El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado este lunes por el juez federal Julián Ercolini, acusado de cometer actos de violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. 

Las denuncias, presentadas el año pasado, señalan que Fernández habría agredido físicamente a Yañez, quien proporcionó imágenes como prueba de los presuntos maltratos sufridos.

El juez Ercolini procesó al ex mandatario por los delitos de lesiones leves agravadas, lesiones graves y amenazas coactivas, ocurridos en dos ocasiones diferentes dentro de un contexto de violencia de género. Además, se impuso un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Fernández como medida cautelar.

A pesar de este procesamiento, se levantó la prohibición de salida del país, lo que permitirá al ex presidente viajar al exterior. Este proceso se suma a la serie de denuncias que se vienen manejando en torno a la vida privada de Fernández y su relación con Yañez.

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue escalando. Después de un fin de semana de intensa acción, en el que el futbolista fue desalojado de su casa en Santa Bárbara y la empresaria dio una extensa entrevista en televisión, las abogadas de Icardi presentaron una denuncia contra Nara por falsa denuncia y estafa procesal.

La denuncia se origina en los hechos del 30 de noviembre, cuando Icardi fue desalojado de su vivienda en Santa Bárbara bajo acusaciones de amenazas y tenencia de armas, que resultaron ser infundadas. 

La defensa de Icardi argumenta que Nara utilizó una estrategia para excluirlo del hogar y favorecerse a sí misma, ya que la vivienda en cuestión es una propiedad ganancial.

Además, se solicita cautelarmente la atribución de un departamento en el edificio Chateau Libertador para que Icardi pueda llevar adelante su recuperación médica después de una cirugía por ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. 

La defensa cuestiona que las denuncias de Nara no deberían justificar la exclusión de Icardi y que el interés superior de los menores involucrados exige que ambos padres puedan mantener espacios adecuados para convivir con ellos.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles por la mañana a un hombre con dos pedidos de captura activos, a solicitud de la Justicia Federal y también de la Provincial.

Personal del Distrito Las Colonias, en una investigación encabezada por el Ministerio Público de la Acusación santafesino, pudo establecer que el prófugo se encontraba oculto en una casaquinta, en calle Brigadier López al 2900 de Esperanza.

Los uniformados allanaron la vivienda este miércoles y encontraron al sujeto buscado. Sus iniciales son AAB y tiene 44 años. Además, secuestraron en el inmueble dinero en efectivo y otros elementos de interés.

El detenido fue puesto a disposición del fiscal federal Gastón Theler, quien determinó que sea alojado en dependencias de la Comisaría 1° de la Unidad Regional XI.

AAB está acusado de formar parte de una organización criminal integrada por personal policial del a Brigada Antinarcóticos de la entonces Agencia de Investigación Criminal del departamento Las Colonias. La organización criminal habría actuado al menos desde septiembre de 2022 hasta mediados del año pasado, cuando fue desbaratada.

En la causa, ya fueron procesados -entre otros- Lucas Gabriel Nos, quien era jefe de la brigada, y dos de sus subalternos: el suboficial Matías Cosentini y la oficial María Belén Muratore. Ellos están acusados de brindar protección y de comprarle droga a un importante narco dela zona llamado Daniel Carlos Segovia, quien cayó en desgracia cuando su propia mujer lo denunció a las autoridades por violencia de género.

AAB sería uno de los "dealers" que utilizaba la banda para vender narcóticos en el departamento Las Colonias. El hombre pagaba por la droga y también por la "protección" que le ofrecían los policías.

Un transportista fue procesado por la Justicia Federal, acusado de "tráfico de sustancias medicinales nocivas en grado de tentativa y en carácter de autor".

La investigación del caso comenzó a mediados del año pasado, cuando el vehículo del acusado cayó en un control de tránsito preventivo establecido por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre la ruta nacional 19, aproximadamente en el kilómetro 1,5, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé.

El operativo se desarrolló el 7 de junio por la tarde. Minutos antes de las 17, los uniformados, del Escuadrón Santa Fe Norte, hicieron detener al conductor de un vehículo marca Peugeot, modelo Boxer.

En el interior del rodado había varias cajas rectangulares de cartón. Fue ahí que el conductor, identificado como Félix José Garofano y domiciliado en San José del Rincón, manifestó en forma espontánea que se trataba de "medicamentos varios" y que no poseía documentación que lo habilitara para efectuar su legal transporte.

Garofano accedió a abrir las cajas y así mostró a los gendarmes los medicamentos e insumos presumiblemente utilizados para el tratamiento de diálisis.

En el informe remitido al fiscal del caso, el doctor Gustavo Onel, consta que durante el procedimiento Garofano manifestó espontáneamente que estaba realizando un flete para un centro de diálisis ubicado en la zona céntrica de la capital provincial. Y que había retirado la mercadería desde distintos domicilios de las localidades de Colonia Silva y San Guillermo.

El chofer también aclaró que realizaba regularmente estos trabajos para la misma clínica, sin documentación respaldatoria, y que nunca había tenido problema. Ese día además explicó que los insumos que trasladaba iban luego a ser reutilizados, algo que días más tarde dijo desconocer durante la indagatoria.

La fiscalía se comunicó con personal de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) y este organismo de control informó que "los mencionados insumos médicos no pueden circular sin documentación que avale su transporte reglamentario, acotando que en caso de que citados medicamentos hayan sido adquiridos por consumidores finales, no pueden ponerse nuevamente en circulación porque violan la 'trazabilidad' que inicia con la producción y finaliza con la adquisición de los mismos por parte de los particulares o consumidores finales, actividad que no puede realizarse a la inversa. En otras palabras, no pueden ser reutilizados".

El funcionario del Ministerio Público Fiscal solicitó más tarde al centro médico aludido que informe si los medicamentos incautados eran de su propiedad y que, en caso afirmativo, remita la documentación que acredite su origen y trazabilidad. Como respuesta, las autoridades del instituto enviaron explicó Onel.

Por otra parte, en el informe elaborado por el Departamento de Inspección de Farmacia de la Primera Circunscripción, consta que varios de los productos incautados se encontraban vencidos. Además, evidentemente algunos de los elementos incautados ya habían sido abiertos o utilizados por pacientes.

El fiscal sostiene en su hipótesis que las sustancias secuestradas iban a ser suministradas a otros pacientes en la ciudad de Santa Fe, violando las normativas vigentes, y que el chofer conocía ese destino.

Con las pruebas reunidas, este lunes el Juzgado Federal N.º 1 a cargo del doctor Marcelo Bailaque resolvió procesar a Garofano.

Este hombre continuará el proceso en su contra en libertad, debido a que el fiscal tuvo en cuenta una serie de factores: no registra antecedentes condenatorios, la pena en expectativa es de ejecución condicional y, al ser citado, el hombre compareció de manera voluntaria.

No obstante, el Juez le impuso una serie de medidas de conducta: la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, y la obligación de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional de cualquier cambio del domicilio.

Fue procesado junto a otros cómplices de los engaños

Adrián Martínez Moreira, como figura en su DNI, se hizo pasar por hijo de una pareja militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino que había sido secuestrada en Paraguay durante la última dictadura de ese país para cobrar indemnizaciones.

Declaró ante la Justicia federal en la causa Plan Cóndor y ahí empezó a desplegar su modus operandi, lo que le permitió tomar contacto con otras víctimas a las cuales les ofrecía su oficio como supuesto abogado para representarlas ante el Estado. La maniobra tenía como objetivo cobrar por reparaciones económicas como víctimas de delitos de lesa humanidad.

Para conseguirlo, falsificaba constancias de juzgados federales y adulteraba declaraciones de víctimas reales con nombres ficticios. Después de una ardua investigación que lleva años y sigue en curso, fue procesado en las últimas horas junto a otras cuatro personas cómplices de su engaño, según publicó Clarín.

“Unimos todas las piezas porque era un rompecabezas. Habían distintos elementos desperdigados en muchos lugares”, indicó al medio porteño Federico Efron, director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, para comenzar a explicar la complejidad de la causa.

HECHOS FALSOS DESDE 2013

Martínez Moreira era “el timonel” de la banda delictiva. Su primera declaración formal data de 2013, cuando introdujo hechos falsos en el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Para lograrlo, había recopilado información sobre causas y nombres de víctimas reales. Así consiguió que un juez civil le otorgase la identidad que reclamaba.

Según el relato revalidado por la Justicia en ese momento, sus padres habían sido secuestrados en 1988 y él, con dos años, fue apropiado por un militar argentino. Una investigación posterior de la unidad especializada para casos de apropiación de niños contradijo esta versión. Hubo más porque se llegó a encontrar a su hermana biológica, pero él se negó a hacer una prueba genética.

Su verdadero nombre es Matías Ezequiel López y no nació en 1986, sino en 1993. Pero usó su falsa identidad para engañar durante años a víctimas reales de la dictadura y así representarlas ante el Estado argentino. “Hubo que hacer un trabajo profundo y cuidadoso para no otorgar un reconocimiento a alguien que no fue víctima ni tampoco rechazar a otra que realmente fue”, dijo Efron.

El modus operandi con esas víctimas reales era engañarlas diciendo que era abogado y que tenía contactos para solucionar todo rápido. Así lograba la representación: presentaba amparos por mora contra el Estado nacional para que los expedientes salgan velozmente.

También se encontraron documentos en expedientes por víctimas falsas. El plan era sumar documentos para mostrarles a los damnificados el poder que tenía a la hora de reclamar resarcimientos.

Era una especie de movimiento circular. “Hacía un amparo por mora, empezaba un expediente de reparatoria, luego una certificación trucha del Archivo Nacional de la Memoria, otro de un legajo de Conadep. Y así iba avanzando y engañando a las víctimas reales sobre la suerte de sus familiares”, indicó el representante de la Secretaría de Derechos Humanos, que se presentó como querellante.

El accionar de Martínez Moreira continuó de la misma manera. Incluso, visitaba a familiares de desaparecidos y generaba lazos afectivos con ellos. Su plan era obtener información para después usarla a su manera. “Se inventó una historia para tener vínculo con las víctimas de desaparecidos, antedatar su nacimiento y construir esta mentira”, agregó Efron.

Ante la consulta sobre la existencia de algún tipo de trastorno mental, fuentes de la investigación le afirmaron a este diario que Martínez Moreira “comprende perfectamente lo que hace, diferencia entre el bien y el mal”.

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FRAUDE TOTAL

Su fraude era total, ya que hasta llegó a hacer contradenuncias, algunas relacionadas a violencia de género. Una de ellas contra un abogado a quien le falsificó 50 veces la firma. Otra, presentada contra una víctima que había descubierto su entramado.

En un allanamiento realizado en un domicilio del barrio porteño de Caballito, en el que funcionaba la supuesta sede del estudio jurídico, secuestraron infinidad de cajas con documentación de todos los expedientes.

Ahora, el Juzgado Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Capuchetti, lo procesó junto a sus cuatro cómplices: Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

Los cinco integrantes de la banda están acusados de integrar una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias en busca de un beneficio económico.

“Más allá de las falsificaciones, engaños a las víctimas y a los jueces, no ha tenido resultados en término de resoluciones judiciales o administrativas. Y eso es muy importante”, aclaró Efron.

El objetivo de la querella es llevarlo a juicio oral. Mientras tanto, Martínez Moreira no puede salir del país ni cambiar de domicilio. Pero “sigue a la pesca”, advierten. Parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta. Por eso, desde la Secretaría de Derechos Humanos creen que es posible que existan más casos que todavía no salieron a las luz. Son 62 hechos, pero creen que hay más víctimas.

La decisión fue tomada por el juez Sánchez Sarmiento, que también procesó a los otros tres detenidos del caso y los dejó detenidos. Corazza, sin embargo, seguirá siendo investigado

Marcelo Corazza, el ex productor de Gran Hermano que había sido detenido acusado de integrar una banda de explotación infantil, fue procesado por el delito de corrupción de menores en concurso de ideal con exhibiciones obscenas a una víctima de trece años de edad, en una decisión tomada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, en el marco de un expediente donde interviene el fiscal Patricio Lugones.

Filtraron datos sobre la pericia psicológica a Marcelo Corazza

Sin embargo, según la misma decisión, Corazza recibió la falta de mérito para procesar a o sobreseer en la acusación que apunta a su rol en la banda, que tiene otros tres detenidos.

Fue liberado hace minutos de la cárcel de Ezeiza. También fue embargado en dos millones de pesos según la misma resolución y seguirá siendo investigado en el marco del expediente.

Noticia en desarrollo..

La Justicia revocó la “falta de mérito” que el actor había obtenido sobre la denuncia realizada por la locutora Viviana Aguirre.

Este lunes se informó que Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de abuso sexual. La Sala 7 revocó la “falta de mérito” que el actor obtuvo a fines de diciembre sobre la denuncia realizada por la locutora Viviana Aguirre. A partir de este fallo, deberá enfrentar un juicio.

En la resolución se especifica que el embargo judicial es de 800 mil pesos. El ex Televisión Registrada seguirá gozando de su libertad porque no se dictaminó prisión preventiva.

Tras la noticia, Viviana Aguirre conversó con el equipo A la Tarde (América). “Esperaba esto desde que dictaron la falta de mérito, que la viví como una injusticia. Me enteré hace media hora y no lo podía creer de la emoción que tengo”, aseguró.

Gianola presentó a su nueva novia en medio de las denuncias por abuso

Y añadió: “Con la falta de mérito me había sentido de nuevo violada. No quiero llorar, pero este momento es muy importante para mí. Les agradezco a ustedes porque gracias a eso, muchas chicas se animaron a denunciar”.

Aguirre no dudó en remarcar que este procesamiento marca un precedente valioso. “Desde el año 93 que este tipo abusa sexualmente y estamos en el 2020. Lo que yo digo es que los violadores no van a cambiar y este tipo es un violador, más que un abusador. Esta es la oportunidad de que la Justicia escuche a las víctimas”, completó.

La denuncia de Viviana Aguirre: “Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites” Tiempo atrás, Viviana Aguirre había hablado acerca de los momentos incómodos que vivió durante su convivencia con Fabián Gianola. “En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa”, detalló en el programa radial El Show del Espectáculo (Urbana BA).

Y completó: “Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”. Esa situación la llevó a renunciar a su trabajo para evitar el hostigamiento y el acoso constante.

Renunciaron las abogadas de Fabián Gianola

Los audios de los mensajes que Fabián Gianola le mandaba a Viviana Aguirre Como prueba, Viviana Aguirre presentó algunos audios que fueron incorporados a la causa y que salieron a la luz hace algunos meses.

Tratando de minimizar las acusaciones, Gianola había dicho que solo había visto a Aguirre en tres oportunidades y en lugares públicos. Una versión que ella desmintió con el material que presentó al aire de A24.

Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de abuso sexual “Si hay que poner el cuerpo, Vivi, lo tenés que poner por la profesión. Si hay que poner el c…, ya sabemos, lo ponemos; en este caso, lo ponés vos”, le decía el acusado en uno de los mensajes.

El exministro de Hacienda del Gobierno de Cambiemos Nicolás Dujovne fue procesado hoy, sin prisión preventiva, por la supuesta comisión de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien además le trabó un embargo sobre los bienes de 100 millones de pesos, según consta en el fallo de 133 páginas al que tuvo acceso Télam.

Se trata del cuarto exfuncionario de Cambiemos procesado en este expediente, en el que se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que habían estado vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente.

Los otros exfuncionarios procesados fueron el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el exProcurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, aunque a ellos se les endilgó el delito de administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado.

Para Canicoba Corral, Dujovne es responsable de omitir “intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia”.

“Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba”, enfatizó el magistrado en el fallo, en el que señaló que el exministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.

En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.

Lo embargaron en 500 millones de pesos. Lo dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Se espera por la declaración de Dujovne.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich por administración fraudulenta, a raíz de la renegociación de los contratos de autopistas y le trabó un embargo de 500 millones de pesos.

La medida se produjo luego de que fuese indagado Dietrich el pasado viernes y en el día en que se le va a tomar indagatoria por videoconferencia al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne.

El magistrado a cargo de la causa dispuso la prohibición de salida del país y embargó al empresario por $ 30 millones.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Diego Amarante, ordenó el procesamiento del peluquero Roberto Giordano por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado a cargo de la causa dispuso la prohibición de salida del país y embargó al empresario por $ 30 millones.

La causa tiene su origen en una denuncia penal realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)

La investigación judicial evidenció que el empresario creó una serie de sociedades donde habría designado como autoridades a conocidos sin capacidad contributiva.

Esos individuos fueron convocados para la formación y el funcionamiento de las sociedades cuando en realidad, quien detentaba el efectivo manejo de las mismas era Giordano.

El procesamiento judicial sostiene que, posteriormente, Giordano desapoderó a los “prestanombres” de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Hizo esto a través de la venta de los mismos a valores nulos, bajos o transferidos a personas carentes de solvencia económica para afrontar tales adquisiciones, conjuntamente con el traspaso de su personal y bienes de uso.

Asimismo, en el marco de la causa se corroboró que el empresario habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres firmas: Guildin SA, Adraltior SA, y Nilamar SA

El magistrado ordenó además trabar un embargo de 50 millones de pesos sobre los bienes de Torales y dispuso también su inmediata libertad, ya que estaba bajo arresto domiciliario.

Si bien el fiscal del caso, Santiago Marquevich, había acusado al contador de homicidio culposo, para el juez el delito cometido debe encuadrarse en la violación al artículo 203 del Código que rige sobre la pandemia, con el agravante de la muerte de su abuelo y el de haber enfermado a otras personas.

“No quedan dudas que el comportamiento de Torales resultó un peligro para la salud pública -bien jurídico protegido-, a punto tal que produjo un daño concreto en la salud de varias personas”, afirmó el juez en su fallo de 23 páginas.

Y continuó: “la actitud adoptada por Torales al concurrir a la fiesta de cumpleaños de quince de su prima -a la que fueron más de cien personas-, cuando existía una norma que lo obligaba a estar aislado y no tener contacto con otros individuos, no deja dudas de que propagó la enfermedad que posteriormente se le diagnosticó”.

Para el magistrado, “no existe objeción alguna para afirmar que el imputado violó de manera imprudente las disposiciones que se encontraban vigentes y que habían sido adoptadas el día 12 de marzo de 2020”, cuando el Poder Ejecutivo dispuso que aquellas personas que habían viajado a zonas afectadas por la circulación de la Covid-19 debían permanecer en aislamiento preventivo por 14 días.

“Por lo tanto, no existe óbice para afirmar que Torales violó el deber de cuidado que tenía asignado ya que, ante un escenario de propagación y circulación de casos de coronavirus a nivel mundial, decidió participar de un evento social cuando debía haberse quedado en su domicilio por la obligación de aislamiento”, señaló el juez.

Para el magistrado, el acusado “realizó una acción de la que claramente debía abstenerse, aun cuando pudo haber creído que no se produciría la propagación de la enfermedad”.

Si bien en su indagatoria por videoconferencia el acusado se negó a declarar ante el fiscal, sí ratificó un escrito presentado por su abogado Guillermo Tiscornia en el que afirmó que él decidió ir a la fiesta de 15 de su prima porque este tipo de eventos tenía “un significado afectivo muy especial” y “porque constituía algo “único e irrepetible”.

También señaló que al momento de concurrir a la fiesta “se sentía en perfecto estado de salud” y que “fue en los días sucesivos cuando comenzó a tener fiebre y, siguiendo el protocolo del caso, hizo la consulta médica y fue internado en una Clínica Privada de la Capital Federal”.

Según el acusado, “el 20 de marzo recibió la notificación de que era portador del coronavirus y el 23 se le dio alta médica, con estricta obligación de cuarentena en su domicilio particular, lo cual cumplió rigurosamente”.

“Nunca jamás, hubiese imaginado que podría resultar ser portador del virus; y menos podría decirse que tuve la menor intención de contagiar absolutamente a nadie; y menos a un a personas que forman parte de mi entorno familiar”, aseguró.

El hecho que se le atribuye al joven es haber regresado el 14 de marzo pasado de un viaje por los Estados Unidos y asistido al día siguiente a la fiesta de 15 años de su prima, en el salón de eventos “Alma de Hornero” de la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno.

Luego de asistir a dicha fiesta, Torales fue internado en una clínica porteña con diagnóstico positivo de coronavirus.

Por su parte, la Municipalidad de Moreno presentó una denuncia penal por lo ocurrido, mientras que posteriormente se confirmó que varias personas que habían asistido a la fiesta contrajeron el virus.

Uno de los contagiados fue el abuelo de 71 años del propio imputado, que ya tenía patologías previas como hipertensión y diabetes, y falleció el 1 de abril.