El nuevo reglamento llamado MiCA apunta a proteger a los consumidores de la pérdida de sus fondos y a controlar el impacto ambiental de la minería cripto. Las empresas del sector necesitarán una licencia y dar garantías a sus clientes.

En busca de calmar el “criptoinvierno” y dar más seguridad a los inversores, los legisladores del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo histórico para regular el comercio de criptoactivos en el bloque. De esta manera, la Unión Europea (UE) podrá proteger a los consumidores mientras se desarrolla este mercado naciente.

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El jueves por la noche, el Parlamento Europeo promulgó el primer Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (Mica). Esto representa el primer esfuerzo para imponer estándares en todo el bloque, en lugar de un mosaico de reglas nacionales.

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¿Qué implica este reglamento? Según informaron medios europeos, las empresas de criptomonedas necesitarán una licencia y garantías para los clientes para emitir y vender tókenes digitales en la Unión Europea.

Así, un proveedor de servicios de criptoactivos requerirá la autorización de uno de los reguladores de los mercados nacionales de la UE, lo que le permitirá pasar sus servicios a través del bloque. Los reguladores locales compartirán información con el regulador paneuropeo, Esma.

“Tendremos un nuevo criptosheriff en la UE”, dijo el eurodiputado español Ernest Urtasun. El sindicato estaba “pasando del salvaje oeste de los activos digitales riesgosos y no regulados a una criptoesfera más segura”, agregó.

En medio de denuncias de “criminalización”, el oficialismo avanzó con el proyecto impulsado por el intendente Montenegro. Punto por punto, qué establece.

En medio de denuncias de “criminalización“, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó este viernes por mayoría una ordenanza que regula la prostitución en la ciudad con la delimitación de espacios donde se podrá realizar la actividad y con la fijación de multas y arresto de hasta 30 días para quienes lo incumplan.

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La sesión del Concejo se llevó a cabo este viernes en día especial luego de la alternativa que debió encontrar el oficialismo en un desprolijo tratamiento en comisiones -tras un intento de avanzar fuera del reglamento interno del Cuerpo- para poder llegar con los votos suficientes a aprobar su despacho de mayoría, teniendo en cuenta que tanto los bloques opositores del Frente de Todos como Acción Marplatense presentaron otros dictámenes de minoría que también llegaron a sesión.

“Al calabozo no volvemos nunca más”, fue uno de los gritos escuchados desde la barra del Concejo, donde se ubicaron organizaciones y activistas LGBTIQ+, acompañadas por el equipo de la Dirección de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, mientras hacían uso de la palabra las y los concejales oficialistas de Vamos Juntos y del radicalismo y defendían el proyecto para regular la prostitución en Mar del Plata con multas y arrestos en casos de incumplimiento de los lugares que deberán ser delimitados por el gobierno.

Hubo gritos y tensión cuando se produjo la votación y el oficialismo pidió un cuarto intermedio para “desalojar la sala”, pero finalmente ello no fue necesario ya que las organizaciones y activistas se retiraron por su cuenta.

Desde la Fundación para los Estudios Internacionales de Rosario (Fundai) dictarán una diplomatura en producción y regulación de cannabis, la cual será certificada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Las inscripciones continuarán abiertas hasta este sábado y será dirigida tanto a profesionales y personas que se desempeñen en instituciones públicas, privadas y ONG vinculadas a los diferentes usos de la planta y sus derivados, como al público en general.

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Según La Capital, el fin de la diplomatura será indagar en torno a los avances en investigación y producción a partir de la planta de cannabis y sus derivados. A

l mismo tiempo, se buscará incorporar la perspectiva de salud pública en torno a la cuestión del cannabis en trayectos de formación universitaria; sensibilizar en torno al uso médico de la planta de cannabis y los cannabinoides; dotar a las y los estudiantes de conocimientos y herramientas jurídicas para interpretar y accionar en conflictos legales relacionados con el uso de la planta; entre otras cuestiones.

En ese sentido, la diplomatura será dictada todos los sábados, desde las 10 hasta las 13, a través del campus virtual de la UNR. Quienes se inscriban tendrán tutores y un equipo docente que los acompañará.

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A su vez, la carga horaria será de 90 horas, las cuales se repartirán en clases semanales durante seis meses. Al mismo tiempo, la cursada de la diplomatura contará con clases sincrónicas y asincrónicas.

Quienes estén interesados podrán anotarse a través del sitio de la diplomatura

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dará comienzo a los trabajos de creación de un dólar digital, como parte de un importante esfuerzo de regulación en el campo de las criptomonedas, según informó la Casa Blanca.

Este miércoles, el mandatario firmará una orden ejecutiva que ordena a su administración dar “la máxima prioridad al desarrollo y la investigación de una posible moneda digital del banco central” (CBDC) para Estados Unidos”, según un comunicado oficial. Lo que anunciará Biden es algo en lo que avanzan, a diferentes velocidades, cientos de países que buscan crear sus propias monedas digitales.

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De esta forma, la orden ejecutiva ordenará a su administración dar “la máxima prioridad al desarrollo y la investigación de una posible moneda digital del Banco Central (CBDC) para Estados Unidos”.

Sin embargo, una fuente de la Casa Blanca indicó que “debemos ser muy cuidadosos, porque las implicaciones” en caso de adoptar el dólar digital “serían muy profundas para el país cuya divisa es la principal moneda de reserva mundial”.

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El alto funcionario aseguró que los proyectos de moneda digital más adelantados en otros países o zonas monetarias “no amenazan” la hegemonía del dólar. El crecimiento en todo el mundo de la criptomonedas como el Bitcoin, y el uso creciente de sistemas de pago digitales, suscitaron el interés de crear una moneda digital oficial, que esté a tono con esa tendencia.

El Gobierno avanzó hoy con la aplicación de la Ley de Góndolas con la publicación de una resolución que precisa cuál es la superficie mínima que deberá tener un comercio para estar alcanzada por la normativa, cuáles serán los productos involucrados y cómo estarán conformadas las categorías alrededor de las cuales se clasifican.

Tal como se esperaba, la norma deja afuera a comercios barriales y a supermercados de cercanía, más allá de si son o no parte de grandes cadenas.

A través de la Resolución 110/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio estableció las primeras especificaciones para la implementación de la Ley que tiene como objetivo brindar una mayor oferta en las grandes cadenas de supermercados y busca un trato equitativo con las pymes, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar.

El texto determina la superficie mínima que deben tener los comercios alcanzados por las disposiciones establecidas por la Ley, cuáles serán los productos y cómo estarán conformadas las categorías. Además, se estableció que la Subsecretaría de Acciones Para la Defensa de las y los Consumidores será la encargada del control y vigilancia.

La superficie mínima de venta al público que deben tener los comercios alcanzados por la Ley será de 800 m2, medidos desde la línea de cajas, y descontando los depósitos y espacios exclusivos para su personal

A través de un comunicado, Comercio explicó que “la superficie mínima de venta al público que deben tener los comercios alcanzados por la Ley será de 800 m2, medidos desde la línea de cajas, y descontando los depósitos y espacios exclusivos para su personal. Con estos criterios, se apunta a que los establecimientos comerciales alcanzados por la Ley sean aquellos de formatos de comercialización medianos e hipermercados”.

Asimismo, “la normativa establece que serán alcanzados por la ley todos los productos alimenticios -excepto carnes, pescados y mariscos-, bebidas, productos de higiene y cuidado personal, y de limpieza del hogar. La resolución también define cómo será el agrupamiento de esos productos en categorías -o góndolas”.

Según prometió la comunicación oficial, en los próximos días ambos listados serán publicados en la página web de la Secretaría de Comercio Interior y serán actualizados periódicamente.

La normativa establece que serán alcanzados por la ley todos los productos alimenticios -excepto carnes, pescados y mariscos-, bebidas, productos de higiene y cuidado personal, y de limpieza del hogar

La resolución aclara, por último, que los productos que se comercialicen bajo el programa Precios Cuidados quedan excluidos de estas especificaciones y tendrán criterios particulares de exhibición que elaborará la Secretaría de Comercio Interior.

“Los comercios tienen un plazo de 90 días contados a partir del 15 de diciembre -la fecha en que se reglamentó la Ley- para adaptar sus estructuras a las condiciones que se determinan en esta resolución y así cumplir con las exigencias de la Ley”, recordó el comunicado oficial,

Entre otras cosas, la Ley de Góndolas establece que los comercios alcanzados deberán ofrecer al menos 5 productos de distintos grupos económicos por categoría; que la exhibición de los productos de un mismo grupo económico no debe superar el 30% de la superficie en su categoría; que se destine al menos un 25% del espacio de exhibición para productos de pequeñas y medianas empresas; y que como mínimo un 5% del espacio de las góndolas sea para productos de empresas de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular.

La resolución 1466/20 es una “medida contraria al desarrollo de la industria y que va en la dirección opuesta al crecimiento socioeconómico del país”, indicó la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) advirtió hoy que la suba con un tope del 5% en los precios de los servicios de telecomunicaciones se aprobó “unilateralmente, sin atender a criterios técnicos, y es insuficiente para cubrir los costos en un contexto de altísima inflación y devaluación”.

“La medida compromete el futuro de la industria, perjudicando el desarrollo de inversiones y el despliegue de nuevas redes, complicando la sustentabilidad a futuro del sector”, alertó.

La resolución 1466/20, que define el tope máximo de aumento de precios en 5% para todos los servicios de TIC y sin diferenciar entre planes o capacidad de pago, es una “medida contraria al desarrollo de la industria y que va en la dirección opuesta al crecimiento socioeconómico del país”, indicó la entidad. “Este aumento, que carece de fundamentación técnica, no permite cubrir los costos en un contexto inflacionario y donde la moneda local se ha devaluado un 25% solo en 2020, mientras la industria mantiene en dólares buena parte de sus costos”, señaló.

Recordó que los precios de los servicios móviles prepago (el 60% de las líneas) “se han mantenido congelados desde finales de 2019, y en el caso del resto de servicios, desde marzo de este año”.

Los impulsores del proyecto sostienen que la especulación provoca consecuencias en el acceso a la vivienda.

Un proyecto de ley para prohibir la celebración de contratos de alquileres de viviendas en dólares fue presentado en la Cámara baja por el diputado nacional Federico Fagioli (del Frente de Todos).

El proyecto, impulsado por las organizaciones de inquilinos de todo el país, propone incorporar a la Ley 27.551 un artículo que establezca que “en todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse”.

Muchos propietarios comenzaron a incluir cláusulas para cotizar los inmuebles en dólares. Asimismo, la iniciativa indica que “será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal; en este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial.”

Desde la Federación Nacional de Inquilinos señalaron que “en una nueva maniobra de los especuladores, comienza a ser cada vez más frecuente la exigencia a los inquilinos de firmar contratos en dólares” En este sentido, denunciaron que eso “genera consecuencias gravísimas en el acceso a la vivienda en la Argentina”.

El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, indicó en un comunicado que, “para resolver el acceso a la vivienda, hay medidas urgentes y otras estructurales que hay que llevar adelante”. Entre los fundamentos del proyecto, Fagioli sostuvo que “hay que volver a enfrentar los problemas sociales ocasionados por las distorsiones del mercado” y “legislar sobre un asunto tan caro para las millones de familias que firman contratos de locación en la Argentina”.

Desde la empresa consideran que no es necesario resolver el conflicto con otros sectores del transporte por vía judicial, cuando podría concretarse mediante un diálogo que permita generar soluciones económicas para todos los involucrados.

Tras una reunión que mantuvieron en el Palacio Municipal representantes de taxistas, remiseros y funcionarios municipales, se resolvió que el Ejecutivo municipal enviará una carta documento a Uber para que cese su actividad en la ciudad. Desde la empresa, en tanto, consideran que sería mucho más provechoso para todos los sectores involucrados llegar a una solución por la vía del diálogo.

Así lo manifestó Johanna Picciano, responsable de Comunicaciones de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay, quien, además, insistió en que “Uber puede circular sin ningún tipo de impedimentos, ya que se trata de un transporte entre privados enmarcado en el Art. 1280 del Código Civil, que habla de contratos de transporte entre privados; es el marco que habilita la actividad de Uber no solo en la ciudad sino que en el país”.

“Nosotros llegamos a Santa Fe hace más de un mes, en primer lugar con Uber Flash, que es el primer producto que lanzamos en la ciudad, está pensado en contexto de pandemia y es para el envío de cosas de un lugar a otro; ahora, en esta segunda instancia, sumamos dos productos a la plataforma, que son Uber Essentials, también pensado en el contexto de pandemia, para el traslado de personas, obviamente siempre pidiéndole a la gente que trate de moverse lo menos posible y justamente que si se tiene que trasladar lo haga con todos los cuidados necesarios y los permisos correspondientes; y Uber Medics, también se trata de un servicio para el traslado de personas pero que tiene el foco puesto en aquellos que tienen que trasladarse desde o hacia un centro de salud, personal sanitario o pacientes, con una tarifa diferencial, más económico”, detalló Picciano. “Además -dijo- según nuestros registros de descargas de las aplicaciones, históricamente desde que Uber está en la Argentina, 30.000 personas solo en la ciudad de Santa Fe han mostrado interés en manejar con la aplicación o ser usuarios, y vimos gran interés de descarga desde que se lanzó Uber Flash; y todos nuestros traslados están asegurados por la compañía SURA”.

En cuanto a la situación legal de la empresa en la ciudad de Santa Fe, recordó que “no existe ninguna prohibición al respecto, pero sí es verdad que no está regulado y nosotros abogamos por una regulación que de reglas claras a la actividad porque nos parece que hay lugar para todos”. “Con respecto a la posición del municipio, para nosotros sería una pena judicializar con el fin de prohibir, porque, a fin de cuentas, quienes más se ven perjudicados con este tipo de decisiones son todas aquellas personas que tienen el interés en generar oportunidades económicas y ganancias adicionales y, al mismo tiempo, los usuarios a quienes hoy se les prohibiría tener más opciones respecto a cómo moverse en la ciudad con apoyo de la tecnología que contemplen a todos los sistemas de transporte”, consideró.

“Por ejemplo -añadió Picciano-, nuestro producto Uber Taxi, que no opera en Santa Fe pero está disponible en otros puntos del país, permite a los taxistas recibir viajes a través de la plataforma y para sumarte a la aplicación tenés que tener tu licencia de taxista y cumplir con toda las obligaciones del taxi”. “No se trata de sacarle nada a nadie sino de sumar para todas las opciones”, aclaró.

“Lo que creemos desde Uber es que antes de ir por una vía judicial, nada es más importante que el diálogo: no tenemos problema en dar el debate para llegar a regulaciones que sean inclusivas y no prohibitivas y nos parece que hay todo un camino previo que vale la pena darlo, para llegar a un acuerdo que tenga un efecto positivo en todos los santafesinos”, concluyó.

La Ley 27555 fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y estableció las condiciones que se deberán tener en cuenta a la hora de implementar esta modalidad laboral.

A pesar de las críticas que recibió la iniciativa por parte de un sector empresarial, que reclamó modificaciones en su implementación, este viernes el Gobierno nacional promulgó sin cambios la ley que estableció un régimen para los contratos de teletrabajo, la cual comenzará a regir 90 días después de que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Así quedó especificado dentro del cuerpo de esta norma que “tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación” de esta modalidad laboral “en aquellas actividades, que por su naturaleza y particulares características, lo permitan”.

Tal como se discutió en el Congreso, se aplicará este régimen cuando la tarea a desempeñar “sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación”.

Entre otras cuestiones, la Ley 27555 prevé que las personas que se encuentren dentro de esta modalidad “gozarán de los mismos derechos y obligaciones” que las que se desempeñan de forma presencial, por lo que “su remuneración no podrá ser inferior” a la que perciben quienes están en ese segundo grupo.

La norma establece consideraciones especiales para los trabajadores que tengan menores a su cargo. La norma establece consideraciones especiales para los trabajadores que tengan menores a su cargo. Además, “la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”.

En tanto, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida”, el cuidado de menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores con losa que convivan y que requieran asistencia específica, “tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir” su actividad laboral.

Por otra parte, “el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada” y no podrá sancionarla si se desconecta fuera de su horario o “durante los periodos de licencias”.

Asimismo, se confirmó que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito” y el empleado podrá revocar esa decisión “en cualquier momento de la relación”.

Sobre este punto, que generó críticas por parte de un sector empresarial, se aclaró que, “en tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas”, excepto “que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”.

En otra parte de la ley se detalló que cada empresa “debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias” del personal.

Por su parte, el empleado “será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo” que le fueron provistas y tendrá que “procurar que estos no sean utilizados” por terceros, aunque “en ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo”.

El empleador también garantizará “la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral”, pero esto “no implicará una mayor carga de trabajo”.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación “dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada” a quienes se encuentren bajo esta modalidad laboral.

Finalmente, se aclaró que esta ley “entrará en vigor luego de noventa (90) días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

La norma fue sancionada por el Senado en julio pasado. (Foto: Sofía Areco/Comunicación Senado) La norma fue sancionada por el Senado en julio pasado. (Foto: Sofía Areco/Comunicación Senado) La normativa había sido sancionada a fines del mes pasado, luego de que el Senado aprobara el proyecto con 40 votos a favor y 30 en contra tras un debate en el que hubo duros cruces entre oficialistas y opositores.

En aquella ocasión, el bloque del Frente de Todos defendió la iniciativa y la ausencia de modificaciones, mientras que Juntos por el Cambio coincidió en que no tuvo el suficiente consenso y que será “una oportunidad perdida para generar empleo en la Argentina”.

En tanto, empresarios de diversos sectores consultados por Infobae cuestionaron la sanción de la norma por considerar que desalienta la contratación de empleados ante la arbitrariedad de algunos puntos de la ley como la reversibilidad, que permite que el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación.

Un equipo de la cartera ministerial trabajó para la definición de una resolución sobre teletrabajo y trabajo remoto, que ya está a la firma de Moroni.

La expansión forzada del teletrabajo por las medidas para mitigar el contagio de coronavirus, acelera la definición de una regulación que proteja los derechos laborales y que ya tiene un primer paso en un proyecto de resolución a la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Fuentes oficiales confirmaron a Telam que un equipo de la cartera ministerial trabajó para la definición de una resolución sobre teletrabajo y trabajo remoto, que ya está a la firma de Moroni.

También en el ámbito parlamentario tienen vigencia al menos dos proyectos de ley para regular esta modalidad de empleo.

Consultada por Télam, la doctora en Derecho del Trabajo y Directora Académica, de la Consultora GNT Mentoría Neurodigital, Viviana Diaz, diferenció entre trabajo remoto y teletrabajo, al indicar que el remoto significa realizar actividades a distancia, mientras que el teletrabajo está “circunscripto al trabajo remoto que se realiza desde la casa”.

Así, el trabajo remoto se considera ya instalado en el país e incluye actividades tales como los lectores de consumo de servicios o los distribuidores de bebidas; mientras que el teletrabajo responde más a la situación actual porque genera un cambio del espacio físico desde donde el trabajador realiza su tarea.

“El virus es el único responsable de nuestra digitalización masiva, del trabajo remoto forzado”, afirmó Diaz, para agregar que “aunque “fuimos empujados a la ficción del teletrabajo” en realidad “estamos más que en condiciones” de aplicarlo y “lo que necesitamos es una red de contención emocional, jurídica, informática y de la seguridad e higiene”.

Remarcó que “los derechos y obligaciones de un trabajador remoto son exactamente iguales a los de un trabajador presencial que ocupa su mismo rol o posición laboral; pero debe haber un marco contractual, me refiero a un acuerdo o convenio suscripto entre ese empleador y el trabajador remoto que lo determine”.

“Por eso siempre abogamos por establecer muy detalladamente las cláusulas que hacen al convenio individual de TCR (Trabajo Conectado Remoto), que será como un paraguas debajo del cual todos los derechos y obligaciones del trabajador remoto y su empleador tendrán visibilización”, agregó Diaz, que fue Coordinadora de Teletrabajo en el Ministerio de Trabajo en la gestión de Cristina Fernández.

En la misma línea la responsable de la consultora de recursos humanos Randstad para la Argentina y Uruguay, Andrea Ávila, dijo a Télam que “de un día para otro armamos el mayor experimento mundial de home office que ni la mente más visionaria pudo imaginar jamás, y eso no tiene vuelta atrás, muchas cosas no volverán a ser como antes en el mundo del trabajo”.

En un informe de la consultora, se destaca la mayor incidencia del trabajo freelance y del trabajo por objetivos, entre las tendencias que se establecieron en esta cuarentena.

“Habrá empresas que no quieran volver a tener a todos sus trabajadores en sus oficinas frente al escritorio como antes, y también trabajadores que prefieran evitar las dos horas de traslado para ir a la oficina diariamente”, afirmó.

No obstante, aclaró que “no será una práctica a nivel masivo, y mucho menos un formato impuesto, ya sea por parte de las empresas o por una eventual regulación, sino más bien una elección mutua acordada entre trabajadores y empleadores, buscando beneficios para ambas partes”, consideró Ávila.

Desde la consultora Adecco, revelaron que el 42% de los argentinos “afirma dedicarle más horas al trabajo de lo que lo hacía en la oficina”.

Agregó que el trabajo remoto “es una tendencia que llegó para quedarse”, que en “algunas oficinas no existía y ahora están planeando trabajar de manera remota uno o dos días por semana y, en otras donde esta práctica ya estaba instalada uno o dos días a la semana, aseguran extenderla por lo menos un día más”.

“Las empresas que más se aventuran en este sentido ya están considerando prescindir de su sede central para tener nodos de operación”, y “en un futuro no muy lejano dejarán de existir las jornadas laborales de ocho horas”, consideró la consultora.