Con apenas cuatro votos a favor del desafuero, fue rechazado el pedido de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación contra el jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri. Hubo dos abstenciones de los  radicales Lisandro Enrico y Rodrigo Borla. Todos los demás senadores se expresaron en contra de la solicitud del MPA.

La celeridad prometida en el Senado para resolver el pedido de desafuero sobre el senador Armando Traferri (PJ-JDP-San Lorenzo) se cumplió en sólo tres jornadas (el miércoles, jueves y este viernes) en medio de uno de los diciembres más calientes de la política santafesina.

Al cierre de esta edición, se desarrollaba la sesión en la que naufragó el pedido de los fiscales  Matías Edery y Luis Schiappa Pietra cuyas explicaciones ayer a las comisiones de Asuntos Contitucionales y de Peticiones y Juicio Político no fueron convincentes para la mayoría.

Casi no se demoró el reinicio de la sesión -previsto para las 10 horas-, luego del cuarto intermedio que leyó el temario y ganó 24 horas más para seguir conversando sobre la Ley Tributaria pedida por el gobierno provincial, que está cerca de la unanimidad.

Las divisiones –en especial puertas adentro del peronismo en el Senado- mostraron que solo cuatro senadores justicialistas de Lealtad, encabezados por Alcides Calvo (más Marcelo Lewandowski, Ricardo Kaufmann y Marcos Castelló) votaron a favor de autorizar la imputación; que en cambio todo el bloque Juan Domingo Perón de seis integrantes la rechazará; y que lo mismo hicieron los otros dos senadores peronistas que no forman filas en ninguno de esa dos bancadas del PJ: Cristina Berra (San Martín) y Eduardo Rosconi (Caseros) votaron contra el pedido judicial. En más de una oportunidad han dicho sin medias tintas: “apoyo al gobernador Omar Perotti; no nos gustan los métodos de (el ministro de Seguridad) Marcelo Sain”.

Dosintegrantes del radicalismo prefierieron no votar. Se abstuvieron Lisandro Enrico (presidente de la Comisión de Juicio Político) y lo mismo Rodrigo Borla. Ambos son abogados.

Con esos números, los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para un desafuero esquedaron muy lejos de los 13 votos necesarios.

Abstención y defensa en primera persona

El senador Armando Traferri, que obtuvo un muy fuerte respaldo de la Cámara alta, habló en forma extensa de su carrera política y su trayectoria a partir de la década del ’80.

El jefe del bloque Juan Domingo Perón lo hizo luego de pedir la abstención para no votar una cuestión que lo involucraba en primera persona: el pedido de desafuero en su contra, pedido por dos fiscales de Rosario, que apenas lograron cuatro apoyos sobre diecinueve bancas.

En su discurso, subrayó que “para mantenerse en política hay que tener conducta, hay que tener palabra y hay que ser consecuente con lo que se dice”.

“No es mi fuerte la oratoria. Sí son muy fuertes mis principios y mis verdades, ojalá los medios reflejen con exactitud lo que voy a exponer a mis pares. Los primeros a los que me debo y a mi familia, por supuesto, que viene pasando horas muy difíciles”, siguió.

Repasó sus comienzos y llegó al contexto actual en el que “todos los senadores teníamos asegurada la vitoria”, antes de la elección de gobernador en la que se impuso Omar Perotti.

“Los senadores justicialistas nos hicimos cargo de todo y nos cargamos la fórmula al hombro. Nos hicimos cargo de la campaña y en mi caso particular, San Lorenzo fue el mejor departamento que ganaron Perotti y Rodenas, gracias al compromiso que tomaron los intendentes y los presidentes comunales, muchísimos dirigentes y este senador. No es que me creo que gané yo… Lo hicimos entre todos”, comentó en un claro mensaje a la Casa Gris.

Hablar de la trayectoria política de un dirigente es “hablar de quién es uno”, resumió. Y advirtió: “es demasiado ingrato escuchar a dirigentes del justicialismo, que le hicieron la vida imposible a gobernadores peronistas, que hoy como funcionarios estén cuestionando la honestidad de este senador”.

“Si al ministro de Seguridad o jefe de inteligencia, como yo le digo, lo sale a defender Roy López Molina… bueno, eso no es el peronismo”, comparó tras repasar su militancia en el PJ.

“Se armó una operación política hace mucho tiempo contra este Senado… recuerden en 2015 y 2016 se nos denunciaba por el reparto de los subsidios y están autorizados por la Constitución Provincial: había que desprestigiar a este Senado. Esta Cámara tiene muy clara la independencia de Poderes, escucha al que piensa distinto y no impone nada, ni  se deja imponer nada”.

De inmediato dijo que los fiscales que entendían en aquella causa (luego fueron apartados) dijeron que “si metemos preso a un senador estamos como para presentarnos a gobernador”. Más adelante aseguró: “los fiscales no quieren que los controlen”.

“Voy a exponer mis pruebas, yo no hago conjeturas como los fiscales”, y recordó todas sus intervenciones en las que denunció públicamente, desde su banca, hechos delictivos y jefes del narcotráfico en la ciudad de San Lorenzo. “Yo denuncié la convivencia policial con el narcotráfico y se lo llevé al entonces ministro Corti, hoy asesor del ministro de Seguridad y jefe de inteligencia Sain”. Citó las actas judiciales en las que lo hizo, además de las versiones taquigráficas de sus pedidos de informes ante el jefe de los fiscales Jorge Baclini, durante años anteriores.

En el marco de la investigación por el juego clandestino y la existencia de una red de protección judicial, política y policial, los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery fundamentarán el pedido de desafuero contra Traferri. Ayer el Senado dio formal ingreso a la solicitud.

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio ingreso ayer, durante la sesión extraordinaria especial, al expediente Nº 42524, referido a la solicitud de desafuero del senador Armando Traferri que impulsa la Fiscalía Regional 2° Circunscripción y que fue derivada a las comisiones de Peticiones, Reglamento y Juicio Político y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El senador Marcelo Lewandowski solicitó que las comisiones convoquen al resto del Cuerpo para interpelar a los fiscales denunciantes. “Se ha instalando una situación mediática en la que se está culpando o dando como ciertas. El pedido es para que los fiscales vengan a explicar y, si hay pruebas contundentes, las presenten para que se termine este juzgamiento mediático”, argumentó.

Por su parte, el senador Felipe Michlig, en nombre del interbloque de la UCR, pidió que ambas comisiones se reúnan de manera conjunta para darle celeridad al tratamiento. “No creemos ni avalamos la condena social sin el debido proceso ni la posibilidad de que cada ciudadano y en este caso un dirigente de dilatada trayectoria lo pueda hacer en los estamentos que corresponda”, señaló el legislador por el departamento San Cristóbal durante la sesión que comenzó ayer pasado el mediodía y que contó con la presencia del propio Traferri.

Por la noche, desde la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial se informó que los dos fiscales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, se presentarán hoy a las 11:00 hs. para presentar y explicar los alcances de la evidencia que afirman tener en su poder contra Traferri, legislador por el departamento San Lorenzo, y que fundamenta el pedido para quitar inmunidad al integrante de la cámara.

De acuerdo a la investigación, Traferri habría desempeñado el rol de organizador de una red de juego ilegal, lo que justifica el planteo para que el Senado apruebe su desafuero y allane el camino para que sea sometido a un proceso penal. En el marco de esta investigación, se encuentran detenidos el ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, al igual que empresario considerado rey del juego clandestino, Leonardo Peiti.

Desde un simbólico banquillo de acusado, Traferri volvió a la carga contra el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, a quien había responsabilizado de estar detrás de supuestas operaciones de inteligencia y “carpetazos” en su contra. “Lo hago responsable -a Sain- de todo lo que ocurra con mi familia y allegados”, disparó un golpeado Traferri en una sesión en la que el clima tenso nunca se pudo disimular. Al mismo tiempo, el legislador envió una nota en ese sentido a las autoridades de ambas Cámaras y también a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

El martes, en declaraciones radiales, el fiscal Edery había expresado que junto a su par Schiappa Pietra “llevamos casi un año de trabajo, con 15 personas detenidas y más de 20 audiencias; la recolección de pruebas es abrumadora, tenemos investigaciones muy grandes encima, no vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente”.

EL PEDIDO DEL BLOQUE LEALTAD 

El Bloque Lealtad integrado por los senadores Marcelo Lewandowski, Marcos Castello, Ricardo Kaufmann y Alcides Calvo, atento a que se ha dado ingreso formal ante la Cámara de Senadores y girada a la Comisión de Enjuiciamiento y de Asuntos Constitucionales el pedido de desafuero del senador Armando Traferri por parte de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y teniendo en cuenta los ofrecimientos efectuados por los funcionarios de dicho Ministerio que entienden en la causa por juego clandestino, a brindar con mayor precisión y contundencia los elementos probatorios del caso, por lo cual solicitamos en forma urgente a la Comisión de Enjuiciamiento” señalaba un comunicado distribuido ayer después de la sesión por el espacio conformado el lunes pasado tras la fractura del peronismo en el Senado.

“Requerimos que dicho encuentro se realice antes de la finalización del año 2020 como así también pueda contar con la presencia de la totalidad de los miembros del Cuerpo”, agregaba el Bloque Lealtad. El pedido fue prácticamente una orden porque los fiscales se presentarán hoy antes del mediodía.

Hubo media sanción para un sistema de mitigación ante la emergencia y los desastres climáticos para el agro. También, para expropiar los bienes de la firma Transporte Júpiter de Rosario, para salvar el trabajo de 50 personas. 

Mediante un proyecto de comunicación, la Cámara de Senadores pidió al gobierno provincial que estudie la posibilidad de que vuelvan a las aulas los alumnos de 7mo grado de las escuelas primarias públicas y privadas, así como los del último año del secundario en todas las instituciones del nivel medio, que presentó el bloque de la UCR y contó con el apoyo de la mayoría justicialista.

El pedido fue impulsado por el senador radical por Villa Constitución Germán Giacomino, y se votó por unanimidad, junto a otro expediente del mismo tenor, que presentó su par Guillermo Cornaglia (PJ-Belgrano).

Además, respecto de la pandemia de Covid-19, la Cámara solicitó al Poder Ejecutivo (en tres proyectos con el mismo objetivo) que estudie la posibilidad de incorporar la Ivermectina, un medicamento antiparasitario, como una “herramienta más” en los centros médicos provinciales. Los senadores Cristina Berra (PJ-San Martín), Guillermo Cornaglia (PJ-Belgrano) y Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo) presentaron sendos proyectos, que fueron unificados. El radical dijo que esa medicación constituye “una esperanza”, tal como antes la Cámara hizo con el plasma de recuperados de coronavirus y con el ibuprofeno de sodio.

Media sanción

Por otra parte, sobre tablas y con la premura del caso, el Senado aprobó un proyecto de ley del senador Marcelo Lewandowski que busca garantizar la continuidad de 50 puestos de trabajo en la empresa Expreso Júpiter de la ciudad de Rosario, que si no logra la sanción de una ley que declare de utilidad pública sus bienes, marchará a la disolución según un fallo de fines de agosto. Desde hace 10 años los empleados la gestionan de forma cooperativa.

Además, obtuvo media sanción la iniciativa presentada por el jefe del bloque de senadores del PJ, Armando Traferri, que busca la elaboración del proyecto para la realización de las obras de defensa de la margen del Río Paraná y las obras complementarias en la ciudad de San Lorenzo.

Una reforma de fondo a las emergencias para el agro

Tras su paso por comisiones, el Senado aprobó con media sanción un proyecto de ley que crea el “Sistema Provincial para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios”, de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias).

La iniciativa parte de sostener que cada declaración de Emergencia para el sector “no resulta eficaz en Santa Fe para morigerar los efectos negativos que estas situaciones provocan en la producción”, según expresa el presidente provisional del Senado.

Contempla un programa de asistencia a productores agropecuarios con un fondo, distintas líneas de créditos con subsidio de tasas, más un programa de seguro agrario y disposiciones varias, para reemplazar a la normativa vigente.

El texto que pasa a Diputados parte de sistematizar en parte los instrumentos que se crearon en 2005 y 2008 ante los graves problemas que sufrió la lechería santafesina.

Por unanimidad, la Cámara expuso la discriminación que sufre la provincia frente al área metropolitana de Buenos Aires. Pasó a Diputados una ley de emergencia para todos los subsistemas de corta, media y larga distancia. 

Con la firma de todos los senadores, la Cámara alta expresó su deseo de que el sector del transporte de la provincia reciba el mismo trato económico que el gobierno nacional le ha dado al de la capital federal y el Gran Buenos Aires.

La comunicación se aprobó sobre tablas, con un texto acordado durante la reunión de jefes de bloques, durante la telesesión en la que -además- se le otorgó media sanción a un proyecto de ley que declara en emergencia al sector.

Ambas iniciativas nacieron en el bloque de la mayoría del justicialismo y fue su presidente, Armando Traferri (San Lorenzo), quien expuso la necesidad de producir ambos sobre tablas. Dijo que en la jornada del miércoles 29 la bancada de doce integrantes se entrevistó con representantes del sector que le expresaron su preocupación por lo insostenible de la situación.

Por una parte, la Cámara subraya que los usuarios santafesinos deben tener los mismos beneficios que los del Amba y por otra, se avanza en la sanción de una norma que otorga algunos beneficios impositivos a todos los subsistemas de corta, media y larga distancia.

El proyecto de ley propuesto por el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola, consta de cuatro artículos en el que se destaca que mientras dure la emergencia producto de las medidas sanitarias adoptadas frente a la pandemia, a nivel nacional, se extenderá la emergencia para el sector del transporte.

Mensajes con improperios 

Durante la sesión -que sufrió algunas interrupciones momentáneas por problemas en su soporte en internet- el senador Traferri relató un suceso preocupante, extraño al clima de convivencia política que se observa en el Senado.

Dijo que integrantes de esa bancada recibieron mensajes de textos en sus teléfonos celulares con advertencias que bien pueden tomarse como algo más grave, en su contra.

“Queremos dejar en claro que estas prácticas se pueden tomar como amenazantes, y no corresponden de ninguna manera y hablan de otras épocas”, dijo el senador. Explicó que, a su celular, al del presidente provisional Rubén Pirola y al del vicepresidente del bloque del PJ, José Baucero llegaron esos envíos.

Luego acotó: “hemos recibido y conversado con representantes de la industria hotelera y gastronómica y comprendemos que sus dificultades son muchas. Hemos recibido sus demandas y estamos al tanto de las necesidades que padece el sector. De ninguna manera corresponde mandar esos mensajes que se han enviado”, acotó.

“Democráticamente atendemos a todas las instituciones y las decisiones en el bloque del PJ se toman también democráticamente, me parece oportuno dejar claro que de ninguna manera vamos a aceptar esas actitudes”.

Reclamo

El jefe del interbloque de la UCR, Felipe Michlig, lamentó que algunos funcionarios no convoquen a los intendentes opositores y a los propios senadores radicales en sus visitas al interior.

El representante por San Cristóbal habló de funcionarios del ministerio de la Producción que mantienen reuniones con entidades intermedias de localidades a las que -gobernadas por integrantes del Frente Progresista, Cívico y Social- no se invita a sus autoridades.

Antes, su correligionario Rodrigo Borla (San Justo) explicó que lo mismo había sucedido con clubes que recibieron a funcionarios de la Casa Gris, e imploró: “si no quieren contar con este senador, no hay problemas, pero me parece una falta de respeto que no el intendente o presidente comunal de la localidad anfitriona no sepa de la presencia de representantes del gobernador”.

Tanto Michlig como Borla sostuvieron su convicción de que del tema “seguramente no está al tanto el gobernador” y pidieron la intervención de la vicegobernadora. La titular del Senado Alejandra Rodenas ofreció su disposición y aunque sostuvo que había tomado nota del reclamo también se permitió descender a la arena del debate y le pidió a Michlig que no haya expresiones ofensivas contra los funcionarios de la Casa Gris “en la otra Cámara”.

Se produjo entonces un momento de cierta tensión, porque el radical insistió con la queja y habló de la necesidad de que se respete “la institucionalidad” y el voto de los santafesinos. Recordó que los funcionarios colaboradores del gobernador “no fueron electos por el pueblo”.

“La gente espera lo mejor de nosotros, que posterguemos las disputas políticas en medio de una crisis gravísima, con ciudadanos que están muy angustiados, desesperanzados. Nuestro pedido consiste en un llamado a la reflexión de los funcionarios para que respeten la institucionalidad del Senado”, subrayó.

La vicegobernadora había hablado de discursos “que suelen ser ofensivos”, en obvia referencia a Diputados e insistió: “si estamos en el buen sentido utilizando este momento de la sesión para una crítica hagamos, todos y todas también una autocrítica”.

San Vicente

Con la media sanción de la Cámara de Senadores quedó más cerca de concretarse la aspiración de la comuna de San Vicente, en el departamento Castellanos, de convertirse en municipalidad.

La Cámara alta votó por unanimidad el proyecto del justicialista Alcides Calvo que llegó al Orden del Día con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto fue presentado por el senador por Castellanos, Alcides Calvo (PJ) que también logró que sobre tablas se aprobara con media sanción una ley que declara a la ciudad de Rafaela como “Capital Provincial del Automovilismo”.

Por unanimidad, la Cámara alta pidió dejar en manos de las municipalidades y las comunas el regreso a la actividad de los jardines maternales. En otro proyecto, el radicalismo pretende bajarles la presión impositiva y, en el suyo, Marcelo Lewandovski (PJ-Rosario) plantea lo mismo. Además, a tres comisiones pasó un proyecto de ley con media sanción de Diputados que pide un bono para los docentes reemplazantes.   

La Cámara de Senadores propuso al Poder Ejecutivo Provincial que sean las autoridades de cada pueblo o ciudad de la provincia quienes definan el regreso a la actividad de los jardines maternales.

Por unanimidad y sobre tablas se aprobó un proyecto de comunicación del radical Germán Giacomino (UCR-Constitución) que expone el problema económico que sufren estas instituciones educativas al no poder desarrollar sus actividades debido a la pandemia y la cuarentena.

El texto le solicita al Poder Ejecutivo Provincial que estudie la posibilidad de que sea una facultad de las autoridades municipales y comunales la chance de que vuelvan a abrirse los jardines.

La iniciativa parte de la idea de que las situaciones de cada jurisdicción son diferentes respecto de los riesgos de contagio y advierte que mientras otras actividades -con los protocolos y cuidados del caso- se han recuperado no ha ocurrido lo mismo con las guarderías.

Indica que además de afectar al sector que era conocido como de guarderías, las familias que también vuelven a la actividad no tienen ese servicio educativo y de cuidados a sus hijos.

Alivio fiscal

Por otra parte, ingresó al Senado un proyecto de ley del senador Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo) que tiene también la firma de todos los demás representantes radicales que “exime del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a los Jardines Privados por el lapso de 6 meses”, con el fin de apoyarlos con una medida de alivio fiscal.

El texto fue defendido en el recinto por el jefe del interbloque radical, Felipe Michlig (San Cristóbal), quien argumentó que como con otras actividades son los presidentes comunales y los intendentes municipales, así como sus cuerpos deliberativos, los que están en mejores condiciones de evaluar si es posible su reapertura.

Para la oposición en el Senado es vital que la provincia les otorgue un perdón sobre Ingresos Brutos a los jardines que han perdido la mayor parte de sus recursos habituales.

“En este contexto de emergencia sanitaria es una de las actividades más golpeada y que menos atención estatal ha tenido” dijo el senador Diana y mencionó que el beneficio tributario propuesto “se basa en la necesidad de revisar la situación actual de los jardines, ya que brindan un servicio que cubre una necesidad de gran relevancia en el proceso formativo de los niños y niñas, y nunca se ha generado una estrategia de acompañamiento adecuado desde el Estado, situación que en el contexto de la emergencia sanitaria se ve agravado”.

Por otra parte, desde el oficialismo y por ahora solo con su firma, el senador justicialista por Rosario Marcelo Lewandovski planteó el mismo objetivo, con “la modificación del artículo 212 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe”.

El ex periodista dijo que “este cambio resulta necesario para incorporar al régimen de establecimientos educativos privados a los jardines maternales e infantiles. De esta forma podrían contar con las mismas exenciones que otras instituciones”, indicó tras hablar de las “drásticas reducciones en los ingresos que, en muchos casos, los han obligado al cierre”.

Bono a reemplazantes

El proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que plantea darles a los docentes reemplazantes un bono de 10.000 pesos pasó a tres comisiones del Senado: de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La iniciativa de Juan Cruz Cándido (UCR) parte de reconocer que con el cierre de las escuelas por la cuarentena no se han producido reemplazos en las instituciones educativas de la provincia, por lo que aquellos docentes que no han logrado ser titulares y viven de hacer reemplazos hoy no tienen ningún ingreso.

Encima, al figurar en las bases de datos del Ministerio de Educación, para poder hacer reemplazos, el sistema de seguridad social los toma como trabajadores con un ingreso, por lo que tampoco les ha otorgado ninguna ayuda.

La situación afecta a no menos de 13.500 docentes, según los registros existentes en el ministerio de Educación a marzo de 2020 sobre docentes anotados para hacer reemplazos.

500 millones de pesos

Gasta cada año el gobierno santafesino en pagos a los docentes reemplazantes. Hoy esa cifra se reduce a cero.

135 MILLONES DE PESOS 

Le costaría a la Casa Gris otorgarles a los docentes y asistentes escolares reemplazantes un bono extraordinario de 10 mil pesos, como plantea un proyecto de ley con media sanción de Diputados.

Vuelve el proyecto San Vicente ciudad

El proyecto de ley para convertir en ciudad a la comuna de San Vicente, en el departamento Castellanos, pasó al orden del día de la próxima sesión del Senado santafesino.

La iniciativa del senador justicialista Alcides Calvo ya fue aprobada por la Cámara alta a fines del año pasado, pero (como había sido presentado en 2018) perdió estado parlamentario a poco de pasar a Diputados.

En estos términos se expresó el autor del proyecto de ley que establece la extensión de la prohibición de conducir con alcohol en sangre a todos los vehículos y no sólo al transporte de carga y de pasajeros, como dispone la normativa vigente.

Vale la pena mencionar que esta iniciativa, oportunamente elaborada en conjunto con diversas ONG, ya obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados y aguarda el tratamiento en la Cámara de Senadores.

En este sentido, el legislador puntualizó: “Entendemos que las razones por las cuales se hizo necesario contar con una ley que extienda la prohibición de conducir con alcohol en sangre a todos los conductores de vehículos y no sólo a los del transporte público y de carga, como está dispuesto actualmente, siguen tan vigentes como siempre.

Si aceptamos que el alcohol, como elemento facilitador de accidentes y relajación de reflejos, constituye un peligro para quien conduce un vehículo de transporte de pasajeros o de carga, que alguien me explique por qué no opera de la misma forma respecto de los conductores de otros vehículos.

En este punto, debemos preguntarnos: ¿Acaso la vida de los integrantes de una familia, que en su auto particular protagoniza un accidente, vale menos que la de quien es transportado en un ómnibus o del conductor de un camión que lleva mercadería? Incluso, del accidente generado por quien conduce un vehículo teniendo alcohol en sangre puede resultar herida cualquier tercero, sea peatón o conductor de otro vehículo. Al riesgo que de por sí conlleva el tránsito, no resulta lógico que se permita adicionarle la ingesta de alcohol”.

Por último aclaró: “En este contexto de pandemia y aislamiento, afortunadamente ha disminuido la cantidad de accidentes, pero esto se debe a la baja en el número de vehículos que están en circulación y no a un mejoramiento de la seguridad vial. Una muestra de ello es que ante la flexibilización del aislamiento, comenzaron a producirse nuevamente dichos accidentes. Por ello, entendemos que es importante avanzar hacia esta medida que contribuye a la seguridad, lo cual redundará en una clara baja de la siniestralidad vial”.