Las fuerzas de seguridad del régimen iraní detuvieron este viernes de forma violenta a la reconocida activista Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, mientras participaba de una ceremonia en la ciudad de Mashhad, informaron organizaciones de derechos humanos y su entorno cercano.

Mohammadi fue arrestada durante un homenaje al abogado defensor de derechos humanos Khosrow Alikordi, cuyo fallecimiento generó también un fuerte reclamo de información y justicia entre defensores civiles. Junto a ella, otros activistas habrían sido detenidos por las autoridades iraníes.

¿Quién es Narges Mohammadi?

Narges Mohammadi es una activista iraní por los derechos humanos y defensora especialmente de los derechos de las mujeres en el país. Ingeniera de formación, se convirtió en una voz crítica del régimen teocrático por su lucha contra la discriminación de género, la pena de muerte y otras violaciones de libertades fundamentales.

Durante más de dos décadas ha sido detenida en múltiples ocasiones, sufriendo represalias constantes por su activismo. Antes de esta última detención, Mohammadi se encontraba en libertad condicional por razones médicas, luego de haber estado en prisión durante largos períodos bajo diversas condenas.

¿Por qué fue detenida?

El régimen iraní volvió a detenerla por su participación en un acto público y su constante denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país, según sus allegados. Mohammadi se encontraba en un homenaje cuando fue interceptada por fuerzas de seguridad, que también llevaron a otros activistas presentes.

Organizaciones internacionales han calificado la detención como una grave violación de derechos fundamentales, y el Comité del Premio Nobel de la Paz rechazó abiertamente la medida, exigiendo su liberación inmediata y expresando preocupación por su bienestar.

El Nobel de la Paz 2023: una lucha premiada

Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz 2023 por su incansable lucha contra la opresión de las mujeres en Irán, y por su defensa de las libertades y los derechos humanos en un contexto de severa represión estatal.

El Comité Noruego del Nobel destacó que su trabajo —realizado en un entorno extremadamente adverso y a pesar de estar encarcelada en varias ocasiones— simboliza la lucha pacífica de muchas mujeres y de ciudadanos iraníes que reclaman igualdad, justicia y libertad.

Este nuevo arresto llega en un momento de tensiones crecientes en Irán sobre la represión de voces críticas, y vuelve a poner en el foco internacional la situación de quienes desafían las políticas restrictivas del régimen.

La policía de Katmandú abrió fuego el lunes contra manifestantes que protestaban contra la prohibición gubernamental de las redes sociales, matando al menos a 17 personas e hiriendo a 145, dijeron las autoridades.

El oficial de policía Shekhar Khanal anunció el número de muertos. Khanal indicó que había 28 policías entre los heridos, mientras que las protestas, aunque más pequeñas, continuaron hasta la noche del lunes.

Manifestaciones recorrieron las calles de Katmandú en torno al edificio del Parlamento, rodeado por decenas de miles de personas indignadas por la decisión de las autoridades de bloquear la mayoría de las plataformas de redes sociales, como Facebook, X y YouTube.

🇳🇵‼️ | Al menos 15 muertos en Nepal luego de que la policía abriera fuego contra miles de jóvenes que intentaban irrumpir en el Parlamento tras la prohibición casi total de redes sociales. pic.twitter.com/kCFTJtGmuK

Las autoridades afirmaron que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión gubernamental.

Los manifestantes atravesaron el alambre de púas y obligaron a la policía antidisturbios a retirarse al interior del complejo del Parlamento. La policía finalmente abrió fuego contra los manifestantes.

La situación se mantuvo tensa y el gobierno anunció un toque de queda para el lunes en los alrededores del Parlamento, la secretaría de gobierno, la casa presidencial y partes claves de la ciudad.

Siete de los muertos y decenas de heridos fueron recibidos en el Centro Nacional de Trauma, el principal hospital del país, situado en el corazón de Katmandú.

“Muchos de ellos se encuentran en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, declaró el Dr. Badri Risal, médico. Las familias esperaban ansiosamente afuera noticias de sus seres queridos mientras la gente hacía fila para donar sangre.

“¡Alto a la prohibición de las redes sociales, alto a la corrupción, no a las redes sociales!”, coreaba la multitud frente al parlamento, ondeando las banderas nacionales rojas y azules. La manifestación del lunes se denominó la protesta de la Generación Z, que generalmente se refiere a las personas nacidas entre 1995 y 2010.

Unas dos docenas de plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal recibieron reiteradas notificaciones para que registraran oficialmente sus empresas en el país, según informó el gobierno. Las que no se registraron han sido bloqueadas desde la semana pasada.

TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y funcionan sin interrupciones.

La medida de las autoridades se produjo después de que el gobierno enviara a debate en el Parlamento un proyecto de ley que busca garantizar que las plataformas sociales estén bien gestionadas, sean responsables y rindan cuentas. Este proyecto incluye solicitar a las empresas que designen una oficina o punto de enlace en el país.

El proyecto de ley ha sido ampliamente criticado por ser una herramienta de censura y castigo para los opositores al gobierno que expresan sus protestas en línea. Organizaciones de derechos humanos lo han calificado como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales.

En 2023, Nepal prohibió la aplicación para compartir videos TikTok por perturbar la armonía social y la buena voluntad, así como por difundir material indecente. La prohibición se levantó el año pasado después de que los ejecutivos de TikTok se comprometieran a cumplir con las leyes locales, entre ellas la prohibición de sitios pornográficos, aprobada en 2018.

El incidente tuvo lugar en la pizzería La Americana, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del Congreso, donde la policía estaba reprimiendo a manifestantes.

Dos mujeres policías intentaron acceder al baño del establecimiento, pero fueron bloqueadas por los clientes, mientras en el televisor se transmitían brutales imágenes de la represión policial contra jubilados, periodistas, diputados y otros manifestantes.

Aunque la actitud de los clientes puede ser cuestionada, la violencia ejercida por la policía no podía generar otra reacción que más violencia, haciendo que la respuesta del público sea hasta comprensible.

El presidente Gabriel Boric se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Miles de personas marcharon este domingo en el centro de Santiago de Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 y homenajear a las víctimas que la dictadura militar, una manifestación que cargada de emoción y mensajes a favor de la democracia, pero que terminó con disturbios en el Cementerio General y los alrededores del palacio presidencial.

El presidente chileno, Gabriel Boric, se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y en cuya cabecera también estaba el juez español que estuvo a cargo del procesamiento del general Augusto Pinochet a principios de siglo, Baltasar Garzón.

“Su muerte (la de Allende) fue en defensa de la democracia y del Estado de derecho”, señaló el mandatario minutos antes, durante la inauguración de un memorial en la calle Morandé 80, frente a la puerta del palacio de La Moneda por donde sacaron el cuerpo del presidente socialista después del bombardeo contra la sede de Gobierno.

Por fin se muestra la razón del saqueo, destrucción y delincuencia en las marchas. Te corretean en tu estadio, fuera de chile y ahora en las calles del centro. Que más se puede esperar de estas lacras social? pic.twitter.com/8xRPY6KF53

“El quiebre de la democracia chilena, con sus enormes secuelas de muerte y destrucción, nos sigue marcando hasta hoy (...) Hoy cuando algunos se permiten relativizar aquello que no debió existir, decimos con firmeza: democracia hoy y siempre”, subrayó Boric en la antesala de un aniversario que está generando mucha crispación y polarización.

La derecha tradicional chilena, agrupada en la coalición Chile Vamos, anunció esta semana que se ausentará el lunes de los actos conmemorativos, a los que asistirán varios presidentes de la región, y dijo que no firmará la declaración a favor de la democracia que promueve Boric.

Portando cientos de banderas y pancartas y fotografías de víctimas, la marcha terminó a los pies del Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de la capital.

El juez Garzón, que portaba unas gafas similares a las icónicas que llevaba Allende, pidió “no olvidar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, un asalto a la democracia, un golpe de Estado violento que supuso la apertura de un régimen de temor y la negación de los derechos humanos”.

El golpe dio inicio a una cruel dictadura de 17 años que dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados.

“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”, dijo a EFE un manifestante que pidió no ser identificado.

A su lado, otro joven que tampoco quiso revelar su nombre, dijo a EFE que la marcha “es un compromiso con la memoria, para que en este país nunca más se vuelva a quebrar la democracia y las Fuerzas Armadas traicionen a su pueblo”.

En diversos puntos de la capital, especialmente en el cementerio, se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes violentos y fuerzas policiales, además de barricadas y varios saqueos en un supermercado del centro.

También hubo disturbios frente a La Moneda y manifestantes lanzaron piedras contra el palacio presencial, rompiendo algunas ventanas.

La ONU se mostró en contra de la reforma constitucional y expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

El representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, envió ayer una carta al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la que hace referencia a la reforma constitucional provincial que desató una ola de protestas y al accionar de la policía para dispersar las manifestaciones.

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El objetivo de la carta, según menciona Jarab, es “expresar la preocupación por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”.

Jan Jarab pidió “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia”.

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En la carta también hizo referencia a los heridos durante la represión y detalla en el escrito: “Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina también recibió información sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.

Por otro lado, menciona también que la ONU “recibió información indicando que, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”.

Pese a esto, la carta continúa con una serie de sitas sobre lo que es considerado derechos humanos cuando se trata de manifestarse de forma pacífica: “El derecho de reunión exige que su ejercicio sea pacífico: los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que ‘la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia’. Esto resulta relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes de calles y de rutas y a ‘toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas’. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, sostiene Jarab.

Los fuertes vientos en Santa Fe hicieron que una chapa se soltara y quedara colgando sobre una platea del 15 de Abril. Sin garantías, el juego fue dado de baja. La policía reprimió a hinchas que protestaron fuera del estadio. Mirá los videos

La mitad de la Ciudad de Santa Fe estaba lista para meterse al estadio 15 de Abril y, desde las 19.30, presenciar Unión vs. Lanús, pero se llevó una sorpresa: un componente del techo se desprendió a causa de los fuertes vientos en la provincia y, al no haber garantías de parte de la seguridad, el partido fue suspendido.

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El incidente surgió en la única platea techada del estadio, donde se están realizando obras. A partir de las fuertes ráfagas, una canaleta que bordeaba el techo se desprendió y quedó colgando, moviéndose de un lado a otro por el viento -con el peligro de que pudiera soltarse por completo en cualquier momento- sobre la zona de butacas donde se ubican los hinchas.

Antes de que el juego fuera suspendido, el árbitro Fernando Espinoza salió a la cancha para ver cuál era la situación. Una opción que se barajó por cerca de 20 minutos fue cortar la chapa sobrante, pero se terminó decidiendo dar de baja el encuentro. Según informó el Tatengue en sus redes, “la decisión fue tomada para resguardar la seguridad de los espectadores, planteles y trabajadores”.

Importante

‼️ El partido fue suspendido debido a fuertes ráfagas de viento que afectaron un sector del estadio. La decisión fue tomada para resguardar la seguridad de los espectadores, planteles y trabajadores.

— Club Atlético Unión (@clubaunion) April 30, 2023

LA CANALETA SUELTA QUE SUSPENDIÓ EL PARTIDO

Aunque lo más conveniente sería jugar el partido al día siguiente, por lo complicado de acomodar las fechas, lo cierto es que este lunes es el feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador y no habrá fútbol. A favor, ni Unión ni Lanús están jugando copas internacionales, por lo que no debería ser un inconveniente organizar un duelo entresemana.

Luego de saberse de la suspensión, los hinchas de Unión se agolparon en las puertas del estadio y empezaron a cantar contra la comisión directiva. Vale recordar que el Tatengue está último en la tabla general y, de terminar así a fin de año (sumando campeonato y Copa de la Liga), descenderá.

La policía disparó balas de goma para dispersar a los fanáticos que se quedaron en las adyacencias del estadio para manifestar su malestar contra la comisión directiva del club, último en las posiciones de la Liga Profesional.

Al menos 108 personas murieron en la represión iraní durante las más de tres semanas de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida y bajo custodia de la policía de la moral.

Las fuerzas de seguridad iraníes también mataron a al menos otras 93 personas durante otros enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Zahedán, en la provincia de Sistán Baluchistán (sudeste), detalló la organización en un comunicado.

Las protestas estallaron el 16 de septiembre, cuando Amini murió tres días después de caer en coma, tras haber sido detenida en Teherán por la policía de la moral, por una supuesta infracción del estricto código de vestimenta de las mujeres.

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El Gobierno del presidente conservador Ebrahim Raisi endureció recientemente el control para que las mujeres cumplieran con el código islámico, lo que multiplicó en los últimos meses las denuncias por el uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía de la moral. La violencia en Zahedán, en tanto, estalló el 30 de septiembre durante unas protestas que surgieron después de que una adolescente denunciara que un comandante de la policía de la región la había violado.

Los grupos de defensa de los derechos humanos también expresaron su preocupación ayer por el alcance de la represión en Sanandaj, la capital de la provincia del Kurdistán, en el oeste de Irán, de donde era oriunda Amini.

El IHR indicó que su investigación sobre el alcance de la “represión” en el Kurdistán iraní se había visto obstaculizada por las restricciones de internet y advirtió de una “inminente represión sangrienta” contra los manifestantes en esa provincia del oeste del país.

“La ciudad de Sanandaj ha sido testigo de protestas generalizadas y de una sangrienta represión en los últimos tres días”, subrayó la ONG y añadió que su balance actual de muertos en la provincia excluía a los fallecidos en ese periodo.

La organización dijo que las fuerzas de seguridad iraníes habían detenido a muchos niños que protestaban en las calles y en las escuelas en la última semana, consignó la agencia de noticias AFP.

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Asimismo, destacó que su cifra también excluía las seis muertes que supuestamente se produjeron el domingo pasado durante las protestas dentro de la prisión central de Rasht, en el norte de Irán, ya que todavía estaba investigando el caso.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata salieron al campo de juego al partido ante Banfield con una remera con la inscripción “no fueron incidentes, fue represión”, en referencia a los hechos que terminaron con el fallecimiento de un hincha en el encuentro frente a Boca.

“Fuerza pueblo Tripero. Siempre fuertes, siempre unidos”, rezaba el mensaje en la vestimenta de los futbolistas del Lobo.

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“No fueron incidentes. Fue represión. Fuerza pueblo Tripero. Siempre fuertes, siempre unidos”, rezaba el mensaje en las remeras negras que vistieron los futbolistas en el estadio Florencio Sola, por la fecha 24 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

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Las cuentas oficiales del “Lobo” también se hicieron eco del pedido de justicia tras la feroz represión contra los hinchas en las inmediaciones del estadio del conjunto platense, que decantó en la muerte de César Regueiro y decenas de heridos.

Además, durante el minuto de silencio dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los simpatizantes de Banfield repudiaron el accionar policial y acompañaron el reclamo de Gimnasia como en la mayoría de los estadios durante el fin de semana

Una joven iraní que se viralizó por su desafiante conducta en las protestas en su país, atándose el cabello suelto sin el velo islámico, fue asesinada a tiros por la represión del régimen.

This Iranian woman is getting ready to stand face to face to security forces. Iranian regime have guns and bullets but they scared of our hair.They killed #MahsaAmini for a bit of hair. Let’s have a Hair Revolution. Our hair will bring down Islamic dictators. #مهسا_امینی pic.twitter.com/skjaPF63Ml

— Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) September 24, 2022

En una, secuencia de imágenes que se hicieron virales, se la ve atándose el cabello con una goma elástica, sin el hiyab (el velo que cubre la cabeza y el pecho que es de uso obligatorio en Irán y otros países musulmanes ortodoxos).

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Ella, como muchas otras mujeres, se oponía a la obligatoriedad del velo y a las leyes discriminatorias de los derechos de las mujeres en la República Islámica de Irán, dominada desde 1979 por una elite formada por clérigos shiítas y militares.

También en las redes sociales hay noticias de represalias y cientos de arrestos por parte de la policía y los parapoliciales.La represión y los enfrentamientos han dejado más de 40 muertos, según cifras de la prensa estatal, aunque los activistas señalan que la cifra real de víctimas fatales es mucho más alta.

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Las mayores protestas de Irán en casi tres años han sido lideradas por mujeres y desencadenadas no por las clásicas quejas políticas o económicas, sino por el enfado ante el estricto código de vestimenta basado en el género de la república islámica.

Estudiantes secundarios y universitarios salieron nuevamente a las calles del centro de Santiago de Chile este miércoles 14 de septiembre.

Los manifestantes se movilizaron desde la estación Los Héroes del Metro de Santiago hasta la sede del Ministerio de Educación, ubicado cerca del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno.

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Según Carabineros, algunos “encapuchados” encendieron una “barricada en la intersección de la Alameda con Amunategui”, cerca del Ministerio de Educación, y otros lanzaron “objetos contundentes” contra el personal de Control de Orden Público (COP) en la esquina de Alameda con Ahumada.

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Mientras estaban frente a la sede ministerial, los estudiantes fueron replegados por la Policía, que lanzó chorros de agua.

Los estudiantes recorrieron la Alameda y se apostaron, también, en la Plaza Baquedano, mejor conocida como Plaza Italia o Plaza de la Dignidad.

AHORA | ESTUDIANTES secundarios y Universitarios realizan una nueva jornada de movilizaciones en el centro de Santiago. En esta oportunidad los jóvenes marchan desde los héroes hasta el Ministerio de Educación (13:14) pic.twitter.com/RoX2EsedOh

— PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 14, 2022

Además de Santiago, en Valparaíso, otro grupo de estudiantes se reunió en la Plaza Sotomayor para marchar al Congreso.

Encapuchados encienden barricada en la intersección de la Alameda con Amunategui, interrumpiendo el libre tránsito.Circule con precaución y prefiera vías alternativas. #LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/jE7P9tA08Q

— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) September 14, 2022

El martes, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a movilizarse este miércoles para exigir mejoras en la educación y un nuevo proceso constituyente, luego de la victoria del “rechazo” en el plebiscito del domingo 4 de septiembre sobre la nueva Constitución.

Este 14 de septiembre nos vemos en las calles? pic.twitter.com/tTRCAuo4Je

— CONFECH (@Confech) September 14, 2022

“Por esto nos manifestamos en las calles nuevamente y lo seguiremos haciendo hasta que el anhelo por una nueva Constitución construida en democracia sea una realidad”, dice el texto de la Confech.

La Policía de San Luis pasó a disponibilidad a 23 oficiales acusados de haber participado en el operativo realizado el domingo en la plaza de la capital puntana, donde fue reprimido un grupo de jóvenes que llevaba a cabo una competencia de rap.

Se trata de 6 oficiales y 17 suboficiales que prestan servicios en la Unidad Regional 1 y la Dirección de Operaciones, precisó en un comunicado el jefe de la Policía de dicha provincia, Darío Neira.

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La medida busca atribuir y/o deslindar responsabilidades por la conducta desempeñada durante la intervención de este fin de semana, donde fueron detenidas nueve personas que participaban de un festival cultural.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad local, Luciano Anastasi, expresó su preocupación y pidió disculpas por el accionar policial asegurando que “no existe justificación alguna para que haya tenido ese desenlace violento”.

Esta tarde mientras estábamos empezando la compe como todos los sábados, la policía de san Luis con un operativo de más de 30 oficiales nos reprimió, nos golpeó, nos arrastró por el piso. PIBXS MENORES DE EDAD, nos tiraron gas pimienta, balas de goma al aire para que nos fuéramo pic.twitter.com/uce1H1MXOv

— Lexi (@jaz_VallejosL) August 1, 2022

Y agregó: “Esta situación que ha sucedido es absolutamente irregular y estamos volcando todos los recursos para llevar adelante la investigación, tanto interna respecto del proceder de cada uno de los efectivos que intervinieron, como también en la Justicia para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”.

Por otro lado, desde la agrupación Suena el Bajo, convocaron a un festival contra la violencia policial, que se realizará este viernes 5 de agosto en Plaza Pringles, en el mismo sector donde se hicieron los procedimientos y ocurrieron los disturbios.

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El festival se desarrollará bajo la consigna “El arte no es delito” y desde la agrupación invitaron a artistas de todos los rubros, de todos los espacios y organizaciones que quieran sumarse y protestar contra la violencia policial.

Las imágenes de lo ocurrido el domingo se viralizaron en las redes sociales y fueron compartidas por artistas reconocidos del ambiente como Wos, Trueno y Misioflow.

“Siempre jodiendo a los pibes”, escribió Wos en su cuenta en Instagram y compartió el video de lo sucedido y dijo que “no es la primera vez que reprimen en un evento de hh (hip hop). Abrazo a la gente y al movimiento de San Luis”.

De la misma manera, Mateo Palacios Corazzina, reconocido como Trueno, cuestionó el accionar policial y dijo “les debería dar vergüenza. Aprendan a ejercer su poder, ignorantes”, aseveró.

En tanto, Misioflow también compartió el video y pidió información de lo sucedido en la provincia.

“El hip hop salva vidas, el hip hop no es delito. Dejen de estigmatizar y condenar a los pibes que se quieren expresar de forma sana. Un pibe con micrófono en la mano es un pibe menos con un arma. Nuestra arma es el arte”, resaltó.

Ocurrió en el undécimo día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, que se desató por el aumento de los combustibles.

Miles de indígenas intentaron irrumpir en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador en el undécimo día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, pero fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos.

Lasso había resuelto horas antes desalojar la emblemática Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios que desde el 13 de junio estuvo ocupada para una asamblea del movimiento.

Un grupo de manifestantes encabezados, en su mayoría por mujeres, avanzó luego hacia la Asamblea Nacional, ubicada a pocos metros y custodiada por un cordón de militares y policías que los indígenas intentaron sobrepasar.

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De acuerdo con el diario El Comercio, la Policía advirtió con un megáfono que los legisladores no estaban en el lugar y que no se permitiría el ingreso, pero el mensaje no se escuchaba.

Ante la presión, los efectivos reaccionaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras los manifestantes comenzaron a lanzar piedras.

Los manifestantes se replegaron hacia un parque vecino a la Casa de la Cultura, según la agencia AFP.

El líder de las manifestaciones y titular de Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leónidas Iza, escuchó las detonaciones mientras daba una entrevista. “Eso es una mala señal realmente. Habíamos pedido a nuestras bases que simplemente podamos hacer una marcha pacífica”.

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La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó, desde el inicio de las protestas, el 13 de este mes, al menos cuatro muertos, 92 heridos y 94 detenidos.

El reclamo central, en una economía dolarizada y empobrecida, donde los combustibles son subsidiados, el incremento de la gasolina y el diésel encareció los fletes, los indígenas alegan que están cosechando a pérdidas.

Shireen Abu Akleh recibió un disparo en la cabeza este miércoles, mientras trabajaba en la ciudad palestina de Yenín, en Cisjordania.

Las fuerzas de seguridad de Israel han atacado este viernes a la multitud en la Ciudad Vieja del Jerusalén Oriental que llevaba el ataúd con el cuerpo de Shireen Abu Akleh, la periodista del canal catarí Al Jazeera asesinada esta semana. El medio culpó a las fuerzas israelíes de haber perpetrado deliberadamente el crimen “a sangre fría”.

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En los videos que circulan en redes se ve a los agentes golpear a los enlutados con porras y emplear otro equipo antimotín. El corresponsal de Al Jazeera en el terreno ha reportado sobre al menos cuatro asistentes detenidos. Dos de ellos quedaron bajo arresto por levantar la bandera palestina. “De hecho, eso es ilegal según la ley israelí”, cita el medio al reportero.

La procesión de hoy reunió a miles de palestinos. El cadáver de la periodista fue llevado desde la ciudad de Yenín (Cisjordania), donde ocurrió el ataque, hasta Jerusalén a través de las ciudades de Nablus y Ramala, cuyos habitantes rindieron tributo a la fallecida.

La víctima recibió un disparo en la cabeza este miércoles, mientras cubría una redada del país hebreo en Yenín, en Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino y los periodistas de Al Jazeera indicaron que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Según las autoridades de Catar, la reportera llevaba un chaleco de prensa cuando ocurrieron los hechos.

مشاهد من القمع الوحشي الذي نفذه الاحتلال في ساحة المستشفى الفرنساوي pic.twitter.com/TYoLVTjlle

— #القدس_ينتفض ?? (@MyPalestine0) May 13, 2022

Aparte de Abu Akleh, un ciudadano palestino llamado Ali Samoudi que trabaja para el periódico Quds —con sede en Jerusalén—, resultó herido en la espalda.

Ante las acusaciones de Al Jazeera, el Ejército de Israel aseguró que sus hombres fueron atacados con fuertes disparos y explosivos mientras operaban en Yenín, motivo por el que respondieron. Además, añadieron que abrieron una investigación al respecto. Por su parte, el presidente de Palestina, Mahmud Abbás, condenó lo sucedido y aseguró que llevará el caso a la Corte Penal Internacional.

Entretanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un video que muestra escenas de tiroteos con sus agentes. “Estos pistoleros palestinos cerca de Yenín disparan de forma temeraria e indiscriminada mientras los soldados de las FDI actúan para detener a los sospechosos de terrorismo esta mañana. Esta es la realidad actual de Yenín: un bastión del terrorismo“, reza el tuit.

WATCH: These Palestinian gunmen near Jenin fire recklessly and indiscriminately as IDF soldiers acted to apprehend terrorist suspects this morning.

This is the reality of Jenin today—a stronghold of terrorism.

We will continue protecting Israel against terrorism. pic.twitter.com/VBDGN94zMV

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2022

La medida se dispuso a través de la Resolución 59/2022, para “aquellas personas víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino hasta el 10 de diciembre de 1983”, quienes perciban la pensión no contributiva establecida en la ley 26.913.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) incorporó a su operatoria de créditos a los ex presos políticos y sus derechohabientes, en el marco de la búsqueda de la justicia y de reparación para las víctimas de terrorismo de Estado iniciada “con avances y retrocesos” a partir de diciembre de 1983.

La medida se dispuso a través de la Resolución 59/2022 del organismo previsional publicada en el Boletín Oficial, para “aquellas personas víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino hasta el 10 de diciembre de 1983; incluyendo asimismo a sus derechohabientes”, en los términos contemplados en la ley 26.913 de Reparación a Ex Presos Políticos de la República Argentina.

Entre las condiciones establecidas en el anexo de la norma, se especifica que el tomador del crédito deberá ser un beneficiario que perciba la pensión no contributiva establecida en la ley mencionada y ser menor a los 92 años antes de la finalización del plazo de amortización total.

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El valor residual máximo de los créditos por titular (capital adeudado) será de $85.000, y el plazo de amortización podrá ser de 24, 36 y 48 cuotas mensuales y consecutivas.

Para quienes opten por las 24 cuotas, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 29% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (Cftea) de 36,04%.

En el caso del plazo de 36 cuotas, la TNA también será del 29% y el Cftea de 37,03%, en tanto para 48 cuotas, 29% y 37,55%, respectivamente.

Los gastos operativos sobre valor residual serán de 4,19 por mil, equivalentes a 0,419%.El cobro del préstamo se efectuará mediante el correspondiente descuento de las prestaciones, indicó la Anses en la resolución.

En los considerandos, se recordó que “a partir del retorno de la democracia en diciembre de 1983 en nuestro país se dio, con avances y retrocesos, un trabajoso camino de recuperación de la memoria y de búsqueda de la justicia y de reparación para las víctimas de terrorismo de Estado”.

Asimismo, se destacó que “a partir del año 2003, Argentina inició una nueva etapa en materia de política pública de los derechos humanos, desarrollando diferentes acciones para la reconstrucción y búsqueda de memoria, verdad, justicia y reparación en tanto mandatos de la acción estatal en pos del fortalecimiento de la democracia”.

En ese marco, la Anses resaltó que “una de las principales políticas impulsadas por los distintos gobiernos democráticos de los últimos 40 años lo constituyeron las políticas reparatorias de los daños producidos por el terrorismo de Estado”.

“En ese sentido, el Estado Nacional conformó un sistema integral conformado por las leyes N° 24.043, 24.321, 24.411, 25.914, 26.564 y 26.913, sus complementarias y modificatorias, que han reconocido derechos a víctimas y familiares de víctimas por los hechos acontecidos”, añadió.

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Al respecto, especificó que “la Ley Nº 26.913 establece una pensión graciable para todas las personas que acrediten haber sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983”.

Por otra parte, la Anses precisó que es el organismo que “tiene a su cargo el pago de las pensiones graciables de la Ley N° 26.913 del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina”.

Por último, remarcó que los préstamos otorgados por la Anses “impulsan la economía y dan una mejora a dichos universos en razón del fin último del Estado Nacional que es el bien común, creando de esa forma las condiciones necesarias para mejorar el estándar de vida e impulsar el desarrollo”.

Fue una muestra pacífica pero desafiante contra los militares a los que acusan de apagar el progreso tentativo hacia la democracia que vivía el país.

La población ganó las calles a un año del golpe de Estado en Myanmar, lo que desató una vez más la represión, en esta ocasión con un saldo de detenidos.

Las sanciones económicas de los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, entre otros, aún no logran el retorno a una democracia ni la liberación de la líder Aung Sang Suu Kyi y el presidente derrocado Win Myint.

El rechazo más generalizado fue notorio con la denominada “huelga del silencio”, coinciden los medios internacionales.

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Miles de personas permanecieron en sus hogares, las calles quedaron desiertas y los negocios cerraron.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo en Yangon, la ciudad más grande del país, y en otras localidades, los sitios usualmente más concurridos se transformaron en lugares vacíos.

Además, y a pesar de las estrictas medidas de seguridad, en Mandalay, Sagaing, Yangon, y otras urbes, los jóvenes manifestantes, incluidos monjes budistas, realizaron protestas enérgicas pero apacibles al amanecer, con pancartas y cantos de consignas antimilitaristas.

“Podríamos ser arrestados y pasar nuestra vida en la cárcel si tenemos suerte, aunque también podríamos ser torturados y asesinados si no tenemos suerte”, subrayó la activista juvenil Nan Lin.

Y es que desde que el Ejército volvió a controlar por completo Myanmar, la represión ha sido constante, advierte la prensa internacional.

Desde la semana pasada, la junta emitió advertencias oficiales en los medios de comunicación estatales en las que sentenció que cualquier persona que participara en la huelga silenciosa podría ser procesada, incluso en virtud de la Ley contra el Terrorismo, con una pena máxima de cadena perpetua y la posible confiscación de sus bienes.

Decenas de dueños de negocios que habían anunciado su participación con el cierre de sus comercios fueron arrestados, según informes del periódico estatal ‘Myanma Alinn Daily’.

Entre los detenidos de distintas partes del país están vendedores, dueños de restaurantes, trabajadores médicos, un monje, un maquillador, el dueño de un taller de reparación de teléfonos móviles y un astrólogo, publicó el medio controlado por el Ejército.

Pese a las medidas de coerción, otros marcharon haciendo un saludo con tres dedos, señal adoptada de la película ‘Los juegos del hambre’ que también han utilizado manifestantes a favor de la democracia en la vecina Tailandia.

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Asimismo, se registraron varias manifestaciones a favor de los militares, que, según la opinión generalizada, fueron organizadas por el mismo Ejército.

Mientras tanto, luego de que las protestas fueron reprimidas con fuerza letal, surgió una resistencia armada que aún no ha podido ser controlada por el Ejército.

Expertos de la ONU describen la situación como una “guerra civil”.

Hasta el momento, alrededor de 1.500 civiles han muerto y 11.838 han sido arrestados desde el golpe, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, un grupo activista citado por Naciones Unidas.

En la víspera del primer aniversario del golpe de Estado, la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, emitió una declaración en la que destacó “una intensificación de la violencia, una profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos y un rápido aumento de la pobreza en Myanmar”, que requiere una respuesta urgente.

Fuerzas kazajas ya han matado a 26 personas en la operaciones para frenar las protestas.

El pasado dos de enero comenzaron en Kazajistán una serie de protestas por la subida del precio combustible GLP (gas de petróleo licuado), al que muchos kazajos habían adaptado sus vehículos para abaratar costes.

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Las manifestaciones se han extendido por todo el país y, al no estar autorizadas por el Gobierno kazajo, han sido reprimidas brutalmente por el ejército, dejando 26 muertos y hasta 3.000 detenidos.

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El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ha afirmado este viernes, durante un discurso a la nación, que ha dado la orden expresa de “disparar a matar” sin previo aviso contra los manifestantes que vienen ocasionando graves disturbios los últimos días, a los que calificó de “bandidos”, si ofrecen resistencia a las autoridades.

“Di la orden a los órganos de la policía y el Ejército de disparar a matar sin previo aviso”, dijo el presidente, al alertar de que no dialogará “con bandidos armados y preparados, tanto locales como extranjeros”.

Es el quinto día de protestas y las fuerzas armadas de Kazajistán se han llevado la vida de 26 personas en la operación “antiterrorista” que tiene lugar en la ciudad de Almaty en contra de las manifestaciones. Las detenciones ascienden a 3.000 según el gobierno kazajo.

La situación ha llevado a Tokáyev a pedir la asistencia de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), un bloque militar en el espacio postsoviético que agrupa a seis países y está liderado por Rusia. Se calcula que llegarán hasta 3.000 tropas.

El presidente ha afirmado que el orden constitucional “ha sido básicamente restaurado en todas las regiones del país y las autoridades locales tienen bajo control la situación”. Pero va a continuar con las “acciones antiterroristas” hasta conseguir “la destrucción completa de los militantes”.

El mandatario estadounidense afirmó que las autoridades están investigando el incidente y “habrá consecuencias”.

El presidente Joe Biden calificó de “indignante” el comportamiento de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., que fueron captados el domingo pasado montados a caballo y agrediendo a varios haitianos que cruzaban el río Bravo, en la frontera entre el estado de Texas y México.

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“Es horrible lo que ustedes vieron. Ver a gente como ellos, con caballos, atropellando, gente atada, es indignante”, afirmó el mandatario este viernes durante una conferencia de prensa. “Les prometo que esa gente pagará. Hay una investigación en marcha ahora mismo y habrá consecuencias”, agregó.

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Subrayó que ese incidente “es más que una vergüenza“. Es peligroso, es un error. Envía el mensaje equivocado a todo el mundo. Envía el mensaje equivocado en casa. Sencillamente, no es lo que somos”, añadió.

Here’s the video pic.twitter.com/itFwZfYN45

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) September 20, 2021

Además, declaró que asume la responsabilidad de la crisis migratoria que se está produciendo en la frontera y de las acciones de los oficiales de la Patrulla Fronteriza que aparecen en las imágenes. “Por supuesto que asumo la responsabilidad. Soy el presidente”, dijo.

Los videos y fotos de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo que intentan hacerse con el control de las multitudes de inmigrantes provocaron indignación en las redes sociales.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez compartió su publicación y llamó a despenalizar la inmigración. “La inmigración no debería ser un delito y su tipificación como delito es una invención relativamente reciente. Eso es una mancha en nuestro país”, escribió.

“La Patrulla Fronteriza monta a caballo y acorrala a refugiados haitianos con látigos. Esto es una crueldad insondable hacia las personas que huyen del desastre y la ruina política. La Administración debe detenerlo“, dijo el director ejecutivo del comité político People First Future, Sawyer Hackett.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, prometió investigar los informes de las agresiones.

Lo que viene ocurriendo desde el 28 de abril es la continuidad de las jornadas de la historia más reciente de Colombia, sobre todo, la que llenó calles, plazas y carreteras desde el 21 de noviembre de 2019. En estos días, nuevamente el pueblo colombiano, se levantó contra la propuesta de contrarreforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, que lesiona los intereses de la clase popular, por lo que la gente asumió la convocatoria al llamado al paro nacional. En esta medida, distintas expresiones sociales, sindicales, de mujeres, étnicas y campesinas, como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), nos hemos sumado a ese ejercicio de movilización nacional.

Como era de esperarse el Estado ha respondido con brutalidad, con represión y con bota militar. Lo que viene ocurriendo es una masacre al pueblo movilizado. Desafortunadamente, no podemos tener un dato concreto de las víctimas, pero se conoce de un informe que presentó el mismo Ejército ante Naciones Unidas, que los muertos son más de 100 en el marco de las movilizaciones, en manos de las fuerzas estatales.

Desde el mismo momento de la represión, el Gobierno intentó generar escenarios que desmovilicen lo que hasta ahora se ha presentado en el país. Para ello ha utilizado toda una serie de estrategias: represión, brutalidad, masacre, genocidio y además a todos los medios de desinformación planteando estrategias comunicativas orientadas a invisibilizar las marchas y justificar todo el nivel de represión contra la gente.

Diálogo con el pueblo movilizado en la mesa

A ese conjunto de estrategias se suma el llamamiento a sentarse a dialogar y negociar con voceros del Comité Nacional del Paro. Desde la CNA hemos planteado que no se puede hablar de negociación con quién está masacrando al pueblo movilizado. Pero, además, desde la organización campesina planteamos que tienen que existir las plenas garantías para podernos sentar a dialogar. Garantías de derechos humanos:

Desmilitarización de las ciudades y los territorios Esclarecimiento de la barbarie cometida contra el pueblo movilizado Condena a los responsables materiales e intelectuales de la represión ocurrida Veeduría internacional que garantice que exista justicia, verdad, reparación y no repetición.

Lo que pedimos es que exista una voluntad política desde el gobierno que, efectivamente, garantice que el diálogo va a partir de un acercamiento y una posible ruta de cómo van a ocurrir este serie de pasos.

El diálogo tiene que hacerse con el pueblo movilizado. Hoy ningún instrumento organizativo puede autoproclamarse el vocero del ejercicio de movilización que se da a nivel nacional. Hemos llamado a todas las expresiones organizadas a un principio de ética, orientada a que un gran sector del pueblo movilizado no es un pueblo organizado.

Tiene que ser el pueblo el que determine sus reivindicaciones a través de asambleas o de otras expresiones en las que pueda quedar representado. O sea, a partir de mecanismos autónomos y democráticos para que cada sector movilizado pueda sintetizar sus reivindicaciones y nombrar a sus voceros para un posible diálogo con el gobierno nacional.

La represión sobre los campesinos

La represión, en el caso de los campesinos y campesinas, es sistemática. Si bien hoy la brutalidad policial se hizo ver en el pueblo movilizado en las grandes ciudades y ciudades intermedias, nosotros históricamente la hemos vivido diariamente en nuestros territorios: porque están supremamente militarizados, pero además porque hay una reconfiguración del paramilitarismo que, en el marco de las movilizaciones, hicieron resurgir las amenazas de muerte para que la gente no salga a protestar.

El paramilitarismo se reconfigura por estos días en los territorios más militarizados del país. Es un coincidencia que se nos parece un poco extraña, porque el paramilitarismo es una política de Estado orientada a garantizar que se desarrollen los grandes megaproyectos que tiene planteados el gran capital para el territorio nacional.

Reivindicaciones del Coordinador Nacional Agrario en el marco Paro Nacional

La desmilitarización del territorio y el desmonte definitivo del paramilitarismo es uno de nuestros reclamos y hay una cosa que va ligada a eso: una política antidrogas. Nosotros hemos dicho que hay que revisar la política antidrogas de Colombia que, lejos de resolver el problema estructural del narcotráfico, lo que ha hecho es fortalecerlo. Actualmente, bajo un supuesto de contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico, quieren justificar nuevamente las asperciones aéreas con glifosato sobre los cultivos de coca.

Tenemos la experiencia de lo que fue la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, respecto del ejercicio de fumigaciones con glifosato a los cultivos. ¿Qué dejó como saldo esa política? Fortaleció la corrupción, aumentó las arcas de la contratación de la Policía y cifras desastrosas en términos del envenenamiento de la vida y del ecosistema en el territorio nacional. Tenemos demostrado que las aspersiones no son la alternativa para controlar el narcotráfico en Colombia.

Esta es una excusa para seguir reprimiendo y persiguiendo a los campesinos que se han visto obligados a producir hoja de coca para poder sobrevivir. Como CNA hemos dicho que no defendemos la coca, nuestra apuesta es la soberanía alimentaria. Somos defensores de los derechos de los campesinos y campesinas, porque las políticas excluyentes del Estado han llevado a que campesinos y campesinas vean como única alternativa sembrar coca.

Desde 2013, sabemos que las aspersiones no resolvieron el problema del narcotráfico, que lejos de disminuir, aumentó. Hoy no hay un interés real de la elite política de atacar el narcotráfico, cuando es el colchón amortiguador de la crisis que viven. No es un secreto para nadie que la clase política en Colombia está permeada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Volver a las aspersiones con glifosato es volver a una época oscura.

Tiene que ser el pueblo el que determine sus reivindicaciones a través de asambleas o de otras expresiones en las que pueda quedar representado

Cuando decimos que no es la alternativa podemos dar un ejemplo: en Arauca, los campesinos y campesinas de la CNA, en el 2006, dijeron de manera autónoma no más fumigaciones y erradicaron más de 5 mil hectáreas de coca. Fueron los campesinos, no fue la voluntad del Gobierno. Aún hoy, la deuda de inversión social con el pueblo campesino de Arauca continúa. Fueron los campesinos los que invirtieron y hoy Arauca es el departamento de mayor producción de plátano y cacao, con una economía campesina y diversificada porque no existe la coca.

Por eso decimos que retomar la política de aspersiones es una excusa para seguir persiguiendo, judicializando y desterrando a los campesinos de sus territorios. Territorios en los que existen intereses de orden estratégicos para nosotros y para el mundo, toda vez que en muchos de esos territorios los bienes comunes de la naturaleza están en abundancia. Debieran ser ecosistemas estratégicos para toda la sociedad, no para una élite política.

Reforma agraria frente a la crisis alimentaria

La desmilitarización, el desmonte definitivo del paramilitarismo y el rechazo a la política de fumigaciones son reivindicaciones concretas. Pero nosotros como campesinos y campesinas seguimos reivindicando la lucha histórica por una reforma agraria integral, democrática y popular. Esa sigue siendo una bandera histórica que vamos a tratar de cohesionar, desde lo campesino y agrario, en el marco de las jornadas del Paro Nacional. Son problemas estructurales que necesariamente tienen que revisarse.

La pandemia dejó en mayor evidencia la crisis alimentaria que hay, no solamente en Colombia sino en el mundo. En nuestro territorio el nivel de concentración de la tierra es cada vez más marcado y pese a eso, en la poca tierra que tenemos, los campesinos producimos el 68 por ciento de lo que se come en el país.

Pero el aceleramiento y puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio (TLC) han llevado a que haya mayor quiebre en el campesino productor de alimentos. No solamente hay que revisar los TLC sino que hay que suspenderlos y fortalecer la producción nacional para resolver un problema estructural, el de la soberanía alimentaria.

Esto es lo que hemos venido planteando desde el CNA no solo durante estas jornadas de Paro Nacional sino como banderas históricas del movimiento campesino.

*Ernesto Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA) – Tierra Viva

Manifestantes a favor de la democracia volvieron a salir este domingo a las calles en contra de la junta militar, pese a una fuerte represión del Ejército que solo hace dos días mató a 82 personas en una sola ciudad, según cifras actualizadas el sábado a la noche por una ONG local.

Según informes de medios locales y de esa ONG, que realiza un seguimiento de las víctimas desde el golpe que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, al menos 82 personas murieron ese día a manos de las fuerzas de seguridad.

El número de muertos del viernes pasado en Bago, en el centro-sur del país, fue el mayor total de un día para una sola ciudad desde el 14 de marzo, cuando poco más de 100 personas murieron en Yangón, la ciudad más grande del país.

La cifra fue compilada por la ONG Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), que dijo que podría aumentar a medida que se verifiquen más casos.

La AAPP emite recuentos diarios de víctimas y arrestos de la represión tras el golpe.

El ataque a Bago fue el tercero en la última semana que involucró el uso masivo de la fuerza para tratar de aplastar a la persistente oposición a la junta gobernante.

Las protestas continuaron especialmente en las ciudades centrales de Mandalay y en Meiktila, donde universitarios y profesores salieron a la calle, según medios locales citados por la agencia de noticias AFP.

El sábado se registraron enfrentamientos en Tamu, en el noroeste del país, cerca de la frontera con India, cuando el Ejército usó munición real para desmantelar barricadas levantadas por los manifestantes para proteger sus barrios.

También hubo disturbios en el norte del estado de Shan, donde un grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), lanzó un ataque contra una base de la policía, dijo el general de brigada del TNLA Tar Bhone Kyaw.

Una decena de policías murieron en este ataque, informaron medios locales.

El Ejército respondió con ataques aéreos, matando al menos a un rebelde, indicó el TNLA.

En Hpa-an, la capital del estado de Karen, en el sureste de Myanmar, dos personas murieron y otra resultó herida durante un enfrentamiento el sábado con las fuerzas de seguridad, reportó el diario estatal Myawaddy.

Según la AAPP, al menos 701 manifestantes y transeúntes murieron a manos de las fuerzas de seguridad desde la toma del poder por parte del Ejército.

El pasado miércoles se lanzaron ataques contra opositores acérrimos del Gobierno militar que habían establecido bastiones en las ciudades de Kalay y Taze, en el norte del país.

En ambos lugares, se informó que al menos 11 personas murieron.

La junta también tomó otras medidas para desalentar la resistencia.

Recientemente publicó una lista de buscados de 140 personas activas en las artes y el periodismo encargadas de difundir información que socava la estabilidad del país y el estado de derecho.

La pena por el delito es de hasta tres años de prisión y los arrestos de los que están en la lista fueron muy publicitados en los medios estatales.

El canal de televisión estatal MRTV informó el viernes por la noche que un tribunal militar había condenado a muerte a 19 personas por presuntamente matar a un oficial del ejército en Yangon el 27 de marzo.

La acción judicial parece ser la primera vez que se impone la pena de muerte bajo el Gobierno de la junta.

Más de 500 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, y las facciones rebeldes armadas amenazan ahora con unirse a las protestas contra la junta si continúa el derramamiento de sangre.

Los generales, desoyendo condenas y sanciones occidentales, continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia que sacuden el país desde el derrocamiento del Gobierno civil de Aung San Suu Kyi.

Al menos 510 personas, entre ellas numerosos estudiantes y adolescentes, murieron por disparos de policías y militares en los últimos dos meses, según dijo la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

La ONG reiteró que el número de víctimas “es probablemente mucho mayor”, sobre todo porque cientos de detenidos siguen desaparecidos.

Ante el derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron el martes con tomar las armas contra la junta. Si las fuerzas de seguridad “siguen matando civiles, colaboraremos con los manifestantes y tomaremos represalias”, dijeron varios grupos armados en una declaración conjunta.

“La situación corre el riesgo de convertirse en una guerra civil total”, declaró a la AFP Debbie Stothard, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Los generales, desoyendo condenas y sanciones occidentales, continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia

“La junta no quiere ceder en nada y los manifestantes, que hasta ahora han sido mayoritariamente pacíficos, están tentados de pedir ayuda a las facciones armadas para protegerse”, afirma.

Desde la independencia de Myanmar en 1948, multitud de grupos étnicos han entrado en conflicto con el Gobierno central para conseguir más autonomía, acceso a los numerosos recursos naturales del país o a una parte del lucrativo tráfico de drogas.

En los últimos años, el Ejército había acordado un alto el fuego con algunos de ellos e incluso había retirado al AA de su lista de organizaciones extremistas a mediados de marzo.

Pero este fin de semana, la junta lanzó ataques aéreos en el sureste del país, dirigidos a uno de los mayores grupos armados de Myanmar, la Unión Nacional Karen (KNU), después de que ésta tomara una base militar y matara a varios soldados.

Se trata de los primeros ataques de este tipo en la región en 20 años. Unas 3.000 personas huyeron de la violencia a la vecina Tailandia, según organizaciones locales.

Pero las autoridades tailandesas las rechazaron y las hicieron volver, dijo a la agencia de noticias AFP la activista de derechos humanos Karen Hsa Moo.

Tanee Sangrat, portavoz del ministerio de Exteriores tailandés, negó esas informaciones. Seguiremos “atendiendo a los que están en el lado tailandés mientras evaluamos la evolución y las necesidades sobre el terreno”, dijo.

Mientras tanto, las protestas contra el golpe continúan en todo Myanmar con nuevas tácticas de resistencia.

Este martes hubo una convocatoria a una “huelga de basuras” para que los vecinos arrojen sus desperdicios en las calles y bloqueen los cruces de carreteras.

Washington anunció la suspensión inmediata de un acuerdo marco de comercio e inversión con Myanmar firmado en 2013 hasta que se restablezca un gobierno democráticamente elegido

En Rangún, la capital económica, algunas carreteras estaban llenas de basura de todo tipo, a veces coronada con pequeños carteles que decían “Necesitamos democracia”, según imágenes de los medios locales.

El número de muertos aumentó considerablemente en los últimos días. Al menos 107 civiles, entre ellos siete menores, murieron el sábado, el Día de las Fuerzas Armadas.

En respuesta a la represión, Washington anunció la suspensión inmediata de un acuerdo marco de comercio e inversión con Myanmar firmado en 2013 hasta que se restablezca un gobierno “democráticamente elegido”.

Londres, por su parte, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará mañana.