total, CRA lleva contabilizados más de cien delitos de todas las índoles, en la mayoría de las provincias del país.

En relación a la rotura de silobolsas, en los más de 60 casos sufridos en el primer semestre del año, resultaron dañadas 5.700 toneladas de granos, estimó el Depto. Económico de CRA. En ese sentido, explicó que “en cada intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo. Sumado a que alrededor de 870 toneladas quedan sin poder recolectarse nuevamente”.

Es importante destacar que, en la gran mayoría de los casos, el objetivo es provocar daños y solo en unos pocos se concreta el robo de la producción.

Una de las excepciones se dio a fines de mayo en un establecimiento de la localidad de Zenón Pereyra, Santa Fe, donde, tras la rotura de varios silobolsas, los atacantes cargaron aproximadamente dos camiones con granos.

En el otro extremo, se ubica un reciente caso en San Gerónimo, también Santa Fe. Allí, además de la rotura de los silobolsas se les aplicó curasemillas a los granos, provocando la destrucción comercial de la mercadería. No quedan dudas de que la intensión fue solamente hacer daño.

A la cabeza de los delitos figura el abigeato (robo de ganado), práctica de la que no escapa ninguna de las provincias relevadas. Estos hechos, no afectan solo a la ganadería bovina, sino que también es habitual en los planteles de ovejas de la Patagonia.

Un dato a tener en cuenta, es que el abigeato no es perpetrado por delincuentes que actúen individualmente. Detrás de quienes entran a los campos hay una red de distribución y comercialización final de la carne obtenida, incurriendo en otros delitos de orden sanitario y fiscal. Por este motivo, el abordaje debe hacerse de forma integral, con controles en los puntos de venta, además del patrullaje rural.

Lo mismo ocurre en el robo de agroquímicos y cosecha, detectados mayormente en el norte del país y Cuyo, donde los productos vuelven a ingresar en una cadena de comercialización ilegal.

En este ítem, CRA destacó un hecho curioso ocurrido en Mendoza, donde a un productor le robaron la totalidad de la cosecha ajo, unos 8.000 kg.

La usurpación de campos es otra de las problemáticas denunciadas por los productores, fundamentalmente en Tucumán y Chubut. Los hechos, mayormente si vinculan con reclamos de comunidades originarias sobre la propiedad ancestral de la tierra.

Sin embargo, los productores denuncian que detrás de muchos casos hay organizaciones mafiosas con respaldo político.

Por último, la peor de las estadísticas, la de los productores asesinados. El primer caso ocurrió en marzo, al norte de Misiones, cuando Rodolfo Weber fue ultimado por cuatreros cuando ingresaron a robarle hacienda.

El más reciente ocurrió hace una semana en Tucumán, cuando José Porcel, fue asesinado un intento de robo en su casa.

“Hace meses venimos alertando acerca de la inseguridad que sufren los productores agropecuarios a lo largo y ancho del país”, indicaron desde CRA, destacando que “los productores agropecuarios “también somos ciudadanos merecedores de todos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y la seguridad es uno de ellos”.

Además, dejaron un mensaje para el Gobierno: “sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”.

Los diputados provinciales radicales Fabian Bastia y Marcelo González, atentos a los múltiples comunicados de repudio por parte de las entidades agropecuarias ante hechos de vandalismo e inseguridad en el sector rural, básicamente la secuencial rotura de silobolsas, ingresaron un Proyecto de Comunicación que fue aprobado en la última sesión en forma unánime.

. Mediante el mismo, los legisladores solicitaron que “por intermedio de los Ministerios que correspondan, se evalúe la posibilidad de optimizar los controles policiales y/o desarrollar acciones complementarias a las que existen en áreas rurales, con el fin de evitar delitos como los destrozos de silobolsas y faenamiento clandestino”.

Marcelo González titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y Fabián Bastia, fundamentaron la solicitud “en el aumento de casos en el territorio nacional y en nuestra provincia de ataques a productores rurales, ocasionando destrozos con cortes y roturas en silobolsas”, al momento son las pérdidas mayores a U$S 60.000.000.

Señalan los Diputados autores del proyecto que “en nuestra provincia, en los últimos tiempos se multiplicaron hechos violentos, vandálicos, robos y entraderas en el contexto de la actual trilla de cereales y oleaginosas en el medio de las dificultades generadas por la Pandemia”; y agregan: “los silobolsas son sistemas de almacenamientos que los productores utilizan para guardar la producción de granos en sus campos, para utilizarlos en forma diferida en sus sistemas productivos, o venderlos cuando su economía o el mercado sea el apropiado”

Asimismo, señalan los legisladores oriundos de los Departamentos San Justo Fabián Bastia y de San Cristóbal en el caso de Marcelo González, que “si no existiera este sistema de reserva, la producción de granos debería ser retirada en su totalidad de los campos, ocasionando un mayor deterioro de las rutas por el traslado a puertos por camiones”. Bastía y González insisten en que “la rotura de silobolsas es solo un tipo de delitos que los productores están padeciendo en el territorio regional, a esto se le puede sumar el abigeato, el faenado de animales y el robo y entraderas en sus campos, la quema de campos con cosecha de maíz y soja sin recolectar y de rollos de reserva de pasturas”, y que si no se controlan “afectan a los insumos, a la materia prima y a la producción de alimentos de los pequeños y medianos productores”.

El ministro de Seguridad dijo que los daños denunciados por productores son “un invento”. La diputada nacional por la Coalición Cívica le retrucó que esa interpretación es “una tomada de pelo a la inteligencia de los santafesinos”.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, minimizó los hechos vandálicos contra los silobolsas cometidos en diferentes puntos del país, pero también en la provincia de Santa Fe. Hubo sectores y referentes de entidades ruralistas que atribuyeron esas prácticas a determinados sectores políticos vinculados con el kirchnerismo. Pero el funcionario de Omar Perotti consideró que todo ello es “un invento”. “Todo esto es un gran verso montado por Clarín; no me cabe ninguna duda -sorprendió el ministro-. Esto se inscribe dentro del marco de una campaña realmente grande”, aseveró.

Para Saín, “hay sectores de la oposición que están buscando frente al gobierno nacional cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización; no tengo ninguna duda de eso”, insistió. “Los silobolsas están todos asegurados con lo cual acá no hay un pobre productor víctima de grupos políticos que no existen. Todo esto es un gran verso”, sostuvo. Y acotó que “acá no hay ningún tipo de expresión de autoconvocados que esté detrás de este tipo de maniobras. Ayer un dirigente de una entidad de productores me envió una serie de filmaciones de silobolsas rotos y le pedí las denuncias concretas y todavía estoy esperando que las mande. Muchos de estos casos ya fueron esclarecidos y otros se dieron en medio de conflictos entre Uatre y la patronal, no por robo de cereales”, planteó.

La particular apreciación del ministro generó repercusiones inmediatas en el ámbito provincial. Fue la diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehmann, quien fustigó duramente al funcionario. Consultada por El Litoral, la legisladora de la Coalición Cívica interpretó que las consideraciones de Sain “son una burla”. “Las expresiones del ministro -acotó- son una tomada de pelo a los producores que invierten, producen y generan mano de obra, y que hoy están asegurando que no falte el alimento en la mesa de los argentinos. Pero además, son una burla a la inteligencia de los santafesinos”, planteó.

La diputada advirtió que “la respuesta del ministro se da en un contexcto de más de sesenta ataques a la propiedad privada con millones de dólares en pérdidas no sólo para los propietarios de las cosechas, sino también para el estado, porque el 70% de las ganancias, entre retenciones e impuestos, termina en las arcas públicas”.

Lehmann cuestionó, asimismo, la política en materia de seguridad que viene llevando adelante la provincia en términos generales. “Tenemos récord de homicidios y episodios de violencia, cuando todos estamos encerrados en nuestras casas (por la cuarentena). En este contexto, no hay presentado un sólo plan de seguridad, lo cual habla más de su incompetencia (por Sain) que de la realidad. No es la primera vez que el ministro hace comentarios desafortunados, lo cual nos hace pensar que más desafortunado es el cargo que le fue otorgado”, concluyó.

Según un informe difundido por el Ministerio de Seguridad, desde febrero a la fecha, los supuestos hechos de vandalismo registrados en la provincia fueron los siguientes:

– Albarellos: denuncia sobre una “pequeña” rotura de silobolsa en el ingreso a la localidad.

– En Máximo Paz, el gerente de la cooperativa denuncia cortes en silobolsa que contenía lentejas. A través de registros fílmicos se identifica que los autores eran menores de edad.

– En Santa Isabel, Leonardo Ansaloni, quien alquila un campo allí, denuncia que “autores ignorados” les rompieron seis silobolsas de maíz.

– En Amenábar, a un productor domiciliado en zona rural le realizan la rotura de dos silobolsa de soja. El damnificado había mantenido un conflicto con trabajadores rurales.

– En San Jerónimo Sud, un productor denuncia rotura de silobolsas. Se advierte que el damnificado había mantenido una discusión con unos cazadores de la zona.

– En Carcarañá, otro productor había mantenido discusiones con personal de una cooperativa cercana a su establecimiento por situaciones particulares de compra y venta de cereal. También sufre daños en silobolsas

– En Bustinza, un productor manifiesta que autores ignorados violentaron una tranquera de ingreso y dañaron un silobolsa con perforaciones variadas. Se constató la faltante de quince toneladas de soja.

– En Frontera se denunció el robo calificado en dos silobolsas ubicados en la zona rural de Zenón Pereyra. El denunciante manifestó que dañaron los silos y le sustrajeron dos equipos completos de cereales valuados en tres millones de pesos, que no se encontraban asegurados.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial bonaerense Luciano Bugallo y la diputada nacional Lucila Lehmann, ambos referentes de la Coalición Cívica.

El diputado provincial bonaerense, Luciano Bugallo, junto a la diputada nacional, Lucila Lehmann, han diseñado un mapa denominado “Registros de daños en Establecimientos Agropecuarios”, que señala las localidades afectadas ante los reiterativos ataques a la propiedad privada rural.

“Con Lucila Lehmann, armamos un mapa que señala las localidades sonde se han detectado ataques a la propiedad privada en el interior del país. Se agradece el aporte de datos que puedan faltar o estar mal”, señaló el legislador en sus redes sociales.

Según el color, se diferencian los tipos de daños ocasionados, tales como verde para las roturas de silobolsas, bordó para los incendios y violeta para los robos de cosechas, maquinarias o herramientas. Las zonas más afectadas por este tipo de delito, son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

Un productor agropecuario de San Jerónimo Sud sufrió este fin de semana la pérdida de un silobolsa con 100 toneladas de soja en un acto de vandalismo. En lo que va del año, se estima que hay más de 30 casos de rotura de estos elementos de trabajo, en especial en el sur de Santa Fe.

Los delincuentes rompieron el silobolsa y le arrojaron fungicida, produciendo una pérdida que ronda el 1,5 millón de pesos. “Inutilizan la mercadería porque ahora ya no se puede comercializar”, indicó Roberto Rufer en diálogo con LT10.

“No soy terrateniente, no he salido nunca del país y mi producción la destino a pagar impuestos y a hacer inversiones en tecnología. Siempre llegó con lo justo a la otra cosecha”, se lamentó el productor agropecuario, y dijo no saber por qué se cometen este tipo de acciones.

En las últimas horas se registraron nuevos casos de roturas de silobolsas y robo de granos en Santa Fe y en Buenos Aires.

“Llegué y me agarró un dolor en el pecho y dije no, otra vez no”, contó a LA NACION Daniel Menna, un productor de soja de San Jerónimo Sud, provincia de Santa Fe, a quien le rompieron un silobolsa y robaron el equivalente a cerca de $400.000 de este grano.

Él y su familia ya habían sufrido robos en otros campos más alejados de la zona donde viven y para disminuir el riesgo alquilaron uno cercano a la localidad de Luis Palacios. Sin embargo, “el esfuerzo fue en vano”.

“Supuestamente acá, donde empezamos a cosechar, era más seguro. No contratamos el seguro porque había que presentar las condiciones del cereal, verificar que la zona no sea inundable, que estuviese a más de 1000 metros de distancia de una vivienda cercana, y nos arriesgamos y pasó lo que pasó”, dijo.

Así quedó el silobolsa en San Jerónimo SudAsí quedó el silobolsa en San Jerónimo Sud De acuerdo a su testimonio, el robo de granos y la rotura de silobolsas como un acto de vandalismo son cada vez más recurrentes en la región. Cada vez que me pasa “me agarra un dolor en el pecho y me da una impotencia porque uno no parar de trabajar todo el día y después te pasan estas cosas. No te dan ganas de hacer más nada”, afirmó.

“Ayer a la mañana nos avisó un vecino de la zona que nos habían robado. Se llevaron unos 25.000 kilos de soja, que son casi $400.000. Existe el miedo a que nos roben otra vez”, añadió.

“Había tres silobolsas, cargaron solo de uno hasta que llenaron el camión. Por suerte no rompieron las otras, hicieron el daño y se fueron. De pasada a vecinos les robaron las lonas de los acoplados”, indicó.

“Evidentemente usan el mismo modo del año pasado. El mismo grupo que lo hizo el año pasado y los años anteriores, para todos nosotros los productores son los mismos porque los conocemos hasta por la huella de los camiones y es la misma forma que usaron el año pasado. Empiezan a robar cuando empieza el frío, que las noches son más largas”, detalló.

En Buenos Aires En tanto, en un campo de Pehuajó, ubicado entre el pueblo de Francisco Madero y la Estación Alagón, ayer también se registró la rotura de otro silobolsa con casi 210 toneladas de soja.

“Lo hicieron más por el daño, porque solo rompieron un silobolsa. Es la primera vez que pasa, es algo triste. Se siente una gran desazón porque uno ve el campo de uno como propiedad y se pregunta cómo puede entrar alguien a hacer esto. Por más que uno hace la denuncia, no se resuelve nada. Es difícil”, señaló Gustavo Romero , el propietario afectado.

“Uno llega al campo y ve el fruto de su trabajo ahí tirado, sabiendo que lo que falta en la Argentina es eso, trabajo. La denuncia ya está hecha y la policía dice que solo fue abierto. Es la soja que se había cosechado el mes pasado”, afirmó.

Repudio Mientras tanto, siguen las muestras de repudio por el incendio intencional que el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, sufrió en su campo en Oliva, Córdoba. También continúan las declaraciones de rechazo por la rotura de silobolsas.

En la provincia de Buenos Aires, el diputado provincial Luciano Bugallo presentó un proyecto de declaración en la Legistarura acompañado de otros diputados. Piden que se declare el “enérgico repudio por diversos ataques sufridos contra la propiedad privada con actos de vandalismo en distintas zonas rurales del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en el que se rompieron silobolsas, se apropiaron de granos de soja y en donde además se vive en un constante estado de hostigamiento, amedrentamiento e inseguridad absoluta, por lo que condenamos profundamente estos hechos violentos y atentados con la propiedad privada en zonas rurales”.

Por su parte, la diputada nacional Lucila Lehmann, junto a otros diputados, presentó en la Cámara baja un proyecto en el cual se expresa el “rechazo a los hechos violentos que ocurrieron durante las últimas semanas en campos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos”.

Además, se conoció el repudio de la Asociación Argentina de Angus contra el incendio de campos y otros hechos de vandalismo. “La Asociación Argentina de Angus repudia el incendio intencional en el campo del vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, y de otros productores linderos en Oliva, provincia de Córdoba, y reclamó el pronto esclarecimiento de los hechos”, dijo.

“En estos momentos de profunda preocupación de toda la ciudadanía por las consecuencias de la pandemia no se deberían sumar actitudes violentas que incrementen las diferencias entre la población”, agregó.