La exvicepresidenta Cristina Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir que el Gobierno le quite la jubilación de privilegio. En el documento, de 36 páginas, su abogado argumenta por qué considera “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

Días atrás, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó que la exmandataria cobró $35.255.297 en noviembre. El funcionario dijo que Cristina Kirchner presentó “un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos, Santa Cruz, por el que se le paga un suplemento por zona austral de $6.354.523″.

El documento apunta que la decisión de de los Heros fue “arbitraria” y por eso pide la nulidad. “Buscó artilugios que le permitieran llevar adelante una decisión que estaba tomada de antemano, esto es, revocar los derechos en cabeza de la Dra. Cristina Kirchner”, señala la presentación.

En la misma línea, se hace hincapié en que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”. Y agrega: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.

Y remarca: “No es una facultad ni del área jurídica ni de esa administración, arrogarse la jurisdicción y competencia que, los artículos 15 y 36 de la Ley 24.241 no le otorgan a esa administración. Por tal razón, la resolución impugnada es nula, de nulidad insanable”.

En otro tramo de la presentación se deja constancia de que “resulta imposible separar el dictado de la resolución de ANSES del persecutorio proceso de hostigamiento que sufre la Dra. Fernández de Kirchner, que viene desplegándose desde diciembre del 2015 y que motivó la revocación de su beneficio de asignación mensual vitalicia”.

Y apunta: “La resolución impugnada debe ubicarse como un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”. Entre los responsables, indican a funcionarios de la Administración de Seguridad Social, el ministerio de Capital Humano, pero subrayan que dependen del presidente Javier Milei.

Más adelante en su descargo, el abogado de CFK indica: “Como queda palmariamente claro, para la Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la única causal para no tener derecho al beneficio es la destitución mediante el juicio político, durante el ejercicio de la función pública”. Y sentencia: “La interpretación maliciosa realizada por esta administración que pretende fundarse en su dictamen, es absolutamente contraria a derecho”.

A dos años del crimen de Fernando Báez Sosa, la sociedad argentina sigue de cerca a los ocho condenados por el crimen del joven. Ahora un detalle sobre las celebraciones de fin de año de los asesinos generó un nuevo debate.

En una entrevista para el Diario de Mariana, de canal América, el abogado Leandro Halperin dio detalles del presente de los presos. “Están todavía en la alcaldía Melchor Romero, separados en celdas, pero todos juntos. Comparten comidas”, comentó.

Frente a esto, la conductora le preguntó al letrado si eran ciertas las versiones que indicaban que los jóvenes condenados por asesinar a golpes a Fernando tenían algunos privilegios. “Estuve leyendo que tienen varios beneficios, comen asado, están juntos y escuchan música todo el día”, dijo Fabbiani.

“Además, el hecho de que todavía estén en una alcaldía. Cualquier preso lo puede confirmar, ya pasaron casi dos años y deberían estar con el resto de la población en un pabellón, teniendo los problemas que tienen todos los presos. Ellos están juntos en un lugar aparte”, respondió el abogado.

Las condenas de los rugbiers

Los ocho rugbiers condenados permanecen alojados en la Alcaidía 3 de Melchor Romero. Thomsen, Comelli, Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por el crimen, mientras que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi quienes recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Fernando Báez Sosa fue asesinado la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique” en pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, tras ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes que acababan de ser expulsados de la disco.

Horas después del homicidio, los ahora condenados fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y quedaron alojados primero en el penal de Dolores y luego en Melchor Romero.

Las autoras del crimen de Lucio Dupuy, identificadas como Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigaíl Páez, fueron separadas del pabellón en el cual cumplían condena. La familia de la víctima había denunciado que gozaban de ciertos privilegios como televisor, equipo de música, actividades al aire libre, talleres y privacidad, ya que se encontraban solas y custodiadas por un efectivo policial.

La decisión sobre quienes están pagando una cadena perpetua por haber torturado y asesinado al niño, la tomó el Juzgado de Ejecución Penal luego del pedido formal realizado por la familia de la víctima tras denunciar que estaban en un “pabellón vip”.

“Fueron separadas el martes, pero solo de pabellón dentro del mismo complejo. Yo creo que deberían ser separadas de la cárcel, porque en algún momento se van a cruzar. Gracias a Dios sabemos que ya no están más juntas, y eso es una justicia más para Lucio”, informó el abuelo del niño, Ramón Dupuy.

Según explicó el hombre, el pabellón en el cual estaban alojadas era particularmente destinado para el uso de mamás con hijos. Además, cuestionó que gozaban de “privilegios que muchos privados de la libertad no tienen, incluso habiendo cometido delitos menores. Estaban como en su propia casa, en una luna de miel”.

Ante el pedido de la familia, la justicia accedió rápidamente. Sin embargo quienes se mostraron descontentas con la situación fueron las asesinas que al ser separadas comenzaron una protesta.

“Están haciendo una huelga de hambre porque no quieren ser separadas. Quieren seguir estando juntas. Es una locura. Ningún detenido del mundo está preso con su pareja”, sentenció el abuelo de Lucio.

Además no fue la única petición ejecutada por la familia ya que aún reclaman aumentar las causas que tienen Espósito Valenti y Páez, incorporando el delito de abuso sexual para la madre, y el agravante por odio de género para ambas mujeres.

Dicho pedido será discutido en una audiencia programada para el 25 de agosto que abordará de forma específica ese tema.

“Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales que evaluaron a estas asesinas, lo confirman los chats y lo reconfirman la forma en la que lo mataron. Lucio era un estorbo para ellas, impedía que fueran felices. Pero finalmente lograron ser felices, un año más, dentro de la cárcel, juntas”, expresó Ramón.

A su vez, recordó que la petición fue realizada ni bien había ocurrido el crimen, sin embargo, la Justicia dictó la pena a prisión perpetua solamente por homicidio ya que aseguró que no estaban dadas las condiciones para pedir el odio de género. Sin embargo, la familia de Lucio nuevamente insistió debido al alto grado de perversidad, tortura y abuso sexual contra el menor de 5 años.

Por último, el abuelo del nene indicó que la instancia también será utilizada para responsabilizar a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, por darle la custodia de Lucio a Espósito Valenti pese a los maltratos que sufría el menor. “Vamos a seguir pidiendo que sea destituida por mal desempeño de su función”, remarcó.