Luis Fernando Iribarren, un asesino serial también conocido como "El carnicero de Giles", se escapó de la penitenciaría de Olmos, cerca de La Plata, donde cumplía una condena de cadena perpetua.

Iribarren, quien estaba preso desde 1995, aprovechó una salida provisoria para estudiar derecho en la Universidad de La Plata y huyó este miércoles por la tarde. Desde entonces, las autoridades policiales desplegaron un amplio operativo en la zona para tratar de localizarlo.

El hombre, oriundo de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles, mató a su tía -enferma de cáncer- en 1995, y tras haber confesado ese crimen dio detalles de otras atrocidades.

En ese sentido, confió que nueve años antes de ese episodio, en 1986, había asesinado a toda su familia: su padre, Luis Iribarren (49 años); su madre, Marta Langgebein (42), y sus hermanos, Marcelo (15) y María Cecilia (9).

Iribarren esparció los restos en un campo que tenía la familia en la localidad de Tuyutí, en las inmediaciones de San Andrés de Giles, aunque varios años después confesó lo sucedido.

La situación de violencia en Rosario se puede analizar desde diferentes perspectivas. Una de ellas se relaciona con la falta de control y seguimiento de los reclusos que tienen salidas temporales, cumplen condenas bajo arresto domiciliario o están en libertad condicional. 

Un informe solicitado por el Concejo Municipal de Rosario reveló la escasez de recursos en la Provincia para abordar esta cuestión y señaló la falta de interés, al menos hasta la gestión anterior.

Este informe, fechado en septiembre de 2023 pero enviado al Palacio Vasallo en la última semana del año, será presentado formalmente en febrero de 2024. La solicitud de información surgió en junio a raíz de una presunta "paralización de las tareas administrativas debido a una medida gremial en la delegación Rosario" del Patronato de Liberados, ubicado en Avellaneda 688 Bis, presentada por las concejalas Susana Rueda y Verónica Irizar.

Bajo el pretexto de la paralización de actividades por una medida gremial, se solicitó explicaciones no solo sobre la extensión de esa acción sindical, sino también acerca de la cantidad de condenados que la delegación está encargada de supervisar, la frecuencia de los controles, el personal disponible en el Patronato de Liberados en Rosario y los recursos asignados para cumplir con esta responsabilidad. 

Aunque la respuesta se ha demorado y se espera formalmente unos ocho meses después, el detallado informe elaborado por Gustavo Paciaroni, director provincial del Patronato de Liberados de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti, evidencia la escasez de recursos con la que han trabajado en los últimos años.

Un preso de la cárcel de Piñero que accedía a salidas transitorias fue descubierto intentando ingresar 9 celulares de manera ilegal cuando le correspondía volver al penal.

Se trata de condenado por homicidio que aprovechó que realiza trabajos de limpieza en el complejo penitenciario para entrar los dispositivos.

Cárcel de Coronda: ordenaron que los detenidos no puedan acceder a teléfonos celulares

El operativo fue este lunes cuando, luego de una breve investigación, el personal de seguridad requisó el auto en el que el recluso llegaba al complejo penitenciario.

Darío Juan Manuel A., de 30 años, cumple una condena a 10 años y 8 meses de prisión por un crimen cometido en San Lorenzo en el año 2016. Desde entonces está alojado en la cárcel de Piñero, donde según fuentes de la investigación por buena conducta accedió a salidas transitorias y a trabajos de limpieza y mantenimiento. Fue, al parecer, que en ese marco y haciendo provecho de sus beneficios que solía ingresar teléfonos celulares al penal.

Se escondió un celular en sus partes íntimas e intentó ingresarlo a la cárcel de Piñero

La investigación se inició a partir de una denuncia que recibieron investigadores de la Agencia de Investigación Criminal sobre Darío A. El dato precisaba el modus operandi del hombre, quien luego de acceder a las salidas transitorias los días domingo ingresaba teléfonos celulares al complejo penitenciario.

Según esa denuncia, el recluso llevaba algunos entre sus prendas. Otros, en cambio, los ponía en una bolsa dentro de un contenedor de basura fuera del complejo. Luego, en el marco de sus tareas de limpieza, los recogía cuando salía a sacar otras bolsas de basura.

Así fue que este lunes, al llegar a Piñero, el recluso fue interceptado por personal de la AIC y del Servicio Penitenciario. En el auto en que había llegado, un Renault 19, le encontraron 9 celulares y cargadores que quedaron a disposición del fiscal a cargo de la investigación, Pablo Socca.

Para los investigadores fue importante este operativo ya que, consideraron, “la mayoría de los delitos de sangre que se cometen en esta ciudad son ordenados por personas privadas de su libertad”. Por el momento el Servicio Penitenciario dispuso anular las salidas transitorias para el recluso.

El detenido utilizaba el teléfono en su celda para enviar amenazas y tenía un cómplice que había salido en junio de ese mismo complejo penitenciario. Una amenaza se convirtió en balacera.

La causa se ventiló este martes con la acusación del fiscal Socca a tres personas. Entre noviembre de 2021 y mediados de este mes, una familia de barrio Empalme Graneros sufrió, en forma intermitente, las amenazas de un grupo extorsivo que sembró el terror con notas manuscritas y disparos. 

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Según expuso la investigación que encabezó el fiscal Pablo Socca, detrás de las maniobras estuvo un preso con salidas transitoras y un ex convicto que salió de la cárcel de Piñero en junio pasado<. El sábado pasado, hubo un procedimiento de entrega controlada en Génova y Cabal, donde fueron detenidas dos de los tres imputados.

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La Fiscalía acusó este martes a Lucas Emanuel Correa (28), Jonatan Sebastian “Colo” Pérez (24) y Lara P. (18) de haber formado parte del grupo de personas que perpetró las maniobras extorsivas contra un comerciante de la zona noroeste.

Los hechos que fueron materia de reproche penal ocurrieron el 19 y 21 de noviembre de 2021; el 19 de abril y los pasados 17 y 18 de septiembre.

“Comunicate a este número urgente. Si no lo hacés en lo que resta del día ya sabés cómo es”, decía el escrito hallado en el comercio en noviembre. Cinco días después, la tienda de ropa para chicos recibió al menos tres impactos que estuvieron acompañados de otro escrito.

En abril insistieron. En una distribuidora propiedad de la víctima ubicada en la zona comercial de Empalme, dejaron otra nota amenazante: “Decile a tu papá que se comunique urgente porque sino le mandamos plomo acá, a la casa, al taller y a la distribuidora, si no contestas te prendemos fuego los autos para que vayas sabiendo que es en serio”.

El tribunal autorizó las salidas transitorias a 3 represores del circuito conocido como ABO (Atlético, Banco, Olimpo).

En el último día de la feria, previo a que se modifique su conformación, la Sala de Casación integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Mahiques y Carlos Gemignani decidió revocar la resolución del Tribunal Oral Federal que había denegado las salidas transitorias solicitadas por las defensas de los represores Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su rol de querellante en la causa ABO, se había opuesto a los planteos en la instancia del Tribunal Oral Federal. En este sentido, desde la Secretaría se argumentó que: “Otorgar el beneficio de las salidas transitorias generaría una controversia que no sólo incluye a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron los hechos por los cuales el imputado fue juzgado y condenado.

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En tal sentido, la concesión de las salidas transitorias se apartaría sin fundamento alguno de las disposiciones de la denominada Ley de Víctimas (Ley 27.372). En virtud de ello, respecto de las salidas transitorias corresponde adoptar un criterio judicial, que extreme los recaudos para evitar las circunstancias que pudieran derivar en la impunidad cuando se juzgan delitos de lesa humanidad”.

Asimismo, desde el área de Acompañamiento y Asistencia a Víctimas, la Secretaría tuvo una intervención para que las víctimas fueran escuchadas, lo que provocó que en los tres casos el Tribunal oral rechazara los pedidos.

A través de la decisión que se conoció hoy, la Sala de feria de Casación dictaminó que esas resoluciones fueran revocadas.

La policía detuvo al hombre de 35 años en una finca ubicada en calle French al 200. Tenía pedido de Captura por la causa Robo agravado en banda y despoblado.

El viernes, personal de Comisaría Segunda de la ciudad de Venado Tuerto, procedió a la detención de un hombre de 35 años, quien se encontraba en una finca ubicada en calle French al 200.

Recapturaron a uno de los evadidos de Piñero por el que había recompensa

El detenido posee un pedido de Captura por la causa Robo agravado en banda y despoblado, la cual está a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°1 Departamental Junín. Fue trasladado a sede de Comisaría Segunda, donde aguarda las disposiciones del Juzgado en mención.

Recapturaron a un tercer evadido de la cárcel de Piñero

Según relataron autoridades policiales, el masculino se encontraba detenido en la cárcel de Coronda, aunque gozaba de salidas transitorias. Sin embargo, no había retornado, motivo por el cual se lanzó el pedido de Captura.

Según la resolución, el juez Obligado le reconoció los estudios del ex vicepresidente hizo durante su detención, entre los que está un taller de filosofía y un curso como organizador de eventos.

Cuando todavía está discutiéndose si Amado Boudou debe o no volver a prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a cinco años y diez meses por la causa Ciccone, el ex vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner consiguió reducir diez meses el tiempo que deberá pasar encerrado gracias a los cursos y estudios que hizo durante su detención, revelaron fuentes judiciales.

Uno de los cursos fue el de organizador de eventos. También realizó un taller sobre filosofía, entre otros aprendizajes. La decisión le permitirá a Boudou acceder al beneficio de salidas transitorias, que se otorga a cualquier condenado al llegar a la mitad de la pena.

Boudou y la posibilidad de un indulto: “Hay que anular los juicios y volverlos a hacer”

De acuerdo a la resolución, el juez federal Daniel Obligado -apenas horas antes de dejar de subrogar como magistrado de ejecución penal en la causa Ciccone- resolvió el viernes pasado hacer lugar al planteo de la defensa y aplicar el beneficio del “estimulo educativo” previsto en la ley 24660.

La defensa, a cargo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, solicitó que se le reconocieran cursos de distinta índole y se le aplicara una reducción de 20 meses, el máximo que establece la norma. La Fiscalía, a cargo de la fiscal Guillermina García Padín, estuvo de acuerdo en habilitar el reconocimiento por estímulo educativo. Pero aseguró que solo debían bajársele seis meses porque no todos los cursos o carreras debían ser incluidos.

El juez Obligado se inclinó en contabilizar 10 meses para la reducción por el estímulo educativo. La Justicia ya había resuelto, además, reconocer los dos meses y medio que pasó tras las rejas entre noviembre de 2017 y enero de 2018, cuando el juez Ariel Lijo había dispuesto su prisión preventiva por otra causa vinculada a una asociación ilícita y lavado de dinero que todavía sigue activa.

La Corte confirmó la condena de Boudou y quedó a un paso de volver a la cárcel

Con el reconocimiento de estos diez meses, Boudou ya estaría cumpliendo la mitad de su condena, lo que lo habilita para pedir salidas transitorias. Y así reforzar los argumentos para que no vuelva a prisión. Al cumplir los dos tercios, Boudou podrá pedir la libertad condicional. Ese plazo iba a cumplirse a junio de 2022, pero ahora esta resolución también adelanta la cuenta para los dos tercios. La condena, no obstante, quedará definitivamente cumplida el 1 de junio de 2024. El ex vicepresidente fue sentenciado a 5 años y diez meses de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El día del veredicto quedó detenido. La Justicia entendió que, siendo ministro de Economía, hizo gestiones para favorecer a la firma The Old Fund y que ésta pudiera quedarse con la imprenta Ciccone, que estaba al borde de la quiebra.

La situación de Boudou agitó las arenas de políticas cuando a principios de diciembre la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la apelación presentada por la defensa de Boudou a la condena dictada en su contra el 7 de agosto de 2018 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en julio de 2019. El fallo de la Corte se dictó a través del llamado recurso “280”, una herramienta que tiene el máximo tribunal para dejar válida la resolución apelada sin dar fundementos. Esa decisión fue criticada con dureza por el presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, el kirchnerismo más duro salió a movilizarse por los llamados “presos políticos” e insistir en la figura de “lawfare”. Distintas voces reclamaron un indulto, y fue el propio jefe de Estado el que deslizó que, para procesados, solo sería válida una ley de amnistía.

Boudou se encuentra en arresto domiciliario desde abril del año pasado, cuando -en medio de la pandemia- el juez Obligado hizo lugar al pedido de la defensa para permitir que el ex vicepresidente siguiera su detención en su vivienda. Lo hizo subrayando que la condena no estaba firme y teniendo en cuenta las complicaciones derivadas del coronavirus que impedían a su esposa tener ayuda con la crianza de sus dos pequeños hijos -mellizos de dos años-.

Pero el fallo de la Corte Suprema hizo caer la falta de firmeza del fallo. La fiscalía pidió entonces que Boudou volviera a la cárcel a cumplir lo que restaba de su condena. Su defensa pidió mantener la prisión domicilia para priorizar el bienestar de los menores. El juez Obligado decidió en la noche del 30 de diciembre, último día hábil del 2020, que el ex vicepresidente regresara a la cárcel, aunque solo cuando su decisión quedara firme, es decir, sin margen de apelaciones. Esa apelación ya fue presentada por la defensa. Ahora la Sala IV de la Cámara de Casación -compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo- deberá analizar la cuestión.

En ese contexto, es que aparece ahora la resolución que beneficia la situación de Boudou a la hora de contabilizar el tiempo que le resta para cumplir su pena. La decisión fue tomada por el juez Obligado que, desde hoy, ya no cumple funciones como juez de ejecución en el TOF 4. Ahora, el control de la condena de Boudou y el resto de los sentenciados en el caso de Ciccone quedó en manos del juez Ricardo Basílico.

Qué cursos tomó Boudou durante su detención

Según la documentación a la que accedió Infobae y que envió el Servicio Penitenciario Federal, Boudou hizo un curso de “programador de sistema de base de datos de computadoras personales, desde el 30/07/18 hasta el 26/10/2018, con una carga de ciento ochenta (180) horas de duración”. Un detalle: Boudou fue quedó detenido el 7 de agosto de 2018, el mismo día en que el Tribunal Oral Federal 4 dictó su condena, por lo que -según la resolución- se le estarían dando por cumplido un curso que ya se había iniciado al momento de su arribo a prisión.

No fue el único curso que hizo Boudou: también aprendió la tarea de “Montador Electricista, con una carga horaria de ciento cincuenta (150) horas de duración, con fecha de inicio 04 de marzo del 2019 y fecha de egreso 03 de mayo del 2019” y la de “electricista instalador, con una carga horaria de cuatrocientas cincuenta (450) horas de duración, con fecha inicio el 06 de mayo del 2019 y fecha de egreso 11 de octubre 2019”. La fiscalía se oponía a que se contabilizaran los cursos por separado porque entendía que formaba parte de un mismo rubro, pero el juez lo dio por válido por la carga horaria y porque el SPF los diferencia.

Además, el ex vicepresidente tomó un curso “práctico en Organización de Eventos, con una carga horaria de ciento cincuenta (150) horas de duración, con fecha de inicio 08 de octubre del 2019 y fecha de egreso 13 de diciembre del 2019”. Todos estos cursos estuvieron a cargo del Centro de Formación Profesional Nº 401.

Boudou también concurrió a un “Taller de Filosofía”, que se dictó en la cárcel de Ezeiza en septiembre de 2019 y en marzo de 2020 -primero en el complejo 1 de manera presencial y luego virtualmente en la Unidad 31, a donde había sido derivado en los últimos tiempos de su estadía tras las rejas-. Los fiscales se opusieron a que este curso se tomara en consideración porque no había sido completado pero Obligado afirmó: “como he sostenido en su momento, corresponde remarcar la importancia de la educación en el sistema carcelario, y es por ello que considero oportuno asimilar el referido Taller de Filosofía a un curso de formación profesional, ponderando la importancia para el desarrollo personal” del detenido. Por este curso se lo contabilizó como un mes cumplido de su condena.

El juez le contabilizó otro mes por la Diplomatura Superior “Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas” dictada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Se trata de un curso anual de 280 horas. Boudou aprobó los trabajos prácticos, pero debe el final y otro material sobre “Desigualdad y pobreza”, pero tiene tiempo hasta marzo para entregarlos. “Lo cierto es que si bien a la fecha no hay constancia de la aprobación de los trabajos presentados por el nombrado, lo que en su caso terminaría importando la posible aplicación del inc. ‘g’ del art. 140 de la ley 24.660, el hecho de haberlos presentado en tiempo y forma es suficiente para tener por acreditado el cumplimiento del ciclo lectivo correspondiente a la Diplomatura, por lo que corresponde, según lo dispuesto en el inc. ‘a’ del mencionado cuerpo legal, reducir en un (1) mes los plazos para el avance del nombrado dentro de la Progresividad del Régimen”.

Uno de los puntos de debate en esta resolución era si debía contabilizarse a su favor los cursos que Boudou hizo cumpliendo detención en su domicilio. “Si bien en este caso en particular Amado Boudou no se encuentra institucionalizado, ello no significa que la finalidad resocializadora de la ejecución de la pena haya cesado una vez obtenida la prisión domiciliaria -sostuvo la resolución-. Si bien Boudou ha llevado adelante el curso de la Diplomatura detenido en su domicilio, cierto es que dicho estudio de posgrado es un estudio de Educación Superior, actividad educativa que se inscribe en aquellas denominadas ‘formales’, llevado a cabo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y que cuenta con amplia certificación y fiscalización por parte de las distintas entidades administrativas estatales de regulación” de la ley de Educación.

Boudou está estudiando, además, la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA) y el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero -en sintonía con la fiscalía- el juez coincidió que esas materias no alcanzaban para ser contabilizados en la reducción de la condena.

El presidente de la Cámara de Diputados se manifestó en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el marco de la pandemia del coronavirus

“Estamos viendo que, en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”. Con esta definición se manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con relación a las salidas de presos en el marco de los numerosos pedidos de sus respectivas defensas por temor al contagio de coronavirus.

En este sentido, Massa advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político, siempre y cuando no cumplan la Ley de la Víctima, aprobada de manera unánime por el Congreso y que funciona bajo la órbita de la Cámara baja.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”, señaló el diputado en diálogo con el periodista Luis Novaresio, en Radio La Red.

En los últimos días, asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del país –Santa Fe, Rosario, Tucumán– así como Madres del Dolor, Usina de Justicia, Familiares de la Tragedia de Once, junto a Matías Bagnato, Alberto Lebbo y Victoria Bargna, entre otros, repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” para una “búsqueda de impunidad” para detenidos impulsada por algunos jueces.

Por citar un ejemplo, al ex vicepresidente Amado Boudou se le permitió irse a su casa, por decisión del juez Daniel Obligado, actuando como juez de ejecución desde el TOF 4, a pesar de la condena en su contra por el caso Ciccone y de que no se halla enfermo ni tiene elevada edad.

Otro ejemplo: la Cámara de Casación Penal instó a los tribunales inferiores a que dispongan prisiones domiciliarias a un grupo de detenidos. De manera puntual, se habló de dejar salir de prisión a los grupos de riesgo, pero también a aquellos detenidos por delitos leves, los que puedan acceder a salidas transitorias, y abrió la puerta a considerar los arrestados por delitos graves, siempre en el marco de la pandemia del coronavirus.

Con relación a la posibilidad de iniciar juicio político, Massa explicó: “En enero, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso de la Nación el funcionamiento de la Oficina de la Víctima, creada por una ley votada por unanimidad, que establece que el juez para liberar a un delincuente antes tiene que dar vista e intervención a las víctimas”.

“Hoy estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Sergio Massa.

En la línea de los pedidos de excarcelaciones por el impacto del COVID-19 en las instituciones penitenciarias, el Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó ese beneficio para el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime, detenido por numerosas causas de corrupción. Esa misma repartición, a cargo de Horacio Pietragalla, habría presentado pedidos ante la Justicia por uno de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Martín Báez (antes de la pandemia) y por el dirigente social Luis D’Elía.

A pesar de las críticas, el presidente Alberto Fernández resolvió respaldar a Pietragalla. “Hay una posibilidad procesal de que algún detenido o procesado convoque a la hora de hacer una presentación a un amicus curiae, alguien que puede opinar sin ser parte y ayudar a que el juez tome la mejor decisión. En ese proceso, los abogados de Jaime solicitaron que se expida la Secretaría de Derechos Humanos en condición de amicus curiae”, introdujo el jefe de Estado.

Y continuó: “La Secretaría de Derechos Humanos tiene entre otras funciones hacer cumplir los tratados, que en la Argentina tienen el mismo peso que la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esa recomendación”.

“Lo que hizo Pietragalla es jurídicamente aceptable. Estamos hablando de derecho. Políticamente, Ricardo Jaime tiene la condena que tiene. Socialmente y políticamente. Pero estamos hablando de derecho, no de política. Y la Secretaría de Derechos Humanos no se puede negar a esto. Lo cité a Horacio para que me explique y cuando vi lo que habían hecho, no tengo nada para reclamarle”, concluyó el jefe de Estado durante una entrevista en Radio Con Vos.