La víctima fue identificada como Marisol García, que está internada en estado crítico desde el ataque. Un hombre de 36 años fue detenido e imputado por el caso.

Una mujer de 29 años fue secuestrada cuando regresaba a su casa y la llevaron a un campo. Allí, fue abusada sexualmente y prendida fuego, y ahora permanece internada en grave estado.

El aberrante ataque ocurrió en la ciudad jujeña de Perico y es investigado como un intento de femicidio. La víctima fue identificada como Marisol García.

La mujer fue interceptada durante la noche del 1 de abril en la avenida La Bandera y Zegada. De acuerdo a la reconstrucción, fue subida a un auto y trasladada hacia una zona rural.

Una vez que llegaron a un sector alejado, cercano a un campo, fue golpeada brutalmente hasta perder el conocimiento. Según los investigadores, en ese momento fue violada.

Sin embargo la secuencia del horror no terminó ahí. Cuando la víctima recuperó la conciencia, no sabía dónde estaba y advirtió que su cuerpo se estaba prendiendo fuego. A pesar de la gravedad de las heridas, logró sofocar las llamas y pedir ayuda.

La mujer presenta quemaduras en el torso y en las extremidades, además de politraumatismos producto de la agresión. Permanece internada en estado crítico en el hospital Pablo Soria, con asistencia respiratoria mecánica y sin haber podido declarar hasta el momento.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

La investigación es llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. La fiscal a cargo, Romina Núñez, imputó este martes a un hombre de 36 años acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.

“Se realizó la audiencia imputativa contra una persona de sexo masculino mayor de edad, quien fue imputado por homicidio agravado por haber mediado violencia de género en grado de tentativa”, explicó la fiscal. Además, precisó que “no había ningún vínculo entre ellos” y que el acusado habría actuado solo.

El juez de control Cristian Molina hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva por 120 días, el plazo máximo previsto por la ley, mientras avanza la investigación penal preparatoria.

El sospechoso fue detenido durante la madrugada del sábado tras una serie de allanamientos en la localidad de Pampa Blanca. En los procedimientos se secuestraron un auto que habría sido utilizado como remis, un celular y prendas de vestir que serán peritadas.

En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad y los teléfonos secuestrados para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y si hubo otras personas involucradas. En este contexto, la familia de la víctima convocó a una marcha en San Pedro de Jujuy para exigir justicia, pedir que el acusado continúe detenido y que se incorporen todos los agravantes posibles en la causa.

El sueño de Samantha Stites, una joven de 20 años nacida en Michigan (Estados Unidos), era claro: estudiar Trabajo Social para asistir a personas en situación de vulnerabilidad, una realidad que ella conocía bien por haberla padecido en carne propia durante su infancia.

En 2011 cursaba en la Universidad Estatal de Grand Valley, donde además participaba de un grupo cristiano del campus. En ese espacio conoció a Christopher Thomas, 7 años mayor, a quien trató como un compañero más, sin imaginar que ese cruce casual iba a transformarse en una pesadilla que marcaría su vida para siempre.

Una obsesión que no se frenó

Tras el encuentro, Thomas comenzó a seguirla en redes y a escribirle sin descanso. Al principio, Stites creyó que se trataba de alguien solo que buscaba contención. Pero pronto la situación se volvió inquietante: ante los reiterados rechazos, el sujeto empezó a perseguirla por la facultad, en el trabajo e incluso cuando salía con amigos.

El acoso escaló a un punto crítico tres años después, cuando Samantha se mudó a Kansas (Misuri) por una pasantía. Allí descubrió que Thomas se había anotado en el mismo programa. Convencida de que no era casualidad, radicó la denuncia policial y solicitó una orden de restricción.

Un juez de Michigan le otorgó la perimetral por seis años. Durante ese período, logró recibirse y cursar un posgrado. Sin embargo, en septiembre de 2020 —en plena pandemia— la medida venció y Thomas volvió a la carga, sumando episodios como inscribirse en la misma escuela de fútbol que ella frecuentaba.

Ataque, secuestro y un búnker secreto

La madrugada del 7 de octubre de 2022, todo estalló. Según relató Stites en el documental Stalking Samantha, Thomas irrumpió en su departamento, la atacó, la estranguló hasta dejarla desmayada, la ató de pies y manos y la amordazó. Aprovechando que no había movimiento en la cuadra, la subió a su auto y se la llevó.

La trasladó a un búnker clandestino que había montado dentro de un depósito, con paredes insonorizadas, un colchón cubriendo el ingreso y elementos para mantenerla cautiva. El agresor confesó que se inspiró en la serie You de Netflix y que su plan era retenerla “para siempre”, simulando su muerte en un lago dejando una tabla de paddle surf para que “todos pensaran que se ahogó”.

La estrategia para sobrevivir

Samantha narró que entendió que estaba al borde de perder la vida y decidió jugar la única carta posible: mantener la calma y apelar al miedo de Thomas a terminar preso. Le prometió no denunciarlo si la soltaba, argumentando —como trabajadora social— que sabía “guardar secretos”.

Pero el sujeto impuso una condición atroz: exigió que ella accediera a abusos sexuales antes de dejarla libre. Tras horas de cautiverio, regresó a la joven a su departamento esa misma noche.

Ya a salvo, y sabiendo que él la rastreaba por GPS, pidió ayuda a un vecino para ir al hospital, donde fue revisada, se activó el protocolo y declaró formalmente ante la Policía.

Detención y condena ejemplar

Los investigadores ubicaron y arrestaron a Thomas esa misma noche. Durante el allanamiento a su vivienda hallaron:

Thomas intentó justificarse con versiones insólitas: habló de un “juego de roles que se le fue de las manos” y hasta dijo que “estaba de cacería” el día del rapto.

El 10 de octubre de 2022 fue imputado por secuestro, tortura, violación de domicilio, acoso agravado y delitos sexuales. Aunque al principio dijo ser inocente, en diciembre de 2023 aceptó un acuerdo judicial y admitió culpa en varios cargos a cambio de quitar los vinculados al abuso sexual.

Finalmente, en febrero de 2024, el juez Elsenheimer lo condenó a entre 40 y 60 años de prisión, ordenando además que, si alguna vez recupera la libertad, deberá portar GPS de monitoreo permanente de por vida.

Hoy cumple su pena en el Centro Correccional Bellamy (Michigan) y la fecha más temprana de posible liberación es octubre de 2062.

La Policía detuvo en la madrugada de este martes a dos hermanos tras una denuncia por violencia de género. El procedimiento tuvo lugar en una casa de pasillo de Presidente Quintana al 3300, donde el Comando Radioeléctrico secuestró dos armas y un rifle de aire comprimido. 

De acuerdo a los datos del 911 que comisionó al Comando al lugar, una mujer denunció estar retenida en un domicilio por su pareja y agregó que había armas en el lugar. 

Cuando llegaron a la propiedad, los agentes aprehendieron al denunciado Jesús O. (39) por violencia de género. En tanto, a su hermano David O. (47) lo arrestaron porque tenía una carabina, un arma de fabricación casera y un rifle de aire comprimido. También se incautaron cartuchos de diferentes calibres.

Los hermanos fueron trasladados a la comisaría 21ª, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó este miércoles la imputación de once personas vinculadas a una banda narcocriminal a la que el pasado domingo se le secuestraron casi 4,5 kilos de cocaína durante un operativo de Gendarmería Nacional realizado en las cercanías de Elortondo.El procedimiento, llevado a cabo por efectivos del Escuadrón de Venado Tuerto, derivó posteriormente en allanamientos en nueve domicilios, entre ellos celdas de la Alcaidía de Melincué y la Cárcel de Coronda, donde se presume que continuaba operando parte de la organización. 

La audiencia culminó con la prisión preventiva de siete  de los imputados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., Cesar O., Emir B. y Ayelén C. —esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario—.

Una adolescente de 15 años se encuentra desaparecida en la localidad bonaerense de Laferrere, al tiempo que la familia sospecha que fue víctima de un secuestro a raíz de que su novio se dedicaría al narcomenudeo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Milagros Alma Malagreca, quien se ausentó de su hogar el lunes 20 de octubre, motivo por el que su familia radicó una denuncia por "averiguación de paradero".

La madre, cuya identificación es Zaira Ayelén Rodríguez, declaró ante el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de La Matanza, y señaló que dos compañeros de su hija le comunicaron que se iría con Matías Sebastián Pajón, un joven que sería su novio.

"Se había querido escapar en otras oportunidades pero no había podido", se lee en el testimonio que ofreció la mujer.

A su vez, otro adolescente afirmó que Milagros le pidió abrir su cuenta de Instagram en su celular para entablar un conversación con el implicado y coordinar "cómo escaparse de su casa".

En este sentido, agregó que Milagros posee dos perfiles en esa red social -@almamatias989 y @milagros16.2025-, mientras que el de Pajón es @matiassamuel2022.

"Pensamos que mi hija está secuestrada porque este pibe aparentemente anda en el narcomenudeo", sostuvo la madre.

La búsqueda de la menor continúa y hasta el momento no hay novedades de su paradero.

Cheikh Touré tenía apenas 18 años y un sueño: convertirse en futbolista profesional. Formado en el club Esprit Foot Yeumbeul, de Senegal, el joven arquero fue asesinado en Ghana después de caer en una estafa que le prometía una prueba internacional. Lo que debía ser el inicio de su carrera terminó en tragedia.

Según informaron medios locales, Touré fue contactado por supuestos representantes de un club ghanés que le aseguraron una prueba en Marruecos. Le prometieron que todo estaba organizado para mostrar su talento ante visores internacionales. Sin embargo, al llegar a Ghana, fue secuestrado por un grupo que exigió dinero a su familia para liberarlo.

Pese a los esfuerzos desesperados, los familiares no lograron reunir el rescate exigido. Días más tarde, el cuerpo del joven fue hallado sin vida en la ciudad de Kumasi, en el sur del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal emitió un comunicado confirmando la muerte y advirtiendo sobre el crecimiento de una red de estafas y extorsiones que utiliza falsos ofrecimientos de pruebas deportivas para captar víctimas. “El joven futbolista habría sido víctima de una red de fraude y trata de personas”, señalaron.

Desde el gobierno pidieron a clubes, academias, entrenadores y familias “ser extremadamente cautelosos ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero”. También recomendaron a los futbolistas “gestionar sus oportunidades por los canales oficiales”.

El caso conmocionó al mundo del fútbol africano. “Era un chico lleno de sueños, disciplinado y con un futuro enorme. Lo engañaron con su pasión”, escribió su club formador en redes sociales. Los dirigentes del Esprit Foot Yeumbeul reclamaron una investigación a fondo y justicia por la muerte de Touré.

La historia del arquero senegalés expone una problemática creciente: jóvenes talentos que, en su intento por alcanzar el fútbol profesional, terminan siendo víctimas de mafias que operan bajo la fachada de agencias deportivas.

Las autoridades investigan si el grupo que engañó a Cheikh Touré forma parte de una red internacional dedicada a captar jugadores africanos con falsas promesas de contratos o pruebas en el exterior.

Mientras tanto, en Senegal, su familia y compañeros lo despiden con dolor. En su club, todavía cuelga su camiseta bajo una frase escrita por sus amigos: “Cheikh, tu sueño fue interrumpido, pero tu pasión sigue viva en nosotros”.

Un importante operativo contra el narcotráfico se concretó en Concepción del Uruguay, tras una exhaustiva investigación que se extendió durante varios meses. La acción fue llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina (Zona Bajo Uruguay).

Los allanamientos se realizaron en distintas viviendas de los barrios 25 de Mayo y 30 de Octubre, donde operaba una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

El operativo culminó con siete detenidos (cuatro mujeres y tres hombres), todos incomunicados por disposición judicial.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 10 kilogramos de marihuana y más de tres kilogramos de cocaína, además de 8.422.710 pesos y 3.802 dólares.

También se incautaron 10 armas de fuego -cinco revólveres, cuatro fusiles y una pistola- junto con 67 municiones de distintos calibres, además de tres vehículos: una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen Polo y una motocicleta Keller 110.

En el lugar, los agentes hallaron máquinas contadoras de dinero, una balanza de precisión, 33 teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y equipamiento informático utilizado para las actividades ilícitas.

En el marco del megaoperativo, también se procedió a la identificación de 38 personas, entre ellas 22 menores de edad (4 mujeres y 18 varones) y 14 adultos, que se encontraban en los domicilios allanados.

Las autoridades remarcaron que el trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval permitió desarticular una estructura criminal con amplio alcance territorial.

El material incautado fue puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras se continúa con el análisis de la evidencia digital y documental.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. María Josefina Minatta, con la intervención de la Secretaría de la Dra. Mariela Montefinale y del Juez Federal Subrogante Dr. Hernán Viri.

Las fuerzas federales y provinciales actuaron conforme a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Los investigadores no descartan que, a partir del material recolectado, la Justicia Federal disponga nuevas medidas o detenciones complementarias en el marco de la causa.

“Este trabajo es el resultado de meses de investigación y cooperación interinstitucional. Felicitamos al personal por la dedicación y el profesionalismo demostrado”, expresó el comisario Esteban Allegrini, tras el procedimiento.

La publicación fue realizada por el local Quattro de San Juan y sus dueños luego debieron sacar un comunicado.

Un conocido boliche de la provincia de San Juan realizó un polémico video en el cual secuestran a una joven para promocionar la fiesta de Halloween. La publicación fue llevada a cabo por el local Quattro y sus dueños luego debieron sacar un comunicado en el que pidieron disculpas.

Luego del escándalo por los videos de algunos playeros de estaciones de servicio en el que subían a sus redes sociales contenido viral haciendo desaparecer a mujeres, en las últimas horas trascendió un video similar de un boliche de San Juan para dar a conocer la fiesta de Halloween.

En la publicación se observa a una chica que sale de un edificio y es abordada por dos personas, disfrazadas de payasos, que la apuntan con un arma, la secuestran y la suben a un auto.

UN BOLICHE USÓ UN VIDEO QUE SIMULA EL SECUESTRO DE UNA MUJER PARA PROMOCIONAR UNA FIESTAEl local Quattro de San Juan difundió un spot en el que una joven es secuestrada por hombres armados para anunciar su fiesta de Halloween. El video generó repudio por banalizar la violencia… pic.twitter.com/3NWqLYwojV

Luego, la bajan del vehículo, la ingresan a un lugar, la sientan sobre una silla con los brazos atados, le sacan la tela que cubría su cabeza y allí la mujer expresa: “Este 24 de octubre la fiesta más grande de Halloween”.

El video publicado generó decenas de comentarios negativos y ante la viralización y el repudio, los dueños del boliche debieron sacar un comunicado.

“Desde la organización del evento, queremos expresar públicamente nuestra más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, comienza el escrito.

El mismo continúa dando explicaciones sobre la realización del video: “Nuestro objetivo solamente fue mostrar disfraces y terror en base a la temática del evento Halloween”.

“Reconocemos que el material compartido, puede interpretarse como una apología de la violencia de género. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad”, concluye.

La Polícia de Córdoba, tras un intenso tiroteo con los delincuentes, rescató a una mujer y a sus dos hijos pequeños, quienes se encontraban secuestrados en la localidad de Río Cuarto. La Justicia investiga un posible ajuste de cuentas como móvil del hecho.

En el anochecer del jueves, un Gol blanco llegó hasta una casa de la zona sur riocuartense y efectuó varios disparos contra la vivienda y contra un hombre que se encontraba en el lugar. Minutos después, los delincuentes interceptaron a una joven de 24 años y la obligaron a subir al auto junto a sus dos hijos, amenazándolos con armas de fuego.

La Polícia fue alertada del incidente y acudió de inmediato a la zona, desplegando un operativo cerrojo que logró interceptar al vehículo donde, tras un intercambio de disparos, detuvieron a una mujer de 38 años y a un hombre de 26 mientras que las victimas fueron encontradas en buen estado de salud.

Además, fueron detenidos dos individuos que, en una motocicleta, obraban de apoyo a los delincuentes. Estos dos, de 21 y 25 años, portaban una pistola calibre 9 mm, dinero en efectivo, celulares y envoltorios con cocaína.

Según informó el medio El Doce, el fiscal Pablo Jávega considera que el caso tiene origen en una disputa patrimonial entre dos personas que habrían irrumpido en un domicilio armados para reclamar bienes. De allí derivaron una serie de hechos que incluyeron amenazas con armas, el secuestro de la mujer y los menores, y una posterior confrontación entre uno de los cautivos y sus captores.

Un hombre fue detenido acusado de abusar de la pareja de su ex jefe y secuestrar a su hija en la provincia de Córdoba. Según contó el fiscal del caso, el agresor y su ex patrón habían terminado la relación laboral en buenos términos, por lo que se investigan los motivos del ataque atroz.

El hecho sucedió en la madrugada del sábado 4 de octubre en la localidad de Adelia María cuando el atacante, identificado como Sergio Sosa, de 37 años, irrumpió en la vivienda de su ex jefe, un médico veterinario, donde golpeó y abusó de su mujer y luego secuestró a su hija, de 29 años, durante varias horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que, tras el alerta radicada, se realizaron varios operativos por parte de la Policía de la provincia, lo que permitió dar con el paradero de la joven ese sábado por la tarde en la localidad de Las Acequias y la detención del autor del hecho.

La causa quedó de la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, de Pablo Jávega, quien en primera instancia dispuso la derivación de la víctima al hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde constataron que tenía algunas heridas cortantes y una fractura en uno de sus brazos.

Mientras que el agresor fue detenido e imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, robo calificado, abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio.

Luego de los primeros movimientos de la causa, el fiscal Jávega dio a conocer detalles de la investigación. Relató que el hombre, al verse acorralado, abandonó el auto en el que tenía secuestrado a la joven y se dio a la fuga, pero fue detenido a cuatro kilómetros del lugar.

Acerca de la relación entre Sosa y el veterinario, contó en diálogo con el programa Micrófono Abierto que el acusado había sido empleado del profesional y que hace un tiempo la relación laboral había finalizado en “buenos términos”, por lo que hay dudas respecto a por qué llevó a cabo este brutal accionar.

Las tareas de control vehicular que lleva adelante la Guardia Provincial, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, permitieron en los últimos días recuperar dos vehículos con pedido de secuestro activo, ambos vinculados a causas judiciales iniciadas en la provincia de Buenos Aires.

El primer procedimiento tuvo lugar el 2 de octubre a las 18:30, cuando personal de la Unidad Operativa Regional N°4 (Rosario) realizaba controles en el peaje de la Autopista Rosario–Santa Fe (AP01), a la altura del kilómetro 22, en jurisdicción de Puerto General San Martín.

Allí, los uniformados detuvieron la marcha de una Ford Ecosport tipo rural, conducida por un hombre mayor de edad. Durante la verificación, detectaron irregularidades en la cédula verde del rodado, que carecía de las medidas de seguridad oficiales. Al cotejar la numeración del chasis, surgió que no coincidía con la documentación exhibida.

Una rápida consulta al sistema 911 y a la Dirección de Guardia Provincial confirmó las sospechas: el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 14 de noviembre de 2023, con intervención de la UFI del Departamento Judicial Escobar. La camioneta fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 5ta de Puerto General San Martín, donde quedó a disposición de la justicia bonaerense.

El segundo operativo ocurrió apenas dos días después, el 4 de octubre, en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199,5, jurisdicción de Angélica, en el departamento Castellanos.

Efectivos de la Unidad Operativa Regional N°2 (Rafaela) detuvieron una camioneta Nissan Frontier, conducida por L. F. V., acompañado por R. V.. Durante la verificación de rutina, el sistema SIFCOP (Sistema de Información Federal de Capturas) arrojó un resultado contundente: el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde 2023, vigente en el marco del Convenio Policial Argentino.

Por disposición del fiscal en turno, Dr. Pedro Machado, los dos ocupantes fueron trasladados a sede policial, donde se formalizó el secuestro del vehículo y se labraron las actuaciones correspondientes.

Ambos procedimientos, realizados en el marco de controles preventivos, reafirman la eficacia del trabajo conjunto entre las unidades operativas de la Guardia Provincial y la coordinación judicial interprovincial, que continúa dando resultados concretos en la lucha contra el delito automotor.

Tres delincuentes fueron aprehendidos este jueves por la tarde en Avellaneda al 4800 mientras desvalijaban la casa de una mujer que había salido minutos antes.

El Comando Radioeléctrico trasladó a los sospechosos y los elementos sustraídos hasta la comisaría 16ª.

Los primeros en intervenir en el robo fueron los vecinos, que denunciaron a los tres ladrones que sacaban los objetos de valor del inmueble y los cargaban en una camioneta azul. 

En cuestión de minutos, varios móviles policiales del Comando Radioeléctrico arribaron a la escena y arrestaron a Emanuel Adrián A. (31), Ernesto Luis A. (56) y Miguel D. (17), quienes intentaron fugarse.

En el vehículo se secuestraron un equipo de música, un parlante, dos bicicletas, un aire acondicionado, un lavarropas, un secarropas, herramientas, un horno eléctrico, una desmalezadora, una consola de videojuegos, una licuadora, una batidora, una caña de pescar, un disco de cocina, un televisor de 47 pulgadas y hasta un juego de inodoro y bidet.

La mañana del martes en Colastiné tuvo el espesor de un drama que podría haber terminado en sangre. A las ocho en punto, en una vivienda precaria del sector conocido como Puerto Obligado, un hombre de 63 años mantenía retenida contra su voluntad a su expareja, una mujer de 60 años, bajo amenazas de muerte y rodeado de armas cargadas.

El protagonista de esta escena, Luis, parecía haber quedado atrapado en su propio naufragio sentimental. Y arrastró consigo a Estela, la mujer con la que alguna vez compartió techo. Ya no convivían, pero ese detalle resultaba irrelevante: la irrupción de él en la casa fue forzada, con violencia y con un arsenal improvisado que, en sus manos, se convirtió en la antesala de la tragedia.

El operativo policial comenzó con una llamada al 911. Quien dio la alarma fue L., de 28 años, hija del hombre, que advirtió que su padre estaba armado y amenazaba a su madre en la vivienda de enfrente. Una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Costa llegó hasta la escena y tocó la puerta. La respuesta fue un estallido de lágrimas: Estela salió corriendo y declaró que su expareja la tenía sometida bajo la amenaza constante de gatillarle encima.

Los uniformados neutralizaron al hombre y lo apartaron del lugar. En el procedimiento incautaron un verdadero muestrario de pólvora:

Una pistola calibre .22 marca Smith & Wesson con ocho proyectiles; una escopeta calibre 14 con dos cartuchos; otra escopeta, calibre 16 marca Solé, con cinco cartuchos. Todas cargadas. Todas listas para usarse.

La mujer, por milagro, no tenía lesiones físicas. Pero sí el rastro invisible de haber estado a centímetros de convertirse en un número más de la estadística de femicidios.

El caso quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Peresin. El imputado, que ahora enfrenta cargos por Privación ilegítima de la libertad, Amenazas calificadas en el marco de violencia de género y Tenencia ilegítima de arma de fuego, fue trasladado esposado.

En la mañana húmeda del distrito costero, Colastiné presenció una postal turbia: la de un hombre que, con la pólvora cargada y la mente nublada, decidió convertir a su expareja en rehén de un pasado que nunca soltó.

Un hecho conmociona a Nueva Zelanda. Tom Phillips, un hombre de 39 años que permaneció prófugo durante casi cuatro años junto a sus tres hijos, murió este lunes en un tiroteo con la policía en la localidad rural de Piopio. Estaba armado e intentaba cometer un robo acompañado de una de las menores, que resultó ilesa.

La historia de Phillips había comenzado en diciembre de 2021, cuando escapó con Ember, Maverick y Jayda —hoy de 9, 10 y 12 años— en medio de una disputa con su expareja por la custodia. Desde entonces, la familia vivió en la clandestinidad, aislada en los bosques de la región de Marokopa, en la Isla Norte.

Una vida en fuga

Durante 1.358 días, Phillips y los niños permanecieron ocultos en un entorno hostil, marcado por la humedad, el frío y la falta de caminos accesibles. Según la policía, sobrevivían con lo que cultivaban, cazaban o pescaban. Nunca se comprobó si contaron con ayuda externa, aunque en la comunidad rural siempre circularon sospechas.

Las primeras pistas sobre su paradero aparecieron en 2023, cuando se lo vio robando un vehículo y comprando artículos de supervivencia. Un año más tarde, dos cazadores lo grabaron en video junto a los menores, pero la búsqueda posterior resultó infructuosa.

En agosto de este año, cámaras de seguridad volvieron a registrar su presencia en Piopio, donde intentó forzar la entrada de un comercio con uno de sus hijos.

El desenlace

El lunes, Phillips volvió a intentar un robo en la misma zona rural. Allí fue interceptado por la policía y, tras un enfrentamiento armado, perdió la vida. Su hija, que estaba con él, no sufrió heridas.

Pocas horas después, los otros dos chicos fueron hallados en un campamento improvisado a unos dos kilómetros del tiroteo y quedaron bajo custodia de las autoridades.

El refugio en el bosque

Imágenes difundidas por la policía muestran cómo vivía la familia: una estructura precaria hecha con neumáticos, ramas y lonas, oculta en medio del bosque. También se hallaron armas, una moto, un quad camuflado, bidones de gas y latas de gaseosa.

Las condiciones de vida eran sumamente rústicas, lo que vuelve aún más llamativo que los niños se mantuvieran en buen estado de salud. La policía mantiene acordonada parte de la zona de Waikato, donde no descartan encontrar otros campamentos utilizados por Phillips durante sus años en fuga.

La búsqueda de Alfonsina y Francisco Morosini, de 2 y 6 años, culminó este viernes con el hallazgo de los cuerpos de ambos niños y de su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, en el interior de un vehículo sumergido en el arroyo Don Esteban, departamento de Río Negro.

El operativo se desplegó tras la denuncia realizada el miércoles, cuando el hombre ingresó a la vivienda de su expareja en Mercedes y se llevó a los menores. Según informaron desde la Jefatura de Policía de Soriano, el automóvil BYD rojo fue encontrado a tres metros de profundidad en el kilómetro 58 de la ruta 20, en las cercanías de Young.

Autoridades del Ministerio del Interior y de la Fiscalía confirmaron que "el hecho fue premeditado". Señalaron que Morosini circuló a más de 120 km/h con el objetivo de ganar ventaja a la Policía y atravesar un peaje sin ser detectado.

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, destacó que se dispuso un operativo con más de 300 efectivos en la región y que se activaron alertas en todo el país. Sin embargo, explicaron que al momento de iniciar la búsqueda el hombre ya había salido del departamento, lo que dificultó la localización.

Consultado sobre las medidas cautelares que pesaban sobre Morosini, el jefe de Policía de Soriano, Luis Enrique Rodríguez, precisó que existía una prohibición de acercamiento por violencia de género, pero que la colocación de una tobillera electrónica es decisión del Poder Judicial.

Desde Fiscalía, el director de Comunicación, Javier Benech, sostuvo que se trata de un caso de "homicidios en el marco de la violencia vicaria" y afirmó que "se hizo todo lo humanamente posible" en el operativo.

El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó su solidaridad con la madre de los niños y con la comunidad de Mercedes, y resaltó el esfuerzo de las fuerzas de seguridad: “La Policía Nacional dejó todo lo que tenía y todo el esfuerzo se puso para llegar a un resultado que no fue el que deseábamos”, expresó.

El caso reabrió el debate sobre la violencia vicaria, un tipo de violencia de género en la que los hijos son instrumentalizados para generar daño a las madres. Según datos del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), en 2024 se registraron en Uruguay cuatro muertes de niños vinculadas a este tipo de hechos. 

Un nene de 5 años fue asesinado en un ajuste de cuentas, en una casa del municipio de La Paz, en el Estado de México. Allí vivían las tres personas acusadas de secuestrar y asesinar al nene: Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”. La familia del menor exige justicia y asegura que las autoridades mexicanas ignoraron sus pedidos de ayuda.

Todo empezó el pasado 28 de julio, cuando Lilia y Ana, madre e hija, fueron a la casa de la mamá de Fernando para reclamarle una deuda de 1000 pesos mexicanos -unos 50 dólares-. Como la mujer no pudo pagar, se llevaron al nene “como garantía” y lo mantuvieron secuestrado en su casa, ubicada en el mismo barrio.

La mujer se acercó al lugar en varias oportunidades a la casa para recuperar su hijo, pero no le permitieron ni siquiera verlo. Al mismo tiempo, pidió ayuda a las autoridades para que intervinieran, aunque no obtuvo respuesta alguna.

Recién el lunes 4 de agosto, una semana después del secuestro, le tomaron la denuncia por la desaparición de Fernando. Ese mismo día, agentes policiales se dirigieron hacia la casa en la que estuvo cautivo y al entrar se encontraron con el cuerpo sin vida del menor, en estado de descomposición.

El caso expuso la ineficiencia del sistema judicial y desencadenó en la renuncia de Mario Cristalinas, director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de La Paz. El funcionario fue cuestionado por ignorar los pedidos de ayuda de la madre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hecho como “muy trágico” y reclamó cambios en la Fiscalía para evitar que se repita una situación similar. “Lo importante es que no haya repetición de este caso de una madre que pide apoyo a la autoridad y que, por una u otra razón, no se le da”, aseguró en una conferencia de prensa brindada este lunes.

Los tres sospechosos están siendo investigados por su “probable participación en delitos vinculados a la desaparición” del menor, según detallaron las autoridades en un comunicado. Allegados a la familia dijeron a medios locales que el nene fue privado de agua y comida durante su secuestro. Los acusados permanecen detenidos bajo prisión preventiva y en la próxima audiencia se definirá su situación procesal.

Además, la Fiscalía investiga por qué no se actuó con rapidez frente a las denuncias previas de la madre. “Se está investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y por qué no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso”, remarcó Sheinbaum, y aseguró que deberán hacer “cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”.

Las autoridades del condado de Fairfax, Virginia, difundieron este jueves 31 de julio un video que muestra el momento en que un hombre intentó secuestrar a una niña pequeña dentro del centro comercial Fair Oaks, en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio y generaron gran preocupación, ya que más tarde se reveló que el sospechoso tenía múltiples antecedentes penales, y que apenas tres días antes del intento de rapto había sido liberado sin fianza.

De acuerdo con el informe, a las 11:43 de la mañana, en la zona de juegos del centro comercial Fair Oaks, ubicado en la cuadra 11700, una pequeña se encontraba jugando bajo la supervisión de su padre, quien en ese momento atendía a otro de sus hijos.

La niña se apartó del área de juegos y fue seguida por un hombre, quien la levantó en brazos e intentó llevársela.

Según la policía, el sujeto logró avanzar hasta el segundo nivel del centro comercial, pero fue alcanzado por uno de los padres, quien recuperó a la menor sin que resultara herida.

En el video difundido se muestra al sospechoso rondando el área de juegos. Cuando la niña se separa del grupo, el hombre la sigue discretamente. Segundos después, la levanta en brazos y se alejan del lugar.

Detienen a Andres Caceres por intentar secuestra a una niña en Virginia, EUTras el reporte del rapto, la División de Investigaciones Criminales y el Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC), identificaron a Andres Caceres Jaldin, de 26 años, como el principal sospechoso.

Las investigaciones revelaron que Caceres Jaldin se hospedaba en un hotel Extended Stay en Chantilly. Además, se descubrió que antes del intento de secuestro, había robado un automóvil de un taller mecánico cercano.

El hombre, al parecer con raíces latinas, pero ciudadano estadounidense, fue arrestado al salir de su habitación de hotel y trasladado al Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax.

Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos por secuestro de menor (Abduction of a Minor) y robo mayor de auto.

¿Qué dice la ley de Virginia sobre el secuestro de menores?

En Virginia, el secuestro de menores se considera una forma grave de abuso infantil y puede ser procesado penalmente con sanciones severas. El Código del estado establece que el “simple kidnapping” o secuestro sin violencia física puede ser castigado con hasta 8 años de prisión.

Cuando la víctima es un menor, se involucran también investigaciones por parte de los Servicios de Protección Infantil (CPS), lo que puede derivar en más cargos y condenas como cadena perpetua.

Además, la ley exige que todo caso de retención ilegal de menores sea reportado como negligencia o abuso grave, y corresponde al fiscal local decidir el tipo de cargos según la gravedad del caso.

Una mujer de 34 años y sus dos hijos, de 8 y 9 años, fueron rescatados este miércoles tras pasar más de dos semanas secuestrados por un presunto narcotraficante en una precaria vivienda de la zona oeste de La Plata.

La denuncia fue realizada el sábado 7 de junio por la pareja de la mujer, quien aseguró que habían sido retenidos a la fuerza por un vecino con antecedentes en la venta de drogas. El hombre también afirmó que el acusado le había vaciado sus cuentas bancarias.

La víctima logró pedir ayuda a través de un mensaje de Facebook en el que alertó que estaban cautivos por un “tranza” del barrio Don Fabián. A partir de ese aviso, el Grupo Técnico de Operaciones (GTO) de la comisaría local inició la investigación y confirmó que el sospechoso operaba como vendedor de estupefacientes.

La Justicia ordenó siete allanamientos simultáneos, ejecutados este miércoles por la Policía Bonaerense, el Grupo de Infantería y el GAD. El presunto secuestrador fue detenido y, además, se incautaron armas de fuego —entre ellas una pistola 9 mm y varios revólveres sin numeración—, municiones, celulares y una importante cantidad de droga: más de 100 gramos de cocaína y casi 600 gramos de marihuana.

La causa está en manos de la UFI Nº11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y fue caratulada como “privación ilegítima de la libertad, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, tenencia de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Un impactante secuestro con tintes internacionales tuvo lugar el viernes por la noche en el corazón de Palermo, donde una pareja rusa dedicada al negocio de las criptomonedas fue privada de su libertad en un departamento alquilado por dos ciudadanos chechenos.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Ravignani al 1500, esquina Gorriti. La pareja, un hombre de 27 años y una mujer de 30, había sido invitada a cenar por los chechenos, quienes ocupaban el departamento del primer piso. Cerca de las 23, los gritos desesperados de la mujer, que pedía ayuda en inglés desde el balcón, alertaron a empleados de un restaurante vecino, quienes dieron aviso al 911.

Al llegar, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a ambos jóvenes maniatados. Según relataron, sus anfitriones los retuvieron por la fuerza y exigieron un rescate de 43 mil dólares, que fue pagado horas después mediante una transferencia de criptomonedas realizada por un amigo de las víctimas que reside en el Partido de la Costa.

La investigación quedó a cargo del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión de la jueza María Romilda Servini. En las primeras horas del sábado, los captores ya habían abandonado el país rumbo a los Emiratos Árabes, lo que fue confirmado por autoridades migratorias. La Interpol emitió una alerta roja para capturarlos.

El caso generó preocupación tanto por el nivel de organización del secuestro como por el uso de criptomonedas para el pago del rescate, un recurso cada vez más común en delitos internacionales.

Priscila Sand, una joven argentina de 27 años oriunda de Campana, denunció en un video viral que su pareja, Salvador Zubirán Rabay, la tuvo secuestrada durante dos años en su casa del Distrito Federal, en México.

En el testimonio, publicado en TikTok, la mujer pidió ayuda desesperadamente para regresar a la Argentina junto a su hijo de nueve meses y además, mencionó que “teme por su vida y la de su hijo”.

Según su relato, conoció a Zubirán en julio de 2023 en un restaurante y la relación rápidamente se volvió violenta. “Me vigilaba todo el tiempo, me controlaba, me golpeaba y me obligó a tatuarme su nombre en tres partes del cuerpo”, contó Priscila en el video, leyendo un texto que escribió para no olvidar ningún detalle.

También denunció que su pareja la obligaba a tomar medicamentos con recetas emitidas a nombre de su abuelo, y que no podía moverse dentro de la casa sin ser observada por cámaras, sensores de movimiento y custodios armados.

La joven afirmó que su captor es un “hombre muy poderoso de México” y que utiliza su influencia para manipular a jueces, fiscales y policías.

No es fácil contar esto. Pero lo hago para resistir, para proteger y para que ninguna más viva lo que yo viví. No me escondo más. Ahora me toca hablar.

Luego, dijo que el control se intensificó tras el nacimiento del hijo que tienen en común, al punto de impedirle llevarlo al médico cuando se enfermaba.

Priscila logró escapar el 15 de abril gracias a un plan que ideó junto a su hermana gemela. Aprovechó un descuido en el cambio de turno de los guardias, tomó a su hijo, un bolso y huyó en un auto de aplicación.

A pesar de haber denunciado el caso ante la Oficina Antisecuestros de México, aún no puede volver a Argentina porque su expareja la denunció por “violencia familiar” y activó un Alerta Ámber por el menor, impidiéndole legalmente salir del país.

Desde entonces, la joven permanece oculta y teme por su vida. También denunció que su familia recibe amenazas constantes desde números desconocidos.

“Hago este video para que nadie más viva lo que yo viví. Les pido a los jueces, fiscales y policías que no permitan que este hombre siga actuando de manera impune. Que se haga justicia”, concluyó entre lágrimas.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han respondido públicamente a la denuncia. Priscila también solicitó ayuda a la Embajada Argentina, pero no obtuvo respuestas concretas.

Por último, su pedido de auxilio sigue sumando apoyos en redes sociales mientras se multiplica la difusión del video.