Hoy, miércoles 30 de octubre de 2024, en Argentina, el paro está afectando a los ciudadanos que no pueden transportarse en medios públicos, a excepción de los colectivos. La medida de fuerza que lanzaron los gremios del transporte involucra a:

Transporte Público Trenes y Subtes: No hay servicios de trenes de pasajeros, subterráneos, ni premetro. 

Aeropuerto y Marítimo: Los vuelos están cancelados o reprogramados, y el transporte marítimo, incluyendo barcos, también está detenido. 

Camiones: No hay servicios de transporte de carga por carretera. 

Educación: Se ha sumado a la huelga, incluyendo docentes y universitarios, lo que significa que no hay clases.

Servicios Públicos Adicionales: Aunque el paro fue principalmente del transporte, también se han visto afectados otros servicios como la recolección de basura en algunas áreas y se anticipan cortes de calles y manifestaciones que podrían impactar el movimiento y otros servicios públicos indirectamente. 

Bancos y Comercio: Aunque no todos los servicios bancarios y financieros se han detenido, se anticipaba una afectación indirecta por la logística y movilidad, similar al comercio electrónico que podría verse ralentizado por la dependencia de otros servicios logísticos en huelga.

Los colectivos de la UTA no adhirieron al paro, por lo que estos servicios de autobuses urbanos e interurbanos en el AMBA y otros lugares podrían estar funcionando, aunque está vigente la posibilidad de un paro específico para el 31 de octubre.

El Presidente encabezó el lanzamiento del plan Argentina Programa en Tecnópolis. “La condición revolucionaria la sigo manteniendo viva”, aseguró.

“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, aseguró este lunes el presidente Alberto Fernández en la presentación del plan Argentina Programa.

El año pasado, el propio Fernández declaró por decreto como servicios públicos a la telefonía, internet, y televisión paga. La decisión generó un fuerte malestar en el sector y la reacción de las empresas de telecomunicación, que plantearon duras críticas al oficialismo.

En términos prácticos, el decreto obligó a las compañías a consensuar con el gobierno nacional cuándo y cuánto podían aumentar sus tarifas, lo que derivó en reclamos judiciales que aún hoy se están tramitando y en multas administrativas.

Sin dar demasiados detalles sobre la cuestión, el Presidente esbozó hoy su frase en medio del lanzamiento de un proyecto que busca capacitar a 60 mil jóvenes de todo el país en programación. Incluye subsidios de $100 mil para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet.

Al hablarle a los jóvenes, un grupo que podría ser determinante en las próximas elecciones, el mandatario destacó además otra frase: “La condición revolucionaria la sigo manteniendo viva y por eso reivindico las cosas que tienen que ver con las libertades humanas, la cuales nunca voy a dejar de defender”.

“Junten todas las fuerzas y rebeldías. Los necesito a todos movilizados y reclamando”, pidió.

Su discurso incluyó además críticas a los candidatos liberales que se muestran como una opción a su gobierno. “Hay libertarios que hablan de libertades y le dicen a los jóvenes que salgan a las calles a luchar contra quienes les dijeron que se quedaran en sus casas. A esos liberales píquenle el boleto. Ese discurso lo conozco bien. Esa libertad es para algunos y catástrofe y penuria para millones”, advirtió.

El Banco Central (BCRA) notificó hoy que seguirá siendo gratuito el uso de la red de cajeros automáticos para los usuarios con cuentas sueldo, jubilaciones y beneficiarios de planes sociales.

Al resto de los usuarios, los bancos podrán volverles a cobrar por algunas operaciones a partir de abril, según corresponda en cada caso.

En un comunicado, la entidad monetaria informó que “la gratuidad del uso de las redes de cajeros se mantiene hasta el 31 de marzo para todos los usuarios del sistema financiero”.

“A partir de esa fecha, sólo los titulares de tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldo, pago de jubilaciones o planes sociales podrán seguir utilizando sin costo alguno cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen”, amplió el BCRA.

El resto de los usuarios podrá utilizar gratuitamente los servicios de cajero automático prestados por su entidad, se resaltó.

La suspensión del cobro de comisiones para las operaciones en cajeros automáticos había sido dispuesta por el BCRA el año pasado durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y luego prorrogado en sucesivas ocasiones.

Aunque Energía trabaja para evitar una nueva prórroga del decreto que congela hasta fin de año el precio de la luz y el gas, el Presidente anticipó que recién en marzo se revisarán esos valores. Las chances de un esquema de transición y el temor de las empresas por la cercanía de fechas entre los aumentos y las elecciones.

El presidente Alberto Fernández puso el miércoles una nueva fecha al ajuste tarifario y sorprendió con sus dichos a las empresas de gas y electricidad que vienen discutiendo con la Secretaría de Energía las opciones para el descongelamiento a partir del mes próximo. Así lo confirmaba hasta hace pocos días el propio Secretario, Darío Martínez. Pero, acontramano de las afirmaciones públicas del funcionario y de las expectativas del sector, que esperan en diciembre el vencimiento del decreto que impide aumentar los precios de la luz y el gas, el Presidente ratificó que “no habrá aumentos este año” y anticipó en declaraciones televisivas que “a partir de marzo se comenzará a estudiar” la revisión de las tarifas. En sus dichos, mencionó también al interventor del Enargas, Federico Bernal, referente del cristinismo duro en materia energética, quien ya había anticipado hace tres semanas las dificultades para corregir los valores de la energía a partir de diciembre -incluso de manera transitoria-, dado el tiempo que insumiría cumplir con el proceso previo obligatorio de audiencias públicas.

La afirmación presidencial siembra nuevas dudas no sólo entre las empresas sino también sobre el propio Presupuesto 2021 aprobado esta semana en el Congreso en el que, si bien se prevé un aumento real del monto destinado a los subsidios, se establece mantener la misma relación que este año respecto del PIB. Entre 2019 y 2020, los subsidios económicos pasaron de representar el 1,5% del PIB al 2,2%, porcentaje que el ministro de Economía, Martín Guzmán, aclaró que pretende mantener con la aplicación de aumentos de tarifas “que acompañen la inflación”.

Por el lado de las compañías, tanto distribuidoras de gas como de electricidad, no ocultaron su desconcierto por las declaraciones presidenciales. Proyectan ahora el peor de los escenarios: si tampoco en marzo se logra avanzar en una revisión tarifaria, se habrá perdido la última oportunidad del año 2021 ya que difícilmente, advierten, se avance en un esquema de recomposición a medida que se acerquen las elecciones legislativas. “Si lo patean a marzo, es marzo o nunca”, sintetizaron en una de las empresas. En el sector, sin embargo, reconocen el buen diálogo con Energía y “el entendimiento” de las autoridades respecto de la situación.

La afirmación presidencial siembra nuevas dudas no sólo entre las empresas sino también sobre el propio Presupuesto 2021 aprobado esta semana en el Congreso en el que, si bien se prevé un aumento real del monto destinado a los subsidios, se establece mantener la misma relación que este año respecto del PIB

En esa línea, Martínez había ratificado hace un mes que no habría una nueva prórroga al decreto de congelamiento e insistió, la semana pasada, en que apuntaba a “llegar con todo listo al verano”, en alusión al plan para ajustar las tarifas en un contexto de “optimización de los subsidios”. Esto es, un direccionamiento más eficiente hacia aquellos usuarios que no puedan pagar, gracias al mayor volumen de información que dejaron los programas de asistencia económica por la pandemia. Sin embargo, esos planes podrían ahora verse demorados un par de meses. Tras los dichos de Alberto Fernández, ahora en Energía se limitan a responder que “la decisión sobre el vencimiento del decreto, si se prorroga o no, depende de Presidencia”. No descartaron, de todos modos, un esquema de transición.

Es que en la órbita del Ministerio de Economía, del que depende la secretaría, el foco está puesto en el nivel de gasto, en el marco de la negociación que transcurre en estos días con el Fondo Monetario y de la cual los subsidios es un tema central.

La reducción en el costo de generación es atribuida a la fuerte caída en el precio de los combustibles y también a su menor utilización, por la menor demanda eléctrica. Sin embargo, los especialistas pronostican que esa disminución se revertirá en los próximos años, con el consecuente impacto en los subsidios o, su contraparte, las tarifas

Durante el primer semestre de este año absorbieron 9% del gasto total, 2 puntos más que el año pasado. Ese gasto se viene acelerando y podría, de la mano de la recuperación del precio de los combustibles, crecer aún más en el rubro electricidad. Es lo que plantearon los consultores Patricia Charvay y Nicolás Arceo, ambos ex directores de YPF designados en su momento por Axel Kicillof, en un análisis publicado ayer en el portal especializado Econojournal. “Los subsidios en la generación eléctrica pasaron de USD 3.200 millones en 2019 a aproximadamente USD 4.200 millones durante 2020. Sin embargo, de no haberse producido una disminución en el costo de generación, los mismos podrían haber alcanzado los USD 6.000 millones”, afirmaron.

La reducción en el costo de generación es atribuida a la fuerte caída en el precio de los combustibles y también a su menor utilización, por la menor demanda eléctrica. Sin embargo, los especialistas pronostican que esa disminución se revertirá en los próximos años, con el consecuente impacto en el nivel de subsidios o, su contraparte, las tarifas. “La instrumentación del Plan Gas seguramente permitirá revertir los niveles de declino que exhibió la producción a lo largo del último año, pero también implicará que el costo de generación de energía eléctrica no continuará disminuyendo, al menos, durante los próximos años”, dicen en el texto, en el que agregan “su impacto en términos de subsidios al sector eléctrico dependerá de la evolución de las tarifas durante el próximo año”.

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas, según un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020”.

La norma especifica que “quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada”.

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de “brindar un servicio reducido que garantice la conectividad”.

El Decreto N° 311/20 disponía que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.

La medida, que el presidente Alberto Fernández había adelantado más temprano a través de Twitter, fue dispuesta mediante un DNU.

El Gobierno declaró ayer, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre.

La medida, que el presidente Alberto Fernández había adelantado más temprano a través de Twitter, fue dispuesta mediante un DNU.

En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

Y subraya que esa decisión se tomó “abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.

En ese marco, se recuerda que la Carta Magna “en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.

Asimismo, se destaca “que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”.

Por lo tanto, añade, “es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso” a a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria”.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de los servicios a raíz de la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“La situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos”, subraya el DNU.

Y remarca que “en efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país”.

En su articulado, el DNU ordena incorporar como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: “Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: “Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

Y añade: “Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente texto: “Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

En el artículo 4°, en tanto, se ordena: “Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción”.

Sobre el final, el artículo 5° dispone que “las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo”, y el artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)”