Los anuncios decían, "un día negro para la democracia israelí" en un pequeño texto blanco en la parte inferior. También en texto pequeño en la parte superior estaba la palabra "anuncio". 

Los principales periódicos de Israel publicaron este martes portadas negras en protesta por la reforma judicial, cuya primera ley fue aprobada por la Knesset (Parlamento unicameral del país) el 24 de julio.

Las tapas de los periódicos Yediot Aharonot, Haaretz, Calcalist e Israel Hayom aparecieron totalmente cubiertas de negro por debajo de la mancheta (cabecera) y la fecha. En la parte inferior se añade el mensaje: "La locomotora de Israel no se rinde. Protesta de la industria de alta tecnología".

Según destaca The Jerusalem Post, las páginas eran anuncios pagados por el movimiento israelí Hi-Tech Protest, un grupo que reúne a representantes de empresas de alta tecnología, incluidos directores generales, inversores de capital riesgo, empresarios autónomos y empleados fijos de alta tecnología.

Este lunes, los legisladores israelíes aprobaron el controvertido proyecto de reforma judicial que impide a la Corte Suprema ejercer control alguno sobre la razonabilidad de las decisiones del Gabinete y los ministros, incluidos los nombramientos y la decisión de no ejercer las facultades conferidas.

El primer gran proyecto de ley de la reforma judicial del Gobierno fue aprobado en la Knesset por 64 votos a favor y 0 en contra, después de que todos los miembros de la coalición gobernante votaran a favor, mientras que todos los miembros de la oposición abandonaron el recinto cuando se celebraba la votación nominal.

La aprobación de esta ley representa el primer gran paso de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.

En respuesta a las portadas negras, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, denunció que no se trata de “una protesta popular” sino que las portadas fueron compradas por “entidades extranjeras que financian las manifestaciones” y que “están haciendo una campaña para destruir el país”.

עלו עלינו!והשתדלנו כל כך להסתיר את הלוגו שלנו **בעמוד השני בעיתון** https://t.co/0sVoNrRPjc pic.twitter.com/V3jF0IHaRW

Durante toda la jornada de ayer y hasta la madrugada de hoy, miles de israelíes salieron a las calles de todo el país para protestar contra la reforma.

La manifestación más concurrida tuvo lugar en Tel Aviv, epicentro de las protestas desde hace más de medio año y donde los manifestantes bloquearon una carretera central y se enfrentaron con la Policía durante varias horas.

Estos enfrentamientos se saldaron con al menos 18 detenidos y 10 policías heridos e incluyeron el uso de cañones de agua y policía montada para dispersar a los manifestantes.

Los organizadores de las manifestaciones informaron que al menos 32 manifestantes resultaron heridos durante las protestas de ayer, 19 de los cuales fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

En paralelo con las protestas en las calles, la Asociación de Médicos de Israel anunció que mantendrá durante este martes una jornada de huelga en protesta por la reforma, en la que los hospitales y centros médicos operarán de forma limitada.

Esta decisión sigue al anuncio por parte de la federación de sindicatos de Israel, Histadrut, de que están considerando la convocatoria de una huelga general en el país.

Por otra parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, anunció que este martes apelarían ante el Supremo la ley aprobada ayer en el Parlamento e instó a los manifestantes a “no rendirse” porque “la batalla no ha terminado”.

Netanyahu defendió anoche la anulación de la doctrina de la razonabilidad durante un discurso televisado, en el que argumentó que esta permite “que el Gobierno electo pueda conducir la política de acuerdo con la decisión de la mayoría de los ciudadanos del país”.

Además, instó a la oposición a sentarse a negociar para intentar “llegar a acuerdos” sobre los aspectos restantes de su reforma judicial y cuestionó a los más de 10.000 reservistas del Ejército que suspendieron su servicio a modo de protesta.

Después de que los legisladores israelíes aprobaran una ley clave de revisión judicial que revoca la autoridad de la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno que considere "irrazonables", decenas de miles de manifestantes han tomado las calles en todo el país y se enfrentan a la violencia policial.

Parlamentarios israelíes aprobaron un controvertido proyecto de ley, a pesar de las masivas manifestaciones que intentaron frustrarlo.

Se trata de la primera de una serie de reformas duramente cuestionadas destinadas a limitar el poder de los tribunales, en ser aprobadas.

Las reformas previstas han provocado una de las mayores protestas en la historia de Israel, y quienes se oponen a las reformas advierten que estas ponen en peligro a Israel como democracia.

El gobierno argumenta que las medidas son necesarias para corregir un desequilibrio de poder que ha hecho que los tribunales intervengan cada vez más en decisiones políticas en las últimas décadas.

El presidente israelí advirtió a dirigentes políticos el lunes que el país se encontraba en “un estado de emergencia nacional”.

Horas antes del voto final, la policía utilizó cañones de agua y arrestó a manifestantes a las afueras del parlamento israelí (Knéset) en Jerusalén.

Según medios locales un manifestante resultó herido, y seis fueron arrestados, informó la policía.

Otros manifestantes rodearon una camioneta de la policía mientras le gritaban “vergüenza” a los agentes.

Un manifestante tirado en la calle le dijo a la BBC que estaba desafiando a una “dictadura”, y añadió que su abuelo había sido un descifrador de códigos durante la guerra contra los nazis en el famoso Bletchley Park de Reino Unido.

Cuando se le preguntó hasta cuando seguiría protestando, respondió: “Nunca nos rendiremos”.

שתי מכתזיות פועלות במקביל כדי לפנות את המפגינים באיילון. לאט לאט חלקם עוזבים את המקום ועולים למעלה, שם יש עדיין המונים📸 אורן אלון pic.twitter.com/93U1mWlJNE

#Israel Violenta represion de la policia contra la reforma judicial impulsada por el gobierno del ultraderechista Benjamin Netanhaju #israel #reforma #justicia #protesta #telaviv #caballos #carro #policia pic.twitter.com/ZpgqAr1KN4

מפגינה מפונה מאיילון באמבולנס לאחר שנפגעה מפגיעת מכתזית. התיעוד של שירה שכטר pic.twitter.com/Nj5ydAcMBl

Otro, Reut Yifat Uziel, hija de un paracaidista que aparece en la icónica foto israelí de la toma del Muro de los Lamentos en la guerra de Medio Oriente de 1967, dijo que temía por el futuro de sus hijos.

“Netanyahu secuestró al país y yo estoy preocupada de que se vuelva una teocracia”, comentó.

Los manifestantes –decenas de miles de personas, con algunas que marcharon 70 km para llegar hasta Jerusalén desde Tel Aviv a fines de la semana pasada- estaban tratando de frustrar la aprobación de la primera de varias reformas.

Manifestantes en el centro de Tel Aviv, 24 de julio 2023

❗ Varios manifestantes resultaron heridos al ser arrollados por un automóvil en el centro de Israel. pic.twitter.com/4MSnXSfYbq

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se presentó en el parlamento para la votación pocas horas después de que le dieran el alta del hospital donde acudió el sábado para que le colocasen un marcapasos.

Las controvertidas reformas han polarizado la opinión en Israel, y han dado lugar una de las crisis domésticas más graves en la historia del país.

Cientos de miles de manifestantes han tomado las calles cada semana desde comienzos de año para protestar contra lo que califican de un ataque a la democracia.

El gobierno dice que las reformas sirven para reforzar la democracia, y argumentan que la Corte Suprema ha adquirido mucho poder político en las últimas décadas.

Otro factor que se suma a la crisis es que miles de reservistas, incluidos pilotos de la fuerza aérea cruciales para las capacidades ofensivas y defensivas de israel, han prometido no presentarse como voluntarios al servicio.

Semejante disidencia –de la que no hay precedentes- ha causado alarma sobre el potencial impacto que esto pueda tener en la preparación del ejército israelí.

Antiguos jefes de los servicios de seguridad de Israel, presidentes de la Corte Suprema, y destacadas figuras jurídicas y comerciales también se han manifestado en contra de las reformas del gobierno.

Las medidas han sido criticadas por otra parte por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en su comentario más explícito hasta la fecha pidió se posponga la “divisoria” propuesta de ley.

Tras una de las jornadas más dramáticas en la historia de Israel y el inicio de una huelga general pactada de forma inédita por el sindicato y la empresa, el primer ministro, Benjamin Netanyahu ha anunciado el aplazamiento del plan de reforma judicial que agita desde hace trece semanas un país partido en dos.

El primer ministro se ve obligado a aplazar la iniciativa legislativa ante las protestas ampliadas tras la destitución del ministro de Defensa que había pedido una pausa para consensuarla.

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La decisión de Netanyahu de destituir al ministro de Defensa, Yoav Galant, el domingo por pedir la pausa que él mismo ha declarado hoy desató unas protestas tan generalizadas que le obligan a congelar el polémico proyecto que debilitaría el poder judicial ante el Gobierno. El objetivo ahora es lograr un consenso más amplio para aprobarlo en el próximo periodo parlamentario que empieza el 31 de abril y acaba a finales de julio.

“Por responsabilidad nacional y el deseo de evitar la fractura en el pueblo, decidí suspender la segunda y tercera votación de la ley ahora para dar tiempo e intentar alcanzar un amplio acuerdo en la próxima Knésset”, proclamó Netanyahu en alusión a la propuesta que concede mayoría a la coalición para nombrar los dos siguientes jueces y el presidente del Tribunal Supremo (TS) y que se iba a votar antes del receso parlamentario el próximo 2 de abril.

“Hay una posibilidad de evitar la guerra civil con el diálogo y como jefe de Gobierno tomo una pausa para dialogar”, añadió el dirigente, que aclaró que de una u otra forma traerá “una reforma que devuelva el equilibrio perdido entre las autoridades al tiempo que se protegen y refuerzan los derechos individuales”.

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El jefe de la oposición, Yair Lapid, se mostró dispuesto a un “diálogo genuino en la mayor crisis en la historia de Israel” pero advirtió: “Si intenta engañarnos, volverá a encontrarse ante él decenas de miles de patriotas israelíes determinados a luchar por nuestra democracia”. El presidente Isaac Herzog, clave en la futura negociación, y el Gran Rabino de Israel David Lau pidieron diálogo para evitar que la división se convierta en abismo.

?? #AHORA | Siguen los choques entre opositores a Netanyahu y la policía en Tel Aviv, Israel.pic.twitter.com/uWSCMM524s

— Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 27, 2023

?? | Estalló la bronca en Israel por la reforma judicial de Netanyahu. El PM estaría dispuesto a no seguir con la medida si logra un acuerdo con la coalición de gobierno. pic.twitter.com/8z5D3zZnXM

— Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 27, 2023

?? REBELIÓN EN ISRAEL ??

-Estallido social por la reforma judicial.-Netanyahu estudia no seguir con la medida.-Reunión de emergencia con los líderes de la coalición.-Se esperan huelgas obreras contra la medida del Ejecutivo.-Disturbios en Tel Aviv y Jerusalén. pic.twitter.com/2XaezspQ7y

— Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 27, 2023

FRÁGIL GOBIERNO

Netanyahu retrasó el anuncio para cerciorarse que no rompía su Gobierno que tomó posesión hace tres meses. Su medida es criticada por el ministro ultraderechista ItamarBen Gvir que lamenta haber cedido “ante la anarquía y las élites” pero no fuerza el abandono de sus seis escaños de una coalición de 64 de 120. A cambio, recibió la promesa de la formación de la Guardia Nacional para su ministerio encargado de la Policía.

“Son días históricos para Israel. Desde el primer día decimos que estaremos en las calles hasta que se archive la legislación que pretende acabar con la democracia y no solo postergarla”, decía una de las líderes de las protestas, Shikma Bressler a EL MUNDO mientras la derecha a favor de la reforma realizó su primera gran manifestación en Jerusalén sin ocultar su gran decepción por la pausa.

El freno del proceso llega tras las masivas y espontáneas protestas nocturnas que estallaron -incluyendo el corte durante cinco horas de la autovía más importante del centro- como respuesta de ira a la destitución del ministro de Defensa. Galant llamó el sábado a suspender el proyecto en las próximas semanas coincidiendo con importantes festividades nacionales para que las enormes fisuras en el país extendidas al ejército no se amplíen aún más. En una reunión en la Comisión de Defensa y Exteriores del Parlamento, Galant alertó este lunes sobre “el daño a la seguridad y el debilitamiento de la posición internacional de Israel incluyendo el apoyo de EEUU”.

Su despido aumentó el número de reservistas a favor de no acudir a su servicio voluntario incluso antes de aprobarse las leyes y unió al sindicato, que cuenta con una amplia representación del Likud, y el mundo empresarial en una huelga que incluyó el Aeropuerto Ben Gurion. “Es el momento de que Israel vuelva a la normalidad, ¡basta la la división! Primer ministro, ¡Para la legislación y consensuala!”, declaró el líder sindical Arnon Bar David disconforme con el despido de Galant como el 58% de electores del Likud. Tras la pausa, anuló la huelga.

IMPORTANTE MOVILIZACIÓN

De igual forma que no calibró bien la respuesta del plan en las calles, Netanyahu no pronosticó que empresarios, el ecosistema del Start Up Nation en pleno, economistas, académicos y ex altos mandos de los organismos de seguridad se movilizaran e incluso lideraran las manifestaciones ni los avisos sobre los daños económicos.

La destitución de Galant trasladó el debate en torno a la reforma a otro sobre el juicio de valor del primer ministro más longevo (96-99, 09-21 y 2023-) de Israel. Desde el Estado Mayor del Ejército hasta la sentada de jóvenes en la autovía de Ayalon, el anuncio fue visto como un golpe a la seguridad.

En los pasillos de la Knésset antes de la suspensión, la ex ministra de Economía y dirigente centrista Orna Barvivay contaba que la coalición buscaba “politizar el Supremo”. “Es muy esperanzador ver tanta gente salir a las calles para defender la democracia. Netanyahu apoyó esta revolución jurídica para que le ayude en el futuro en su juicio por soborno, fraude y abuso de confianza”, añadía.

En este sentido, su abogado en el juicio, Boaz Ben Zur advirtió con renunciar al cargo si no frena la iniciativa de reformas. Netanyahu podrá contar con sus servicios tras su discurso que reactivó los despegues del Aeropuerto. Lo que no despegará en las próximas semanas es la controvertida legislación para reformar las relaciones entre las tres autoridades de un país que ya ingresó en esta crisis muy polarizado tras cinco elecciones desde 2019.

El Congreso Nacional inicia hoy el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 28 de febrero y comprenderá un amplio temario que incluye la reforma judicial, la modificación del sistema de elección del Procurador y la deuda pública.

También está previsto analizar una iniciativa que otorga por única vez un beneficio extraordinario a los y las familiares de los y las tripulantes del Submarino ARA San Juan.

Además, los legisladores podrán discutir el proyecto de ley por el cual se aprueba el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes y el de presupuestos mínimos para la implementación de la Educación Ambiental.

Entre los 27 temas incluidos en la agenda parlamentaria de extraordinarias figuran además las iniciativas sobre etiquetado frontal de alimentos para advertir sobre el consumo de los azúcares, y una propuesta de reforma de artículos a ley de Defensa de la Competencia.

También figura la propuesta tendiente a sustituir distintas disposiciones de la Ley N° 26.912 y sus modificatorias sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.

Otra propuesta es la que establece un sistema de créditos hipotecarios, el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el marco legal aplicable en el país para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de los productos Fitosanitarios / Agroquímicos empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

En las últimas sesiones ordinarias -ampliadas hasta el 3 de enero- el Senado convirtió en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, en un debate histórico de ese cuerpo legislativo.

La ley girada al Poder Ejecutivo Nacional deberá ser promulgada por el Gobierno y, para eso, cuenta con diez días hábiles, que vencen el 14 de este mes. Como es de rigor, tras esa instancia llegará el paso de la reglamentación, también en manos del Ejecutivo.

La actividad forma parte de las tareas que lleva adelante el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial. Desde la UNR señalan que es necesario “incorporar la perspectiva de la ciudadanía” para lograr un sistema más transparente y democrático.

Este viernes 11 de septiembre la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será sede de la audiencia pública virtual “Hacia una Reforma Judicial”, en un encuentro federal coorganizado con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

La iniciativa tiene como objetivo que la Universidad articule múltiples voces, brindando un espacio abierto para que todas las personas y sectores interesados/as puedan expresar sus opiniones y consideraciones de lo que debería ser una reforma integral del Poder Judicial en Argentina.

También se propone informar a la ciudadanía sobre los puntos más relevantes que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo respecto a las reformas judiciales.

El decreto 635/2020 del Ejecutivo nacional creó el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Este Consejo comenzó a funcionar el 18 de agosto y tiene un plazo de 90 días para realizar un dictamen con propuestas y recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento al mandato constitucional del sistema de juicio por jurado.

Asimismo, actualmente se encuentra en debate en el Congreso de la Nación la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, proyecto que tuvo media sanción en el Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Democracia y transparencia

La directora del Área de Vinculación Social y Acceso a la Justicia de la Facultad de Derecho de la UNR, Constanza Estepa, señaló en diálogo con El Ciudadano que es necesaria una reforma integral de la Justicia “principalmente porque el nivel de credibilidad de la ciudadanía en torno al Poder Judicial es muy bajo”.

En ese sentido, Estepa enumeró que “el orden de mérito que se requiere para ser juez o jueza no tiene mucho que ver con los resortes institucionales de la democracia, no están sometidos al voto popular, es muy difícil la rendición de cuentas, los salarios de los jueces y las juezas están muy por encima de otros sectores y me parece que ahí falta incorporar la perspectiva de la ciudadanía, más allá de lo que puedan decir los abogados y las abogadas, para ir a un sistema más transparente y más democrático”.

Sobre la actividad convocada para este viernes, la funcionaria universitaria dijo que “las exposiciones pueden versar, o no, sobre lo que se está discutiendo en el Congreso. Nosotros vemos que la apuesta fuerte del Ejecutivo tiene que ver más con la segunda etapa (Organización y Competencia de la Justicia Federal). De cualquier manera la convocatoria es abierta y todos pueden participar”.

Disertantes

La audiencia pública del viernes 11 contará con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, juristas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes institucionales, centros de estudiantes, colegios de profesionales, sindicatos, centros de estudios e institutos de investigación. La Audiencia se extenderá por más de 12 hs. y será transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube de la UNR desde las 8.30 hasta las 21.

La apertura contará con la participación de los Rectores Franco Bartolacci (UNR), Jorge Fabián Calzoni (UNDAV) y Darío Kusinsky (UNPAZ) y el Senador Nacional Roberto Mirabella. Durante la jornada expondrán el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, los diputados nacionales Marcos Cleri y Germán Martínez, la Senadora Nacional, María de los Ángeles Sacnun, el Juez Nacional en los Civil, Gustavo Caramelo y la Jueza Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, entre otros/as.

“La convocatoria está dada en miras de mejorar el funcionamiento de una de las instituciones de la República, a partir de involucrar activamente a la ciudadanía en un debate robusto y serio sobre las implicancias que tiene el Poder Judicial en nuestro país. La totalidad de las intervenciones serán grabadas y transcriptas para ser entregadas oportunamente por las Universidades al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”, indicaron desde la UNR.

El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma “no era prioritaria” en medio de la pandemia de coronavirus.

En el final de la sesión, el oficialismo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del “puntapié inicial” de una reforma que “debe ser más amplia”.

Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

La mención a los medios de comunicación había sido introducida en el debate en comisiones por el propio Parrilli, quien hoy aceptó retirarla tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.

No obstante, Parrilli afirmó que “las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces” existen y manifestó que su inclusión funcionó como “un anzuelo” para descubrir a los dirigentes de la oposición que son “voceros” de algunos medios de comunicación.

La discusión en el Senado fue seguida durante la tarde de hoy desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.

Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de “oponerse por oponerse” y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.

El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró que no cree “en las casualidades” respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo “no hace lo que ellos dicen”, y aseguró que reaccionan porque el presidente Alberto Fernández “está midiendo una barbaridad” de cara a los comicios del año próximo.

En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”, senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy “es una primera ley” pero que harán falta más para “completar” una reforma del Poder Judicial.

La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca “garantizar la independencia de los jueces” y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado “una persecución judicial” contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.

En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es “un intento de colonizar la justicia” con “un reparto de cargos” para “proteger a los autores de delitos de corrupción”.

La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.

También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.

El oficialismo argumenta que la iniciativa permitirá una “mayor transparencia” en el Poder Judicial.

El Senado trata este jueves en una sesión especial el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno y el oficialismo confía en aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados en medio de fuertes críticas de la oposición.

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, convocó a la sesión con un temario corto en el que se destaca el proyecto que abrió una nueva polémica entre el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos por el Cambio, en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena.

El proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández recibió varias modificaciones durante su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, pero los cambios no morigeraron el rechazo de la oposición.

La bancada oficialista del Frente de Todos cuenta con mayoría más que suficiente para aprobar la iniciativa en la sesión remota y girarla a la Cámara de Diputados, donde hasta el momento no tiene los votos para sancionarla.

El jefe del bloque, José Mayans, afirmó este miércoles que “el proyecto es muy bueno” y ratificó que apunta a agilizar el cambio del sistema iniquisitivo al acusatorio, donde las investigaciones recaen en los fiscales y ya no en los jueces.

Además, los senadores del oficialismo argumentan que la iniciativa permitirá una “mayor transparencia” en el Poder Judicial, con críticas al manejo de las causas que se llevó durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, a quien le adjudican la creación de una “mesa judicial”.

De hecho, en la previa de la discusión parlamentaria, Cristina Kirchner repitió esa idea, al tiempo que afirmó que al proyecto “se lo ha titulado erróneamente ´Reforma Judicial´” y agregó que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial”.

En tanto, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio se prepara para dar la discusión en la sesión remota ante un proyecto que, según consideran, busca “impunidad” para ex funcionarios del kirchnerismo y “no es prioritario en medio de la pandemia”.

La oposición pidió en reiteradas oportunidades que el debate sobre este proyecto fuera postergado y sumó el acompañamiento a ese pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Si bien las chances de bloquear el proyecto en el Senado son nulas, la oposición confía en una disputa más pareja en la Cámara de Diputados, donde incluso los bloques que suelen acompañar al oficialismo se expresaron en contra de la iniciativa.

El punto central de la iniciativa es la unificación de los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un fuero que se llamaría Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la unificación se vería ampliada de 12 a 23 la cantidad de jueces con competencia en las causas sobre delitos federales como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y lesa humanidad, entre otros.

No obstante, las causas actualmente en proceso en los tribunales y cámaras de apelaciones de esos fueros “continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”, según el proyecto.

Durante el tratamiento en las comisiones la mayoría de los juristas y expertos consultados criticaron diversos aspectos de la iniciativa, con varias coincidencias sobre una posible “contradicción” con el objetivo que se plantea.

En este sentido, cuestionaron la conveniencia de crear nuevos juzgados en distintos puntos del país cuando deberían fortalecerse y ampliarse las fiscalías para cumplir con el fin de adaptarse al sistema acusatorio.

Entre los cambios hechos al proyecto por el Frente de Todos luego de esas audiencias, el más notable fue que se dejó de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, algo que también había sido cuestionado por jueces de esos fueros.

Otro fue que los sorteos de causas serán “grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad” para garantizar la “transparencia” y se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato.

Sin embargo, introdujeron a pedido del oficialista Oscar Parrilli un cláusula que afianzó más el rechazo de la oposición y que exhorta a los jueces a denunciar “en forma inmediata” supuestas presiones “de los poderes mediáticos”.

Reclamó que avance el proyecto en el Congreso y volvió a acusar al gobernador de Jujuy Gerardo Morales por su detención.

Milagro Sala consideró que el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno sería la única manera para recuperar la libertad. La jefa de la organización Tupac Amaru planteó que si la iniciativa no se convierte en ley “no va a pasar nada” con la situación de dirigentes como ella, que cumple arresto domiciliario en su casa en Jujuy.

Algunos de los ejes del proyecto son la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, y la duplicación de los juzgados federales. Los cambios serán propuestos por un Consejo Consultivo integrado entre otros por Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Sala volvió a vincular al gobernador Gerardo Morales con su detención. “Si no cambia la metodología y se saca el cartel del partido radical de Jujuy nunca vamos a poder recuperar la libertad”, dijo. La dirigente sostuvo que “hay que hacer todo un cambio en la Justicia, sobre todo en Jujuy, donde está pintada con los colores de la UCR”. “Si no hay reforma no va a pasar nada con nosotros”, afirmó en diálogo con El Destape Radio, y pidió que el proyecto avance en el Congreso.

Desde 2018 la dirigente cumple arresto domiciliario por varias condenas, por orden de la Corte Suprema de Justicia. Entre esas penas está el expediente conocido como “Pibes Villeros”, por la que recibió una condena de 13 años de cárcel por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales.

La dirigente también criticó al gobernador Morales por la situación que atraviesa la provincia por la pandemia y lo acusó de “mentir con la cantidad de fallecidos”. Dijo que leyó un informe que dice que este mes murieron 14 personas por la enfermedad, algunos de ellos en sus casas. Aseguró que “no se están pasando los informes verdaderos” y que las autoridades provinciales “están mintiendo”.

Cuestionó que al personal de salud de Jujuy no le hagan el hisopado, algo que se realiza por ejemplo en Capital Federal. Sostuvo que las autoridades provinciales “van a Buenos Aires hechos unos gatitos y acá están hechos unos leones”. Aseguró que “están muriendo muchísimos jujeños” por COVID-19 y que en el interior “no hay médicos, y es grave”.

Sala además dijo que el jefe provincial “está aprovechando la pandemia para hacer grandes negociados políticos”. Señaló que “hay algunas clínicas privilegiadas que solo pueden hacer los test de coronavirus y otras no” y que “hay negociados con camioneros”. Planteó también que “los hospitales están desabastecidos”.

La situación epidemiológica en Jujuy

Jujuy registró en las últimas semanas un fuerte aumento de casos, y según información oficial en las últimas horas se produjeron dos nuevas muertes y otros 38 casos de COVID-19. En total registraron 3925 contagios y 97 muertes desde que empezó la pandemia.

El proyecto de Ley de Reforma Judicial que impulsa el Gobierno comenzará esta tarde a ser debatido en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en la primera de una serie de audiencias que continuará hasta fin de mes.

La ministra dará detalles del proyecto de reforma judicial desde las 16:00 en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

Luego, Losardo responderá una ronda de preguntas de los senadores en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición.

De esta forma, se buscará profundizar el debate con la presencia de especialistas convocados por ambas bancadas -cuyos nombres se darán a conocer este martes- para llegar a la firma del dictamen que podría hacerse en la tercera semana de este mes.

La idea sería que el proyecto llegue al recinto de sesiones antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados.

El interbloque de Juntos por el Cambio anticipó su rechazo al proyecto y se espera que este martes sus senadores den a conocer sus críticas a la iniciativa.

Por medio de un comunicado, la dirigencia de ese espacio opositor anunció este lunes que se opone a la propuesta del Ejecutivo y calificó la decisión como una “desconexión de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario” de crisis por la pandemia.

Se trata de León Arslanian. El fallo llega por un altercado que protagonizó cuando era ministro. Deberá pagar casi medio millón de pesos.

Ayer Alberto Fernández protagonizó un importante acto en la Casa Rosada: anunció la Reforma Judicial que enviará al Congreso, y presentó al equipo de 11 juristas que asesorarán al Poder Ejecutivo en dicha tarea. Uno de ellos es León Arslanian, un histórico abogado que también fue ministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde. En 1998 protagonizó un duro cruce: acusó en una entrevista televisiva a un comisario platense de tener que ver con la desaparición de fondos de caja chica. Más de 20 años después, y en la misma semana que el Presidente lo convocó para ser parte del comité de expertos, la Justicia falló en su contra.

Ahora Arslanian deberá pagarle $360 mil más intereses, y también los gastos del juicio, a Daniel Omar Giuffrida, el comisario de La Plata al que el entonces ministro había acusado en una entrevista. El jurista había asegurado que el policía recaudaba dinero “de manera ilegal” y lo había pasado a retiro. El mismo día en que esto ocurrió, el 4 de junio de 1998, Giuffrida se autodenunció en la fiscalía de turno de la ciudad capital de Buenos Aires, y recién ahora, más de dos décadas después, llega la condena. “Arslanian no tiene sustento de lo que dice y está desorientado”, había escrito el policía en una carta de lectores en el diario “El Día” en 1999, cuando se cumplía un año de la expulsión de Giuffrida y de otros 300 agentes, en lo que había sido una “purga” famosa en aquel entonces.

Ahora, la jueza platense Fabiana Maricel Coradi falló contra uno de los juristas que nominó el Presidente. Deberá pagar. Lee el fallo completo, que subió “Apropol”, el sindicato de policías santafesino.

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El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público deberá elaborar un dictamen con “propuestas y recomendaciones” al Ejecutivo sobre reformas a la justicia, entre ellas referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días.

El Gobierno nacional oficializó hoy la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que a partir del 18 de agosto próximo deberá elaborar un dictamen con “propuestas y recomendaciones” al Ejecutivo sobre reformas a la justicia, entre ellas referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días.

Así lo hizo a través de la publicación del Decreto 635/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández, quien hizo el anuncio ayer en la Casa Rosada.

Los ejes sobre los que los juristas deberán hacer sugerencias son una “descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”, señala la norma.

Asimismo, precisa que los juristas convocados deberán analizar el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional”.

También, la comisión deberá evaluar el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.

El decreto especifica que el dictamen que efectúe el Consejo Consultivo “será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas”.

Los integrantes son Caudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, Maróa del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Carlos Arslanian y Enrique Bacigalupo.

En los considerandos de la norma, se señala la necesidad de que el trabajo del Consejo “se encamine sobre la base de pasos firmes y amplios consensos”, y señala que, por eso, se eligió a “personalidades del ámbito del Derecho” que “demostraron en su trayectoria un compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho”.

El organismo de juristas funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación.