Un santafesino de 38 años fue condenado por haber publicado fotos y videos íntimos de su expareja en sitios de pornografía y en redes sociales. La sentencia fue por un tipo especial de "injuria", deberá abonar $20.000 y además hacerse cargo de las costas del juicio.

La mujer lo llevó a juicio a través de una querella privada, y fue representada por los abogados Martín Durando, Julio César Loss y María Eugenia Espósito. El debate contra Pablo Daniel T. fue presidido por el juez Nicolás Falkenberg, mientras que su representación legal estuvo en manos de la defensora pública Virginia Balanda.

El vínculo entre Pablo T. y la víctima comenzó en 2005 y culminó en 2019. Tras la ruptura, la mujer dijo haber sufrido hostigamientos por parte de su expareja: llamadas, mensajes y apariciones imprevistas en su casa.

Pasaron algunos años hasta que ella se dio cuenta, debido a una publicación de Instagram, que Pablo T. había sido denunciado por publicar fotos y videos íntimos en un sitio web de pornografía. En algunos estaba ella, y en el resto se podía observar a distintas mujeres.

Este fue el puntapié para que la víctima comenzara a averiguar si existían más publicaciones, y encontró que Pablo T. había creado perfiles en distintos sitios pornográficos, donde había subido fotos y videos íntimos -tanto de ella como de otras mujeres-.

Los abogados de la mujer sostuvieron que el accionar de Pablo T. tenía como objetivo dañar a su ex, y además lucrar con el material de contenido sexual, ya que al pie de los videos y fotografías proporcionaba nombres y apellidos, se refería a ella como "mi ex" y coordinaba con diferentes sujetos para "hacer intercambio de mayor material, o recibir algún tipo de premio o contraprestación, ya sea monetaria o crediticia".

Al finalizar el juicio, el juez Falkenberg condenó a Pablo T. por un tipo específico de "injuria", el "descrédito", configurado en el artículo 110 del Código Penal. Se esperan los fundamentos del magistrado.

Los querellantes señalaron que "la injuria necesita una expresión a través de cualquier medio que venga a dañar la imagen de una persona, o la dignidad de la misma, e incluso perjudicar la reputación de la persona".

"Es sabido que la denuncia de injuria, para que progrese, debe tratarse de un hecho grave que cause un perjuicio claro. Es por ello que esta injuria impartida por el denunciado, realizada en los medio más masivos actualmente (internet/redes sociales/ Whatsapp), trasciende y logra el perjuicio y gravedad que la figura requiere y, claro está, se condice con la intención del agraviante"

En este caso, señalaron que el accionar de Pablo T. se enmarcó en la figura del "descrédito, que se da cuando las imputaciones ofensivas ocurren ante terceros y así se daña la reputación de un persona, con lo cual el sujeto pasivo -la víctima- queda difamado".

Aquí, "la conducta exteriorizada por el agente tiene carácter ultrajante de todo y cualquier honor, crédito, imagen de una persona sobre un modo de exposición susceptible de valoración peyorativa, estigmatizante, ultrajante y humillante para con la personalidad del ofendido".

La querella también señaló que Pablo T. "ha colocado una cámara oculta en el baño de la residencia que compartía con la víctima para tomar fotos y videos de las personas -mujeres- que asistían al baño (amigas, familiares, etc.), sin saber si en alguna oportunidad lo hacía con los menores que asistían a la residencia".

La querella de uno de los denunciantes de L-Gante apeló hoy la libertad dispuesta el viernes pasado por el juez de la causa y le pidió a la Cámara de Mercedes que vuelva a ser detenido.

El pasado viernes L-Gante fue puesto en libertad tras estar casi 100 días preso por presuntas amenazas y privación ilegal de la libertad, sin embargo, la querella de uno de sus denunciantes apeló la decisión y le pidió a la Cámara de Mercedes que vuelva a ser detenido.

De acuerdo, en representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos denunciantes de L-Gante, los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra solicitaron que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revoque la resolución del juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro.

En ese sentido, los abogados afirman que “esta parte entiende este fallo como de otro expediente, parece un fallo satélite, que desconoció todo lo que se discutió jurídicamente hasta hora”.

Al mismo tiempo, critican que el juez Castro "se limita, solo, a resaltar los testimonios recibidos a la defensa del Sr. Valenzuela, como olvidándose de las otras cientos de fojas que también son parte del expediente".

Además, cuestionan al magistrado al afirmar que "interpretar una enemistad manifiesta de Torres hacia Valenzuela, y tratarlo de borracho es insultar y re victimizar a la víctima".

Bajo ese marco, los letrados afirman que "la resolución puesta en crisis, no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la IPP" (instrucción previa preparatoria).

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Finalmente, piden que la Cámara "disponga la revocación del auto impugnado", que "ordene la inmediata detención de Elián Valenzuela" y que de ser necesario y antes de tomar una determinación, se fije audiencia oral ante los camaristas para mejorar los fundamentos de su apelación.

Este lunes se escucharán las apelaciones de los fiscales, la querella y los defensores de las asesinas, pero aún no se darán a conocer los años de prisión que les corresponderá a cada una.

Comenzó la audiencia de apelaciones del juicio por el crimen de Lucio Dupuy. Este lunes, el Tribunal de Santa Rosa escuchará los pedidos de pena de los fiscales, la querella y los defensores de las acusadas.

El procedimiento, denominado juicio de cesura, es a puertas cerradas como todo el debate que se desarrolló entre el 10 de noviembre y el 22 de diciembre de 2022, por tratarse, además, de un delito contra la integridad sexual. Las condenadas no están presentes en la sala, pero sí se encuentra Christian Dupuy, padre del nene asesinado.

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Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas por el delito de homicidio agravado. En el caso de Páez, también fue declarada culpable de abuso sexual ultrajante mientras que Espósito Valenti fue absuelta por ese delito.

Una vez concluida la audiencia, se conocerá la fecha en la que saldrá la sentencia. El plazo máximo será dentro de los próximos cinco días.

Las apelaciones de las partes

Durante esta audiencia, los fiscales Verónica Ferrero, Walter Martos y Marcos Sacco apelarán la sentencia: pedirán que la madre del nene sea condenada también por abuso sexual ultrajante.

La querella, a cargo del abogado José Mario Aguerrido, también apelará esta absolución. Además, se buscará sumar como agravante el crimen de odio, por la condición de varón de Lucio.

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Por otra parte, la defensa de Abigaíl Páez, a cargo de Silvina Blanco, cuestionará parte de la autopsia del médico Juan Carlos Toulousse. Su estrategia es encuadrar el crimen como un homicidio preterintencional y pedirá la absolución del abuso sexual por la “duda razonable”.

El defensor de Magdalena Espósito Valenti, Pablo de Biasi, pedirá la absolución de la madre de Lucio del delito de homicidio agravado. El mismo sostiene que no estuvo en el momento de la agresión que le produjo la muerte al nene e insistirá en que el hecho debe encuadrarse en un acto de violencia de género por la supuesta violencia del padre de Lucio, Christian Dupuy, hacia la madre.

La querella que representa a la madre del ladrón muerto por los disparos del policía bonaerense Luis Chocobar tras el ataque a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, pidió hoy la pena de prisión perpetua para el oficial al considerar que cometió un “homicidio agravado” en el marco de una “ejecución extrajudicial”, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado en su alegato ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, por el abogado Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Juan Pablo Kukoc (18) e integra el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación.

Al pedir la máxima condena, el abogado querellante mantuvo la misma calificación de su requerimiento de elevación a juicio y lo consideró autor de un “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”, contemplado en el artículo 80, inciso 9no. del Código Penal.

Según las fuentes, Rovatti alegó que Chocobar (33) mató a Kukoc “por la espalda” en lo que definió como una “ejecución extrajudicial” para hacer referencia a que se trató de un caso de “gatillo fácil”.

Tras el turno de la querella, en la jornada de hoy está previsto que alegue también la fiscal de juicio Susana Pernas.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la representante del Ministerio Público evaluará la responsabilidad que tuvo Chocobar en la muerte a balazos de Kukoc cuando escapaba del asalto al turista Frank Wolek (57).

El policía llegó al debate acusado por la fiscalía del “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber” del delincuente, delito que prevé una pena máxima de 5 años de prisión, mientras que la querella de la familia del joven fallecido sostuvo desde un principio que se trató de un “homicidio agravado”, con pena de prisión perpetua, tal como solicitó hoy en su alegato.

La fiscal Pernas ya había alegado la semana pasada frente a los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete pero en referencia al hecho del asalto al turista y pidió 18 años de prisión para el cómplice de Kukoc -a quien no se identifica porque al momento del hecho tenía 17 años-, por el delito de “robo agravado cometido con armas, en concurso real con tentativa de homicidio criminis causa” de Wolek.

En tanto, el miércoles pasado, el defensor Albino Stefanolo solicitó que sea absuelto, dado que la única prueba que lo colocó en el lugar del hecho fue un solo testimonio.

“Pidió la absolución de su defendido por las deficiencias de la investigación, sin que pueda validarse la identificación del destinado. Coincido que la investigación fue muy deficiente”, tuiteó luego del alegato el abogado Fernando Soto, representante de Chocobar.

Ese hecho de robo a Wolek por el que terminó gravemente herido a puñaladas fue el que desencadenó, luego, la persecución en la que el policía disparó y mató a uno de los dos asaltantes.

El policía declaró hace dos semanas ante el tribunal y justificó su accionar, al asegurar que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado y que disparó al piso.

En tanto, tras ese testimonio, la querella consideró que el acusado mintió “para intentar mejorar su muy comprometida situación”.

El asalto al turista estadounidense ocurrió el 8 de diciembre de 2017 a pocos metros de Caminito, en La Boca, por donde la víctima paseaba a pie con su cámara fotográfica y fue interceptada y apuñalada con fines de robo por dos delincuentes, el menor de edad y Kukoc.

Tras el ataque, ambos asaltantes salieron corriendo, pero mientras uno logró escapar, Kukoc fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque.

Instantes después, llegó al lugar Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, quien se identificó y, según declaró luego, le pidió que se detenga, tras lo cual efectuó disparos, dos de los cuales alcanzaron a Kukoc en el muslo izquierdo y el mortal, en la zona de la baja espalda.

Los denunciantes alegan que se “ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche”, especialmente los que hacen reclamos de territorio.

Comunidades mapuche de la región chilena de La Araucanía presentaron una querella en contra del presidente Sebastián Piñera por el delito de genocidio.

La acción legal fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Temuco, capital de La Araucanía, en la que pidieron que se citara a declarar a Piñera en calidad de imputado.

De acuerdo con una declaración pública, los denunciantes señalan que actualmente se “ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche, especialmente en contra de comunidades que levantan dignos procesos de recuperación territorial”.

Las comunidades mapuche añaden que la “militarización” de su territorio “ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tanto también derechos colectivos”.

Además, enumeran algunos de los hechos que han registrado como consecuencia de esa militarización, como “golpes, baleados, torturas y asesinatos”, sobre todo a niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas ancianas.

Los denunciantes califican esta situación como una “guerra de baja intensidad”, con la cual el Gobierno chileno declara al pueblo mapuche como su “enemigo interno”.

“Esta actual y sistemática política de exterminio a nuestro pueblo mapuche se constituye en un genocidio”, enfatizan.

Desde el año pasado, se han registrado una serie de incidentes en la Araucanía chilena, que no solo comprende a la región homónima, sino también a la provincia de Arauco, al sur de la Región del Biobío, en el sur del país.

El 3 de febrero pasado, se registraron tres ataques incendiarios en diferentes sectores del sur de la provincia de Arauco a una vivienda, unas cabañas de veraneo y una capilla católica. Ese mismo mes fueron incendiados cuatro camiones y hubo ortos ataques similares en varios días.

En marzo continuaron los ataques, un carabinero resultó herido en un procedimiento durante una toma de terrenos, fueron incendiadas maquinarias de uso forestal y el último incidente, registrado el pasado sábado 27, involucró a un equipo periodístico de Televisión Nacional de Chile (TVN), integrado por el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, que fue atacado con disparos.

A pesar de que los hechos siguen bajo investigación, tanto las víctimas de los daños materiales como las fuerzas de seguridad y el Gobierno les atribuyen los ataques a presuntas agrupaciones mapuches radicalizadas, dentro de una disputa por los territorios considerados ancestrales.

Sobre el último hecho, el ataque al equipo periodístico, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), a la que las autoridades atribuyeron este hecho, desmintió esa versión y señaló que podría tratarse de grupos mapuche que han sido “comprados” por las empresas forestales.

Según la versión de Llaitul, Núñez “se encontró con un grupo de personas que son contrarios a la CAM” y al movimiento autonomista. De hecho, aseguró que quienes perpetraron el ataque contra el equipo periodístico son “gente que trabaja para las forestales”.

“Lamentablemente son mapuche y están bajo los programas y planes de las forestales”, comentó, según reporta Diario Universidad de Chile. 

La filtración de los detalles del contrato que firmó Lionel Messi con el Barcelona en el 2017 sigue siendo un tema central en España. Las últimas informaciones en ese país indican que el futbolista presentará una querella ante la Justicia con la intención de esclarecer lo ocurrido con ese vínculo privado.

Según informó el programa radial El Mon, de la emisora catalana Rac1, tanto el deportista de 33 años como el club tomarían cartas en el asunto para profundizar sobre este tema que generó repercusión mundial. La información que brindaron es que existen cinco nombres que generan sospechas. El ex presidente Josep Maria Bartomeu y parte de su junta directiva están en la mira, pese a que recientemente los propios protagonistas se encargaron de defenderse públicamente.

“Messi mete al ex presidente del club, Josep Maria Bartomeu; el ex vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el actual director general, Òscar Grau; el presidente de la junta gestora del club y entonces presidente de la comisión económica, Carles Tusquets, y también el jefe de los servicios jurídicos del club, Romano Gómez Ponti”, detalló el sitio web de Rac 1 sobre esos apuntados, además de asegurar que desde la institución también se plantean “pedir una investigación interna para ver quién ha filtrado el contrato”.

La estratosférica cifra que Lionel Messi le genera al Barcelona

Según aclaró el diario Sport, estas cinco personas son las que tenían acceso al documento.

Con este accionar, la intención del astro argentino, a través de sus abogados, es averiguar quién fue el responsable de filtrar ese documento confidencial a la prensa. Un hecho que podría considerarse como un delito.

En esta línea, dos de los cinco nombres que puso en el centro del tablero el medio catalán ya salieron a hablar públicamente. Mientras que Bartomeu lo hizo a través de un mensaje, Jordi Mestre se expresó por intermedio de una entrevista con la Cadena Cope.

“Escucho a ciertos medios insinuar que alguien de la junta saliente o yo hemos filtrado este contrato. Y esto es totalmente falso”, aseguró el ex presidente Bartomeu en un mensaje que le hizo llegar al programa radial de Barcelona Sin Concesiones de RKB. “Es un tema muy serio, es totalmente ilegal filtrar contratos profesionales y esto acabará en tribunales porque ni Barça, ni Messi pueden aceptar que este delito quede en nada”, agregó.

Se filtró el contrato por 555.237.619 euros que Messi firmó con el Barcelona

El ex vicepresidente también se desligó de cualquier responsabilidad y deslizó una teoría conspirativa: “Siempre que pasa algo en el Real Madrid sale alguna noticia de carácter polémico contra el Barça. Ya pasó con Neymar, con Rosell, con Messi… y cada vez creo menos en las casualidades”.

Hasta el momento, Carles Tusquets, quien comanda la junta gestora actual hasta las próximas elecciones presidenciales, no se pronunció al respecto, al igual que los otros dos apuntados.