La pandemia de coronavirus sirvió en algunos países para recortar derechos y libertades y para que sus líderes afiancen su poder, además de agravar las desigualdades entre las naciones, advirtió este martes la nueva titular de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard.

“La pandemia reveló con toda crudeza y agravó las desigualdades existentes entre los países y dentro de las fronteras nacionales ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad”, lamentó la dirigente, que trazó un cuadro severo con “un mundo sumido en el caos” y sistemas sociales, económicos y políticos “desmoronados”.

Para la jefa de AI, algunos gobernantes “han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado” y hay incluso quienes vieron en la pandemia una “oportunidad” para “afianzar su poder”.

La referente francesa citó los casos de Hungría, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán como ejemplos de países en los que se adoptaron medidas que restringen libertades, entre ellas las de cuestionar a los gobiernos.

También mencionó casos de violencia policial en Filipinas, Nigeria o Brasil, país este último en el que los abusos de las fuerzas de seguridad habrían aumentado durante la emergencia sanitaria al punto que AI estima que la Policía mató entre enero y junio de 2020 a una media de 17 personas por día, lo que da un total de más de 3.100 en total.

Para otros líderes, como el indio Narendra Modi o el chino Xi Jinping, la pandemia fue una oportunidad para desviar la atención de otras medidas controvertidas, como el allanamiento de viviendas y oficinas en el caso de India o la represión a la minoría musulmana en Xinjiang y la aprobación de leyes “abusivas” en Hong Kong en el caso de China.

El aumento de la represión, según el informe, generó también nuevos movimientos de protesta, ejemplo de la decepción de ciertas sociedades o colectivos.

“En 2020, el liderazgo no surgió del poder, los privilegios ni el dinero, sino de las innumerables personas que se manifestaron para reivindicar cambios”, destacó Callamard, que enumeró los casos de EEUU, Chile, Hong Kong, Irak y Polonia, donde se dieron fuertes movilizaciones en favor de los derechos humanos.

Callamard hizo un llamado a la comunidad internacional al reseñar que instituciones como el Tribunal Penal Internacional (TPI) y los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU “están ahí para obligar a rendir cuentas a los perpetradores, ya sean individuos concretos o Estados”, reportó la agencia Europa Press.

“Tristemente, 2020 demostró que están atrapadas en un estancamiento político causado por líderes que intentan menoscabar las respuestas colectivas a las violaciones de derechos humanos y sacar provecho de ellas”, se quejó la secretaria de Amnistía, que advirtió sobre un creciente nacionalismo.

Como ejemplo de esa actitud, Amnistía expuso el acaparamiento de vacunas por parte de países ricos, a los que recriminó además que no presionaran a las farmacéuticas para compartir conocimientos y tecnología.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, concluyó la francesa.

Descontada la inflación sobre las asignaciones nominales, la casa con rectorado en Santa Fe pierde $ 127 millones, y la del sur provincial $ 63,3 millones. “Es un golpe bastante duro”, dijo Albor Cantard. 

El de 2019 fue el último presupuesto nacional aprobado en el Congreso. Desde entonces la inflación acumuló un promedio del 75 % según el Consejo Interuniversitario Nacional, y esa fue la tasa de actualización de partidas que los rectores plantearon al gobierno central como piso para financiar las casas de estudio. La respuesta fue despareja y perjudicó a la UNL y a la UNR según las cifras que el diputado nacional Albor Cantard remitió a pedido de El Litoral.

“En el caso de la UNL ese aumento bianual es de alrededor del 70 %, lo que traducido en pesos son $ 127 millones, que es un golpe bastante duro” para una partida que quedó en $ 2.544.498.280.

Para el caso de la Universidad Nacional de Rosario, la actualización “está en el orden del 73 %, con una pérdida de $ 63,6 millones”, agregó el legislador radical santafesino. La partida en este caso quedó en $ 10.541.057.489

Respecto de la Universidad Nacional de Rafaela, “está por arriba pero es un caso similar a las de otras casas de estudio nuevas. En la medida que van incorporando alumnos y docentes, requieren más presupuesto”, explicó Cantard. La partida en este caso alcanzó $ 391.746.719.

Otra diputada nacional santafesina, Ximena García, planteó en el recinto durante el tratamiento de “la ley de leyes” que “el sistema universitario sufrirá un brutal ajuste presupuestario que apenas le permitirá cubrir gastos de funcionamiento y salarios y resentirá la capacidad de cumplir con la misión de las universidades públicas”. Cantard le confirmó a El Litoral que está muy comprometida la capacidad de las universidades para negociar paritarias.

Discriminación

Ximena García (UCR) sostuvo en el recinto que “este mismo presupuesto establece diferencias para universidades amigas y no amigas, es decir afines y no al gobierno nacional. Por ejemplo las universidades del conurbano bonaerense se ven beneficiadas con un aumento de sus partidas presupuestarias con un promedio del 25 % mientras que otras universidades como las de la provincia UNL sólo se prevé un aumento del 6,5 % y a la UNR un incremento del 9 %respecto del presupuesto de 2020 (reconducido de 2019) frente a la inflación proyectada por el BCRA del 47,5% o la inflación que estima este mismo presupuesto del 29 %”.

A manera de ejemplo, Cantard explicó que la Universidad Nacional de Quilmes tiene en su presupuesto 81 % más que en 2019, y la de Lomas de Zamora 79 % más. En los dos casos es superior a la inflación, y en el último de ellos supone una mejora de millones a valores actuales.

Cantard recordó que el planteo de todos los rectores al gobierno federal tuvo una respuesta positiva, ya que tras el reclamo la partida global se incrementó en $ 2.500 millones. “Apareció una nueva planilla con ese monto, pero lejos de buscar equilibrios, se profundizaron las diferencias y ni la UNL, ni la UNR ni Rafaela tuvieron mejoras” respecto de la primera versión presupuestaria.

Para Ximena García, la discriminación no se da sólo en el ámbito universitario sino en general. “Para Santa Fe el gasto del presupuesto significa el 4 %, cuando aporta el 20 % del PBI agropecuario y el 9 % del PBI global. Por cada peso que se invierte en la provincia, se invierten 18 en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Superpoderes

“Otro tema objeto de crítica es el ‘presupuesto bajo la línea’, que es lo que queda en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias para diferentes programas; allí hay, incluyendo el Fondo Universitario para el Desarrollo, más de 17 mil millones, es decir más del 8 % del total del presupuesto universitario, una barbaridad. Eso es más de lo que tiene, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba que alcanza a $ 14.800 millones. “Lo que eso habilita -explicó Cantard- es una discrecionalidad absoluta desde el ámbito del Poder Ejecutivo, que obliga a los rectores a ir a golpear las puertas y ponerse ‘a disposición’, para conseguir una partida más. Con un agravante, como son partidas no presupuestadas, lo que cada rector consiga no se consolida para el año siguiente”. El diputado santafesino explicó que “cuando recibimos la gestión en 2015, redujimos estas proporciones a 4 % del presupuesto universitario en un año; y en el último ejercicio era casi cero”.

Obras

Si bien el presupuesto restringe la capacidad paritaria y de gastos de funcionamiento de la UNL y la UNR, ambas tienen -como todas las casas de estudio- por separado un Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria, donde hay una partida de $ 300 millones para Rosario y otra de $ 276 millones para el edificio de actividades académicas múltiples en la Reserva Natural de la ciudad universitaria santafesina.

La rebaja será para los sectores más afectados por el parate económico por el coronavirus. Daer explicó que mantendrá un piso de ingresos.

La CGT defendió el esquema de rebaja salarial de 25% que acordó con la UIA para garantizarles el pago de 75% del salario a los empleados suspendidos durante la cuarentena por coronavirus. Héctor Daer, uno de los jefes de la central sindical, dijo que la medida “garantiza el empleo y un piso de ingresos”.

Cada sector negociará por su cuenta los alcances finales, y alcanzará a los rubros más afectados por el parate económico. Los acuerdos serán por empresa y deberán contar con el respaldo del sindicato.

Daer dijo que con este esquema se trata de “preservar el empleo en aquellos sectores que no estén funcionando a raíz de la cuarentena” y se busca evitar “que bajen la persiana muchas empresas, atosigadas por la situación de parálisis”.

Aclaró que los trajadores activos o que lo hacen desde su casa con el sistema home office “cobrarán su salario completo, como aquellos que no concurren por razones de salud y edad”.

Explicó que el convenio “no impide ni inhabilita negociaciones que otorguen un salario mayor al 75% en algún sector o empresa que tenga la espalda suficiente como para pagarlo”, en declaraciones a Radio Continental.

Lo consideró como “un puntapié clave” para el momento en que se termine la cuarentena por el COVID-19 y se pueda retomar la actividad económica, lo que dijo que se logrará “con muchísimo esfuerzo”.

La reducción salarial del 12,5 por ciento entró en vigencia dese abril, pero si el equipo cumple “objetivos específicos en las próximas temporadas, principalmente vinculados al éxito en el campo”, se devolverán las cantidades acordadas.

Arsenal también aclaró que este acuerdo se basa “en el supuesto” de que se concluirá la actual temporada 2019-2020 y podrá recibir “los ingresos totales” de la televisión.

“Estamos orgullosos y agradecidos con nuestros jugadores y personal por unirse en el apoyo a nuestro club, nuestra gente y nuestra comunidad en estos tiempos sin precedentes, que son algunos de los más desafiantes que hemos enfrentado en nuestra historia”, apuntó el equipo que dirige el español Mikel Arteta.

Para el club madrileño, esta medida adoptada por los capitanes de ambos equipos evitará “medidas traumáticas” que afectarían al resto de los empleados del club por la disminución de ingresos.

La decisión se anuncia un día después de las críticas que expresó el mediocampista alemán Toni Kroos, quien se había manifestado en contra de la reducción de sueldos.

El plantel de básquetbol, en tanto, integrado por los argentinos Campazzo, Laprovittola y Deck registró un caso positivo de coronavirus (el estadounidense Howard Samuel “Trey” Thompkins) y está en cuarentena desde el pasado 13 de marzo.

Los fondos serán destinados al sistema de salud para hacer frente a la pandemia. Cada legislador tendrá la libertad de disponer de su dieta como lo crea conveniente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dispuso un fuerte recorte del gasto político en la Cámara baja con el objetivo de destinar más fondos a la lucha contra la pandemia de coronavirus, que ya produjo 56 muertos en la Argentina.

Según detallaron fuentes parlamentarias, en las próximas horas se oficializará una decisión administrativa que permitirá ahorrar $40 millones por mes en concepto de pasajes que utilizaban los asesores y otras erogaciones que no son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. La medida estará vigente por al menos cinco meses y eso le permitirá a la Cámara destinar cerca de $200 millones al sistema sanitario.

Paralelamente, los legisladores tendrán la libertad de disponer de sus dietas como lo crean conveniente. Por ejemplo, la diputada nacional Graciela Camaño ya adelantó que donará el 100% a la Fundación del Padre Pepe. Otros dirigentes adoptaron decisiones similares y destinarán los fondos a hospitales de sus respectivas provincias.

La medida surge en momentos donde parte de la ciudadanía le exigía un gesto a la política en medio de los esfuerzos que realiza el sector privado para mantener empleos y no interrumpir la cadena de pago.

Los $40 millones mensuales serán distribuidos a las provincias a través de los presidentes de los bloques y –se estima– permitirá destinar al sistema sanitario el doble de recursos que en un principio se había proyectado con un posible recorte de las dietas.

Mientras tanto, continúa el debate político sobre diversas iniciativas para atenuar el impacto económico de la cuarentena total dispuesta por el presidente Alberto Fernández. Ayer, Infobae reveló que Máximo Kirchner instruyó al diputado Carlos Heller para trabajar en diversas iniciativas. Una de ellas estaría dirigida a los legisladores con patrimonio superior a los $20 millones. Otro de los proyectos podría fijar límites a la rentabilidad de los supermercados, algo que fue criticado por Alfredo Coto y por otros empresarios que viven una situación compleja.

La oposición también impulsó una batería de medidas para paliar la situación económica. El bloque de Diputados del PRO, conducido por Cristian Ritondo, confeccionó un paquete de cinco proyectos de ley. Las iniciativas prevén eximir del pago del monotributo para todas las categorías durante abril, mayo y junio; un plan de pago para los contribuyentes que acrediten una reducción del 30% de sus ingresos en los últimos seis meses, suspensión de las ejecuciones fiscales y reducción del anticipo de Ganancias “a partir del próximo vencimiento de la obligación”; la devolución del impuesto “PAIS” –recargo para los viajes al exterior– para los argentinos varados en cualquier lugar del planeta por el cierre de las fronteras; créditos bancarios destinados al “sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos”; la ampliación del programa REPRO para aquellos empleadores que demuestren una reducción “sustancial” en sus ingresos del 30% en los últimos seis meses, y la reducción del 30% en los sueldos de los funcionarios de los tres poderes, una iniciativa que Juntos por el Cambio ya había pedido al jefe de Estado a través de una carta enviada en la semana.

La UCR, en tanto, había presentado en estos días un proyecto para que los trabajadores sean eximidos de la contribución a los aportes sindicales por 180 días, con la colocación de un tope.

El texto, de los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Federico Zamarbide, del radicalismo mendocino, establece “la eliminación del artículo 38 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que establece que los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de los importes que los trabajadores destinan a los gremios”. Pamela Verasay había presentado una iniciativa similar en el Senado.

“Resulta imprescindible incrementar aquellos esfuerzos colectivos e intersectoriales en coherencia con las medidas tanto sanitarias como económicas que se toman en el marco de una situación de excepción, y ello requiere reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones”, fundamentaron los diputados en el proyecto de ley.

Resaltaron, además, que el aporte solidario “será de una cuota anual y no podrá superar el medio punto porcentual –0,5%– del salario bruto del trabajador del mes en el que se deba cumplir con dicha obligación”.

El texto señala los casos de los empleados de comercio y de los camioneros, que aportan 2,5% y 3%, respectivamente, en las remuneraciones mensuales de los afiliados a dichos gremios.

La Coalición Cívica, por su parte, presentó la semana pasada un proyecto para crear un Fondo de Reparación Económica destinado a cuentapropistas y monotributistas. El texto insta al Poder Ejecutivo a disponer de una línea de créditos a tasa cero de hasta $30.000 para monotributistas de las categorías A a la D, y de hasta $60.000 para el resto de las categorías.

La asociación de entrenadores de Italia se unieron a los futbolistas en sus críticas a la intención de los clubes de la primera división de fútbol de recortar hasta cuatro meses de salarios en caso de que la crisis del coronavirus conduzca a la cancelación de la temporada.

“Dadas las circunstancias preferimos evitar las polémicas, ya que no es el momento adecuado. Pero el tono de los clubes, que nos parece autoritario, ciertamente no es bienvenido”, señaló el presidente de la asociación de técnicos, Renzo Ulivieri.

La Serie A aprobó el lunes pasado las pautas de exención de pago siguiendo el modelo que la directiva de Juventus negoció a fines de marzo con sus jugadores y el resto de trabajadores.

Los clubes, que hablaron de pérdidas masivas por la suspensión de la temporada, apuntaron que solo se suspenderían dos meses en caso de reanudación y que las reducciones aún tendrían que negociarse.

La acción se detuvo el 9 de marzo para los veinte clubes de la primera división, con doce jornadas de liga y las semifinales de la Copa de Italia a la espera de su finalización, ya que el Gobierno planea extender el bloqueo actual más allá del 13 de abril.

“Nuestros mejores entrenadores fueron más allá de la disponibilidad, mostrando desde el principio su voluntad de contribuir”, dijo Ulivieri, y agregó que los modestos salarios de los entrenadores de las divisiones inferiores no deberían verse afectados “por razones humanitarias”.