Cada visita de los hinchas argentinos a Brasil genera problemas y violencia. Lo sufren todos, pero no suele haber soluciones. Este martes, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, les tocó a los de Lanús, que fueron reprimidos por la Policía brasileña durante el entretiempo del encuentro contra Fluminense, en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con el antecedente fresco de la barbarie entre Independiente y Universidad de Chile, que terminó con la eliminación del 'Rojo' por decisión de la Conmebol, los fanáticos del 'Granate' se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los efectivos policiales, en un lugar donde estaban las familias de los futbolistas, que le pidieron al árbitro Jesús Valenzuela que no se inicie el segundo tiempo.

El descanso duró unos 35 minutos, lapso en el cual los futbolistas del 'Granate' se acercaron dos veces hacia el codo donde estaban ubicados los hinchas que llegaron desde el Sur del conurbano bonaerense. Incluso, en algún momento, intentaron traspasar las vallas para dirigirse hacia la bandeja superior donde se desarrollaban los incidentes, siendo frenados por la Policía.

En ese mismo estadio, pero del otro lado, la imagen de Emiliano 'Dibu' Martínez dio la vuelta al mundo cuando se colgó de la tribuna para pegarle a la Policía cuando reprimía a hinchas de la Selección Argentina en un clásico contra Brasil, en noviembre de 2023.

Lo que no te muestra la Conmebol. Disturbios en el Maracaná, vuelan gases, palazos y balas de goma. Una vergüenza lo de la policía brasilera con los hinchas de Lanús. https://t.co/XPMkSfWOzp pic.twitter.com/aWF2YxxgXV

Lo habían sufrido los fanáticos de Argentinos, los de San Lorenzo, los de Boca en la final de la Copa Libertadores. También los de Estudiantes de La Plata y tantos otros que en estos años fueron a tratar de alentar a sus clubes.

Esta vez, más allá de los golpes, terminaron festejando gracias al gol de Dylan Aquino y al destino con ese cabezazo al palo final de Germán Cano. Lanús está en semifinales.

Tras el gol del conjunto local, los efectivos de la Policía Militar empezaron a golpear a la fanáticos del Ciclón en las tribunas.

El millar de hinchas de San Lorenzo que viajaron hasta Belo Horizonte la pasaron mal después del gol de Atlético Mineiro. Como siempre sucede en Brasil con los argentinos, la Policía -en este caso Militar- empieza a reprimir duramente, casi siempre sin motivo. Como le sucedió muchas veces a Boca, a River, a Independiente y a Argentinos Juniors, entre otros, en el tiempo cercano. En el estadio MRV, se repitió una escena constante en Brasil y de la que la Conmebol no se ha hecho cargo.

Al parecer por las cargadas de los hinchas de Mineiro a los de San Lorenzo que estaban arriba en las tribunas, empezaron los idas y vueltas. Y las fuerzas de seguridad, claro está, apuntaron a dispersar a los argentinos. Entraron pegando palazos, disparando balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos en plena tribuna.

En tanto, los jugadores, desesperados, le pedían al árbitro frenar el encuentro, algo que el chileno Felipe González hizo durante algunos minutos.

Es que los gases también afectaron a los futbolistas, que debieron tomar agua y hasta tuvieron arcadas al aspirar el fuerte olor.

#LIBERTADORESxFoxSports | Imágenes repudiables: el accionar de la policía brasileña contra hinchas de San Lorenzo en Belo Horizonte. Triste y repudiable. pic.twitter.com/xE4Hocc316

También afectaron a los hinchas locales, en un espacio con al menos 45.000 espectadores.

El clima ya estaba caldeado desde el arranque y en el estadio había una bandera que decía: “Argentinos hijos de puta, racistas”. Un rato después, todo se calmó, pero la dirigencia de San Lorenzo no olvidó lo ocurrido.

"Vergonzoso el tratamiento de la dirigencia del Mineiro y como siempre la policía brasileña en contra de todos los simpatizantes argentinos. No podemos salir a proteger e interiorizarnos de nuestros hinchas. Después las multas son severas pero para nosotros", lanzó el secretario del club Pablo García Lago.

El presidente Gabriel Boric se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Miles de personas marcharon este domingo en el centro de Santiago de Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 y homenajear a las víctimas que la dictadura militar, una manifestación que cargada de emoción y mensajes a favor de la democracia, pero que terminó con disturbios en el Cementerio General y los alrededores del palacio presidencial.

El presidente chileno, Gabriel Boric, se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y en cuya cabecera también estaba el juez español que estuvo a cargo del procesamiento del general Augusto Pinochet a principios de siglo, Baltasar Garzón.

“Su muerte (la de Allende) fue en defensa de la democracia y del Estado de derecho”, señaló el mandatario minutos antes, durante la inauguración de un memorial en la calle Morandé 80, frente a la puerta del palacio de La Moneda por donde sacaron el cuerpo del presidente socialista después del bombardeo contra la sede de Gobierno.

Por fin se muestra la razón del saqueo, destrucción y delincuencia en las marchas. Te corretean en tu estadio, fuera de chile y ahora en las calles del centro. Que más se puede esperar de estas lacras social? pic.twitter.com/8xRPY6KF53

“El quiebre de la democracia chilena, con sus enormes secuelas de muerte y destrucción, nos sigue marcando hasta hoy (...) Hoy cuando algunos se permiten relativizar aquello que no debió existir, decimos con firmeza: democracia hoy y siempre”, subrayó Boric en la antesala de un aniversario que está generando mucha crispación y polarización.

La derecha tradicional chilena, agrupada en la coalición Chile Vamos, anunció esta semana que se ausentará el lunes de los actos conmemorativos, a los que asistirán varios presidentes de la región, y dijo que no firmará la declaración a favor de la democracia que promueve Boric.

Portando cientos de banderas y pancartas y fotografías de víctimas, la marcha terminó a los pies del Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de la capital.

El juez Garzón, que portaba unas gafas similares a las icónicas que llevaba Allende, pidió “no olvidar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, un asalto a la democracia, un golpe de Estado violento que supuso la apertura de un régimen de temor y la negación de los derechos humanos”.

El golpe dio inicio a una cruel dictadura de 17 años que dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados.

“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”, dijo a EFE un manifestante que pidió no ser identificado.

A su lado, otro joven que tampoco quiso revelar su nombre, dijo a EFE que la marcha “es un compromiso con la memoria, para que en este país nunca más se vuelva a quebrar la democracia y las Fuerzas Armadas traicionen a su pueblo”.

En diversos puntos de la capital, especialmente en el cementerio, se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes violentos y fuerzas policiales, además de barricadas y varios saqueos en un supermercado del centro.

También hubo disturbios frente a La Moneda y manifestantes lanzaron piedras contra el palacio presencial, rompiendo algunas ventanas.

Después de que los legisladores israelíes aprobaran una ley clave de revisión judicial que revoca la autoridad de la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno que considere "irrazonables", decenas de miles de manifestantes han tomado las calles en todo el país y se enfrentan a la violencia policial.

Parlamentarios israelíes aprobaron un controvertido proyecto de ley, a pesar de las masivas manifestaciones que intentaron frustrarlo.

Se trata de la primera de una serie de reformas duramente cuestionadas destinadas a limitar el poder de los tribunales, en ser aprobadas.

Las reformas previstas han provocado una de las mayores protestas en la historia de Israel, y quienes se oponen a las reformas advierten que estas ponen en peligro a Israel como democracia.

El gobierno argumenta que las medidas son necesarias para corregir un desequilibrio de poder que ha hecho que los tribunales intervengan cada vez más en decisiones políticas en las últimas décadas.

El presidente israelí advirtió a dirigentes políticos el lunes que el país se encontraba en “un estado de emergencia nacional”.

Horas antes del voto final, la policía utilizó cañones de agua y arrestó a manifestantes a las afueras del parlamento israelí (Knéset) en Jerusalén.

Según medios locales un manifestante resultó herido, y seis fueron arrestados, informó la policía.

Otros manifestantes rodearon una camioneta de la policía mientras le gritaban “vergüenza” a los agentes.

Un manifestante tirado en la calle le dijo a la BBC que estaba desafiando a una “dictadura”, y añadió que su abuelo había sido un descifrador de códigos durante la guerra contra los nazis en el famoso Bletchley Park de Reino Unido.

Cuando se le preguntó hasta cuando seguiría protestando, respondió: “Nunca nos rendiremos”.

שתי מכתזיות פועלות במקביל כדי לפנות את המפגינים באיילון. לאט לאט חלקם עוזבים את המקום ועולים למעלה, שם יש עדיין המונים📸 אורן אלון pic.twitter.com/93U1mWlJNE

#Israel Violenta represion de la policia contra la reforma judicial impulsada por el gobierno del ultraderechista Benjamin Netanhaju #israel #reforma #justicia #protesta #telaviv #caballos #carro #policia pic.twitter.com/ZpgqAr1KN4

מפגינה מפונה מאיילון באמבולנס לאחר שנפגעה מפגיעת מכתזית. התיעוד של שירה שכטר pic.twitter.com/Nj5ydAcMBl

Otro, Reut Yifat Uziel, hija de un paracaidista que aparece en la icónica foto israelí de la toma del Muro de los Lamentos en la guerra de Medio Oriente de 1967, dijo que temía por el futuro de sus hijos.

“Netanyahu secuestró al país y yo estoy preocupada de que se vuelva una teocracia”, comentó.

Los manifestantes –decenas de miles de personas, con algunas que marcharon 70 km para llegar hasta Jerusalén desde Tel Aviv a fines de la semana pasada- estaban tratando de frustrar la aprobación de la primera de varias reformas.

Manifestantes en el centro de Tel Aviv, 24 de julio 2023

❗ Varios manifestantes resultaron heridos al ser arrollados por un automóvil en el centro de Israel. pic.twitter.com/4MSnXSfYbq

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se presentó en el parlamento para la votación pocas horas después de que le dieran el alta del hospital donde acudió el sábado para que le colocasen un marcapasos.

Las controvertidas reformas han polarizado la opinión en Israel, y han dado lugar una de las crisis domésticas más graves en la historia del país.

Cientos de miles de manifestantes han tomado las calles cada semana desde comienzos de año para protestar contra lo que califican de un ataque a la democracia.

El gobierno dice que las reformas sirven para reforzar la democracia, y argumentan que la Corte Suprema ha adquirido mucho poder político en las últimas décadas.

Otro factor que se suma a la crisis es que miles de reservistas, incluidos pilotos de la fuerza aérea cruciales para las capacidades ofensivas y defensivas de israel, han prometido no presentarse como voluntarios al servicio.

Semejante disidencia –de la que no hay precedentes- ha causado alarma sobre el potencial impacto que esto pueda tener en la preparación del ejército israelí.

Antiguos jefes de los servicios de seguridad de Israel, presidentes de la Corte Suprema, y destacadas figuras jurídicas y comerciales también se han manifestado en contra de las reformas del gobierno.

Las medidas han sido criticadas por otra parte por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en su comentario más explícito hasta la fecha pidió se posponga la “divisoria” propuesta de ley.

La policía peruana desplegó el miércoles a miles de agentes en todo el país para controlar el orden público mientras en más de dos decenas de ciudades se iniciaban protestas que exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso, a escasos cuatro meses después de las manifestaciones que entre diciembre y febrero dejaron 67 muertos y 1.956 heridos.

La movilización principal en Lima, la capital, también añadió a sus demandas que los responsables de los fallecidos en las anteriores protestas sean castigados. En tanto, el gobierno anunció días atrás que hará uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que haya peligro para la vida de la policía.

Después del mediodía, en la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fuera consumida por el fuego, de acuerdo a videos mostrados por diversas televisoras locales.

En los videos de Huancavelica también se observaba a manifestantes, entre ellos, albañiles, universitarios y vecinos, que coreaban “esta democracia ya no es democracia; Dina, asesina, el pueblo te repudia”, una réplica que se hizo popular en Perú durante las pasadas manifestaciones.

El despliegue policial

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.

Por su parte, el jefe policial Jorge Angulo dijo el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24.000 policías entrenados para contener manifestaciones, luego de observaciones a las fuerzas de seguridad peruana enviadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza entre diciembre y febrero.

Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la conflictividad social en el Perú, han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de 1.327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.

El gobierno afirmó que la minería informal, el narcotráfico y el contrabando financiaban las marchas. También, que los manifestantes usaban armas de fuego, pero al momento no se ha mostrado evidencias.

Por el contrario, en tres meses de conflictividad se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 49 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones fallecieron por impacto de bala, según las autopsias revisadas por The Associated Press.

Bloqueos

Seis puntos de carreteras en las regiones Cusco, Arequipa y Loreto estaban bloqueados, pese a que hace una semana el gobierno extendió por un mes la suspensión de la libertad de tránsito y de reunión en varias carreteras clave del país para evitar los cortes viales.

El martes, la presidenta Boluarte declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra. Ese mismo día Castillo fue detenido y continúa en prisión provisional mientras es investigado por cargos de rebelión y corrupción. Al ser vicepresidenta de Castillo, Boluarte se convirtió en mandataria.

Cinco días después de asumir el cargo, Boluarte aseguró que había asumido “la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024”. Pero en junio la mandataria cambió de decisión y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien empezó su gestión en 2021.

Entre enero y marzo el Congreso archivó cinco iniciativas de adelanto de elecciones, una de ellas enviada por la mandataria y en medio de sucesivas manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur y en la capital. El Congreso junto a Boluarte poseen elevados índices de impopularidad, según todas las encuestas.

En Huancavelica se presentaron los primeros incidentes en el desarrollo de la Tercera Toma de Lima. Los manifestantes quemaron un “ataúd de Dina Boluarte” en la puerta de la Subprefectura y se enfrentaron a efectivos policiales. Las imágenes muestran a los agentes del Estado disparar bombas lacrimógenas en contra de los participantes.

Según informó el medio Infoandes, un grupo de manifestantes quemó la parte exterior de la Subprefectura de la región. Los participantes simularon el ataúd de la jefa de Estado y le prendieron fuego. Las autoridades actuaron de inmediato y retiraron a los sujetos del establecimiento. Canal N indicó que el subprefecto ya llegó hacia el local y verificó el estado de la zona luego de este incidente.

Después de haberse registrado este acontecimiento, los manifestantes llegaron hacia la Plaza de Armas de la región y tuvieron un enfrentamiento con los efectivos policiales, quienes acudieron a las bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes del lugar. Los ciudadanos exigen la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso de la República. Hasta el momento no se han registrado víctimas graves como producto de esta situación.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reveló que el año pasado 436 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Argentina.

Desde que el país recuperó la democracia, en 1983, ha habido por lo menos 8.701 víctimas, según detallan en su informe.

‘Archivo 2022: a 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión’, es el título del informe que esta organización de derechos humanos comenzó a realizar en 1996.

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De acuerdo con el documento, desde que la última dictadura militar terminó, en 1983, por lo menos ha habido 8.701 víctimas fatales de la violencia institucional, que va desde casos de ‘gatillo fácil’, es decir, policías que disparan sin justificación; hasta muertes de presos en comisarías y cárceles; o de manifestantes que protestaban en las calles.

#Ahora#PlazaDeMayo

Ya comienza la Presentación de la actualización de datos del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado de 1983 a 2022. pic.twitter.com/uqg3SYTovg

— CORREPI (@CORREPI) March 17, 2023

La cifra de 2022 representa un descenso respecto a 2021, año en el que se registraron 508 muertes, pero para la Correpi lo fundamental no es el conteo sino la necesidad de presionar para que cambien las políticas que permiten los abusos y delitos de las fuerzas de seguridad.

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También explicó que, en los primeros tres años de Gobierno del presidente Alberto Fernández, hubo un descenso de los casos de “gatillo fácil”. Sin embargo, crecieron las muertes de personas que estaban bajo la custodia de algún cuerpo de seguridad.

De esta forma, en 2022 murieron 319 personas que estaban detenidas en una cárcel o comisaría, en tanto que 80 fueron víctimas de “gatillo fácil”.

¿No pudiste venir a Plaza de Mayo el viernes para ver la presentación del informe de la situación represiva y la actualización del #ArchivoDeCasos de @CORREPI?Te dejo el link al video de datos (informe completo en https://t.co/kheFYZ3Bva)https://t.co/iu5zvbocB4Sigue/

— M. del Carmen Verdú (@LaNegraVerdu) March 20, 2023

“Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento”, advirtió el informe.

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CIFRAS

Entre 2001 y 2021, precisó, el número de personas privadas de libertad en Argentina creció de 34.000 a más de 100.000, pero todavía hay que sumar otras 20.000 que están en comisarías, alcaidías e institutos.

Estamos acompañando a @CORREPI en la presentación del archivo de personas asesinadas por el Estado 2022.Reforcemos el reclamo de libertad para Martín y Lorena presos políticos del gobernador radical macrista de Mendoza, Suárez pic.twitter.com/xL5P2XnmhO

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) March 17, 2023

“Las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron”, explicó Correpi para mostrar la contradicción de las políticas de seguridad y justicia.

Por ejemplo, dijo, entre 2001 y 2021 descendieron la tasa de robos o tentativas de robo y los homicidios.

“Este brutal desfasaje entre la disminución sensible de delitos y el aumento al triple de la población carcelaria solo se explica a partir de las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales, que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garantías durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerables”, denunció.

Con respecto a las responsabilidades, señaló que las policías provinciales encabezan la lista de muertes por violencia institucional con el 44 % de los casos. Le siguen los servicios penitenciarios federal y provinciales, con el 41 %, y la Policía Federal, con el 7,5 %. Con menos del 1 % se encuentran la Gendarmería y la Prefectura.

El informe también detalla el perfil de las víctimas. En el 39 % de los casos se trataba de menores de 25 años, lo que implica una alta tasa de muertes de jóvenes en manos de alguna fuerza policial.

Los defensores de derechos humanos han alertado sobre los peligros del sistema de lanzamiento de cohetes que la policía ha utilizado para dispersar las protestas en Colombia

Las protestas mayoritariamente pacíficas contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia, que ya cumplen tres semanas, han dejado también varias escenas de guerra urbana. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías el pasado fin de semana en Popayán fueron particularmente perturbadores, con una ciudad iluminada de madrugada por los fuegos que aún ardían, tanquetas que embestían civiles a toda velocidad y policías antidisturbios que utilizaban un sofisticado sistema de lanzamiento múltiple de cohetes.

Sobre el asfalto de Popayán murió este viernes otro manifestante. El estudiante Sebastián Quintero Munera, de 23 años, sufrió el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios. A raíz de esa muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que el Estado de Colombia respete la vida y los derechos humanos, y advirtió sobre el uso indiscriminado de armas consideradas “menos letales” por las fuerzas públicas. Ese uso, sostiene la CIDH, debe desaconsejarse por la imposibilidad de controlar la dirección del impacto y sus efectos.

En esa caótica jornada, las imágenes de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios que lanzan proyectiles múltiples desde el suelo y de forma horizontal inundaron las redes sociales. Es el sistema Venom, cuestionado por varias organizaciones. Human Rights Watch ya había denunciado el uso de ese artefacto para dispersar multitudes y había corroborado que también en Bogotá la fuerza pública ha usado tanquetas con esos proyectiles dirigidos a manifestantes.

“No conocemos antecedentes del uso de este lanzador de proyectiles múltiples en ningún otro país de América Latina”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Se trata de un arma con efectos indiscriminados y que, por lo tanto, es completamente inapropiada para manifestaciones pacíficas o mayoritariamente pacíficas. Además, la policía colombiana está empleando esta arma de forma peligrosa. Los cartuchos de gas lacrimógeno y aturdidoras siempre deberían dispararse de forma parabólica, y no de forma directa contra los manifestantes, como está ocurriendo en Colombia”, señala. Aunque son consideradas armas “menos letales”, emplearlas de esta forma es riesgoso y podría causar lesiones graves e incluso muertes, alerta.

El sistema Venom puede diseminar grandes cantidades de sustancias químicas irritantes en un área amplia casi al instante. Utilizarlo en zonas residenciales, y durante la pandemia, puede ser especialmente peligroso, advierte la Omega Research Foundation, con sede en Inglaterra, que investiga la fabricación y el comercio de armas y su uso en violaciones de derechos humanos. La organización coincide en que “el uso de estas armas en la aplicación de la ley no es necesario desde el punto de vista táctico y tiene, por naturaleza, un efecto indiscriminado”.

#NoOlvidemosQue que el ESMAD y Policía atentan contra la vida. Anoche en Kennedy y Bosa usaron el Dispositivo VENOM directamente contra los manifestantes, violando cualquier principio y protocolo de DH en el marco de la protesta social. #ParoNacional13M#SOSColombiaDDHH pic.twitter.com/v2DYQcFF9x

#SOSColombiaDDDHH ? En Popayán el ESMAD no respeta protocolos de uso de la fuerza, emplea de manera ilegal y con fines letales sus lanza gases. #ATENCIÓN ?️El arma Venom, diseñada para disparar indiscriminadamente desde las tanquetas, debe ser prohibida. #ParoNacional12M pic.twitter.com/vXNgiTrJBK

En una respuesta al Congreso, el ministerio de Defensa ha detallado que el sistema Venom, compuesto por 30 tubos lanzadores, cuesta 118.000 dólares, y cada cartucho, que puede producir estruendos, destellos o efectos lacrimógenos, otros 71 dólares. “El lanzamiento es parabólico, por lo tanto, no se produce un impacto directo”, ha defendido la policía nacional, que asegura que está contemplado en los protocolos internacionales. La idea es que el cartucho estalle en el aire y no golpee a las personas, pero en muchos de los videos no se observan esas precauciones.

Aunque el Venom es una novedad en esta oleada de protestas, las armas teóricamente “no letales” de la policía colombiana ya han sido cuestionadas en otros sonados episodios de uso excesivo de la fuerza. En las manifestaciones de 2019, un proyectil de los antidisturbios mató durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz, y el pasado septiembre dos patrulleros sometieron al estudiante de Derecho Javier Ordóñez a incesantes descargas de táser a pesar de sus súplicas, en unas imágenes que desataron la ira ciudadana. Ordóñez murió después bajo custodia policial, víctima de múltiples torturas, y ese crimen provocó dos noches de disturbios en la capital colombiana.

La controversia por el lanzador de proyectiles forma parte del debate más amplio sobre la brutalidad policial que ha dominado la discusión pública en las últimas semanas. Los abusos de los uniformados llevaron a que tanto el Senado como la Cámara de Representantes citaran el lunes y martes al ministro de Defensa, Diego Molano, a sendos debates de moción de censura por “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social”. La Procuraduría ha informado que adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la policía por presuntas violaciones de derechos humanos, mientras que HRW ha recibido denuncias que consideran creíbles sobre 55 muertes desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril. Las evidencias indican que la fuerza pública sería responsable de 14 homicidios.

También se produce en medio de una oleada de críticas externas a Colombia por la represión, que provocaron la renuncia de la canciller. Como parte de los múltiples reparos que ha ventilado la comunidad internacional, más de medio centenar de congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que le pedían a la Administración de Joe Biden suspender la asistencia a la policía de Colombia. “Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”, aseguran.

La represión en Colombia ya dejó un saldo de al menos 42 muertes y cientos de desapariciones.

Organismos de derechos humanos de Colombia denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien acusan de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las violentas represiones contra las protestas masivas realizadas desde el pasado 28 de abril.

El senador Iván Cepeda Castro explicó que la acusación consta de más de 100 páginas e incluye al ministro de Defensa, Diego Molano; al jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro; al director general de la Policía Nacional, Jorge Vargas; y al expresidente Álvaro Uribe.

“Esta denuncia documenta 1.595 hechos en los que hay graves violaciones de derechos humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”, explicó Cepeda Castro al dar a conocer el expediente.

Denunciamos hoy ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, el ministro de Defensa, el exsenador Uribe, los generales Zapateiro y Vargas, por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones: pic.twitter.com/uAKOx5Nemg

El legislador agregó que el caso también fue enviado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Además, los organismos invitaron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a que realice una visita oficial a Colombia para que constate los presuntos crímenes.

La denuncia está firmada por representantes de las organizaciones que permanecen en estado de alerta en medio de la tensión social que sigue padeciendo el país, entre ellas la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, Temblores ONG, Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

En el expediente se documentan 24 homicidios, además de 50 víctimas de tentativa de asesinato, 16 de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y 1365 de detención irregular.

Desde La Haya, colombianos protestan contra Uribe y Duque. Que se sepa en TODO el mundo lo que está pasando. Que Duque además de incumplir los acuerdos de paz, está destruyendo la democracia #sosColombiaDDHH pic.twitter.com/zk1A7GW5df

Cepeda Castro detalló que, durante las protestas, la Policía usa armas de fuego de corto y largo alcance, y dispara contra la población civil y los manifestantes, incluso por fuera de las movilizaciones.

El parlamentario aseguró que se ha suspendido el fluido eléctrico en algunas zonas para facilitar la comisión de crímenes por parte de la fuerza pública, y evitar que puedan ser grabados. De igual forma, denunció la interrupción del servicio de internet en algunas ciudades, y la realización de operativos policiales en barrios y en concentraciones de manifestantes en horas de la noche.

Por otra parte, explicó, grupos armados vestidos de civil hacen disparos de manera deliberada y se movilizan en vehículos policiales, en medio de la inacción de policías con uniforme, ya que presuntamente son ellos mismos quienes los protegen.

En la denuncia también figura el uso indebido de armas potencialmente letales, disparadas a propósito para herir a los manifestante, o que apuntarían deliberadamente contra los ojos de los manifestantes.

Además, los demandantes alertan sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en lugares cerrados, en particular, contra viviendas, de manera indiscriminada; así como la utilización de medios de comunicación y redes sociales para estigmatizar la protesta social de manera reiterada, vinculándola con organizaciones criminales y actos de vandalismo.

Los ataques contra misiones de derechos humanos que acuden a verificar los hechos y contra periodistas también son comunes, a lo que se suma el uso de instalaciones educativas para el aterrizaje de aeronaves de la policía.

El senador denunció que la respuesta de Duque a estos graves hechos ha sido el silencio. “Cero mensajes de repudio público a los crímenes cometidos por la policía, en cambio, felicitaciones a la Fuerza Pública por los resultados obtenidos”, lamentó.

La entidad recordó que los tratados internacionales de derechos humamos garantizan el derecho a reunirse pacíficamente.

El coordinador residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expresaron este sábado su preocupación por “los hechos de violencia indiscriminada ocurridos en la ciudad de Formosa”.

“De acuerdo a la información recibida, la respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada que resultó en personas heridas y detenidas”, indicaron.

En un comunicado, los representantes de la ONU recordaron que “los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho a reunirse pacíficamente, y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”.

“Cuando se presenten actos de violencia, las fuerzas de seguridad deben distinguir y proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, recalcaron.

Además, Valent y Jarab sostuvieron que “el uso de la fuerza tiene que obedecer a los principios de legalidad, precaución, rendición de cuentas y proporcionalidad”. “Se deben investigar los hechos registrados de manera rápida, independiente y exhaustiva”, reclamaron.

Y agregaron: “Como se señala en diversos documentos de Naciones Unidas, es preciso garantizar los derechos humanos en el marco de las políticas de respuesta y recuperación a la crisis de la Covid-19”.

El regreso al Aislamiento Social Preventivo y obligatorio decidido por el gobernador Gildo Insfrán desató las protestas y los incidentes con la policía.

l jueves 4 de marzo, el gobierno de Formosa tomó la decisión de volver a la Fase 1 de la cuarentena en la capital provincial, pero este viernes estallaron las protestas y cientos de vecinos salieron a las calles a rechazar la medida, lo que generó la reacción de la Policía local. Las protestas habían en la noche del jueves y recrudecieron en la mañana de este viernes.

La Gobernación formoseña, a cargo de Gildo Insfrán, estableció que la ciudad capital volvía a Fase 1 hasta el 18 de marzo tras un nuevo brote de contagios de coronavirus, según se informó este jueves, que había 17 nuevos casos a nivel de la ciudad y 23 a nivel total de la provincia. La medida no cayó bien en amplios sectores de la población, especialmente en los comerciantes, ya que la restricción afectará las economías de sus locales.

Después de que buena parte de los formoseños salieran a las calles a protestar, se produjeron enfrentamientos con la Policía de Formosa, que reprimió a los manifestantes con balas de goma, perdigones y gases lacrimógenos y dispuso vallados en inmediaciones de la Casa de Gobierno local para evitar los disturbios.

Varios manifestantes resultaron heridos por el accionar de los uniformados. El regreso a la Fase 1 fue decidido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que estableció nuevamente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al rebrote que se dio en los últimos días.

Con la medida, quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir que sólo estarán abiertos los comercios esenciales, así como también el transporte interjurisdiccional quedó suspendido.

El organismo aclaró que se encuentran exceptuadas del aislamiento las actividades y servicios declarados como esenciales, entre ellos, personal de salud, personal docente, fuerzas de seguridad, autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal. También los trabajadores estatales fueron convocados para garantizar servicios esenciales y quedaron exceptuados.

Según se supo oficialmente, los contagios detectados en la capital formoseña, de un total de 17 nuevos casos, siete corresponden a consultas por síntomas leves, tres por consultas para egreso de la provincia y seis contactos estrechos en domicilio. “Estamos ante un rebrote de contagios en Formosa capital”, había señalado el organismo provincial.

También se subrayó que los próximos días son los más importantes para poder evitar una escalada exponencial de los contagios, y para ello es fundamental el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas este jueves.

La policía antidisturbios y el ejército de Guatemala dispararon este domingo gases lacrimógenos y golpearon con palos a los integrantes de una caravana de miles de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos.

Se trata de unos 6.000 migrantes, según cifras oficiales, que partieron de Honduras el pasado viernes. Pero el grupo total de personas que compone la caravana llegaría a los 9.000 e ingresaron a Guatemala en diferentes fases entre el viernes y el sábado.

Durante los incidentes para intentar dispersar al grupo cerca de la frontera entre ambos países, varias personas resultaron heridas.

El gobierno guatemalteco dice que deportó a casi mil personas a Honduras en los últimos tres días por ingresar ilegalmente al país.

La procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, tildó de “deplorable” el accionar de las fuerzas de seguridad contra los migrantes en un mensaje de Twitter junto a un comunicado oficial y dijo que hay que tener “empatía y solidaridad”.

Los migrantes aseguran que se han visto obligados a huir de la pobreza, la violencia y la devastación causada por dos grandes huracanes en noviembre pasado y quieren llegar a Estados Unidos vía México.

Se reportan varias personas heridas, migrantes, personal del Ejército y de migración”, dijo el domingo la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Alejandra Mena