Durante la jornada entregó su renuncia el viceministro de Seguridad, Germán Montenegro. La dimisión se suma a la de otros 13 funcionarios ligados al ex ministro Sain, que en los últimos días anunciaron su salida.

Dos fiscales santafesinos se hicieron de pruebas documentales para causas que investigan en la sede del Ministerio de Seguridad de Rosario.

Perotti y Lagna se reunieron por la ola de violencia en Rosario

Los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez actuaron con la colaboración de autoridades del Ministerio de Seguridad en el operativo en la sede rosarina del organismo, en Santa Fe 1950. También realizaron el procedimiento en la sede de la ciudad capital.

Los operativos los llevó adelante personal del Organismo de Investigaciones (OI). Según voceros, entre las oficinas inspeccionadas se encuentran las del secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez, entre otros.

De las oficinas se habrían llevado una importante cantidad de documentación, computadoras, discos extraíbles, y varios teléfonos celulares, señalaron voceros.

Durante la jornada entregó su renuncia el viceministro de Seguridad, Germán Montenegro. La dimisión se suma a la de otros 13 funcionarios ligados al exministro Sain, que en los últimos días anunciaron su salida.

El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó una acción de amparo para que se declare inconstitucional la “aplicación retroactiva” de una ley que le impida continuar en su cargo concursado del Organismo de Investigaciones (OI) y con el fin de que la Legislatura se “abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria” en su contra, informaron hoy fuentes judiciales.

El planteo contra la provincia de Santa Fe fue presentado en un juzgado de primera instancia en lo laboral, añadieron las fuentes.

Con la medida solicitada, Sain busca que la Justicia declare inconstitucional la ley 14.016, aprobada cuando era ministro de Seguridad, que modificó el régimen disciplinario de fiscales del Ministerio Público de Acusación (MPA) e incluyó en él al cargo de director del Organismo de Investigaciones (OI), una suerte de policía judicial que depende del MPA.

Esa norma votada sobre tablas el mismo día por las cámaras de Diputados y Senadores a fines de 2020, conocida como “ley anti-Sain”, establece como incompatibilidad para ejercer el cargo de director de la OI haber sido miembro del Poder Ejecutivo en los años anteriores.

Sain obtuvo ese puesto por concurso en 2018 y en diciembre de 2019 pidió licencia para ocupar la cartera de Seguridad, en la que lo designó el gobernador santafesino Omar Perotti.

Tras renunciar al Ministerio en marzo de 2021, Sain solicitó concluir la licencia en el OI y regresó a su puesto concursado.

Ese mismo mes el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, hizo una presentación para que el MPA impida su retorno al OI, del mismo modo que 27 diputados provinciales opositores lo denunciaron por presuntas irregularidades en una licitación, hacinamiento en comisarías y “conducta injuriante y disciminatoria” por la difusión de audios privados de Whatsapp del ministro.

También se promovió un juicio político en la Cámara de Diputados, pero como el ministro ya había renunciado devino abstracto.

El planteo del fiscal Arietti fue rechazado por la Auditoría General de Gestión (AGG) del MPA, por considerar que era incompetente para juzgar a Sain como empleado de ese organismo por acciones que desempeñó como ministro, en otro poder del Estado.

La resolución fue apelada en un procedimiento cuestionado –ya que esta instancia no está prevista en las normas- y el fiscal General, Jorge Baclini, resolvió “reconducir” el planteo y designó un auditor ad hoc para que revise el caso.

Ese auditor, el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, consideró que existen elementos para investigar presuntas faltas graves de Sain.

Esta semana, la comisión de Acuerdos de la Legislatura, dominada por la oposición, decidió avocarse al caso y propuso suspender al funcionario en el cargo por 180 días con una reducción del 50% de su salario.

La acción de amparo presentada por Sain apunta a tres cuestiones: la aplicación retroactiva de la ley de incompatibilidades -sancionada cuando era ministro y luego de haber obtenido el cargo del OI por concurso-, la supuesta injerencia indebida de la Legislatura en el régimen del MPA, y el juzgamiento como funcionario del OI por conductas y dichos que refieren a su desempeño como ministro, en otro poder del Estado.

La Comisión Bicameral de Acuerdos aceptó avanzar el proceso contra el ex ministro por faltas graves. Buscan ahora que se fije una fecha con urgencia para tratar la propuesta en la Legislatura.

La Comisión Bicameral de Acuerdos llegó a un dictamen este miércoles para suspender por seis meses y con reducción salarial al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación. Buscan ahora que se fije una fecha con urgencia para tratar la propuesta en la Legislatura.

Según informó la periodista Ivana Fux desde Santa Fe capital a Radio 2, la comisión de Acuerdos aceptó la presentación del MPA y avanza el proceso contra Sain por faltas graves. Ahora senadores y diputados deberán tratarlo en una sesión conjunta que, esperan, sea pronto.

El dictamen, que propone suspender preventivamente al ex ministro y descontarle la mitad del sueldo, no fue unánime: se opusieron el senador Alcides Calvo y el diputado Leando Busatto, del peronismo.

Busatto argumentó que “la comisión carece de toda competencia para investigar hechos ajenos al desempeño funcional del ex ministro y que el regimen legal que se pretenden aplicar no estaba vigente al momento de la acción disciplinaria”; por eso, solicitó que se archiven tales actuaciones.

Según publicó El Litoral, en la tarde del martes, funcionarios de la Casa Gris y legisladores del oficialismo se reunieron durante varias horas para diseñar la defensa de Sain que se plasmó este miércoles con otro dictamen por la minoría.

A principios de mes, el MPA abrió un proceso disciplinario contra Sain, a partir de las presentaciones del jefe de los fiscales de Santa Fe, Carlos Arietti, y de legisladores provinciales.

Arietti denunció a Sain al considerar que el ex ministro de Seguridad es responsable del hacinamiento en comisarías, escuchas a integrantes de los tres poderes del Estado y presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego, entre otras cosas.

Quien fue elegido para asumir al frente de la cartera, es el nacido en Murphy y con vida política en Venado Tuerto, Jorge “Pito” Lagna (61). Actualmente, es secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad y un hombre de mucha confianza del gobernador Omar Perotti.

Su trabajo es hasta estas horas, la relación entre el Ministerio y los municipios en los barrios más calientes de las principales ciudades. También bajo su órbita corre la responsabilidad de implementar un plan elaborado por Saín para la gestión de la violencia urbana.

Es un político con experiencia, siempre vinculado al PJ. Fue legislador provincial en dos períodos, funcionario del gobierno de Venado Tuerto durante el gobierno de José Luis Freyre y concejal de esa ciudad. De profesión abogado, se lo conoce por su cercanía al ex gobernador Carlos Alberto Reutemann.

A diferencia de Sain, no es una persona hábil para las redes sociales ni mucho menos en el microclima de Twitter. La actividad en este orden es totalmente distinta, muy de perfil bajo y muy abocada a la gestión oficial, sin prestarse a cruces con funcionarios o legisladores.

Anti socialista

En el 2006, el elegido para ser el nuevo ministro de Seguridad, presentó junto a Sergio Battistoni el libro “La secta socialista”, cuya tapa es recordada porque muestra al ex gobernador Hermes Binner caminando junto a Fernando De la Rúa por las calles de Rosario, en la campaña de 1999. Por aquel entonces, Lagna afirmaba que no se refería al socialismo como a una secta en el sentido religioso, sino en el “sentido de desarrollar una política cerrada y con dirigentes que exhiben un notable grado de parentesco entre sí”.

Y agregaba que el ejemplo vivo de la “secta” es también la conformación en aquellos años del Frente Progresista. “Esta alianza es la misma que la alianza de De la Rúa-Alvarez, pero como ahora les da vergüenza decir alianza, usan el término Frente Progresista”, reiteró en varias oportunidades.

GOLEADORSi bien llegó a la vida política en 1995, antes de eso fue un notable futbolista. A los 15 años, ya jugaba amistosos en la Primera División del Club Jorge Newbery de Venado Tuerto e incluso llegó a probarse en River Plate. A los 16 (diciembre de 1976), lo ficharon en Rosario Central donde se formó futbolísticamente a partir de la 5º División.

Fue goleador y campeón en todas las divisiones de Central, ganándose un lugar en la Tercera y la Primera del “Canalla”. Compartió el campo con jugadores de la talla de Balbis, Wolhein, Cornaglia, Teglia, Sperandío, y “El negro” Palma. Fue dirigido por Griguol, Erausquin, Poy y Pagani.

Después de hacer la pretemporada en 1980, fichó para Unión y Cultura de su Murphy natal, con quien salió campeón en 1980 y 1981. Luego pasó a Central Argentino y después un año en Centenario. Volvió a Unión y Cultura para jugar dos años más, los últimos de su carrera, logrando el título en la Copa de Oro de 1987. Se retiró a los 27 años.

El Ministerio de Seguridad anunció este viernes cambios en las jefaturas de las unidades regionales de la Policía de Santa Fe. La resolución 185 fue firmada por el titular del área, Marcelo Sain.

El subdirector Claudio López pasará de la Unidad Regional XVII que comprende la jurisdicción del departamento San Lorenzo a la dirección de la Policía Comunitaria, mientras que en su reemplazo asumirá Luis Pablo Maldonado, ex jefe en Reconquista, Casilda y Villa Constitución. A fines de agosto pasado, Claudio López había sido designado jefe de la Unidad Regional XVII en lugar del entonces interventor Carlos Lemos. Voceros policiales señalaron que el traspaso de cargos se realizará el próximo lunes.

Además, en la Unidad Regional VIII del departamento General López asumirá como jefe el subdirector Diego Bordon, en tanto que Diego Lucero estará al mando de la UR IX de General Obligado.

En la Unidad Regional XIX del departamento Vera fue designado Daniel Borovachi, mientras que la jefatura en el Departamento de Operaciones Policiales (D-3) quedó en manos de la subdirectora Liliana Chamorro. En tanto, en Relaciones Policiales nombraron al subdirector Sebastián Igonet y en la dirección de Coordinación con Oficinas de Gestión Judicial designaron a la directora Margarita Romero.

La nómina completa de los nuevos jefes

UNIDAD REGIONAL VIII – Subdirector Diego Bordon

UNIDAD REGIONAL IX – Director Julio Lucero

UNIDAD REGIONAL XVII – Director Luis Maldonado

UNIDAD REGIONAL XIX – Subdirector Daniel Borovachi

DEPARTAMENTO OPERACIONES (D-3) – Subdirectora Liliana Chamorro

POLICIA COMUNITARIA – Subdirector Claudio López

RELACIONES POLICIALES – Subdirector Sebastián Igonet

GESTION JUDICIAL (OGJ) – Directora Margarita Romero

El ministro de Seguridad provincial aseguró que hay bandas que matan a la “mexicana”. “La inseguridad también son los dirigentes, fiscales y jueces en convivencia con el delito”, planteó. Apuntó contra Lifschitz, Traferri y Enrico y pidió una reforma constitucional.

El ministro de Seguridad Marcelo Sain se refirió la situación de extrema violencia en Rosario en donde aparecieron cuerpos desmembrados. También apuntó contra el diputado provincial Miguel Lifschitz en relación a los proyectos de Seguridad Pública y Reforma y Control Policial del gobierno provincial y a los senadores Armado Traferri y Lisandro Enrico en el marco del pedido de desafuero del sanlorecino que no prosperó.

El funcionario encabezó un acto en Santa Fe donde se presentaron nuevos móviles policiales. Fue la oportunidad para que periodistas le hicieran preguntas sobre varios temas. En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), sostuvo en relación a los homicidios y balaceras. “Entramos al gobierno con el 30 por ciento de pobreza y hoy hay un 47 por ciento, eso es más violencia”, sostuvo y consideró: “Detenemos a gente sin antecedentes, no profesionales, y hay que atender a estas personas. Muchos nos reclaman por la inseguridad, que también son los dirigentes, fiscales y jueces en convivencia con el delito”.

Sobre la aparición de cadáveres descuartizados, recordó que la Fiscalía los relacionó a la banda liderada por Brandon Bay de quien indicó se tienen conversaciones en donde ordena “matar a la mexicana”. “Hay una industria del sicariato en Rosario, no hay que hacerse el tonto, yo lo vengo diciendo pero parece que duele”, remarcó.

También se refirió al paquete de leyes sobre reforma policial y de seguridad que presentó el Ejecutivo a la Legislatura. Apuntó contra la prensa a la que culpó de no abordar el tema: “Parece que pasaron al olvido”, ironizó y aseguró: “Vamos a traducir todo en decretos, no queremos quedar atados a la decisión política del poder político de la oposición que controla la cámara”, dijo en relación a Miguel Lifschitz.

En cuanto al senador Armando Traferri, quien no fue separado de su cargo por sus pares del Senado y lo mencionó en sus exposiciones, expresó: “Yo le respondí con una carta documento, él dijo que yo formaba parte de un aparato ilegal desde el Estado manipulando a fiscales entonces le exigí que en 72 horas aportara pruebas de lo que decía. Cuando digo algo me dicen «yo tengo honor y familia» y ¿yo no’”, cuestionó. “Yo de ser él me hubiera sometido a un juicio, si es inocente es la mejor garantía pero como no lo hizo continuó con la tesis de complot político”, lanzó y enseguida admitió que cree que la Constitución provincial quedó “vetusta”.

Luego, fue contra el radical Lisandro Enrico, a quien señaló por estar interesado en las garantías del senador pero pedir “mano dura para los negritos”.

Son agentes de comisarías, de calle y bomberos. Hubo refuerzos salariales a grupos especiales. Se agregan al traslado de los acuerdos alcanzados en la paritaria central que incluirá a todo el personal de Seguridad. Insistió con el objetivo de privilegiar el bolsillo “del policía que trabaja de policía”. Llega la tarjeta alimentaria para el sector.

“El objetivo es privilegiar el bolsillo del policía que trabaja de policía” afirmó el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al presentar decisiones de política salarial para toda la fuerza pero reforzando el personal que está en la calle. A la política salarial anunciada para estatales, el ministro anunció el otorgamiento de un plus de 7.000 pesos mensuales al personal de calle y bomberos, que se suma a los 12.000 pesos ya anunciados para el personal de Policía de Acción Táctica (PAT) y de Seguridad Rural y los suplementos de hasta 70.000 para los jefes. Recordó la mejora en las horas adicionales dispuestas a principios de año y cambios en el sistema de horas Ospe.

Saín hizo los anuncios acompañado por el subjefe de policía, Ariel Zancocchia y la interventora en la Unidad Regional I, Marcela Muñoz.

La mejora salarial la anunció Sain mientras se desarrollaba la protesta de la Bonaerense frente a las puertas de la residencia presidencial de Olivos. “Como ciudadanos argentinos, preocupados por lo que pasa en Buenos Aires, aunque desconozco detalles” señaló quien fuera diputado provincial en esa provincia. Dijo estar atentos y en contacto con el gobierno nacional y afirmó que “son temáticas que deben tener soluciones rápidas”. Luego, dijo desconocer las protestas realizadas ayer en Santa Fe y en Rosario por retirados y familiares de policías.

En los hechos el personal policial recibirá el incremento acordado con estatales aunque no precisó aún hasta qué categoría corresponderán los 4.000 pesos, los 5.300 y los 6.500 fijados para agosto y para septiembre. Luego detalló los incrementos para diferentes categorías operativas; anunció la pronta implementación de la tarjeta alimentaria para que el agente operativo deje de comer en jefaturas o seccionales y elija el lugar. La tarjeta cargará 4.000 pesos mensuales.