En consonancia con el proceso de modernización del Estado, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció una extensión excepcional del período de validez de los certificados provisorios para la Revisión Técnica Vehicular (RTO).

La resolución, establecida bajo el número 0009/24, extiende el uso de estos certificados por 360 días corridos, a partir del 23 de marzo de 2024. Esta medida, que amplía considerablemente el plazo original de 60 días otorgado en enero de este año mediante la Resolución N.º 0004/24, busca brindar un período prolongado para que los conductores puedan cumplir con los requisitos de RTO.

El enfoque de esta decisión no solo está en simplificar los trámites administrativos, sino también en impulsar la modernización del Estado. En este sentido, la digitalización de los certificados y obleas de RTO se presenta como un paso clave en el camino hacia una gestión más eficiente y sostenible.

En este sentido el Gobierno de la Provincia inició un proceso de despapelización que apunta a utilizar herramientas que permitan dar respuestas superadoras con la incorporación de la debida tecnología en cada caso. En este sentido la APSV apunta a digitalizar los certificados.

La importancia de la Revisión Técnica Vehicular (RTO) como un instrumento para garantizar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados con fallas mecánicas no pasa desapercibida. Desde la APSV se resalta que la RTO juega un papel crucial en la promoción del mantenimiento adecuado de los vehículos, lo que contribuye a la disminución de accidentes de tránsito y mejora la calidad del aire al reducir la contaminación vehicular.

A partir de mañana, los fiscales de la provincia de Santa Fe asumirán la responsabilidad en los casos de microtráfico de drogas, que anteriormente eran manejados por la Justicia Federal. Esta transición se lleva a cabo en cumplimiento de la ley provincial 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, según anunció el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, ha emitido la Resolución Número 467, delineando los lineamientos institucionales para la implementación de esta nueva competencia legal. Se destaca que la transición será gradual y progresiva hasta que se cumplan todas las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa.

En su resolución, Vranicich menciona las reformas pendientes a la Ley provincial 13.013, al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, y la creación de la Agencia Especial de Inteligencia, así como la necesidad de recursos humanos y equipamiento. En este contexto, se establece la formación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico que centralizará las gestiones relacionadas con este tema en la Fiscalía General.

Este equipo estará conformado por fiscales, personal policial y la Secretaría de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General. La fiscal general señala que a partir del 29 de diciembre, todos los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos afectados por la desfederalización, siguiendo las guías de actuación elaboradas por el Equipo de Trabajo.

Dado que no hay un sistema de traspaso establecido para casos actualmente en trámite en el fuero federal, Vranicich propone una instancia interinstitucional para coordinar con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los jueces federales correspondientes. La resolución enfatiza la importancia de trabajar en conjunto con la Justicia Federal para intercambiar información, delimitar competencias, formar equipos conjuntos de investigación y diseñar estrategias de coordinación que eviten complicaciones en las investigaciones.

El Poder Judicial de La Pampa absolvió a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores, Elisa Catán, en relación al caso del asesinato del niño Lucio Dupuy. Ambas funcionarias fueron acusadas de "mal desempeño" por conceder la custodia a la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, ambas condenadas a prisión perpetua por el crimen del niño.

La sentencia fue dictada por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia, junto con las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio. Por unanimidad, concluyeron que las funcionarias no fueron responsables del posterior asesinato del menor y ordenaron su reincorporación inmediata a sus funciones.

El veredicto se anunció en la Legislatura de la provincia, con la presencia de Ballester y su abogado, mientras que Catán no asistió, alegando problemas familiares. Sus defensas estuvieron presentes en la audiencia.

El análisis sobre la actuación de Pérez Ballester y Catán se centró en dos expedientes: el de la tutela que otorgó la custodia a la madre y el del cuidado personal del niño.

La votación del Jury fue 4 a 1 a favor de la absolución, con la legisladora María Silvia Larreta votando en minoría por la destitución de ambas funcionarias.

Durante el juicio, el procurador subrogante, Guillermo Sancho, acusó a las funcionarias de no citar al padre y de no informar el acuerdo a la autoridad de aplicación administrativa ante la posible vulneración de los derechos del niño. También imputó a Catán por consentir el archivo del expediente de cuidado del pequeño.

Pérez Ballester entregó la tutela de Lucio a su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, en julio de 2019, después de un estudio socio-ambiental que demostró la idoneidad de la tía para cuidar al niño. La entrega se hizo de común acuerdo con la progenitora.

En el juicio, se argumentó que no se escuchó al niño Lucio sobre quedar bajo el cuidado de su madre. Respecto a la tramitación del cuidado personal, Pérez Ballester homologó un nuevo acuerdo entre Hidalgo y Espósito Valenti en noviembre de 2020 para dejar sin efecto la tutela, devolviendo la tenencia a la madre. Un año después, el niño fue asesinado, y Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado por una mayoría abrumadora un proyecto de resolución presentado por Jordania que llama a una "tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenible" en la Franja de Gaza, que llevaría a un "cese de hostilidades". 120 delegaciones votaron a favor, mientras que 14 votaron en contra y 45 se abstuvieron.

El documento, que contaba con el apoyo de más de 40 países, incluido Egipto, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, exige que todas las partes cumplan con el derecho humanitario internacional, y que se proporcionen suministros y servicios esenciales de manera "continua, suficiente y sin obstáculos" para la Franja de Gaza.

Asimismo, se demanda la "liberación inmediata e incondicional" de todos los civiles retenidos en cautiverio con garantías de seguridad, bienestar y trato humano, en cumplimiento de las normas internacionales.

De los países latinoamericanos, Guatemala y Paraguay dijeron 'no' a la propuesta jordana, al igual que Austria, Croacia, Estados Unidos, Fiyi, Hungría, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea y Tonga. Las abstenciones fueron de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Grecia, India, Irak, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Túnez y Ucrania.

Minutos antes del sufragio final, fue votada una enmienda presentada por EE.UU. y Canadá que hacía referencia a los rehenes tomados por Hamás el pasado 7 de octubre y que recibió 88 votos a favor, 55 en contra y 23 abstenciones. De esta manera, la iniciativa quedó rechazada, ya que requería una mayoría de dos tercios para ser aprobada.

Israel rechaza "rotundamente el despreciable llamamiento de las Naciones Unidas a un alto el fuego", reaccionó en un tuit el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, para agregar que su país pretende "eliminar a Hamás igual que el mundo se ocupó de los nazis y del Estado Islámico".

דוחים על הסף את הקריאה הבזויה של האום להפסקת אש. ישראל מתכוונת לפעול לחיסול החמאס בדיוק כפי שהעולם פעל מול הנאצים ומול דאעש.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, se refirió a la decisión en un discurso ante la Asamblea General, donde aseguró que "Israel no detendrá los combates hasta la destrucción de la infraestructura de Hamás y el regreso de los secuestrados". Además, criticó la actitud de las Naciones Unidas y afirmó que la organización "ha perdido completamente su legitimidad y relevancia".

Erdan se preguntó además en X, dirigiéndose a los miembros de la Asamblea General: "¿Cómo no se avergüenzan de apoyar una propuesta que ni siquiera menciona la palabra Hamás, como si esta guerra hubiera comenzado por sí sola? ¿Por qué protegen a los terroristas, que decapitan y secuestran a bebés?". "Israel hará todo lo necesario para destruir la infraestructura terrorista de Hamás y devolver a nuestros secuestrados a casa", afirmó el diplomático.

חשוב להבין מה קרה עכשיו בגוף הרקוב והעלוב שנקרא ״האו״ם״. ירדן הגישה הצעת החלטה במסגרת ״דיון חירום״, שקוראת להפסקת אש ואינה מזכירה בכלל את קיומו של חמאס(!) אפילו במילה אחת. ההצעה גם לא קוראת במפורש לשחרור מיידי של החטופים הישראלים מידי חמאס. קנדה הגישה תיקון פשוט להחלטה. גינוי… pic.twitter.com/tBV7iJJ4lg

La sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU comenzó en Nueva York el jueves con el fin de lograr una resolución a la "grave escalada de violencia y hostilidad en Oriente Medio".

Desde la ONU, denuncian una catástrofe humanitaria en Gaza por los masivos bombardeos de Israel que causaron numerosas muertes de civiles, y han forzado el desplazamiento de más de 1,4 millones de personas. Mientras, los refugios de Naciones Unidas permanecen abarrotados.

Aunque en los últimos días han llegado varios convoyes con ayuda humanitaria, hasta ahora no se ha logrado alcanzar una pausa en los bombardeos para hacer llegar los alimentos y la ayuda necesaria a la población de Gaza.

La escalada del conflicto entre Israel y el movimiento radical palestino de Hamás se prolonga ya durante tres semanas, dejando tras de sí miles de muertos y heridos en ambos bandos. Entretanto, más de 200 rehenes siguen retenidos en la Franja de Gaza por los milicianos de Hamás, que los secuestraron durante su ataque contra Israel del pasado 7 de octubre. Algunos de los secuestrados han sido liberados.

Desde el primer momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prometieron llevar a cabo una "operación terrestre" a gran escala en la Franja de Gaza que no se ha materializado hasta la fecha. En cambio, el Ejército israelí sí ha realizado esta semana unas breves incursiones en territorio de Gaza con empleo de blindados, tropas terrestres, aviación y drones.

Mientras, persiste el riesgo de una extensión del conflicto en la región, después de los bombardeos israelíes de posiciones y aeropuertos sirios, así como de los enfrentamientos esporádicos entre las tropas hebreas y los milicianos del movimiento militarizado libanés Hezbolá.

Las tensiones en la región se agudizan también por la intensificación de los ataques de milicias consideradas como proiraníes contra varias bases de EE.UU. en Siria e Irak. Washington respondió con ataques aéreos contra dos instalaciones en el este de Siria que, según explicó, son utilizadas por Teherán.

El Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Resolución 575/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, creó el "Comando Unificado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales," el gobierno busca fortalecer la prevención de delitos y garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Esta agrupación tiene un objetivo específico llevar a cabo tareas destinadas a prevenir delitos contra la propiedad y asegurar situaciones que puedan amenazar los derechos y garantías consagrados en la Constitución. La medida apunta a racionalizar y maximizar los recursos disponibles de las fuerzas de seguridad para un enfoque más efectivo en la prevención y protección.

El Comando estará integrado por varios actores clave en el ámbito de la seguridad nacional y local. Entre ellos se encuentran la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, así como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, representantes de los cuerpos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y otras provincias del país también formarán parte del Comando, asegurando una colaboración integral en todo el territorio.

Características de la iniciativa

Una característica clave de esta iniciativa es otorgar a los funcionarios designados capacidad decisoria sobre el personal y los recursos utilizados en las operaciones de seguridad. Esto permitirá una mayor agilidad y coordinación en la respuesta a situaciones de riesgo y delitos.

La resolución también destaca la inclusión de representantes del Ministerio Público en el Comando Unificado. Se espera que esta inclusión facilite la comunicación y coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en la lucha contra el delito.

La medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y el Ministro de Seguridad tendrá la facultad de disolver el Comando Unificado a propuesta de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal.

Se tuvo acceso al documento que detalla la resolución sobre un reciente planteo realizado por la defensa de los condenados.

Este jueves, se accedió al fallo de la Corte Suprema sobre un pedido posterior al rechazo de un hábeas corpus planteado por la defensa de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, llevado a cabo en enero de 2020 en Villa Gesell.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo en el marco de un hábeas corpus presentado por la defensa de Máximo Pablo Thomsen, Enzo Tomas Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Ciro Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell, el 19 de enero de 2020″, señala el comunicado.

Cabe mencionar que la defensa de los condenados interpuso la acción de hábeas corpus ante la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Invocando a una “supuesta privación ilegal de la libertad de los imputados”, ante la “manifiesta arbitrariedad” en las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción provincial, en cuanto “dispusieron y confirmaron la prisión preventiva de sus defendidos”.

“El 6 de julio de 2020, la Sala II del Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible dicho hábeas corpus. Ello derivó en que la defensa presentara un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Corte bonaerense rechazó sin más trámite ese recurso extraordinario local y, contra esa decisión, la defensa presentó un recurso extraordinario federal. Un nuevo rechazo motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indica el comunicado de la Corte.

“La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, también declaró inadmisible el planteo de la defensa de los rugbiers.

Se estableció una suba de hasta 9,8% y otra de hasta 7,8% a aplicarse a partir del 1° de febrero y del 1° de abril, respectivamente

El Gobierno Nacional autorizó dos aumentos para los servicios de televisión paga, telefonía e internet. Las empresas prestadoras de estos servicios podrán aplicar los mismos durante el primer cuatrimestre de 2023.

El Enacom, estableció que las licenciatarias podrán aplicar un incremento escalonado de hasta el 17,6% en los precios minoristas, tomando como referencia los valores vigentes al 31 de enero de 2023.

Según la Resolución 2393/2022, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Claudio Ambrosini, presidente de aquel organismo, la suba será de hasta un 9,8% a partir del 1° de febrero y de hasta un 7,8% desde el 1° de abril de ese mismo año.

Estas cifras regirán, según la normativa, “para las licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), así como también para las de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), Servicios de Telefonía Fija (STF), Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH)”.

Según la Resolución “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados por las Resoluciones citadas en los Artículos anteriores o en la presente, deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”.

También aclaró que “en aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio” y tampoco podrán computar moras sobre las facturas.

Netflix aumentará el abono a partir de enero

Modalidad prepaga

En cuanto a la telefonía en su modalidad prepaga, se estableció que a partir del 1° de febrero de 2023 el valor será:

Por qué los aumentos

Según se argumentó: “los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”.

Además, se agregó que “el análisis de las distintas solicitudes de aumentos de precios minoristas junto con las sucesivas fluctuaciones de las principales variables económicas que impactan en sus costos, sobre todo en el caso de los pequeños y medianos prestadores, permite constatar la necesidad planteada por parte del sector de Servicios de TIC y la TV Satelital, dadas las marcadas diferencias de respuesta en sus capacidades operativas y financieras”.

El diputado nacional Marcos Cleri fue consultado sobre la resolución oficial que incrementa el porcentaje de corte mínimo obligatorio de biodiesel para la elaboración del gasoil y sostuvo “Esto es un logro que venimos construyendo a partir del diálogo y el consenso; y que nos enorgullece especialmente porque vamos poniendo de pie a la industria santafesina”

En este sentido, el legislador nacional santafesino explicó: “Con esta medida se está aplicando el marco regulatorio que construimos en base a una agenda en común con los productores, con las cámaras empresarias, con legisladores de distintos bloques y provincias”, en referencia a ley 27.640, aprobada en agosto del año pasado.

Marcos Cleri continúa impulsando la entrega de netbooks en la provincia de Santa Fe

“Se trata de una ley correcta, justa, que fijó parámetros al facultar al Ejecutivo para que tome este tipo de medidas, que establece por primera vez la posibilidad de sustituir importaciones y prioriza dar respuestas al sector productivo y también al bolsillo de la gente, fortaleciendo un modelo de desarrollo nacional federal, con inclusión”, destacó Marcos Cleri, tras conocerse la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que eleva el corte mínimo de biodiesel para el gasoil del 5 al 12,5 por ciento.

Marcos Cleri: “Queremos fortalecer el reclamo de soberanía ante los organismos internacionales”

Siendo un 7,5% para ser abastecido por las Pymes productoras de Biocombustibles con precio regulado por la Secretaría de Energía y un 5% para sustituir importaciones para ser incorporado con precio libre.

“Esto es fruto de la capacidad de trabajo conjunto y las gestiones que seguimos compartiendo con legisladores de distintas procedencias y pertenencias; y su importancia es enorme para la provincia de Santa Fe, líder en producción de biocombustibles y llamada a cumplir un rol protagónico en la tarea de seguir recuperando la Argentina a través del crecimiento, el desarrollo industrial, el empleo, el consumo interno”, sostuvo el diputado del bloque del Frente de Todos.

“Al mismo tiempo que fortalece economías regionales, el uso de biocombustibles tiene un impacto positivo en el cuidado del ambiente, uno de los grandes desafíos de estos tiempos que debemos encarar con acciones concretas”, agregó.

El transporte público de origen nacional que circule por todo el país deberá incluir en un lugar visible la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”, según lo establece una resolución del Ministerio de Transporte publicada hoy en el Boletín Oficial

Se trata de la resolución 31/2022, que reglamenta la ley 27.023, sancionada en noviembre de 2014 que había aprobado la instalación de leyendas alusivas a la soberanía nacional sobre el archipiélago y que hasta ahora no se había aplicado.

En el artículo primero de esa norma, que recuerda la resolución publicada hoy, se establecía que “todos los medios de transporte público de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado Nacional y también fuera del mismo, están obligados a disponer en sus unidades de transporte de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas””.

La tipografía y el formato de esta leyenda se encuentran definidos en un anexo de la resolución, mientras que en el artículo segundo se establece que “la presente medida no generará erogación alguna por parte del Estado nacional”.

En la ley que originó la reglamentación conocida hoy también se establecía que la leyenda sobre Malvinas debe estar presente en las estaciones de llegada y partida del transporte, y que el mantenimiento de estos carteles corren por cuenta de cada empresa.

La resolución entrará en vigencia desde mañana.

La UNL resolvió adherir a la definición aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La decisión se tomó por unanimidad en la sesión del Consejo Superior de la que participaron representantes de asociaciones israelitas.

La Universidad Nacional del Litoral resolvió adherir a la definición de ‘antisemitismo’ aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) el 26 de mayo de 2016. En esencia, se establece que “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. La decisión la tomó de forma unánime el Consejo Superior de la Universidad en la sesión desarrollada este jueves por la tarde que contó con la presencia, de manera virtual, de múltiples representantes de asociaciones israelitas.

De acuerdo a lo oficializado en la Resolución CS N°233/20 firmada este viernes por el rector Enrique Mammarella, “la definición precedente se tomará como guía de aplicación, con la finalidad de contribuir a la lucha, en el ámbito de la UNL contra el antisemitismo en todas sus formas, colaborar en la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia, promover la educación para la pluralidad y reforzar la tarea de garantizar el cumplimiento del objetivo de la educación, la memoria y la investigación del Holocausto y de sus lecciones para nosotros y las generaciones venideras”.

Desde DAIA Santa Fe, a través de su presidente Horacio Roitman, aseguraron que valoran “de manera muy especial la resolución de la UNL entendiendo que la misma cumplirá un papel sumamente importante en la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y la violencia a la que llevan los prejuicios y la intolerancia”. En esta línea, destacaron que la votación en el Consejo Superior de la UNL fue unánime para que la Universidad adhiera a la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) según resolución del 26 de mayo de 2016”.

El Banco Central ​dispuso que los bancos no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones en cajeros automáticos en el país. De esta forma, quienes hagan consultas, extracciones o depósitos no se les puede cobrar por esa operación.

Los bancos suelen cobrar comisiones por cajeros que no están dentro de sus sucursales. Un cliente de un banco (que opera con la red Banelco) puede llegar a pagar hasta $ 250 (IVA incluído) si realizó una extracción en un cajero de otro banco, por más que la entidad financiera también use Banelco.

“Esta disposición regirá hasta el 30 de junio de 2020 inclusive. La medida tiene como objetivo que las personas circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la pandemia de Coronavirus COVID-19″, informó el Central.

Los cargos por uso de cajeros también caían sobre retiros efectuados en una red (por ejemplo Link), si el cliente tenía cuenta en otra entidad que no estuviera enrolado en esa red.

“No habrá límites de importe –salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad o resulten de restricciones operativas– ni de cantidad de extracciones. Tampoco habrá distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación”, manifestó el Central.

El manejo del efectivo está siendo un problema para comerciantes y trabajadores en especial los informales o jubilados. Muchos pensionados no saben usar el cajero automático y cobran por ventanilla, una operación que no pueden realizar desde el viernes pasado. Tampoco pueden gestionar una tarjeta de débito ahora, porque las sucursales de los bancos están cerradas.