Organizaciones ambientales, sociales y políticas realizarán este lunes en la Legislatura porteña una manifestación para reclamar por la marcha atrás de la ley que habilita “la privatización” de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco y por la sanción, en cambio, de una iniciativa que motorizan para la instalación en esos terrenos de un parque público costero.

La protesta, que incluirá intervenciones artísticas a cargo del colectivo #JóvenesPorElRío, arrancará a las 8 en coincidencia con el acto de inicio de las sesiones ordinarias que se hará en el recinto parlamentario y que estará encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hablará desde su domicilio, por videoconferencia, ya que decidió aislarse tras su viaje a Brasil.

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“Vamos a pedirle a las legisladoras y los legisladores que votaron la primera lectura de la ley, que se pregunten qué va pasar con nuestro río y si lo único que les importa son los negocios inmobiliarios que incluyen la privatización de las tierras públicas”, dijo a Télam Diego Belaunzarán, uno de los convocantes.

La ley, en rigor, cuenta con una primera aprobación de los diputados, pero demanda de una segunda sanción debido a que se enmarca en las normas denominadas “de doble lectura”.

El procedimiento legislativo incluye también la realización, entre ambas instancias, de una audiencia pública para que la ciudadanía pueda emitir su opinión acerca del expediente en debate, la cual convocó a más de 7000 inscriptos, que se constituyó en un récord de participación.

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Belaunzarán, en tanto, agregó que hoy “vamos a retomar el reclamo que empezamos en año pasado contra el proyecto de Larreta de construir edificios en Costa Salguero” y destacó que “un 97% de ciudadanos” que participaron de una audiencia pública en la Legislatura por el tema se manifestaron en contra.

“Ese espacio nos pertenece a todas y todos los ciudadanos y eso está establecido en la Constitución de la Ciudad”, agregó.

Las organizaciones convocantes, en tanto, presentaron en la Legislatura un proyecto alternativo al del oficialismo porteño que promueve un parque público en el polígono afectado, que se llame Diego Armando Maradona, en homenaje al futbolista fallecido en 2020.

Se espera que las subastas para administrar estos espacios públicos comiencen a fines de este año.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil firmó acuerdos con seis estados del país sudamericano para incentivar las concesiones de 26 parques naturales públicos hacia el sector privado, prometiendo garantizar la preservación ambiental y fomentar el desarrollo del turismo ecológico.

Por ahora, las jurisdicciones comprendidas en el reciente convenio son: Bahía, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul y Tocantins. Así, importantes espacios de conservación silvestre, como Jalapao, Ibitipoca, Rio Doce y Dois Irmaos, podrían ser administrados por empresas. De esta forma, se espera que las primeras subastas se desarrollen a fines del 2021, y las restantes durante el próximo año.

“Nuestra ambición es cambiar la realidad del sector de parques en Brasil”, dijo el superintendente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales del BNDES, Pedro Bruno, en una entrevista con O Globo. “El país tiene alrededor de 450 unidades de conservación, pero hoy solo 18 tienen concesionarias. Tenemos un gran potencial para desarrollarnos”, acotó.

El objetivo del banco será apoyar a los estados durante todas las etapas de los posibles proyectos, incluso las previas. Esto incluye diagnósticos socioambientales, elaboración de modelos económico-financieros y diseños de planes de negocios.

Igualmente, Bruno adelantó que el nuevo modelo de concesiones no difiere de las licitaciones ya practicadas en otros conocidos parques del país, con duraciones de entre 20 años, como el Parque Nacional Iguaçu, y 30, en el caso de Aparados da Parque de la Serra, ambos manejados por el sector privado.

En concreto, la postura oficial es aliviar el costo de mantenimiento de los gobiernos estatales y desarrollar las economías locales a través del fortalecimiento del turismo.

De hecho, en los últimos días el Ministerio de Medio Ambiente celebró en redes sociales las subastas para administrar el ya mencionado Parque de la Serra y Serra Geral. Sobre ello, el Ejecutivo destacó que la propuesta ganadora es un 2.700 % más alta que la oferta mínima: “¡Es el ambientalismo de resultado del Gobierno!”, publicaron.

??? ECOTURISMO

Leilão realizado, parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral em processo de concessão! 4x mais interessados e proposta vencedora 2.700% maior que o lance mínimo! É o #AmbientalismoDeResultado do @govbr! pic.twitter.com/ttotOzTTsO

— Ministério do Meio Ambiente (@mmeioambiente) January 14, 2021

En otra publicación, la cartera se refirió al Parque Nacional Chapada dos Veadeiros como “un ejemplo del éxito de las concesiones”.

??? ECOTURISMO

Místico, mágico e magnético, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros comemorou 60 anos essa semana, no dia 11/1. Exemplo de sucesso das concessões, que avançam com mais 18 parques incluídos na agenda. Proteção e desenvolvimento! #AmbientalismoDeResultado pic.twitter.com/kCIHcVUp7G

— Ministério do Meio Ambiente (@mmeioambiente) January 17, 2021

Entre tanto, la administración de Jair Bolsonaro acumula severas críticas de Gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales por su desinterés en el cuidado del medio ambiente. Los cuestionamientos más fuertes se produjeron en el 2019, cuando grandes extensiones de la Amazonía brasileña, calificada como ‘el pulmón del planeta’, se quemaban por importantes incendios forestales.

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En plena pandemia de coronavirus, que causó más de 158.000 muertos en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó anoche un decreto con el cual apuesta a iniciar la privatización del sistema público de salud, uno de los pilares de la Constitución de 1988, en el marco de su política para dar señales favorables al mercado financiero.

El presidente y el ministro de Economía, Paulo Guedes, firmaron un decreto publicado el martes por la noche para permitir que se estudien “alianzas con la iniciativa privada para la construcción, la modernización y la operación de unidades básicas de salud”, que serían las salas de primeros auxilios.

De esta forma, el Sistema Único de Salud, el sistema de salud público de Brasil, podrá estar incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversión (PPI), el plan de privatizaciones del Gobierno que quedó trunco este año por la pandemia y la falta de apoyo masivo en el Congreso, incluso de la base bolsonarista.

“No se trata de delegar al privado las funciones del Estado, sino de mejorar la prestación de servicios”, dice el decreto.

El Sistema Único de Salud atiende al 75% de la población brasileña, ya que un cuarto de ella posee seguros privados de salud.

En Brasil, a diferencia de Argentina, no existen las obras sociales médicas de los sindicatos.

El decreto apunta a reducir la inversión pública en salud, en el marco del programa de ajuste del ministro Guedes, un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, a la que pone de ejemplo de modelo a seguir para Brasil.

Guedes se quejó recientemente de los “acuerdos políticos” para mantener su gobernabilidad que le impiden llevar adelante su plan de privatizaciones, razón por la cual cuatro funcionarios renunciaron entre agosto y septiembre de su equipo de trabajo.

Dos empresas públicas gigantes como Eletropaulo y Correios, la más grande eléctrica y postal de América Latina, respectivamente, están en la fila para ser privatizadas, aunque la nueva composición del Gobierno de Bolsonaro, con apoyo de la derecha tradicional en e Congreso, carece de consenso sobre el tema.

El decreto privatizador de la salud se conoció luego del incendio que mató a tres personas internadas por Covid-19 en el hospital federal de Bonsucesso, en Río de Janeiro, cuya administración depende del Ministerio de Salud que no había cumplido los requisitos para tener un protocolo contra incendios.

La iniciativa fue fustigada por entidades médicas que apuntan contra la intención de “destruir” el sistema público de salud sin necesidad de reformar la Constitución.

“Si bien se habla de proyectos piloto, todo se inicia así, es la puerta abierta para la destrucción del sistema único de salud. Preocupa que no se haya consultado a las entidades”, dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), Gulnar Azevedo.

El sistema único de salud brasileño es financiado por el Gobierno federal y ejecutado por municipios y gobernaciones y fue creado en la Constitución de 1988 tras la dictadura militar (1964-1985), en base al modelo sanitario público británico.