Los anuncios decían, "un día negro para la democracia israelí" en un pequeño texto blanco en la parte inferior. También en texto pequeño en la parte superior estaba la palabra "anuncio". 

Los principales periódicos de Israel publicaron este martes portadas negras en protesta por la reforma judicial, cuya primera ley fue aprobada por la Knesset (Parlamento unicameral del país) el 24 de julio.

Las tapas de los periódicos Yediot Aharonot, Haaretz, Calcalist e Israel Hayom aparecieron totalmente cubiertas de negro por debajo de la mancheta (cabecera) y la fecha. En la parte inferior se añade el mensaje: "La locomotora de Israel no se rinde. Protesta de la industria de alta tecnología".

Según destaca The Jerusalem Post, las páginas eran anuncios pagados por el movimiento israelí Hi-Tech Protest, un grupo que reúne a representantes de empresas de alta tecnología, incluidos directores generales, inversores de capital riesgo, empresarios autónomos y empleados fijos de alta tecnología.

Este lunes, los legisladores israelíes aprobaron el controvertido proyecto de reforma judicial que impide a la Corte Suprema ejercer control alguno sobre la razonabilidad de las decisiones del Gabinete y los ministros, incluidos los nombramientos y la decisión de no ejercer las facultades conferidas.

El primer gran proyecto de ley de la reforma judicial del Gobierno fue aprobado en la Knesset por 64 votos a favor y 0 en contra, después de que todos los miembros de la coalición gobernante votaran a favor, mientras que todos los miembros de la oposición abandonaron el recinto cuando se celebraba la votación nominal.

La aprobación de esta ley representa el primer gran paso de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.

En respuesta a las portadas negras, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, denunció que no se trata de “una protesta popular” sino que las portadas fueron compradas por “entidades extranjeras que financian las manifestaciones” y que “están haciendo una campaña para destruir el país”.

עלו עלינו!והשתדלנו כל כך להסתיר את הלוגו שלנו **בעמוד השני בעיתון** https://t.co/0sVoNrRPjc pic.twitter.com/V3jF0IHaRW

Durante toda la jornada de ayer y hasta la madrugada de hoy, miles de israelíes salieron a las calles de todo el país para protestar contra la reforma.

La manifestación más concurrida tuvo lugar en Tel Aviv, epicentro de las protestas desde hace más de medio año y donde los manifestantes bloquearon una carretera central y se enfrentaron con la Policía durante varias horas.

Estos enfrentamientos se saldaron con al menos 18 detenidos y 10 policías heridos e incluyeron el uso de cañones de agua y policía montada para dispersar a los manifestantes.

Los organizadores de las manifestaciones informaron que al menos 32 manifestantes resultaron heridos durante las protestas de ayer, 19 de los cuales fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

En paralelo con las protestas en las calles, la Asociación de Médicos de Israel anunció que mantendrá durante este martes una jornada de huelga en protesta por la reforma, en la que los hospitales y centros médicos operarán de forma limitada.

Esta decisión sigue al anuncio por parte de la federación de sindicatos de Israel, Histadrut, de que están considerando la convocatoria de una huelga general en el país.

Por otra parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, anunció que este martes apelarían ante el Supremo la ley aprobada ayer en el Parlamento e instó a los manifestantes a “no rendirse” porque “la batalla no ha terminado”.

Netanyahu defendió anoche la anulación de la doctrina de la razonabilidad durante un discurso televisado, en el que argumentó que esta permite “que el Gobierno electo pueda conducir la política de acuerdo con la decisión de la mayoría de los ciudadanos del país”.

Además, instó a la oposición a sentarse a negociar para intentar “llegar a acuerdos” sobre los aspectos restantes de su reforma judicial y cuestionó a los más de 10.000 reservistas del Ejército que suspendieron su servicio a modo de protesta.

Durante la jornada del 1 de mayo se registraron nuevas manifestaciones en contra de la reforma de pensiones impulsada por Macron en París y otras ciudades como Lyon, Nantes y Toulouse

Un total de 406 policías y 61 manifestantes resultaron heridos durante los altercados que se produjeron en diferentes ciudades francesas en el marco de las protestas contra la reforma de las pensiones el 1 de mayo, según un nuevo recuento del ministro del Interior, Gérald Darmanin.

El ministro, en una entrevista con el canal BFMTV, anunció además la detención de 540 personas, 305 de ellas en París, y atribuyó los incidentes a grupos de ultraizquierda.

En la entrevista Darmanin cargó con fuerza contra el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, al que recriminó que no haya condenado los ataques contra las fuerzas del orden.

A horas de la decisión judicial sobre la reforma jubilatoria, Francia vive otra jornada de protestas

“Jean-Luc Mélenchon tiene una parte de responsabilidad”, subrayó el ministro, que se indignó en particular por la situación de un policía en París que “podría haber muerto” por las heridas graves que sufre después de recibir el impacto de un artefacto incendiario.

Darmanin habló de “complicidad” de los responsables políticos o sindicales que no condenan la violencia e hizo hincapié en que sin la acción de las fuerzas del orden no hubiera sido posible la manifestación del 1 de mayo en París, de forma que “no hubiera habido democracia social”.

Según su versión, detrás de los disturbios en la capital, que se desarrollaron durante toda la duración de la manifestación entre la plaza de la República y la de la Nación y durante varias horas más en torno a esta última, había unos 2.000 miembros de la ultraizquierda.

Para hacer frente en el futuro a este riesgo de grupos radicales, la propuesta del ministro es una ley y un dispositivo concertado con otros países europeos (de donde llegan también algunos elementos violentos) para impedir que aquellos que están identificados puedan participar en manifestaciones.

También reclamó a la Justicia “sanciones penales más fuertes contra los que atacan a las fuerzas del orden”.

Entre las condenas contra la violencia que salpicó los desfiles sindicales en París, pero también en otras ciudades como Lyon, Nantes o Toulouse, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, destacó las “tentativas de asesinato contra las fuerzas del orden”.

En su cuenta de Twitter, Le Pen también se refirió al incendio de un edificio cerca de la plaza de la Nación de París y dijo que los autores tendrían que ser juzgados ante un Tribunal de lo Criminal, competente para delitos penados con más de diez años de cárcel.

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El ministro de Interior replicó a la líder de la extrema derecha señalando que su discurso “está vacío” que no ofrece “ninguna propuesta” y que “en el silencio de su acción, no hay más que demagogia” porque “dice siempre las cosas que la gente quiere escuchar” pero sin confrontarlas con la realidad.

En las alrededor de 300 manifestaciones convocadas por los sindicatos en toda Francia para protestar por la reforma de pensiones del Gobierno, que ya está promulgada, participaron 782.000 personas, 112.000 en París, según el Ministerio del Interior.

Para la Confederación General del Trabajo (CGT), eran 2,3 millones, de los cuales 550.000 en la capital.

Para hacer frente a los incidentes, Darmanin había movilizado a 12.000 policías y gendarmes en todo el país, de los cuales 5.000 en París.

El proyecto había sido rechazado por el opositor Frente Amplio y la alianza gremial PIT-CNT

La Cámara de Senadores del Uruguay convirtió en Ley este jueves la reforma previsional que eleva a 65 años, en forma escalonada, la edad jubilatoria, impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou.

Luego de seis horas de debate se aprobó el proyecto, aunque el Frente Amplio (FA), que no acompañó esta reforma, cuestionó a los partidos de la coalición de gobierno por no citar previamente a la Comisión Especial que estudió los cambios que había propuesto el oficialismo.

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Para el FA se trata de una reforma que pone más requisitos a las jubilaciones, que no cuenta otros aportes que no sean los de los propios trabajadores, y que baja las sumas destinadas a la seguridad social. En cambio, para los legisladores de la coalición gobernante, con la aprobación de la reforma se garantiza la viabilidad financiera del sistema.

La aprobación se dio en medio del rechazo de la oposición y del gremio más importante: el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que incluyó marchas callejeras y paros.

La edad promedio actual para el retiro era a los 60 años, y a partir de ahora quedó fijada en 61 para quienes nacieron en 1973, y luego va aumentando de manera escalonada hasta llegar a los 65 años para los nacidos en 1977.

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Luego de haberse aprobado la ley, Lacalle Pou dio un mensaje a la población en el que dijo que “la reforma es justa y solidaria”, y remarcó que “era urgente” aplicarla, ya que “se trata de un cambio que política venía reclamando desde hace 15 años”.

“En la actualidad la expectativa de vida es más alta, por lo tanto también se extiende la vida laboral de las personas. No alcanza para sostener el sistema con los aportes de la seguridad social. Además, el Uruguay tiene una tasa de natalidad muy baja”, explicó el mandatario.

El gobierno busca pasar la página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación o cómo garantizarse una mayoría estable en el Parlamento, en medio de la crisis que se desató el 19 de enero

Francia vive este martes su décima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, quien busca una salida al cada vez más violento conflicto social, pero sin retirar su impopular ley.

La última convocatoria dejó el jueves pasado 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, en su mayoría en los disturbios que siguieron a las marchas con más de un millón de personas en toda Francia, según las autoridades.

En este contexto de creciente tensión, Macron y la primera ministra, Élisabeth Borne, aseguraron “tender la mano” a los sindicatos, punta de lanza de las protestas desde enero, pero sin ceder en su reclamo de retirar la protesta.

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“Necesitamos un paso muy fuerte del gobierno en el tema de las pensiones, es decir que diga: ‘No se aplicarán los 64 años’”, dijo el lunes Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, refiriéndose al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Así se vivió la última jornada de protestas en Francia, la semana pasada. Las centrales sindicales piden la retirada de esta reforma que retrasa la edad de jubilación para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.

Desde el 19 de enero, fecha de la primera manifestación, lograron movilizar a cientos de miles de personas (3,5 millones el 7 y el 23 de marzo, según el sindicato CGT) en grandes protestas pacíficas, pero sin éxito.

La decisión de Macron de adoptar finalmente su proyecto por decreto, al temer perder el voto en el Parlamento, y su negativa a dar marcha atrás radicalizó las protestas, que a partir del 16 de marzo se acompañaron de disturbios.

“El sentimiento de injusticia y de no ser escuchado alimenta la emoción”, advierte este martes un sondeo de la empresa demoscópica Odoxa, en el que Macron y Borne pierden apoyo popular, al 30% y el 28% respectivamente.

A la espera del dictamen del Consejo Constitucional sobre su validez, el gobierno busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y buscar cómo garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.

Trece mil agentes

Los sindicatos ya habían advertido a mediados de marzo a Emmanuel Macron de la situación explosiva que se generaría si no escuchaba el malestar con la reforma, que rechazan cada dos de cada tres franceses, según los sondeos.

Su adopción definitiva el 20 de marzo implicó un aumento en intensidad de las protestas, cuya represión por parte de la policía hizo saltar las alarmas de las oenegés de derechos humanos, abogados, magistrados y hasta el Consejo de Europa.

Las imágenes de batalla campal volvieron a la primera plana el sábado durante las protestas contra un embalse agrícola destinado a la agroindustria en Sainte-Soline (centro-oeste), que dejaron dos manifestantes en coma.

En ambos casos, “hay un uso desproporcionado de la fuerza que ya habíamos denunciado durante [la protesta social en 2018 y 2019 de] los chalecos amarillos”, dijo a la AFP Jean-Claude Samouiller, de la oenegé Amnistía Internacional.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció un “dispositivo de seguridad inédito” de 13.000 agentes este martes en Francia y advirtió de la presencia en París de “más de 1.000 radicales, algunos desde el extranjero” o Sainte-Soline.

Los sindicatos ya habían advertido a mediados de marzo a Emmanuel Macron de la situación explosiva que se generaría si no escuchaba el malestar con la reforma. Las autoridades esperan “de 650.000 a 900.000″ manifestantes” y alertan que la presencia de los jóvenes en las marchas “se dupliquen o tripliquen”, según fuentes policiales.

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“Queremos mostrar nuestro descontento y decir que, aunque seamos adolescentes (…), tenemos el derecho de decir que estamos en contra”, dijo el lunes Selma, mientras bloqueaba su centro de secundaria en Montreuil, al este de París.

Las protestas adquieren desde hace semanas múltiples formas: miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de París, bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otros.

Este martes, el transporte público de París y el servicio de trenes nacional registraron de nuevo perturbaciones, y casi un tercio de los maestros de primera, según los sindicatos, hicieron huelga.

Las actividades de este jueves serán cruciales para la capacidad de los sindicatos de mantener viva las movilizaciones, más aún cuando la medida oficialista espera el visto bueno final del Consejo Constitucional

Los sindicatos franceses organizan para este jueves su novena jornada de movilizaciones en poco más de dos meses contra la reforma de las pensiones y la primera tras su polémica adopción por decreto defendida por el presidente Emmanuel Macron.

Los servicios de información de la policía prevén una fuerte participación en las más de 300 manifestaciones convocadas por todo el país, entre 600.000 y 800.000 personas, y también la presencia de grupos radicales y chalecos amarillos, en particular en París, por lo que se van a desplegar 12.000 agentes por todo el país, de los cuales 5.000 en la capital.

Macron dijo el miércoles asumir la “impopularidad” de una reforma que quiere ver aplicada “para finales de año” y cargó contra los sindicatos y la oposición, así como contra los “sediciosos” que organizaron duras protestas espontáneas desde hace una semana.

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“Esta declaración alimentará la ira”, advirtió en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, quien calificó de “escandalosa” la comparación que hizo Macron de las manifestaciones con los disturbios del Capitolio en Estados Unidos en 2021 o en Brasil en enero.

El líder del sindicato, CFDT, Laurent Berger, recordó por su parte que “un 94% de los trabajadores activos rechazan esta reforma, que no cuenta con una mayoría en la Asamblea Nacional (…) y que la calle rechaza masivamente desde hace más de dos meses y medio”

Los sindicatos son la punta de lanza desde enero de la contestación contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como ahora, para cobrar una pensión completa.

El 7 de marzo lograron movilizar entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en las protestas más grandes contra una reforma social en tres décadas, pero la manifestación de este jueves es la primera desde que Macron impuso su plan por decreto.

El miércoles recibieron un espaldarazo de unos 300 profesionales de la cultura, entre ellos las actrices Juliette Binoche y Camille Cottin, que en una tribuna publicada en el diario Libération pidieron la retirada de una reforma “injusta”.

La jornada de este jueves será crucial para la capacidad de los sindicatos de mantener viva una movilización, más aún cuando la reforma espera el visto bueno final del Consejo Constitucional y las protestas tienden a radicalizarse y atomizarse.

“Es importante reforzar la movilización y las huelgas si queremos doblegar al gobierno”, dijo Yann Lucas, un profesor de la universidad de Estrasburgo de 44 años, recordando que en 2006 se logró la retirada de un polémico contrato juvenil pese a estar adoptado.

Los sindicatos anunciaron alrededor de un 50% de huelguistas en las escuelas, que también podrían ser numerosos en el sector energético y en el transporte. En el metro de París, la central FO-RATP llamó a una “jornada negra”.

Varias acciones de bloqueo de depósitos petroleros, puertos, carreteras y universidades, entre otros, se llevaron a cabo el miércoles en Francia, donde la escasez de combustible se empieza a sentir en un 14% de gasolineras.

La policía prevé “entre 600.000 y 800.000 personas en unas 320 acciones” y espera manifestantes radicales en París y en “más de una decena de ciudades (…), animados por el clima de violencia de estos últimos días”.

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Desde el 16 de marzo, cuando el gobierno adoptó la reforma por decreto al temer perder la votación en la Asamblea, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, salen cada noche a protestar, quemando contenedores y bloqueando calles seguidos por la policía.

Casi mil personas fueron detenidas, unos arrestos que Amnistía Internacional calificó de “detenciones arbitrarias”. La oposición de izquierda, abogados, magistrados y la defensora del pueblo expresaron su preocupación por la actuación policial.

Recolectores de basura, conductores de trenes, empleados de servicios públicos y otros trabajadores de Francia estaban hoy otra vez de huelga en reclamo de que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron dé marcha atrás con una reforma jubilatoria.

Los sindicatos dicen que los planes de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años son una amenaza a todo el modelo social francés, y más de 250 protestas estaban previstas hoy en toda Francia incluso después de casi dos meses de manifestaciones.

El proyecto de ley está siendo debatido en el Senado francés esta semana.

“La responsabilidad es únicamente del gobierno. No se puede hacer oídos sordos a este movimiento social”, dijo el líder de la CGT, Philippe Martinez, a la radio France Info. subrayando que entran en una “nueva fase” con huelgas prorrogables.

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“El objetivo es que el Gobierno retire su proyecto de reforma. Punto final”, agregó.

Se trata de la sexta jornada de huelga contra la reforma jubilatoria desde el 19 de enero en la segunda economía de la Unión Europea (UE), pero los sindicatos pretenden que sea la la jornada más fuerte de protestas desde el inicio de las movilizaciones.

Los huelguistas bloquearon hoy la expedición de combustible de todas las refinerías, según la CGT.

Ayer paralizaron tres de las cuatro terminales metaneras por “siete días” y, desde el viernes, se fijaron como meta hacer caer la producción eléctrica en el sector nuclear.

Tras semanas de infructuosas protestas pacíficas, entre ellas la más importante en tres décadas contra una reforma social el 31 de enero con 1,27 millones de personas, según la policía (2,8 millones, para la CGT), ahora buscan “paralizar” la economía.

La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó anoche de “irresponsable” este objetivo, en la cadena France 5, centrada ahora en desacreditar al movimiento opositor tras fracasar en su intento de convencer sobre la necesidad de la reforma.

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el Gobierno, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.

La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.

Este martes, los sindicatos esperan sacar “más de dos millones” de personas a la calle, indicó el líder de FO, Frédéric Souillot, a la radio RTL.

Con el servicio de trenes y el transporte público de París, clave para la economía de la capital, “muy perturbados”, el gobierno llamó a los franceses que puedan a trabajar desde casa.

Sin embargo, con un 60% de los maestros de educación infantil y primaria en huelga y miles de escuelas cerradas, según los sindicatos, muchos de ellos se vieron obligados a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos.

Una quinta parte de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de un tercio de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto de Orly.

Se esperaba que no hubiera trenes a Alemania y España, y los que van y vienen de Gran Bretaña y Bélgica se reducirán en un tercio, según la autoridad ferroviaria SNCF.

Continúan las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria

La mayoría de los trenes de alta velocidad y regionales no funcionaban, agregó.

El transporte público se interrumpió en la mayoría de las ciudades francesas.

En la Riviera francesa, no había trenes interurbanos, incluidos los que unían Francia con Italia a través de Mónaco, lo que afectaba a decenas de miles de viajeros diarios al principado.

Aunque el objetivo es bloquear la economía, el impacto económico de las huelgas será “limitado”, según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PIB.

Macron se juega una parte importante de su crédito político, después que la pandemia le obligara a abandonar una anterior reforma durante su primer mandato, marcado además por la protesta social de los “chalecos amarillos”.

A falta de una mayoría en el Parlamento, que discute actualmente la medida, el Gobierno escogió un polémico procedimiento que le permite aplicarla a partir de finales de marzo, si las dos cámaras no se han pronunciado sobre la misma.

Decenas de miles de personas marcharon por las calles de Niza, Marsella, Toulouse, Nantes y otras ciudades, así como en París, la capital.

Decenas de miles de personas marcharon en Francia por tercera vez contra la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, en una jornada que registró paros en el transporte público, la educación y el suministro de energía y combustibles, y en la que sindicatos anticiparon “huelgas más duras” para el sábado.

“El mensaje de esta noche será un llamado a manifestar masivamente el sábado”, aseguró Laurent Berger, líder del principal sindicato, la CFDT, para quien el Gobierno cometería una “locura democrática” si no escucha el rechazo mayoritario.

Huelgas y protestas en rechazo a la reforma previsional en Francia

Unas 757.000 personas, según el Ministerio del Interior, y casi dos millones, según el sindicato CGT, se manifestaron en Francia para aumentar la presión sobre el Parlamento, que tiene de plazo hasta marzo para pronunciarse sobre dicha reforma.

Las nuevas protestas llegaron un día después de que el Parlamento empezara a debatir el polémico proyecto de ley, que contempla el retraso progresivo de la edad de jubilación de 62 a 64 años de acá a 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.

“Si el Gobierno sigue sin escuchar, tendremos que pasar al siguiente nivel”, advirtió el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, que pidió huelgas “más duras, más numerosas, más masivas e indefinidas”, al inicio de la marcha en París, que contó con una mayoría de manifestantes jóvenes y pancartas que decían “Salve su pensión” y “Graven a los multimillonarios, no a las abuelas”.

De acuerdo con un balance provisional de Prefectura, 17 personas fueron detenidas durante las marchas.

El Ejecutivo francés defiende una reforma necesaria para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones y para acercar la edad de jubilación en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea (UE), a la de sus vecinos.

Amparados en altas cifras de rechazo a la medida y tras la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas, con entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles el 31 de enero, los sindicatos libran su ofensiva con paros y protestas pacíficas.

El servicio de trenes y el transporte público de París estaban hoy “perturbados”, aunque menos que en protestas anteriores, mientras que un vuelo de cada cinco tuvo que ser anulado en el aeropuerto parisino de Orly, comunicaron autoridades.

La compañía eléctrica estatal EDF precisó que las protestas provocaron la reducción temporal de los suministros de electricidad, sin causar apagones.

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Más de la mitad de la fuerza laboral estaba en huelga en las refinerías de TotalEnergies, agregó la empresa en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

El Ministerio de Educación detalló que cerca del 13% de los docentes estaba en huelga, una disminución en comparación con el día de protesta de la semana pasada.

Por ahora, la relación de fuerzas parlamentaria no favorece a los pedidos de los sindicatos: ayer, en la primera jornada de debate plenario en la Asamblea (cámara baja), 292 diputados votaron en contra y 243 a favor de una moción de la izquierda que pedía la retirada del proyecto.

“Es la reforma o la quiebra” del sistema de reparto, les había advertido el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal. La caja de las pensiones enfrentará un déficit de unos 14.600 millones de dólares en 2030, según el Gobierno.

Aunque la reforma es una promesa electoral de Macron, los observadores estiman que su reelección en 2022 se debió en gran parte al deseo de los electores de evitar la victoria de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine Le Pen.

Semanas después, el oficialismo perdió su mayoría absoluta en la Asamblea. Ahora busca los votos de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para aprobar la reforma, ante la negativa de Le Pen y de la izquierda.

En una concesión de última hora, la primera ministra, Elisabeth Borne, anunció que las personas que empezaron a trabajar entre 20 y 21 años podrán jubilarse con 63 años, pero sin lograr convencer a todos los diputados de LR.

El Gobierno, decidido a sacar adelante la reforma pese al rechazo popular, usó un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado.

Después de que la pandemia obligara a retirar un primer intento, el Gobierno escogió una maniobra que le permite aplicar el actual plan si las dos Cámaras del Parlamento no se pronuncian para el 26 de marzo.

Desde la llegada de Macron al poder en 2017, sus reformas de corte liberal le valieron una imagen de “presidente de los ricos”, como durante la protesta social de los chalecos amarillos, el movimiento social que sacudió a Francia y países vecinos en 2018 en reclamo de mejores salarios.

Para recibir una pensión completa será necesario, a partir de 2027, haber trabajado 43 años. Cuatro de cada cinco franceses se oponen

El Gobierno francés lanzó este martes su controvertida reforma de las pensiones, la principal medida del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron, y que contempla la discutida extensión de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Sin embargo, el anuncio de la considerada “la madre de todas las reformas” por el liberal Macron, que no consiguió lanzarla en su primer mandato, augura un periodo de tensión en la calle -los sindicatos ya anunciaron una primera huelga el 19 de enero- y en el Parlamento, donde la ultraderecha y la izquierda buscarán torpedearla.

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Acompañada por tres ministros, la primera ministra, Élisabeth Borne, presentó en una larga conferencia de prensa las líneas generales de esta reforma para la que seguramente cuente en el Parlamento con el imprescindible apoyo del partido conservador Los Republicanos. El objetivo de la reforma es el “equilibrio” del sistema, ya que “hace falta que las cotizaciones de los (trabajadores) activos financien las pensiones de los jubilados”, afirmó una didáctica Borne.

El déficit generado por el sistema de las pensiones fue el principal argumento esgrimido tanto por Borne como por el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien pronosticó que el desfase entre ingresos y gastos llegaría a 13.500 millones de euros en 2030, pero con el cambio previsto habrá un ingreso adicional de 17.700 millones para ese año. Los 4.200 millones resultantes se destinarán a completar las pensiones de quienes empezaron a trabajar antes de los 20 años y se jubilen antes y a los que no puedan llegar a los 64 años por problemas médicos, explicó Le Maire.

“El déficit va a crecer año tras año, dejarlo crecer sería irresponsable, como también dejarse llevar por medidas demagógicas lo sería aún más (irresponsable)”, explicó Borne, quien recalcó que no se quiere financiar el agujero con más impuestos o un recorte de las pensiones.

La primera ministra argumentó además que otros países de la UE también han alargado la edad de la jubilación para poder mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Francia tenía 1,7 cotizantes por cada jubilado en 2022, frente a los 2,1 de 2002 y la previsión de 1,5 en 2040, lo que plantea dudas de la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

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De acuerdo con el plan del Gobierno, que presentará y discutirá próximamente en el Parlamento, la edad de jubilación subirá desde el próximo 1 de septiembre en tres meses, con incrementos similares cada año hasta alcanzar los 64 años en 2024. El Gobierno había estudiado previamente la posibilidad de los 65 años, pero optó por fijar la edad mínima en 64 años para facilitar un acuerdo parlamentario con Los Republicanos, cuyo apoyo necesita el partido de Macron por no tener mayoría absoluta.

Excluyendo ciertas profesiones consideradas especialmente penosas, la duración de la cotización para poder disfrutar de una jubilación al 100 % será de 43 años trabajados a partir de 2027, y no a partir de 2035 como estaba previsto hasta ahora.

Asimismo, esta reforma contemplará la posibilidad de tener derecho a la jubilación anticipada entre los 58 y 62 años para quienes hayan empezado a trabajar formalmente antes de los 20 años. “En 2030, cuando la edad legal de jubilación esté ya en los 64 años, alguien que haya comenzado a trabajar antes de los 16 años (normalmente como aprendiz) podrá tener su pensión a los 58 años”, ejemplificó Borne.

La jefa del Gobierno adelantó que esta reforma “eliminará la mayor parte de los regímenes especiales” de cotización, más ventajosos que el del sistema general y utilizados en muchas ocasiones por empresas del sector público, como la eléctrica estatal EDF.

Como era esperado, la extensión del tiempo de trabajo para poder jubilarse ha puesto en pie de guerra a los sindicatos y a los principales partidos de la oposición, encabezados por la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierda de Jean-Luc Mélenchon. “Nada justifica una reforma tan brutal”, aseveró Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), mientras comparecía ante la prensa junto a otros líderes sindicales. El objetivo será, en palabras de Berger, que esta reforma “no entre en vigor” por ser injusta con los trabajadores más precarios y que el “Gobierno recule”. La movilización del 19 será, anticipan, solo el “comienzo” de las medidas de presión contra esta revisión.

Los dos principales partidos opositores, el ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y el izquierdista Francia Insumisa (LFI), no tardaron en censurar la reforma en respectivos mensajes en las redes sociales. La ultraderechista Marine Le Pen, candidata presidencial en 2012, 2017 y 2022, la tildó de “injusta” y aseguró que intentará bloquearla, mientras Jean-Luc Mélenchon, líder del LFI, consideró que la extensión de la edad mínima para la jubilación representa “una grave regresión social”.

Se trata de un texto elaborado por la asamblea constituyente que responde a los reclamos sociales en 2019. El presidente Gabriel Boric anticipo que “el proceso constituyente continuará independiente del resultado”.

Este domingo Chile afrontó un plebiscito histórico para aprobar o rechazar la nueva Constitución elaborada por la asamblea constituyente. El texto busca enterrar en forma definitiva la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Con el 88,08% de las mesas escrutadas, se impone con amplia diferencia el “Rechazo” con el 62% por sobre el 38% del “Apruebo”.

Chile decide este domingo si aprueba o rechaza el proyecto de la nueva Constitución

En ese sentido, Boric adelantó que el proceso constituyente continuará independiente del resultado, ya que si gana el apruebo convocará a un comité de expertos para colaborar en la implementación y cambios en el nuevo texto constitucional, y si gana la “otra opción” buscarán la manera de comenzar otro proceso constituyente.

“Listo el voto! Orgulloso del momento histórico que estamos viviendo como país. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, tranquilidad y mucha alegría. Siempre con más democracia, nunca con menos. Hoy #TuVotoDecide!”, escribió el mandatario chileno esta mañana en sus redes sociales.

Cuáles son los puntos más polémicos del texto de la nueva Constitución chilena En 2020, el 78% de los chilenos votó a favor de una nueva Constitución. Fue un plebiscito en el que se decantó el estallido social de 2019 cuando decenas de miles de chilenos salieron a las calles para pedir un cambio en el sistema económico y social.

Pero en los últimos dos años algo cambió. En el referéndum de este domingo la mayoría de los chilenos parece inclinarse por rechazar el texto elaborado por la asamblea constituyente, que estuvo integrada por una mayoría de convencionales independientes o de izquierda tras una dura derrota sufrida por la derecha en los comicios de 2021.

Boric recibió la propuesta de Nueva Constitución de Chile

Este rechazo se recuesta en algunos puntos polémicos para una sociedad conservadora, como:

La Convención Constitucional chilena entregó este lunes, en su ceremonia de clausura, la propuesta de Nueva Constitución al presidente Gabriel Boric, quien firmó el decreto para someterla a plebiscito en septiembre y que la ciudadanía decida si deja sin efecto la carta magna impuesta hace más de cuatro décadas por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Ha tenido que pasar mucho, muchos sacrificios de vidas para poder discutir una Constitución que nazca de un debate democrático”, dijo Boric en el antiguo edificio del Congreso en Santiago, tras recibir el texto redactado durante un año por los 154 miembros de la Convención Constitucional, que quedó disuelta tras el acto.

Chile comenzó la redacción de la nueva Constitución

El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue resultado de un acuerdo entre los partidos políticos tras las históricas y masivas manifestaciones iniciadas en octubre de 2019 para denunciar la desigualdad enraizada en la actual Constitución de 1980 y exigir un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad y una mejora de las pensiones.

“Tenemos que sentirnos orgullosos que en el momento de crisis más profunda (…) que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos”, dijo Boric, un joven mandatario de izquierda que asumió en marzo pasado y que era diputado en el momento del estallido social de 2019.

Presidente @gabrielboric participa de ceremonia de entrega final de la Propuesta de Nueva Constitución. Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/6K0DEcs1Wt

— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 4, 2022

El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la propuesta de redactar una nueva Constitución y, unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los convencionales. La Convención se instaló el 4 de julio.

“Será nuevamente el pueblo el que tendrá la última palabra sobre su destino”, cerró Boric tras firmar el decreto que convoca a un plebiscito con voto obligatorio el 4 de septiembre y que consultará a más de 15 millones de electores si “Aprueba” o “Rechaza” la nueva carta fundamental.

El esperado acto, cargado de simbolismo, comenzó a media mañana con el ingreso a la sala principal del exCongreso Nacional, sede de la constituyente, de la presidenta de la Convención Constitucional, María Luisa Quinteros, y el vicepresidente, Gaspar Domínguez, con la propuesta de Nueva Constitución en sus manos, mientras los convencionales e invitados aplaudían.

La propuesta de nueva Constitución contiene 388 artículos en 178 páginas.

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Quinteros, al inicio de la ceremonia, saludó en todas las lenguas de pueblos originarios presentes y dio inicio a la sesión, Que comenzó con la entonación del himno nacional chileno por un coro de niños y jóvenes.

¡Qué momento más histórico y emotivo estamos viviendo!Mi agradecimiento a la Convención, que cumplió con el mandato y desde hoy podemos leer el texto final de la Nueva Constitución.Ahora el pueblo tendrá la palabra y decidirá sobre el futuro del país ❤️

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) July 4, 2022

El primero en tomar la palabra fue el vicepresidente Domínguez, quien hizo un recuento del proceso constitucional, de los errores y virtudes, pero valoró el nuevo texto que le entregarán al presidente Boric.

Domínguez dijo que pase lo que pase en el plebiscito que aprobará o rechazará la propuesta de nueva Constitución, Chile ya cambió y remarcó que no se podía volver atrás.

“La Constitución perfecta no existe, esta propuesta no es una varita mágica, pero si es una mejor caja de herramientas para avanzar en soluciones”, dijo.

“Amar la patria es más que amar los emblemas que lo componen. Escribir una constitución democrática, es un profundo acto de patriotismo”, agregó.

Finalizó su discurso invitando a los chilenos a leer la propuesta de nueva Constitución y leyendo el nuevo preámbulo: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

A su turno, Quinteros, quien dijo que “fue un año de intenso y riguroso trabajo, desarrollado por un órgano elegido democráticamente, por primera vez paritario, con una representación y diversidad poco antes vista en nuestra historia”.

Y recordó que esta Convención termina con la redacción de “la primera Constitución paritaria del mundo”, qué además fue redactada por un órgano que fue presidido por dos mujeres.

Igualmente reconoció que es una constitución “perfectible, y esperamos sea el piso mínimo que contribuya a consolidar una sociedad con mayor equidad, fundada sobre fuertes bases éticas”.

“Esta propuesta constitucional, que hoy entregamos, está llamada a convertirse en la base del país más justo con el que todas y todos soñamos. Una Constitución justa para Chile”, dijo.

La oposición rechazó el proyecto consensuado entre el presidente Alberto Fernández y 18 provincias para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

“Yo no estoy de acuerdo con una ampliación donde se plantean como 20 miembros. No estoy de acuerdo con eso”, afirmó este jueves el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, horas antes de que se realizará la reunión entre Fernández y las provincias.

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En Casa de Gobierno, el Jefe de Estado y representantes de 18 jurisdicciones -no estuvieron la Capital, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Santa Fe y Córdoba- acordaron un proyecto para ampliar a 25 los miembros dela Corte Suprema. El proyecto prevé que cada provincia nombre un representante, que se sumará a uno designado por el Estado.

La medida es impulsada en medio de la disputa por los fondos coparticipables que Nación le quitó a la Ciudad en septiembre de 2020. Luego de que las partes no llegaran a un acuerdo, la definición quedó en manos del supremo tribunal, y, según trascendió, el fallo sería favorable a la administración porteña.

“En Juntos por el Cambio estuvimos, estamos y estaremos más unidos que nunca para todo, pero sobre todo para frenar este tipo de embates del Gobierno”, advirtió Rodríguez Larreta. Sin el apoyo opositor, parece difícil que este proyecto avance en el Congreso.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que “quieren transformar la Corte Suprema en un mini Senado” y, en la misma línea que el alcalde porteño, adelantó: “Nosotros vamos a luchar contra el modelo que pretende someter todos los poderes al Ejecutivo. ¡No vamos a aflojar en esta batalla!”.

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Mario Negri, diputado y presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, apuntó: “Los gobernadores peronistas tienen el sueño húmedo del caudillo: cada uno quiere poner un juez propio en la Corte Suprema. Imaginemos qué será de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos en manos de un club manejado por Insfrán, Zamora, Kicillof o Capitanich”.

“El Presidente y un grupo de gobernadores del PJ se quieren armar una Unidad Básica en la Corte Suprema, un Senado Judicial. Fracasarán. Ni Carlos Menem se atrevió a tanto para dominar el Poder Judicial”, señaló, por su parte, el presidente de bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

La iniciativa de los mandatarios provinciales busca elevar el número de miembros de la Corte para imprimirle al cuerpo un carácter federal.

De hecho, según se anunció, el “federalismo será el eje del encuentro” de esta tarde, que llega en medio de la espera de un fallo de la Corte por el caso de los recursos que reclama CABA por el manejo de la Policía porteña.

Un grupo de 18 gobernadores le llevará este jueves al presidente Alberto Fernández un proyecto de ley que impulsa una reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, en un encuentro a “agenda abierta” que mantendrán en la Casa de Gobierno.

Diputados debate sobre Boleta Única y reforma del Consejo Magistratura

“El Presidente viene teniendo reuniones con gobernadores en las últimas semanas, y en muchas de esas reuniones se expresaron sus preocupaciones con temas como el transporte, el gasoil. Los gobernadores plantean siempre las disparidades que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias en temas de subsidios y coparticipación”, informó esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.

“También han planteado una propuesta de reforma de la Corte Suprema. Con esta agenda y en este sentido es la reunión de esta tarde, donde van a intercambiar opiniones sobre todos estos temas”, agregó la vocera.

En medio de la espera de un fallo de la Corte Suprema por el caso de los recursos que reclama la Ciudad de Buenos Aires por el manejo de la Policía porteña tras el traspaso de la Federal, la cuestión del “federalismo será el eje de este encuentro”, en el que se planteará elevar el número de miembros de la Corte.

El aspecto del federalismo fue expuesto de manifiesto además en la última reunión del Consejo de la Región del Norte Grande el pasado viernes en Tucumán, donde el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que su presencia en nombre del Gobierno Nacional “reafirma una vez más el federalismo” y la importancia que tiene para la gestión del Frente de Todos (FdT).

El pasado 23 de mayo, ese grupo de gobernadores se reunió en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones para “consensuar” e “iniciar la labor” para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia “más moderna y eficaz” y “que tenga un verdadero carácter federal”.

En ese encuentro en el CFI, los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal y pusieron el foco en la disputa que existe con la ciudad de Buenos Aires por los recursos coparticipables y los subsidios a la energía y al transporte en el área metropolitana.

Entre los mandatarios que impulsan el proyecto se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

Los mandatarios insisten con esta reforma en momentos en que es inminente un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la demanda que le inició el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta a la Nación por los recursos en concepto de traspaso de la Policía Federal.

Tras esa reunión en el CFI, Kicillof explicó: “Firmamos una declaración ‘Por una Corte Suprema de Justicia Federal’. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”.

Comenzarán a debatir en el Senado la reforma del Consejo de la Magistratura

“Firmamos una declaración ‘Por una Corte Suprema de Justicia Federal’. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal” Axel Kicillof

“El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal”, señaló la nota y apunta que convocarán “a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”, continuó.

No formó parte de ese pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras. No obstante, el gobernador santafesino suscribió otras declaraciones conjuntas formuladas por mandatarios provinciales referidos a este diferendo planteado entre Nación y CABA que debe ser resuelto por la Corte.

En el documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador Zamora de Santiago del Estero, los mandatarios también expresaron una “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina”.

“A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio”, indicaron.

Contra la ampliación

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la propuesta de sus pares propuesta y dijo que se trata de “un intento de avance del Gobierno sobre el Poder Judicial”.

“No estoy de acuerdo; creo que es un intento de avance del Gobierno sobre el Poder Judicial como lo fueron la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del Procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura”, indicó.

Expositores a favor del cambio de modelo de voto hablarán ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

Con la presentación de expositores a favor del proyecto, la Cámara de Diputados iniciará este “supermartes” el debate en comisión sobre la Boleta Única de Papel, impulsada por la oposición, mientras que más tarde se avanzará con la discusión de la reforma del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa de la Boleta Única es impulsada por la oposición en conjunto, tras haber alcanzado un acuerdo que se materializó en una convocatoria a una sesión especial. En total sumaron 132 votos para aprobar una moción para emplazar a un plenario de comisiones para 11, 17, 24 y 31 de mayo, por lo que a fin de mes deberán emitir dictamen y el camino quedaría allanado para debatir el tema en el recinto a principios del mes que viene.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia comenzará a las 10, según el cronograma: se debatirán una veintena de proyectos de ley que buscan modificar el sistema de votación.

Se espera una gran cantidad de oradores. Dado que el oficialismo no está de acuerdo en avanzar con el cambio en las boletas, esto podría funcionar como una estrategia de demorar los plazos y hacer caer los proyectos.

Algunos de los expositores son Julia Pomares (ex CIPPEC, hoy jefa de asesores del gobierno porteño), el ex secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez; Gustavo Lema (Red Fiscal), Claudio Bargach (Red Ser Fiscal); Gastón Marra (Fundación Ficha Limpia); Leandro Querido (Transparencia Electoral); Carolina Tchintian (CIPECC), y del ámbito universitario, Juan Negri (UTDT), Gerardo Scherlis (UBA) y Oscar Blando (UNR), entre otros.

Para posibilitar la convocatoria al plenario se formalizaron las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa) y Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires), respectivamente, mientras que la de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (FdT-CABA), ya estaba constituida.

El debate por el Consejo de la Magistratura

En la misma comisión, el oficialismo empuja el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura, que ya cuenta con media sanción del Senado y propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

La Cámara baja iniciará a las 14 una ronda de consultas con expertos, invitados a propuesta de todos los bloques parlamentarios, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales.

No se descarta que, como parte del debate, puedan incorporarse algunas modificaciones al proyecto, con el objetivo de alcanzar mayores consensos hacia un dictamen y posterior debate en el recinto, donde son necesarios 129 votos para aprobar una ley derivada de la Constitución, que requiere de una mayoría especial (la mitad más uno de los 257 miembros del cuerpo).

El bloque oficialista cuenta con 117 diputados -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no vota y sólo lo hace en caso de empate-, con los cual necesita una docena de votos más para llegar a los 129.

Ante ese escenario, el oficialismo deberá intentar establecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Ser para lograr avanzar con la reforma.

De modificarse el texto, el proyecto deberá volver al Senado que tendrá que avalar o no los cambios efectuados por la Cámara baja.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, reiteró este martes su “alarma” por la situación penitenciaria de Ecuador, después de la muerte de más de 40 personas el pasado lunes por enfrentamientos en una cárcel, y reclamó una reforma “urgente” que implique también al sistema judicial.

La violencia en las cárceles es “recurrente” en Ecuador, sostuvo la expresidenta de Chile en un comunicado leído por su portavoz, Liz Throssell, según citó la agencia de noticias Europa Press.

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“Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes”, indicó el texto.

“Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario”

Desde diciembre de 2020, al menos 390 presos perdieron la vida por motines y enfrentamiento entre bandas.

En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia estalló en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Throssell destacó que no es un caso único.

“Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario”, manifestó.

En este sentido, recordó que todo Estado tiene como “responsabilidad” la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurra en las cárceles y debe emprender una “plena investigación”.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció una batería de medidas para tratar de contener la violencia en las cárceles, algunas de ellas en colaboración con la ONU, pero los motines se repiten y también las muertes.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya planteó en 2019 una serie de propuestas internacionales, se ofreció a seguir trabajando junto a las autoridades de Ecuador para hacer frente a un desafío que considera “urgente”.

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“El Gobierno también debe considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción”, precisó el comunicado del organismo de la ONU.

El papa Francisco encabezó este lunes la apertura de una nueva reunión con su consejo de siete cardenales asesores para definir el texto de la nueva Constitución Apostólica en la que trabajan desde 2013, “Prediquen el Evangelio”, y con la que esperan reemplazar este año a la Carta Magna vigente, “Pastor Bonus”, promulgada en 1988 por Jan Pablo II. El pontífice y su consejo de asesores, conocido como C-7 en el formato actual, se reunieron este lunes en el cuadragésimo encuentro trimestral desde que en 2013 Jorge Bergoglio armó un grupo de purpurados para que lo asesore en la reforma constitucional vaticana, informó este lunes la Santa Sede.

Con la nueva Constitución, que se espera para este año, el Papa busca plasmar “en lenguaje canónico” la reforma que impulsa desde su elección en 2013, con la incorporación con rango constitucional de sus decretos y leyes de lucha contra la pederastía y por la transparencia financiera.

Los integrantes del consejo de asesores del Papa son el congoleño Fridolin Ambongo Besungu, los cardenales italianos Pietro Parolin y Giuseppe Bertello; el alemán Reinhard Marx; el estadounidense Seán Patrick O’Malley; el hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga y el indio Oswald Gracias.

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Entre los puntos más importantes, según plantearon a Télam fuentes vaticanas que conocen el texto, la nueva carta magna prevé la creación de un nuevo Dicasterio dedicado a la Evangelización y la fusión de varias oficinas vaticanas, por ejemplo las destinadas a Educación y Cultura.

De importancia será también la incorporación con rango constitucional de toda la nueva legislación en materia de lucha a la pederastía promulgada por Bergoglio, incluida la abolición del secreto pontificio para los casos de abusos dispuesta a fines de 2019, agregaron fuentes vaticanas.

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La nueva Carta Magna reemplazará a la “Pastor Bonus”, la Constitución Apostólica promulgada por Juan Pablo II, en vigor desde el 28 de junio de 1988, compuesta por 193 artículos, 2 anexos y posteriores modificaciones introducidas por Benedicto XVI y Francisco.

La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda. La iniciativa será tratada este miércoles en la Comisión en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó este martes con modificaciones y devolvió al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto de Bienes Personales, en una ajustada definición en la que el oficialismo obtuvo un voto más que la oposición -127 contra 126- y se impuso a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio, por lo que volverá al Senado para ser tratado la próxima semana.

El Frente de Todos, con el respaldo del interbloque Provincias Unidas, de la Izquierda y de un diputado santacruceño de SER (Somos Energía para Renovar), consiguió 127 voluntades para modificar el texto sancionado por el Senado. En tanto, Juntos por el cambio, con el apoyo del interbloque Federal, los liberales y un diputado riojano de SER, sumaron 126.

Para que el resultado de la votación fuera tal, resultaron determinantes las ausencias de tres diputados de Juntos por el Cambio, una de ellas con diagnóstico de coronavirus detectado horas antes de la sesión.

El proyecto impulsado por el Frente de Todos eleva de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo, junto con un incremento en las alícuotas para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos.

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CONVOCARON A LA COMISIÓN DEL SENADO A TRATAR PROYECTO ESTE MIÉRCOLES

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación fue convocada para este miércoles, pocos minutos antes del mediodía, con el objeto de constituirla, elegir a sus autoridades y discutir el proyecto de ley que modifica el Impuesto a los Bienes Personales, venido en segunda revisión desde la Cámara de Diputados.

La intención del oficialismo es darle dictamen al proyecto y debatirlo en la última semana de diciembre.

Para ello se convocó de manera presencial a la Comisión desde las 11:30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Antes de discutir el tema en comisión, los legisladores deberán formalizar la composición de Presupuesto y Hacienda cuya presidencia estará a cargo del riojano Ricardo Guerra, del Frente de Todos.

Según se difundió oficialmente, la comisión, además, tendrá amplia mayoría para el gobierno: nueve integrantes sobre 17; a los que se podría sumar a uno de sus habituales aliados, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, también designado como integrante.

Ahora, el Senado podrá confirmar estos cambios o insistir con su propuesta original con una mayoría especial en la sesión que se concretaría el miércoles 29 de diciembre.

Desde el oficialismo sostienen que en la Cámara alta aceptarán los cambios introducidos por el FdT en Diputados.

La sesión comenzó a las 14.30, luego de que en la reunión de la comisión de Presupuesto, convocada a instancias de Juntos por el Cambio, el oficialismo consiguiera 25 firmas para que su dictamen se impusiera al de juntos por el Cambio, que reunió 24 rubricas.

Esa diferencia posibilitó al Frente de Todos que su dictamen sea el primero en la agenda de tratamiento, por lo que al ser aprobado por la Cámara dejó sin posibilidades de que se pusiera a consideración la propuesta de JxC de mantener el texto aprobado por el Senado.

Los cambios al proyecto votado en el Senado fueron propuestos por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y por el legislador del FDT Itai Hagman en la breve reunión que precedió al inicio de la sesión, que se extendió desde las 13.20 hasta las 14.

Camila Crescimbeni dio positivo en coronavirus y no pudo participar de la sesión en la que se aprobó el proyecto de modificación del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales impulsado por el Frente de Todos, que finalizó por la ajustada diferencia de un voto en favor del texto del oficialismo.

“El martes 21 de diciembre se efectuaron 549 hisopados nasofaríngeos para la detección de Sars-Cov2 a la totalidad de los abocados a la sesión del día de la fecha, con dos resultados positivos, el primero que no altera el desarrollo normal de la jornada legislativa, y el segundo corresponde a una Diputada de la Nación”, informó la Dirección médica de la Cámara baja en un comunicado.

La detección se concretó en el marco de las “medidas correspondientes para garantizar la realización de la Sesión, programada para el día de la fecha”.

Además de este caso de coronavirus, en la sesión de juró como diputada del Frente de Todos por San Luis, María Natalia Zabala Chacur, en reemplazo de María José Zanglá, que asumió hace 11 días y luego renunció a su banca para continuar al frente de el Comité de Crisis de la pandemia de su provincia.

En otro pasaje de la sesión, previo al tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales, también se rindió homenaje al recientemente fallecido exgobernador de Entre Ríos Jorge Busti.

Para habilitar el inicio de la sesión, Juntos por el Cambio, acompañado por el Interbloque Federal y los bloques de derecha reunieron 125 legisladores, con lo cual faltaban 4 diputados para completar el quórum reglamentario de 129.

Al alcanzar ese número, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, anunció el ingreso de los representantes del FdT, lo que terminó de dar forma con creces al quórum.

Así, el ingreso de los diputados oficialistas fue clave para que se pudiera realizar la sesión que, paradójicamente, había sido solicitada por Juntos por el Cambio.

Los que retiraron dólares deberán pagar el impuesto a los Bienes Personales

Carlos Heller en el inicio de la sesión

En el inició de la sesión, Heller defendió los cambios propuestos por el oficialismo: “Con estas modificaciones estamos estimando que menos de 16 mil contribuyentes tendrán aumentos en sus alícuotas y se beneficiarán a alrededor de 500 mil contribuyentes”.

“Proponemos que la alícuota para los patrimonios mayores a 100 millones y 300 millones pase de 1% a 1,5%. Y los mayores de 300 millones de pesos vean incrementada su cuota al 1,75%”.

“Estamos incorporando una clausula que mantiene en 2,25% (la alícuota) sobre los bienes en el exterior. No estamos aumentando sino incorporándolo porque al caerse el Presupuesto eso quedaba descubierto para reparar una situación que sería la generada por no aprobarse el presupuesto 2022. Incluyendo también beneficios de repatriación”, agregó el legislador

La oposición

Desde la oposición, los presidentes del bloque radical, Mario Negri; de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; y los diputados del Pro, Silvia Lospennato y Luciano Laspina, además del legislador de Evolución Radical, Alejandro Cacace, adelantaron que no aceptarían los cambios propuestos por el Frente de Todos.

“No vinimos a la sesión para aumentar impuestos”, coincidieron los legisladores del Juntos por el Cambio al rechazar los aumentos de las alícuotas a los patrimonios superiores a 100 millones de pesos que contempla la iniciativa impulsada por el Frente de Todos.

Al exponer en la sesión, Negri señaló: “Ustedes son campeones en subir impuestos, por eso no apoyaremos el dictamen de mayoría que introduce cambios a lo que nos envió el Senado, votado por unanimidad. Ya nos enseñaron en dos años de gobierno cómo pueden subir impuestos, porque entre los nuevos tributos y las alzas se acumulan 20 subas”, .

“En nuestro gobierno de Cambiemos, la alícuota de Bienes Personales bajó todos los años, del 1,25 en 2015 a 0,25% en 2018. Apenas asumió el Frente de Todos le encajaron el 1,25% de nuevo para los bienes radicados en el país. Además, crearon la alícuota del 2,25% para los bienes en el exterior”, agregó el diputado cordobés.

A su turno, Laspina sostuvo que “esta sesión fue pensada para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado, no para inventar nuevas alícuotas e impuestos. Hemos dado quorum para tratar una baja de impuestos, no una nueva suba de impuestos que ya discutimos”.

Por su parte, López afirmó que “hay equilibrio en este Congreso y eso es muy importante. Esta votación la van a decidir un grupo muy pequeño de diputados, no la va a decidir ni en el Frente de Todos ni JxC. La va a decidir 5 o 4 diputados y eso es bueno. Otra buena noticia es que una fuerza opositora muy amplia cumple con el contrato electoral, esta acá a pocos días de haber asumido bajando impuestos”.

El ministro se expresó de este modo durante la primera sesión sobre el seguimiento del impacto de la citada pandemia en la salud mundial que se realiza en Roma.

La ministra Carla Vizzotti hizo un llamado ante sus pares de Salud del G-20 para que se “apoye el proceso de reforma” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de “fortalecer y agilizar” un respuesta sanitaria mundial “coordinada y equitativa”, tras la pandemia de coronavirus.

Vizzoti se expresó de este modo durante la primera sesión sobre el seguimiento del impacto de la citada pandemia en la salud mundial que se realiza en la ciudad italiana de Roma y fue inaugurada por el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza.

Durante su discurso la funcionaria argentina destacó “la importancia que el G20 apoye el proceso de reforma que se está desarrollando en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de fortalecer y agilizar la coordinación de la respuesta sanitaria mundial y mejorar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional”.

Carla Vizzotti participará de la reunión de ministros de Salud del G20

Desde Italia, la ministra sostuvo: “Para el logro de una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente todos los países deben implementar medidas en línea con los principios de solidaridad internacional, colaboración y equidad garantizando el acceso de todas las personas a vacunas contra el covid-19”.

El acto de apertura estuvo encabezado además por la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y los ministros de la Troika (países a cargo de la presidencia del foro el año anterior, éste y el próximo), conformada actualmente por Indonesia, Italia y Arabia Saudita.

Además, estuvieron presentes los directores generales de la OMS, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Organización Mundial para la Sanidad Mundial (OIE- WAHIS), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su estadía en Roma, la titular de la cartera sanitaria argentina mantuvo encuentros bilaterales con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, el ministro de Salud de Italia, Roberto Esperanza, y la ministra de Salud de España, Carolina Dairas.

En el encuentro con Becerra agradeció el apoyo del Gobierno estadounidense por la donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, clave para iniciar la vacunación de adolescentes priorizados, y acelerar la administración de segundas dosis en Argentina.

Vizzotti: “En noviembre evaluaremos la tercera dosis”

Asimismo, al reunirse con la ministra de Salud de España, Vizzotti agradeció la donación de 400 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y compartió la capacidad de Argentina, en caso de contar con nuevas donaciones, destacando la posibilidad de aplicar entre 9 y 10 millones de dosis por mes.

A su vez, las funcionarias se comprometieron a reforzar la cooperación de la agenda post-COVID-19, haciendo especial hincapié en las estrategias de respuesta integrada al VIH, control de enfermedades prevenibles por vacunación y el abordaje integral de las enfermedades crónicas.

El organismo europeo contra el lavado de dinero y financiamiento del extremismo, Moneyval, reconoció este miércoles “los avances” del Vaticano en la materia gracias a las reformas aplicadas por el papa Francisco en la estructura financiera de la Santa Sede.

“Moneyval reconoce los avances de la Santa Sede y la anima a seguir reforzando las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo“, dijo en un informe el organismo tras una inspección hecha en octubre pasado.

Desde su entronización en 2013, el Papa ha hecho foco en la transparencia financiera de la Santa Sede, y en ese marco adoptó una serie de medidas para transparentar y dar mayores controles a las operaciones de todos los entes vaticanos.

Moneyval destacó el “conocimiento general de alto nivel sobre el lavado de dinero y el financiamiento de amenazas y vulnerabilidades del terrorismo” de las autoridades vaticanas, aunque planteó algunas observaciones a las investigaciones internas.

La última gran reforma del Papa en materia económica es de fines de 2020, cuando quitó el control económico a la secretaría de Estado, tras una serie de irregularidades en la compra de inmuebles, y centralizó los fondos en la secretaría para la Economía y en la agencia vaticana APSA.

En ese marco, el organismo indicó una “señal de alerta por un posible abuso del sistema interno por parte de figuras de nivel medio y alto para obtener beneficios personales o de otro tipo no se han abordado dentro de la evaluación nacional de riesgos”.

El informe de Moneyval

El informe de 274 páginas destacó también la importancia dada a las confiscaciones como un objetivo de política, que se ilustra con la adopción en 2018 de un marco sólido para los decomisos sin condena, que desde entonces se ha utilizado en un caso de alto perfil.

Al mismo tiempo, Moneyval felicitó “a las autoridades nacionales por los esfuerzos realizados para brindar una cooperación internacional constructiva y oportuna”.

Para finalizar, Moneyval ponderó el “informe positivo” tras la evaluación y adelantó que la Santa Sede será monitoreada con informes de seguimiento “convirtiéndose en una de las únicas cinco jurisdicciones miembros con este resultado hasta ahora”.

En agosto de 2019, en otro paso más hacia la transparencia, Francisco ya había impuesto la obligatoriedad de revisores externos para las cuentas del denominado “banco del Vaticano”, el IOR, a través de una modificación del estatuto por decreto.

Además, otorgó al revisor externo la potestad de examinar “todos los libros y documentos contables”, algo que tampoco figuraba en el estatuto anterior.

Tras conocer el informe de Moneyval, el presidente de la Autoridad de Información y Supervisión Financiera de la Santa Sede, Carmelo Barbagallo, destacó que el estudio del organismo europeo ponderó la eficacia de las directivas analizadas del Vaticano contra el lavado como “sustanciales”, en cinco casos, y “moderadas”, en seis ocasiones, sin calificar a ninguna como “baja”.

“Moneyval generalmente examina dos aspectos: cumplimiento técnico y efectividad, aplicando una metodología muy precisa y rigurosa, desarrollada por el GAFI, es decir el organismo intergubernamental al que se adhieren unos 200 países y jurisdicciones, y que tiene la responsabilidad global en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, agregó Barbagallo.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para el miércoles.

“Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”, dijo Hurtado.

La vocera agregó que los “defensores de derechos humanos también informaron que fueron acosados y amenazados”.

“Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamado a la calma”, declaró Hurtado.

“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, agregó la vocera.

En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas

“Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones”, subrayó.

Hurtado concluyó que “las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

En la misma línea, la UE aseguró que está siguiendo de cerca la situación y condenó “los actos de violencia”.

“La UE condena estos hechos de violencia” que afectan “el legítimo derecho a la protesta y a la reunión pacífica, así como a la libertad de expresión”, manifestó el vocero del servicio diplomático de la institución, Peter Stano.

Antes de la ONU y la UE, varias ONGs, entre ellas Human Rigt Watch y Temblores, corroboraron la violencia policial denunciada por los manifestantes.

En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal, según un balance de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, de los cuales 306 son civiles.

La escalada de la violencia obligó a Duque a retirar el proyecto el domingo pasado, lo que le costó la renuncia de su ministro de economía, que ya fue reemplazado por José Manuel Restrepo, hasta ahora titular de Comercio, Industria y Turismo.

Pese a la marcha atrás, el Comité Nacional del Paro (CNP), que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta y convocó a marchar mañana porque “la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, y lanzó un nuevo pliego de pretensiones.

En ese sentido, llamaron a desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes y retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponga una renta básica más alta.

Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

El proyecto para modificar el alcance del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobren hasta 150.000 pesos mensuales, también abarca a los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.

El proyecto que exime del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores registrados con salarios de hasta $150.000, junto con una iniciativa para reformar el régimen de Monotributo, serán debatidos mañana en una sesión especial de la Cámara de Senadores, y se descuenta que serán convertidos en ley ya que ambas iniciativas cuentan con el respaldo del oficialismo y de la oposición.

Ambas iniciativas -que ya fueron votadas por la Cámara baja-, cuentan con el apoyo en general de Juntos por el Cambio, por lo que su sanción está prácticamente garantizada.

El proyecto abarca a trabajadores activos y jubilados

La sesión especial fue habilitada durante la por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y los legisladores participarán a través de videoconferencia, en el marco de un plenario convocado para las 14.

El proyecto para modificar el alcance del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobren hasta 150.000 pesos mensuales, también abarca a los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.

Los trabajadores que cobren entre 150.000 y 173.000 pagarán el gravamen, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

(S) Alcance retroactivo (F)

La actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el Ripte (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).

Uno de los cambios introducidos a último momento en la Cámara de Diputados, establece que los ex presidentes y vicepresidentes de la Nación pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

Se establece, a su vez, que la ley tendrá vigencia al 1 de enero de este año, por lo que el Gobierno devolverá los descuentos ya realizados.

Aguinaldo, guarderías, hijos o hijas discapacitades y otros aspectos de la futura ley

Tampoco el aguinaldo de los sueldos hasta 150.000 pesos brutos pagará impuesto a las Ganancias, mientras que el personal de salud seguirá eximido hasta septiembre por las guardias u horas extras, en virtud de la pandemia de coronavirus.

Los gastos de guardería sobre niños de hasta tres años no pagarán Ganancias hasta un tope anual de 67.000 pesos.

Asimismo, se duplica la exención por hija o hijo discapacitado que en la actualidad es de 78.833 pesos, y se elimina el tope de edad.

También quedan eximidos del impuesto los bonos productivos hasta un tope del 40% de la ganancia, y las horas extras de los recolectores de residuos.

Herramientas educativas y Monotributo

Otro de los beneficios incluidos en el proyecto es que se podrá deducir de Ganancias herramientas educativas de los trabajadores asalariados.

Por otro lado, la reforma del régimen de Monotributo propone actualizar los topes de cada categoría y crea un puente para facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen general.

La iniciativa contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo.

La transición entre categorías

La reforma propiciada por la AFIP busca armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar los aportantes al monotributo.

Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021.

La iniciativa contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo.

Los que superaron ese monto se tendrán que pasar al régimen general, y se establece una transición para que los contribuyentes puedan afrontar los pagos de Ganancias y de IVA.

Deducciones

De acuerdo con el texto, podrán deducir además en el primer año el 50% del importe que le corresponde pagar de IVA, el 30% en el segundo y el 10% en el tercer año.

Finalmente, el proyecto establece un Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para los sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.