Aldana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, se lanza a la política y competirá por un lugar en el Concejo de la Ciudad de Rosario, dentro del espacio Igualdad y Participación, la fuerza liderada por el exsenador santafesino Rubén Giustiniani. La lista estará encabezada por Bruno Carlovich, hijo del recordado “Trinche” Carlovich.

La mujer de 37 años contó que no fue una decisión fácil: “Costó, pero me convencieron. Es una lista de gente común, con la idea de representar al vecino. Nada extravagante. Tenemos mucho por aprender, pero estamos dispuestos a ser empáticos con la realidad del otro”.

Sobre su trayectoria, explicó que tuvo militancia política en el pasado, pero la dejó al convertirse en madre. “Siempre trabajé desde atrás, no me gusta demasiado el ruido y la exposición. Esto es nuevo para mí”, admitió, y destacó que el grupo que integra busca cambiar la imagen de la política, muchas veces desprestigiada.

Consultada sobre la exposición mediática de su hermano Mauro Icardi, aclaró que no suele opinar sobre su vida privada. “Nunca me han escuchado hablar de la situación de mi hermano porque cada casa es un mundo y hay que respetar la privacidad”, sostuvo.

Más allá de su vínculo con el futbolista, Icardi resaltó que su compromiso con la política va por otro lado: “Soy la hermana de Mauro, pero también tengo capacidad y aptitudes que se demuestran en el trabajo. Soy profesora de Ciencias Sagradas y una convencida de que el camino es la educación”.

Rubén Giustiniani, el precandidato de Preparados para Santa Fe, del Frente Progresista, reconoció esta noche la derrota, y felicitó a Clara García, la amplia ganadora en la interna del Frente en la categoría para Senadores nacionales.

La lista de Lewandowski se impone dentro de la interna del Frente de Todos

La lista de Clara García se impone por el 68% de los votos a la encabezada por Giustiniani que está sumando 31,94 escrutados el 10,16% de los sufragios.

PASO para el Concejo de Santa Fe: primeros datos

“En primer lugar desde Preparados para Santa Fe queremos saludar a Clara García y a (la ex intendenta) Mónica Fein que se han impuesto en esta primera elección dentro del Frente Amplio Progresista”, señaló el candidato del intendente Javkin.

“Haber sumado nosotros en este nueva etapa del Frente nos da una gran satisfacción, y afirmamos que a partir de mañana trabajaremos todos juntos para que el Frente Amplio Progresista sea una verdadera alternativa en noviembre”.

El diputado Rubén Giustianini (Igualdad) presentará esta semana en Mesa de Entradas el proyecto de ley para reglar en la provincia el alcance y contenido de la autonomía municipal “en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

El proyecto que firma su compañera de bloque, Agustina Donnet, y que ofreció a sumarse a pares de los diferentes bloques apunta a cumplir con la advertencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación que exhortó a las autoridades santafesinas “a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del mandato que emerge del art. 123 de la Constitución Nacional”, el artículo que otorga autonomía a los municipios.

El proyecto de 13 artículos está ya redactado y el objetivo es sumar la mayor cantidad de firmas posibles. La semana pasada, Giustiniani y Donnet se reunieron con el intendente rosarino, Pablo Javkin, para interiorizarlo del tema y en los próximos días harán lo propio con Emilio Jatón y líderes municipales de la UCR y del PJ.

Durante años los proyectos de autonomía presentados en Diputados por diversos sectores políticos durmieron en los cajones de las comisiones por entender que el tema está reservado a una eventual reforma de la Constitución. Pero ahora, en un amparo tramitado por la Asociación del Personal Municipal de Las Colonias contra Festram, la Corte hace la exhortación a que Santa Fe se ponga en línea con los derechos consagrados en la Constitución Nacional. El fallo es del 29 de octubre último.

La reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente a los municipios de provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el carácter de sujetos inexorables del régimen federal argentino y estableció el standard de autonomía para todos ellos. Para Giustiniani, ahora “es necesario resolver esta situación que debido a la incompatibilidad de normas pone en falta a la Provincia de Santa Fe. Esta contradicción entre dos normas jurídicas debe resolverse según el “criterio jerárquico” ; por los tanto, cuando dos normas son incompatibles prevalece la norma jerárquica superior”. Acota que la Constitución Nacional deja en manos de las provincias reglar el alcance de autonomía. Lo hace a partir de, en primer lugar, asegurar tal autonomía, situación que no se evidencia en el texto constitucional de Santa Fe. Sin embargo, el mandato constitucional nacional es claro: consiste simplemente en garantizar un régimen municipal, un régimen municipal autónomo”.

Para cumplir con la norma nacional, la propuesta es una ley que corrija y armonice la situación. El proyecto dispone que tendrán autonomía aquellos municipios que dicten sus propias cartas orgánicas en el marco de esta ley y propone mantener la plena vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 para el resto.

En sus artículos, el proyecto fija las competencias que tendrán los municipios, los autoriza a dictar sus cartas orgánicas, habilita el funcionamiento de convenciones constituyentes en cada ciudad y le fija los contenidos mínimos que deberán tener en cuanto a la hora de establecer la futura carta orgánica.

Pionera

En los fundamentos, Giustiniani no deja de reconocer que Santa Fe fue pionera en materia de autonomía municipal cuando, la Constitución de 1921 fue la primera en el país que hizo efectivo ese reconocimiento. Las ciudades de Rosario y Santa Fe fueron pioneras en el ejercicio de esta potestad, dictando sus propias Cartas Orgánicas entre 1932 y 1933. En 1935, intervenida la provincia, la Constitución de 1921 fue derogada y con ella la autonomía municipal.

La defensa de Balagué

La ex ministra de Educación y hoy diputada provincial Claudia Balagué (PS) respondió a la decisión del gobierno provincial que anticipó que analiza dar de baja tres concursos docentes, afectando a 800 agentes que perderían la titularidad de su cargo. “Se trata de un nuevo ataque de la gestión de Omar Perotti a la Educación, que se suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia, y la derogación del bono a reemplazantes”, afirmó.

“Por acción u omisión del Ejecutivo actual se ponen en peligro derechos laborales”, explicó. Recordó que “desde el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) siempre gestionamos la Educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente, apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos”.

Balagué destacó que en los 12 años de gestión del FPCyS se titularizaron 55.000 cargos. “Las requisitorias del Tribunal de Cuentas se subsanaron siempre en favor de los trabajadores. La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes”, alertó.

Según la legisladora, el Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación del llamado a concurso ni sugirió anular o revocar las designaciones. “Solicitó información complementaria que podría haberse subsanado en el mes de marzo, fecha en que se requirió la misma al Ministerio”, sostuvo.

Para Balagué, “los cargos en cuestión afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación. Se trata de integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas, perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos”, resaltó.

Un informe publicado por Flacso Argentina indica que, por la suspensión de clases en pandemia, unos 110.000 jóvenes de Santa Fe abandonaron sus estudios. Para Balagué los agentes, “a los que se pretende cercenar sus derechos, deberían estar recorriendo los barrios revinculando a niños, niñas y adolescentes con las escuelas”.

En otro punto, la diputada explicó que la Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. “Se trató de una reparación histórica y un cambio situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes o futuras”, afirmó.

Por último, Balagué reveló que durante el año pasado se elaboró un informe detallado, especialmente en el punto de los concursos docentes, que se puso a disposición de la actual ministra Adriana Cantero, quien “rechazó sistemáticamente reunirse durante la transición” y “fueron entregadas a los representantes enviados por el entonces gobernador electo”.

El diputado Ruben Giustiniani y la diputada Agustina Donnet (IGUALDAD) pidieron al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para garantizar el derecho de las y los trabajadores de la salud a percibir un salario justo.

Reconociendo además que se encuentran en la primera línea de respuesta al COVID-19, arriesgando todos los días su salud y hasta su vida, y que estamos viviendo momentos dramáticos en la Provincia con el aumento día a día de contagiados y con serios riesgos de llegar a niveles de saturación de respuesta del sistema de salud.

Cabe destacar que, las y los trabajadores de la salud de la Provincia de Santa Fe aún no han recibido una respuesta satisfactoria en relación a su reclamo de recomposición salarial acorde a la inflación. Por este motivo, tanto desde el Sindicato Profesionales Universitarios de la Salud (Si.Pr.US) como desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) han dispuesto paros de 48 hs en hospitales y centros sanitarios, garantizando guardias mínimas tanto por COVID y como no COVID. Los profesionales aseguran que los salarios “rozan la canasta de pobreza y el trabajo precario” y rechazan el bono de 3 mil pesos no remunerativo que ofrece el Gobierno. Exigen la reapertura de las paritarias: “Nuestras paritarias siguen en cuarentena”, sostienen desde Siprus.

En ese sentido, Giustiniani destacó que “es preciso tener en cuenta que nos referimos a trabajadores/as que están en la primera línea de respuesta al COVID-19 y que ocupan un rol fundamental para superar la pandemia que estamos atravesando. Esto tiene consecuencias en sus vidas: no sólo por la exposición al virus, sino también por el cansancio físico y el agotamiento psíquico que están padeciendo”. En este sentido, AMRA hace hincapié en el “riesgo de morbimortalidad que sufren las y los trabajadores profesionales de la salud” en el marco de la pandemia por coronavirus y exigen que el Estado garantice sus derechos.

La iniciativa sintetiza proyectos presentados por Clara García, Gabriel Real y Rubén Giustiniani. “En momentos de emergencia como el que estamos atravesando, es cuando más debemos prestar atención a la transparencia en la gestión pública”, afirman.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado. La iniciativa sintetizó tres proyectos en el mismo sentido presentados por la legisladora Clara García (Socialistas-FPCYS) y los legisladores Gabriel Real (PDP-FPCYS) y Rubén Giustiniani (Igualdad).

La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible. A su vez, exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa, esto es, publicar una serie de informaciones mínimas sobre temas trascendentes: normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites, sentencias, entre otros. Asimismo, prevé dar mayor apertura a los procesos administrativos y brindar capacitación a quienes deben garantizar la información pública, incluyendo sanciones para quienes, teniendo la obligación, incumplan lo estipulado por la norma.

“La transparencia es siempre indispensable en la gestión pública, y más aún cuando en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, muchas compras y contrataciones se hacen de manera directa, o con procedimientos abreviados, sin licitaciones ni publicaciones en el boletín oficial. Hoy la tecnología permite acceder a información virtual, completa y detallada, dando aún más herramientas para hacer efectiva la transparencia”, destacó la diputada Clara García.

Además de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, están incluidos los organismos o entes de la Administración Pública; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado, entre otras.

Gabriel Real (PDP), también integrante del Frente Progresista, Cívico y Social, se esperanzó en que el paso dado en la Cámara de Diputados y Diputadas al aprobar el proyecto signifique “avanzar definitivamente hacia la sanción en el Senado de esta ley que con la de hoy alcanza 8 medias sanciones de manera consecutiva”. Y agregó: “El mundo hoy ya no discute el acceso a la información pública, sino que lo lleva adelante porque ofrece transparencia y claridad sobre los asuntos que involucran a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Clara García, en tanto, recordó que el libre acceso a la información pública es “un derecho que debe consagrarse por ley, porque junto a la transparencia activa son garantías ciudadanas que se dan por sentado en las democracias modernas, que están fuera de discusión desde hace ya mucho tiempo. A mayor acceso a la información, mayor y más vibrante es la participación democrática”.

“Cuando asumió el ex gobernador Hermes Binner –recordó la diputada–, dictó un decreto de acceso libre a la información pública que sólo obligaba al Ejecutivo, pero representó un primer paso y, sin dudas, marcó la dirección hacia la que se quería avanzar. Esperamos que esta vez podamos ir más allá y sancionar una ley para toda la administración y los poderes del Estado”. En 2018, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley en este sentido a partir de una iniciativa del ex gobernador Miguel Lifschitz, pero que no prosperó en el Senado y perdió estado parlamentario.

“Cuanto mayor y más detallada es la información, cuando la ciudadanía puede acceder de manera más ágil a los datos y hay mayor control, menores son las posibilidades de actos discrecionales, arbitrarios o de corrupción. Sabemos que hay una fuerte demanda social sobre la necesidad de transparentar la actividad pública. Entonces, además de dar esa respuesta, esta ley ayudará a promover la cercanía y la confianza entre ciudadanos y ciudadanas y quienes ejercemos cada uno de los cargos públicos”, finalizó Clara García.

La diputada Agustina Donnet y el diputado Rubén Giustiniani (IGUALDAD) presentaron un proyecto de Ley donde solicitan se declare de interés provincial la donación de plasma rico en anticuerpos a pacientes infectados de COVID-19 por parte de pacientes recuperados.

En el mismo sentido, se insta a la realización de una Campaña que se cree en la órbita Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos de Santa Fe (CUDAIO), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, la Campaña Provincial de Promoción de la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de Covid-19.

La Campaña tendrá como objetivos:

a) Concientizar sobre la importancia de la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de aquellas personas que se encuentran cursando la enfermedad;

b) Promover la donación de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados de COVID-19.

Donnet sostuvo que “La terapia con plasma convalenciente es un tratamiento que existe hace más de un siglo y que actualmente está brindando esperanzas para el tratar pacientes de Covid-19. El procedimiento consiste en realizar transfusiones de plasma de la sangre con anticuerpos de quienes ya se han recuperado de la enfermedad producida por el Coronavirus SARS-Cov-2 a quienes estén afectados por ella. En nuestra Provincia, hace pocas horas, Julio Lucero se transformó en el primer donante de Santa Fe y en el decimoséptimo del país. La donación se realizó en el Hospital Iturraspe de la capital santafesina, para colaborar con este ensayo clínico que podría salvar vidas en este contexto de pandemia. Atendiendo a los excelentes resultados que esta práctica está dando en el mundo, consideramos necesario acompañar esta iniciativa”

El proyecto señala que en el marco de la Campaña, el Poder Ejecutivo debe realizar actividades referidas a la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19; elaborar y difundir material con contenido informativo respecto a la importancia de la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 y capacitar a los equipos de salud sobre el procedimiento para la donación de plasma sanguíneo.

Asimismo, Giustiniani remarcó que “Los pacientes recuperados de COVID-19 que sean trabajadores/as del sector público provincial gozarán de una licencia especial remunerada de dos (2) días por cada donación de plasma que realicen, debiendo acreditar tal circunstancia mediante la presentación del certificado expedido por el centro de salud interviniente.

La licencia dispuesta no podrá implicar afectación salarial alguna, descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial que perciba el/la trabajador/a.”

En el mismo sentido, se reconocerá a los pacientes recuperados de COVID-19 que sean donantes de plasma sanguíneo como “CIUDADANO/A SOLIDARIO/A DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”. A tales efectos, la Autoridad de Aplicación instrumentará los mecanismos para que los/as donantes que acrediten tal condición puedan acceder a dicho reconocimiento.

El diputado Rubén Giustiniani y la diputada Agustina Donnet (Igualdad) pidieron que el Gobierno Provincial, por intermedio del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, arbitre las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Resolución 100/2020 de Precios Máximos de Referencia de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, entre las cuales se solicita:

a) Realizar una campaña de difusión sobre Precios Máximos de Referencia y las sanciones dispuestas en la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento con las reformas incorporadas por la Ley N° 26.991;

b) Disponer en la Página Web del Gobierno de la Provincia un apartado visible y de fácil acceso con información referida a Precios Máximos de Referencia y el listado de precios máximos correspondiente a la Provincia de Santa Fe, conforme lo establecido en la Resolución 100/2020 de Precios Máximos de Referencia de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

Cabe recordar que, en paralelo al establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio con el fin de proteger la salud pública (DNU 297/2020), la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo emitió la Resolución 100/2020 por la cual dispone que, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza deben mantener el precio que tenían al día 6 de marzo pasado, el cual ha sido informado al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Giustiniani sostuvo que: “esta medida tiene como objetivo garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, y aplica a hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.

Entre sus considerandos, se destacada que es “imperativo el trabajo mancomunado de las Autoridades de todos los niveles de Gobierno en el ámbito de sus competencias, con el objeto de coordinar esfuerzos en aras de proteger el bienestar de la población, especialmente en lo que se refiere a la seguridad alimentaria y condiciones de salud e higiene”. En este sentido, consideramos necesario que desde el Poder Ejecutivo provincial se acompañen las medidas establecidas para garantizar la protección de los consumidores en un contexto de emergencia como el que está transitando el país, por lo que proponemos realizar una campaña de difusión sobre Precios Máximos de Referencia.

Es de público conocimiento el aumento desmedido de los precios por parte de muchos establecimientos que ofrecen insumos indispensables para sobrellevar el aislamiento social obligatorio, principalmente en los rubros alimentos, higiene y medicamentos. Por esto es necesaria la correcta difusión de los precios de referencia, afirmó Giustiniani; que sirven de parámetro para comparar con otros productos y posibilitan denunciar mediante un formulario disponible en la página web del Gobierno de la Nación aquellos establecimientos que tengan artículos a un precio que exceda los máximos establecidos.

Mientras que la diputada Donnet agregó que la lista de precios máximos de referencia está disponible en la página web referida y delimitada por Provincia. A los fines de facilitar el acceso a la ciudadanía santafesina, solicitamos por último la incorporación de la lista referente a la Provincia de Santa Fe en la página web del Gobierno provincial de manera visible y de fácil acceso para toda la ciudadanía.

AGUA POTABLE PARA LOS HOGARES NO CONECTADOS A UNA RED

Dentro de la batería de proyectos presentados en el marco del Covid 19, también se solicita al Poder Ejecutivo que garantice el acceso al agua potable y segura a los hogares no conectados a una red de agua, los cuales se encuentran especialmente afectados en este contexto de emergencia sanitaria.

Donnet recordó que la Ley de Aguas n° 13740/16 garantiza en su artículo primero el acceso al agua potable como derecho humano. El cumplimiento de dicha garantía es responsabilidad del Estado, y por consiguiente del ejecutivo provincial. En los 15 centros urbanos más populosos de la provincia, la responsabilidad ejecutiva de garantizar el acceso al agua potable es de la empresa pública Aguas Santafesinas SA, empresa que también opera como proveedora mayorista de agua potable para cooperativas y municipios a través del Sistema de Grandes Acueductos de la Provincia.

Y agregó: “esta coyuntura dificulta mucho más el acceso al agua sobre todo en los sectores sociales más desfavorecidos, que no poseen agua de red en sus hogares y deben salir a buscar día a día el agua que precisan tanto para consumo como para cuestiones sanitarias y de aseo, cuestión que adquiere vital importancia frente al peligro que representa la exposición al Coronavirus sin las medidas sanitarias recomendadas. Es de público conocimiento también la bajante histórica que sufre la cuenca del Río Paraná, hecho que dificulta no solo la toma de agua para las redes que se abastecen de la misma, sino mucho más, para las personas que obtienen el agua por sus propios medios, ya sea por bombeo, o incluso teniendo que ir a pie hasta la vera del curso de agua que tengan cerca de sus hogares.

Giustiniani manifestó que: “entendemos que sobre el Gobierno Provincial recae la responsabilidad indelegable de garantizar el agua potable a todos los sectores de la población, y que llevarlo a cabo impacta de manera directa e inmediata sobre la salud de toda la población y en especial de los sectores más desfavorecidos, quienes sufren con mayor vehemencia las implicancias económicas de las medidas adoptadas”.