El fiscal del caso pidió una condena de 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko; además, 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde haya menores

La fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió este viernes 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores, en el marco de la causa que investiga los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza, informaron fuentes judiciales.

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Así lo requirió el jefe de fiscales de esa unidad, Alejandro Iturbide, al alegar ante el Tribunal compuesto por la jueza Gabriela Urciuolo; Belén Salido y Belén Renna, en el Polo Penal Judicial, en el tercer juicio por estos hechos para determinar la responsabilidad de la monja.

El pedido de pena del fiscal es de 25 años de prisión por considerarla autora de los delitos de “abuso sexual simple doblemente agravado, por ser encargada de la guarda y ser ministro de culto; participación primaria en abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda; corrupción de menores agravada”, dijo el abogado de la querella, Oscar Barrera.

Además, añadió, “la fiscalía pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos en toda institución y albergue que tenga el control el Estado en materia educación de menores”.

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Este tercer debate, a diferencia de los anteriores, contiene tres causas acumuladas, por lo que habrá un alegato por cada una de ellas: en dos de los expedientes la única imputada es Kumiko Kosaka, quien recuperó la libertad en junio de 2022 y cuenta con prisión domiciliaria.

En tanto en la restante hay ocho: Graciela Pascual Ivars (65); Asunción Martínez (53); Gladys Edith Pinacca Andrade (66); Cristina Fabiana Leguiza Funes (50); Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48); Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60); Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43) y Noemí del Carmen Paz Torrez (63).

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Sobre el alegato de cierre por parte de la Fiscalía, Barrera resaltó “el trabajo impecable, muy difícil, de recopilación de todas las pruebas de cargos de una causa de casi tres años de duración de debate, un trabajo con perspectiva de género y con perspectiva de discapacidad”.

Finalizada la jornada de hoy, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el lunes 22, con los alegatos de cierre por parte de la querella y luego será el turno de los abogados de Kumiko.

El primer juicio fue un abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el cual el monaguillo Jorge Bordón y exempleado administrativo en el Instituto confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

En tanto, el segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y Horacio Corbacho Blanc a una pena de 45, mientras que el jardinero Armando Ramón Gómez recibió 18 años de prisión.

En noviembre de 2016 salieron a la luz los casos de abusos en el Instituto Antonio Próvolo, en la localidad mendocina de Lujan de Cuyo, lo que derivó en el cierre del predio y una megacausa que condenó a 14 personas, entre ellas dos curas y dos monjas, por los hechos que conmocionaron a la opinión pública.

Se trata de monjas, directivas y una cocinera del instituto. Es el segundo juicio, luego de que a fines de noviembre del 2019 fueron condenados dos sacerdotes y un ex jardinero.

Nueve mujeres imputadas, entre ellas monjas, directivas y una cocinera del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, irán a juicio a partir del 12 de abril próximo, acusadas de los abusos sexuales cometidos a niños hipoacúsicos dentro del Instituto.

Se trata del segundo juicio, luego de que a fines de noviembre del 2019 el sacerdote Horacio Hugo Corbacho Blanck (59) fuera condenado a 45 años de prisión.

En esa oportunidad, el cura italiano Nicola Corradi (83) recibió una pena de 42 años y el ex jardinero Armando Gómez (49) fue sentenciado a 18 años.

El abogado querellante Sergio Salinas indicó este lunes a Télam que “se ventilará la responsabilidad de la gente a cargo, las directivas, las monjas, la cocinera y la psicóloga, quienes conociendo de los abusos, sistemáticamente lo ocultaban”.

“La prueba es abrumadora porque no solo hay testimonios que establecen la veracidad de los delitos denunciados por peritos oficiales y de parte, sino también muestran el perfil psicológico de las imputadas y la prueba objetiva que son documentaciones como libros y material que utilizaban para cometer los abusos sexuales y ocultarlos”, afirmó.

“Se ventilará la responsabilidad de la gente a cargo, las directivas, las monjas, la cocinera y la psicóloga, quienes conociendo de los abusos, sistemáticamente lo ocultaban”.SERGIO SALINAS, ABOGADO QUERELLANTE

Entre ellos, “hay elementos secuestrados como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas cuando eran muy pequeñas”, dijo el querellante.

Esto, explicó Salinas, “demuestra un correlato de lo que allí sucedía, sobre todo las denuncias penales que ya para el 2006, 2007 y 2008 demostraban los indicadores de hipersexualidad y comportamientos agresivos que tenían las víctimas en aquel entonces”.

Los abusos en el Próvolo, cuya denuncia y condena fueron noticia y ejemplo de justicia a nivel mundial, se conocieron en 2016 cuando se escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien, ayudado por un intérprete de señas, contó en la Legislatura de Mendoza los hechos aberrantes que ocurrían en la institución religiosa.

Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando una senadora tomó coraje y llevó la denuncia a la justicia.