La "libertad garantizada" de abortar entró este lunes (04.03.2024) en la Constitución francesa, tras una histórica votación que convirtió a Francia en el primer país en blindar esta práctica y que busca enviar un mensaje al mundo tras varios reveses.

Con 780 votos a favor, por encima de los 512 requeridos, los legisladores adoptaron esta reforma constitucional durante un Congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, al oeste de París.

"Digo a todas las mujeres, dentro de nuestras fronteras y más allá, que la era de un mundo de esperanza comienza", aseguró el centro-derechista primer ministro Gabriel Attal, tras subrayar que esta práctica "sigue en peligro" en el mundo, "a merced de aquellos que deciden".

Fierté française, message universel.Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4

La ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, anunció el presidente Emmanuel Macron, que celebró "un orgullo francés, mensaje universal".

Casi medio siglo después de su despenalización en Francia, existe un amplio apoyo social en el país europeo, pero la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 de dejar de reconocerlo como un derecho a nivel federal activó las alarmas.

Meses después de este retroceso estadounidense, la oposición de izquierda y el oficialismo en Francia comenzaron un largo proceso legislativo, que culminó este lunes con una gran mayoría.

Antes que Francia, Chile ya intentó introducir el derecho para las mujeres a "una interrupción voluntaria del embarazo" en su proyecto de nueva Constitución en 2022, que los chilenos rechazaron en referendo.

En el lado opuesto, algunos países la prohíben implícitamente en su Constitución al defender el derecho a la vida desde la concepción, como en el caso de República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador.

La ONU se mostró en contra de la reforma constitucional y expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

El representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, envió ayer una carta al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la que hace referencia a la reforma constitucional provincial que desató una ola de protestas y al accionar de la policía para dispersar las manifestaciones.

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El objetivo de la carta, según menciona Jarab, es “expresar la preocupación por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”.

Jan Jarab pidió “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia”.

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En la carta también hizo referencia a los heridos durante la represión y detalla en el escrito: “Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina también recibió información sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.

Por otro lado, menciona también que la ONU “recibió información indicando que, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”.

Pese a esto, la carta continúa con una serie de sitas sobre lo que es considerado derechos humanos cuando se trata de manifestarse de forma pacífica: “El derecho de reunión exige que su ejercicio sea pacífico: los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que ‘la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia’. Esto resulta relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes de calles y de rutas y a ‘toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas’. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, sostiene Jarab.

Con el 99,40% de los votos escrutados, el 61.88% de los chilenos rechazó la propuesta de una nueva Carta Magna. Tras confirmarse la tendencia en las urnas, miles de personas comenzaron a festejar en todo el país.

Una contundente mayoría en Chile rechazó este domingo (04.09.2022) la propuesta de Constitución que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) por otra con más derechos sociales, en un resultado que superó las expectativas más optimistas de la oposición conservadora.

“Hoy día no hay ganadores ni perdedores. Hay chilenos que nos tenemos que volver a encontrar”, dijo el líder de la campaña del “Rechazo”, Claudio Salinas.

La opción de aceptar la nueva Carta Magna, que consagraba un nuevo abanico de derechos sociales, fue apoyada por solo el 38 % de los electores.

Según los datos oficiales del Servicio Electoral de Chile (SERVEL), la opción de Rechazo a la nueva Constitución obtuvo 7.842.477 votos (61,88%) contra 4,830,725 votos (38,12%) a favor del cambio constitucional.

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Festejos en todo el país

Nada más confirmarse la tendencia en las urnas, miles de chilenos con banderas nacionales salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país para celebrar el aplastante triunfo de quienes rechazaron la propuesta de nueva Constitución.

“¡Chile es, y será, un país es libertad!”, fue una de las consignas más repetidas esta noche en los barrios más acomodados de Santiago de Chile, donde jóvenes, ancianos y niños tomaron plazas y carreteras, a bordo de vehículos, entre gritos de júbilo, oraciones, fuegos de artificio y descorche de botellas.

"Atención, no fue Gabriel Boric de Chile quien ganó las elecciones. Fue el pueblo chileno el que perdió cuando no fue a votar. Ahora fueron a votar, salieron a la calle y rechazaron la constitución socialista de Boric. El pueblo chileno ya lo rechaza." pic.twitter.com/LNUpKLtrEn

— Beltongomes (@beltongomes) September 5, 2022

Los festejos se repetían en ciudades como Temuco, Concepción y Puerto Montt, donde los adherentes de la opción Rechazo han salido a las calles con banderas de Chile, bocinas y pancartas, reportó el diario local La Tercera.

En un primer análisis de los resultados, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fuerza conservadora, Javier Macaya, aseguró a la prensa que “esto superó absolutamente el escenario tradicional de la derecha contra la izquierda. Esa es la razón por la cual hoy día ha triunfado el sentido común”.

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Boric convocó a los partidos políticos

En pleno escrutinio, la prensa local reveló que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha convocado a los líderes de todos los partidos políticos a una reunión este lunes en el Palacio de La Moneda para analizar los resultados. En el balotaje de las presidenciales fue de más del 60% a favor de Boric.

Tras el rechazo en el plebiscito, seguirá vigente la actual ley fundamental, aunque Boric ya anunció que, en ese caso, convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional.

Más de 15,1 millones de ciudadanos fueron llamados a votar este domingo para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución redactada durante un año por una convención elegida tras la ola de protestas de 2019.

Las estimaciones de las encuestas contrastan también con el 80% que en el plebiscito de 2020 votó a favor de redactar una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país un año antes en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual.

Esta situación está vinculada en parte con que algunos miembros de la Convención Constituyente, que en general no pertenecían a los partidos políticos, “defraudaron a buena parte de las personas que apostaron por estos nuevos nombres como portadores de la voluntad popular”, señaló a Télam Rodrigo Espinoza, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

También lo relacionó con la campaña de “fake news” que instalaron en medios de comunicación y las redes sociales los sectores de derecha, que aportó al temor por parte de la población indecisa, estimada en entre el 10% y el 15%.

Por su parte, el politólogo Marcelo Mella Polanco apuntó a esta agencia que “este nuevo proyecto no conecta con el sentido común de la mayor parte del electorado, que quiere cambios, pero de forma gradual”.

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De hecho, el contenido de la nueva Carta Magna recibió críticas tanto de la derecha como desde el oficialismo, que ya anticipó que habrá cambios al texto en caso de ganar el apruebo.

Algunos de los aspectos que se consideran más controvertidos están vinculados al nuevo Poder Judicial, el consentimiento indígena para cambios constitucionales, la eliminación del Senado por la Cámara de las Regiones y la reelección presidencial.

La actual Constitución pinochetista, a pesar de tener una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), fue el centro de los reclamos ciudadanos durante el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre la mayoría de los partidos para redactar una nueva Carta Magna.

Por eso, cualquiera sea el resultado del domingo, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse deberá implementarse con leyes que legisle el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.

El plebiscito se realizará este domingo de 8 a 18 (9 a 19 de Argentina), con más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar, de las cuales hay casi 100.000 en el exterior.

A diferencia de otras elecciones, el voto será obligatorio, por lo que todo el padrón podrá volcarse a las urnas, lo que genera algo de incertidumbre en el resultado, ya que en Chile el sufragio es voluntario y solamente cerca del 50% asiste habitualmente a los centros de votación.

Al ser obligatorio y por la importancia de la elección, el Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que votarán más de las ocho millones de personas que lo hicieron en la segunda vuelta presidencial de diciembre pasado, cuando Gabriel Boric fue electo con la participación de 55,02% del padrón.

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Ante una gran afluencia de personas, no se descarta que las mesas cierren después del horario programado.

En total serán 38.472 mesas de votación en Chile y 286 en el extranjero, distribuidas en 2.914 centros de sufragio en el país y 116 fuera del territorio nacional (3.030 en total).

Por primera vez el Servel modificó el lugar de votación en base a criterios de georeferenciales, para que los traslados sean menores.

El transporte público será gratuito en las grandes ciudades, para posibilitar el acceso a los centros de votación y en el caso de no asistir, las personas podrían exponerse a multas entre 30.000 y 180.000 pesos chilenos (entre 33 y 200 dólares), salvo que sean mayores de 75 años, tengan alguna discapacidad o estén a más de 200 kilómetros de su lugar de sufragio.

Como es habitual en Chile, el conteo de votos se realiza “a viva voz” en cada mesa (una vez que está cerrada) y las personas y los medios pueden estar presentes para registrar ese momento.

Los resultados, según declaró a los medios el presidente del Servel, Andrés Tagle, podrían demorarse un poco más de lo habitual, ante la mayor presencia de votantes que se espera.

Según estimaciones del ente, dos horas después del cierre de mesas estarían los primeros resultados parciales, y los definitivos estarían cerca de la medianoche, aunque cerca de las 22 podría conocerse una tendencia importante.

La diputada presentó una iniciativa para modificar la Carta Magna “para que el Estado santafesino esté más abierto a escuchar y más cerca de la sociedad”

La diputada Lucila De Ponti presentó un proyecto de reforma constitucional que introduce cambios en la Carta Magna provincial para actualizar elementos que hoy no se encuentran debidamente establecidos y adecuarlos a la legislación vigente.

“La reforma constitucional tiene que ser una oportunidad para democratizar las instituciones”, explicó la legisladora del Movimiento Evita, quien solicitó que el debate “no se agote en la actualización de las cuestiones formales, sino que logremos que el Estado santafesino esté más cerca de la sociedad y más abierto a escucharla”.

Entre los principales puntos del proyecto, se destaca la incorporación de elementos en materia de Derechos Humanos, derechos ambientales, de seguridad democrática, acceso a la salud y justicia, incluyendo perspectiva de género y la adecuación del texto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, con un lenguaje no sexista y accesible a toda la sociedad.

“Es una oportunidad para discutir la democratización de los espacios desde donde se toman las decisiones y promover la participación ciudadana”, explicó De Ponti, quien argumentó sobre la necesidad de contar con un sistema normativo adecuado a los tiempos actuales.

“Pasó mucho tiempo desde la última reforma y es necesario incorporar derechos fundamentales que son imprescindibles para garantizar una mejor calidad de vida como el acceso a la justicia y a la salud, la seguridad, los derechos humanos, la perspectiva de género, la autonomía municipal y la participación juvenil, entre otros”, aseguró.

El proyecto permite la reelección del gobernador por un período consecutivo -lo cual empezaría a regir a partir del 2031-, garantiza el acceso igualitario a los servicios públicos e incorpora a la economía social, popular y solidaria a los lineamientos que aseguren la actividad económica. También incorpora la paridad de género en cargos.

“Es clave que no dejemos pasar esta oportunidad de construir acuerdos entre todos los sectores políticos que queremos darle a Santa Fe una mejor calidad institucional”, finalizó.

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El papa Francisco avanza con su reforma constitucional de la Curia romana, con la que busca plasmar “en lenguaje canónico” el cambio que impulsa desde su elección en 2013, y espera poder promulgar el próximo 29 de junio la nueva carta magna apostólica que regirá el funcionamiento de la Santa Sede, con el título “Prediquen el Evangelio”.

Según plantearon fuentes vaticanas a Télam, la idea del Papa es poder promulgar el texto, en el que incorporará con rango constitucional muchas de sus reformas, el 29 de junio, día en que se celebra la denominada fiesta de San Pedro y San Pablo según la tradición católica.

El Papa se reunió el jueves, por videoconferencia, desde su residencia de Casa Santa Marta con el consejo de cardenales que lo asesora en la reforma de la Iglesia, en el trigésimoquinto encuentro de redacción de la nueva constitución desde el primero de octubre de 2013.

El pontífice tuvo un sprint definitivo durante enero y febrero, en el que escribió más de 10 capítulos, y está a la espera de incorporar las últimas correcciones que llegaron desde Dicasterios y Conferencias Episcopales

Los trabajos de redacción, que en los últimos meses se centraron en “traducir a lenguaje canónico” las propuestas de cambios, apuntan introducir todas las reglamentaciones elaboradas por el Papa desde su elección para dar forma a la nueva consticuión que reemplazará a la vigente “Pastor Bonus”; de 1988.

El pontífice, plantearon las fuentes, tuvo un sprint definitivo durante enero y febrero, en el que escribió más de 10 capítulos, y está a la espera de incorporar las últimas correcciones que llegaron desde Dicasterios y Conferencias Episcopales.

En octubre pasado, Francisco incorporó al cardenal centroafricano Fridolin Ambongo Besungu a su consejo asesor con el que busca acelerar la reforma constitucional de la Curia romana que prepara desde 2013 y en la que incluirá la legislación que impulsó en la lucha contra la pederastia, entre otros temas.

A la espera de materializar en el nuevo texto su visión de la Iglesia, Francisco planteó en el último encuentro a los cardenales que de todos modos “la reforma ya está en marcha, también en algunos aspectos administrativos y económicos”, informó a Télam uno de los participantes de la reunión del Papa con siete cardenales y el secretario canónico del grupo.

La nueva carta magna prevé la creación de un nuevo Dicasterio dedicado a la Evangelización y la fusión de varias oficinas vaticanas, por ejemplo las destinadas a Educación y Cultura

Además de la incorporación del purpurado africano, el Papa decidió entonces que el italiano Marco Mellino se convierta en el nuevo secretario canónico del consejo asesor, en reemplazo de Marcelo Semeraro.

Los otros integrantes del consejo son los cardenales italianos Pietro Parolin y Giuseppe Bertello; el alemán Reinhard Marx; el estadounidense Seán Patrick O’Malley; el hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga y el indio Oswald Gracias.

Entre los puntos más importantes, la nueva carta magna prevé la creación de un nuevo Dicasterio dedicado a la Evangelización y la fusión de varias oficinas vaticanas, por ejemplo las destinadas a Educación y Cultura.

De importancia será también la incorporación con rango constitucional de toda la nueva legislación en materia de lucha a la pederastia promulgada por Bergoglio, incluida la abolición del secreto pontificio para los casos de abusos dispuesta a fines de 2019, agregaron fuentes vaticanas.

La nueva Carta Magna reemplazará a la “Pastor Bonus”, la Constitución Apostólica promulgada por Juan Pablo II, en vigor desde el 28 de junio de 1988, compuesta por 193 artículos, 2 anexos y posteriores modificaciones introducidas por Benedicto XVI y Francisco.

El proyecto de reforma sancionado pasa al Ejecutivo para su promulgación, que habilitaría la convocatoria a la elección de convencionales constituyentes, que en principio se realizará el 4 de julio próximo, junto con las elecciones para elegir cargos provinciales.

Los diputados provinciales salteños sancionaron por mayoría y en sesión extraordinaria un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de Salta que, entre otros puntos, limita la reelección del gobernador.

“Desde el Gobierno estamos agradecidos y satisfechos con el trabajo de los legisladores. Anoche, una gran cantidad de diputados han acompañado el proyecto, que es un compromiso de campaña del gobernador Gustavo Sáenz”, dijo a Télam el secretario general de la Gobernación de Salta, Matías Posadas.

Luego, destacó que “el tema central” de esta reforma “es la limitación de los mandatos, que es algo novedoso, porque la tendencia es siempre tratar de ampliar los mandatos de los distintos cargos”.

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“Se reforma la Constitución para limitar estos mandatos no solo del gobernador y el vicegobernador, sino también de los legisladores y los intendentes”, explicó el funcionario, quien agregó que se trata de “un cambio importante”.

El miércoles, la Cámara de Diputados de Salta sancionó, por mayoría, el proyecto de ley de necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial, en una sesión extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo.

Durante esa sesión, que se extendió por más de 8 horas, hasta casi la medianoche, la diputada Socorro Villamayor, del Bloque Salta Tiene Futuro, aseguró que “por primera vez se van a autolimitar los propios políticos en el ejercicio de sus mandatos”.

“Esto marca un antes y un después en la historia de Salta, gracias al trabajo, la promesa y el compromiso cumplido del gobernador Gustavo Sáenz, que presentó este proyecto a la Legislatura”, el 1 de abril del año pasado, al abrir el período legislativo, expresó la legisladora.

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Villamayor, que fue el miembro informante del dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, afirmó que “este proyecto se basa en un clamor de la sociedad, en un pedido concreto de aquellos que entendemos a la democracia como una forma de gobierno donde la representación y el régimen republicano deben respetarse a rajatabla”.

El proyecto, que la semana pasada recibió media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores de Salta, fue aprobado en general, por 51 votos a favor y 5 en contra, con la oposición de los diputados Claudio Del Plá, del Partido Obrero; Julio Moreno y Carlos Zapata, de Ahora Patria; Gladys Moisés del PRO; y Héctor Chibán, de la Unión Cívica Radical.

En tanto, a la hora de la votación en particular, el artículo 1 del proyecto, que nuclea el articulado que la Convención Constituyente estará habilitada a modificar, recibió 42 votos a favor y 14 en contra.

Esto debido a que los bloques Justicialista, del Partido de la Victoria y del Partido Renovador de Salta aseguraron estar de acuerdo en la necesidad de la reforma, pero no con todos los temas incorporados para modificar en la Constitución.

El diputado Santiago Godoy, del Bloque Justicialista, aseguró estar de acuerdo con la necesidad de la reforma, pero opinó que “se está perdiendo una oportunidad histórica” de “incorporar derechos nuevos” como “la conectividad, la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género o el agua potable”, entre otros.

“Estamos de acuerdo en casi todo lo que propone la reforma, menos en lo de la inamovilidad de los jueces Corte de Justicia, porque la longevidad y el cargo de por vida no dan independencia”, aseguró Godoy.

La sesión extraordinaria, que se desarrolló de manera mixta, con diputados que participaron en el recinto legislativo y otros que lo hicieron vía internet, fue convocada por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el decreto 105/21, y presidida por el titular del cuerpo, Esteban Amat Lacroix.

La ley sancionada habilita a los convencionales constituyentes a modificar la cantidad de reelecciones de los legisladores provinciales; la fecha de inicio de sesiones ordinarias en ambas Cámaras; y la adecuación del artículo 137, que facultaba en años anteriores a la Legislatura para la elección de los senadores nacionales y quedó obsoleto con las últimas reformas.

Además, establece la modificación del artículo 140, sobre la cantidad de reelecciones del gobernador y el vicegobernador; y el artículo 144 que adecúa el informe a la Asamblea Legislativa del mandatario provincial sobre el estado general de la Provincia a la nueva fecha de inicio del periodo de Sesiones Ordinarias.

En materia judicial, se habilitará el debate del artículo 156, en sus párrafos 1 y 3, sobre jueces de Corte y jueces inferiores, al tiempo que se habilitará la discusión sobre la integración de la Auditoría General de la Provincia, entre otros temas.

“Se aprobó la posibilidad de reformar la conformación de la Auditoría y se habilitó a los convencionales para ampliar el período de trabajo de los legisladores, al adelantar el inicio de las sesiones ordinarias”, que actualmente está establecido en el 1 de abril, explicó Posadas.

Asimismo, hizo referencia a la importancia de poder revisar “la duración de los mandatos de los jueces de la Corte de Justicia”, entre otras modificaciones.

“Una vez que este proyecto de ley sancionado llegue al Poder Ejecutivo y se promulgue, quedamos habilitados para convocar a la elección de convencionales constituyentes”, que en principio se realizará el 4 de julio próximo, para cuando están convocadas las elecciones para elegir cargos provinciales.

Además, comentó que, una vez elegidos, los convencionales constituyentes tendrán un plazo de 60 días para sesionar e introducir los cambios a la Constitución, y resaltó que “es importante que quienes propongan a los candidatos a convencionales se comprometan con la ciudadanía en avanzar en este espíritu de la reforma”.

El papa Francisco y su consejo asesor de seis cardenales definen esta semana los detalles de la nueva Constitución Apostólica, “Prediquen el Evangelio”, con la que el pontífice reemplazará una carta magna de Juan Pablo II con el objetivo de darle marco jurídico a una serie de reformas que ha impulsado en la curia romana.

Jorge Bergoglio y el consejo conocido como C6 se reunirán hasta mañana en la residencia de Casa Santa Marta para definir la redacción final de la nueva Constitución, que reemplazará a la vigente “Pastor Bonus”, de 1988, y que el Papa espera promulgar el 28 de junio, según fuentes consultadas por Télam.

Una primera versión del texto ya fue enviada a los jefes de los Dicasterios de la Curia y a las principales conferencias episcopales del mundo, que entregaron una serie de sugerencias de corrección que están bajo evaluación del Papa.

Entre los puntos más importantes, la nueva carta magna prevé la creación de un nuevo Dicasterio dedicado a la Evangelización y la fusión de varias oficinas vaticanas, incluida la desaparición de la pontificia comisión para América Latina, que será absorbida por la secretaría de Estado.

El C6, que con distintos formatos se reúne cada tres meses con el Papa desde 2014, está compuesto por los cardenales Pietro Parolin, Óscar Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello y Oswald Gracias.

También son parte del grupo los dos encargados de traducir el texto al lenguaje canónico para su redacción final, los secretarios Marcello Semeraro y Marco Mellino.

La nueva carta magna reemplazará a la “Pastor Bonus”, la Constitución Apostólica promulgada por Juan Pablo II, en vigor desde el 28 de junio de 1988, compuesta por 193 artículos, 2 anexos y posteriores modificaciones introducidas por Benedicto XVI y Francisco.