Momentos de tensión se vivieron en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca, de la provincia de Río Negro, tras una requisa a familiares y presos, quienes agredieron, tiraron piedras y hasta quemaron colchones en repudio al accionar policial.

El caos se desató este lunes cuando familiares de los internos protestaron frente al Penal II en repudio por el accionar de las autoridades del Servicio Penitenciario, lo que generó malestar dentro y fuera de la institución.

El parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, explica que en las últimas requisas se secuestraron estupefacientes y otros elementos que iban a ingresar a la cárcel, por lo que se incrementaron los procedimientos.

“Ese avance en los controles molestó a algunos sectores del penal y, este lunes, poco después del mediodía, ese malestar empeoró cuando un grupo de internos inició insultos, agresiones y se negó a regresar a sus sectores”, detalla el escrito.

Mientras eso ocurría, afuera del establecimiento “empezó a reunirse un grupo de personas que también se mostró hostil, lanzando piedras hacia el interior y prendiendo fuego cubierta”.

Familiares de los reclusos manifestaron que en el último tiempo las requisas resultan ser “humillantes” y que, pese a los reclamos, no recibieron respuestas.

Ante este escenario, se convocó al personal de turno, se reforzó la presencia en el perímetro y se cerró el ingreso de visitas como medida preventiva: “Se despejaron sectores, se trasladó a un grupo de internos a enfermería para mantenerlos a resguardo y se avanzó en un operativo pabellón por pabellón”.

Aun así, las autoridades remarcaron que durante el procedimiento algunos grupos colaboraron; mientras que otros ofrecieron resistencia con piedras, agua, lavandina e incluso con armas caseras preparadas para dificultar el ingreso del personal. En uno de los módulos aparecieron mantas y colchones encendidos, lo que obligó a intervenir de inmediato para evitar un incendio mayor.

Luego de varias horas de operativo, se completó el recuento, la verificación corporal de toda la población detenida y se confirmó que no se encontraron internos lesionados y se aseguraron todas las celdas. Además, se secuestraron los elementos contundentes utilizados durante la agresión.

Operativo “Friend’s”: 14 arrestos y rescate de una menorEl día de hoy 30 de junio de 2025, la Justicia desarticuló una red de pornografía infantil. El operativo “Friend’s” detuvo a 14 personas y rescató a una niña en situación de abuso.

La investigación comenzó en 2022 tras una denuncia por extorsión en la Comisaría 9A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer alertó sobre un video íntimo utilizado para exigir dinero.

El allanamiento al sospechoso inicial reveló dispositivos electrónicos con 500 archivos de material de abuso sexual infantil (MASI). Se halló evidencia de un grupo de WhatsApp llamado “Friend’s”. 

La División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA intervino en el análisis forense de los equipos. Se documentó producción y distribución de pornografía infantil.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas señala que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de la jueza María Alejandra Provitola, ordenó 20 allanamientos.

De esos operativos, 9 se realizaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 11 en Córdoba, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

La mayoría de los detenidos son argentinos mayores de edad: 13 hombres y 1 mujer. Todos afrontan cargos por asociación ilícita, producción y distribución de MASI. 

Las fuerzas incautaron 12 notebooks, 5 PCs, 2 cámaras, 2 tablets, 4 routers, 52 celulares, 12 pendrives, 2 discos rígidos y $2 millones.

En Santa Fe, uno de los allanamientos permitió el rescate de una niña abusada por un hombre de 31 años. La menor fue derivada al Programa Nacional de Víctimas.

El operativo movilizó al Departamento de Investigaciones Federales y divisiones especializadas de la PFA. Se coordinó la revisión de dispositivos y la custodia de evidencias.

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado N°6. Enfrentan cargos agravados por la minoría de edad de las víctimas y tenencia con fines de distribución.

La Fiscalía inició el análisis de cámaras de seguridad para ubicar a otros posibles involucrados. El arma y los dispositivos quedaron secuestrados para peritaje. 

“Este logro refuerza la lucha contra el abuso infantil”, afirmó un vocero judicial.

El caso revela la complejidad del cibercrimen infantil y la necesidad de protocolos ágiles. Las redes de WhatsApp siguen siendo un canal principal de distribución ilegal.

Gendarmería Nacional volvió a realizar un allanamiento en la cárcel provincial de Las Flores, donde el jueves pasado se encontraron más de cuatro kilos de marihuana que habían sido enterrados en el patio interno de un pabellón. En los procedimientos realizados este martes se encontraron elementos cortopunzantes, celulares, pendrives, chips, cocaína y marihuana. 

Según informó la fuerza federal a través de un comunicado, los operativos de este martes se hicieron en los pabellones 2, 3, 4, 6, 7 y en la Alcaidía transitoria de la unidad penitenciaria. 

La droga, los teléfonos y otros elementos que fueron secuestrados en la cárcel. (Foto: Gendarmería)

La medida judicial, que tuvo por objetivo profundizar la causa por la que se hizo el procedimiento el jueves pasado, fue ordenada por la unidad fiscal de Santa Fe y por el juez de Garantías de turno Carlos Villafuerte Ruzo. 

Hasta la mañana de este martes, Gendarmería llevaba secuestrados 55 gramos de cocaína, 131 de marihuana, semillas de marihuana, 54 pipas artesanales, una planta de cannabis sativa, 884 elementos cortopunzantes y 34 teléfonos, 12 chips y 13 pendrives.

La droga incautada en la cárcel. (Foto: Gendarmería)

El accionar de los gendarmes continuará hasta este miércoles, de acuerdo a la información oficial, y no afectará el normal desarrollo de las actividades de la cárcel.

Al menos dos presos sufrieron principio de asfixia al producirse un motín en los calabozos de la seccional 15ª, ubicada en Sarmiento y Ameghino, en la zona sur de Rosario. El incidente se habría desencadenado tras una requisa que hicieron las autoridades en el penal donde hallaron un teléfono celular. Cuando los efectivos quisieron incautar el dispositivo se desató el conflicto, según trascendió.

De acuerdo a las primeras informaciones, efectivos policiales de distintas unidades y Bomberos Zapadores fueron convocados de urgencia este viernes a la madrugada a raíz de un principio de incendio en el penal de esa dependencia.

En ese sitio se encuentran alojados 56 internos. Por causas que no explicadas aún, un grupo de ellos prendió fuego colchones y al menos dos sufrieron principio de asfixia. Voceros oficiales indicaron que tuvieron que ingresar grupos de irrupción para restablecer el orden.

La situación estaba controlada cuando ya había amanecido, pero se mantenía un fuerte dispositivo de seguridad en torno a la comisaría y el tránsito en Sarmiento y Ameghino no estaba cortado, pero sí restringido por la presencia de muchos móviles policiales.

Otra vez la Unidad 1 de Coronda trae consigo novedades, ya que este miércoles al mediodía efectivos del Servicio Penitenciario dieron con lo que sería una excavación de un túnel en un pabellón.

El hallazgo se dio en un túnel en el Pabellón 14 en una requisa no rutinaria realizada en la jornada de este miércoles.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este medio, pasado el mediodía y luego de que el Grupo de Requisas de la Unidad 1 hiciera el control correspondiente en el patio externo de ese sector, donde hay presos con causas federales, entre ellos ex policías, detectaron un pozo de considerables dimensiones con el suficiente tamaño ya como para que quepa una persona.Del mismo modo, los efectivos encontraron blocks de cemento a la altura del muro que conectaría al perímetro externo, en dirección a las garitas 10 y 11.

Más detalles

Asimismo, fueron hallados dos teléfonos celulares cuando está prohibido su uso para los internos, y una cinta métrica descrita como “metalizada, de color amarillo con negro”, que se especula que podría haber sido utilizada para ir midiendo “los trabajos de excavación”.

A raíz de esto, se inició un sumario de investigación dentro del Servicio Penitenciario, se habría sacado de ese sector a los delegados de los presos y uno de los internos, M.C., vinculados con causas de connivencia con el narcotráfico donde se vieron involucrados policías en Esperanza, fue trasladado de manera preventiva y por cuestiones de seguridad a la Unidad 11 de Piñero. 

Ordenaron prisión preventiva para un hombre de 31 años en el marco de una investigación por venta de drogas en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Cristian Pallavidini, quien fue imputado como autor de los delitos de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y "amenazas calificadas por el uso de arma de fuego".

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg, a pedido de la fiscal Gabriela Arri. Si bien los abogados defensores Claudio Torres Del Sel y Valentín Colli hicieron hincapié en que Pallavidini no tiene antecedentes y propusieron medidas alternativas, el juez las consideró insuficientes para menguar los riesgos procesales.

Pallavidini fue detenido el sábado 18 de mayo en su casa de Pasaje Manuel Ruiz al 8100, donde le secuestraron dos frascos con 552 gramos de cannabis sativa y 19 ramas con flores de marihuana. En un galpón ubicado en el patio trasero de la casa, encontraron plantas de cannabis.

La policía también halló en el domicilio una balanza de precisión y 632.520 pesos en billetes de baja denominación. Todos estos "son indicios de que el destino de la droga era la venta al menudeo", sostuvo la fiscal Arri.

En la vivienda había un arma de fuego, una mira telescópica, un cargador para armas 9 milímetros y 18 credenciales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) vinculadas a la tenencia de siete armas de fuego y compra de municiones.

La investigación se inició a raíz de un conflicto familiar, cuando el imputado amenazó con un arma de fuego a un hombre que es la expareja de su actual mujer.

La fiscalía informó que la amenaza fue cometida en oportunidad de que la víctima, quien tiene dos hijos con la actual pareja de Pallavidini, fue a buscar a los niños a la casa en la que estaban.

Luego de haber sido amenazado, el padre de los menores dio aviso al 911 de lo ocurrido. Momentos más tarde, personal de la Policía de Acción Táctica fue al lugar, realizó una requisa y se encontró con todo lo secuestrado.

Un chofer de colectivo de línea de transporte público y urbano fue detenido en Jujuy con más de 200 dosis de pasta base de cocaína que repartía mientras realizaba su recorrido. 

El hecho ocurrió el pasado lunes en un tramo de la avenida Fuerza Aérea del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

La División de Narcotráfico de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero, que investigaba al conductor desde hace más de un año, observó cómo entregaba una bolsa a un adolescente que luego salió corriendo. 

Los efectivos interceptaron el coche, solicitaron una requisa y encontraron una bolsa de nylon con varios papeles doblados que, al ser sometidos a prueba de campo narcotest, resultaron positivos para pasta base de cocaína.

El hombre fue detenido y trasladado a la sede policial, donde conoció las causas de imputación y designó un abogado defensor para afrontar las acusaciones en su contra. Se procedió al secuestro preventivo de su teléfono celular y otros objetos de interés para la causa.

Todo un operativo tuvo que montar la policía de la comisaría 2ª de Gálvez habida cuenta que un sujeto de 31 años no sólo tuvo un duro altercado con su mujer sino que ella misma advirtió que tenía varias armas de fuego en su domicilio.

La situación tuvo eje en un domicilio de calle Sarmiento, en zona urbana de esta localidad del departamento San Jerónimo, cuando una mujer de 25 años llamó a la policía ya que luego de tener una discusión con su -todavía- actual pareja, el hombre decidió dejarla encerrada en la casa a ella y a su hijo, y se llevó las llaves de la vivienda por lo cual para irse, la denunciante tuvo que salir por una ventana.

Cabe destacar que ella misma expuso en sede policial que hace un año tienen problemas y estarían afrontando una superación. Del mismo modo, siempre según su declaración, dijo que a diario recibe insultos y amenazas de parte del sujeto y como dato final contó que tiene armas de fuego en la casa.

Distancia y requisa

Ante eso, el fiscal interviniente en la causa que ya estaba en marcha por amenazas ordenó una medida de distancia por 72 horas, con exclusión del hogar, no pudiendo arrimarse a menos de 500 metros del domicilio y determinó una requisa domiciliaria para buscar las armas denunciadas.

Luego de que las fuerzas de seguridad ingresaran a la vivienda, con permiso del hombre en cuestión, se pudieron secuestrar tres armas: una pistola Bersa Thunder calibre 22, negra y gris, con dos cargadores con 10 cartuchos, otra pistola Bersa Thunder 9 pro de color negro con un cargador vacío, y una escopeta Legen SM30 calibre 12 de madera, aclarando por otra parte que todo tenía su respectiva documentación.

De igual manera, el imputado en el hecho se fue a residir, al menos por ahora y de forma provisoria, a la ciudad de Coronda, en zona céntrica.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de el Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó una serie de requisas en las celdas del Pabellón 1 de la Unidad Carcelaria de Coronda. 

Durante la requisa -sorpresiva y preventiva- al establecimiento penitenciario, se secuestraron 26 teléfonos celulares, dos objetos cortopunzantes -al estilo arma blanca- y 37 envoltorios de nylon color negro los cuales contenían una sustancia blanquecina polvorienta de similares características a la cocaína.

Esta acción se enmarca en una decisión de la gestión en trabajar para retomar el control en las cárceles santafesinas. Es por ello que se está actuando en diferentes acciones mientras se amplía el sistema penitenciario con la construcción de plazas adecuadas para alojar internos de Alto Perfil y en la ampliación de espacios para presos comunes.

Respecto al estricto control que se está aplicando en las unidades penitenciarias, el primero es el que efectúa el personal al ingreso de las visitas y el segundo lo constituyen las requisas sorpresivas y aleatorias. 

El objetivo es focalizar el mayor control posible aplicable para que los internos no puedan cometer hechos ilícitos desde las cárceles.

Gastón Matías Brun, director general de Seguridad del Ministerio, sufrió heridas en sus brazos después de que un interno en la Unidad N° 3, conocida como La Redonda, le arrojara agua caliente desde el interior de una celda. 

El incidente ocurrió durante una requisa realizada por el Servicio Penitenciario Provincial, y Brun fue atendido en la enfermería de la cárcel ubicada en Zeballos al 2900.

Afortunadamente, las heridas del funcionario, que cuenta con amplia experiencia en la administración carcelaria, no revisten gravedad, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y la unidad médica del complejo penitenciario.

La Unidad Nº 3 es considerada una unidad de baja conflictividad en el ambiente carcelario de la provincia, lo que provocó sorpresa entre los custodios por la reacción del interno y la agresión. 

Tras el incidente, se inició el proceso de aislamiento del interno debido a la gravedad de la agresión al personal de requisa.

Durante la madrugada del miércoles la Subcomisaría 2da. se vio sacudida por incidentes que pudieron haber tenido consecuencias graves de no ser por la rápida intervención de las autoridades policiales.

Todo comenzó cuando personal de guardia detectó la rotura de la puerta trasera del Módulo de Detención Transitorio y el soporte de la cámara de seguridad. Ante esta situación, se decidió trasladar a los internos al patio y cerrar temporalmente el lugar afectado, a la espera de la reparación por parte de la División Logística.

Sin embargo, esta medida provocó la agitación entre los detenidos, quienes exigían el retorno a sus pabellones para recuperar sus pertenencias. Tres de ellos, identificados como Rodrigo A.; Gustavo A. y Juan P. incitaron al resto a la violencia, amenazando con prenderse fuego y dañando la puerta que separaba el patio de los pabellones.

Ante esta situación crítica, se solicitó que vengan en apoyo los grupos especializados, tales como Comando Radioeléctrico y Cuerpo Guardia de Infantería. Con su llegada, se logró contener el desborde y calmar a los rebeldes.

Se procedió entonces al traslado de los instigadores a otro módulo, a la vez que se dispuso una requisa del lugar, la que dejó como saldo el secuestro 1 teléfono celular, 3 cargadores y 1 pinza corta candado.

Por fortuna los incidentes no dejaron ningún herido, entre el personal policial ni entre los internos. Solo se constató el daño en la ya mencionada puerta del penal.

Desde que inició la gestión de Maximiliano Pullaro, el pasado 10 de diciembre, el Ministerio de Seguridad santafesino implementó un plan de inspecciones sorpresa que se realizan de manera aleatoria en todas las unidades de la provincia.

Ya se han llevado a cabo más de 500 requisas, con resultados diversos. Los portavoces de la gobernación indicaron: "El objetivo es establecer un segundo anillo de control sobre aquellos reclusos que intentan ejercer violencia en las calles desde las cárceles".

En tanto, el sábado se registró en Rosario un ataque a tiros contra dos colectivos que transportaban a cien efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

En el lugar -donde además resultó herido un agente penitenciario- se encontró un cartel en el que los agresores exigían la flexibilización del régimen para los reclusos de alto perfil, endurecido por el gobernador Pullaro.

Este episodio se suma a una serie de ataques contra personal y funcionarios de la provincia, que incluyen tiroteos y amenazas.

La persistencia de estos ataques desencadenó dos inspecciones sorpresa en la Unidad Penitenciaria Nº 11, en Piñero, que alberga a presos vinculados al narcotráfico de la ciudad de Rosario.

Las intervenciones fueron llevadas a cabo por Grupos Tácticos Especiales y los reclusos sometidos a registro son, puntualmente, miembros de la banda narco de Fran Riquelme.

Según informó el gobierno provincial, se les incautaron teléfonos celulares que ya han sido entregados a la Justicia para su peritaje.

La advertencia del Gobierno de Santa Fe

Tras las inspecciones, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, publicaron las imágenes en sus cuentas de Instagram.

Una publicación compartida de Pablo Cococcioni (@pablocococcioni)

Estos operativos se realizan de manera aleatoria en todas las unidades, sin horarios ni días definidos.

Este sábado después del mediodía se realizó una requisa sorpresiva en pabellones de la Unidad Penitenciaria nº 11 de Piñero, que estuvo a cargo de los Grupos Tácticos Especiales.

Las tareas se concentraron en los pabellones 7 y 9 y del 25 al 29, y en la oportunidad se secuestraron elementos cortopunzantes, celulares y chips que fueron puestos a disposición de la Justicia para su peritaje.

Estos operativos se realizan de manera aleatoria en todas las unidades, sin horarios ni días definidos. El objetivo es ajustar el control formando un segundo anillo de inspección sobre los presos considerados de alto perfil. Estos son aquellos internos que están sospechados o sindicados de ordenar delitos desde las cárceles.

Desde que inició la actual gestión, se sacaron 1200 presos de comisarías y se alojaron en el Servicio Penitenciario, se reacomodaron a los reclusos de alto perfil en pabellones de mayor seguridad y se les restringió la visita. En algunos casos reciben a sus familiares con un blindex de por medio.

Estos movimientos permitieron no solo ajustar los controles, si no también aumentar el personal policial en calle ya que los efectivos que estaban cuidando detenidos en las seccionales, pudieron volver al patrullaje.

En medio del escándalo que puso en la mira al Sistema Penitenciario de Córdoba, oficiales del Grupo Especial Antinarcótico y Requisa (GEAR) impidieron que ingresen drogas, alcohol y celulares al penal de Bouwer. Los elementos estaban escondidos dentro de un camión que transportaba alimentos.

Todo salió a la luz durante una revisión de rutina. El vehículo trasladaba carne, pero pretendía ingresar también al penal 1,8 kilos de marihuana, 14 gramos de cocaína, una veintena de fármacos, siete celulares, cargadores y auriculares.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Hoy Día Córdoba, se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcóticos y dos personas resultaron detenidas: el conductor y su acompañante.

El GREAR utilizó canes para poder dar con los elementos, dentro de los que también encontraron una bolsa con líquido que se presume sería alcohol.

Hace tan solo unos días, el exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, fue detenido tras el escándalo por casos de corrupción que la Justicia investiga desde hace meses.

Horas antes, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, había anunciado la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba y el reemplazo de todos los directivos. De esta manera, el mandatario cordobés designó al ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano como interventor del organismo. Según el medio local La nueva Mañana, las autoridades indicaron que “fueron aceptadas las renuncias de todos los integrantes de la conducción del organismo”.

Luego de esta decisión, detuvieron como presunto autor de maniobras irregulares en las distintas cárceles locales a Bouvier, puesto que es uno de los principales imputados en la causa que investiga los delitos de “asociación ilícita y extorsión”. Además, fueron arrestados Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, quienes integraban parte del directorio del Servicio Penitenciario.

En simultáneo a las detenciones, los oficiales volvieron a allanar las oficinas de la Dirección del Servicio Penitenciario, ubicadas en el barrio Nueva Córdoba. Un operativo similar se había llevado a cabo el mes pasado, cuando quedó detenido el ex jefe de Seguridad del organismo, Darío José Tello Pajón.

El antiguo jefe de las cárceles de la provincia estuvo al frente de la gestión de los penales durante los últimos 15 años. Según se pudo saber, es conocido en el ámbito carcelario como “El Johnny” y llegó a la función en marzo de 2008.

Sin embargo, las detenciones comenzaron en septiembre último luego de varios allanamientos en las cárceles y los domicilios particulares de funcionarios, así como familiares de los presos. De hecho, uno de los primeros detenidos fue el subjefe de la cárcel de Bouwer, Alejandro Guzmán; quien fue arrestado junto a tres abogados; y dos particulares. A estos últimos se los acusa de colaborar en la logística de las estafas desde el exterior de la cárcel.

Guzmán es el único que está acusado de ser “organizador” o “jefe” de la asociación ilícita, puesto que en su penal se le hacía ofrecimientos a los internos para “mejorar su calidad de vida” a cambio de dinero. Con el avance de la causa, se detuvieron también a otros presuntos sospechosos de maniobras ilícitas.

Dentro de las maniobras que habrían realizado, se encuentran exigir determinados montos de pagos para que los internos accedan a salidas excepcionales, ingreso de celulares y estupefacientes, así como permitir el funcionamiento en las dependencias carcelarias de “call centers” para que los reclusos realicen estafas telefónicas a la población.

Estos centros de llamadas se encontraban en la cárcel de Villa María, desde donde los reclusos cometían fraudes. Por esto mismo, fueron detenidos el director de la cárcel de Villa María, Andés Américo Aciar, y dos de sus principales funcionarios.

Personal policial procedió a requisar celdas de máxima seguridad en el penal de Piñero, en búsqueda de evidencia vinculada al ataque a balazos contra el banco de avenida Ovidio Lagos y Saavedra, en sur de la ciudad. Varios videos registraron el momento en que los agentes ingresan a los pabellones de la cárcel. 

La incursión de las fuerzas de seguridad en las celdas tuvo lugar luego de que un par de personas a bordo de una motocicleta realizaron una balacera sobre el frente de un banco. Según testigos, había tres personas dentro del cajero y cuatro más fuera del recinto. De milagro, nadie resultó herido.

En la puerta de la entidad bancaria se observaban al menos cuatro disparos, en la que hay un espacio destinado a la extracción de dinero. Allí se habría refugiado la gente que esperaba.

Además, los delincuentes dejaron una nota en el lugar. Se presume que el ataque estaría relacionado con el movimiento de reclusos que llevó adelante el Ministerio de Seguridad del nuevo gobierno provincial en las últimas horas.

Cabe mencionar que la requisa fue realizada previamente al ataque contra el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) este miércoles a la madrugada.

La Agencia de Investigación Criminal y grupos tácticos llevan a cabo más de veinte allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria por orden de cuatro fiscales. Son procedimientos por investigaciones por balaceras, usurpaciones y extorsiones. También se hicieron requisas en celdas de la cárcel de Piñero a pesados del hampa.

Por un lado, los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot de la unidad de balaceras pidieron operativos en barrio Tablada, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, en domicilios de personas vinculadas a Alejandro Núñez, un peso pesado del delito que está preso y es conocido como “Chucky Monedita”.

Los procedimientos de Socca y Haurigot finalizaron con siete detenidos y el secuestro de municiones, bolsas con marihuana, una balanza digital y un arma de guerra. Además, se requisó las celdas de cuatro internos –entre ellos a “Lichi” Romero, un pesado de zona norte, y de “Chucky Monedita”–. Todos serán llevados a audiencia imputativa el próximo lunes por asociación ilícita.

Por otra parte, los fiscales Matías Edery y David Carriza de la Agencia de Criminalidad Organizada ordenaron los allanamientos en barrio Municipal en una investigación por balaceras y usurpaciones de la organización que lidera otro preso conocido: René “El brujo” Ungaro, condenado por el crimen del ex jefe de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos.

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