El juez federal Guillermo Lleral consideró que el gendarme Emmanuel Echazú no cometió el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado aquel 1 de agosto de 2017 en Chubut. “Nadie fue penalmente responsable de su muerte”, remarcó el magistrado en un fallo de 344 páginas.

El juez federal de Rawson sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, llamó a movilizar porque la causa por el deceso del joven “esta paralizada en la Corte Suprema de Justicia” hace más de un año y denunció “irregularidades” en el expediente.

La familia de Santiago Maldonado, el joven artesano hallado muerto luego de estar con paradero desconocido durante 78 días tras una represión ejecutada en agosto de 2017 por Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut, convocó a una movilización a la Corte Suprema ante “la falta de respuesta” del máximo tribunal en la causa en la que se investiga el deceso del joven.

El acto se llevará a cabo este jueves a las 11 horas en los Tribunales de Talcahuano 550.

En el marco de la convocatoria, respaldada por organizaciones sociales, de Derechos Humanos y sindicatos, se presentará una nota solicitando a la Corte Suprema que resuelva la petición formulada por la familia Maldonado para que se “designe un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada”, adelantó a Télam Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

Retiran el busto de Santiago Maldonado en Plaza de Mayo

“Si la Justicia no funciona, tenemos que construir una forma de reclamar colectivamente al Poder Judicial para que seamos escuchados” SERGIO MALDONADO

“Creemos indispensable la asignación de un nuevo juez que lleve adelante una nueva investigación luego de que el juez Gustavo Lleral se haya expresado públicamente diciendo que él no es un juez imparcial en esta causa”, afirmó.

“Si la Justicia no funciona, tenemos que construir una forma de reclamar colectivamente al Poder Judicial para que seamos escuchados”, dijo Sergio Maldonado, al tiempo que pidió: “No debemos dejar que la desaparición por 78 días y la muerte de Santiago Maldonado queden impunes”.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras una violenta represión de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, Chubut, y su cuerpo sin vida fue encontrado 78 días después, el 17 de octubre, en el río Chubut.

El cadáver del joven nacido en la provincia de Buenos Aires fue hallado en aguas del río Chubut, en un lugar donde se habían realizado tres rastrillajes anteriores que no habían obtenido resultados.

“Ellos (en referencia a los jueces de la Corte) no cumplen ningún plazo. Pasan todo por arriba. No les interesa y hace más de un año y medio que tenían que haber movido algo en el expediente”, había declarado Sergio Maldonado.

La Justicia ratificó la continuidad del caso Maldonado

Las causas

En la actualidad, existe una causa en la Corte Suprema y además una investigación sobre la represión que llevó a cabo Gendarmería en Cushamen, en la que están denunciados el exjefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Cambiemos, Pablo Noceti; el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y al exsubdirector de la fuerza, Ernesto Robino, por supuestos delitos cometidos durante el operativo de despeje de la ruta nacional 40.

Esa investigación está a cargo del juez federal de Esquel Gustavo Lleral, quien en primera instancia dictaminó que la muerte del joven artesano se produjo por causas naturales y en su sentencia escribió que “las frías aguas del Río Chubut estaban esperando” a Santiago Maldonado.

“Por eso hay que movilizar. No solo por Santiago sino por todas las causas que están invisibilizadas y detenidas ahí. Estamos a la merced de una Corte Suprema que hace lo que se le antoja”, puntualizó Maldonado.

Su hermano aseguró que resume a “todos los desaparecidos”. Ahora, el busto no está más y en su lugar hay un cerco con separadores del Gobierno porteño.

“Quiero resumir en Santiago a todos los pibes y pibas desaparecidas y asesinadas (femicidios, gatillo fácil, desapariciones forzadas) desde el 83 hasta la fecha”, afirmó Maldonado a La Voz. En esa línea, agregó: “Así como está el pañuelo y los 30.000, que desde el ’83 hasta la fecha agrupó todas esas desapariciones y asesinatos, está Santiago, pero en realidad está el nombre de todas esas personas”.

Ahora bien, al ser consultado por PERFIL, Sergio Maldonado no estaba al tanto de que habían removido el busto y pidió unos minutos para comprobarlo. Tiempo después publicó este tuit en su cuenta.

El busto fue realizado por una profesora de cerámica de la escuela Fernando Arranz, de barrio de Vélez Sarsfield, junto a sus alumnas, y colocado detrás de una placa en memoria de las Madres de Plaza de Mayo. En la base tenía escrito: “Tu mirada y tu lucha siempre presentes en la memoria”.

Rosalía Jara, de 19 años y madre de una niña de 6 , desapareció el 1° de julio de 2017 en la localidad de Fortín Olmos. Exactamente un mes después, el 1° de agosto, en las adyacencias de Cushamen, Chubut, Santiago Maldonado, de 28 años, desaparece luego de que Gendarmería reprimiese el corte de la ruta nacional 40 en la que integrantes de la comunidad mapuche realizaban un piquete en reclamo por tierras que reclamaban de “propiedad ancestral”.

La Asociación Civil Democracia Directa, presidida por Carolina Walker, abogada querellante de la familia Jara, pedirá una exhaustiva investigación del accionar del Estado y sus agentes.

Depende el color de piel con que se mire

El cuerpo de Maldonado fue encontrado, 77 días después, a orillas del río Chubut. En el medio, miles de argentinos y en todo el país se movilizaron para exigir la aparición con vida de Santiago, primero, y el esclarecimiento de los hechos, después. El caso llegó, hasta la Comisión Contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA). El hallazgo del cuerpo ocurrió luego de cinco rastrillajes realizados por fuerzas de seguridad y expertos, ordenados por la Justicia. Rosalía, no conmovió a la opinión pública ni publicada, siquiera en su propia provincia. El 26 de agosto de 2018, casi 500 días después de su desaparición, los restos óseos y partes de las prendas que vestía fueron encontrados por cazadores, de manera fortuita, en un campo cercano adonde había sido vista por última vez. Dos vidas, dos historias, dos familias, dos jóvenes cuya vida se extinguió tempranamente. Dos reacciones sociales absolutamente distintas. Dos repercusiones políticas y culturales antagónicas en cuanto a la resonancia solidaria de la población. Dos reacciones opuestas del Estado ante una misma situación históricamente sentidas para el país: “La desaparición forzada de personas”. Presumida, rápidamente, por la sociedad y el propio Estado, en el caso del militante social y puesta en duda en el femicidio de Rosalía, al día de hoy, a pesar de las sólidas pruebas, no solo contra quien sería el matador, Juan Valdez profesor y padre de la niña concebida cuando Rosalía tenía 15 años. El Estado de terrorismo

Los tres poderes del Estado, intervinieron en una cadena de encubrimiento que van del abuso sexual probado y comprobado de una niña de 15 años, que 4 años después es vista, por última vez, subiendo al auto de su profesor abusador, hasta que es hallada 14 meses después muerta debajo de un puente. Lo que deberá determinarse, posteriormente, dentro de un encuadre distintos de la jurisprudencia de la lesa humanidad y el terrorismo de Estado que tiene como víctima, ya no a grupos políticos e ideológicos vulnerables por disparidad de fuerza, sino un colectivo social cruzado por su condición de género, cultural y económica sobre quienes se aplica la misma técnica de sumisión y subordinación que actúo en forma sistematizada durante las últimas dictaduras militares. Lesa Humanidad Todo indica que Juan Valdez fue el femicida material de Rosalía Jara. Lo que resta dilucidar, no sólo en lo jurídico sino también en lo político son las condiciones en que se perpetra un crimen tan aberrante cometido por quien quiso y pudo sostener un sometimiento sobre una niña, desde sus 12 hasta los19 años, utilizando al Estado para cometer una cadena de crímenes que terminan en el asesinato y desaparición forzada de una mujer. Abusarla sexualmente desde sus 15 años – por lo menos- desde una situación de poder, de fuerza y jerarquía – al ser su profesor- contar con la indiferencia del sistema escolar, sanitario y judicial que naturaliza el embarazo de una menor y no pregunta, no indaga y abandona. Pero el Estado también pudo ser responsable, a través de la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue un agente policial quien avisa a Valdez que estaba siendo buscado y que irían a detenerlo por lo que se desembaraza del celular y pruebas que podrían incriminarlo. Ahora, ese acceso a una información crucial ¿Puede haber determinado que también descarte el cuerpo de la joven o que ante el apremio decida asesinarla? El resultado de la autopsia del cuerpo encontrado no pudo determinar la causa de muerte de Rosalía, sólo identificó una fractura en su cráneo ¿Cuando murió Rosalía? ¿Pudo el Estado haberla salvado si en vez de encubrir actuaba de inmediato y quizás hallaba a la víctima agonizando?

El objetivo de los desaparecedores

La desaparición forzada de Rosalía se concreta en la no búsqueda inmediata y urgente por parte del Estado actuando con celeridad y premura desde sus tres poderes. La desaparición forzada, cómo método criminal y desde la teoría mesiánica del nazismo adoptada por el Estado argentino durante la última dictadura militar, tiene un fin que es someter a un colectivo bajo la extorsión de que accionar, protesta o presión puede derivar en la decisión del captor de matar a su víctima. La desaparición, la incertidumbre – durante 500 días- de si Rosalía estaba viva o muerta, no sólo repercutió en la investigación de su asesinato, sino que sometió al terror y sumisión, también de su familia. Tenían la terrible esperanza que, dada su vulnerabilidad e historia de vida, pueda ser víctima de trata de personas o forzada a la prostitución pero que esté con vida. Esta realidad no pudo existir sin la participación del Estado – por acción o inacción. Santiago Maldonado, víctima de la crueldad del Estado en una represión desproporcionada que terminó en su muerte, difícilmente puede encuadrar como “desaparición forzada de persona”, pero rápidamente a logrado esa categoría. No por el hecho en sí, sino por su empatía con el dolor y padecimiento del otro. Su condición de militante político y adhesión a causas reivindicativas vinculadas al ancestral genocidio de los pueblos originarios, dan el contenido a una historia con característica épicas que resultan atractivas para la masa, sobre todo progresista de clase media y también para sus detractores que dan intensidad y cuerpo al debate de “no ideas”. Cuestión de clases y clasificaciones La sufrida vida de una joven extremadamente carente de recursos materiales y culturales. Con un abuso sistemático de su físico desde pequeña -a su condición de mujer-, madre adolescente, nacida y criada en un entorno familiar de debía sobrevivir en un territorio olvidado y humillado de la rica provincia de Santa Fe. Habitante de un pueblo cuya historia, desde su propio nombre – Fortín Olmos – está anudada al aniquilamiento físico, cultural y racial de los aborígenes, cuyo resultado puede verse en el rostro, de facciones indígenas, de la propia Rosalía, no es apetecible para el gran público. Es incómodo para el medio-argentino, medio – incluso para el “lungo zurdo que todos” que todos llevamos dentro- oír en su propio discurso clasista -de burgués culposo argentino- que atribuye razones de “falta de voluntad” a la pobreza estructural de más de la mitad de su población. No se trata aquí de Santiago vs. Rosalía, sino de la compresión de una nueva mirada de los Derechos Humanos, que no impugna la anterior, sino que debería tener al pasado como guía para comprender un presente en donde la violación, sistemática, de los derechos individuales más esenciales y el terrorismo de Estado, no tiene que ver – directamente- con la lucha política, sino más bien con el resultado de esa confrontación de modelos “ideales” de sociedad y en la que hubo ganadores y perdedores Corazón que no siente, ojos que no ven Los 30.000 desaparecidos son las víctimas políticas, directas, de ese terrorismo de Estado militarizado y Santiago Maldonado la continuidad ideológica de esa expresión cultural. Las miles, las millones de Rosalias son las consecuencia de esa derrota y de la imposición del terror y el odio sobre sectores sociales “que sobran”. Por mujer, por joven, por tez oscura, por pobre de dinero, por carente de oportunidades y perspectivas de trascendencia social y económica. Por aniquilamiento de la estima propia y de desde la auto percepción de servidumbre, Rosalía Jara es el llamado, el grito que la clase media – intelectualmente- progresista no quiere oír, sea por culpa, intolerancia o pereza.

Un juicio histórico a la negación Tal como manifiesta la representante legal de la familia Jara y presidenta de la Asociación Democracia Directa, Carolina Walker, en su alegato de clausura, en que remite a las pruebas que incriminan a Juan Valdez, se dirige a la sociedad para alertar, nuevamente, sobre esta tragedia de muertes de mujeres – cada vez más violentas, siniestras y más jóvenes- que no son estadísticas, sino que son la expresión máxima de la violencia machista…”ROSALÍA hoy es un símbolo de la lucha de las mujeres contra la violencia de género, necesitamos políticas de estado claras, urgentes y efectivas para paliar esta pandemia que se ha cobrado la vida de 90 mujeres en argentina en lo que va del año. Es necesario una justicia que ajuste los mecanismos del estado que hoy están fallando, que sancione duramente no solo al FEMINICIDA JUAN OSCAR VALDEZ, sino que ordene al Estado en todos sus noveles a la profundización de políticas públicas y de mecanismos de protección, investigación y reparación de los delitos de género, reconociendo la EMERGENCIA que estamos viviendo en este país, particularmente en la provincia de Santa Fe con 3 mujeres asesinadas en menos de 15 días al norte, al centro y al sur de esta provincia.” Sera Justicia.