La decisión de la Corte indicaba devolver los fundos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, Fernández también recusará a los miembros del máximo tribunal

Después de un extenso análisis jurídico, y de una reunión con 14 gobernadores que incluyó durísimas críticas a la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández definió que no acatará el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, al que calificó de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, y anunció que buscará recusar “a los miembros” del máximo tribunal “y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95%; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, resaltó el Gobierno en el comunicado firmado por el Presidente y los 14 gobernadores que participaron durante todo el jueves del debate interno.

Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca), que estuvieron en Casa Rosada en la reunión convocada por Fernández para analizar el fallo de la Corte, que este miércoles dispuso que el Gobierno debería restituirle el 2,95% de los fondos coparticipables a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, tras el reclamo judicial presentado por el jefe de Gobierno en septiembre del 2020.

El texto también fue rubricado por Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), que participaron de la cumbre de manera virtual. No acompañaron el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti. Tampoco el neuquino Omar Gutiérrez, la rionegrina Arabela Carreras -fue contactada por la Casa Rosada- y el salteño Gustavo Sáenz. Mucho menos los de la oposición de Juntos por el Cambio.

“(El fallo) Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, agregó el comunicado, difundido ya entrada la noche, tras horas de discusión.

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“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, insistió la Casa Rosada, que abre ahora un sorpresivo conflicto de poderes con el Poder Judicial que este jueves ya había recibido una catarata de reproches por parte de la oposición.

Al mediodía, Fernández había recibido en Casa Rosada a los gobernadores. El encuentro, según reconstruyó Clarín, fue muy duro. Las críticas fueron airadas y unánimes. Hubo reproches en tonos muy elevados y se plantearon diferentes alternativas, todas ellas lapidarias en torno al vínculo con la Corte Suprema.

“Estuvieron todos durísimos”, reconoció a este diario un funcionario que participó de la reunión. Todas las fuentes consultadas coincidieron en la crudeza de los planteos, en algunos casos, incluso, a los gritos.

Según confiaron, Zamora, Jalil, Quintela y Capitanich fueron los más vehementes. En especial el de Santiago del Estero, que, según trascendió, pidió una respuesta extrema al fallo de la Corte que definió elevar del 2,32% al 2,95% los fondos coparticipables que recibe Rodríguez Larreta. Se habló de no dejarse correr por “cuatro jueces”. Y se presionó al jefe de Estado para avanzar con un mensaje contundente, como finalmente se acordó, y dar una señal de “peronismo”.

Algunos plantearon, de hecho, la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que 24 horas antes fallaron por unanimidad. El Frente de Todos no tiene los votos. Otros presionaron por desconocer el fallo. Es decir, no acatarlo. Fue la moción que al final se impuso, después de seis horas de negociaciones y de llamados frenéticos con los jefes provinciales.

En el Salón Eva Perón, el Presidente estuvo acompañado por el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. También se sumó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Olmos e Ibarra estuvieron abocados a la confección del comunicado. En particular Olmos, que se instaló buena parte de la tarde en el despacho presidencial. Kicillof se quedó en Casa de Gobierno más que el resto. El gobernador bonaerense se manifestó furioso con el fallo: por la mañana, había calificado a la resolución como una “inmundicia”.

La cautelar de la Corte no resolvió la cuestión de fondo, pero sí obligó a aumentar -y devolver- fondos a la Ciudad. La puja comenzó cuando Fernández, para apoyar a Kicillof en medio de una intempestiva rebelión de la Policía de la Provincia -en septiembre del 2020, en plena pandemia-, dispuso por decreto la quita del 1,18% de los fondos que Nación enviaba a la Ciudad. Mauricio Macri había aumentado esos fondos del 1,4% al 3,75% primero, y luego al 3,5%, justificado por el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.

Luego, el kirchnerismo impulsó una ley que dio marcha atrás con todas las modificaciones en torno a la coparticipación en virtud del traspaso de la Policía a la Ciudad y estableció que el monto para garantizar el funcionamiento de la fuerza era de $24.500 millones al año, actualizables trimestralmente por un coeficiente mixto.

El fallo del Tribunal de este miércoles dejó todo sin efecto. Y la respuesta del Gobierno, decidido a no ceder en su postura de no incrementar ni un peso la cuota de coparticipación a la Ciudad, inaugura un escenario incierto.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, debió ser aislado de manera preventiva y someterse a un hisopado por coronavirus luego de que parte de su custodia diera positivo de Covid-19, según informaron autoridades provinciales.

La presidenta del Comité de Crisis de la provincia, María José Zanglá, aseguró anoche que el gobernador de la provincia fue hisopado con “resultado negativo” debido a que miembros de sus custodia personal dieron positivos para la enfermedad y algunos “están asintomáticos y otros con síntomas leves”, aclaró.

“Todo ese grupo se encuentra en aislamiento en el Centro de Leves de la Escuela de Policía, reservada para el personal esencial de las fuerzas de seguridad”, explicó y agregó que quienes “dieron positivo fueron aislados y los que son contactos estrechos también están aislados”.

Zangla, informó que se repuso el segundo equipo de trabajo, que es el que estaba de reserva para intercambiar en estos casos, ya que los grupos de trabajadores esenciales se han dividido y cumplen sus tareas cada 14 días.

El gobernador “es contacto estrecho de sus custodias y su análisis de PCR “resultó negativo y se encuentra en aislamiento domiciliario”, describió Zanglá.

No obstante, aseguró que se encuentra trabajando mediante videoconferencia, con todos los miembros de su gabinete.

Rodríguez Saá implementó sus propias medidas en San Luis. “Acá yo no dejo pasar a nadie”, afirmó el gobernador de San Luis en medio de la reunión por videoconferencia, ante el silencioso asombro del presidente Alberto Fernández y el resto de los gobernadores, la semana pasada.

El mandatario peronista puntano volvió a sorprender con otra medida de inusual dureza, relacionada-según dicen en el gobierno puntano-con el combate al coronavirus en su provincia: por medio de una disposición, se prohíbe desde el sábado pasado el ingreso de los diarios nacionales-entre ellos La Nación -a la provincia por los pasos terrestres habilitados. La excepción: el Diario de la República, propiedad de la familia que ostenta el poder en la provincia desde 1983, se distribuye normalmente.

Los distribuidores de diarios expresaron su rechazo a la medida. “Por DNU hemos sido habilitados, mientras duren ciertas limitaciones impuestas debido a la pandemia por la que atravesamos, para llegar a todo el público de la provincia, con los diarios que se editan en forma diaria a los lectores, con la finalidad de mantener informada a toda la población, en su derecho indispensable a estar informada. (.) Sin embargo, los pasados días sábado 11 y domingo 12 del presente mes, se nos impidió el ingreso de diarios y revistas en los tres pasos fronterizos: La Punilla, Justo Daract y Vizchacheras.”, aseguraron, según informan distintos sitios web provinciales.

“Decenas de trabajadores del rubro ven impedida su labor y la población ve censurado su derecho a estar informada por el medio de su elección. Es por todo ello que solicitamos que se revea tal normativa y se nos permita ingresar los medios que por derecho y necesidad hoy tenemos vedados”, manifestó Jorge Daffra , titular de la distribuidora de Villa Mercedes, quien confirmó a La Nacion que las restricciones se mantienen.

“La provincia permanecerá cerrada. El que entra hará cuarentena”, afirmó el mandatario puntano-que va por su cuarto período de gobierno-en el reporte diario del domingo, que lleva adelante él mismo. Detalló allí que los “camiones de carga nacionales” podían ingresar a la provincia, pero nada dijo de la prohibición a la llegada de los medios gráficos. Desde el gobierno puntano reconocieron a este diario el hecho, pero afirmaron que los camiones no pasaron porque no contaban con los permisos correspondientes.Y citaron el caso de una droguería de Mendoza, que “usó las redes para dejar mal a la provincia por sus controles pero después quedó en claro que no utilizaban los transportes adecuados”, afirmaron. “Todo vehículo autorizado por Nación puede ingresar y pasar por la provincia”, afirmó hoy el coordinador de Seguridad, Luciano Anastasi , a FM Ciudad de San Luis.

Atento a los pocos casos de coronavirus registrados en su provincia-sólo 11 en total, y ninguno en los últimos días-el mandatario estableció la división de su provincia en tres zonas según su riesgo sanitario, y evalúa liberar restricciones en algunos pueblos y localidades sin circulación del virus. La propuesta fue girada en las últimas horas a la jefatura de gabinete para ser aprobada.