Este martes, en las instalaciones del emblemático Edificio del Molino, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento al diseñador Roberto Piazza por su destacada trayectoria artística.

En el acto, se le entregó un Diploma de Honor del Senado de la Nación, en mérito a su valioso aporte a la cultura argentina y a su defensa de la libertad creativa y la dignidad humana, valores que enaltecen a la Nación y la proyectan al mundo.

“Fue una noche muy especial. El Senado me dio un premio de sorpresa, yo no sabía, ni lo pedí, ni nada. Fue por mi trayectoria artística y filantrópica, por mi trabajo como diseñador y por mi fundación contra el abuso infantil”, contó el diseñador a Noticias Argentinas.

“Fue muy grande e importante en este momento de mi carrera, que está abriendo puertas nuevas en todo el mundo. Estoy muy feliz, es un gran reconocimiento después de 50 años de trabajo. Es la primera vez que me reconocen de esta manera, así que estoy muy agradecido”, agregó.

“¡Viva la libertad, carajo!”, Roberto Piazza fue homenajeado por el Senado de la Nación. #Senado #FarandulaShow #Piazza #Milei #BuenosAires #moda pic.twitter.com/J2opmtEKlO

La distinción fue otorgada por la Senadora Nacional por la Provincia de Jujuy, Vilma Bedia, con la presencia del Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el Director General de Cultura del Senado, Daniel Abate, y el Director General del Edificio del Molino, Marcelo Rodríguez.

Acompañaron a Piazza figuras del espectáculo y el periodismo como la conductora Lía Salgado, el actor Juan Acosta, los periodistas Cacho y Alejandra Rubio, la periodista Nancy Duré, el productor teatral Aldo Funes y la actriz y amiga personal del diseñador, Mariana A.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando Roberto agradeció profundamente el reconocimiento, dedicándole unas palabras especiales a su esposo Walter Vásquez, quien emocionado y con lágrimas en los ojos lo acompañó desde la platea.

Para cerrar la jornada, Piazza interpretó cuatro tangos sobre el escenario, acompañado por modelos vestidas con impactantes diseños en tonos violetas, y culminó con su característico grito: “¡Viva la libertad, carajo!”. “Muy emotivo, muy emocionante, por eso pinté todo el Senado de violeta, estoy muy esperanzado”, dijo el diseñador a Noticias Argentinas, alineado con el Gobierno de Javier Milei y con sus políticas.

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“Yo opino que con Espert hay una opereta en el medio, me pareció que su renuncia fue un acto de dignidad muy bueno. Si estuvo metido en algo que no corresponde, que salga a la luz. El acto de Milei (en el Movistar Arena) me pareció genial, que haya cantado y le haya puesto una gota de alegría al pueblo en estos momentos donde hay toda esta cosa exageradamente violenta que genera el kirchnerismo y los zurdos, él hace esto y me parece interesante. No desatendió en ningún momento a la Argentina”, opinó.

“Una caricia en el alma viene bien. Lo que hizo fue un acto de amor hacia al pueblo. No gastó plata del pueblo, me parece genial tener un presidente descontracturado”, concluyó.

La iniciativa, girada al Senado por la Cámara de Diputados el 5 de julio, extiende hasta 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades de nanotecnología.

El Senado convirtió este jueves por la tarde en ley un proyecto de ley que vino en revisión desde la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la promoción, el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna y de la nanotecnología.

La iniciativa es una de las cuatro leyes reclamadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, al momento de su asunción como titular del Palacio de Hacienda a principios de agosto pasado.

Las otras tres iniciativa solicitadas por el ministro son las de promoción para la construcción, la promoción de la industria automotriz -que será tratada esta noche- y la de agroindustria.

Sergio Massa anunció las primeras medidas económicas

La sesión fue seguida desde el recinto por el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, quien primero se sentó en uno de los balcones que dan al hemiciclo, hasta que el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, lo invitó a ubicarse frente a los senadores.

La norma fue aprobada por amplia mayoría, y girada al Senado, por la Cámara de Diputados el 5 de julio, con los votos favorables del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

El dictamen busca promover el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional.

Qué contempla la iniciativa

El proyecto permite que quienes accedan al régimen de promoción puedan obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Otro punto clave es que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, encargado de aprobar los proyectos que deberán cumplir con la mejora sustancial de procesos productivos, en especial, lo que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social.

La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la oficialista rionegrina Silvina García Larraburu, dijo que es “fundamental que este proyecto se convierta en ley porque hay gran número de inversiones del sector esperando la normativa”.

“Desde que asumimos el gobierno, volvimos a darle rango ministerial a esta área”, mencionó la legisladora.

Además, señaló que “el Estado sigue acompañando el desarrollo de los privados” y enfatizó: “tenemos un gran futuro por delante y estamos trabajando mancomunadamente y en forma apartidaria con el resto de los bloques”.

El radical Víctor Zimmermann destacó que “en la ley que vamos a aprobar no existe más el fondo de financiamiento”.

“Si no existe la capacidad económica pero sí el talento, el Estado debe estar presente”, advirtió el vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y juzgó que “se está perdiendo financiamiento para estos pequeños emprendedores”.

Zimmermann reiteró que “es necesario sostener el fondo en la ley” y propuso una modificación, de manera infructuosa, para agregar un artículo que brinde un “incentivo a las importaciones para los proyectos que, en su gran mayoría, necesita traer cosas de afuera para poder avanzar en la investigación y el desarrollo”.

Empresas argentinas de biotecnología participarán de la feria más importante de EEUU

FILMUS, CELEBRÓ LA SANCIÓN DE LA LEY

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, celebró esta noche de jueves la sanción de la .ley de Promoción de la Bio y Nanotecnología y aseguró que “los países centrales llegan a invertir entre 3 y 4 puntos de su PBI en ciencia y tecnología”.

“La importancia de esta ley radica en la posibilidad argentina de impulsar el avance de aquellas áreas sustantivas para nuestro desarrollo en las cuales debemos concentrar la inversión”, dijo el funcionario en un comunicado.

“La capacidad de las y los científicos y tecnólogos argentinos sumado a la inversión del Estado, en articulación con privados, nos permite transformar la matriz productiva y desarrollar uno de los grandes sectores de la Economía del Conocimiento que tienen que ver con el futuro del país”, aseguró.

Filmus se refirió a las diferentes leyes vinculadas a la ciencia y la tecnología que fueron sancionadas en el último tiempo y remarcó que, “es fundamental que podamos lograr un gran consenso para aprobar por unanimidad las leyes que hacen al desarrollo científico-tecnológico porque es lo que nos permite que un área tan estratégica no esté atada a los cambios de gobierno ni a los calendarios electorales y así lograr una coincidencia respecto a que el futuro del país depende en buena medida del desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

La normativa contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA, y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal del 50% de los gastos destinados a contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El senador está afectado por el síndrome de la esclerosis lateral amiotrófica. Anunció su alejamiento en una carta. Tiene mandato hasta 2023.

El senador nacional Esteban Bullrich anunció que renunciará a su banca en la Cámara alta. Bullrich está afectado por esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le dificulta mucho hablar y también los movimientos.

Bullrich les envió este martes un mensaje a los senadores para informarles sobre su decisión. Este es el mensaje completo:

“Hola colegas, Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen.

Me hubiera gustado manejar esto de otra manera pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos.

El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido pero Dios tiene otros planes para mí.

Abrazo enorme”

Esteban Bullrich lució una remera con un mensaje para quienes lo criticaron

Ministro de Educación durante el primer tramo de la presidencia de Macri, Bullrich llegó a ocupar una banca en la Cámara Alta luego de ser electo en las legislativas de 2017 como senador nacional por la provincia de Buenos Aires, tras imponerse sobre Cristina Kirchner en un comicio en el que él, como cabeza de la fórmula, logró el 42,15% de los votos, casi seis puntos más que la ex presidenta y líder del Frente de Todos. Su mandato expiraba el 10 de diciembre de 2023.

Antes de ser ministro nacional había ocupado el mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires, en la etapa en que Macri fue jefe de Gobierno, entre enero de 2010 y diciembre de 2015. Y como paso anterior en la función pública, de diciembre de 2007 a mayo de 2008, había sido ministro porteño de Desarrollo Social. Además, de 2005 a 2007, y entre 2009 y 2010, fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En abril de 2020, luego de mostrar síntomas de dificultad en el habla, Bullrich fue diagnosticado de ELA, una enfermedad neurológica degenerativa.

Tal como dijo en su carta de despedida de la banca, Bullrich piensa seguir dedicándose a la actividad política.

Con la presencia de la vicepresidencia de la Nación en su rol de presidente del Senado, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó las modificaciones en Ganancias y a la ley de Monotributo.

La discusión entre la oposición y el oficialismo estuvo centrada mucho más en lo que hicieron los gobiernos de Cambiemos y de Cristina Kirchner respecto del impuesto. Mientras que el oficialismo señaló la promesa de campaña de Mauricio Macri respecto de Ganancias, la oposición por otro lado hizo referencia que en el kirchnerismo fue la época en donde menos se modificó el piso.

Sólo hubo un cruce cuando tomó la palabra la senadora Elías de Perez que tuvo en encendido discurso apuntando con el dedo a la cámara -estaba de manera remota- e hizo referencia a una de las frases más conocidas del macrismo que acuñó el ex jefe de gabinete, Marcos Peña, con un “háganse cargo”, lo que significó que una senadora del oficialismo abrió su micrófono y le dijo “el dedito”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau de Juntos por el Cambio señaló que esta norma “es un alivio pero para un sector muy chico de la Argentina, es un alivio para el 5% de los trabajadores que están dentro del 10% de los que más ganan”.

Luego de hacer referencia a la “violencia” de algunos discursos en referencia a los dichos de Alberto Fernández que llamó “imbécil” a dirigentes de la oposición, el dirigente radical dijo que era “una pena que debatamos las cosas a las apuradas y en un contexto de agresividad y tenemos que dejar de vestir de épica algunos parches a problemas estructurales de la economía argentina como la inflación que eso hace que el impuesto a las ganancias se comporte de una manera totalmente anormal”.

“Estamos aprobando algo que no debería tener una gran epica, que tiene errores, que va a generar alivios a algunos, costos a otros y que seguramente más adelante vamos a tener que corregirlo como corregimos otras cosas”, señaló.

De todas formas, y a pesar de algunos discursos encendidos, hubo apoyo generalizado de todas las bancadas.

Con 66 a favor, una abstención y cuatro ausentes, los senadores aprobaron de manera conjunta las leyes que modifican el piso a partir del cual los asalariados y jubilados empiezan a pagar el impuesto a las Ganancias y por XXX votos a favor las modificaciones al régimen de Monotributo.

En el caso de la primera de las normas, que ahora habrá que esperar a que sea publicada en el Boletín Oficial, la ley que exime del pago de ganancias a trabajadores y jubilados con ingresos de hasta 150.000 pesos brutos y hasta ocho jubilaciones mínimaspara los jubilados y pensionados que fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y aprobada en la sesión realizada durante un fin de semana en la Cámara baja.

La norma contó con el apoyo de Juntos por el Cambio que, de todos modos, reclama algunas modificaciones y también discute algunos de los aspectos técnicos porque la ley sólo modifica el piso y no el resto de las escalas.

Pero, a pesar de esta discusión, al igual que lo que sucedió en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría.

Una vez aprobada, llegó el turno de otro proyecto de ley que cuenta con media sanción y que fue enviado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que modifica el paso del régimen simplificado o monotributo al de responsable inscripto.

El proyecto de ley que ingresó en enero al Congreso se viene a sumar a las mejoras en la escala de Ganancias y apunta a un sector de la clase media ya que propone dos herramientas. La primera, para los que luego de la suspensión de la exclusión que comenzó en octubre de 2019, y que aún se mantiene, deberán afrontar una deuda devengada muy importante. La segunda, para el largo plazo, es un nuevo régimen que haga que el pasaje de monotributista a autónomo sea más simple y menos costoso.

En el primero de los casos el proyecto de ley establece que a aquel monotributista que se haya pasado hasta un 25% de la facturación se le va a ofrecer la oportunidad de volver a la categoría del monotributo. En el caso de que el exceso de ese 25% sea anterior al 31 de diciembre de 2020, va a poder computar 50% del crédito fiscal presunto. Si así fuese, para un monotributista que se pasó en un 40% la ecuación quedaría con que sin esta norma deberá afrontar una deuda de 1.360.000 pesos pero que, de aprobarse, deberá enfrentar un pago de 649.882 pesos.

En la previa al tratamiento de las dos leyes económicas, y a pedido de la senadora Silvia Elías de Pérez, se incluyó la discusión y sanción de la modificación del código penal de hostigamiento sexual “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos”, en donde el texto del artículo a modificar señala que se penará a aquel que “contactare a una persona, la perturbare, intimidare u hostigare con connotación sexual, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana”.

Los senadores aprobaron por 67 votos positivos y uno negativo la modificación y ahora volverá a Diputados.

Presiones políticas y concesiones a provincias lograron revertir votos que inicialmente se habían expresado en contra del proyecto de legalización del aborto que impulsa el Gobierno; falta que se definan cuatro senadores

Una combinación de presión política y de concesiones del Poder Ejecutivo para algunas provincias le garantizaría al Gobierno los números para sancionar el proyecto de ley de legalización del aborto, que el Senado tiene previsto debatir en el recinto mañana en una sesión que, se espera, podría alcanzar las doce horas de duración.

En un escenario de voluntades volátiles en el que las convicciones de hace dos años parecen haber dejado lugar a la conveniencia política, menos de 48 horas antes del debate el tablero marca una paridad en 34 votos, con cuatro senadores en el rubro de los indecisos o de posibles abstenciones.

Sin embargo, entre los 34 legisladores que rechazan la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo figuran dos que difícilmente puedan votar. Ellos son los oficialistas Carlos Menem (La Rioja), que se encuentra internado tras sufrir un problema cardíaco, y José Alperovich (Tucumán), de licencia hasta el primero de enero por las denuncias de violación que pesan en su contra.

En medio de “verdes” y “celestes” se ubican cuatro senadores que podrían inclinar la balanza para cualquiera de las dos posiciones, en una lista en la que conviven legisladores que ocultan sus votos para evitar las presiones y los escraches de ambos sectores con aquellos que no terminan de convencerse con la letra del proyecto.

En la primera de esas categorías se inscriben las senadoras Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y la entrerriana Stella Olalla (UCR), quienes mantienen guardada bajo sietes llaves su decisión.

Alberto Weretilneck, a quien todos contaban como un voto a favor del proyecto, reclamó cambios. Ante la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones, analiza abstenerseAlberto Weretilneck, a quien todos contaban como un voto a favor del proyecto, reclamó cambios. Ante la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones, analiza abstenerse Crédito: Prensa Senado

“Se van a enterar de mi voto cuando apriete el botón”, afirmó Crexell a LA NACION. Algo similar expresó la senadora radical, cuyo domicilio se convirtió en meca de peregrinación para los “celestes” entrerrianos el pasado 28 de noviembre, cuando los que rechazan el aborto se movilizaron a nivel nacional en contra de su legalización.

En la segunda categoría revistan el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) y el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Kueider fue clave para que el proyecto consiguiera dictamen en el Senado. Sin su rúbrica no hubiese alcanzado la mayoría necesaria en Justicia, una de las tres comisiones que discutieron la iniciativa. Eso sí, firmó en “disidencia parcial”, postura que justificó por la necesidad de introducirle cambios al proyecto.

Por su parte, Weretilneck, a quien todos contaban a favor del proyecto, se plantó en el último plenario de comisiones reclamando que se introduzcan cambios. Además de cuestionar la amplitud de la frase “salud integral”, establecida como una de las causales que justificarían un aborto después de las 14 semanas, también pidió establecer la obligatoriedad de formular la denuncia penal para los casos por violación.

Entre los “verdes” del oficialismo confiaban en que el rionegrino finalmente terminaría votando a favor y conformándose con las promesas de que sus reclamos serían contemplados en la reglamentación de la eventual ley.

Sin embargo, el panorama pudo haberse modificado luego de que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, rompiera el frágil equilibrio alcanzado por los senadores oficialistas con el rionegrino cuando dijo que el Gobierno no pensaba introducirle cambios al proyecto. Después de esa irrupción, Weretilneck analiza abstenerse.

Cambios clave

La todavía frágil mayoría que tiene la legalización del aborto se logró no sin arduas negociaciones para reducir el fuerte rechazo al aborto que existe en la tropa oficialista con la intención de darle al Gobierno al menos un logro político antes de fin de año.

Uno de esos casos es el de la rionegrina Silvina García Larraburu, que en 2018 votó en contra y ahora firmó el dictamen y apoyará el proyecto. Las convicciones de la legisladora parecen haber mutado luego de un persistente trabajo de “presión política” de sus compañeras de bancada que la llevó a declarar que ahora las condiciones han cambiado, que hay un gobierno que se preocupa por la salud y que lo votará porque no se trata de una jugada del “duranbarbismo”, como en 2018.

La imagen de Cristina Kirchner en las inmediaciones del Congreso, en una movilización de quienes promueven la legalización del abortoLa imagen de Cristina Kirchner en las inmediaciones del Congreso, en una movilización de quienes promueven la legalización del aborto Fuente: LA NACION – Crédito: Ignacio Sánchez

La Casa Rosada, en tanto, tuvo que apelar a su poder de persuasión con el salteño José Leavy, que hace dos años votó en contra cuando era diputado nacional.

Luego de reunirse con Alberto Fernández y de que este anunciara la concreción de un plan de viviendas en su provincia, “el Oso” Leavy aseguró que estaba “repensando” su postura. No es el único. Si hace falta, otros podrían seguir su camino.

Sin ajustar por inflación y con los cambios que propuso el bloque del Frente de Todos a la norma que había enviado el Ejecutivo, el oficialismo impuso su mayoría mientras la oposición insistió en la falta de diálogo. Ahora pasa a la Cámara de Diputados.

El oficialismo hizo valer su número y el Senado le dio media sanción a la nueva fórmula de la movilidad previsional para el 2021. Luego de varios cruces y chicanas, el Frente de Todos impuso su cantidad y logró darle media sanción a la norma por 41 votos positivos contra 26 votos negativos y ahora la fórmula volverá a la Cámara de Diputados para ser discutida, pero con las modificaciones. Esos cambios que fueron negociados entre el bloque oficialista del Senado y la Casa Rosada -en una imagen más de oposición y oficialismo- incluyen modificaciones que impactarán en las cuentas fiscales de 2021 y en el Presupuesto y dejan de lado el indicador del costo de vida como parte de la fórmula de ajuste.

La fórmula inicial establecía dos actualizaciones al año que se conformaban 50% a base del crecimiento de los salarios y 50% a base de la recaudación. Además, establecía que el aumento de 5% de diciembre que se otorga por decreto iba a ser tomado a cuenta del incremento que se aplique con la nueva fórmula en marzo de 2021.

Uno de los cambios tiene que ver con la periodicidad de los ajustes. En la fórmula inicial que tenía media sanción de Diputados establecía que la movilidad estaba dada de manera semestral pero con estos cambios los aumentos se aplicarán en forma trimestral. Esto impactará en que habrá seis meses de aumentos no previstos.

Otra modificación es la fórmula de actualización para las jubilaciones y pensiones. En el sistema original se establecía que se tomaba 50% de recaudación y 50% del índice de variación salarial. Sin embargo, la comisión aprobó una nueva fórmula. El proyecto aprobado por el Senado establece que el ajuste será por recaudación, por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que realiza el Ministerio de Trabajo y por el Indice Salarial del Indec, el cual también toma la variación del trabajo en negro. Es decir, con este cambio aparecen las paritarias más altas dentro de ese trimestre.

Asimismo, se eliminó el artículo 6, que establecía un techo que estaba fijado por la evolución de toda la recaudación de la Anses. Así había quedado establecido en el texto original, el cual señalaba que los gastos no podían ser mayores que los recursos. Este artículo fue eliminado.

Los cambios repercutirán en las arcas del Estado nacional, en el Presupuesto 2021 y en lo que viene negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El sólo hecho que el 5% no se descuente significa un aumento de 0,3% del déficit 2021″, explicó a Infobae Martín Vauthier, economista de EcoGo. “Ese es el cambio más significativo en términos fiscales porque las jubilaciones semestrales sólo iban a tener el aumento de marzo que iban a estar disminuyó con la quita de diciembre, con lo cual el aumento nominal entre diciembre y agosto iba a ser bajo. Iba a tener un impacto fiscal muy positivo, pero implicaba que en un año electoral las jubilaciones llegaran con una caída real a agosto”, agregó Vauthier.

especto a los otros cambios, Vauthier señaló que es “prácticamente imposible proyectar un déficit porque depende de decisiones de política y la pandemia, implica subsidios, movilidad, paritarias, etc.” pero que la propia estructura de la fórmula “no modifica demasiado, el impacto viene por el pago a cuenta. Después habrá que ver cuál es la diferencia entre el Ripte y el índice de variación salarial”.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, estuvo presente en el Senado y dijo sobre el nuevo mecanismo: “Esta fórmula jubilatoria logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida. Además, trae algo muy importante para los jubilados y jubiladas argentinas que es previsibilidad, que sepan cuándo van a tener sus aumentos

Críticas de Lousteau

Martín Lousteau, senador de Cambiemos, aseguró que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria “es poco transparente”

“Esta es la tercera fórmula de movilidad que vamos a discutir en pocos años, más los decretos de este año. Estuvimos tocando el 10% del PBI sin un solo cálculo actuarial en los últimos 25 años, sin ningún número” y calificó la nueva fórmula “como poco transparente”, dijo.

Además agregó: “Necesitamos saber cuáles son los cálculos actuariales en los diferentes escenarios macroeconómicos de las distintas fórmulas para saber cuánta recomposición se puede dar, cuan sustentable es eso. Es tan grande el sistema previsional que si lo calibramos mal generamos otros problemas macroeconómicos”.

Lousteau también leyó el discurso de Oscar Parrilli cuando argumentó a favor de la Ley que creó las AFJP durante el gobierno de Carlos Menem.

“Parrilli tiene todo el derecho a cambiar de opinión, pero me preocupa que de esta manera tratamos siempre el sistema previsional, con poco diálogo, pocos números y sin debatir en profundidad que es lo que pasa y las AFJP terminó con millones excluidos de los beneficios previsionales”, sostuvo.

“Pero no solo eso, le tuvieron que sacar 15% a las provincias durante ochos años, porque no se restituyó hasta que la Corte lo dijo, para financiar la transición del régimen y eso llevo a la quiebra fiscal de la Argentina y de las provincias”, continuó. “En 2008 se reestatizó el sistema, obviamente diciendo todo lo contrario de lo que acabo de leer, pero no se le devolvió la plata de la coparticipación a las provincias”, cerró el ex ministro de Economía.

El tratamiento del proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, comenzará este jueves en el Senado, luego de que ayer se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández de modificar la iniciativa para que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

La reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se realizará a partir de las 11, con la exposición del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta.

Ayer el Presidente decidió tomar las sugerencias que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos le hizo a Moroni y Raverta, según fuentes oficiales.

Después de un encuentro con esos funcionarios, Fernández resolvió que la actualización de los haberes jubilatorios será cada tres meses en lugar de cada seis, por lo que habrá cuatro incrementos al año.

La decisión se tomó para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018, indicaron a esta agencia las fuentes oficiales.

Después de reunirse con Moroni y Raverta, que le trasladaron la propuesta de los senadores oficialistas, el Presidente decidió trabajar en la propuesta de aumentos trimestrales.

Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo.

Los senadores decidieron en reunión de bloque modificar el artículo 6 de la Ley de Movilidad Jubilatoria, de modo tal que el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del de marzo próximo, sino que se sumará a ese incremento.

“Es una modificación que surge desde el bloque y que fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas”, indicó la bancada oficialista.

El proyecto de ley, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El texto fue concebido en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales-, cuya labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez.

La Cámara de Senadores debate este viernes, en sesión especial y desde las 14, la propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck.

¿Qué dice el proyecto?

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador.

El debate se da mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar los pliegos de acuerdo para 28 jueces y fiscales y debatir varios proyectos de Ley, entre los que se encuentra la creación de un fondo para el desarrollo, un programa de formación sobre medio ambiente y la paridad de género en los servicios de radiodifusión.

La sesión está convocada para hoy a partir de las 14, según el decreto parlamentario de la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner.

En la convocatoria, los legisladores también debatirán un Decreto Parlamentario, en el que se autoriza el ingreso y permanencia de más senadores al recinto de sesiones.

La semana pasada, tanto el oficialismo como la principal bancada de la oposición fueron autorizados a sentar en las bancas de manera presencial, mientras dure la cuarentena por coronavirus, a cuatro representantes de cada interbloque.

El decreto permite que puedan participar del debate en el recinto un senador por cada bloque minoritario, lo que podría sentar a una decena de representantes en sus bancas de manera presencial.

Los legisladores también le darán el visto bueno a la Resolución Conjunta firmada por Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para exceptuar a los senadores de la compra de dólar ahorro.

A continuación, el Senado avanzará con los acuerdos para designar formalmente a 28 jueces y fiscales que pasarán a integrar el Poder Judicial.

Entre los proyectos que se debatirán, además, figuran la llamada “Ley Yolanda”: un Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible, destinado a personas que se desempeñen en la función pública.

Asimismo, fue incluido un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que aprueba las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Finalmente, será puesto a consideración de los senadores un proyecto de Ley que garantiza la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

El interbloque de Juntos por el Cambio retiró hoy el pedido de sesión especial formulado ayer para debatir temas vinculados a la pandemia, por lo que el Senado comenzará a las 14 el plenario en el que se prevé rechazar los traslados de tres jueces.

En una nueva nota dirigida esta mañana a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, los senadores de la oposición desistieron de la convocatoria que habían pedido ayer también por escrito al considerar que el llamado a sesión fue hecho en los términos de un decreto que ellos no convalidan.

“La misma ha sido citada en los términos del DP 14/20 que no ha tenido aprobación del cuerpo y siendo que esa Presidencia carece de facultades para dictar normas que modifiquen el reglamento interno le comunicamos que este interbloque ha decidido retirar el pedido de sesión especial”, señala la misiva firmada por los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Juan Carlos Romero.

El Decreto Presidencial parlamentario 14/20, firmado el lunes pasado por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Fernández de Kirchner, prorroga la realización de sesiones de carácter remoto “de modo excepcional y por el plazo de sesenta días”.

El documento establece que ese período “será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria” que viene ocurriendo desde marzo, con el estallido de la pandemia por coronavirus Covid-19 que obligó al aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir su contagio.

La sesión prevista para las 12, en la que la oposición pretendía discutir temas vinculados a la pandemia y la propuesta de ley de Economía del Conocimiento, quedó entonces cancelada y el Senado abrirá a las 14 el plenario convocado inicialmente para rechazar los traslados de tres jueces ordenados durante el macrismo.

El debate se realizará luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia desestimara un pedido de “tratamiento urgente” del recurso de amparo rechazado en un fallo de primera instancia que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron para evitar que el Senado revisara sus traslados.

La audiencia requerida por el oficialismo tiene como primer tema la continuidad de las reuniones parlamentarias remotas, tal como viene sucediendo desde mayo.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reformular y agilizar el fuero de la justicia penal federal y crea nuevos juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias fue aprobado por 40 votos afirmativos contra 26 y quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados.

Los siguientes son los puntos salientes del texto aprobado hoy por la Cámara alta:

– Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

– Se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

– Los actuales ocho Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en CABA conservarán su numeración (del 1 al 8) y los cuatro Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico con asiento en CABA pasarán a identificarse con la numeración continuada, del nueve al doce.

– Se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

– La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

– Los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad.

– Las causas actualmente en trámite y radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos hasta su conclusión.

– Se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

– Se trasladará una secretaría de cada uno de los actuales Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y en lo Penal Económico, denominados en adelante, Juzgados en lo Penal Federal 1 a 23, con sus respectivas dotaciones, a los Juzgados en lo Penal

Federal 24 a 46 al momento de su habilitación.

– En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismo de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

– Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.

– Con un cambio de último momento, se modificó el artículo sobre las reglas para los jueces que quedó redactado de la siguiente manera. Remarca la obligación de “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse”.

– Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.

– El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes dentro del plazo máximo de 30 días de su recepción. Para la elección se deberán ponderar positivamente los antecedentes curriculares que acrediten la especialización en la materia penal federal de los magistrados y las magistradas propuestas. Se deberá respetar la paridad de géneros en la selección, en tanto sea posible.

– El artículo 19 establece que los subrogantes permanecerán en sus cargos hasta tanto asuman sus funciones los magistrados y las magistradas titulares y que en ningún caso el subrogante podrá exceder el plazo de un año de subrogación desde la fecha de su designación.

– Se fijó un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma “no era prioritaria” en medio de la pandemia de coronavirus.

En el final de la sesión, el oficialismo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del “puntapié inicial” de una reforma que “debe ser más amplia”.

Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

La mención a los medios de comunicación había sido introducida en el debate en comisiones por el propio Parrilli, quien hoy aceptó retirarla tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.

No obstante, Parrilli afirmó que “las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces” existen y manifestó que su inclusión funcionó como “un anzuelo” para descubrir a los dirigentes de la oposición que son “voceros” de algunos medios de comunicación.

La discusión en el Senado fue seguida durante la tarde de hoy desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.

Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de “oponerse por oponerse” y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.

El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró que no cree “en las casualidades” respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo “no hace lo que ellos dicen”, y aseguró que reaccionan porque el presidente Alberto Fernández “está midiendo una barbaridad” de cara a los comicios del año próximo.

En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”, senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy “es una primera ley” pero que harán falta más para “completar” una reforma del Poder Judicial.

La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca “garantizar la independencia de los jueces” y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado “una persecución judicial” contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.

En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es “un intento de colonizar la justicia” con “un reparto de cargos” para “proteger a los autores de delitos de corrupción”.

La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.

También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.

El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo hoy dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.

La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.

Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

No obstante, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció algunos cambios a la iniciativa original como la de otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.

Sin embargo, no se aceptaron algunos reclamos hechos por senadores del oficialismo, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que pidió incorporar la exigencia a los jueces de un “plazo determinado para dictar sentencia”, así como “atribuirle la competencia de la Cámara Federal a los Tribunales Orales Federales”.

No obstante, Sacnun recordó que el proyecto que llevarán al recinto la semana que viene podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.

Por otro lado, la senadora reconoció que no creía “que con solo esta ley” se solucionarán “las grandes dificultades que tiene la justicia federal, pero este es un paso muy importante” y resaltó el artículo 70 del proyecto que “busca evitar que el Poder Judicial sea presionado por los poderes fácticos de la Argentina”.

El tema también fue mencionado por el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien dijo “los vimos haciendo eso” en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

Además, Parrilli evaluó que el Senado “demostró que no es una escribanía” y que incluso “se introdujeron sugerencias de la oposición, aunque no quieran firmar el dictamen”.

El presidente de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, acusó a Juntos por el Cambio de utilizar la “especulación política” para no acompañar el proyecto y dijo que no perdía “la esperanza de que la oposición cambie su actitud”.

“Ellos apoyarían el proyecto si lo leen”, aseguró Mayans luego del reclamo de la senadora de Juntos por el Cambio por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien pedía que le pasaran la nueva redacción.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti le pidió a la oposición “elevar un poco el nivel de discusión” y acusó a sus senadores de “trabajar desde la ignorancia o la malicia, o desde ambas”.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reiteró que “acá la justicia se reforma en interés de la política”, que “lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante” e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que “la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena”.

Naidenoff reclamó “parar la pelota con este proyecto” y le sugirió al oficialismo que “escuchen las demandas de la sociedad para gobernar bien” para luego señalar: “La gran reforma de la justicia penal la firma en soledad el oficialismo”.

Finalmente, el bonaerense Esteban Bullrich advirtió que “el Senado se ocupa más de los problemas de algunos dirigentes del oficialismo que de la gente”.

“La oposición no está en contra de la Argentina. Hacemos aportes permanentemente en los proyectos que atienden a la gente. Cuando son proyectos que atienden a dirigentes, como la moratoria que resolvió los problemas de (el empresario) Cristóbal López o este, no lo vamos a acompañar”, aseguró.

El Senado sesionará esta tarde para aprobar el proyecto de ley de reestructuración de deuda emitida bajo legislación argentina enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, tras haber obtenido dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta la semana pasada.

El proyecto será discutido en la sesión especial convocada para las 14 y se descuenta su aprobación con el apoyo incluso de las bancadas de la oposición.

La intención es girarlo inmediatamente a la Cámara de Diputados y que sea convertido en ley en los primeros días de agosto.

El proyecto establece que los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Entre otras cuestiones, la iniciativa destaca que la capacidad de repago de la Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.

El Senado aprobó hoy por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de una nómina de carreras universitarias estratégicas para el desarrollo económico, productivo, científico, tecnológico y sustentable del país.

En sus puntos salientes, la iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la autoridad de aplicación que establezca, publicará una nómina de carreras estratégicas, de universidades e institutos comprendidos en la ley de Educación Superior, considerando la equidad federal y el criterio de regionalización Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro y Patagonia.

La nómina se actualizará cada dos años y se creará un consejo asesor integrado por organismos con competencia en la materia para la elaboración de la lista de carreras.

Se destinará además una partida de presupuesto anual para la promoción al ingreso a carreras estratégicas, que no podrá devengarse del presupuesto asignado a las universidades e institutos comprendidos en la ley 24.521.

La ley dispone la apertura de un Registro Nacional de Becas de Educación Superior con la nómina completa de las becas que ofrecen las universidades e institutos que integran el Sistema Educativo Nacional.

El Programa para el Estímulo del Ingreso a Carreras Estratégicas estará destinado a los estudiantes que se encuentren cursando el último año de la educación secundaria.

Para la difusión de la norma, las universidades e institutos comprendidos en la Ley de Educación Superior que dictan carreras consideradas estratégicas deberán contar con espacios y contenidos de difusión gráfica y digital donde se plasme la información relevante referida al plan de estudios y becas para el estudio de las mismas.

Se incorporará una deducción del impuesto a las ganancias para las universidades e institutos universitarios, estatales o privados que integran el Sistema Educativo Nacional destinadas al programa nacional de carreras estratégicas.

La autora de la iniciativa, la peronista Silvina García Larraburu, valoró el apoyo de la oposición y el consenso logrado para aprobar la norma y dedicó el tramo inicial de su discurso durante la sesión de hoy a elogiar la política universitaria de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.

En representación de la oposición, el senador de Cambiemos Esteban Bullrich consideró que “se trata de una ley que le da marco de esperanza” a los argentinos para entender “cuáles con las áreas estratégicas” para el desarrollo del país y declaró que le “alegra” forma parte de un Senado que aprueba este tipo de iniciativas.

Será una reunión por videoconferencia y se incluyó en el temario un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli, que propuso crear una comisión bicameral para investigar supuestos ilícitos en la compañía agroexportadora.

El Senado Nacional comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos, para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera Vicentin, luego de que el gobierno nacional anunciará su intervención.

La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún, convocó este viernes a las 14 a una reunión por videoconferencia e incluyó en el temario un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli, que propuso crear una comisión bicameral para investigar supuestos ilícitos en Vicentin.

Parrilli presentó el 30 de abril pasado un proyecto de ley que propone crear una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades, que pudieron haber existido en la relación crediticia entre el Banco Nación y la compañía cerealera.

El proyecto de ley

En caso de aprobarse su creación, la comisión bicameral estará integrada por legisladores de ambas cámaras para determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos correspondientes para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.

En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo regulador, “ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas”.

La iniciativa hace hincapié en la denuncia por defraudación contra el Estado Nacional que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 y que involucra a Guido Sandleris, quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible “defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años”.

Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer “si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal”.

También abogó por “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

La Comisión “deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias”.

Parrilli aclaró que se busca comprobar “si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

En la reunión convocada para hoy, los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales también discutirán proyectos de senadoras del oficialismo que otorgan jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley 27.360.

Además se tratarán propuestas para crear las comisiones de Discapacidad y de la Juventud en el ámbito del Senado.

La oposición solo manifestó diferencia en dos de los decretos, el que autoriza el cierre de fronteras y el que suspende los despidos. El debate se concentró en el impacto económico que generaron las medidas de aislamiento.

En el Senado se vivió un momento histórico. Unos minutos después de las 14, Cristina Kirchner, presidenta de la Cámara alta, dio inicio a la primera sesión virtual en la historia del Congreso, que tuvo que modificar su protocolo habitual debido a la pandemia de coronavirus, que avanzó en todo el mundo y llegó a la Argentina hace un mes y medio.

Después de tironeos y negociaciones entre el oficialismo y la oposición, este miércoles los legisladores sesionaron para tratar 20 Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Alberto Fernández en el marco del COVID-19.

En el recinto solo estuvieron los senadores Martin Lousteau, Maurice Closs, Claudia Ledesma Abdala y Laura Rodríguez Machado. La sesión la presidió la ex jefa de Estado. El resto de los legisladores estuvieron en sus despachos o en sus casas siguiendo el debate en forma virtual y esperando el turno para hablar.

El único ausente en esta jornada fue el tucumano José Alperovich, que permanece de licencia luego de que su sobrina lo denunciara por abuso sexual. El ex gobernador se encuentra licenciado desde noviembre del año pasado.

“Verifiquen que sus micrófonos estén muteados”, fue la primera frase que dijo Cristina Kirchner, luego de sentarse y saludar a los legisladores que la miraban a través de la pantalla. Una frase que marca con claridad el hecho histórico y el lenguaje que por estos días ha invadido a la dinámica de muchos trabajados.

En los primeros minutos hubo inconvenientes con el audio de algunos legisladores y del secretario parlamentario. Por momentos, Cristina Kirchner, también se quedó sin audio. Pero el problema se solucionó con rapidez. Luego, hubo un nuevo inconveniente. En el momento que se estaba leyendo la votación sobre los decretos hechos por la presidencia, se empezaron a superponer voces: la del secretario con la de los legisladores que ratificaban el voto que habían hecho porque el sistema no se los había computado.

Una vez resueltos esos primeros problemas, comenzó la ronda de exposiciones. La primera en hablar fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que destacó las medidas tomadas por el gobierno nacional y apuntó contra el sector de la oposición que pidió salir con mayor rapidez de la cuarentena debido al impacto económico que tendrá el parate de las actividades.

“La economía que recibió el Presidente no estaba bien antes de la pandemia. Todo lo contrario. Algunos dirigentes tienen una amnesia selectiva respecto de lo que es el pasado reciente”, sostuvo la senadora de La Cámpora. En esa línea, recordó que cuando llegaron al gobierno había “200 mil puestos de trabajo perdidos, un promedio de 16 pymes que se cerraban por día, deuda externa y 10% de desocupación”.

“Se puso de moda entre los opositores decir que la caída de la economía va a dejar tantas vidas en el camino como la pandemia. Es una falacia lo que intentan imponer. En este paquete de 20 DNU hemos salvaguardado la vida de muchos argentinos y garantizamos derechos sociales y económicos”, dijo, luego de comparar los datos sobre la caída de la economía con los que tienen Chile, Brasil y Estados Unidos, donde el aislamiento no fue tan estricto como en Argentina.

Esos minutos en los que hablo Fernández Sagasti fueron los únicos en los que estuvo presente Cristina Kirchner en las primeras dos horas de sesión. Luego, se levantó y se retiró a su despacho. La sucedió la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

Una de las palabras destacadas fue la de Martín Lousteau, que pidió ampliar el consejo de epidemiólogos que asesora al Presidente y sumar una mesa económica para poder evaluar los pasos a seguir una vez que termine el aislamiento.

“En materia sanitaria como económica si respondemos tarde, si demoramos, va a ser peor, va a ser muy difícil contener lo que está pasando. Hay efectos permanentes. Hay puestos de trabajo que se van a perder”, afirmó.

El legislador de la oposición dijo que “la salud es prioridad” pero también “es cierto que cuando termine la pandemia y pasen los años, habrá una evaluación en dos dimensiones: la cantidad de vidas que se pudieron salvar y el impacto económico que dejó el parate”.

“El objetivo prioritario es la salud pero tiene que ser con el menor costo económico posible”, sostuvo, al tiempo que pidió trabajar para ordenar y dotar de más datos al sistema del Estado, debido a que muchos de los beneficios otorgados por el Gobierno no fueron efectivizados en su totalidad debido a la falta de datos o el protocolo para poder obtenerlos.

La sesión fue escalando en tensión a medida que pasaba el tiempo y se acumulaban los discursos. La primera en subir el tono de la discusión fue la senadora opositora Silvia Elías de Pérez. “Somos una oposición que entiende perfectamente el rol que tenemos en este momento. Estuvimos a disposición del Presidente. Pero eso no significa que dejemos de cumplir nuestro rol y señalando las cosas en las que no estamos de acuerdo”, sostuvo.

La senadora radical dijo que “hay un sector del gobierno que ha escuchado y prestado atención a las cosas que dijo la oposición” y hay otros sectores “que le faltan el respeto a la oposición”. Luego, cuestionó la cantidad de DNU que sacó el Gobierno. “El problema de la cantidad de delegaciones que se dejan en manos del Presidente y el Jefe de Gabinete es que después es muy difícil volver atrás”, explicó. Y remató: “La democracia se consolida con más democracia”.

La tensión subió aun más cuando tomó la palabra la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado aseguró que “es tremendo que desde el Gobierno nos pidan elegir a los argentinos entre salud o quedarnos sin trabajo”.

“Cómo puede ser que el Presidente nos diga: ‘O se mueren todos o se quedan sin trabajo’. Y los argentinos nos quedamos con un gusto amargo y no sabemos como mantener nuestra fuente de trabajo”, indicó la legisladora, que se sentó en el recinto con un barbijo amarillo, color característico del PRO, partido del que es vicepresidenta segunda.

A su turno, Oscar Parrilli, ocupó su tiempo en repasar los decretos de necesidad y urgencia que sacó Mauricio Macri durante su presidencia. Mientras tanto, Cristina Kirchner asentía con la cabeza cada una de las acotaciones del ex secretario de la Presidencia. Cuando se terminó el tiempo la ex jefa de Estado le dijo:“Los 10 minutos de DNU del macrismo se terminaron. La próxima vez sigue contando los decretos que sacaron en los últimos 4 años”. Ambos esbozaron una sonrisa.

Al final, hablaron los presidentes de los bloques. Luis Naidenoff y José Mayans, que presidente los dos bloques más importantes, cerraron la sesión con sus discursos. El senador que presidente el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su disconformidad por el tiempo que tardó el Senado en volver a funcionar y dijo: “Ya no hay margen en la Argentina para que no haya una normaliddad institucional. Es el momento para que el Congreso discuta las leyes”.

Por su parte, Mayans resaltó las medidas tomadas por el gobierno nacional durante la pandemia, cuestionó los cacerolazos que hubo contra la salida de presos y la baja de los sueldos de los políticos, aseguró que la deuda “es impagable” y afirmó: “Tenía miedo de que los bonistas acepten nuestra oferta. Porque si la aceptaban, no sé con que la íbamos a pagar. Si esta deuda es impagable”.

Finalmente, llegó el momento de la votación y Cristina Kirchner explicó como se llevaría acabo. Como había un acuerdo político previo para que 18 de los 20 DNU tuvieran un acompañamiento unánime, el secretario parlamentario leyó cada voto por separado y aclaró que senadores eran los que no acomapañaban los dos decretos en cuestión. Uno de ellos era el que ordenó cerrar las fronteras y otro el que prohibió los despidos.

Se corta la conexión en el primer debate en forma remota del Senado El debate virtual en el Senado se había desarrollado con cierta normalidad hasta unos minutos después de las 17. Los legisladores llevaban tres horas debatiendo sobre los decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández durante el último mes y medio en que la pandemia llegó a la Argentina.

Los problemas técnicos de las primeras horas estuvieron vinculados a interferencias entre los legisladores, debido a que algunos dejaban el micrófono prendido. La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, que presidió la mayoría de la sesión hasta el momento, les pidió en reiteradas oportunidades que prestaran atención y controlaran los micrófonos. Pese al reclamo, las interrupciones siguieron ocurriendo.

Cuando el reloj marcó las 17:07, y mientras hablaba el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, el sistema de pantallas se quedó en blanco. La voz del ex ministro de Educación desapareció y un segundo después desaparecieron todas las caras de los 72 senadores que estaban siguiendo en la sesión en forma remota.

Después de 10 minutos Abdala intentó seguir con la sesión pero Bullrich no estaba presente parra terminar su intervención. Esperó unos minutos más y le dio la palabra a Mariano Recalde, del Frente de Todos, pero al senador de Capital Federal no se lo escuchaba. Luego, Bullrich reapareció y logró terminar con su discurso.

El problema técnico duró cerca de 20 minutos. En ese tiempo se logró restaurar la sesión con la mayoría de los legisladores.

Un proyecto de ley para que el uso de barbijos no médicos o mascarillas sea obligatorio ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, fue presentado hoy en la Cámara de Senadores de la Nación.

El documento, además, sugiere para la población denominada “de riesgo”, el uso de protectores faciales plásticos que cubren ojos, nariz y boca.

La iniciativa fue presentada por el representante sanjuanino del interbloque de Juntos por el Cambio, Roberto Basualdo.

La idea es desincentivar el uso de barbijos médicos (dada su escasez en el mercado) e incentivar el uso de barbijos caseros y protectores en la vida diaria, apelando a la creatividad de la comunidad y de las empresas.

“Necesitamos reforzar las medidas de prevención”, afirmó Basualdo al presentar el proyecto de ley.

Además, celebró “los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a esta pandemia”, aunque consideró que la decisión de decretar tempranamente el aislamiento obligatorio sirvió para “ganar tiempo” pero “no va a ser suficiente”.

El macrismo acompañó la votación y justificó créditos tomados durante 2015-2019. El cristinismo respondió vía Oscar Parrilli, que también disparó contra empresarios y generó malestar en el bloque oficialista. Dardos radicales hacia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sobre el final de su viaje en Europa, Alberto Fernández ya cuenta con la ley para restaurar la “sostenibilidad” de la deuda pública bajo legislación extranjera, tras la sanción que realizó el Senado esta tarde con amplio aval opositor, pese a cruces en el recinto entre kirchneristas y macristas.

Al momento de la votación, que fue unánime, la ley recibió 65 adhesiones, tras casi nueve horas de debate y una extensa lista de oradores que, más que cerrar grietas y mostrar unión ante una compleja negociación ante acreedores, volvió a elevar la temperatura y lejanía entre oficialismo y oposición.

“Parece que acá hay dos modelos. El proyecto de desendeudamiento y el endeudamiento a mansalva, causante de todos los males de la Argentina. Somos un país adicto al relato y, como toda adicción, se genera un distanciamiento de la realidad. El primer gran relato es que durante el kirchnerismo fue la épica del desendeudamiento, de salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero la verdad que nada de esto fue real. De 2005 a 2015, la deuda se incrementó en u$s 90.000 millones, están los números”, aseguró el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Luis Naidenoff.

El legislador formoseño además señaló: “Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Cuando asumimos -en referencia a la gestión de Mauricio Macri-, cuatro provincias no podían ganar aguinaldo. A fines de 2019, excepto en Chubut, todas terminaron con superávit. Teníamos que financiar un Estado que colapsaba con una bomba previsional y déficit energético. Se acudió a los mercados y no había margen político para un ajuste social”.

Como si fuera poco, Naidenoff dejó un regalo para el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Jugó al default durante un mes. ¿Ustedes creen que este tipo de incoherencias les hacen bien al presidente y al equipo económico, que tienen que encarar una negociación dura? No es bueno lo que ha pasado”, enfatizó.

Por su parte, el titular del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans, advirtió que la Argentina “no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda. Es la realidad, hay vencimientos próximos y ya estamos en emergencia y en default”. Y destacó que gran parte del endeudamiento durante el macrismo “no era para reactivación económica, sino para cubrir especulación financiera, la timba, la bicicleta”, ya que “entraba plata por un lado y salía por otro” y “no era para resolver problema energético o productivo o industrial, sino para pagar la usura en la que nos metieron”.

A pesar de que el propio Gobierno y algunos de sus legisladores afirmaron que no era “necesaria” la ley como instrumento económico, el radical Martín Lousteau subrayó lo contrario, ya que la misma es un “manifiesto” del respaldo a “una negociación que será difícil e imprescindible por el contexto”. En esa línea, deslizó de manera indirecta errores que llevaron al macrismo a ingresar en un nuevo cepo cambiario y pedido de reperfilamiento. Por último, explicó con detalle el endeudamiento interno disparado entre 2019 y 2015 y el festín de déficit generado.

El exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y creador de la famosa Resolución 125 para hachar al campo fue didáctico para precisar algunos parámetros importantes, en el sentido de los problemas que podría traer un acuerdo sobre la deuda bajo legislación extranjera y no la de legislación nacional, que podría llegar a “someter” a los que invierten en el país. Y resaltó: “Desendeudamiento real es cuando hay superávit fiscal. Si hay déficit, es imposible”.

Miembros informantes Por el oficialismo, el exjefe del peronismo en la Cámara alta y actual titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el ahora kirchnerista Carlos Caserio, sostuvo que “el endeudamiento, tal como está, es insostenible”, y que “todas las discusiones sobre programas macroeconómicos” deberán esperar “hasta saber qué recursos de vencimientos haya por delante”. También aseveró que el Gobierno quiere reordenar la economía “en un proceso virtuoso, inclusivo y sostenible”.

Del lado de la oposición, la macrista Laura Rodríguez Machado ratificó la “gobernabilidad” que se dará al Gobierno kirchnerista para otorgar “al que maneja el timón los instrumentos necesarios para darle el rumbo que entiendan mejor para nuestro país”.

Sin embargo, Rodríguez Machado (Córdoba) también dijo que la decisión de Juntos por el Cambio implica “aportar sin dar poder absoluto, supremo o excesivo”, y aprovechó para criticar al Ejecutivo por los pocos funcionarios enviados a explicar la ley. “Se limitaron a leerla y agradecemos, pero sabemos leer”, disparó.

Luego, la legisladora cordobesa recordó que Mauricio Macri asumió “súper fuera” del mercado por el default y apuntó al kirchnerismo: “Probablemente ustedes no consideren prudente la forma de pago de deuda pendiente, pero asumimos con deuda impagable, procesos pendientes que nos embargaron la Fragata Libertad, miedos a embargar embajadas”. Además, dejó claro que “tres de cada cuatro dólares” de la deuda emitida en la gestión anterior “fueron para pagar deuda pendiente”.

Durante la discusión en el Congreso, el Ejecutivo envió sólo a dos delegados a cada cámara, motivo de queja de Juntos por el Cambio, principal bloque opositor, que también exige que el Gobierno muestre un plan macroeconómico y deslice un anticipo del Presupuesto 2020 que prometió el kirchnerismo.

Quien caldeó el recinto durante el mediodía de hoy fue el “soldado” cristinista Oscar Parrilli -también aportó lo suyo la camporista Anabel Fernández Sagasti-, que manifestó que los empresarios están “boicoteando al Gobierno” de Alberto Fernández por el “aumento desmedido y desmesurado del precio de los alimentos” desde enero pasado. “Se le fue la mano”, reconocieron a Ámbito desde el oficialismo.

Presidió la sesión especial la titular provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), quien en pocas horas pasará a estar al frente del Ejecutivo por el viaje de Cristina de Kirchner a Cuba y el regreso de Alberto Fernández de Europa.