El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py ordenó la “inmediata detención” del empresario Lázaro Báez en una cárcel para que termine de cumplir la condena de 10 años de prisión, que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa por lavado de dinero denominada “Ruta del dinero K”.

De esta manera, los magistrados dispusieron que personal de Gendarmería Nacional traslade a Lázaro Báez desde su actual prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, en Santa Cruz, hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en Río Gallegos.

“Disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena, impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“, remarcó el Tribunal mencionado.

De esta manera, se aceptó el pedido del fiscal federal Abel Córdoba para que el empresario quede detenido en una cárcel para terminar de cumplir su condena. La defensa de Báez, por su parte, había planteado que la condena ya estaba casi cumplida y que debía continuar en su actual prisión domiciliaria.

Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, se entregó esta mañana en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

Rossi fue el primero de los seis condenados citados para esta jornada en ingresar al Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de Comodoro Py 2002.

El área amaneció con custodia policial y restricciones de circulación a la espera de los convocados por el juez del Tribunal, Néstor Costabel, luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes todas las condenas.

Rossi era apoderado de SGI, conocida como "la Rosadita",  la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.

Los restantes citados por el Tribunal son el ex presidente de "Austral Construcciones" Julio Mendoza, el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años.

Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena.

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 reclamó hoy que se ordene detener de manera inmediata a Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró y otros cinco condenados en la "ruta del dinero K" cuyas penas quedaron firmes ayer con el rechazo de sus recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, requirió el fiscal federal Abel Córdoba, quien llevó adelante la acusación en el debate oral ante el TOF4.

Ante la decisión de la Corte, ahora el encargado de intervenir en la etapa de ejecución de las penas es el Tribunal que tuvo a cargo el juicio oral. Por ello Córdoba requirió que ordene detener a seis de los condenados por "lavado de activos" porque recibieron penas mayores a tres años y de cumplimiento efectivo.

En todos los casos permanecieron excarcelados porque no se consideraron firmes las condenas hasta que ayer se expidió el máximo tribunal del país. Rossi está condenado a cuatro años y seis meses de prisión en su rol de ex apoderado de la financiera SGI.

La Fiscalía pidió además apresar al ex presidente de "Austral Construcciones" Julio Mendoza, al ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, a un ex empleado de SGI César Fernández, al empresario Carlos Molinari y a otro condenado, Eduardo Castro, de 79 años.

En el caso de Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel. Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal.

El juez Néstor Costabel dispuso hoy que Leonardo Fariña cumpla con la condena impuesta por la “ruta del dinero K” una vez que se resuelva la situación del arrepentido en la causa por la financiera allanada en el barrio Belgrano. Fariña está detenido desde el 15 de noviembre por ese expediente, a cargo del juez Pablo Yadarola. Su defensa ya pidió la excarcelación pero fue rechazada por el magistrado en lo Penal Económico y ahora está bajo estudio de la Cámara Federal.

Si queda libre por esa causa, con una excarcelación o una falta de mérito, Fariña deberá cumplir con la condena por la “ruta del dinero K”. El arrepentido ya estuvo en prisión 2 años y 20 días por lo que le restaría cumplir 1 año y 3 meses.

En junio, el fiscal Abel Córdoba había reclamado que Fariña sea detenido pero el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, lo rechazó y decidió “convertir la actual situación de excarcelación de Fariña en libertad condicional”. Tras el episodio de la financiera, Córdoba insistió que Fariña cumpla con la pena de 3 años y 6 meses que le impuso la Cámara de Casación por el caso de Lázaro Báez. “Motiva este pedido la variación sustancial de las circunstancias que el Juez ponderó y otorgó un alcance suficiente para favorecer la situación procesal de Fariña”, argumentó.

Costabel dispuso hoy que Fariña “deberá ser alojado en el Complejo Penitenciario que corresponda, adonde una vez efectuado su traslado se remitirá el cómputo pertinente y copia de la sentencia de condena”. Y también determinó que le quiten la pulsera con GPS.

 “Lo cierto es que el condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación”, sostuvo Costabel tras el pedido del fiscal.

En la causa por la financiera, tal como reveló Infobae, Fariña declaró que fue al lugar “seis o siete veces” y destacó que siempre entró caminando, dando a entender que nunca podría haber movilizado bolsos o valijas con dinero. Ambos datos están siendo corroborados con las cámaras de seguridad, con los registros de entradas y salidas del edificio, y con el informe sobre lo movimientos del arrepentido, que tenía puesta una pulsera con GPS desde 2019.

La declaración de Fariña tuvo lugar la semana pasada, en medio del clima electoral, y hasta ahora no había trascendido su contenido. El arrepentido explicó que ingresaba al edificio presentando su DNI, pero que no tenía habilitada su huella digital, dando a entender que no había una relación laboral con la financiera.

“Cambié unos pesos de mi suegra”, fue una de las frase más salientes ante el juez. Esa operación de cambio estaría en los registros de la financiera. Casualmente, la noche antes del allanamiento, Fariña también había estado en la casa de su suegra. Con ese dato, el juez ordenó allanar el lugar pero no se encontraron datos de valor para la causa.

Fariña también se desligó de la fortuna encontrada en el lugar. A pesar que las primeras versiones hablaban de $500 millones, en la causa figura que se secuestraron $211.600.000.

Además de esas causas, Fariña está siendo juzgado por la compra del campo El Entrevero. El juicio oral está en pleno desarrollo. En arrepentido ya declaró durante varias jornadas en las cuales aseguró que todos los imputados en la causa “conocían que el inversor era Lázaro Báez” y desvinculó de esa operación al empresario Carlos Molinari, condenado en la causa por “la ruta del dinero K”.

Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. Sin embargo, Fariña reveló durante su declaración que en realidad hubo pagos por más de 16 millones. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones de dólares. A mí me dijeron que el campo valía 16 o 16,5 millones”, sostuvo el arrepentido.

El juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta, tras el pedido del fiscal Marijuan y el retiro de AFIP y UIF como querellantes en la causa iniciada en el año 2013.

Finalmente, este lunes, el juez federal Sebastián Casanello decretó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero k” porque ya no quedan acusadores que sostengan que debe ser investigada en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron, el viernes pasado, los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Casanello explicó que él no podía “ir más allá” de lo pedido por quienes ejercen el rol de acusadores ni “suplir la misión punitiva del Estado” porque, tal como lo advirtió la Corte, hacer lo contrario atentaría contra la garantía constitucional del debido proceso. Con una cita al máximo tribunal, el juez recordó que esa garantía exige que quien acuse sea “un tercero diferente de quien ha de juzgar”.

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POR QUÉ CASANELLO DICTÓ EL SOBRESEIMIENTO DE CRISTINA K

La única opción para no disponer el sobreseimiento hubiera sido que el juez decretara que el dictamen del fiscal no cumplía los requisitos de “razonabilidad y legalidad” y lo anulará -algo muy inusual-, pero Casanello dijo que esos requisitos “se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.

Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner en un fallo, de tres páginas, en el que recordó que Marijuan, después de recibir un informe sobre los contactos entre Báez y la vicepresidenta, y “tras considerar agotadas las medidas de prueba”, dio un cierre a la investigación que había sido “abierta hace siete años” y que buscaba “dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

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El juez relató que “frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP-” y que “ambas agencias compartieron la solución postulada”.

“El juicio previo es una garantía de naturaleza constitucional (art. 18 de la CN). Entre otras cosas, ella supone que a una condena solo puede llegarse a través de un debido proceso que respete sus formas sustanciales, es decir, la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo Casanello, que destacó: “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”.

La investigación contra Cristina Kirchner era un tramo residual de esta causa, que había sido elevada a juicio por Casanello, casi en su totalidad, en 2017. Conocida como “la ruta del dinero k”, fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. Hace dos años, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada, en lo troncal, por la Cámara de Casación, que redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario patagónico.

El testigo arrepentido de la causa por “la ruta del dinero K” volvió a apuntar contra Cristina y contó detalles del último gobierno.

Leonardo Fariña volvió a apuntar contra Cristina Kirchner y habló sobre los actos de corrupción cometidos durante el gobierno kirchnerista revelando detalles de la investigación.

Leonardo Fariña fue el testigo arrepentido que ayudó en la causa por “la ruta del dinero K”, que finalizó con la condena de la ex presidenta y Lázaro Báez.

Los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, durante el programa Somos Buenos de TN, dialogaron con el ex financista que les contó los dos ataques que sufrió cuando ocupaba el rol de testigo protegido en la causa que investigaba a la actual Vicepresidenta de la Nación.

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Las frases que se destacaron en la charla con Leonardo Fariña sobre “La ruta del dinero K”

El juez federal Sebastián Casanello rechazó sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es investigada en la causa conocida como la ruta del dinero K por lavado de dinero, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y junto a sus hijos.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. Por eso, rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva.

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto “mutilar líneas de investigación abiertas”. “Por eso insistiré y esperaré sus resultados”, aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

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Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónica entre los entonces secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, el momento de los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de la entonces mandataria.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales pidió información. Asimismo, pidió que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con “la mayor premura”. De esta forma, seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.

El empresario estaba imputado en la causa conocida como Ruta del dinero K junto a Leonardo Fariña, Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Federico Elaskar, entre otros. Leé más en la nota.

Este miércoles, El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró y padre de sus hijos Stéfano y Nicolás, a 5 años de prisión. Se trata de la causa conocida como Ruta del dinero K en la que estaba involucrado junto a Leonardo Fariña, ex esposo de Karina Jelinek.

La ex pareja de la actriz estaba imputada en la causa que investigaba el lavado de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015 y cuyo principal acusado es Lázaro Báez, quien fue condenado a 12 años de cárcel. El juicio había comenzado el 30 de octubre de 2018 con un total de 25 imputados como Fabián Rossi, Leonardo Fariña, Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y Federico Elaskar, entre otros.

A más de dos años, los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adrián Palliotti dictaminaron condenar a los acusados de lavado de dinero. En el caso de Fariña, también deberá cumplir cinco años de cárcel, con una reducción de tres años por su colaboración como arrepentido.

Cabe recordar que Iliana Calabró rompió su matrimonio en 2014, tiempo después de que saliera a la luz el escándalo que involucraba a su entonces marido de lavado de activos. En aquel momento también trascendió que Rossi tenía una familia paralela en Panamá, lo cual confirmó en la Justicia en 2018. “Yo allá tenía hijos, tenía mujer, tenía departamento, tenía cuenta bancaria”, reveló.

Es en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

“Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia”, señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: “Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice”.

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un “circo judicial”.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”

Lázaro Báez cada vez más cerca de la prisión domiciliaria

Lázaro Báez apeló el rechazo al arresto domiciliario

Para Abel Córdoba, el extitular de Austral Construcciones y sus hijos son culpables de haber construido una “compleja ingeniería” para lavar 60 millones de dólares.

En la última audiencia de alegatos en el juicio por la Ruta del Dinero K, el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez y 9 años para su hijo Martín al encontrarlos culpables -junto a otros acusados- de las maniobras de lavado de dinero por casi 60 millones de dólares.

Además solicitó una multa de $2121 millones para el empresario dueño de Austral Construcciones, que se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por temor a contraer coronavirus.

El fiscal también pidió para el arrepentido Leonardo Fariña una condena total de 5 años de cárcel, luego de aplicarle una reducción de tres años por su colaboración en el caso, y cuatro para el financista Federico Elaskar.

Para el fiscal, el empresario, sus cuatro hijos, Fariña y Elaskar fueron hallados responsables de haber construido una “compleja ingeniería transnacional” que lavó casi 60 millones de dólares. Mencionó cuentas en el exterior y maniobras a través de las que se sacó el dinero fuera del país.

El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas.

En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana, y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años; 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.

“Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas”, explicó Córdoba.

El fiscal pidió, además, que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.

El jueves pasado, Córdoba había considerado que el dueño de Austral Construcciones encabezó una “organización que se dedicó a mover dinero oculto” e hizo un extenso repaso de las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz, lo que consideró el primer delito precedente.

En este sentido afirmó que “la fortuna (de Báez) se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva”. Y continuó: “Para esta fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal”.

En este contexto, Córdoba reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre de Báez; un avión a nombre de Top Air; 120 vehículos a nombre de Austral Construcciones; y las acciones de la mayoría de las sociedades involucradas, entre otros bienes.

Está suspendido desde el comienzo de la cuarentena. La sala IV determinó que el Tribunal haga tres audiencias por semana.

La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que reanude el juicio por La Ruta del Dinero K. Se trata del proceso en el que Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros 20 acusados son juzgados por lavado de dinero, y que está suspendido desde el comienzo de la cuarentena por coronavirus.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la sala IV del máximo tribunal penal, ordenaron que se realicen al menos tres audiencias por semana hasta dictar sentencia, teniendo en cuenta las medidas de prevención de contagios de COVID-19.

Afirmaron que la orden es para “cumplir con los principios procesales de inmediatez y celeridad que deben regir el proceso oral, y teniendo en cuenta que en este proceso hay personas que se encuentran privadas de su libertad”.

La audiencia estaba prevista para este miércoles, pero fue pospuesta para el 22 de julio. Lázaro Báez y otros 24 imputados están acusados por lavado de dinero en la obra pública.Horas después de que la Cámara de Casación avalara el reinicio remoto del juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez​ y otros 24 acusados, el Tribunal  suspendió la audiencia prevista para este miércoles por problemas técnicos y envió un oficio al Consejo de la Magistratura de la Nación.

Casación rechazó un planteo del procesado Fabián Rossi contra la reanudación del debate oral de manera virtual, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Pero al mismo tiempo el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del debate, volvió a suspender el reinicio ante los problemas técnicos luego de dos pruebas en plataformas virtuales. Lo reprogramó para el 22 de julio.

El juez del Tribunal Néstor Costabel dispuso enviar un nuevo oficio al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se fije “a la brevedad” una audiencia de prueba con la utilización de la plataforma Zoom.

Esto “a fin de poder constatar que la misma cubra las necesidades del Tribunal para la reanudación del juicio oral y público” a Báez, sus cuatro hijos, Rossi, el imputado colaborador Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y otros procesados por presuntas maniobras de lavado de dinero de origen ilícito, proveniente según la acusación de irregularidades con la obra pública nacional adjudicada a empresas del grupo Austral Construcciones, de los Báez, en Santa Cruz.

“Corresponde hacer saber que a la fecha no se ha avanzado en la solución de los inconvenientes que se presentaron, pese a la predisposición del Tribunal y las partes”, advirtió Costabel en su resolución.

El Tribunal ya hizo dos pruebas y suspendió reinicios que se habían fijado para el 24 de junio y 1° de julio. El juicio está en etapa de alegatos finales.